Ciudad de México, 12 de marzo de 2017
¿Por qué pedimos que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que está en revisión en el Senado sea consultada amplia y cuidadosamente?
Comunidades forestales, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos de a pie solicitamos al Senado tomarse el tiempo necesario para discutir con todos los sectores la ley que requieren los bosques y las personas que viven en ellos. La LGDFS, turnada hace unos días al Senado, fue elaborada sin tomar en cuenta a estos sectores, su contenido es regresivo en diversos derechos y tiene problemas muy graves.
Los defectos del dictamen que está en sus manos son tan graves, que no es suficiente “parcharla”, es necesario abrir a consulta y elaborar una versión que sea útil para resolver los problemas que enfrentan nuestros bosques y para apoyar a quienes viven en esos bosques, los aprovechan y los conservan.
¿POR QUÉ PEDIMOS CONSULTA?
Porque no protege los derechos de las comunidades y población equiparable. A seis años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ley forestal debe abocarse a proteger los derechos de los pueblos indígenas y la población equiparable, así como hacerse cargo de que hay jóvenes y mujeres sin acceso a la tierra que demandan oportunidades de vida digna. La ley aprobada por los diputados no tiene consideración efectiva de ello y omite la instalación de un sistema de salvaguardas que garantice y norme el ejercicio de esos derechos y los conflictos que se presenten, dando amparo y certeza jurídica a todas las partes. Queremos una ley donde estén con suficiencia el derecho a la participación plena y efectiva, al consentimiento previo informado, al acceso a los medios de vida, entre otros. Por esta razón, #LeyForestalAConsulta.
Porque no instrumenta una orientación para el desarrollo forestal sustentable. ¡Bien por el título de la Ley! Bien por el artículo primero que dice que el objeto sustantivo de la ley es: “regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales”… pero hasta ahí llega esta densa definición de prioridades. No vuelve a aparecer así, en primer lugar, en los objetivos generales y tampoco en los específicos ni tampoco en los criterios de política forestal. Tampoco establece los conceptos del interés público, para basar en ellos las disposiciones para el fomento de ese desarrollo forestal sustentable. No puede sorprender que no cambie, entonces, la situación actual en la que menos del 10% del presupuesto de la Conafor se destine a la producción silvícola e industrial. Por esta razón, #LeyForestalAConsulta
Porque no resuelve el grave problema de la sobrerregulación. La propaganda a favor de la ley aprobada insiste machaconamente en que concentrar en la Conafor es suficiente para que, “ahora sí”, los trámites sean expeditos, pero quedan en pie todos los procedimientos y vicios de la ley vigente, que son la causa de persecución de los campesinos ante gestiones engorrosas que, además, no valen sin la firma de un ingeniero que rara vez ayuda realmente. Los permisos tardan hasta dos años; hay trabas para operar con equipos móviles modernos de aserrío; se impide aprovechar los productos de los trabajos de reforestación; se imponen procedimientos extremos, caros e inciertos como la manifestación de impacto ambiental; no se permite el manejo de tierras agrícolas en descanso; no se pueden habilitar técnicos campesinos que ayuden a agilizar las gestiones, hacerlas accesibles y dar a las comunidades el control de la gestión de sus recursos; no avanza en la descentralización y el fortalecimiento de las instancias regionales de gestión. Por esta razón, #LeyForestalAConsulta.
Porque no incluye un abordaje integral de la ilegalidad. La ilegalidad daña la economía de las empresas forestales legales, degrada los territorios y acerca peligrosamente la actividad forestal al crimen organizado. Entre 30 Y 70% de la madera que circula en México es ilegal y las causas son varias, por lo que se requiere un abordaje integral de este problema, que la ley no considera: promover el aprovechamiento y la formación de empresas sociales; mejorar la regulación, para evitar una situación en que es más barato pedir perdón (dinero de por medio, frecuentemente) que pedir permiso; adoptar medios tecnológicos modernos para la trazabilidad de los productos forestales; habilitar y facilitar la participación de las comunidades en la vigilancia; informar a la población sobre el manejo de los procedimientos de ley; controlar a las madererías y las operaciones de comercio internacional, entre otras cosas que faltan en la ley propuesta. Por esta razón, #LeyForestalAConsulta
Porque restringe la participación social. La participación social es esencial para el cumplimiento de la ley, para que las autoridades entiendan mejor el alcance y posibilidades de su actuación, para gestionar por consenso y sumar esfuerzos y como un derecho. Y esta participación debe ser plena y efectiva, no sólo ornamental. La ley que discute ahora en Senado ha reducido el alcance del principal medio de participación: el Consejo Nacional Forestal y, por otro lado, también las funciones del Comité mixto del Fondo Forestal Mexicano, evitando la instalación de contrapesos, la transparencia que se deriva de la participación y la riqueza de la contribución con ideas y con la confrontación entre la realidad de los escritorios y la realidad del campo y las cadenas de valor forestales. Por esta razón, #LeyForestalAConsulta
Porque no fortalece la gestión local y un enfoque territorial, integral. Una buena parte de las respuestas a las necesidades del desarrollo forestal sustentable está en fortalecer la gestión en los territorios forestales, como bien reza el artículo primero del proyecto. Se requiere generar capacidades locales para la planeación, incluyendo el ordenamiento concertado de todas las actividades en el campo; integrar espacios de concurrencia con otras actividades, especialmente con los distritos de desarrollo rural y la gestión de las cuencas; promover la organización en esos espacios y las instituciones y mecanismos de concertación, arbitraje y resolución de controversias; se requieren urgentemente habilitar mecanismos transparentes y participativos para el dictamen expedito de las autorizaciones propias de la gestión forestal y capacidades especializadas para la planeación y desarrollo de la red caminera, para el manejo sanitario, y el del fuego, la genética forestal y otras acciones que no están al alcance de los propietarios forestales en sus predios comunitarios o particulares… y nada de eso fue incorporado en este proyecto de ley. Por esta razón, #LeyForestalAConsulta
Porque no fortalece la transparencia. En la propuesta de ley en revisión quedan vacíos en el tema del proceso de generación, acopio, sistematización y disponibilidad de información indispensable para la transparencia que conduzca a la rendición de cuentas y combate a la corrupción, al control de las operaciones con productos forestales y el combate a la ilegalidad, para la toma de decisiones en políticas públicas y en opciones empresariales; para la evaluación y corrección de rumbos, programas, presupuestos y criterios de regulación. Consideramos que estos temas están insuficientemente tratados y que el Registro Forestal adolece de faltantes importantes. Por esta razón, #LeyForestalAConsulta
Porque retrocede en materia de servicios técnicos. Los servicios técnicos han sido objeto de largos debates y luchas porque son la llave para el acceso a los recursos forestales, ya que la regulación obliga a la intervención de los prestadores de servicios técnicos, lo mismo que su firma es indispensable para el acceso a la mayoría de los subsidios disponibles. Junto con profesionistas serios y entregados dignos de reconocimiento, la calidad de los servicios técnicos deja mucho que desear: hay despachos descapitalizados, con técnicos desactualizados; existen distorsiones que generan situaciones en que los técnicos ejercen control caciquil sobre las comunidades; no existe una diferenciación de capacidades para servicios técnicos específicos por ecosistema (no es igual manejar una selva que la recolección en el semidesierto), por actividad (silvicultura, plantaciones, caminos, genética, manejo de fuego) o por grado de responsabilidad. La ley en revisión no permite la habilitación de profesionistas que acrediten competencia laboral ni la formación de técnicos campesinos y tampoco considera un esquema de evaluación y refrendo del registro, lo que es un retroceso respecto de la ley vigente. Por esta razón, #LeyForestalAConsulta
HEMOS HECHO MÁS DE 200 PROPUESTAS SOBRE ESTE PROYECTO. NO SE TRATA DE UNOS POCOS DETALLES MENORES, SINO DE UN CÚMULO DE DEFICIENCIAS A CORREGIR. NECESITAMOS CONCERTAR UNA BUENA LEY, CON ARGUMENTOS, CON BUENA INFORMACIÓN, SIN CONSIGNAS.
POR ESTAS RAZONES, SENADORES, SENADORAS, LES PEDIMOS #LeyForestalAConsulta
Atentamente: CCMSS, Red Mocaf, Cemda, Reforestamos México, Unión Estatal de Silvicultores Comunitario de Oaxaca, Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Amanalco-Edomex y más de 100 ONG y comunidades forestales.