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En todo el mundo, organizaciones civiles, investigadores, defensores ambientales e incluso gobiernos, están aceptando lo siguiente: los pueblos, quienes han vivido por generaciones en y de la naturaleza, son los mejores guardianes de los ecosistemas.

Lo anterior proviene de que en numerosos estudios se ha probado que, cuando los locales se organizan para manejar, por ejemplo, sus bosques, hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo. Por otro lado, existe evidencia de que estos pueblos –en su mayoría indígenas–, son quienes viven en terribles condiciones de marginación y pobreza, debido, en gran medida, al poco o nulo esclarecimiento sobre sus derechos formales sobre el territorio.

Un reporte reciente del Rights and Resources Initiative ha recuperado detalladamente el estado de la cuestión a nivel mundial de los derechos sobre la tierra para los pueblos indígenas y comunidades locales. Con un enfoque objetivo —que no abandona una visión optimista— aprovechan también para exponer las oportunidades de acción presentes, las prioridades y las ventajas comprobadas de seguir apoyando la seguridad de la tenencia del territorio para aquellos que son sus legítimos dueños.

En primera instancia, el panorama no parece ser muy alentador. Según el informe, mientras que pueblos indígenas y comunidades locales son propietarios de más del 50% de las tierras del planeta, sólo 10% se les reconoce en términos legales. Esto se liga a una inestabilidad estructural del derecho sobre la tierra, que no ha sido suficientemente reforzado por los gobiernos e instituciones y organizaciones dedicadas a temas de desarrollo.

Esta falla permite que el aprovechamiento de recursos naturales derive en explotación desmedida, cuando las tierras son utilizadas por terceros que, frecuentemente, reciben las concesiones directamente de los gobiernos. La falta de reconocimiento de la tenencia tiene como consecuencia la explotación no regulada, actos de violencia y discriminación y, así, termina siendo motivo de conflicto social. Como se explica en el informe, los conflictos entre comunidades locales y los concesionarios no tienen que ver con dinero.

Conflictos en defensa del territorio: ¿cuáles son las causas principales?

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En un análisis de 362 conflictos en Latinoamérica, África y el Sudeste de Asia se ha determinado que el 93% tienen que ver con degradación ambiental, reubicación forzosa y no compensación a las comunidades. El dato central explica que, a nivel mundial, los conflictos generalmente están relacionados con desplazamiento de la población local. Sin embargo, la defensa del territorio no es un problema aislado o “local”. Los pueblos y comunidades que reclaman sus tierras, también buscan su protección y conservación. Más allá de que, como se explica en el informe, 2500 millones de personas viven en economías ligadas al aprovechamiento rural de la tierra, todos los seres humanos estamos siendo afectados por este asunto, pues no sólo las comunidades y pueblos indígenas dependen de los ecosistemas en riesgo.

¿Por qué importan los derechos a la tierra?

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Muchas son las ventajas de aclarar y ejercer apropiadamente los derechos sobre la tierra. En principio, hacerlo permite que las comunidades y pueblos indígenas, gestionen, administren y protejan los recursos locales. Habría mucha más transparencia y se podría impedir el uso ilegal de suelo, promoviendo, a su vez, inversiones en proyectos responsables. Ya existen muchas comunidades que están trabajando en este sentido y viven protegiendo su territorio y aprovechándolo en actividades sostenibles; mezclando agricultura, ganadería, silvicultura, incluso ecoturismo. Por otro lado, la propuesta es que, si cada comunidad puede hacer uso de la tierra que le corresponde, estamos más cerca de eliminar la pobreza y reducir la desigualdad. Permitir un aprovechamiento de los recursos más equilibrado y sustentable es apostar por una economía más estable y sólida.

En el mismo sentido, hablamos de fortalecer la seguridad alimentaria. Indica Rights and Resources Initiative que más del 80% de los alimentos consumidos en el mundo son producidos localmente, por alrededor de 2000 millones de personas del medio rural. Además, los bosques son fundamentales para la vida de 1700 millones de personas, aproximadamente, pues les brindan alimentos silvestres (plantas, frutos secos, animales, insectos, bayas); energía (por el uso de leña), y empleos e ingresos regulares. No se puede dejar de mencionar que los ecosistemas cumplen funciones que nos benefician a todos, como la polinización, la regulación hídrica y la adaptación y atenuación del cambio climático. Dependemos de una mejor administración de recursos, ligada al derecho sobre la tierra, para poder cumplir con las metas ambientales planteadas en diversas agendas y acuerdos, como el de París.

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Afortunadamente, cada vez contamos con más instrumentos jurídicos (como las enmiendas a la ley de Desarrollo Forestal Sustentable en México y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas)  y redes organizadas de pueblos, comunidades y defensores, con líderes determinados y planes de trabajo concretos. Sin embargo, como dicta el reporte:

“Debido a las amenazas crecientes de retrocesos en Brasil, Bolivia, Colombia, México y Perú, proteger las tierras indígenas y comunitarias existentes es todavía más importante (…)”.

No podemos pasar por alto los riesgos que permitirán cumplir las metas relacionadas con cambio climático y desarrollo. En primer lugar, que los gobiernos no están implementando medidas fuertes para asegurar los derechos sobre la tierra. Después, que la coordinación entre organizaciones dispuestas a participar solicita más estructura. Finalmente, se corre el riesgo de que los gobiernos e instituciones no cumplan con los compromisos propuestos. El ejemplo claro de Estados Unidos que, con el cambio de gobierno, retiró su agenda ambiental, pone de manifiesto el riesgo latente que no se puede olvidar, a pesar de los avances en la materia.

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Por último, en el informe se enuncian las siguientes prioridades para la acción:

  • Los Gobiernos, las ONG y las organizaciones para el desarrollo deben colocar los derechos de tenencia en el centro de sus programas de desarrollo y garantizar que no haya retrocesos.

 

  • Los Gobiernos, la comunidad internacional (es decir, las instituciones para el desarrollo, las iniciativas multilaterales y las organizaciones de la sociedad civil), los inversores y las compañías deben apoyar los esfuerzos de los pueblos indígenas y las comunidades locales destinados a desarrollar y defender sus propios modelos de empresa y de conservación.

 

  • La comunidad internacional, en colaboración con líderes indígenas y comunitarios, debe acelerar el reconocimiento de los derechos sobre el terreno, consolidando y conectando la plataforma existente de instrumentos relacionados con la tenencia, además de reforzando la capacidad que tienen las organizaciones indígenas y comunitarias de hacer oír sus mensajes y de exigir responsabilidades a quienes violen sus derechos.

 

  • Las empresas y los inversores deben ir más allá de limpiar sus cadenas de suministro y cambiar sus modelos de empresa para cooperar con las comunidades y proteger los derechos sobre la tierra y los bosques.

 

  • Los Gobiernos y la comunidad internacional para el desarrollo deben dar prioridad a los derechos de las mujeres a tener derechos sobre las tierras y los bosques comunitarios, promover el reconocimiento de su papel en la gestión forestal y defender su liderazgo político en todo el mundo en vías de desarrollo.

 

  • Como parte del programa para un desarrollo sostenible y de la persecución del Acuerdo de París sobre el cambio climático, las instituciones para el desarrollo y las iniciativas multilaterales deben trabajar con los Gobiernos para dar prioridad a la seguridad de la tenencia rural como condición subyacente para lograr un crecimiento verde y un desarrollo resistente al clima.

 

  • A fin de aprovechar las oportunidades emergentes y de cerrar la brecha que afecta a los derechos colectivos sobre la tierra, las principales fuentes de apoyo de este programa deben, además de acelerar la puesta en práctica de sus propios compromisos, considerar cómo pueden mejorar la coordinación, incrementar drásticamente los esfuerzos y monitorear los avances globales.

 

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Fuente:
*”Asegurando los derechos sobre las tierras comunitarias. Prioridades y oportunidades para progresar hacia los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible“, Rights and Resources Initiative, Estados Unidos, Año 2017.
*Imágenes: Juan Carlos Huayllapuma/CIFOR