20 marzo, 2019, Por: CCMSS
21 de marzo, Día Internacional de los Bosques
El país enfrenta muchos retos de carácter prioritario, y uno de ellos es el combate a la pobreza y la marginación. Aunque la pobreza afecta tanto a los centros urbanos como a los rurales, se acentúa en estos últimos. En las regiones forestales del país habitan alrededor de 12 millones de personas que viven en condiciones de precariedad, a pesar de contar con una basta riqueza natural en sus territorios por falta de políticas públicas que fortalezcan sus iniciativas productivas sostenibles.
En el marco del Día internacional de los bosques y del proceso de construcción de un Plan Nacional de Desarrollo que establezca las bases de la política publica del país para los próximos seis años, es fundamental que se coloque en el centro de la agenda el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas y la articulación de mercados locales, pues esto permitiría que estas poblaciones rurales forestales puedan hacerse de ingresos y mejorar sus condiciones de vida, subrayó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
El manejo y aprovechamiento de los recursos naturales no está peleado con la conservación de estos, y cuenta de ello son los miles de emprendimientos productivos de generación de productos como la miel, la madera, las resinas, el café, el turismo ecológico y la producción agroecológica de alimentos, entre otros.
Desafortunadamente, en vez de apoyar este tipo de iniciativas, los gobiernos pasados han privilegiado otros modelos de desarrollo en el entorno rural, como la producción a gran escala de monocultivos como la soya, la palma de aceite y otros commodities que no contribuyen a resolver el problema de la soberanía alimentaria y están generando enormes problemas de deforestación, contaminación y pérdida de suelos; además de violaciones recurrentes a los derechos de las personas que habitan las regiones forestales.
Aun cuando México es un país de vocación forestal y no agrícola –70% del territorio presenta cobertura vegetal, lo que equivale a alrededor de 130 millones de hectáreas; mientras que solo 20 millones de hectáreas corresponden a tierras de cultivo o pastoreo ganadero— el sector forestal ha sido subestimado y marginado en las políticas públicas.
Aunque las estadísticas hablan de una disminución en los años recientes de la pobreza extrema en México, esta condición aún afecta al 17.5% por ciento de la población rural. La población rural representa el 23% de la población del país.
A pesar de que habitan las regiones con mayor riqueza natural, entre los sectores poblacionales más desfavorecidos se encuentran las comunidades y pueblos indígenas. De acuerdo con el documento México rural del Siglo XXI, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “la importancia de la protección de los recursos naturales descansa de manera especial en la población indígena, ya que esta población vive donde se localizan las mayores superficies de bosques y selvas y donde se capta el agua de lluvia”.
Asimismo, detalla que “una de las características sobresalientes de los núcleos agrarios con población indígena es la disponibilidad de recursos naturales: nueve de cada diez ejidos y comunidades disponen de algún recurso natural; y son dueños del 28% de los bosques y la mitad de las selvas que existen en la propiedad ejidal. Más aún, las comunidades rurales e indígenas son propietarias de más del 80 por ciento de los ecosistemas en buen estado de conservación, en donde se concentra gran parte de la biodiversidad del país.”
El propio gobierno en turno encabezado por Andrés Manuel López Obrador refiere que el “PND 2019-2024 marcará el rumbo de las políticas que servirán para transformar la vida pública del país y construir un nuevo pacto social cuyo objetivo último sea el bienestar de todas y todos. Esto se logrará a través de la reducción de las brechas de pobreza y desigualdad, el restablecimiento de un Estado de derecho con justicia, el combate a la corrupción y un impulso al desarrollo económico sostenible y a lo largo de todo el territorio”.
Para ello es fundamental cambiar la orientación de las políticas publicas vinculadas con el sector rural; que hasta ahora han considerado a las personas como pobres y no como potenciales productores y generadores de riqueza a través del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales y territorios.
Es indispensable dejar de gastar en subsidios asistencialistas e individualizados, y avanzar en la generación de bienes públicos –infraestructura, capacidades productivas y de comercialización y la provisión de servicios de información— y otras labores de acompañamiento para el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias productivas.
El impulso a los proyectos productivos comunitarios ha demostrdo que impacta positivamente en las condiciones de vida de las personas que habitan los ecosistemas forestales y representa una oportunidad para avanzar en la conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de los servicios ambientales, como la captura de carbono, la conservación se los suelos, la recarga de los mantos acuíferos que abastecen a las ciudades y protección de los recursos biológicos y genéticos de nuestros ecosistemas megadiversos.
Además de impulsar estas iniciativas comunitarias que manejan de forma sostenible sus recursos y territorios, es indispensable avanzar en la articulación de cadenas productivas locales en las que las personas que habitan el medio rural pero que no tienen derechos sobre la tierra puedan participar de estos procesos productivos y se aproveche el enorme talento y potencial que tienen, particularmente las mujeres y los jóvenes.
“El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 representa una oportunidad invaluable para plasmar en política pública estos objetivos y aspiraciones. Es importante que desde los ejes de Bienestar y Desarrollo Económico, así como el eje transversal de Territorio y Desarrollo Sostenible, se establezca el manejo forestal comunitario como uno de los lineamientos del documento fundamental para la política pública que será formulada e implementada en el presente sexenio”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.