La silvicultura comunitaria es uno de los pilares para el desarrollo forestal en México, y no solo es viable, sino necesario y urgente apuntalar los apoyos institucionales y el reconocimiento de cómo se llevan a cabo estos trabajos de manejo forestal por parte de las comunidades y ejidos forestales, asegura Juan Manuel Frausto Leyva, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).

Explica que el modelo de manejo forestal sustentable en nuestro país inicia, de forma más fuerte, en la década de los ochenta, “debido a una serie de ajustes a la legislación forestal y todo un movimiento institucional y técnico para que los ejidos y las comunidades forestales recuperaran sus controles alrededor de la tenencia de la tierra y el aprovechamiento de los recursos forestales”.

El director del programa de conservación de bosques y cuencas del FMCN agrega que “en aquellos años se llevaron a cabo una serie de programas que prepararon a las comunidades, se hicieron más accesibles los permisos forestales y se fomentó que las actividades productivas, desde los trabajos del monte hasta la elaboración de productos terminados, quedaran en manos de los dueños de los bosques”.

“Esto ha sido un acierto, porque ha permitido que la gran mayoría de la superficie forestal en manos de las comunidades aun mantengan su cobertura vegetal, y también, que las comunidades propietarias de los recursos se consolidarán como las organizaciones que puedan tener el control sobre sus territorios”, subraya.

El experto refiere que el Banco Mundial destacó “el hecho de que las comunidades sean propietarias de los bosques es una gran ventaja, no solo para lograr el ordenamiento forestal, sino por la oportunidad que se abre para contribuir a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático”.

Es bien conocido a nivel nacional e internacional que México tiene una de las más grandes superficies de bosques y selvas certificados en el manejo en el mundo, y esto tiene que ver con el trabajo, esfuerzo y compromiso de los ejidos y las comunidades.

En este sentido, Juan Manuel Frausto indica que es necesaria la participación conjunta de organizaciones de la sociedad civil, los ejidos, las comunidades, las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y fuentes de financiamiento para que los ejemplos exitosos que se tienen en diversas regiones del país de manejo y aprovechamiento forestal sustentable, como Oaxaca, Durango, Michoacán, Durango, Chihuahua y la Península de Yucatán, se puedan replicar en otras regiones.

Por otra parte, abunda que el campo mexicano está viviendo una transformación, y en este contexto, está el reto de hacer que, además de los titulares de los derechos de las tierras, otros actores del medio rural como las mujeres, los ancianos y los jóvenes puedan ser partícipes del manejo y aprovechamiento de la tierra y los recursos forestales. Ya que, prácticamente solo los titulares de los derechos agrarios tienen participación en la toma de decisiones, actividades y recepción de beneficios del manejo de los recursos forestales. Los demás grupos sociales que conforman la población rural está al margen de ello.

Una estrategia viable, plantea Frausto Leyva, es “propiciar el paso de solo producir materias primas y avanzar a la generación de valor agregado. En la medida en la que lo consigamos, hasta llegar directamente al mercado, esto dará pie a la generación de empleos para los grupos vulnerables o que no tienen derechos sobre la titularidad de la tierra”.

Asimismo, se tienen que seguir explorando actividades complementarias como la producción de agua envasada, el turismo rural sustentable, la producción de miel, entre muchos otros proyectos que ya realizan comunidades y ejidos forestales de todo el país.

Juan Manuel propone “hacer una revisión de la situación fiscal de los pequeños productores primarios y ver cuáles son los gravámenes a los que están sujetos para ver si son los más adecuados o si es necesario hacer algunos ajustes para propiciar un mayor desarrollo para la generación de más empleos en el medio rural”.

Ley forestal y metas climáticas de México

En estos momentos en los que se está revisando el marco legal del sector forestal, el especialista considera que “se debe hacer una revisión profunda y detallada de las actividades que realizan los ejidos y las comunidades y que se busquen las mejores alternativas para potenciar estos trabajos para garantizar la permanencia de la cobertura forestal y fomentar el desarrollo de las personas que dependen de los bosques”.

Lo anterior implica que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable “garantice los derechos de tenencia de la tierra a las comunidades y ejidos, así como los recursos económicos y técnicos para llevar a cabo un aprovechamiento forestal sustentable. Además, debe garantizar el acceso a incentivos para emprender proyectos productivos que sean perdurables en el tiempo.”

“Si esto lo logra la ley forestal, creo que estamos ante una gran oportunidad de lograr una verdadera transformación en el sector forestal”, destaca.

Por el contrario, señala que, si esto no sucede “estaríamos perdiendo ese gran recurso humano que existe en los ejidos y comunidades, así como el de los profesionales forestales y de las organizaciones de sociedad civil vinculadas a estos procesos”.

No solo eso, “también estaríamos poniendo en riesgo el alcanzar las metas a las que se ha comprometido México en temas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y metas de Aichi”.

El experto del FMCN resalta que “es muy importante que la Ley forestal sea discutida a profundidad, en un proceso amplio de consulta, en el que se puedan conseguir los consensos necesarios y en los detalles técnicos se tendrán que ir dirimiendo en cada caso.

Añade que uno de los actores claves en este proceso de consulta son los dueños de los territorios forestales, “porque ellos pueden aportar conocimiento sobre lo que realmente pasa en las localidades y cuáles son las necesidades”.