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Las ADVC, un compromiso comunitario para la conservación

Los ejidos y comunidades de México son poseedores de más de 70 por ciento de los bosques y selvas del país. Estos ecosistemas nos proveen de servicios ambientales como la captura de agua para la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura, el control de la erosión, la contención de azolve, además de […]

AUTOR: Gerardo Suarez|30/08/2017

Los ejidos y comunidades de México son poseedores de más de 70 por ciento de los bosques y selvas del país. Estos ecosistemas nos proveen de servicios ambientales como la captura de agua para la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura, el control de la erosión, la contención de azolve, además de albergar una gran biodiversidad, producto de las condiciones geográficas y del manejo y uso sustentable que han desarrollado las comunidades originarias de nuestro país a lo largo de siglos.

Para asegurar la conservación en el largo plazo de esta gran riqueza biocultural, muchas de esas comunidades y ejidos han tomado la decisión de incorporar segmentos de su territorio a un régimen especial de manejo y protección, debido a sus altos valores y atributos vinculados con los servicios ambientales que prestan. A estos espacios se les conoce como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), que desde el año 2008 pueden obtener el reconocimiento de la federación para ser considerados como Áreas Naturales Protegidas de competencia federal y por lo tanto obtener beneficios como evitar la exploración y extracción de hidrocarburos dentro de estos predios.

Las ADVC están blindadas frente a desarrollos de obra pública y mega-proyectos, de la misma forma que las ANP`s federales o estatales ya que están contempladas dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LEEGEPA).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) al día de hoy, 384 predios se encuentran certificados como ADVC, que equivalen a una superficie de 413 mil hectáreas, de las cuales el 60 por ciento corresponden a predios de ejidos y comunidades; 39 por ciento son privados y 1 por ciento federales.

Salvador Anta Fonseca, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, indica que hay más de 280 mil hectáreas destinadas voluntariamente a la conservación solo en el estado de Oaxaca, entidad en la que surgió el esquema a mediados de la década de los 90. Además de las áreas certificadas existe una gran cantidad de superficie de bosque que en la práctica  esta bajo regímenes de conservación comunitaria pero que no cuentan con el certificado de ADVC.  “Hay estimaciones de que a nivel nacional se tiene poco más de un millón de hectáreas que se encuentran en un esquema de conservación voluntaria por parte de sus dueños, principalmente las comunidades y ejidos.

Si bien es cierto que estos esquemas de conservación son poco reconocidos, se sabe que son una vía para incorporar mucha más superficie al manejo del bosque, de hecho, “podríamos llegar a 5 millones de hectáreas si contásemos con una política fuerte y bien diseñada de impulso a este esquema y trabajando comunidad por comunidad”, destaca Salvador Anta.

Ejemplifica que se podrían lograr casos como el de las seis comunidades del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (Corenchi), que se ubican en la Sierra Norte de Oaxaca, y que desde hace más de 15 años iniciaron acciones para proteger sus bosques mediante una serie de instrumentos de gestión territorial para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

Corenchi posee una superficie de vegetación continua de 26 mil 770 hectáreas en buen estado de conservación. Esta organización, que aglutina a varias comunidades chinantecas, resguarda un importante reservorio de bosque mesófilo que a la vez manejan desarrollando diversas actividades productivas sustentables.

 

Falta de recursos y justicia social

Una de las limitantes de este esquema, que impide que la superficie bajo conservación voluntaria se incremente es la ausencia de una política fuerte y comprometida que incentive el establecimiento de nuevas ADVC´s; una política que incluya una serie de instrumentos financieros y fiscales que impulsen a los dueños de los territorios forestales a avanzar en sus iniciativas de conservación.

Hoy día, existen presupuestos muy limitados destinados a ello que permitan apoyar el desarrollo de acciones de manejo y mantenimiento, como brechas cortafuego, brigadas de vigilancia, aclareos, chaponeos, reforestaciones, caminos, colocar señalética, entre muchas otras actividades.

Los únicos apoyos destinados a las ADVC son los que otorga la Conanp a través de su Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable (Procodes), el Programa de Empleo Temporal; además del Programa de Pago por Servicios Ambientales, a cargo de la Conafor. Es importante señalar que estos tres programas de apoyos sufrieron un severo recorte para este año 2017, de más del 60 por ciento con respecto al año previo.

De acuerdo con un análisis de la consultora Visto Bueno Política Ambiental, el mecanismo de ADVC “está inacabado porque actualmente no se cuenta con recursos para los dueños de los predios bajo este esquema, está pendiente la inclusión de criterios de justicia social que permitan que los propietarios reciban una retribución justa por los servicios ambientales que prestan sus terrenos a la colectividad”.

Por lo anterior, esta organización propone modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a su reglamento, con el fin de destinar fondos provenientes de un pago de derechos por el uso o aprovechamiento de elementos naturales y servicios ambientales que se retribuyan a las comunidades y ejidos comprometidos con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

 

*Fotografías: 1) Consuelo Pagaza para CCMSS; 2 y 3) CONANP

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