Históricamente, las mujeres han desempeñado un papel de suma importancia en el manejo, conservación y defensa de los recursos naturales y sus territorios. Sin embargo, en muchos casos, esa importante labor ha sido invisibilizada por cuestiones culturales y estructuras de organización patriarcal. Además, esto ha sido fomentado por políticas públicas que no se han orientado a abordar y, menos aún, a reducir la brecha de género.

Las mujeres han sido cruciales para la conservación de los bosques. Asimismo, las plantas que nos comemos hoy en día son producto de largos procesos de manejo y domesticación que ellas han desempeñado.[1]

Cuando las mujeres tienen una mayor participación en los comités de toma de decisiones y actividades de manejo forestal comunitario, mejora la gobernabilidad de los bosques y la sostenibilidad de los recursos.[2] Sin embargo, aún persiste una enorme brecha de género que restringe una mayor participación de las mujeres en esto ámbitos.

El manejo forestal comunitario es un esquema de gestión de los recursos naturales por parte de los legítimos dueños de los bosques que, cuando cuenta con una gobernanza interna sólida, permite una mayor integración de las mujeres en actividades productivas y en la toma de decisiones. Bajo el contexto de una sociedad dónde la inequidad es el común denominador el Consejo Civil considera importante impulsar este esquema y fomentar el desarrollo de cadenas locales de producción, que permitan la creación de espacios de trabajo para las personas que carecen de derechos agrarios y que, por ello, suelen ser marginadas en los procesos de toma de decisiones y goce de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos naturales.

En México, en el medio rural habitan alrededor de 27.5 millones de personas, de las cuales el 50.4 por ciento (13.9 millones) son mujeres. No obstante, la proporción igualitaria en la composición de la población, a penas el 26 por ciento de las personas con derechos a la propiedad ejidal son mujeres[3]. Estas cifras evidencian claramente un desbalance en el acceso a la tierra, que deriva en un acceso y participación restringidos en la toma de decisiones y goce de los beneficios derivados del manejo de los recursos.

Si bien en algunas comunidades agrarias indígenas (o tierras comunales), el padrón de miembros es relativamente más inclusivo puesto que el 32 por ciento de los titulares de derechos agrarios son mujeres, en los ejidos es significativamente más excluyente. En algunas regiones, hasta fechas muy recientes, los hombres prohibían a las mujeres entrar a las asambleas y ejercer actos de posesión efectivos sobre las tierras.

Hoy en día, la participación de las mujeres en la mayoría de los órganos de decisión de los ejidos y en los núcleos agrarios indígenas es muy escasa y limitada. Si bien cerca del 26 por ciento de los titulares de derechos en los ejidos son mujeres, sólo 15 por ciento de los puestos de órganos de representación vigentes son ocupados por mujeres, y menos del 8% de los presidentes de comisariados ejidales o presidentes de los consejos de vigilancia son mujeres[4].

En algunas regiones la proporción de mujeres en posiciones de decisión dentro de las estructuras de gobernanza ejidales y comunitarias son menos excluyentes, por ejemplo, algunas comunidades de la Selva Lacandona, donde las mujeres participan de manera crucial en la toma de decisiones. No obstante, este parece ser un proceso aislado. En general el avance en la participación de las mujeres en la toma de decisiones al interior de los ejidos y comunidades es lento y marginal. En Chiapas y Oaxaca, regiones con marcada presencia indígena, sólo el 3 y el 2 por ciento,[5] respectivamente, de las presidencias de los comisariados están en manos de las mujeres.

Esta disparidad tiene importantes consecuencias en términos de acceso desigual a desarrollo de capacidades, beneficios, subsidios e ingresos derivados del manejo de los bosques. Pese a que las mujeres intervienen de muchas maneras en el manejo de los territorios forestales, tanto los ingresos derivados de la comercialización de los productos del bosque, como el acceso a los subsidios del sector forestal y muchos otros beneficios, le corresponden mayoritariamente a los ‘dueños o legítimos propietarios’, es decir, son los hombres quienes en términos generales se llevan al menos tres cuartas partes de los beneficios económicos derivados del bosque.

En promedio, en el país las mujeres rurales trabajan 89 horas semanales, 31 horas más que los hombres[6], pero gran parte del trabajo no se contabiliza, ya que se desarrolla dentro del hogar, en tareas como el manejo de cultivos y animales de traspatio para la subsistencia y en el cuidado de terceras personas, como sus hijos, sin percibir remuneración.[7]

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en las comunidades que habitan en territorios forestales, las mujeres obtienen la mitad de sus ingresos de los bosques, mientras que los hombres obtienen solo una tercera parte.

En este mismo sentido, datos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en inglés) indican que el ingreso proveniente de las actividades forestales es una quinta parte del total de los ingresos de las familias que viven dentro o cerca de los bosques. Los hombres contribuyen más que las mujeres porque sus actividades generan un ingreso; mientras que las mujeres están más involucradas en actividades de subsistencia y trabajo no remunerado. Aunque las actividades forestales de hombres y mujeres contribuyen a los ingresos de los hogares, hay considerables diferencias de género en el aprovechamiento de los productos forestales.[8]

El CIFOR también destaca que “los bosques han sido considerados frecuentemente un sector dominado por los hombres, lo que ha dificultado que las mujeres participen en el manejo de los bosques y la toma de decisiones.

Refiere que “estudios recientes sugieren que la participación de las mujeres se da más a menudo cuando hay menos instituciones exclusivas, más nivel de educación en las familias, y una menor desigualdad económica entre los géneros”. Aumentar la participación de las mujeres en los comités de toma de decisiones de las instituciones de forestería comunitaria ha demostrado que mejora la gobernabilidad de los bosques y la sostenibilidad de los recursos.[9]

Recomendaciones de política pública

Si bien las actividades típicamente maderables, como el abasto de madera en rollo y la transformación de madera aserrada, están principalmente en manos de los hombres (aunque hay importantes casos de mujeres al frente de aserraderos e industria forestal), muchos de los emprendimientos, tanto tradicionales como innovadores o alternativos que ocurren en los territorios forestales, están en manos de jóvenes y mujeres: extraen pigmentos, recolectan agua, semillas y leña, obtienen productos forestales no maderables (medicamentos, forraje y alimentos); emprenden iniciativas como el manejo integrado del paisaje, la producción de árboles para la reforestación; el ecoturismo o turismo alternativo; el aprovechamiento, envasado y comercialización de productos no maderables como hongos, pimienta, miel, resinas e insumos para artesanías; la crianza de peces, entre otras actividades; se organizan grupos de mujeres o de jóvenes, por lo general a través de acuerdos formales o informales con las asambleas de ejidatarios.

Es cada vez más común, aunque sigue siendo muy marginal, observar a mujeres en actividades de limpia, saneamiento y restauración en terrenos forestales, así como en actividades de aserrío y conducción de la industria forestal. En etapas más avanzadas en la cadena de valor, como en el acabado de muebles, sí es común ver a mujeres, pero su participación es marginal, hay una brecha muy grande, en comparación con la proporción de hombres que participa en las actividades forestales.

Frente a este escenario, el CCMSS considera necesario, que nuestro país debe mejorar su marco normativo y el diseño de los subsidios que se aplican en el sector forestal y rural en general. Los subsidios aplicados a través de las reglas de operación de programas de las dependencias federales como Sagarpa, Conafor, Semarnat y Sedesol, así como de agencias estatales y municipales, deben tener una fuerte y creciente orientación de fomento y prelación, incluyendo acciones afirmativas específicas que promuevan la igualdad de género.

En 2016 se emitieron y publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios federales, que se fundamentan en los artículos 1º y 4º de la Constitución y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en México tiene rango constitucional desde las reformas constitucionales del 2011. Es necesario vigilar y aplicar de forma eficiente estos criterios para propiciar una mayor participación de las mujeres.

Concretamente, y a manera de ejemplo, las reglas de operación de Conafor 2017 incluyen apoyos a actividades dirigidas a sectores distintos a los ‘dueños y legítimos poseedores’ de los territorios forestales, y se pudo favorecer mediante criterios de prelación la canalización de subsidios a proyectos y actividades que demuestren participación mayoritaria de mujeres, tanto en proyectos dirigidos a ejidatarios y comuneros, como en la apertura de opciones para avecindados, jóvenes y mujeres. También se hizo explícita la participación de las mujeres en actividades de restauración, combate y prevención de incendios en los predios forestales. Es un buen avance, pero es necesario ir más allá.

Para las Reglas de Operación 2018 de la Conafor, se han incluido entre los beneficiarios del programa, figuras diferentes a ejidos y comunidades, de conformidad con el artículo segundo de la Constitución (comunidades indígenas y equiparables). Asimismo, se homologaron criterios en población objetivo conforme a una revisión jurídica (definiendo qué tipo de beneficiarios entra en cada figura). Finalmente, se propuso la integración del término usufructuario a fin de no restringir el acceso a las mujeres y jóvenes que no pueden acreditar la posesión legal de los terrenos forestales.

Se debe avanzar de manera decidida y significativa en la incorporación de instrumentos de política pública que fomenten la igualdad de género en las estructuras de toma de decisiones, con medidas afirmativas, como el condicionamiento de subsidios para el fomento a la participación de mujeres en los órganos directivos de los ejidos y comunidades.

Estas medidas deben ser acompañadas de estrategias efectivas para el desarrollo de capacidades de gestión, administración y liderazgo, además de capacidades técnicas; si bien la realidad muestra que es un mito que tales capacidades existan solo en los hombres y no en las mujeres.

 

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Referencias

[1] CCMSS, Revalorizar a las comunidades locales y el conocimiento tradicional para la conservación de los bosques tropicales. 2018. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/revalorizar-las-comunidades-locales-conocimiento-tradicional-la-conservacion-los-bosques-tropicales/

[2] CIFOR, Fact sheet No. 11, Bosques y género. Lo que deberían saber los formuladores de políticas, 2013. Disponible en: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/factsheet/4178-factsheet.pdf

[3] Registro Nacional Agrario, Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[4] RAN: Integrantes de Órganos de Representación de Núcleos Agrarios Inscritos en el SIMCR al 31 de dic de 2016. Tomado en noviembre de 2017 de: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[5]  Elaboración propia a partir de la estadística del RAN: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[6] Kánter Coronel Irma del Rosario y Ponce Sernicharo Gabriela, Al día: Las cifras hablan Número 62, “Día internacional de las mujeres rurales”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 2016.

[7] Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Proyecto México para la Reducción de Emisiones por deforestación y degradación (M-REDD+), The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC. 2017.

[8] CIFOR, Fact sheet No. 11, Bosques y género. Lo que deberían saber los formuladores de políticas, 2013.

[9] Ibíd.