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Posicionamiento sobre la situación de la nueva Ley forestal

El pasado mes de septiembre la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones importantes la minuta de una nueva Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, para que esta ley quede formalmente aprobada se requieren, aún, de los dictámenes de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo […]

AUTOR: Gerardo Suarez|22/12/2017

El pasado mes de septiembre la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones importantes la minuta de una nueva Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, para que esta ley quede formalmente aprobada se requieren, aún, de los dictámenes de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y el debate y votación en el pleno de las dos Cámaras.

En una revisión detallada de la última versión del dictamen, el Consejo Civil Mexicano ha encontrado que aún existen enormes problemas en temas cruciales. Particularmente grave es el tratamiento a la participación social, pues le suprime al Consejo Nacional Forestal, los Consejos Forestales Estatales y al Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano, su capacidad de iniciativa, supervisión y vigilancia y los deja solamente como órganos de consulta y asesoramiento, sin una fuerza efectiva; así, serán simples ornamentos o instrumentos de legitimación y maquillaje de políticas y prácticas discrecionales. Un principio constitucional básico, es la no regresividad en los derechos de la sociedad, y este dictamen pretende regresar el marco legal a una época donde la sociedad estaba proscrita de participar en el diseño, ejecución, supervisión y vigilancia de la política pública. Eso nos parece inaceptable.

En estrecha relación con ese tema, desde que surgió la iniciativa de ley, muchas organizaciones respaldadas por más de 30 mil firmas de ciudadanos, exigimos que se abriera un proceso de consulta dirigido a todas las personas y organizaciones relacionadas con el sector forestal, para conocer propuestas e inquietudes, y tener la oportunidad de enriquecer la iniciativa con los puntos de vista de los destinatarios de la ley. Hasta el día de hoy, ese proceso de consulta no se ha abierto. Si bien hubo valiosos espacios de análisis y diálogo, estos fueron entre algunos especialistas y organizaciones, por un lado, y legisladores y funcionarios por otro; pero estos espacios no sustituyen la necesidad de una consulta amplia, pública e incluyente. Los legisladores en su conjunto, con señaladas excepciones, siguen despreciando la oportunidad de legitimar su trabajo legislativo y hacerlo mucho más sólido y valioso, al mantener los oídos sordos a la sociedad. La consulta pública no es sólo un ejercicio básico de democracia, es también la oportunidad de construir un marco legal basado en la situación real y las necesidades de los ciudadanos y de concertar compromisos de los diversos agentes, en este caso los que actúan en el sector forestal.

En ese contexto de erosión del marco de transparencia y participación de los Consejos Forestales, nos parece sumamente riesgoso otro asunto crucial de la ley: la transferencia de las atribuciones de autoridad de la SEMARNAT a la CONAFOR. El dictamen aprobado confiere a la Comisión Nacional Forestal la función de aprobar o cancelar programas de manejo, permisos de aprovechamiento y otros actos de autoridad. Esta función de otorgar o rechazar permisos hasta ahora se mantenía en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo el precepto de mantener controles y contrapesos entre las funciones de fomento y las de autorización. La transferencia de actos de autoridad a la CONAFOR, sin órganos de transparencia y supervisión fuertes y efectivos, y tomando en cuenta la gran discrecionalidad y corrupción que ha caracterizado a muchos funcionarios públicos, significa también una grave regresión en términos de institucionalidad democrática. Poner los subsidios para el fomento de la actividad forestal en las mismas manos que la autoridad para aprovechar los bosques, en ausencia de mecanismos de vigilancia y contraloría social, significa finiquitar los intentos de mejorar y democratizar la gobernanza forestal.

El arreglo institucional actual, en el que la SEMARNAT autoriza y la CONAFOR fomenta, es considerado por algunos actores como un obstáculo para el buen desempeño de la actividad forestal, pues los criterios de la SEMARNAT por lo general no consideran prioritario el aprovechamiento sustentable como una estrategia viable de conservación de los recursos naturales y, por el contrario, priorizan una conservación y restauración pasiva. Estableciendo todo tipo de trabas y trámites engorrosos al aprovechamiento sustentable. Sin duda la sobre-regulación y la tramitología excesiva, lenta y a veces discrecional, ejercida desde la SEMARNAT es un factor que frena el desarrollo del sector. Frente a este hecho, consideramos que la vía correcta y de largo plazo para superar las deficiencias actuales no es hacer cambios estructurales por motivos coyunturales, sino reformar a fondo a la SEMARNAT para corregir su orientación, su operación y mejorar sus capacidades.

Pretender resolver la carga burocrática mediante la disolución de los contrapesos institucionales y a la vez eliminando las atribuciones de vigilancia del Consejo Nacional Forestal, parecen la garantía de una nueva etapa de discrecionalidad y corrupción que no pueden sino generar más degradación y deforestación, pobreza en las comunidades y acumulación de riqueza en manos de una élite del sector forestal que controla en su interés amplios espacios del presupuesto y la toma de decisiones

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