Sociedad civil de AL rechaza que el Banco Mundial rebaje sus salvaguardas


4 febrero, 2015, Por:

Sociedad civil de AL rechaza que el Banco Mundial rebaje sus salvaguardas

bancomundialEl Banco Mundial emprendió hace un tiempo un proceso de revisión de las salvaguardas sociales y ambientales que impone a los proyectos que financia. Por desgracia, esta revisión ha sido, hasta ahora, a la baja, reduciendo las exigencias marcadas y poniendo en riesgo a comunidades campesinas e indígenas, la biodiversidad y los servicios ambientales de los que todos dependemos. En vista de ello, dos centenares de organizaciones de la sociedad civil presentaron el posicionamiento que se reproduce aquí.

 

POSICIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL BORRADOR DE LA NUEVA POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL Y LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BANCO MUNDIAL

 Lima, Perú, 4 de febrero de 2015

Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de América Latina y el Caribe abajo firmantes deseamos manifestar nuestra gran preocupación y descontento respecto al proceso de revisión de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial, así como con el actual borrador de la nueva Política Ambiental y Social y con los Estándares Ambientales y Sociales, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF (que hace parte del Grupo del Banco Mundial) ha publicado. A su vez, deseamos resaltar la escasa receptividad que hemos podido apreciar por parte del Banco, sobre los comentarios y sugerencias que hemos enviado respecto a este tema en anteriores oportunidades.

En lo que refiere al proceso de consulta, el Banco Mundial (BM) realizó una primera fase en Argentina, Perú y Guatemala en 2013, una segunda fase en Paraguay y Brasil en 2014 y en Nicaragua a principios de este año. La última consulta regional de esta segunda fase se realiza en Lima este 4 de febrero.

En las reuniones realizadas en la región se contó con la participación de un grupo limitado de organizaciones que no representan a la sociedad civil latinoamericana en su conjunto. Además, las invitaciones se hicieron, en general, con muy poco tiempo de anticipación y sin haber proporcionado a los participantes la información necesaria para una efectiva e informada participación.

Aunado a esto, lo que el Banco Mundial llama consulta, se reduce a simples reuniones informativas cuyos alcances se han quedado cortos, ya que el Banco no ha incorporado efectivamente las recomendaciones y preocupaciones que varias organizaciones le han hecho llegar oportunamente, tanto de manera presencial, como a través de cartas. Todo esto pone en duda la legitimidad del proceso de consultas, y hace imposible calificar de efectiva la participación de la sociedad civil latinoamericana en el actual proceso que lleva adelante el Banco.

En lo que se refiere al contenido de la nueva Política y los nuevos Estándares Ambientales y Sociales que el Banco propone, diferentes organizaciones han enviado oportunamente diversos análisis técnicos que desarrollan de manera detallada las principales propuestas para cada uno de los estándares. Si bien reconocemos que la nueva propuesta presenta algunos avances, los retrocesos y debilidades presentes sobrepasan ampliamente los aspectos positivos. A continuación enunciaremos solamente algunas de nuestras principales preocupaciones, respecto de las cuales seguimos esperando respuestas por parte de los representantes del Banco.

La propuesta del Banco deja abierto el cumplimiento de los estándares, es decir, no define claramente cuándo ni cómo se debe cumplir con lo establecido en la Política. En el marco vigente, un requisito indispensable consiste en evaluar los impactos y riesgos ambientales y sociales de manera previa a la aprobación de un proyecto, así como publicar las evaluaciones antes de la fase de evaluación de proyectos de alto riesgo. El nuevo marco, por el contrario, establece que las evaluaciones ambientales y sociales (EIAS) deben iniciarse “lo más temprano posible”, por lo que de entrada pone en riesgo los procesos de consulta, ya que éstos no pueden realizarse de manera efectiva sin que se cuente con la información completa y detallada acerca de un determinado proyecto.

Asimismo, el marco propuesto tiene un alcance limitado, ya que solamente se aplicará a los préstamos de inversión, lo que deja fuera otros instrumentos financieros, como los préstamos para desarrollo de políticas (o DPLs, por sus siglas en inglés) y el programa para resultados (P4R), entre otros. Esto significa que más del 50% de la cartera del Banco en la región no estará cubierta por estos estándares ambientales y sociales.

Adicionalmente, la nueva propuesta de Política del Banco carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos prestatarios “optar” por el cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas para proteger sus derechos. Lo anterior socava el consenso internacional con respecto a los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos y el curso de su propio desarrollo. El borrador elimina los requisitos de estudios de referencia para informar sobre la protección del derecho a la tierra, el sustento y la vivienda adecuada. Además, introduce la “compensación de la biodiversidad” en lo que previamente estaba contemplado como hábitats naturales en estado crítico y áreas protegidas en las que no se podían implementar proyectos. Esto es crucial para nuestra región, que cuenta con vastos territorios indígenas y tribales, así como con hábitats naturales en estado crítico.

Por otro lado, la propuesta de Política del Banco traslada la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los países prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios precisos sobre en qué casos los sistemas de los países no son aceptables. Lo anterior nos preocupa, ya que muchos de nuestros países han debilitado sus marcos normativos, lo que pone en peligro la plena garantía y respeto de los derechos humanos.

Por ejemplo, en Perú, una nueva ley debilita significativamente la autoridad y la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); así como la coordinación intersectorial y control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del recién creado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Por su parte, en México el año pasado se aprobó el primer paquete de regulaciones bajo la reforma energética, las cuales priorizan los hidrocarburos, el gas y la energía sobre cualquier otro uso de la tierra. Estas regulaciones permiten expropiaciones de tierra expeditas, además de potencialmente ignorar las áreas naturales protegidas.

De manera similar, la Ley de Minería de Bolivia permite actividades en áreas protegidas como parques nacionales, además de excluir el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en las actividades de exploración. Asimismo, durante los últimos años las licencias ambientales para proyectos extractivos y de infraestructura en Colombia se han debilitado. Sin las aclaraciones necesarias, el borrador deja al Banco y al prestatario con una menor posibilidad de tener un enfoque de salvaguardas que contribuya a la construcción de la capacidad para la gestión local del riesgo y el respeto de los derechos humanos.

Además, en materia laboral encontramos que la propuesta del Banco es débil con relación a una protección adecuada para trabajadores, ya que sólo protege a trabajadores directamente contratados por el proyecto y excluye a contratistas terciarios y funcionarios públicos encargados en forma indirecta del proyecto; es decir, no protege los derechos laborales fundamentales a lo largo de la cadena de suministro que involucra la ejecución de un proyecto. Por otro lado, sólo se aplicará la libertad sindical en aquellos países donde las leyes nacionales lo establezcan dejando sin protección a trabajadores de los proyectos en aquellos países que carezcan de leyes en materia sindical. En ese sentido, consideramos que el Banco debe hacer mandatorio el cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo con referencia a condiciones inseguras de trabajo, trabajo infantil, salarios no pagados y la negación del derecho de asociación y libertad sindical.

El Banco menciona de manera transversal políticas dirigidas a los menos favorecidos o en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, es necesario que el Banco brinde información a detalle sobre cómo implementará políticas incluyentes en función de la edad, género, origen étnico, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, entre otros; ya que estos grupos podrían verse afectados por los impactos del proyecto, o podrìan estar limitados para aprovechar los beneficios que éste genere.

En una región como América Latina, con altos índices de desigualdad, el borrador no incluye requisito alguno que permita asegurar que las comunidades pobres y grupos excluidos no sean afectados negativamente por impactos de proyectos del Banco. El borrador propuesto no sólo va en contra de la misión principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida, sino que baja el estándar tanto para el propio Banco, como para toda la comunidad internacional. Lo anterior es particularmente preocupante para nuestra región, pues existe una importante competencia para canalizar financiamiento por parte de otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (antes CAF), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), bancos chinos y próximamente el Nuevo Banco de Desarrollo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). En lugar de promover un fortalecimiento de estándares, este borrador estimula que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo y otras iniciativas, como el Fondo Verde Climático, bajen sus estándares o carezcan de incentivos para fortalecerlos en aras de tener una mayor competitividad. Además de promover que los países de la región debiliten aún más sus marcos ambientales y sociales.

Por todas estas razones, demandamos al Banco que tome en cuenta las propuestas de la sociedad civil y se abstenga de adoptar una Política Ambiental y Social que desmejore los estándares existentes. Sólo así podremos hablar de un desarrollo sustentable para la región.

  1. Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI)
  2. Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino
  3. Albergue del Desierto
  4. Albergue Manos Extendidas a los Necesitados, A.C.
  5. American Civil Liberties Union (ACLU) San Diego and Imperial Counties
  6. Amigos del Rio San Rodrigo
  7. Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM)
  8. Asociación Ambiente y Sociedad (AAS)
  9. Asociación Amigos de los Parques Nacionales
  10. Asociación de Productores de Semillas y Alimentos Nutricionales Andinos Mushuk Yuyay (APROSANAMY)
  11. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
  12. Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)
  13. Asociación Mexicana pro Naciones Unidas, A.C.
  14. Asociación Nacional de Centros (ANC)
  15. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
  16. Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN)
  17. Babel Sur
  18. Be Foundation
  19. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
  20. Biocomercio Colombia
  21. Boca de Polen Red de Comunicadores
  22. CADIANDINO – Foro del Buen Ayre
  23. Caridad Sin Fronteras, AC
  24. Casa de Migrantes Casa Nicolás
  25. Casa Refugiados, A.C.
  26. Catholic Relief Services
  27. CEADESC SRL Consulting & Services
  28. CEMAC AC
  29. Central de Comunidades Nativas Machiguenga (CECONAMA)
  30. Centro Bonó
  31. Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN)
  32. Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES)
  33. Centro de Apoyo al Trabajador Migrante
  34. Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP)
  35. Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI)
  36. Centro de Atención al Migrante (EXODUS)
  37. Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)
  38. Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
  39. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC
  40. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC
  41. Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI)
  42. Centro de Educación y Comunicación
  43. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
  44. Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales, A.C.
  45. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo)
  46. Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM)
  47. Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)
  48. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
  49. Centro para el Desarrollo de los pueblos (CEDEP AYLLU)
  50. Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
  51. Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH)
  52. Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes (COAMI)
  53. Colectivo Juventud Cusco, Red de propuesta y acción (RED MUQUI)
  54. Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras
  55. Colectivo Transnacional Codetzio
  56. Colectivo Ustedes Somos Nosotros
  57. Colectivo Vía Clandestina
  58. Colegio Adventista del Este Paraguayo (CADEP)
  59. Comcausa
  60. Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
  61. Comité Ambiental en Defensa de la Vida
  62. Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC (CODEHUTAB)
  63. Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO)
  64. Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Urubamba
  65. Comité Las Dignas
  66. Comunicación y Educación Ambiental S.C.
  67. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
  68. Confederación Nacional Agraria (CNA)
  69. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)
  70. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
  71. Construyendo Puentes
  72. Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)
  73. CONVIHIVE, AC
  74. CooperAcción,
  75. Coordinación de Migración (BUAP)
  76. Coordinación Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)
  77. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
  78. Derecho a la Identidad, AC
  79. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  80. Derechos Humanos Integrales en Acción, AC (DHIA)
  81. Derechos Humanos sin Fronteras
  82. Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre)
  83. ECOA
  84. El Barzón
  85. El Diamante de Fuego, AC
  86. El Rincón de Malinalco
  87. Encuentro Ciudadano Lagunero (ECLag)
  88. Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas
  89. Es por los Niños, AC
  90. Espacio Migrante, AC
  91. Estancia del Migrante González y Martínez, AC (EMGM)
  92. Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
  93. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
  94. FANMex (Red de Acción por el Agua)
  95. Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC)
  96. Federación Zacatecana, AC (FEDZAC);
  97. Foro ciudadano de participación por la justicia y los derechos humanos (FOCO)
  98. Foro Migraciones (FM)
  99. Forum Solidaridad Perú
  100. Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)
  101. Freshwater Action Network Mexico
  102. Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo)
  103. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
  104. Fundación Cambia la Historia
  105. Fundación Comunitaria del Bajío
  106. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  107. Fundación Isidro Fabela, AC
  108. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)
  109. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC (FJEDD)
  110. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC
  111. Global Workers Justice Alliance (GWJA)
  112. Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM)
  113. Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP)
  114. Grupo Propuesta Ciudadana
  115. Help for Progress
  116. Ibis Fernández – Departamento de Ecología y Medio Ambiente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
  117. Identidad Migrante Derechos Humanos
  118. ILLA
  119. Immigrant Initiative
  120. Inclusión y Equidad, AC
  121. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC
  122. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC (Incide Social)
  123. Iniciativa Frontera Norte de México
  124. Iniciativa Kino para la Frontera Norte
  125. Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES)
  126. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC (INEDIM)
  127. Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM)
  128. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
  129. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)
  130. Instituto Jose Pablo Rovalo Azcué
  131. Instituto Madre Assunta
  132. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
  133. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
  134. Instituto Salvadoreño del Migrante
  135. International Rivers
  136. Irapuato Vive, AC
  137. Jinaco Juventudes Indígenas
  138. Jornaleros Safe
  139. Juan Aste
  140. Manos extendidas a los necesitados, AC
  141. Medio Ambiente y Sociedad, A.C.
  142. Mesa Ambiental #YoSoy132
  143. Mesa Transfronteriza de Género y Migración (MTGM)
  144. Mexicanos y Americanos Todos Trabajando, AC (MATT)
  145. Migración y Desarrollo, AC
  146. Migrantes LBGT
  147. Migrantólogos
  148. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)
  149. Nosotras Somos tu Voz
  150. Organización Binacional Aztlán
  151. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
  152. Personal;
  153. PLADES – Programa Laboral del Desarrollo
  154. Por la Superación de la Mujer, AC
  155. Por un Chihuahua Libre y Sin temor
  156. Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, AC (PRECADEM)
  157. Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana (PRAMI-UIA, Cd. México)
  158. Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana, Puebla (PRAMI-UIA, Puebla)
  159. Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO)
  160. Red Bajío en Apoyo al Migrante
  161. Red de Desarrollo Sustentable
  162. Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA)
  163. Red de Mujeres del Bajío, AC
  164. Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD)
  165. Red Jesuita con Migrantes de ALC
  166. Red Jurídica Amazónica (Colombia)
  167. Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
  168. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE)
  169. Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM)
  170. Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex)
  171. Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx)
  172. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF)
  173. Red Nacional de Género y Economía (REDGE)
  174. Red Nicarguense de la Sociedad Civil para las Migraciones
  175. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
  176. Red Regional Verdad y Justicia
  177. Respuesta Alternativa
  178. Ririki Intervención Social, SC
  179. Salud Integral para la Mujer, AC (SIPAM)
  180. Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR)
  181. Servicio Jesuita Migrante (SJM)
  182. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)
  183. Servicios para una Educación Alternativa A.C.
  184. Sin Fronteras, IAP
  185. Sistema Universitario Jesuita
  186. Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD)
  187. Sociedad y Discapacidad (SODIS)
  188. The United Food and Commercial Workers (UFCW)
  189. Un Mundo una Nación
  190. Una mano amiga en la lucha contra el SIDA, AC
  191. Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
  192. Universidad de Guadalajara (UdeG)
  193. Verónika Mendoza (Congresista de la República del Perú)
  194. Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM)
  195. Washington Office on Latin America (WOLA)

 

 

 

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