ACERVO

Tag Archives: Acuerdos internacionales

Contradicciones en política pública impiden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero











Sinopsis:

manejo-forestal-comunitario-bosques-tropicales

Existe una contradicción evidente entre los compromisos internacionales en materia de cambio climático contraídos por México y las políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano que afectan al sector forestal.

México presenta un enorme potencial productivo y de captura de carbono, puesto que el 60 por ciento de la superficie nacional corresponde a ecosistemas forestales. No obstante, la intervención gubernamental en las regiones forestales ha sido errática y ineficaz para detener los procesos de deforestación impulsados por los grandes desarrollos y proyectos vinculados con la minería, el turismo y la agroindustria.

La administración gubernamental saliente se planteó reactivar la producción forestal para que las comunidades rurales encontraran alternativas de empleo alrededor del manejo del bosque, sin embargo, sus metas no se cumplieron; en cambio, tuvieron enormes avances las concesiones mineras sobre territorios forestales así como la siembra y cultivo del aguacate, el agave, la soya y la palma africana sobre terrenos que pocos años antes estuvieron cubiertos por bosques.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de México, elaborado y recientemente actualizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los bosques y selvas del territorio mexicano absorben 148 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que representa un 20 por ciento de las emisiones totales del país.

 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de México, actualizadas a 2015, suman 685 millones 959 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Por lo cual, descontando el volumen mitigado por los bosques y selvas, las emisiones netas generadas en nuestro país ascienden a 535 millones toneladas.

Por esta razón, la directora general del INECC, María Amparo Martínez Arrollo, señala que el manejo y conservación de los bosques y selvas debe de ser un eje rector de la política ambiental, debido a su importancia en términos de mitigación del cambio climático.

De acuerdo con la más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones, las actividades económicas que generan más emisiones de gases de efecto invernadero en el país son el sector energético con el 64 % –incluye actividades de quema de combustible y transporte—, con 480 millones de toneladas de CO2e; y en segundo lugar se encuentra el sector ganadero, que emite 71 millones de toneladas, lo cual representa el 10 por ciento de las emisiones totales del país.

Cabe señalar que la ganadería es uno de los principales factores que propician el cambio de uso de suelo en los territorios forestales, poniendo en riesgo la capacidad de mitigación de emisiones de México. Existe una abierta contradicción en política pública en tanto que las actividades ganaderas reciben una cantidad mayor de apoyos gubernamentales comparados con los que se ofrecen para incentivar el manejo y aprovechamiento forestal sustentable.

Ante las disparidades existentes entre los diferentes programas de incentivos gubernamentales, no sorprende que los propietarios de terrenos forestales opten por implementar otro tipo de actividades productivas distintas a la silvicultura sostenible, como son la agricultura y la ganadería, en detrimento de la conservación de bosques y selvas.

A pesar de los beneficios en términos ambientales y sociales que representa el manejo sustentable de los recursos forestales no existe un esquema de compensación apropiado para las comunidades que gestionan y conservan los bosques. La administración gubernamental en los últimos años eliminó, dentro de los ejes de política forestal, el impulso al manejo forestal comunitario. Un eje de política que permitió que en el pasado que mas de 900 ejidos y comunidades integraran su propia empresa forestal y se pudiera avanzar en una estrategia que logró poner bajo protección y manejo sustentable a mas de 8 millones de hectáreas de selvas y bosques.

Las actividades de conservación que realizan miles de ejidos y comunidades en sus territorios genera servicios ecosistémicos de calidad, como la absorción de carbono, la recarga de mantos freáticos, la conservación del suelo y la biodiversidad, la regulación de la temperatura e incluso la preservación de la belleza escénica. Por ello resulta de enorme importancia que las políticas forestales en México incluyan al manejo forestal comunitario como uno de los elementos fundamentales.

Los defensores ambientales en México, en riesgo eminente











Sinopsis:

En México se ha vivido una escalada en el número conflictos entre comunidades que defienden sus territorios y grandes inversionistas que desean implantar megaproyectos energéticos y agropecuarios insostenibles. Una serie de reformas estructurales en el marco legal del país, como la energética ha abierto la puerta a que se liciten territorios para la extracción de hidrocarburos y minerales, así como para la generación de energía eólica y solar; esto en detrimento de la soberanía de las comunidades dueñas de dichos territorios.

Ante estas amenazas a los territorios, las comunidades se han organizado para hacer frente a estos embates que ya han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país y en el mundo. Esta defensa de los recursos naturales y sus territorios les ha costado la vida a cientos de mujeres y hombre defensores ambientales en México.

Nuestro país se sitúa como uno de los tres países más peligrosos para los defensores ambientales por el alto número de agresiones, amenazas y muertes de las que han sido víctimas las personas que deciden defender sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales.

Además de sus valiosas contribuciones en la provisión de alimento y generación de ingresos, las mujeres rurales tienen una participación destacada en los movimientos de defensa de sus territorios. Cada vez más asumen roles de dirigencia y coordinación de los grupos de defensa de los recursos y los territorios.

En México, como en muchas partes del mundo, los territorios forestales están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía e hidrocarburos. Así como por la agricultura comercial de monocultivos y la ganadería extensiva.

Un informe de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), destaca las declaraciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, sobre que “quienes defienden la tierra y el medio ambiente enfrentan riesgos específicos y más elevados, debido a que tocan intereses de las empresas”.  Se destaca que  para procurar la seguridad de estos actores se necesitan acciones coordinadas de parte de empresas, inversionistas, y los estados nacionales y extranjeros y sus embajadas, para exigir que en todo proyecto que tenga que ver con los territorios rurales, se garantice que las comunidades puedan dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso y acceso a su tierra y sus recursos naturales.[1]

 

Agresiones a defensores de los bosques y el ambiente

De acuerdo con datos de la organización Global Witness, durante 2017 en América Latina se mantuvo como el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. En el caso de México, “ahora se caracteriza como un lugar mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente (anteriormente, México ocupaba el puesto 14)”.[2]

Por su parte, la organización Front Line Defenders documentó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países. El 80 por ciento de dichos asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.[3]

Lo más alarmante es que “el análisis sobre el trabajo que realizaban las personas asesinadas arrojó que el 67 por ciento defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas”. La impunidad es uno de los principales alicientes para que este tipo de prácticas de hostigamiento y asesinato se sigan cometiendo en México y en el mundo.

2017 fue un año negro. En el país se registraron más asesinatos de defensores ambientales que nunca. El propio reporte de Gobal Witness subraya que “la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.[4]

Acciones de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra los hombres. De hecho, el 23 por ciento de los llamados urgentes emitidos por Front Line Defenders en 2017 estuvieron relacionados con amenazas o intimidación a las defensoras por su trabajo, en comparación con el 10 por ciento de sus contrapartes masculinos. En algunos casos se trataba de amenazas de violencia sexual.

Las personas defensoras comunitarias e indígenas, particularmente las mujeres defensoras de derechos humanos se ven especialmente afectadas por procesos judiciales o detenciones, debido a que muchas veces realizan su labor de defensa de derechos humanos de forma voluntaria, y no pueden generar ingresos durante el desarrollo de estos procesos judiciales, lo que les afecta a ellos y a sus familias.[5]

El uso excesivo de la fuerza, los procesos de criminalización, la apertura de expedientes judiciales a través de detenciones arbitrarias e ilegales en marchas o en bloqueos de rutas, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas telefónicas, las calumnias, las campañas de desprestigio y los asesinatos, son las principales formas de agresión de las defensoras ambientales. Además, en el caso de las mujeres, se acentúan acciones que van encaminadas a deslegitimar su participación política y su aparición en el espacio público.

Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente pueden definirse como “aquellas personas o comunidades que trabajan por la promoción y protección de los derechos humanos asociados a la tierra y el territorio, incluyendo la defensa de los recursos naturales y el medioambiente, y todo aquello que permite la satisfacción de varios otros derechos y necesidades, como el alimento, la vivienda, el trabajo; y las relaciones sociales y significados culturalmente otorgados a los mismos”.[6] Organismos y organizaciones internacionales han reiterado que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente son un grupo especialmente vulnerable tanto en México como a nivel global.

Los proyectos económicos que están impactando más en el tejido social comunitario y donde se documentan un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos serían los proyectos de extracción de bienes naturales (minería y explotación de bosques), de generación de energía (hidroeléctricos, eólicos, gasoductos y minería de carbón), de infraestructura y turísticos.

En vez de impulsar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de capacidades locales y opciones productivas sustentables en los territorios forestales, como el modelo de manejo forestal comunitario; que ha demostrado generar enormes beneficios, tanto ambientales como sociales, a través del fortalecimiento de la gobernanza interna y el desarrollo de cadenas de valor; el modelo de país vigente fomenta las inversiones de proyectos privados que van en detrimento de las comunidades y la sustentabilidad ambiental.

Esto es claramente regresivo y contrario a los compromisos adquiridos internacionalmente como el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica, solo por citar algunos.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura, y de que dicha garantía de protección sea una prioridad, pero la realidad es que el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para desempeñar estas actividades de activismo ambiental y de procuración del respeto a los derechos humanos.

selva maya archivo CCMSS consuelo pagaza

Iniciativa de ONU para proteger a defensores ambientales

Este 6 de marzo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó en Ginebra, Suiza, la Iniciativa Derechos Ambientales de las Naciones Unidas, que tendrá la función de ayudar a “las personas a comprender mejor sus derechos y a defenderlos, y asistirá a los Estados a salvaguardar los derechos ambientales”.

Además, a través de esta iniciativa insta a todos los gobiernos a priorizar la protección de los defensores del medio ambiente y a llevar ante la justicia de forma rápida y definitiva a los que atacan o amenazan a los defensores. La tolerancia a la intimidación de los defensores del medio ambiente socava los derechos humanos básicos y el estado de derecho ambiental”.[7]

Uno de los actores clave en la protección y respeto a los derechos humanos de los defensores ambientales es el sector privado, ya que al tener intereses en el aprovechamiento de los recursos y territorios las empresas entran en conflicto con las comunidades dueñas de dichos territorios, por ello, el PNUMA hace un llamado al sector privado para que “vaya más allá de los estándares mínimos de respeto a las comunidades y el ambiente y se convierta en un defensor de los derechos de todos a un medio ambiente limpio y saludable”.

Al respecto, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra`ad Al Hussein, subraya que “los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar los abusos cometidos por las empresas dentro de sus territorios y las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los demás”.

Otro de los instrumentos que podría contribuir a detener las agresiones y asesinatos en contra de las defensoras y defensores ambientales es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado apenas el domingo 4 de marzo (2018) en San José, Costa Rica. Este documento que es el primero de su tipo en la región y en el mundo, tiene la misión de garantizar la participación ciudadana y la labor de los defensores de los derechos ambientales.

Para poder detener las agresiones contra defensores ambientales las autoridades deben terminar con la impunidad que gozan los agresores.

Referencias:

[1] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017. Disponible en: https://goo.gl/vgwe1u

[2] Global Witness, Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FvH9Z

[3] Front Line Defenders. Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo 2017, Irlanda, 2018. Disponible en: https://goo.gl/Ksk3Ae 

[4] Global Witnes, México debe actuar urgentemente para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. Disponible en: https://goo.gl/kNh4Fw

[5] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017.

[6] Ibíd.

[7] PNUMA, ONU lanza iniciativa para proteger a los defensores del medio ambiente, 6 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/onu-lanza-iniciativa-para-proteger-los-defensores-del-medio

Los bosques de nuestro país absorben el equivalente a todas las emisiones de CO2 del sector transporte; apoyar a las comunidades que los manejan es prioritario para combatir el cambio climático











Sinopsis:

Los ecosistemas forestales capturan anualmente 170 mega-toneladas de dióxido de carbono que es la misma cantidad que el sector de autotransporte de todo el pais emite a la atmósfera, de acuerdo con el estudio “Adapting REDD+ policy to sink conditions”.  Cabe señalar que el sector del autotransporte es una de los principales fuente de emisiones de CO2 en México, con el 23 por ciento.

Sin embargo, hoy en día los ecosistemas forestales se encuentran bajo fuertes amenazas por el avance de la ganadería, la minería y la agroindustria que demanda grandes extensiones de tierra.

En México, más del 60% de los territorios forestales son de propiedad social, y la protección y conservación de los bosques y selvas, y los enormes beneficios que nos brindan, entre ellos la captura de carbono, dependen del trabajo que realizan las comunidades y ejidos forestales a través de sus actividades de manejo.

Se trata de un enorme aporte de las comunidades y ejidos de nuestro país al combate al cambio climático que hasta ahora no ha sido reconocido ni valorado adecuadamente, subrayó el CCMSS.

En el marco del Día internacional para la reducción de emisiones, el CCMSS llama a impulsar el manejo forestal comunitario para la hacer frente al cambio climático y a las amenazas que se ciernen sobre los bosques y lograr así las metas climáticas a las que se ha comprometido México.

El estudio de la doctora Margaret Skutsch, del Instituto de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, titulado “Adapting REDD+ policy to sink conditions” (2017), arroja datos valiosos para entender el importante papel que juegan los bosques y selvas para la mitigación de las concentraciones de carbón en la atmósfera.

La doctora Skutsch recomienda que para incrementar los reservorios de carbono en los ecosistemas forestales manejados se impulsen políticas públicas que fomenten la conservación del arbolado sano y la remoción de árboles enfermos, viejos o de dimensiones menores, para propiciar el crecimiento de ejemplares nuevos y vigorosos que permitan una mayor absorción de carbono; se invierta en programas de Pago por Servicios Ambientales para la regeneración de bosques talados y degradados; así como en la conformación de brigadas contra incendios.

Mientras que para los bosques degradados que no están destinados a la producción de productos maderables, el análisis considera necesario detener el cambio de uso de suelo generado por el avance de los cultivos agroindustriales y la ganadería extensiva.

En este rubro el estudio recomienda inversiones en la conformación de grupos de vigilancia, labores de regeneración y mejoramiento de la masa forestal. En particular, el impulso a proyectos de producción de carbón vegetal puede propiciar un mejoramiento de la cobertura forestal para una mayor absorción de carbono, y generar ingresos para los dueños de esos terrenos forestales.

Para mantener la capacidad de captura de carbono de los bosques y selvas, México tiene una enorme oportunidad, las empresas forestales operadas por ejidos y comunidades -alrededor de 990-.

Con sus actividades de manejo, aprovechamiento de madera y otros productos forestales como resinas, semillas y plantas, propician la regeneración de la cobertura forestal y dan mantenimiento al bosque a través de actividades de reforestación, saneamiento, aclareo y apertura de caminos y brechas corta fuego; de esta manera aseguran la conservación de los bosques a lo largo del tiempo, al tiempo de generar empleos e ingresos para sus comunidades.

No obstante, las políticas públicas hacia las regiones forestales no les son hoy en día favorables; diversos factores, como la sobrerregulación, la falta de inversiones para el desarrollo de capacidades locales y un sistema sólido y confiable de extensionismo forestal, frenan el desarrollo de las iniciativas comunitarias.

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:

Gerardo Suárez, gsuarez@ccmss.org.mx y cel. 5530798674 o

Cecilia Navarro, bcecilia.navarro@gmail.com y cel. 5554540678.

Fortalecer a las comunidades forestales: la mejor forma de proteger el clima y el ambiente

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente










Sinopsis:

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente

  • Reconocer los derechos de las comunidades sobre el territorio garantiza el mejor cuidado de estos ecosistemas
  • Nuestro país tiene la oportunidad de cuadruplicar la superficie forestal en la que se hace aprovechamiento comunitario
  • Empresas forestales comunitarias de México son ejemplo mundial de buen manejo

En un contexto en el que el gobierno del país más poderoso del mundo y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero está decidido a no asumir su responsabilidad para enfrentar el cambio climático global, es imperativo garantizar los derechos sobre los bosques y selvas a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan y que dependen de ellos para su subsistencia, pues está demostrado que cuando las comunidades locales y pueblos indígenas tienen plenas facultades para manejar sus recursos forestales, se frena la deforestación y se garantiza su conservación y de la biodiversidad asociada, así como los beneficios que los bosques nos proveen.

México es un país de eminente vocación forestal, que cuenta con más 690 millones de hectáreas de bosques y selvas (INEGI, 2016), de las cuales 80 % son propiedad de ejidos y comunidades, muchos de ellos indígenas. Sin embargo, no obstante que la titularidad de los derechos de la tierra pone en ventaja a estos grupos sociales si los comparamos con países con gran riqueza forestal como Indonesia, la República Democrática del Congo, o los países amazónicos, en los que la titularidad de los bosques y selvas es de los gobiernos; la falta de alineación de los instrumentos de política pública con el marco legal e institucional, aunado a una política de subsidios equivocada y contraproducente, ha estancado el desarrollo de estas comunidades rurales y del sector forestal nacional.

Hoy en día, alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques son manejadas por empresas forestales comunitarias en nuestro país. De acuerdo con datos de Programa Estratégico Forestal 2025 de México, esa cifra podría crecer hasta alcanzar 21.6 millones de hectáreas de bosques y selvas, que podrían ser incorporadas a esquemas de manejo forestal. Para ello, es fundamental que las políticas públicas y el marco legal se orienten claramente al desarrollo de capacidades productivas y empresariales de las empresas forestales comunitarias, así como al fortalecimiento de la gobernanza y reconocimiento del liderazgo comunitario en los territorios forestales.

Los obstáculos que enfrentan las comunidades y ejidos para manejar y aprovechar de forma sustentable sus recursos forestales, como la sobrerregulación; una tramitología compleja y onerosa; la circulación de productos forestales de origen ilegal -entre 28 y 60% del volumen del mercado- la falta de incentivos para la generación de capacidades productivas, y la marginación impuesta a las comunidades respecto a los procesos de planeación de su territorio, propician el desinterés de los dueños de la tierra en el manejo y conservación de los bosques y selvas.

Asimismo, cierto tipo de políticas públicas e incentivos económicos propician el cambio de uso de suelo para desarrollar otras actividades productivas que les puedan ser más rentables, tales como el uso de sus tierras para la ganadería y agricultura a costa de la deforestación. Otras amenazas sobre los territorios también propician de manera creciente la pérdida de los bosques y la erosión de las estructuras comunitarias, tales como la minería y otras formas de industria extractiva.

Pese a esta situación, muchas empresas forestales comunitarias mexicanas son un ejemplo a seguir en el mundo, ya que mediante la gestión sustentable de los recursos forestales generan beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales, y conservan la cobertura forestal y la biodiversidad.

En numerosas comunidades del país este ejemplo incluye un manejo integrado del territorio, es decir que abordan simultáneamente el aprovechamiento forestal, la producción de alimentos con sistemas agroecológicos, el monitoreo de la calidad del agua y la conservación voluntaria de atributos de alto valor de conservación dentro de sus territorios. Prácticamente todos los ejidos y comunidades que aprovechan sus bosques han establecido medidas para proteger cuerpos de agua, biodiversidad, sitios arqueológicos o con valor ritual o paisajístico, y otros atributos de importancia ambiental o cultural. Además, estas comunidades han alcanzado altos niveles de gobernanza interna y organización comunitaria, y generan empleos e ingresos para las familias, gracias a lo cual se reduce la presión para el cambio de uso de suelo o el abandono de las parcelas.

“La mejor forma de conmemorar el medio ambiente es tomando todas las medidas necesarias para reconocer, valorar y apoyar a las comunidades que viven en los bosques y cuidan de ellos. Cada día hay más evidencias de que los ecosistemas mejor conservados son aquellos que están en manos de comunidades y ejidos. Un ecosistema que es aprovechado de forma racional y con visión de largo plazo por sus legítimos dueños, no sólo les asegura una vida digna, sino que además garantiza la conservación de la biodiversidad, nos provee de agua, captura carbono y ayuda a regular el clima. No hay más que ver las cifras y las experiencias en diversas partes del mundo”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México tiene la enorme oportunidad de fortalecer a estas comunidades, darles certidumbre jurídica y garantizar sus derechos, con una política clara y decidida de apoyo al manejo forestal comunitario.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, cuyo lema para este 2017 es “Conectar a las personas con la naturaleza. En la ciudad y en el campo”, el CCMSS hace un llamado a reconocer el loable trabajo que realizan las y los campesinos para proveer alimentos, propiciar la recarga de los mantos acuíferos, generar aire limpio y fresco, la captura carbono y la conservación de la flora y fauna.

 

Recomendaciones

La mejor estrategia para garantizar los beneficios que los bosques nos brindan es fortalecer desde todos los frentes el manejo forestal y la gobernanza comunitarias y el desarrollo de capacidades productivas:

– Desde el marco legal, mediante leyes que realmente coloquen en el centro del manejo de los bosques el hecho de que estos son propiedad de las comunidades.

– Desde la elaboración y aplicación de políticas públicas, tales como: una política de compras verdes, un combate integral al mercado ilegal de madera y materias primas forestales; un apoyo decidido de las capacidades técnicas, de gestión y gobernanza de las comunidades; un régimen fiscal diferenciado, considerando que las comunidades forestales no son entidades de lucro y que dejan muchos beneficios tangibles e intangibles en sus comunidades y para la sociedad en general.

– En la mejor coordinación interinstitucional y en todos los niveles de gobierno.

– En la asignación de recursos, pues no hay política que funcione sin un presupuesto claro y orientado a la consolidación de procesos de desarrollo.

– Con el reconocimiento, valoración y visibilización de los enormes e invaluables beneficios que estas comunidades nos proveen a quienes vivimos en ámbitos urbanos.

 

 Descarga el documento:

Día Mundial del Medio Ambienta 2017

 

*Fotografia principal: Archivo CCMSS

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

bosque_quintana_roo

Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

¿Cuánto carbono almacenan los bosques comunitarios en México?

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Necesario impulsar manejo forestal comunitario en Latinoamérica para conservar la Biodiversidad











Sinopsis:

side-event1

  • Integración de la biodiversidad al manejo forestal es una práctica ancestral de comunidades indígenas.
  • Indispensable canalizar recursos de la cooperación internacional a comunidades indígenas forestales para la conservación de la biodiversidad.

(COP13 CDB, Cancún, Quintana Roo – 9 de diciembre de 2016) Representantes de comunidades locales y pueblos indígenas de Latinoamérica dedicados al manejo forestal sustentable de sus bosques hicieron un llamado para que los países adopten políticas públicas eficaces y ágiles que favorezcan el aprovechamiento de sus recursos naturales de manera sostenible.

En el marco de la Conferencia de la Partes de Naciones Unidas del Convenio de Diversidad Biológica (COP13 CDB) que se celebró en Cancún, Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), indicó que está ampliamente comprobado y documentado que la conservación de los bosques y la biodiversidad en el largo plazo, está estrechamente vinculada con el respeto y reconocimiento de los derechos de las comunidades que viven y dependen de los bosques y selvas.

En el evento paralelo: Conservación de la Biodiversidad en el manejo forestal sustentable, precisó que en México es un derecho Constitucional el respeto a los derechos y libre determinación de los pueblos indígenas que, en la práctica, no se ejerce en plenitud.

side-event-2

Comunidades indígenas y bosques

En su intervención, Henderson Renfigo, líder indígena peruano y miembro de la Coordinadora de las organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), destacó la necesidad de que los cooperantes y agencias de financiamiento internacional canalicen recursos a las comunidades, porque allá no llegan todos estos acuerdos que se tratan en estos grandes eventos como la COP13 del Convenido de Diversidad Biológica.

Añadió que el tema de la integración de la biodiversidad en las actividades productivas de los pueblos indígenas no es algo nuevo, pues ancestralmente lo hemos hecho, por ello los territorios indígenas son los que presentan mejores índices de conservación.

Henderson detalló que en la Amazonía peruana los pueblos indígenas llevaron a cabo una revolución forestal en la que reclamaron el manejo de los recursos forestales, que previamente había sido depredado por particulares autorizados por el gobierno del Perú.

No obstante, comentó que aún quedan muchos retos por superar para garantizar la conservación en el largo plazo de la selva peruana, como la excesiva corrupción y la canalización de recursos suficientes para el fortalecimiento de emprendimientos productivos y la titulación de tierras a favor de las comunidades originarias.

Recuperación de bosques y desarrollo social

En este sentido, Netzar Arrortua, presidente del comisariado de bienes comunales de Capulalpam de Méndez y miembro de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Norte de Oaxaca (UZACHI), subrayó el importante papel que juegan las comunidades y ejidos en México en la conservación de los bosques y selvas y, al mismo, tiempo cubren los huecos que el Estado no atiende en sus comunidades.

Con el manejo sustentable del bosque que realizan las comunidades forestales a través de la conformación de empresas forestales comunitarias, generan recursos que son destinados para el propio saneamiento y mantenimiento de sus recursos forestales y el resto lo invierten en la generación de obra pública, como construcción de escuelas, caminos, alumbrado, entre otras.

Asimismo, Netzar Arrortua recalcó la necesidad de que el gobierno se comprometa verdaderamente con el desarrollo del sector forestal en México, “porque la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) cuando compran mobiliario prefieren adquirir productos de metal o plástico; y cuando son productos de madera son importados, en vez de apoyar el buen trabajo y de alta calidad que realizamos las comunidades de UZACHI, que estamos certificados por el FSC en manejo forestal.

Baltazar López, de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO) y miembro de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), coincidió en la importancia de que se impulse al sector forestal en México y se reconozca el papel fundamental que juegan las comunidades y ejidos forestales para mantener estos ecosistemas en buen estado y evitar el cambio de uso de suelo y la degradación de los suelos.

Por último, Cándido Mezúa, indígena de la Comarca Emberá del Panamá y representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosque (AMPB) recalcó la necesidad de generar un esquema de certificación de manejo forestal cultural para las comunidades indígenas, y que este esquema no les sea costoso, ya que prácticamente el 70 por ciento de los recursos que obtienen las comunidades panameñas tienen que pagarlo en certificación e impuestos federales.

side-event3

Indispensable asegurar a las comunidades indígenas sus derechos de tenencia de la tierra para garantizar la conservación de los bosques y combatir el cambio climático











Sinopsis:

tenencia_tierra_comunidades

El 11 de octubre de 2016 se reunieron expertos de diversos países en Washington, Estados Unidos, para abordar el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios para la conservación de los bosques, este evento representó una oportunidad única para que los participantes se reunieran y elaboraran estrategias sobre el papel del financiamiento del desarrollo en la consecución de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales para abordar la reducción de la pobreza, administrar la tierra, combatir la deforestación y el cambio climático.

En el foro denominado Asegurando los derechos de tenencia de la tierra para proteger los bosques y combatir el cambio climático: Explorando el papel de las finanzas para el desarrollo, representantes del Land Rights Now (LRN), institución co-organizadora del evento, señalaron que el objetivo central del evento fue el llamar a la Acción Global sobre los Derechos de las Tierras Indígenas y Comunitarias para duplicar el área de tierra reconocida como propiedad o controlada por los pueblos indígenas y las comunidades locales para el año 2020. En el evento se profundizó en cómo se puede orientar, coordinar y mejorar el financiamiento para el desarrollo y para ayudar a alcanzar este objetivo.

Kysseline Chérestal, Consejera de Política de Tierras en la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y miembro del Grupo de Dirección de LRN, expuso una visión general de la campaña de LRN, que se trata de un mecanismo coordinador para impulsar una acción conjunta para promover un mayor reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva.

En este sentido, el análisis elaborado por la RRI de 2015: ¿Quién posee la tierra del mundo? Demostró que, a nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen propiedad legal sólo del 10 por ciento de su tierra, a pesar de tener derechos consuetudinarios sobre más del 50 por ciento de las tierras del mundo. Esta brecha extraordinaria pone en riesgo su bienestar económico y social y los sitúa en primera línea para hacer frente a las crisis ambientales que resultan del cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, las mujeres son el sector de la población que se ven más afectadas adversamente en estas situaciones.

En su oportunidad, las presentaciones de los participantes de Kenya, Camerún, Perú y México dieron urgencia a la necesidad de otorgar más financiamiento que sitúe la tenencia de la tierra en el centro de su enfoque para aliviar las presiones externas y apoyar los medios de subsistencia derivados de los bosques y otros ecosistemas naturales.

Mientras que los presentadores del Perú destacaron que asegurar la tenencia colectiva de la tierra debe ser un objetivo en sí mismo y un primer paso para garantizar que las comunidades forestales puedan construir economías locales sostenibles.

El evento se desarrolló en dos paneles de expertos, el primer panel, denominado “El caso de los derechos de tenencia colectiva de la tierra” abordó los desafíos que dificultan el reconocimiento más amplio de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y exploró las mejores prácticas para apoyar la tenencia colectiva en proyectos y políticas de desarrollo.

Roberto Espinoza, Asesor Climático de la Asociación Paraguaya de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que “donde haya personas con derechos, habrá bosques vivos para siempre y para todos” y alentó a que mediante mecanismos de donación específicos, a través del marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se provean fondos directamente a los grupos indígenas y comunitarios para incrementar la gobernabilidad territorial, manejo y titulación de tierras indígenas.

Helen Ding, Economista Ambiental del World Resourses Institute (WRI) compartió nuevas investigaciones de un informe del WRI sobre los costos y beneficios de asegurar y mantener la tenencia de la tierra.

Indicó que los datos del estudio demuestran que los bosques indígenas autóctonos aseguran beneficios globales de biocombustibles en Bolivia, Brasil y Colombia que ascienden a un total de entre 25 a 34 mil millones de dólares en los próximos 20 años.

Yator Kiptum, del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, cuya comunidad forestal experimentó desalojos forzosos como resultado de un programa financiado por el Banco Mundial en Kenia, enfatizó que los derechos no deben estar en conflicto con la conservación, y pidió a las instituciones de financiamiento del desarrollo apoyar leyes y políticas que promuevan los derechos de los pueblos indígenas forestales a poseer y ocupar sus tierras ancestrales en bosques/áreas protegidas.

En tanto que Klaus Deininger, Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, promocionó el potencial del Marco de Evaluación de la Gobernabilidad de la Tierra (LGAF, por sus siglas en inglés) como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo financiero para ayudar a los diseñadores de políticas a generar y monitorear las reformas agrarias a nivel nacional.

En el segundo panel, titulado: Experiencias en el Manejo de Bosques y Otros Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se destacó la experiencia indígena y local en silvicultura y mitigación/adaptación al cambio climático y ofreció recomendaciones de la comunidad.

En su ponencia, Raúl Benet, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) de México, instó a los actores de las instituciones de financiación del desarrollo a transferir fondos de la reforestación a iniciativas forestales comunitarias que respalden los derechos a la tierra y eleven las voces comunitarias en la formulación de políticas públicas.

Cécile Ndjebet, Observadora de las Mujeres del Fondo Forestal para el Carbono y Presidenta de la Red Africana de Mujeres para la Gestión Comunitaria de Bosques (REFACOF), subrayó la necesidad de un enfoque de género para las cuestiones forestales y de tenencia de la tierra. Pidió mayor oportunidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.

Mientras que Henderson Rengifo, Presidente de AIDESEP del Perú, enfatizó la necesidad de apoyar no solo los derechos de tenencia indígena, sino también de las economías indígenas de “vida plena y buen vivir”, que implican una producción diversificada, un equilibrio holístico entre comunidad, naturaleza y cultura, respeto a la reciprocidad y participación equitativa en los beneficios entre todos los actores involucrados.

Por último, Gerardo Segura, del Banco Mundial, describió el papel actual del financiamiento del Banco Mundial en el apoyo a la gestión indígena y comunitaria de los recursos, así como sus planes para el apoyo continuo a través del Plan de Acción Forestal.

Algunas de las recomendaciones generadas por los participantes del Foro para avanzar en el reconocimiento de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y pueblos indígenas fueron las siguientes:

Agenda de financiamiento de desarrollo:

– Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deben crear y aumentar las contribuciones a las ventanillas de financiación para canalizar la inversión directa a las comunidades indígenas (por ejemplo, el Mecanismo de Subvenciones Dedicado, o DGM), centrándose en las contribuciones de las mujeres, así como en grupos indígenas que puedan liderar sus propias iniciativas de conservación de tierras, bosques y clima.

-IFD para cambiar los incentivos internos orientados en financiar factores impulsores de la deforestación y la apropiación de tierras, a incentivos que apoyen los derechos y economías de las tierras indígenas y comunitarias.

– Instituciones financieras de desarrollo (IFD)para trabajar juntos para aumentar la coherencia y la coordinación del apoyo de los donantes a las economías indígenas.

– IFD para proporcionar más apoyo y enfocarlo en la adaptación al clima y el papel de las mujeres en el logro de la resiliencia al cambio climático.

– IFD para llevar a cabo investigaciones futuras sobre los beneficios de asegurar los derechos de tenencia de indígenas y comunidades para informar su propia política y práctica.

Políticas

– IFD para abordar las salvaguardas las lagunas en la política de desarrollo de préstamos y préstamos a través de intermediarios financieros mediante la aplicación de salvaguardas fuertes de tenencia de tierras, bosques y climáticas entre los instrumentos de préstamo.

– IFD para fortalecer y alinear salvaguardas entre los distintos sectores e instituciones para proteger los derechos indígenas y comunitarios de la tierra.

– IFD para la evaluación de los distintas leyes y marcos normativos, a través de los sectores e instituciones sobre la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios existentes como parte del diseño de un proyecto.

 Diseño e implementación de proyectos:

– IFD para trabajar en incrementar el apoyo a la gobernabilidad territorial.

– IFD para incrementar el apoyo financiero para el fortalecimiento de las cuestiones de gobernanza en la tenencia de la tierra.

 – IFD para apoyar a los gobiernos a asegurar la titulación de tierras indígenas y el apoyo a las economías indígenas para que se integren en los planes y políticas nacionales.

– IFD para incorporar las voces indígenas y comunitarias en el diseño de proyectos, particularmente las de las mujeres.

– Mecanismos de rendición de cuentas para incrementar la capacidad de abordar el daño relacionado con la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios.

Posicionamiento del CCMSS ante la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica











Sinopsis:

posiconamiento_ccmss_cop13_cdb

Del 2 al 17 de diciembre se llevará a cabo en Cancún la décimo tercera reunión de las partes de la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Esta cumbre reúne a representantes de 196 países y tiene entre otros objetivos el de establecer medidas estratégicas para el logro de Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y para integrar la biodiversidad en todos los sectores.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) considera de enorme importancia que se incluya en los acuerdos de esta COP, el reconocimiento explícito del manejo forestal comunitario y sustentable como un instrumento y mecanismo eficaz para la conservación de la biodiversidad y el logro de las metas de Aichi.

Esta cumbre es una oportunidad para mostrar al mundo la importancia que tiene el manejo activo y sustentable de los bosques y la gobernanza de los territorios forestales para la conservación de la biodiversidad, y para poner en la agenda de los tomadores de decisiones la importancia de priorizar, mediante políticas públicas y financiamiento, el desarrollo de esquemas de manejo sustentable de los territorios forestales comunitarios.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es un compromiso mundial de cumplimiento obligatorio (vinculante) en el que participan 196 países, incluido México, y que fue originalmente acordado en la Cumbre de Río de 1992.  Éste busca conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y garantizar el acceso equitativo a los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos. Es considerado uno de los principales instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible, ya que el ámbito al que se refiere abarca la conservación y el uso de los ecosistemas, las especies de animales, plantas, hongos, microorganismos y toda forma de vida, además de la diversidad genética.

Tal vez el principio rector más importante de este convenio es que el uso de los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos debe realizarse en beneficio de los seres humanos y debe llevarse a cabo de manera tal que no provoque la pérdida o deterioro de la diversidad biológica. El CDB aborda el ecosistema de manera integral, y se basa en el principio precautorio.

México es uno de los países del mundo con mayor diversidad biológica, y la biodiversidad mexicana tiene una singularidad muy importante: Cuando se considera la diversidad de ecosistemas, México aparece entre los cinco países más biodiversos del mundo. Y esto tiene implicaciones para el manejo y la conservación de la biodiversidad. El establecimiento de áreas naturales protegidas puede proteger a las especies que habitan en determinada área pero además deben de ponerse en marcha otras estrategias adicionales dado que en un territorio donde los ecosistemas cambian continua y significativamente formando mosaicos complejos a lo largo del territorio, los  esfuerzos de conservación deben basarse en una visión que contemple de manera integral la complejidad del territorio en su conjunto y debe considerar el manejo y el aprovechamiento de los recursos forestales como un elemento importante de la estrategia de conservación.

Otra particularidad de México en términos de su biodiversidad, es el hecho de que diversas culturas indígenas han habitado este territorio de manera ininterrumpida desde hace varios miles de años. Según el censo de población y vivienda 2010, la población indígena en México es de 15.7 millones de personas de al menos 67 grupos indígenas. La mayoría de las comunidades indígenas se asientan en regiones forestales ricas en biodiversidad. Actualmente, al menos la mitad de la superficie del país pertenece a núcleos agrarios ejidales o comunales. Cerca del ochenta por ciento de los bosques y selvas son de propiedad ejidal o comunal.

A lo largo de los siglos, y mediante su interacción y manejo, las comunidades han conformado de manera importante el entorno natural. Esto ha provocado una inmensa diversidad de variedades de especies utilizadas para todas las actividades humanas, y particularmente la alimentación. Como resultado de esta interacción y manejo del territorio por parte de las comunidades, Mesoamérica es uno de los grandes centros de origen y diversificación de los alimentos del mundo. La diversidad de variedades de maíz y frijol constituyen una fracción muy significativa de la base alimentaria del planeta, además de una cantidad importante de otros cereales, frutas y hortalizas (calabaza, amaranto, aguacate, tomate, chile, etc.).  El territorio mesoamericano es el reservorio natural de la diversidad genética de estas y muchas otras especies que tienen importancia mundial.

En el ámbito forestal, la biodiversidad de México también destaca por diversos motivos. En primer lugar, más de la mitad de su territorio está cubierta por selvas y bosques. Tenemos diversas formas de selva húmeda, de selva seca, de matorral, de bosque templado, de bosque mesófilo de montaña, además de los manglares y muchos otros ecosistemas catalogados como forestales. La riqueza de especies forestales de México es particularmente notable. México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas más de encino, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría de ellas utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos territorios, y muchas de ellas con un valor importante en el mercado. Una fracción muy significativa del territorio de México es eminentemente forestal.

Toda esta biodiversidad no sería posible de entender si no se considera el papel que han jugado las comunidades en su gestación, y el que juegan actualmente en su manejo y conservación.

El CCMSS, considera que la intervención gubernamental en las regiones forestales debe tomar en cuenta el derecho de las comunidades a poseer de manera legal y plena su territorio, y que debe respetarse su derecho a mantener el control sobre el manejo de dichos territorios. Consideramos equivocada la política gubernamental que establece pesadas regulaciones que atentan contra los derechos de acceso a los recursos por parte de las comunidades locales y que desestimulan a los dueños de los terrenos forestales a optar por la vía legal en el aprovechamiento de sus bosques.

El CCMSS considera fundamental la revisión de la política forestal que opera la actual administración de tal manera que se pueda avanzar hacia una simplificación de la gestión forestal que favorezca el manejo y la conservación de la biodiversidad.

Existe abundante evidencia científica y empírica que muestra que la cobertura forestal y los atributos ambientales, incluyendo la biodiversidad, la infiltración de agua y la captura de carbono, se encuentran en buen estado en los ejidos y comunidades que hacen un aprovechamiento activo de sus bosques. Los motivos que explican por qué resulta efectivo el manejo son bastante sencillos. Las actividades de sanidad, manejo del fuego, vigilancia, cuidado, protección y restauración necesarias para que un bosque se conserve sano tienen un costo y requieren de la participación de una gran cantidad de personas que tengan un interés y capacidad para el cuidado y vigilancia del bosque. Y las personas que habitan en los territorios tienen necesidades y son quienes conocen y viven del territorio. Si el bosque no rinde beneficios se abandona, lo que implica que se quemará, se plagará, se talará de manera perjudicial, o bien el bosque se sustituye por tierras que tengan otro valor productivo, como la ganadería, que en la mayor parte del país es la principal causa de deforestación.

No obstante, la regulación mexicana impone a las iniciativas de manejo y aprovechamiento forestal un complejo esquema de trámites, requisitos y pagos de derechos que favorece su desarrollo.  Las comunidades forestales en México que han tenido planes de manejo forestal y operan sus propias empresas forestales, invierten sistemáticamente en el bienestar de sus bosques. Dentro de los planes de manejo, invariablemente existen atributos de valor especial o zonas que son destinadas a la conservación, además de que se establecen compromisos de restauración, atención a plagas e incendios, vigilancia, etc. En estos casos, las comunidades tienen recursos y estímulos para invertir en el cuidado de sus bosques.

En México existen cerca de mil empresas forestales comunitarias, y cada día más de ellas cuentan con certificación de buen manejo forestal bajo los mismos estándares de cuidado que se observan en países como Suecia o Finlandia, por mencionar algunos ejemplos.

Además de producir madera, las comunidades y ejidos que habitan y manejan los territorios forestales conservan y producen, de manera sustentable, productos como miel, pimienta, carbón, café, resina, ocote, cacao, mezcal, fibras, plantas medicinales, semillas, hongos y un sinnúmero de productos que conforman una parte sustantiva de la biodiversidad.

Por todo lo anterior existe un sólido fundamento histórico, legal y funcional que sustenta la noción de que la mejor forma de conservar la biodiversidad y contribuir a mejorar las condiciones en las que viven las poblaciones rurales, es mediante el manejo activo de sus bosques.

Cualquier decisión que tome la Convención para la Diversidad Biológica tiene que considerar los derechos, las capacidades y las oportunidades que significan las comunidades locales para la conservación y manejo de la biodiversidad.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estará organizando y participando en actividades dentro y en torno a la COP 13, como un Side Event en el que se compartirán experiencias exitosas que muestran la importancia del manejo forestal comunitario e indígena en la conservación de la biodiversidad en México y Centroamérica.

Descarga el documento en PDF aquí.

Necesario fortalecer a comunidades rurales ante presiones extractivistas











Sinopsis:

México tiene una enorme riqueza en activos naturales, pero tiene un enorme reto para garantizar su sostenibilidad. Esto implica la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas y visiones que nos permitan tomar decisiones y generar políticas públicas para garantizar una gobernanza efectiva de los territorios y los recursos, planteó Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) que se imparte en la UNAM.

Durante su intervención en la apertura de los trabajos del seminario que se lleva a cabo en la Universidad, la especialista destacó que “las comunidades rurales son elementos clave para la gestión y conservación de recursos como el agua y los bosques; puesto que tenemos ejemplos exitosos de emprendimientos sociales en la materia desde los años 80 y 90.”

“Solo la sociedad civil, somos quienes podemos plantar cara contra las iniciativas extractivistas y privatizadoras de bienes de uso común, como el agua,” enfatizó Ugo Mattei, investigador y profesor de la Universidad de Turín, Italia.

Soluciones integrales e interdisciplinarias

En la primera sesión del SUSMAI, que centró la discusión en el tema de la defensa del acceso social al agua, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para asegurar un libre acceso al agua es necesario romper con una tradición de más de 30 años de un paradigma economicista de gestión de los recursos, en el que todo gira en torno de las reglas del mercado, porque “esto ha generado el desconocimiento de los derechos de los pueblos, el desmantelamiento de las instituciones sociales y el expansionismo de la privatización de bienes de uso común como el agua.”

“Desafortunadamente, México es emblemático en sus transformaciones jurídicas a favor de la acumulación y el extractivismo como la ley minera, la de inversión extranjera; las reformas privatizadoras, como la energética,” lamentó el investigador.

Otro de los retos para generar soluciones que nos permitan garantizar el acceso al agua, tal cual se establece en el artículo cuarto de la Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”; “es necesario que la academia trabaje de manera interdisciplinaria, y parece que los especialistas de las distintas áreas del conocimiento se están comenzando a entender mutuamente y están comenzando a generar paradigmas teóricos y soluciones de forma conjunta”, resaltó Luis Zambrano, titular del Instituto de Biología de la UNAM.

Explicó que “la fragmentación del conocimiento generó efectos en otros niveles, como la segmentación de las relaciones personales y la separación de las personas mismas. Para atender los problemas sociales y locales es necesario juntar diversas áreas del conocimiento y generar confianza entre estas para poder actuar con un enfoque integral.”

Visión de cuenca y gestión integrada del territorio

Por su parte, Raúl Pineda, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) subrayó la importancia de atender las problemáticas socio-ambientales desde una visión de cuenca, con delimitaciones marcadas por las propias dinámicas naturales.

Precisó que “la cuenca nos ofrece una visión integrada de las presiones sobre los territorios y sus recursos: como el agua.”

Desde un enfoque de cuenca, agregó, “podremos encontrar mejores soluciones para la gestión de los recursos y el desarrollo de las comunidades que las habitan, además todos habitamos una cuenca.”

Garantizar el acceso al agua

Para garantizar la disponibilidad y acceso al agua es necesario prestar particular atención a las dos industrias más perversas: la minería y el fracking, aseveró Marisa Mazarí, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Comentó que es contradictorio que se quieran cumplir con metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y al mismo tiempo se brinden tantas facilidades para la extracción minera y la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Sobre este tema, Ugo Mattei detalló que “privilegiar la privatización de los recursos es uno de los más grandes errores. El agua es un bien común que no se puede comercializar, ni gobernarse de acuerdo con las reglas del mercado. Porque desde una visión privada y de mercado, si yo vendiera agua, tendría que hacer todo lo posible por vender la mayor cantidad al menor costo de producción y eso es insustentable con el agua”.

*Fotografía: Arturo Campos Cedillo

Sociedad civil de AL rechaza que el Banco Mundial rebaje sus salvaguardas











Sinopsis:

bancomundialEl Banco Mundial emprendió hace un tiempo un proceso de revisión de las salvaguardas sociales y ambientales que impone a los proyectos que financia. Por desgracia, esta revisión ha sido, hasta ahora, a la baja, reduciendo las exigencias marcadas y poniendo en riesgo a comunidades campesinas e indígenas, la biodiversidad y los servicios ambientales de los que todos dependemos. En vista de ello, dos centenares de organizaciones de la sociedad civil presentaron el posicionamiento que se reproduce aquí.

(más…)

Nuevo reporte del IPCC: el campo emite cada vez menos CO2











Sinopsis:

emisiones por sector_chEl Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) acaba de publicar su nuevo reporte comprehensivo sobre la situación de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos sobre el planeta. Es el primer documento de este tipo desde 2007 y su contenido, aunque podría ser más oscuro, no se presta para celebraciones. Según todos los indicadores, los últimos años del siglo XXI han sido los peores de la historia en este aspecto, y las emisiones, en lugar de reducirse año con año, aumentan.

Una de las pocas buenas noticias que presenta el informe es que las emisiones provenientes del campo se redujeron entre 2000 y 2010. Las mejorías fueron tan significativas que el total de gases de efecto invernadero del sector es aún menor que hace 30 años. En el caso de los gases que se emiten por cambio de uso de suelo y por silvicultura, las reducciones fueron tales que el sector emite prácticamente la misma cantidad de gases de efecto invernadero que a principios del siglo pasado.

(más…)

COP mexicana sobre biodiversidad: una ventana para afianzar avances











Sinopsis:

Acaba de anunciarse que México será el anfitrión de la próxima Conferencia de las Partes (COP) de la Convención sobre Diversidad Biológica, y es una estupenda noticia. Con la celebración de esa cumbre se abre para México una enorme oportunidad para consolidar los avances en conservación de la vida silvestre; para corregir la muy onerosa sobrerregulación que aplican las autoridades mexicanas al aprovechamiento sustentable de recursos forestales (no así a la minería ni a otras actividades depredadoras de la naturaleza), y para avanzar en el impulso al manejo sustentable de los recursos forestales, dentro y fuera de las áreas protegidas, preparándonos para adaptarnos al cambio climático, impulsando el desarrollo social y recuperando los ecosistemas que se hayan degradado o de plano perdido.

En esta nueva entrega de nuestra columna en la revista Eme Equis, hablamos sobre la Convención, los protocolos y metas que la acompañan y completan, y algunas acciones que se pueden dar al respecto. Sigue leyendo la columna aquí, en el portal de la revista.