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Una plataforma que impulsa a comunidades mayas para el manejo de sus recursos forestales











Sinopsis:

 

Los bosques y selvas comunitarios proveen enormes beneficios a las sociedades rurales en México. A través del manejo y el aprovechamiento forestal, cientos de comunidades rurales han mejorado sus niveles de vida y conservado un preciado patrimonio natural. A pesar de las bondades de este esquema, las comunidades dueñas de los bosques y selvas del país enfrentan una serie de obstáculos que ralentizan, y en el peor de los casos frenan, el desarrollo de emprendimientos productivos basados en el manejo y aprovechamiento forestal, tales como la excesiva y rígida regulación que permea al sector, y como la falta de una inversión por parte del Estado en bienes públicos que favorezcan su crecimiento.

De acuerdo con estimaciones del investigador Frederick Cubbage, en México operan alrededor de 990 empresas forestales comunitarias con distintos niveles de desarrollo, pero este número podría ser mucho mayor, por lo menos el doble, puesto que hay más de 12 mil comunidades y ejidos que cuentan con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas, lo que representa una superficie de 97 millones de hectáreas de cobertura bajo propiedad social, esto equivale al 70 porciento de la cobertura forestal del país.

El mecanismo de la Plataforma Forestal

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible desarrolla una estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de ejidos dueños de selvas para aumentar el control de sus recursos forestales y con ello mejorar la gestión de los territorios comunitarios.  Se trata de una estrategia que puesta por la propiedad social, el manejo comunitario de la selva y la conservación activa de los paisajes forestales. Apuesta por el desarrollo de capacidades locales para el control de los medios de producción y por la participación de jóvenes, mujeres y personas con y sin derechos agrarios.

Esta Estrategia trabaja con ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que cuentan con Programas de Manejo Forestal, pero que carecen de capacidades técnicas, organizativas y económicas para liderar una gestión forestal.

En el estado de Quintana Roo la propiedad de la tierra es mayoritariamente ejidal. La entidad cuenta con 2.8 millones de hectáreas de selva que pertenecientes a 275 ejidos, la gran mayoría de ellos, con población indígena maya que vive en condiciones de pobreza en medio de una gran riqueza natural. Partiendo de las realidades regionales, el CCMSS diseñó un mecanismo financiero denominado “Plataforma Forestal”, que funciona como instrumento promotor de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario. Mediante este instrumento financiero se da un soporte económico a los ejidos para la operación de actividades que mejoran sus capacidades para la gestión forestal en el marco de planes anuales de trabajo. A su vez, la Estrategia cuenta con un equipo técnico de calidad que acompaña y asiste técnicamente a los ejidos a lo largo de la operación de sus planes forestales anuales.

Con una convocatoria abierta a lo largo del año, los ejidos interesados en participar en la Plataforma Forestal presentan su candidatura a través de una carta de intención elaborada por el propio ejido, comprometiéndose a trabajar bajo una serie de principios de rendición de cuentas y transparencia, inclusión social, gestión colectiva y beneficio común, y cumplimiento a la normatividad ambiental.

El mecanismo de la Plataforma Forestal cuenta con un fondo que es gobernado por un Comité Técnico conformado por representantes de la CONABIO, la CONAFOR y la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo y del CCMSS. Este Comité colabora con la revisión y calificación de las propuestas de los ejidos, crea sinergias con los programas gubernamentales para potenciar las iniciativas ejidales y dar transparencia a la operación de la Plataforma Forestal.

“Se trata de un instrumento que busca cambiar aquellas formas viciadas de acceder a recursos públicos donde las necesidades del ejido las determina la institución gubernamental bajo un nivel nacional y el prestador de servicios técnicos según sus capacidades y habilidades de gestionar los mayores recursos económicos posibles”, refiere Sara Cuervo, coordinadora del CCMSS en la Península de Yucatán.

La Plataforma Forestal dispone de unos componentes de financiamiento que fueron diseñados considerando las debilidades y carencias que presentan los ejidos en la región y que al ser estimuladas puedan abrirse nuevos escenarios de crecimiento y participación local con una menor dependencia de intermediarios y de prestadores de servicios técnicos.

En Quintana Roo, y más concretamente en el municipio de José María Morelos, el sector forestal presenta una tendencia de estancamiento. En los últimos años la producción maderable ha caído en un 50 por ciento y solo se produce un 20 por ciento de los volúmenes autorizados para el aprovechamiento forestal.

Muchos de los ejidos dueños de terrenos forestales tienen inactivos sus o programas de manejo forestal autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat). Además, la mayoría de estos instrumentos de manejo presentan deficiencias serias en su elaboración que impiden el crecimiento exitoso de iniciativas productivas y comerciales.

La totalidad de estos ejidos carecen de capital para llevar a cabo sus actividades de aprovechamiento forestal, inclinándose por un esquema “rentista” de sus recursos forestales, es decir, venden la madera en un eslabón inicial de la cadena condenando el emprendimiento a ingresos muy bajos, participaciones locales reducidas y prácticas poco sostenibles en las labores del aprovechamiento forestal al haber cedido el control de sus recursos.

Sara María Cuervo, indica que la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario pretende mostrar en la región escenarios de manejo forestal distintos, en los que los ejidos y las personas locales logren roles más dignificantes basados en una participación efectiva y un beneficio real para las familias. Las actividades para lograr lo anterior se dinamizan a través del fortalecimiento permanente de capacidades locales para la gestión forestal, la aplicación de prácticas de aprovechamiento de bajo impacto, el desarrollo de iniciativas que diversifiquen la producción y aumenten su valor y la inclusión de jóvenes y mujeres en el manejo forestal comunitario.

Comenta que de los 9 ejidos que participan en el mecanismo, y que son dueños de alrededor de 24 mil hectáreas de selva bajo manejo, ya hay experiencias reveladoras que nos demuestran que abandonar el esquema rentista es posible, que se requiere de mayor participación de la gente local y de una intervención más inteligente.

Los ejidos que participan en la Plataforma forestal reciben acompañamiento técnico para la elaboración de planes forestales ejidales, en los que se describen las actividades que llevarán a cabo durante el año con el respaldo del financiamiento que este mecanismo les ofrece. Son los propios ejidos los que deciden en sus asambleas en qué quieren trabajar e invertir los recursos, siempre y cuando las actividades estén acordes a su nivel de desarrollo y contribuyan al control comunitario de sus recursos forestales.

A lo largo de la operación de los planes ejidales se evalúa el desempeño de los ejidos y se establecen acuerdos de mejora. Estas evaluaciones sirven de insumo al Comité Técnico de la Plataforma Forestal para dar un seguimiento de los procesos comunitarios y tomar decisiones inteligentes considerando áreas de oportunidad que permita contar con más y mejores experiencias de manejo forestal comunitario en la región.

Inclusión en el manejo forestal

La inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades para la gestión forestal en los ejidos es un elemento transversal de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario, además de contar en la Plataforma Forestal con actividades específicas que promueven que las estructuras ejidales faciliten la participación de mujeres y jóvenes en actividades de la operación forestal. A través de formaciones con enfoques técnicos y de desarrollo humano, jóvenes y mujeres de los ejidos están enriqueciendo las iniciativas forestales comunitarias y construyendo escenarios para una participación más efectiva.

Las directivas ejidales se ven fortalecidas con la participación activa de jóvenes del propio ejido en tareas como la operación de controles administrativos de la operación forestal y de inventarios de la madera, la generación de reportes a las asambleas ejidales, la cubicación de la madera en rollo y el llenado de la documentación legal, entre otras.

Las habilidades y visión de los jóvenes dinamizan las operaciones forestales de los ejidos, al mismo tiempo, los jóvenes encuentran espacios de participación, inicialmente muy operativos y con miras de lograr incidir en la toma de decisiones del ejido; cosa que generalmente no ocurre, porque tradicionalmente solo los titulares de derechos agrarios tienen voz en la toma de decisiones y goce pleno de los recursos.

Asimismo, la estrategia fomenta la participación activa de mujeres a través de la conformación de grupos de trabajo que puedan emprender iniciativas productivas que se inserten en el proceso de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de los ejidos, como la conformación de viveros comunitarios para la producción de planta forestal de calidad que se empleará en las reforestaciones de los ejidos.

Las mujeres que deciden integrarse a estos grupos de trabajo reciben capacitaciones técnicas y talleres para fortalecer los procesos de organización, liderazgo y autogestión.

Más allá de la participación en actividades productivas, se pretende que las mujeres desempeñen un rol más protagónico en la toma de decisiones, que se respeten sus puntos de vista y se valore su valiosa aportación en la vida comunitaria.

Algunos resultados

Con la puesta en marcha de la Plataforma Forestal se ha logrado que 9 ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que son dueños de una superficie forestal de 24 mil hectáreas, estén tomando decisiones más acertadas para la gestión de los paisajes forestales y el mejoramiento del entorno comunitario.

Más de 1,300 ejidatarios participan y reciben beneficios y co-beneficios de la apropiación del proceso de manejo y aprovechamiento de su selva. Como ejemplo, el Ejido San Felipe Oriente ha logrado avanzar de manera importante en la consolidación de su Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña) mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva de carbón vegetal con hornos metálicos, la apertura de nuevos canales comerciales y la integración de un colectivo de mujeres que realiza el proceso de envasado de un producto diferenciado.

Asimismo, Ejidos como Dziuché, Puerto Arturo y Rancho Viejo han reactivado sus planes de manejo forestal y en 2017 comenzaron con sus labores de producción de madera en rollo, dejando beneficios considerables a las familias locales. Consideran que un siguiente paso es diversificar su producción y hacerse cargo de nuevos eslabones de la cadena de valor para así generar mayores beneficios a los ejidatarios y más empleos para toda la población local.

Durante 2016, a través de la Plataforma Forestal se canalizaron 1.8 millones de pesos a los ejidos para que pudiesen llevar a cabo sus planes forestales ejidales y se logró la alineación de otros 3.5 millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional Forestal que fueron dotados directamente a los ejidos.

También se ha logrado la participación activa de jóvenes en las actividades de aprovechamiento forestal en todos los ejidos que forman parte de la Plataforma Forestal. Asimismo, tres colectivos de mujeres han establecido viveros comunitarios para la producción de planta nativa que se venderá a los ejidos para las tareas de enriquecimiento de las áreas de selva aprovechadas.

Las ADVC, un compromiso comunitario para la conservación

Los bosques comunitarios almacenan al menos la mitad del carbono forestal de Mesoamerica










Sinopsis:

 

 

Los ejidos y comunidades de México son poseedores de más de 70 por ciento de los bosques y selvas del país. Estos ecosistemas nos proveen de servicios ambientales como la captura de agua para la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura, el control de la erosión, la contención de azolve, además de albergar una gran biodiversidad, producto de las condiciones geográficas y del manejo y uso sustentable que han desarrollado las comunidades originarias de nuestro país a lo largo de siglos.

Para asegurar la conservación en el largo plazo de esta gran riqueza biocultural, muchas de esas comunidades y ejidos han tomado la decisión de incorporar segmentos de su territorio a un régimen especial de manejo y protección, debido a sus altos valores y atributos vinculados con los servicios ambientales que prestan. A estos espacios se les conoce como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), que desde el año 2008 pueden obtener el reconocimiento de la federación para ser considerados como Áreas Naturales Protegidas de competencia federal y por lo tanto obtener beneficios como evitar la exploración y extracción de hidrocarburos dentro de estos predios.

Las ADVC están blindadas frente a desarrollos de obra pública y mega-proyectos, de la misma forma que las ANP`s federales o estatales ya que están contempladas dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LEEGEPA).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) al día de hoy, 384 predios se encuentran certificados como ADVC, que equivalen a una superficie de 413 mil hectáreas, de las cuales el 60 por ciento corresponden a predios de ejidos y comunidades; 39 por ciento son privados y 1 por ciento federales.

Salvador Anta Fonseca, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, indica que hay más de 280 mil hectáreas destinadas voluntariamente a la conservación solo en el estado de Oaxaca, entidad en la que surgió el esquema a mediados de la década de los 90. Además de las áreas certificadas existe una gran cantidad de superficie de bosque que en la práctica  esta bajo regímenes de conservación comunitaria pero que no cuentan con el certificado de ADVC.  “Hay estimaciones de que a nivel nacional se tiene poco más de un millón de hectáreas que se encuentran en un esquema de conservación voluntaria por parte de sus dueños, principalmente las comunidades y ejidos.

Si bien es cierto que estos esquemas de conservación son poco reconocidos, se sabe que son una vía para incorporar mucha más superficie al manejo del bosque, de hecho, “podríamos llegar a 5 millones de hectáreas si contásemos con una política fuerte y bien diseñada de impulso a este esquema y trabajando comunidad por comunidad”, destaca Salvador Anta.

Ejemplifica que se podrían lograr casos como el de las seis comunidades del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (Corenchi), que se ubican en la Sierra Norte de Oaxaca, y que desde hace más de 15 años iniciaron acciones para proteger sus bosques mediante una serie de instrumentos de gestión territorial para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

Corenchi posee una superficie de vegetación continua de 26 mil 770 hectáreas en buen estado de conservación. Esta organización, que aglutina a varias comunidades chinantecas, resguarda un importante reservorio de bosque mesófilo que a la vez manejan desarrollando diversas actividades productivas sustentables.

 

Falta de recursos y justicia social

Una de las limitantes de este esquema, que impide que la superficie bajo conservación voluntaria se incremente es la ausencia de una política fuerte y comprometida que incentive el establecimiento de nuevas ADVC´s; una política que incluya una serie de instrumentos financieros y fiscales que impulsen a los dueños de los territorios forestales a avanzar en sus iniciativas de conservación.

Hoy día, existen presupuestos muy limitados destinados a ello que permitan apoyar el desarrollo de acciones de manejo y mantenimiento, como brechas cortafuego, brigadas de vigilancia, aclareos, chaponeos, reforestaciones, caminos, colocar señalética, entre muchas otras actividades.

Los únicos apoyos destinados a las ADVC son los que otorga la Conanp a través de su Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable (Procodes), el Programa de Empleo Temporal; además del Programa de Pago por Servicios Ambientales, a cargo de la Conafor. Es importante señalar que estos tres programas de apoyos sufrieron un severo recorte para este año 2017, de más del 60 por ciento con respecto al año previo.

De acuerdo con un análisis de la consultora Visto Bueno Política Ambiental, el mecanismo de ADVC “está inacabado porque actualmente no se cuenta con recursos para los dueños de los predios bajo este esquema, está pendiente la inclusión de criterios de justicia social que permitan que los propietarios reciban una retribución justa por los servicios ambientales que prestan sus terrenos a la colectividad”.

Por lo anterior, esta organización propone modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a su reglamento, con el fin de destinar fondos provenientes de un pago de derechos por el uso o aprovechamiento de elementos naturales y servicios ambientales que se retribuyan a las comunidades y ejidos comprometidos con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

 

*Fotografías: 1) Consuelo Pagaza para CCMSS; 2 y 3) CONANP

Las comunidades indígenas, custodias de los bosques y la biodiversidad

Comunidades indigenas










Sinopsis:

Comunidades indigenas

  • 9 de agosto, Día internacional de los pueblos indígenas

Las comunidades locales y los pueblos indígenas de México son actores fundamentales para la conservación de la enorme riqueza cultural y natural de nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 39 por ciento de los bosques y 60 por ciento de las selvas se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.

En el marco del Día internacional de los pueblos indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, vale la pena subrayar que en México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), alrededor de 5 millones de personas pertenecientes a alguna etnia habitan en ecosistemas forestales, es decir, más de 41 por ciento de la población indígena vive y depende en gran medida de los bosques para satisfacer sus necesidades de alimentación y generación de ingresos, entre otras.

Muchas de las comunidades originarias, dueñas o legítimas poseedoras de los bosques y selvas del país, viven en condiciones de pobreza y marginación. Viven en pobreza a pesar de la gran riqueza natural que poseen. Esto se debe, entre otras cosas, a un conjunto de elementos que obstaculiza su desarrollo y a la falta de opciones para aprovechar y potenciar sus capacidades productivas.

No obstante, existen muchos ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales indígenas que a través de su arraigo a la tierra y del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales han logrado consolidar empresas comunitarias, como los ejidos de Amanalco, en Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo, en Michoacán; o el Ejido Caobas, en Quintana Roo.  Así como estos ejemplos, operan en México más de 900 comunidades forestales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex. De hecho, 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que controlan en diferentes grados los procesos productivos.

Estas empresas forestales comunitarias, además de fomentar la conservación y el uso sustentable de sus bosques, han mejorado considerablemente el nivel de vida de sus comunidades, pues destinan un promedio de 30% de sus utilidades a obra social, como la construcción de escuelas, caminos, clínicas, tiendas de abastos, centros comunitarios, entre otras obras.

A diferencia de las empresas privadas, las empresas forestales comunitarias tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y generar empleos para los miembros de la comunidad y mantener las funciones ecológicas de sus bosques. Estas empresas han avanzado significativamente y mejorado sus prácticas silvícolas, de tal manera que el Forest Stewardship Council (FSC), la más importante entidad certificadora internacional, ha certificado el buen manejo de más de 900 mil hectáreas de bosques comunitarios del país. Adicional a esa cifra, cerca de 5 millones de hectáreas de estos ecosistemas están bajo diversos esquemas de manejo forestal administrados por comunidades campesinas e indígenas, de acuerdo con el Programa Estratégico Forestal 2025 de México.

Estos modelos de producción sustentable han enfrentado en años recientes serios problemas y una serie de trabas que obstaculizan el pleno derecho de las comunidades a manejar sus territorios. Los complicados y caros procesos de tramitación de permisos de aprovechamiento forestal, la excesiva carga fiscal y regulatoria, la persecución de autoridades de inspección y vigilancia; junto con una orientación equivocada de los programas de subsidio, son causantes del debilitamiento de diversas iniciativas comunitarios vinculadas al aprovechamiento de los bosques.

A propósito de la conmemoración del décimo aniversario de la Declaratoria de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en cuya elaboración México participó, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a promover decididamente el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas del país. Es urgente hacer una revisión crítica de la intervención gubernamental en las zonas rurales e indígenas, pues a lo largo de los años se ha puesto énfasis en el desarrollo de programas asistenciales y subsidio al consumo, lo que ha resultado contraproducente y ha generado graves daños a las economías locales.

“Llegamos a los 10 años de esta declaratoria y nos encontramos con la ausencia de un compromiso gubernamental para el impulso a la producción rural campesina. La política pública hacia las regiones campesinas ha provocado el despojo de tierras, favoreciendo el desarrollo e inversión de grandes proyectos agroindustriales privados sobre territorios indígenas y campesinos. Esto no sólo contraviene los principios de la Declaratoria, sino que además ha roto el tejido social de las comunidades, destruido sus recursos naturales y sus modos de vida tradicionales y mermado su calidad de vida”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del CCMSS.

De acuerdo con el artículo 29 de la Declaratoria de ONU, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”. Esto además es congruente con lo que señala el artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Estos principios y derechos, entre otros, claramente están siendo infringidos en México, donde los pueblos indígenas hoy enfrentan fuertes presiones para obligarlos a ceder sus territorios a mega-proyectos como las plantaciones de palma africana y el cultivo de la soya en Campeche; los desarrollos mineros en Guerrero y los desarrollos turísticos en las costas del Pacífico.

Es urgente instrumentar cambios profundos en la intervención gubernamental orientada a las comunidades campesinas e indígenas, y tomar las medidas necesarias para asegurar la alineación de la inversión pública hacia el campo ya que hasta ahora ésta se ha quedado en los discursos y en la retórica. Hoy cada dependencia opera de manera aislada, sectorialmente, sin la voluntad de coordinar acciones, sin un enfoque de desarrollo territorial y con programas claramente contradictorios que resultan nocivas para las comunidades y sus territorios.

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Comunidad indígena de Oaxaca conserva su bosque para mantener viva su cultura e identidad











Sinopsis:

La comunidad indígena de Santa Cruz Tepetotutla, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, conserva más de 9 mil hectáreas de bosques comunitarios. “Nosotros amamos nuestro espacio, valoramos los beneficios que nos ofrecen los recursos naturales y con el ánimo de retener a nuestros hijos en nuestro territorio, decidimos emprender un programa de conservación voluntaria del bosque,” asegura Pedro Osorio Hernández, que actualmente es guía de ecoturismo en la comunidad y ha sido presidente de bienes comunales.

Conservar el bosque no significa que uno no pueda entrar ni tocarlo, se trata de hacer actividades productivas sustentables que no le generen impactos negativos.  Por ejemplo, explica Pedro, “nosotros producimos miel, café y madera, pero además hacemos conservas y mermeladas y recolectamos leña, frutos y hongos del bosque sin dañarlo.” Asimismo, cuentan con rutas de senderismo y actividades de ecoturismo que generan ingresos y empleos para la comunidad.

Esta comunidad indígena ve en el manejo sustentable de su territorio una oportunidad de conservar su identidad cultural a través del manejo de sus recursos naturales. “La conservación le da un valor agregado a nuestro espacio, y eso es bueno porque queremos generar ingresos y empleos sustentables para mantener viva nuestra cultura y biodiversidad,” destaca.

Pedro Osorio plantea que para Santa Cruz Tepetotutla “es un gran orgullo, conservar nuestro bosque con actividades sustentables, porque somos comunidades marginadas y si no generamos empleos en nuestra comunidad tendríamos que migrar a otros espacios, y como no tenemos estudios ni recursos, nos es muy complicada la vida en otros lados.”

En cambio, “en nuestro territorio nosotros somos autoridades y tenemos control de nuestros recursos. No nos discriminamos en nuestra propia comunidad, como sí ocurre cuando tenemos que migrar a buscar trabajo,” subraya.

Llevar a cabo actividades de conservación del territorio, ha sido una decisión colectiva de mucha importancia. Santa Cruz Tepetotutla, comunidad indígena chinanteca, también decidió formalizar su decisión de destinar una importante área de su territorio a la conservación y gestionó su registro ante la CONANP como una Área Destinada Voluntariamente a  la Conservación (ADVC).  Este registro ha convertido a este territorio comunitario en una “Área Protegida” formalmente, pero con la diferencia de que esta es propiedad de la comunidad y es administrada por los comuneros.  Así Santa Cruz se suma a las 385 ADVC que se tienen registradas en México con una superficie que supera ya las 400 mil hectáreas.

En esta Área de Conservación Voluntaria no solo se trata de mantener en pie su bosques y biodiversidad para la provisión de servicios ecosistémicos, como la recarga de mantos acuíferos, generación de aire limpio, captura de carbono, belleza escénica, entre muchos otros; sino que “al conservar nuestro espacio conservamos nuestra cultura, tradiciones, fiestas y gastronomía. A eso nos referimos con conservación, al manejo integrado del territorio para que se mantenga, para que contribuya al bienestar de la sociedad actual y para dejarlo como legado para nuestros hijos y nietos.”

La comunidad de Santa Cruz tiene una población de 700 habitantes y una superficie de 11 mil hectáreas, de las cuales 9 mil 570 están destinadas a la conservación. Sin embargo, no son los únicos que creen en este mecanismo de conservación activa de sus bosques y recursos naturales, junto con otras tres comunidades conforman un corredor regional de bosques destinados a la conservación de más de 26 mil hectáreas. Este corredor lo integran, además de Santa Cruz, San Antonio del Barrio, San Antonio Analco y San Pedro Tlatepusco.

Esta iniciativa comunitaria lleva operando ya más de 10 años y ha contado con el apoyo decidido de Geo Conservación una asociación civil comprometida con el desarrollo sustentable de las comunidades oaxaqueñas y que es parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Iniciativas como estas existen pocas, pero nos muestran la importancia del papel que juegan las comunidades locales en la conservación del capital natural y la importancia de generar políticas públicas que favorezcan el desarrollo comunitario e impulsen la gestión sustentable de los territorios comunitarios.

Comunidades recuperan el bosque del Cofre de Perote y dotan de agua a la región

Comunidades recuperan el bosque del Cofre de Perote y dotan de agua a la region










Sinopsis:

A unos días de poner en marcha su empresa comunitaria de purificación y embotellado de agua, el comisariado del Ejido Ingenio El Rosario, en el municipio de Xico, Veracruz, Pedro Olvera Miranda comenta que esto es posible gracias a que hoy día se tiene agua de calidad que escurre del Cofre de Perote. Un volcán que alcanza los 4 mil 200 metros de altura y que en 2008 sufrió un severo incendio que arrasó con más de tres mil hectáreas del bosque que cubre sus laderas.

Jaime Crespo Báez, ejidatario de Ingenio El Rosario, relata que luego del incendio del 2008 que duró cuatro meses, en el que se perdió la cobertura vegetal y se redujo considerablemente la infiltración de agua, “muchos ojos de agua y manantiales se secaron porque ya no había arboles ni material vegetal que permitieran la recarga de agua en temporada de lluvias.”

Al no haber arbolado para frenar el escurrimiento del agua cuando se presentaban lluvias fuertes la corriente arrastraba suelo, piedras y troncos. “Se llevaba todo lo que se encontraba a su paso, erosionaba los terrenos y ponía en riesgo a la gente que vivimos abajo,” detalla Jaime.

Explica que luego del incendio, se diseñó un plan para la restauración de las zonas afectadas. Este programa, impulsado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, contó con la participación entusiasta de la gente de los ejidos y ha logrado recuperar la cobertura vegetal, la fauna silvestre y la recarga de los mantos freáticos que dotan de agua a la población local y a la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz.

Como parte del programa de restauración de las zonas afectadas del volcán se han llevado a cabo, durante los últimos 7 años, una estrategia que incluye intensos trabajos de reforestación, acomodo de material vegetal muerto; elaboración de brechas corta fuego, armado de represas de troncos y de piedra para la retención del suelo; y muy importante, refiere Jaime Crespo, la construcción de pequeñas obras para la captación e infiltración de agua.

Ahora que nuevamente cuentan con agua de muy buena calidad, y con los ingresos que han logrado generar en el ejido Ingenio El Rosario con sus trabajos de manejo y aprovechamiento forestal, decidieron emprender el proyecto de la creación y puesta en marcha de la purificadora y embotelladora de agua.

La asamblea del ejido designó a un grupo de 11 de los 36 ejidatarios que la componen para la puesta en marcha del proyecto.

Comenzaron con la realización de un estudio de mercado para conocer la viabilidad de comercializar garrafones de agua en la región. Posteriormente, pulieron su proyecto, gestionaron un subsidio federal de 100 mil pesos, que junto con una inversión de 350 mil pesos que puso el ejido, les sirvió para la compra de la maquinaria para el embotellado, los filtros para la purificación y los garrafones de 20 litros.

El presidente del comisariado de Ingenio El Rosario detalla que el costo de producción de cada garrafón de 20 litros será de 5 pesos, más otros 3 pesos para la comercialización y distribución. “En total sale cada garrafón en 8 pesos y tenemos previsto venderlos en 15, lo que nos deja un buen margen de ganancia para pagar los salarios de los trabajadores, que serán miembros del propio ejido.

Más que generar riqueza, lo que se pretende con estos proyectos productivos comunitarios es generar empleos para los pobladores y evitar que los jóvenes tengan que emigrar y alejarse de sus familias.

El bosque para nosotros es todo. Nos da de comer con el aprovechamiento; nos da trabajo, nos da aire limpio y fresco; y nos da agua limpia para consumo, para la siembra y para nuestros animales,” enfatiza Jaime Crespo Báez.

Manejo forestal comunitario en Oaxaca: el bosque protegido por comunidades y ejidos











Sinopsis:
Foto: Consuelo Pagaza

Foto: Consuelo Pagaza

El estado de Oaxaca es una de las entidades de la República mexicana con mayor riqueza biocultural. A lo largo de los siglos, las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado esos terrenos han procurado la conservación de la biodiversidad a través de su manejo y uso sustentable.

De acuerdo con datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Oaxaca cuenta con 1,310 núcleos agrarios, con   una superficie de 4.8 millones de hectáreas, de las cuales 3.1 millones de ha. presentan cobertura forestal, es decir, el 65 por ciento de la entidad esta cubierta por bosques y selvas. Además, el estado cuenta con 23 de los 32 tipos de vegetaciones reconocidas en el país. Toda esta riqueza natural es producto de su geografía y la interacción y manejo de las comunidades locales con la biodiversidad.

De esta gran riqueza forestal que posee el estado dependen más de 700 mil personas, que obtienen sus ingresos y alimentos mediante actividades de manejo del bosque.

El 80 por ciento de los bosques oaxaqueños son propiedad de más de mil 600 pequeños productores, 860 grupos comunitarios y 760 poblados. La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades indígenas, que ancestralmente han vivido e interactuado en esos parajes forestales.

A través del manejo forestal comunitario, muchos de estos grupos poseedores de terrenos forestales han logrado consolidar empresas, con una gobernanza sólida, que dan mantenimiento a los bosques y extraen productos forestales maderables y no maderables de forma sustentable. Muchas de estas empresas forestales operan desde hace más de 20 años bajo esquemas sostenibles que han sido evaluados bajo los estándares internacionales de manejo forestal, del Forest Stewarship Council (FSC).

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Al día de hoy, Oaxaca posee una superficie certificada bajo el estándar del FSC en manejo forestal de 74 mil 752 hectáreas, y otras 25 mil 712 hectáreas se encuentran en una etapa avanzada del proceso de certificación, lo cual garantiza que realizan un manejo sostenible de sus recursos forestales.

Más allá de solo producir madera en rollo, las empresas forestales comunitarias de Oaxaca han desarrollado proyectos que dan valor agregado a la madera cosechada, a través de la operación de aserraderos, carpinterías y mueblerías. Esto ha permitido posicionar a la entidad como el cuarto productor nacional forestal.

En 2014 el estado produjo 372 mil 495 metros cúbicos de productos forestales, de los cuales 302 mil 646 corresponden a escuadría de pino y, en menor medida, de encino. También se produjeron 15 mil 600 metros cúbicos de celulósicos; 19 mil 400 metros cúbicos de leña y 2 mil 614 metros de postes, polines y morillos.

El valor de la producción forestal de Oaxaca, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico del sector Forestal de la CONAFOR de 2014, fue de 302 millones 646 mil 834 pesos, lo cual representó el 6 por ciento del valor de la producción nacional.

No sin esfuerzo y anteponiéndose a la sobre regulación del sector forestal en México, que dificultan el emprendimiento de actividades de manejo y aprovechamiento forestal sustentable; algunas comunidades y ejidos forestales de Oaxaca, como Pueblos mancomunados de Ixtlán, San Pedro el Alto, La Trinidad Ixtlán, San Mateo Capulapam, Santiago Xiacuil, Santiago Comaltepec, entre otros; han logrado diversificar sus actividades productivas con los recursos obtenidos por el manejo de sus bosques, como la puesta en marcha de purificadoras y embotelladoras de agua, proyectos de ecoturismo, tiendas de abarrotes, restaurantes, papelerías, etcétera.

Además, financian obra pública en sus respectivas comunidades y apoyan la preparación académica de jóvenes y niños para que, más tarde, se desempeñen en las labores del manejo forestal.

Estas comunidades forestales de Oaxaca realizan actividades de conservación de la biodiversidad respaldadas con un Plan de Manejo y estudios de impacto ambiental que incorporan buenas prácticas de conservación de la biodiversidad, como no destruir nidos y madrigueras, ni cosechar árboles que puedan afectar el tránsito de las distintas especies de fauna que habitan esos bosques.

En Santiago Xiacuí, Oaxaca, relata Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de esa comunidad, que más allá de la vigilancia y las auditorías que realiza la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) y auditores del FSC, los mismos comuneros vigilan que todos los trabajos en el bosque se lleven a cabo “como se debe, sin dañar la vegetación ni a los animales”.

Enfatiza que la gente es consciente de todo lo que les provee el bosque y por ello deben conservarlo en las mejores condiciones.

Adicionalmente, y como prueba del compromiso con la diversidad biológica oaxaqueña, las comunidades forestales han mejorado sus programas de manejo para incorporar un conjunto de prácticas de conservación al aprovechamiento forestal a nivel de sitio, de rodal y de paisaje. Además, se han acordado establecer 136 áreas de conservación voluntarias designadas bajo esta categoría por los propios comuneros y ejidatarios, que suman 129 mil hectáreas de bosque. Esta superficie los coloca como el estado del país con mayor extensión de bosques bajo esta categoría de conservación.

El manejo forestal comunitario que se realiza en Oaxaca no es único, ya que existen muchos casos de éxito documentados en esta materia en otras entidades, como Estado de México, Quintana Roo, Campeche, Durango y Chihuahua.

Comunidades campesinas y aprovechamiento forestal en manos de jóvenes comprometidos











Sinopsis:

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El aprovechamiento forestal sustentable es una actividad que permite a las comunidades y ejidos, propietarios de los bosques, generar ingresos y mantener en buen estado los recursos forestales; eso no es todo, estas comunidades conforman empresas forestales comunitarias con sistemas administrativos cada vez más estructurados que les han permitido mejorar sus prácticas de aprovechamiento y lograr la certificación internacional cumpliendo con los más altos estándares de manejo forestal, que establece el Consejo Mundial de Gestión Forestal (Forest Stewardship Council (FSC).

El ejido de Nuevo Bécal, de Campeche, con sus 52,800 hectáreas de selva, obtuvo en junio de 2016 su certificación en manejo forestal, luego de seis meses de trabajos preparatorios y recorridos de campo que permitieran comprobar, frente a los evaluadores externos, el cumplimiento a todos los principios y criterios que establece este esquema de certificación con reconocimiento mundial. Con la incorporación de estas 25,000 hectáreas, la superficie forestal certificada en México ya rebasa las 900 mil hectáreas lo que representa cerca del 20 por ciento del total de la superficie forestal bajo manejo en nuestro país.

Uno de los requisitos primordiales para aspirar a lograr la certificación es contar con un Programa de Manejo Forestal aprobado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo cual implica que el ejido o comunidad cuenta con estudios rigurosos del estado del bosque, con inventarios forestales y planes de corta de largo plazo, así como con documentación que respalde la propiedad de la tierra, entre otros muchos requisitos.

El nivel de organización interna y la estructuración de su iniciativa forestal   le ha permitido a Nuevo Bécal hacer más eficientes sus actividades y llevar un control de los volúmenes de madera que se cosechan y se venden. Las tareas de monitoreo, seguimiento y administración requieren de una preparación y especialización por parte de los miembros del ejido y, en esto, un elemento clave son los jóvenes.

Las nuevas generaciones: hijos y nietos de ejidatarios, se están preparando académicamente. Salen de la comunidad a estudiar el bachillerato, la universidad o alguna carrera técnica que les permita regresar, más tarde, al ejido a aplicar sus conocimientos. “Muchos se van a estudiar a la escuela forestal,” destaca Tomás Amauri Jr, un joven de 21 años que desempeña las funciones de jefe de campo y promotor forestal en el ejido.

Entre sus responsabilidades están la definición y división de las áreas de corta en cada anualidad; “para este año se dividieron las 500 hectáreas aprovechables en 4 fajas de acuerdo con la mejor distribución de los árboles para que cada grupo de ejidatarios pueda cubrir las cuotas que les correspondan de cada especie de árbol,” explica Tomás.

Además, durante el proceso de corta, Tomás, acompañado del Consejo de Vigilancia, realiza recorridos de campo para supervisar que los trabajos se lleven a cabo conforme al Programa de Manejo y aplicando las mejores prácticas de aprovechamiento forestal: que no dejen basura, que no tiren árboles que no están marcados, que saquen todas las puntas y ramas, y que dejen en buen estado las áreas intervenidas para que éstas pronto se puedan recuperar.

Tomás registra en bitácoras los hallazgos detectados y los reporta al Comisariado Ejidal. De esta forma, en la Asamblea General de ejidatarios se comentan y resuelven las controversias derivadas de malas prácticas identificadas durante los trabajos de aprovechamiento forestal. “Si no se hacen los trabajos como se deben, el bosque se deteriora y además el ejido puede ser sancionado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), o bien podemos perder la certificación de buen manejo forestal que tanto nos ha costado conseguir”.

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Visión joven e innovadora

El Ejido Nuevo Bécal aprovecha sus recursos forestales con base en un Programa de Manejo Forestal desde el año 2009. “Antes sí se aprovechaba el bosque, pero sin orden ni control; la gente tiraba arbolado un tanto aquí otro tanto allá. Pero ahora las cosas han cambiado. El manejo planificado permite mantener en buen estado el recurso y garantizar la permanencia del bosque en el largo plazo. Por ejemplo, dice Tomás, “esta área que se aprovechó en el año 2011, ya se ha recuperado y hoy pareciera que nunca lo hubiéramos intervenido”

Subraya que “lo que hace falta es que el ejido se equipe con su propia maquinaria, para que ese dinero que ahora se gasta en la renta de equipo (grúas, motosierras, tractores Tree farmers, camiones) se quede en el ejido en beneficio de la gente.”

“Se ha intentado convencer a los ejidatarios para que se cree un fondo que permita capitalizar al ejido y poder adquirir maquinaria con el dinero que se saca de la venta de la madera y carbón, pero algunos con poca visión se resisten pues quieren recibir pronto su reparto de utilidades, no ven más adelante; sin embargo, las cosas están cambiando y ahora las nuevas generaciones traemos nuevas ideas

Tomás decidió no seguir estudiando, al concluir la secundaria ingresó al bachillerato pero ya no le gustó, prefirió dedicarse de lleno a los trabajos de su ejido. No obstante, tiene claro que la formación académica es muy importante para alcanzar un mejor nivel de vida y fortalecer las capacidades del ejido, por ello, se esfuerza en trabajar y aprender haciendo, y de esa forma costear la educación de su hermano menor para que cuando concluya su carrera en la escuela forestal regrese al ejido a aplicar sus conocimientos.

“Mi otra hermana también está estudiando, ella cursa la carrera de Derecho en una universidad de paga en Yucatán, y yo creo que cuando termine también podrá ayudar con cosas del ejido,” indica Tomás.

Comenta que otros jóvenes y sus familias están haciendo lo mismo: juntan dinero, producto de su trabajo en el aprovechamiento forestal y otras actividades como la producción de miel y la crianza de ganado; para que los “chavos se vayan a estudiar y luego vengan a trabajar al ejido.”

El aprovechamiento forestal comunitario es un esquema que permite conservar los bosques y generar empleos e ingresos para las comunidades rurales. Los jóvenes pueden encontrar oportunidades de empleo en sus propios ejidos y comunidades cuando en estos se emprenden proyectos de manejo forestal y de esa forma evitar la migración en busca de ingresos o mejores condiciones de vida.

De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un tercio de todos los emigrantes del mundo son jóvenes de entre 15 y 34 años, muchos de ellos del sector rural, por ello, el 40 por ciento de las remesas que se generan en el mundo se envían a zonas rurales.

Asimismo, la FAO indica que las principales causas de la migración de jóvenes rurales se deben a la insuficiencia alimentaria, de ingresos y la degradación ambiental. La salida de los jóvenes es una pérdida sustantiva, los ejidos pierden el bono generacional, y no se aprovecha su fuerza y vitalidad para generar desarrollo local. Por ello resulta clave poner en marcha proyectos productivos bien estructurados de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que permita la generación de empleos e ingresos en las propias comunidades.

La migración de los jóvenes rurales genera impactos negativos como la pérdida de mano de obra, la dependencia de los hogares a las remesas que envían los jóvenes, la sobrecarga de trabajo para los miembros de la familia que no migran, y la adopción de patrones de consumo insostenibles.

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Conciencia ambiental y conservación

Tomás es hijo del actual comisariado ejidal de Nuevo Bécal, y desde muy chico le gustó andar en todos los menesteres del ejido junto a su padre. Conoce perfectamente la operación del aprovechamiento forestal y los importante de conservar los recursos naturales, por ello fue designado como promotor forestal.

El hijo del ejidatario platica que hay compradores (contratistas) que ofrecen comprar el arbolado en pie, a cambio de un pago por adelantado haciendo a un lado a los ejidatarios de las actividades administrativas, productivas y comerciales del aprovechamiento forestal.  Bajo ese esquema el ejidatario solo recibe su renta y del resto se encarga el contratista. “Pero cuando eso ocurre perdemos el control de nuestros recursos, perdemos la oportunidad de aprender a manejar nuestro bosque y la oportunidad de generar oportunidades para la población local” enfatiza.

“A los compradores no les interesa cómo queda el bosque después las labores de extracción; ellos solo sacan los mejores troncos y la madera con mayor diámetro y dejan todo lo demás tirado”. Abunda que por ello “estamos en favor de capitalizar la empresa ejidal y en capacitar a los jóvenes para que no se tenga que trabajar más con contratistas y solo sean los ejidatarios quienes realicen el manejo del bosque.”

En Nuevo Bécal, refiere Tomás, “hemos tomado medidas para garantizar la conservación de la biodiversidad del bosque, porque hay muchas especies de plantas y animales que debemos proteger pues están enlistadas en la Norma Oficial Mexicana que establece aquellas que están bajo riesgo o amenaza.  La salud del bosque depende de la permanencia de la diversidad de las especies” Las medidas de protección del bosque han sido acordadas en la Asamblea de ejidatarios y establecidas en el Programa de Manejo.  Además hemos mandado a hacer letreros con información sobre las especies protegidas para colocarlas en donde haya presencia y así recordarles a los ejidatarios que tengan presente que están ahí y lo importantes que son.”