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Retos para el manejo y conservación de los ecosistemas forestales en Latinoamérica (Casos colombiano y mexicano)











Sinopsis:

El reconocimiento de las contribuciones de las comunidades para la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de servicios ecosistémicos es esencial para reducir brechas de desigualdad social, favorecer la conservación de la biodiversidad en el largo plazo y alcanzar las metas climáticas.

En el mundo, el 61% de los bosques y selvas son de propiedad gubernamental y solo el 24 % esta bajo la titularidad o uso de comunidades.

Sin embargo, en América latina las comunidades locales y pueblos indígenas son dueñas del 32 % de los ecosistemas forestales, un porcentaje por encima de la media global y esto ha sido resultado de luchas sociales que han devuelto a las comunidades la titularidad de sus territorios.

De acuerdo con Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia, los gobiernos deben reconocer las contribuciones de las comunidades y pueblos indígenas que manejan los bosques y no obstaculizarlos, como suele ocurrir en muchas partes del mundo.

En su ponencia magistral durante el V Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (V CISEN), celebrado en Oaxaca, México, indica que, en Colombia el gobierno está apostando por un esquema de manejo integrado de los territorios forestales, con un enfoque inclusivo de las comunidades negras e indígenas.

En este escenario de postconflicto, detalla, es necesario trabajar en esquemas diversificados de intervención y gestión de los ecosistemas forestales. Los esquemas que limitan el acceso a los recursos naturales o que expulsan a las familias de sus territorios no son favorables para recobrar la paz.

En este sentido, propone que la conservación tiene que verse como una oportunidad para fortalecer la gobernanza local, a través de esquemas y categorías diferenciadas de manejo de los territorios; respetando los conocimientos y derechos de las comunidades.

Colombia tiene una tasa de deforestación de 128 mil hectáreas anuales, sin embargo, en este 2017 se espera que la deforestación alcance las 200 mil hectáreas. Este crecimiento en la degradación de los bosques, explica Biggite Baptiste, se debe a problemas de gobernabilidad, vacíos legales y de intervención para el manejo y conservación de los territorios forestales, que deberán ser abordados lo más pronto posible.

Sobrerregulación, obstáculo de comunidades mexicanas

Por su parte, Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, resalta que en México existe un limitado reconocimiento y apoyo a los esfuerzos e iniciativas de manejo sustentable y conservación de los bosques.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, subraya que “un ejemplo de ello es la comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, que cuenta con todas las estrellas posibles en materia de conservación y certificación internacional de manejo forestal y tardó más de dos años en lograr que la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) le otorgara la renovación de su permiso de aprovechamiento forestal, lo cual ocasionó que cientos de familias vieran mermada su principal fuente de ingresos”. Lamenta que este tipo de casos se repite en distintas regiones del país.

Explica que “esto se debe a la terrible sobrerregulación que padecen las comunidades en materia forestal, porque deben cumplir múltiples y complejos trámites para obtener una autorización para la gestión de sus recursos forestales. En contraparte las plantaciones forestales comerciales tienen una regulación más simplificada”.

La especialista apunta que las comunidades y ejidos son dueños del 60 % de los bosques y selvas de México; y el 34 % de estos núcleos agrarios lleva a cabo importantes actividades de conservación y manejo de sus territorios algunos con un mayor grado de consolidación y otros con algunos problemas, pero todos ellos conservan estos ecosistemas y generan importantes servicios ambientales, que generalmente no les son retribuidos.

Leticia Merino comenta que “es necesario hacer una revisión profunda del modelo de país que queremos, porque el sistema actual en México es profundamente clasista y racista en detrimento de las comunidades y requerimos de mecanismos alternativos para la gestión ambiental de la tierra y el bosque”.

Plantea que “se requiere de una presencia local, informada y fortalecida para propiciar un manejo y conservación diversificado de los territorios forestales, y no a control remoto, como se hace actualmente, con políticas públicas que fomentan la centralización”.

Presentan organizaciones mayas una plataforma de comercialización de productos comunitarios











Sinopsis:

Playa del Carmen, Q. R.- El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en colaboración con las cooperativas Carbón de Leña Verde y Usaec apicultores, presentaron este 30 de noviembre en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Plataforma de Cooperación Comercial (Placco), iniciativa que crea vínculos comerciales entre organizaciones comunitarias y la industria turística de la Riviera Maya y Cancún, a fin de promover que las familias campesinas que habitan regiones forestales de la Península de Yucatán obtengan mayores beneficios por sus productos.

Con esta iniciativa, el CCMSS y las cooperativas Caleña y Usaec dieron a conocer el lanzamiento de un centro de distribución (Cedis) ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, el cual ya está operando para abastecer a los hoteles y restaurantes de la Riviera Maya de carbón vegetal, miel multifloral y madera, provenientes de selvas legalmente aprovechadas en los municipios de José María Morelos, Quintana Roo, y Calakmul, Campeche.

Los participantes explicaron que a través de la Placco se tejerán alianzas entre las organizaciones comunitarias y el sector privado, a fin de ofrecer productos competitivos y rentables y mejorar los beneficios que los productores campesinos perciben por la venta de sus productos.

“Con la apertura del centro de distribución y la presentación de la Plataforma de Cooperación Comercial buscamos promover y difundir el valor de la producción comunitaria y su impacto en las economías locales y el patrimonio natural del país. Los hoteles, restaurantes y consumidores finales que adquieran la miel, el carbón o la madera ofertada mediante la Placco pueden tener la certeza de que su compra hará la diferencia, no sólo porque contribuirá de manera directa al buen vivir de la gente, sino también porque contribuye al manejo sostenible de las selvas de la Península de Yucatán”, afirmó Sara Cuervo, coordinadora de la oficina del CCMSS en la Península de Yucatán.

“Hay pocas experiencias de este tipo, en las que las comunidades que son dueñas de las selvas se organizan para llegar hasta los consumidores finales con sus productos, y con ello cambiar el escenario de inequidad definido por la lógica del mercado. El manejo y cuidado de las selvas implica acciones en campo para su mantenimiento y conservación, como las reforestaciones, por ejemplo; además, implica procesos locales para la toma de decisiones y el cumplimento de acuerdos, y la habilidad de que sus dueños, o sea las comunidades y ejidos, vivan dignamente del control de sus territorios y sus recursos naturales”, destacó Sergio Madrid, director del CCMSS.

“En repetidas ocasiones se ha escuchado de esfuerzos emprendidos en el estado de Quintana Roo para generar vínculos entre la industria turística y las organizaciones rurales sin resultados visibles. Sin embargo, el crecimiento constante del desarrollo turístico en Quintana Roo conlleva al consumo de una gran variedad de productos, lo que representa una oportunidad grandiosa para los productores locales, si existiesen los estímulos para incentivar al sector privado.”

Añadió que, además de iniciativas como esta Plataforma, se requiere el desarrollo de políticas públicas que estimulen este tipo de sinergias. La experiencia del CCMSS en Playa del Carmen y en la Península es un caso de éxito que nos ha dado muy buenos aprendizajes que pueden ser aprovechados por las instituciones gubernamentales y otras organizaciones”.

También estuvo presente en el lanzamiento Anastacio Oliveros, presidente de la cooperativa Usaec, quien explicó que la miel multifloral que se comercializa a través de esta Plataforma proviene de una producción orgánica y de un manejo sostenible de aproximadamente 7,500 hectáreas de tierra.

Indicó que para que la apicultura se desarrolle bien es necesario conservar las selvas y mantener una agricultura de bajo impacto, como la milpa o los huertos familiares. Dice que el emprendimiento comercial de Usaec Apicultores es la distribución de miel de alta calidad en presentaciones de 1 onza, 350 gr, 1 kg, garrafas de 5 y 7 kg y cubetas de 25 kg bajo la marca “Reselva”.

Por parte de Caleña, Nicolás May, coordinador de producción de esta cooperativa, explicó que el carbón que ofertan bajo la marca “El brasero del Oriente”, tiene un origen legal y se procesa siguiendo principios de inclusión social: en Caleña son socios y trabajan jóvenes, no ejidatarios y mujeres del ejido donde surge la Cooperativa.

Comentó que este ejido cuenta con un programa de manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de 627 hectáreas de selva, el cual cuenta con la autorización de la Semarnat y cuya aplicación asegura no sólo la conservación del monte sino también su mejoramiento, pues para la producción de carbón seleccionan los árboles muertos, enfermos o aquellos que se quedaron suprimidos, y además todos los años hacen reforestaciones y revisan cómo vienen la regeneración de estas áreas. Mencionó que Caleña vende carbón en presentaciones de 3 y 18 kg, y que un colectivo de nueve mujeres del ejido se encarga del proceso de clasificación y envasado.

Los organizadores del evento de lanzamiento de la Plataforma de Cooperación Comercial dieron las gracias al hotel Paradisus de Playa del Carmen, por facilitar el espacio para celebrar el evento y formalizar públicamente su intención de compra de la miel y el carbón ofertados a través de la Plataforma.

Las cooperativas que hoy día están haciendo el lanzamiento de la Placco tienen ya acuerdos comerciales con el hotel Rosewodd Mayakoba y el corporativo Grupo Karisma, además de los restaurantes Ipanema’s y Harrys Grill. Además, hay más de seis corporativos hoteleros y cafés en los que se han presentado propuestas comerciales.

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Galería 

Información adicional:

Para mayor información sobre esta iniciativa escribir a ventas@ccmss.org.mx

Para más información contactar a Cecilia Navarro, en el correo bcecilia.navarro@gmail.com o el tel. 55 54540678.

Quienes somos:

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociación civil no lucrativa formada por personas y organizaciones; lleva 24 años trabajando directamente en campo con comunidades de diversos estados del país para impulsar el manejo forestal comunitario. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones de vida y de participación de las comunidades rurales que viven en regiones forestales.

USAEC SC de RL de CV es una organización de 51 apicultores (40 hombres y 11 mujeres) con presencia en 9 comunidades del municipio de Calakmul, Campeche (Álvaro Obregón, Conhuás, El Refugio, Km. 120, La Virgencita de la Candelaria, Manuel Castilla Brito, Nuevo Becal, Puebla de Morelia y Xpujil). Destinan 7,406 hectáreas de sus tierras a la apicultura. Cuenta con un fondo revolvente propio y una línea de crédito multianual para el acopio de miel. A finales de 2016, 36% de los socios de USAEC ingresaron al padrón de producción de miel orgánica y para el 2017 esta cifra aumentó al 80%. El emprendimiento comercial de USAEC es la distribución de miel de alta calidad en presentaciones de 30 gr, 1 kg y cubetas de 25 kg.

U Lool Che SC de RL de CV, es una organización integrada por 115 apicultores con presencia en 21 comunidades de los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Destinan 14,813 hectáreas a la actividad apícola. Cuenta con un fondo revolvente propio y una línea de crédito para operar durante la temporada de acopio. A finales de 2016, 40% de sus agremiados ingresaron al padrón de producción orgánica y en 2017 esta cifra aumentó a un 60%. Tiene la capacidad de acopiar 145 toneladas de miel de alta calidad. En 2107 U Lool Che ha puesto en marcha la operación de un taller de estampado de cera para proveer de esta materia prima a sus socios. Este taller es operado por hombres y mujeres jóvenes que han encontrado en esta actividad una alternativa de trabajo y de crecimiento personal, considerando que el destino de los jóvenes en la región es la de salir de sus comunidades para buscar el sustento.

Carbón de Leña Verde SC de RL de CV, Caleña, es una organización de 24 productores ejidatarios del ejido San Felipe Oriente, de José María Morelos, Quintana Roo (15 hombres y 9 mujeres). El ejido cuenta con un programa de manejo forestal especial para el aprovechamiento de leña y producción de carbón vegetal, y lleva a cabo todos los procedimientos requeridos por la autoridad ambiental para asegurar la sostenibilidad ambiental de su proceso. Además de la producción de carbón, la organización hace reforestaciones anuales y lleva a cabo actividades de monitoreo de la regeneración de las áreas de selva intervenidas. En esta cooperativa participa un colectivo de nueve mujeres que asisten el proceso de envasado del carbón vegetal en presentaciones de 3 kg y 18 kg bajo la marca comercial “El Brasero del Oriente”.

Ejidos mayas apuestan por el control de sus selvas para el bienestar comunitario











Sinopsis:

La selva de la Península de Yucatán representa un invaluable tesoro en aspectos culturales y ambientales. Miles de vestigios arqueológicos de una cultura vigente y vitales servicios ecosistémicos proveídos al patrimonio global, son sólo algunos elementos fecundos en este territorio. A pesar de todo esto, las comunidades dueñas de estas tierras viven con altos niveles de marginación, pobreza y exclusión, y han sido despojadas, entre los subsidios mal dirigidos, los partidos políticos y las religiones que dividen, de herramientas imprescindibles como la organización, la auto-gestión y el reconocimiento del bien colectivo.

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en acuerdo con ejidos del municipio de José María Morelos, puso en marcha una estrategia para mejorar el entorno comunitario a través del impulso al manejo forestal. Esta estrategia brinda acompañamiento técnico de calidad y a través de un mecanismo financiero dota de recursos económicos y alinea recursos públicos a los ejidos para facilitar la gestión de sus selvas, considerando de manera fundamental el fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales, el avance en el proceso productivo del aprovechamiento forestal y la inclusión de jóvenes en iniciativas comunitarias de organización, manejo y transformación.

A través de este mecanismo financiero, denominado Plataforma Forestal, los ejidos participantes trabajan en el desarrollo de planes forestales ejidales en los que establecen actividades que contribuyen a retomar el control de la gestión de sus recursos forestales y territorios.

Esta Plataforma Forestal tiene sus orígenes en 2015, pero opera formalmente desde 2016, en una primera etapa en el municipio de José María Morelos, Q. Roo, con ejidos que son dueños de territorios forestales y que por diversos factores han abandonado sus planes de manejo forestal o se han insertado en un esquema “rentista” de su selva, es decir, rentan sus derechos de aprovechamiento a compradores que no tienen mayores consideraciones sobre el cuidado y manejo sostenible de la selva, la conservación de la biodiversidad, ni el desarrollo de capacidades locales en las comunidades.

Recobrar la confianza para retomar el control

Dos de los nueve ejidos de José María Morelos que participan en el mecanismo de la Plataforma Forestal, son Dziuché y Puerto Arturo, que están apostando por recobrar el control de su gestión forestal.

En el ejido Dziuché contaban con un Plan de Manejo Forestal que estaba autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin embargo, la complejidad de los trámites y requisitos que se requieren completar desmotivó a la comunidad y la asamblea ejidal decidió abandonar las actividades del aprovechamiento.

Luego de casi diez años de inactividad del aprovechamiento forestal, el ejido decidió participar en la Plataforma Forestal, mecanismo desarrollado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, para promover en los ejidos el retomar el control en la gestión de sus recursos naturales. En este 2017, Dziuché estableció su oficina forestal ejidal, conformó un expediente con toda la documentación legal del ejido y de su plan forestal, comenzó la operación de controles administrativos y de inventarios de volúmenes de madera y facilitó la participación de jóvenes del ejido en las actividades de la operación forestal.

“Se está trabajando también en asambleas ejidales con rendición de cuentas, que fomenten la transparencia, para recuperar la confianza de los ejidatarios y que vean que el aprovechamiento forestal es una buena oportunidad para generar ingresos y empleos”, explica Alberto Burgos Mendoza, actual presidente del comisariado ejidal de Dziuché.

Añade que “lo importante no es que vendamos la madera en pie, sino que la propia gente del ejido haga los trabajos del aprovechamiento y que después le demos más valor aserrando la madera”.

Para la reactivación del plan de manejo forestal, el ejido se apoya en un grupo de jóvenes del mismo ejido que “han ayudado bastante en la conformación de la oficina forestal y en la formalización de los controles”, ellos llevan a cabo la administración de las salidas de madera, ayudan al comisariado en el llenado de las remisiones forestales y llevan un inventario.

Junto con los técnicos forestales, “los jóvenes colaboran en las labores de monteo, hacen un inventario de todos los árboles que hay en la zona que se está aprovechando y marcan los que se van a tumbar”.

En este primer año en que se retomaron las actividades de aprovechamiento forestal en Dziuché “tuvimos que vender la madera en pie. Como no teníamos capital en el ejido para empezar con las labores, que en promedio son de unos 200 mil pesos, que se utilizan para las brechas del área, el monteo, el mantenimiento del camino, la renta de la maquinaria para el arrastre, el combustible, entre otras cosas”, refiere el presidente del comisariado ejidal.

Plantea que algunos ejidos prefieren recibir el pago de derecho de monte, por poco que este sea, sin la necesidad de hacer actividades en el bosque, , “varios de ellos  están contentos de seguir vendiendo en pie y recibir sus dos o tres mil pesos al año, pero no se trata de eso; se trata de que el ejido haga todos los trabajos de aprovechamiento, que todos esos empleos que se generan sean para los miembros del ejido, y para que más jóvenes y mujeres se involucren”.

En el ejido no hay muchas oportunidades laborales, los jóvenes tienen que salir de la comunidad en busca de trabajo o para continuar con sus estudios, y aunque vayan a escuelas públicas sus familias no pueden costeárselos, ya que, “en promedio, en un día de escuela se gastan cien pesos en transporte, alimentos y materiales para las clases; y de dónde sacará esa familia ese dinero si no tiene trabajo”, cuestiona.

El ejido acaba de renovar el contrato de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con la Conafor para la conservación de una superficie de 3 mil hectáreas por un periodo de 5 años, cuyos recursos se repartirán entre los 473 ejidatarios. “Estos recursos también sirven, pero no se desarrollan proyectos que generen más ingresos”, apunta Burgos Mendoza. Actualmente, la asamblea del ejido Dziuché discute el destinar el 40 por ciento del PSA para comprar un tractor de uso común que les permita hacer el arrastre de su madera en el área con aprovechamiento forestal.

Más allá de las ganancias, una empresa forestal comunitaria se valora por los empleos que genera para la comunidad y el mantenimiento que le da al bosque. “Es una lástima que no contemos ni con un tractor, que la gente, para hacer sus milpas, tengan que contratar a alguien para que les barbeche la tierra. No nos hemos podido poner de acuerdo para adquirir el tractor y que el dinero que se gasta en renta de maquinaria para la agricultura o las actividades del aprovechamiento forestal se quedaran en el propio ejido”, reprocha Alberto Burgos.

El plan de manejo y aprovechamiento forestal de Dziuché contempla 5 mil hectáreas de selva, de las cuales pueden aprovechar superficies de 500 hectáreas cada dos años. “Tenemos la intención de hacer una modificación al plan de manejo para que se aprovechen 250 hectáreas cada año, y así no tener que parar por completo durante todo un año las actividades del aprovechamiento. La intención es que la gente no pierda interés, que sigamos especializándonos y que nosotros, como ejido, hagamos esta labor de conservación activa del bosque” detalla.

Nuestro monte, lleno de especies de flora y fauna, es como un banco que no hemos querido aprovechar adecuadamente, tenemos un enorme potencial y aunque no tenemos caoba, tenemos otras especies con buen mercado, los compradores vienen al ejido a buscar la madera, no hay ni necesidad de salir a buscar mercados.

En su permiso de aprovechamiento cuentan con volúmenes de especies como el ciricote, tzalam, chakte viga, chacaj rojo, zapote, chechen, entre otras. Y luego de los procesos de aprovechamiento realizan reforestaciones en las que introducen especies como la caoba, el cedro y el ramón. Hay que mejorar el bosque con especies de mayor valor comercial que puedan seguir manejando las futuras generaciones, como los hijos de estos jóvenes que se están incorporando a las tareas del aprovechamiento”.

Diversificación productiva a buen puerto

Por su parte, el ejido Puerto Arturo, también del municipio de José María Morelos, lleva alrededor de una década aprovechando su selva, pero únicamente extrayendo palizada, es decir árboles de diámetros pequeños, menores a 20 centímetros. Estos palos se utilizan para la construcción de palapas o como tutores para actividades de producción agrícola.

El ejido comercializa 20 mil piezas de palizada por año. “Estos diámetros menores son muy comunes en nuestro monte porque son zonas de cobertura que hace 20 o 30 años eran zonas de cultivo agrícola. Antes, la gente sembraba en un lado y al siguiente año tiraba monte en otro lado y movía sus cultivos de acá para allá”, comenta Luis Contreras, presidente del comisariado ejidal de Puerto Arturo.

Este tipo de vegetación secundaria denominada en la región como guamiles, tiene mucho potencial puesto que es muy usada por los desarrollos turísticos de todo el Caribe. Además de la palizada se podrían ocupar las puntas y ramas para hacer carbón vegetal, con lo cual se generarían más empleos e ingresos para todos los miembros del ejido.

Así como Dziuché, el ejido Puerto Arturo participa en el mecanismo de la Plataforma Forestal desde hace dos años, en el primer año fortalecieron su organización interna con mejoras en sus asambleas ejidales y la instalación de su oficina forestal. Además de la conformación de un fondo ejidal forestal, de un peso por un peso, para re-invertir en el proyecto forestal. Al igual que en Dziuché, un grupo de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participa en las labores de la gestión administrativa del aprovechamiento forestal ejidal.

El presidente del comisariado explica que el desinterés que tenía el ejido en el manejo de su selva se debe, en parte, a que es un ejido con una intensa producción agrícola, gracias a las condiciones del suelo del ejido, y a que cuentan con sistemas de riego, producen cacahuate, sandía, pepino, maíz, calabaza, limón, naranja, entre otros cultivos. “En temporada de cosecha los coches no pueden pasar porque la gente utiliza la carretera como patio de secado, esto da trabajo a muchas personas del ejido y los alrededores”, resalta.

Sin embargo, desde que Luis tomó el cargo de comisariado ejidal, ha promovido la activción del aprovechamiento forestal, “porque pueden generarse más empleos y recursos para el desarrollo del ejido. Por lo pronto, lo que ya hicimos es construir una casa ejidal de cemento y con loza, porque era una palapa abierta y no había suficientes condiciones para desarrollar las asambleas”.

“Aunque en este 2017 es el primer año que comenzamos a aprovechar el bosque con diámetros mayores, ya no solo palizada, los mismos ejidatarios ya vieron que se generaron empleos por la apertura de caminos y carriles de arrastre de la madera. La meta es que podamos avanzar a la transformación de la madera en rollo a tablas”, comenta Francisco Javier Pat Cel, miembro del consejo de vigilancia del ejido Puerto Arturo.

Explica que en Puerto Arturo “el monte está parcelado internamente, y dependiendo de dónde sea el área de aprovechamiento en cada anualidad y dependiendo de la persona que sea dueña del predio, se llevan a cabo los trabajos. Si el dueño del terreno está interesado en participar en los trabajos del aprovechamiento puede hacerlo y recibe ingresos por su trabajo y su madera, además se le da una cuota de derechos al ejido porque lo que se aprovecha en cada terreno”.

Las utilidades obtenidas por la venta de la madera se dividen, una parte para el dueño del terreno y otra parte para el ejido. Asimismo, con la venta de la madera se pagan los jornales y los gastos originados durante los trabajos de corta y reforestación.

El ejido Puerto Arturo tiene una superficie de 8 mil 400 hectáreas, de las cuales 2,500 están consideradas en su plan de manejo forestal. Otras 3 mil 600 se incorporaron al programa de Pago por Servicios Ambientales, “aunque no tengamos servicios ambientales, el propio ejido ha destinado un área a la conservación voluntaria y está certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)”, resalta Francisco Pat.

El comisariado ejidal subraya la importancia de la selva, “no solo para la producción de madera, sino para la conservación de los animales, para los apicultores y para toda la gente que dependemos de ella”.

Un joven entusiasta de la apicultura y la agricultura en la selva maya











Sinopsis:

La niebla de la mañana apenas permite ver a diez metros de distancia. Rafael prepara una caja con todos los utensilios que ocupará en el apiario. Lleva un velo para cubrirse la cabeza, una camisa de tela gruesa, el ahumador ya encendido y un tazón con una mezcla dulce que ha preparado para alimentar a sus abejas.

La noche previa estuvo muy lluviosa y el camino está inundado. Con todas las cosas en el tractor, único medio de transporte para llegar a su apiario en el interior del monte, rodeado de vegetación y cultivos, Rafael Bermon se dirige a su destino.

Este joven apicultor de 19 años de edad, del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, pasa sonriente entre la milpa ya crecida y esquiva con peripecia los grandes charcos que obstruyen el camino. Luego de 5 kilómetros a través de la vegetación, se abre un pequeño claro en el que el zumbido de las abejas y los moscos lo obligan a ponerse el velo de trabajo.

Rafael es hijo de un apicultor y campesino, y está orgulloso de dedicarse a lo mismo que su padre. Debido a que su papá es socio de la Cooperativa U Lool Che, que agremia a 115 apicultores del municipio, Rafael recibió la invitación para participar en un programa de formación técnica y humana impulsado por la Cooperativa y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

El programa que comenzó a mediados de 2016, propició la conformación de un taller de estampado de láminas de cera, que se requieren para la producción de miel. Un grupo de siete jóvenes, tres mujeres y cuatro hombres, entre los que se encuentra Rafael, se encargan de acopiar cera con los socios de U Lool Che para procesarla en láminas estampadas.

Como parte de este proceso formativo, Rafael y sus compañeros no solo se dedican al estampado en cera, también recibieron cinco colmenas cada uno, para que pudieran instalar sus apiarios y producir miel orgánica. Todo esto, con capacitaciones y acompañamiento técnico.

Para Rafael Bermon Parra la apicultura es una actividad fácil, “no le tengo miedo a las abejas, y se me facilitan todas las actividades que se tienen que hacer. Me gusta hacerlas”, comenta efusivo.

Ya en su apiario, se desliza entre los cajones con una estela de humo para tranquilizar a las abejas, revisa una por una sus colmenas. “Se tiene que hacer limpieza de forma regular para evitar que las plagas, como la hormiga o el escarabajo maten a las colmenas”, explica.

Luego, con la mezcla que preparó previamente en su casa: una torta proteica para alimentar a las abejas, coloca porciones suficientes en cada colmena. “Esta torta la aprendí a hacer en un taller que nos dieron por parte de la Cooperativa, sobre el manejo adecuado de las colmenas”, refiere.

Las capacitaciones y visitas para el intercambio de conocimientos es otro de los beneficios de formar parte de la Cooperativa U Lool Che, así como la adquisición de insumos a precios más accesibles y financiamiento para los apicultores socios.

Luego de más de una hora en el apiario, Rafael revisa de reojo su parcela, con la milpa ya crecida. Comenta que en una semana tendrá que cosechar. Cuenta con dos hectáreas y media que le cedió su padre, en las que produce limón, plátano y maíz.

Para este joven la vida de campesino es una muy buena opción para vivir dignamente y junto a su familia y pareja. Luego de una experiencia como trabajador en la cocina de un restaurante en la zona turística de Tulúm, Quintana Roo, subraya que prefiere “dedicarme a la apicultura y a la agricultura, aquí controlo mis tiempos, estoy cerca de mi familia, no tengo tanta presión y me gusta hacer estas cosas”.

Rafael Bermon estudió la carrera técnica en gastronomía y al graduarse se fue a trabajar como cocinero en un restaurante. “Trabajaba seis días a la semana, de siete de la mañana a siete de la noche, la presión era mucha y el sueldo muy bajo. El día que tenía de descanso me venía a ver a mi familia y en la madrugada del día siguiente me tenía que ir directo al trabajo”. Luego de un año en Tulúm, decidió renunciar y dedicarse de lleno a la apicultura y a su parcela.

Como Rafael, muchos jóvenes de su municipio se ven obligados a emigrar en busca de ofertas de empleo, a diferencia de él, la mayoría de los jóvenes no cuentan con oportunidades de formación “extra muros” que les permita permanecer en sus comunidades, cerca de sus familias, trabajando en actividades que les generen buenos ingresos y manteniendo una vida más relajada.

Para el próximo año, Bermon Parra será socio de U Lool Che y espera vender su miel orgánica a la Cooperativa. “Creo que será un buen año, porque ya está lloviendo luego de una sequía de más de dos años” detalla. Además, planea seguir creciendo su número de colmenas y comenzar a producir abejas reinas, que tienen alta demanda en la región y aseguran un aumento de la producción de miel.

La apicultura en la Península de Yucatán es una actividad productiva viable que puede ser desarrollada por los jóvenes y convertirse en alternativa frente a la opción de migrar, por lo que con mayores estímulos para el desarrollo de capacidades se propiciaría una mayor inserción de los jóvenes en esta actividad; renovando así, los esfuerzos de miles de apicultores que hoy día tienen que luchar para evitar el avance de prácticas insostenibles como la agricultura industrial, los cultivos transgénicos y los megaproyectos energéticos que amenazan sin descanso este medio de producción y de vida, del que dependen miles de familias campesinas mayas.

Apicultura colaborativa para el desarrollo comunitario y la defensa de los territorios indígenas











Sinopsis:

En el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, una cooperativa de productores de miel trabaja para mantener la selva en pie y preservar una actividad productiva que les fue legada por sus antepasados mayas. Sin embargo, esta actividad se encuentra amenazada por el cambio de uso de suelo, debido a la ganadería extensiva y a la agricultura industrial que emplea grandes cantidades de pesticidas y agroquímicos y, en algunas ocasiones, semillas transgénicas; situación que pudiera derivar en la pérdida de los mercados de exportación de la miel si ésta se contamina con polen proveniente de cultivos transgénicos.

La apicultura es una actividad que permite a nuestras familias vivir dignamente. Es un oficio que nos heredaron nuestros padres y abuelos, además nos permite cuidar la selva y a las abejas, que son muy importantes para la polinización de los cultivos y el equilibrio de los ecosistemas”, resalta Marcelo Cham Moo, apicultor del ejido Siete Gatos.

Marcelo, como muchos otros apicultores de la Cooperativa U Lool Che, de la cual es socio, aprendió de sus padres a manejar las abejas para producir miel. Creció viendo cómo se hacía, pero fue hasta hace 4 años cuando decidió dedicarse de lleno a la apicultura. Al día de hoy cuenta con 250 colmenas y es uno de los mayores productores de la cooperativa.

Explica que “es mucho mejor trabajar de forma colectiva, porque si uno quiere vender solo, por su parte, no va a lograr buenos precios y los insumos salen más caros. Por eso es mejor trabajar en la Cooperativa, porque ahí también intercambiamos conocimientos y técnicas para el manejo. Nos ofrecen capacitaciones y nos pagan un mejor precio por nuestra miel”.

Pedro David Camal, secretario y encargado administrativo de la Cooperativa U Lool Che, detalla que “la organización agremia a 117 productores apícolas de 30 ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo”.

Comenta que la cooperativa se conformó, de manera formal, hace dos años y fue con la intención de “poder comercializar la miel a un mejor precio y poder adquirir insumos a precios más competitivos para los socios, así como recibir capacitaciones para la calidad y productividad de los apicultores socios”.

Actualmente, U Lool Che se encuentra en un proceso de consolidación, ha podido sortear diversos obstáculos de organización, financiamiento y mercado. Sin embargo, la producción de miel ha sido muy mala en los últimos años y los precios de venta no se recuperan, en 2016 el precio de la miel decayó hasta en un 30 por ciento. Muchas veces los productores piden insumos y capacitaciones mayores a las que se les pueden dar, pero ahora estamos haciendo todo lo posible por fortalecernos”, señala Pedro Camal.

Inclusión y desarrollo de capacidades

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, a través de Programa de Apoyo a la Gestión Comunitaria del Territorio (PAGET) en la Península de Yucatán, ha fortalecido a la cooperativa U Lool Che a lo largo de un proceso integral, trabajando en el desarrollo de capacidades administrativas, de organización interna y de incorporación de prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Además de haberle facilitado una herramienta poderosa para el acopio de la miel al inicio de la temporada de cosecha. La Cooperativa cuenta con su propio fondo revolvente para el acopio, facilitándole, en este sentido, negociar el precio de venta de la miel con las empresas y exportadores.

Asimismo, como parte de su Iniciativa Nuevos Actores y Diversificación Productiva, el Consejo Civil, en acuerdo con la Cooperativa, decidieron impulsar un piloto de inclusión en la cadena de valor de la miel administrada por las Cooperativa, estableciendo un taller de estampado de láminas de cera que ha sido gestionado por un grupo de siete jóvenes (mujeres y hombres). “El taller de estampado de cera es una respuesta a una necesidad de los socios, porque requieren de este insumo para sus colmenas y lo deben traer a José María Morelos desde Mérida, Yucatán”, indica Pedro Camal.

Además de brindar este servicio a los socios de la Cooperativa, los jóvenes participan en capacitaciones técnicas sobre la producción apícola y en programas de formación humana. La meta del piloto de inclusión es que puedan convertirse en apicultores orgánicos y ser socios reconocidos de U Lool Che.

Itzel Anaí Gómez Briseño, una joven del ejido El Naranjal que forma parte del colectivo de jóvenes del taller de estampado, destaca que “es muy importante que se abran este tipo de oportunidades para los jóvenes, porque de esta forma no se pierde el conocimiento de esta actividad y no tienen que emigrar a otros lados”.

“A mí me gusta mucho formar parte del proyecto porque siempre es bueno aprender cosas y que mejor que un oficio como la apicultura, del cual puedes obtener ingresos y generas más beneficios como el cuidado de las abejas y la selva”, subraya.

Itzel explica que “aunque apenas estoy aprendiendo el manejo de las abejas, es una motivación para mí, porque yo no me relacionaba mucho con la apicultura, a pesar de que mis padres son apicultores, pero ahora que ya tengo mi propio apiario, tenemos más cosas en común. Además, mi bebé de 4 años ya quiere que lo lleve con las abejas, dice que esas son sus abejas, la apicultura nos conecta más como familia”.

Asimismo, Rafael Belmon, un joven de 19 años, quien también forma parte del taller de estampado en cera, ya cuenta con 14 colmenas y es uno de los más comprometidos con la apicultura. “Quiero ser apicultor y dedicarme a trabajar al campo. Es mejor estar cerca de mi familia que en la Riviera Maya, porque allá es mucha presión y los sueldos son muy bajos. Creo que con la apicultura y la agricultura se puede vivir muy bien”, plantea entusiasmado.

Alianza estratégica y comercio justo

 

Uno de los principales retos que enfrentan los pequeños productores es la inserción en mercados que paguen un precio justo por sus productos. En el caso de la miel, la Península de Yucatán se caracteriza por ser la región con una mayor producción y exportación de este producto, gracias a su excelente calidad y condiciones ambientales favorables para la apicultura.

La miel es un producto muy codiciado en la región, pero si un pequeño productor no forma parte de un grupo organizado de apicultores le es muy complicado obtener un pago justo por su producción y se convierte en la justificación perfecta para los “coyotes”, es decir, redes de compradores que se dedican al acopio de miel pagando precios bajos para poder abastecer a las grandes empresas comercializadoras de miel convencional, principalmente.

Puesto que los apicultores requieren de capital para poder llevar a cabo sus labores de manejo y cosecha de la miel, recurren a los “coyotes” para solventar las presiones económicas a lo largo del proceso productivo. De manera alternativa, cada vez más los apicultores buscan esquemas asociativos que les faciliten producir más y mejor, a través de capacitaciones y financiamiento, y acceder a mejores precios de venta por su producción de mil.

Habiendo padecido estar en el abismo de la comercialización de la miel convencional, la cooperativa U Lool Che concluyó que la diferenciación de su producción como “miel orgánica” era una vía para transitar hacia la sostenibilidad de su organización de apicultores. Por lo anterior, U Lool Che, con la facilitación del Consejo Civil, se acercó a una de las organizaciones de apicultores más icónica y exitosa de la Península de Yucatán: EDUCE Cooperativa, quienes agremian alrededor de mil productores apícolas que trabajan organizados bajo un esquema certificado de producción orgánica y que comercializan su miel directamente con clientes europeos.

EDUCE Sociedad Cooperativa, promueve la organización de los pequeños productores apícolas de la Península de Yucatán, proporcionando servicios de capacitación, asistencia técnica y asesoría, en torno a la certificación orgánica y el comercio justo y en concordancia con su enfoque de desarrollo local acordó asistir a U Lool Che para transitar a un esquema de producción orgánica y de esta forma mejorar las prácticas productivas y obtener mejores ingresos por la comercialización de su miel.

En una primera etapa, 48 de los 117 apicultores de U Lool Che decidieron transitar el camino de la producción orgánica. “Muchas de las cosas que se tienen que hacer para que la miel sea considerada orgánica ya las hacíamos, porque yo no uso químicos, ni pintura, mi apiario está en medio de la selva y lo chapeo sin químico”, resalta José Yerbes Palomo, apicultor del ejido Plan de la Noria Poniente y socio de U Lool Che.

El señor José fue el apicultor con mayor producción de miel orgánica de la cooperativa este año, produjo alrededor de 2 toneladas. “A pesar del mal tiempo que nos ha impedido producir más miel, porque han sido muy secos estos últimos tres años, creo que lo mejor es no usar químico porque con esas sustancias se afecta el monte, las abejas y la gente”, relata.

Además, refiere José, conviene ser orgánico porque la miel se vende a un mejor precio, aunque también se requiere hacer más trabajos de cuidado y limpieza de las colmenas.

Los apicultores que decidieron integrarse a este proceso de producción orgánica recibirán este año un pago remanente de cinco pesos por cada kilo vendido. Ya que “nosotros vendimos la miel a un precio base de 40 pesos a EDUCE y ellos, luego de llevar a cabo las operaciones de comercialización, obtuvieron un precio por encima de los 40 pesos, ese excedente se le pagará directamente al productor”, puntualiza Pedro Camal.

Confía en que este tipo de incentivos en el precio de la miel sea un aliciente para que el próximo año los demás apicultores socios de U Lool Che decidan producir de forma orgánica, “por eso estamos brindando capacitaciones y facilidades de insumos y materiales para la producción, para que transiten a este modelo”, puntualiza.

El administrador de U Lool Che subraya que “este tipo de alianzas estratégicas son muy importantes para el desarrollo de los colectivos de apicultores, aprendemos de toda la experiencia que tienen organizaciones consolidadas como EDUCE Cooperativa y nos permite acceder a mejores mercados, al tiempo de comprometernos a mejorar la calidad de nuestra miel”.

Amenazas a la apicultura maya

La apicultura es una actividad altamente dependiente del ambiente. “Dependemos de la selva, la lluvia y la floración para producir. La parte productiva es inestable, por el factor clima. En 2017 proyectamos que acopiaríamos 137 toneladas, pero por sequía y plagas apenas se pudieron acopiar 40 toneladas”, lamenta Pedro Camal, administrador de U Lool Che.

En Quintana Roo han padecido los últimos tres años por la sequía, muchos productores perdieron apiarios completos, porque no tenían ni la práctica ni los recursos para alimentar a sus colmenas. Sin embargo, en condiciones normales un apicultor puede capitalizarse con una buena producción para crecer de nuevo sus colmenas. Pedro David Camal apunta que “si a eso sumamos la implementación de mejores prácticas productivas se puede incrementar, al menos, un 20 por ciento la productividad de los apicultores anualmente”.

Por eso es muy importante que los apicultores estén bien capacitados y empleen buenas prácticas de manejo, que sepan alimentar a las abejas, que limpien sus apiarios para evitar las plagas como el escarabajo o la hormiga. “Cuando se llevan a cabo buenas prácticas y se trabaja regularmente en el apiario, casi no pegan las plagas y las abejas producen más. Así no hay necesidad de emplear ningún químico”, asegura el señor José Yerves.

“Lo que me preocupa, y a muchos compañeros -remarca José-, son los transgénicos y los proyectos que quieren tirar el monte para poner placas solares y turbinas eólicas. La gente luego se deja comprar por poco dinero para que se autoricen esos proyectos y a la mera hora es que ven la afectación que generan esos transgénicos y los demontes”. Abunda que “mucha gente no cree que los proyectos lleguen al ejido, y cuando se enteran ya es muy tarde, porque a los ejidos no nos vienen a dar esa información. Este es otro beneficio de estar organizados, porque también nos enteramos de las cosas que nos pueden poner en riesgo y podemos juntarnos para defendernos”.

En varias regiones de la Península de Yucatán hay conflictos en litigio por el avance de megaproyectos energéticos, desarrollos turísticos, la expansión de la agricultura industrial y la ganadería extensiva; todos estas, principales causantes de la deforestación en la región, ponen en el más grave peligro un sustento fundamental de miles de familias, la mayoría de ellas indígenas mayas, que por generaciones se han abocado a la conservación activa de sus territorios.

Mujeres mayas hacia una participación equitativa en el manejo forestal











Sinopsis:

Las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres y por lo tanto las oportunidades de participación deberían ser igualitarias. Desafortunadamente, cuando alguna ejidataria toma la palabra en las asambleas, la mayoría de los hombres ignoran sus participaciones”, comenta María Candelaria Pech Noh, ejidataria de La Esperanza, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

Este escenario de inequidad es la realidad de todos los días de por lo menos 14 de cada cien mujeres en el estado de Quintana Roo[1], que aun cuando gozan de derechos agrarios se les obstruye el ejercicio de su voz y voto para la toma de decisiones en sus ejidos. Por otra parte, en municipios altamente rurales como José María Morelos, Q. Roo, en donde el 59 por ciento de la población vive en comunidades rurales, los poseedores de las tierras representan sólo un porcentaje que no incluye a todos aquellos hombres y mujeres que habitan y usan estos territorios.

“Esa mentalidad debería de cambiar y algunas personas sí están cambiando de actitud. Las mismas mujeres debemos hacer que eso cambie, porque muchas compañeras de nuestro ejido ni siquiera exigen sus derechos y cuando hay oportunidades de participar en proyectos se niegan a hacerlo, porque creen que no pueden”, detalla la señora María Candelaria.

Los indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) expresan que, a pesar de los avances, las mujeres rurales se encuentran en peores condiciones que los hombres rurales y que las mujeres y hombres urbanos; aun cuando “las mujeres rurales desempeñan una función clave de apoyo a sus hogares y comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos y mejorar los medios de subsistencia y el bienestar general en el medio rural. Contribuyen a la agricultura y a las empresas rurales y alimentan las economías, tanto rurales como mundiales. Pese a todo, cada día alrededor del mundo, las mujeres y niñas rurales se enfrentan a continuas limitaciones estructurales que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos humanos y dificultan sus esfuerzos por mejorar sus vidas y las de aquellos a su alrededor”[2].

En este sentido, el desarrollo de sociedades sanas y fuertes depende de la participación efectiva de los actores que las componen. El impulso a las mujeres rurales a través de iniciativas que generen escenarios idóneos para una participación más equitativa, debe ser una prioridad. Con sus aportaciones y capacidades, las mujeres en la ruralidad podrán detonar un mayor nivel de desarrollo y bienestar comunitario.

Lool Ja’abin un vivero forestal manejado por mujeres 

María Candelaria, junto con otras 15 mujeres del ejido La Esperanza participa en un programa de formación de liderazgos comunitarios y de capacitación técnica para desarrollar iniciativas productivas asociadas al manejo del territorio. El colectivo de mujeres del vivero Lool Ja’abin, inició su formación luego de que la asamblea ejidal acordara la necesidad de su participación para la producción de planta forestal que enriqueciera el área de la selva aprovechada.

Esta acción, promovida por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, impulsa en la región alternativas para la participación de las mujeres en el manejo forestal comunitario, mientras, de manera simultánea, se fortalecen principios de organización, liderazgos e identidad; y se trabajan nuevos conceptos referidos a la inclusión y la equidad de género.

“Cuando comenzamos éramos 30 mujeres las que se inscribieron para participar, pero cuando las compañeras se dieron cuenta que se tenía que trabajar, casi la mitad desistió”, comenta Dalia Maribel Briseño Yupit, quien también forma parte del colectivo de mujeres. Añade que los talleres en los que participan “se imparten en español y en maya, ya que la mayoría de las mujeres habla esta lengua indígena y el uso de la lengua maya genera en las integrantes confianza para su participación”.

La señora María Candelaria explica que el proceso de instalación del vivero “Lool Ja’abin”, en el que ya tienen una producción de siete mil plantas, fue complicado porque había resistencia por parte de la asamblea ejidal y la población en general. Sin embargo, ella cedió el terreno para instalar ahí el vivero y a cuatro meses de haber comenzado con la instalación, ya han logrado producir más de siete mil plantas forestales de las especies caoba, ramón, cedro y ciricote; que son de gran valor comercial y las principales especies que usa el ejido La Esperanza para la reforestación, luego del aprovechamiento forestal.

María Candelaria Pech manifiesta que, “las mujeres que integramos el equipo del vivero somos hijas, esposas o madres de los ejidatarios, y nos ha costado que respeten nuestro trabajo”. Subraya que “la rendición de cuentas y transparencia ante la asamblea ejidal, ha evitado las críticas al proyecto del vivero”.

Esta iniciativa se desarrolla en dos ejidos más de José María Morelos: Rancho viejo y San Felipe Oriente.

De mujeres y de carbón; iniciativa para el envasado de carbón

En el ejido San Felipe Oriente, del municipio de José María Morelos, opera la Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña), conformada por ejidatarios y avecindados. Caleña acopia buena parte del carbón que se produce en el Ejido y lo comercializa a distintos destinos, entre ellos a corporativos hoteleros y cadenas restauranteras de la Riviera Maya.

Un grupo de 11 mujeres solicitó a Caleña la oportunidad de integrarse a su proceso productivo, generando valor agregado a la producción a través del envasado del carbón en presentaciones de 3 y 18 kilogramos. El espacio de participación para las mujeres es reconocido y valorado por los socios de la Cooperativa, debido a que representa un apoyo en la búsqueda de bienestar para sus familias, ya que son esposos o padres de las mismas, “nos sentimos mejor valoradas y participamos en las actividades, y también generamos un poco más de ingreso para la familia” indica Aholibama Bermudes.

La participación de las mujeres no se concentra en el envasado, sino que también realizan labores de promoción y comercialización al menudeo de las presentaciones de 3 kilos. “Salimos a la cabecera municipal de José María Morelos y otros pueblos a ofertar el producto y de a poco ya se va conociendo y vendiendo más”, comenta Deisy Araceli Borges.

El interés de las mujeres por hacer crecer la Cooperativa responde a sus propias expectativas, “que más allá de ser solo las esposas, estamos en vías de convertirnos en socias de Caleña”, destaca Deisy, quien lideró la fase de inclusión de las mujeres en el proceso de clasificación y envasado del carbón vegetal.

Las mujeres aportamos otra visión a las actividades, somos más observadoras y cuidadosas, por eso es importante que tanto mujeres como hombres participemos, porque eso enriquece más el trabajo. Por ejemplo, con el vivero, nosotras tenemos un mayor cuidado con las plantas para la reforestación. Son actividades complementarias que van a dar mejores resultados para el ejido y la Cooperativa”, subraya Amalia Leticia Borges Pool, participante del colectivo de mujeres del vivero forestal y futura socia de la Cooperativa Carbón de Leña Verde.

Algunas otras mujeres que se en encuentran en el proceso de vinculación con la Cooperativa, también forman parte del colectivo de mujeres que opera el vivero para la producción de plantas forestales. “Nos gusta trabajar, y aunque tenemos también otras responsabilidades con los hijos y el hogar, nos damos tiempo de generar un ingreso en el carbón y ahora en el vivero”, explica Aholibama Bermudes.

Este tipo de iniciativas, como la cooperativa de carbón y la operación de los viveros comunitarios, abre una oportunidad para que las personas que no detentan derechos agrarios puedan participar en actividades productivas que impacten directamente en el devenir de la comunidad y de una u otra manera, tomar las riendas de procesos que, a mediano plazo, pueden incidir en el desarrollo del ejido.

Un reto importante que enfrenta el medio rural mexicano, es el cambio hacia una política de inclusión y fomento al desarrollo de capacidades productivas, que reduzca la brecha entre los grupos que tienen derechos agrarios y el resto de la población.

[1] ONU-HABITAT, Reporte Nacional de movilidad urbana en México 2014-2015

[2] Nota informativa elaborada por el Grupo de acción interinstitucional sobre la mujer rural que dirigen FAO, FIDA y PMA

 

Acuerdos para la inclusión de jóvenes en organizaciones de base











Sinopsis:

Uno de los objetivos de la iniciativa Nuevos Actores y Diversificación Productiva, que forma parte del Programa de Apoyo a la gestión Comunitaria del Territorio (PAGET) del Consejo Civil, es precisamente, identificar y fomentar diversificar la producción comunitaria partir del manejo y gestión de los territorios forestales, “porque los bosques y selvas son más que madera”.

La selva Maya es una región ideal para la producción de miel, no por nada es una de las principales actividades productivas y sustento de las familias mayas de la Península de Yucatán. En esta región se genera el 80 por ciento del volumen total de la miel mexicana.

La selva, los acahuales y las milpas proveen de alimento a las abejas para producir una miel de excelente calidad. Gracias a estas condiciones, un grupo de apicultores de José María Morelos decidió conformar una Cooperativa de producción de miel, que hoy día está integrada por 115 socios del municipio.

La Cooperativa U Lool Che que en tres años ha logrado dar pasos importantes para su consolidación, trabaja en alianza con el Consejo Civil, en la Iniciativa Nuevos Actores y Diversificación Productiva (INADI). La INADI busca marcar una pauta en escenarios rurales de la Península de Yucatán para promover la participación de jóvenes, mujeres y personas sin derechos agrarios en la gestión del territorio rural y el desarrollo comunitario. Esta participación está alineada a la expansión de las cadenas de valor de la producción campesina, generando valor agregado a la producción local y/o ampliando la oferta de servicios hacia los miembros de comunidades y organizaciones rurales.

Un grupo de siete jóvenes (mujeres y hombres) constituye el piloto de inclusión de la Cooperativa, son hijos de apicultores socios y  han logrado levantar un taller de estampado de láminas de cera pura. Estas láminas son indispensables para la producción de miel y al no contener parafina son ideales para la producción de miel orgánica.

Los jóvenes reciben asistencia y acompañamiento técnico para la fabricación de las láminas de cera estampada; además, participan en las sesiones de formación humana y liderazgo comunitario impartidas por el Consejo Civil.

El taller de estampado de cera se creó para dar un servicio exclusivo a los socios de U Lool Che, que les permita a los apicultores de la cooperativa abatir costos de producción, mientras que un apicultor paga 14 pesos por una lámina de cera, el taller de estampado le presta un servicio de maquila a los socios para transformar su cera bruta en láminas de cera, con un costo final para el apicultor socio de 2 pesos.

Los jóvenes están encargados de acopiar la cera de los apicultores socios de U Lool Che, para posteriormente, cuando tengan un volumen superior a los 100 kilos los procesen en láminas estampadas. El proceso cuenta con varios controles de calidad que garantizan que el producto es apropiado para la producción de miel y que el proceso no tiene riesgos para los jóvenes.

En el taller, los jóvenes cuentan con normas de conducta y se rigen bajo valores de cooperación, equidad, solidaridad, puntualidad y responsabilidad. Asimismo, los jóvenes elaboraron un plan de negocios que les permitió determinar su capacidad productiva, su necesidad de acopio de materia prima y su requerimiento de comercialización para lograr utilidades.

Más allá de solo brindar un servicio a la cooperativa, las tres mujeres y cuatro hombres que integran el taller de estampado, ya se han convertido en apicultores. Como parte de la INADI se dotó, a cada joven, con cinco colmenas. Hay algunos jóvenes que en menos de un año han logrado duplicar sus colmenas y ya comenzaron a producir miel orgánica.

María Marcolina Morales Bacab, asesora técnica en U Lool Che e integrante del taller de estampado de cera, resalta que “estas iniciativas de la cooperativa y sus alianzas son muy importantes, tanto para la propia cooperativa como para los jóvenes, porque nos permite integrarnos a una actividad productiva, nos ayuda a aprender y a organizarnos. También sirve para dar mejores beneficios a los socios de U Lool Che”.

Por su parte, Rafael Bermon, de 19 años platica que “la apicultura es una muy buena opción de vida, yo prefiero trabajar con las abejas que en un restaurante de Tulúm. Porque ahí la presión es demasiada y el salario es bajo. Además, tengo que estar fuera de mi casa”.

Rafael estudió la carrera técnica en gastronomía y decidió irse de su ejido Adolfo López Mateos en José María Morelos a trabajar a la zona hotelera de Quintana Roo, pero “no me gustó ese tipo de trabajo, que no se valora mucho y con mucha presión. Es mucho mejor la apicultura y trabajar el campo. Eso me gusta hacer, estar en medio del monte trabajando con las abejas”.

Para el año 2018, se pretende que los jóvenes que forman parte del taller y el proceso de formación se integren como socios de la Cooperativa U Lool Che, que la cooperativa les compre su producción de miel orgánica y puedan consolidarse como productores apícolas y líderes animadores de otros jóvenes.

Los jóvenes rurales, un potencial en las comunidades forestales











Sinopsis:

Mariela Dzid Che, Aarón Burgos y Deybi Borges, son jóvenes del ejido Dziuche, en José María Morelos, Quintana Roo, que se dirigen al monte equipados con GPS, tablas de datos y pintura en aerosol. Hoy van a trabajar actividades de monteo y marqueo, es decir, van a inventariar árboles aprovechables en el área de corta del Ejido. Medirán cuántos árboles hay y de qué especies son, para comenzar con las labores de la operación forestal del ejido.

Estos jóvenes que no rebasan los 23 años de edad, también llevan el control administrativo de las operaciones del aprovechamiento forestal: se encargan del llenado de la documentación necesaria para el transporte de los productos forestales, controlan los volúmenes de extracción de madera y realizan informes de rendición de cuentas junto con la directiva ejidal.

En muchas comunidades y ejidos rurales de México, son limitadas las opciones de empleo y desarrollo. Para algunos grupos poblacionales como las mujeres y los jóvenes (mujeres y hombres) sin derechos agrarios la situación es más complicada, pues no tienen acceso a los recursos ni a la tierra, no son considerados en la toma de decisiones y se ven obligados a emigrar en busca de opciones de empleo.

En el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, se está apostando por un modelo de formación de jóvenes para fomentar su inclusión en las actividades de manejo territorial y en un mediano plazo en la toma de decisiones en sus ejidos. A través de un componente de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario en la Península de Yucatán del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, jóvenes entre 17 y 24 años pertenecientes a los ejidos que participan en la Plataforma Forestal se integraron a un programa de formación técnica y humana que busca empoderar a estos actores y crear experiencias de participación efectiva que sirvan de aprendizaje para mejorar la gestión social de los recursos naturales en esta región de la Península de Yucatán.

Jóvenes en el manejo forestal

En este marco, los jóvenes de Dziuché participan en una formación técnica para desempeñar tareas relacionadas con el manejo forestal comunitario y prácticas sostenibles de aprovechamiento.

Además del componente técnico, las y los jóvenes participan en sesiones de formación humana y liderazgo que propician la participación organizada y les permiten recuperar sus valores indetitarios y culturales; intercambiar experiencias y visiones con otros jóvenes que enfrentan retos similares en sus comunidades.

Los jóvenes de zonas rurales tienen un acceso limitado a los servicios educativos por la poca oferta en estas regiones y la reducida disponibilidad de recursos económicos de sus familias para costearles los estudios.

De acuerdo con un análisis del CCMSS “el sistema educativo mexicano no tiene un enfoque que promueva en los niños, niñas y jóvenes un desarrollo humano en el campo y para el campo, lo cual fomenta la expulsión de la población hacia los centros urbanos, que deriva en la pérdida de la identidad cultural, el desarraigo a la tierra y el deterioro del capital social de las comunidades”.

Algunos jóvenes logran salir de sus comunidades para alcanzar niveles más elevados de educación y aspirar a mejores oportunidades de empleo, pero muy pocos deciden regresar a sus comunidades a poner en práctica sus habilidades y conocimientos. “De esta manera, el campo no sólo se queda sin jóvenes, sino además sin la posibilidad de de-construir y construir formas colectivas que aumenten la resiliencia de las comunidades rurales”.

Shirley Alejandra Rivero, una joven del ejido La Esperanza, comenta que “esta iniciativa del Consejo Civil es importante, porque muchos jóvenes como yo no tenemos ni idea de lo que ocurre en el ejido, no podemos entrar y formar parte de las asambleas y no sabemos ni con qué recursos cuenta el ejido”.

Añade que, si bien es cierto que no hay muchas oportunidades para que los jóvenes se integren a las actividades del ejido, “no toda la responsabilidad es de las instituciones ni de los ejidatarios. Nosotros como jóvenes, si queremos hacer algo debemos organizarnos y empezar a hacer las cosas, pero sí necesitamos de alguien que nos asesore”.

En una visita del grupo de los 34 jóvenes que participan en estos procesos formativos al ejido San Felipe Oriente para conocer el caso de éxito de la Cooperativa Caleña, en la que también participan varios jóvenes que forman parte de esta iniciativa; Vianca, del ejido Kankabchen, en José María Morelos, plantea que “los jóvenes tenemos la responsabilidad de cambiar la mentalidad de los ejidatarios, que por lo general son personas mayores con ideas muy arraigadas y que no ven más allá. Quieren ganancias inmediatas y no ven a futuro, por eso no se preocupan mucho por buscar opciones o hacer otras cosas”.

La joven resalta la importancia de conocer casos como el de Caleña, “porque así aprendemos que sí se pueden lograr experiencias positivas en las que participan jóvenes en sus propios ejidos”.

Por su parte, Aarón Burgos, quien estudió Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, ubicada en el municipio de José María Morelos, tiene un amplio panorama de la importancia de la conservación de la biodiversidad y la selva para el bienestar de las comunidades.

Este joven de 23 años que participa en las actividades del aprovechamiento forestal de su ejido, destaca que “conforme nos vamos incorporando en las actividades del ejido los propios ejidatarios y la comunidad nos empiezan a tomar más en cuenta, demostramos que podemos aportar mucho, como el uso de nuevas tecnologías para una mejor gestión del ejido”.

Esta iniciativa, para promover esquemas de inclusión social en escenarios rurales de la Península de Yucatán, impulsada por el Consejo Civil, concertó acuerdos con las directivas ejidales para que permitieran la participación de los jóvenes que, a pesar de la renuencia inicial de los comisariados ejidales, al día de hoy ha dado luz a la posibilidad de que la participación de los jóvenes en los ejidos sea una realidad.

Una plataforma que impulsa a comunidades mayas para el manejo de sus recursos forestales











Sinopsis:

 

Los bosques y selvas comunitarios proveen enormes beneficios a las sociedades rurales en México. A través del manejo y el aprovechamiento forestal, cientos de comunidades rurales han mejorado sus niveles de vida y conservado un preciado patrimonio natural. A pesar de las bondades de este esquema, las comunidades dueñas de los bosques y selvas del país enfrentan una serie de obstáculos que ralentizan, y en el peor de los casos frenan, el desarrollo de emprendimientos productivos basados en el manejo y aprovechamiento forestal, tales como la excesiva y rígida regulación que permea al sector, y como la falta de una inversión por parte del Estado en bienes públicos que favorezcan su crecimiento.

De acuerdo con estimaciones del investigador Frederick Cubbage, en México operan alrededor de 990 empresas forestales comunitarias con distintos niveles de desarrollo, pero este número podría ser mucho mayor, por lo menos el doble, puesto que hay más de 12 mil comunidades y ejidos que cuentan con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas, lo que representa una superficie de 97 millones de hectáreas de cobertura bajo propiedad social, esto equivale al 70 porciento de la cobertura forestal del país.

El mecanismo de la Plataforma Forestal

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible desarrolla una estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de ejidos dueños de selvas para aumentar el control de sus recursos forestales y con ello mejorar la gestión de los territorios comunitarios.  Se trata de una estrategia que puesta por la propiedad social, el manejo comunitario de la selva y la conservación activa de los paisajes forestales. Apuesta por el desarrollo de capacidades locales para el control de los medios de producción y por la participación de jóvenes, mujeres y personas con y sin derechos agrarios.

Esta Estrategia trabaja con ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que cuentan con Programas de Manejo Forestal, pero que carecen de capacidades técnicas, organizativas y económicas para liderar una gestión forestal.

En el estado de Quintana Roo la propiedad de la tierra es mayoritariamente ejidal. La entidad cuenta con 2.8 millones de hectáreas de selva que pertenecientes a 275 ejidos, la gran mayoría de ellos, con población indígena maya que vive en condiciones de pobreza en medio de una gran riqueza natural. Partiendo de las realidades regionales, el CCMSS diseñó un mecanismo financiero denominado “Plataforma Forestal”, que funciona como instrumento promotor de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario. Mediante este instrumento financiero se da un soporte económico a los ejidos para la operación de actividades que mejoran sus capacidades para la gestión forestal en el marco de planes anuales de trabajo. A su vez, la Estrategia cuenta con un equipo técnico de calidad que acompaña y asiste técnicamente a los ejidos a lo largo de la operación de sus planes forestales anuales.

Con una convocatoria abierta a lo largo del año, los ejidos interesados en participar en la Plataforma Forestal presentan su candidatura a través de una carta de intención elaborada por el propio ejido, comprometiéndose a trabajar bajo una serie de principios de rendición de cuentas y transparencia, inclusión social, gestión colectiva y beneficio común, y cumplimiento a la normatividad ambiental.

El mecanismo de la Plataforma Forestal cuenta con un fondo que es gobernado por un Comité Técnico conformado por representantes de la CONABIO, la CONAFOR y la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo y del CCMSS. Este Comité colabora con la revisión y calificación de las propuestas de los ejidos, crea sinergias con los programas gubernamentales para potenciar las iniciativas ejidales y dar transparencia a la operación de la Plataforma Forestal.

“Se trata de un instrumento que busca cambiar aquellas formas viciadas de acceder a recursos públicos donde las necesidades del ejido las determina la institución gubernamental bajo un nivel nacional y el prestador de servicios técnicos según sus capacidades y habilidades de gestionar los mayores recursos económicos posibles”, refiere Sara Cuervo, coordinadora del CCMSS en la Península de Yucatán.

La Plataforma Forestal dispone de unos componentes de financiamiento que fueron diseñados considerando las debilidades y carencias que presentan los ejidos en la región y que al ser estimuladas puedan abrirse nuevos escenarios de crecimiento y participación local con una menor dependencia de intermediarios y de prestadores de servicios técnicos.

En Quintana Roo, y más concretamente en el municipio de José María Morelos, el sector forestal presenta una tendencia de estancamiento. En los últimos años la producción maderable ha caído en un 50 por ciento y solo se produce un 20 por ciento de los volúmenes autorizados para el aprovechamiento forestal.

Muchos de los ejidos dueños de terrenos forestales tienen inactivos sus o programas de manejo forestal autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat). Además, la mayoría de estos instrumentos de manejo presentan deficiencias serias en su elaboración que impiden el crecimiento exitoso de iniciativas productivas y comerciales.

La totalidad de estos ejidos carecen de capital para llevar a cabo sus actividades de aprovechamiento forestal, inclinándose por un esquema “rentista” de sus recursos forestales, es decir, venden la madera en un eslabón inicial de la cadena condenando el emprendimiento a ingresos muy bajos, participaciones locales reducidas y prácticas poco sostenibles en las labores del aprovechamiento forestal al haber cedido el control de sus recursos.

Sara María Cuervo, indica que la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario pretende mostrar en la región escenarios de manejo forestal distintos, en los que los ejidos y las personas locales logren roles más dignificantes basados en una participación efectiva y un beneficio real para las familias. Las actividades para lograr lo anterior se dinamizan a través del fortalecimiento permanente de capacidades locales para la gestión forestal, la aplicación de prácticas de aprovechamiento de bajo impacto, el desarrollo de iniciativas que diversifiquen la producción y aumenten su valor y la inclusión de jóvenes y mujeres en el manejo forestal comunitario.

Comenta que de los 9 ejidos que participan en el mecanismo, y que son dueños de alrededor de 24 mil hectáreas de selva bajo manejo, ya hay experiencias reveladoras que nos demuestran que abandonar el esquema rentista es posible, que se requiere de mayor participación de la gente local y de una intervención más inteligente.

Los ejidos que participan en la Plataforma forestal reciben acompañamiento técnico para la elaboración de planes forestales ejidales, en los que se describen las actividades que llevarán a cabo durante el año con el respaldo del financiamiento que este mecanismo les ofrece. Son los propios ejidos los que deciden en sus asambleas en qué quieren trabajar e invertir los recursos, siempre y cuando las actividades estén acordes a su nivel de desarrollo y contribuyan al control comunitario de sus recursos forestales.

A lo largo de la operación de los planes ejidales se evalúa el desempeño de los ejidos y se establecen acuerdos de mejora. Estas evaluaciones sirven de insumo al Comité Técnico de la Plataforma Forestal para dar un seguimiento de los procesos comunitarios y tomar decisiones inteligentes considerando áreas de oportunidad que permita contar con más y mejores experiencias de manejo forestal comunitario en la región.

Inclusión en el manejo forestal

La inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades para la gestión forestal en los ejidos es un elemento transversal de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario, además de contar en la Plataforma Forestal con actividades específicas que promueven que las estructuras ejidales faciliten la participación de mujeres y jóvenes en actividades de la operación forestal. A través de formaciones con enfoques técnicos y de desarrollo humano, jóvenes y mujeres de los ejidos están enriqueciendo las iniciativas forestales comunitarias y construyendo escenarios para una participación más efectiva.

Las directivas ejidales se ven fortalecidas con la participación activa de jóvenes del propio ejido en tareas como la operación de controles administrativos de la operación forestal y de inventarios de la madera, la generación de reportes a las asambleas ejidales, la cubicación de la madera en rollo y el llenado de la documentación legal, entre otras.

Las habilidades y visión de los jóvenes dinamizan las operaciones forestales de los ejidos, al mismo tiempo, los jóvenes encuentran espacios de participación, inicialmente muy operativos y con miras de lograr incidir en la toma de decisiones del ejido; cosa que generalmente no ocurre, porque tradicionalmente solo los titulares de derechos agrarios tienen voz en la toma de decisiones y goce pleno de los recursos.

Asimismo, la estrategia fomenta la participación activa de mujeres a través de la conformación de grupos de trabajo que puedan emprender iniciativas productivas que se inserten en el proceso de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de los ejidos, como la conformación de viveros comunitarios para la producción de planta forestal de calidad que se empleará en las reforestaciones de los ejidos.

Las mujeres que deciden integrarse a estos grupos de trabajo reciben capacitaciones técnicas y talleres para fortalecer los procesos de organización, liderazgo y autogestión.

Más allá de la participación en actividades productivas, se pretende que las mujeres desempeñen un rol más protagónico en la toma de decisiones, que se respeten sus puntos de vista y se valore su valiosa aportación en la vida comunitaria.

Algunos resultados

Con la puesta en marcha de la Plataforma Forestal se ha logrado que 9 ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que son dueños de una superficie forestal de 24 mil hectáreas, estén tomando decisiones más acertadas para la gestión de los paisajes forestales y el mejoramiento del entorno comunitario.

Más de 1,300 ejidatarios participan y reciben beneficios y co-beneficios de la apropiación del proceso de manejo y aprovechamiento de su selva. Como ejemplo, el Ejido San Felipe Oriente ha logrado avanzar de manera importante en la consolidación de su Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña) mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva de carbón vegetal con hornos metálicos, la apertura de nuevos canales comerciales y la integración de un colectivo de mujeres que realiza el proceso de envasado de un producto diferenciado.

Asimismo, Ejidos como Dziuché, Puerto Arturo y Rancho Viejo han reactivado sus planes de manejo forestal y en 2017 comenzaron con sus labores de producción de madera en rollo, dejando beneficios considerables a las familias locales. Consideran que un siguiente paso es diversificar su producción y hacerse cargo de nuevos eslabones de la cadena de valor para así generar mayores beneficios a los ejidatarios y más empleos para toda la población local.

Durante 2016, a través de la Plataforma Forestal se canalizaron 1.8 millones de pesos a los ejidos para que pudiesen llevar a cabo sus planes forestales ejidales y se logró la alineación de otros 3.5 millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional Forestal que fueron dotados directamente a los ejidos.

También se ha logrado la participación activa de jóvenes en las actividades de aprovechamiento forestal en todos los ejidos que forman parte de la Plataforma Forestal. Asimismo, tres colectivos de mujeres han establecido viveros comunitarios para la producción de planta nativa que se venderá a los ejidos para las tareas de enriquecimiento de las áreas de selva aprovechadas.

Cuando las comunidades manejan sus bosques hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo











Sinopsis:

Prácticamente ya no quedan bosques primarios ni en México ni en el mundo. La gran mayoría de los ecosistemas forestales presentan una cobertura secundaria, es decir, han sido intervenidos y aprovechados, y estos se han regenerado.

En nuestro país, como en la mayoría de los países, los bosques están habitados, y muchas familias dependen de ellos para obtener alimentos, medicamentos, combustible y otros productos que son fundamentales para su economía y subsistencia. Por ello, “cuando hablemos de conservación de los bosques es indispensable que se tomen en cuenta a los dueños de los bosques y a las personas que los habitan”, subraya la Doctora Patricia Gerez, especialista en manejo forestal comunitario.

Como parte de su ponencia en el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, plantea que “está demostrado que cuando las comunidades manejan sus bosques y selvas hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo y en un mejor estado que un bosque sin intervención”.

En este sentido, cuestiona que las políticas públicas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no parecieran ser las más adecuadas para propiciar una mejor gestión de los recursos forestales, incrementar la producción de productos forestales y detener la deforestación y degradación de los bosques y selvas.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, detalla que se invierten muchos recursos públicos en programas de reforestación y regeneración de bosques, pero que estos carecen de seguimiento y medición del impacto. Asimismo, tampoco se han detenido los procesos de deforestación y degradación ni se ha incrementado la superficie bajo manejo para la producción de productos forestales.

En contraparte, indica que “son las propias comunidades las que destinan voluntariamente grandes extensiones de sus bosques a la conservación; y muchas otras que perdieron sus bosques los están recuperando con reforestaciones y el aprovechamiento de esa madera para elaborar muebles”.

Patricia Gerez destaca que la estrategia de la Conafor para incrementar la producción de madera se centra solo en pequeñas áreas del país consideradas con un alto potencial productivo y no atiende a muchas otras regiones que, si bien no tienen el potencial de zonas de Durango, Oaxaca, Guerrero o Jalisco; podrían contribuir a incrementar la producción y mejorar la economía de todas las familias que son dueñas de esos recursos.

Señala que de las 6.4 millones de hectáreas de bosques y selvas con las que cuenta el país, 15 millones de hectáreas tienen potencial productivo, pero que solo 7.4 millones están bajo un esquema de manejo y aprovechamiento.

La excesiva regulación impuesta por la autoridad para el manejo de los recursos forestales y la marginación a los pequeños propietarios comunitarios para acceder a apoyos, acompañamiento técnico para fortalecer sus capacidades productivas y de generación de valor agregado, han obstaculizado la expansión de la superficie forestal bajo manejo.

Asimismo, añade, hay una enorme rigidez de la autoridad, como para permitir poner en marcha sistemas de manejo y aprovechamiento forestales más flexibles. No obstante, “la mayor parte de la madera que se produce en México proviene de aprovechamientos no regulados o ilegales. Pero las principales causas de deforestación no provienen de estos aprovechamientos no regulados, sino de la ganadería extensiva, la construcción de grandes desarrollos turísticos y la agricultura industrial. Además de otras amenazas como la minería y el fraking”.

Además de reforestar, “las comunidades también protegen sus manantiales y zonas de recarga de acuíferos; le dan un uso diversificado a sus tierras y economía. ¿Por qué no apostar por una política forestal de producción y conservación centrada en las comunidades y ejidos? Si ellos son los dueños de los bosques: hasta un 80 por ciento de esas comunidades son indígenas que presentan severas carencias”.

El Brasero de Oriente, iniciativa campesina de manejo y aprovechamiento sustentable de carbón vegetal en San Felipe Oriente











Sinopsis:

Cuando el cielo apenas empieza a clarear en el Ejido San Felipe Oriente del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, un grupo de hombres sale de sus casas, equipados con cascos, machetes, guantes y algunos víveres para adentrarse en la selva, su lugar de trabajo.

En un área que ya tienen delimitada, cosechan los árboles que fueron marcados y que corresponden con lo especificado en su Programa de Manejo y Aprovechamiento Forestal autorizado previamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este aprovechamiento forestal tiene una lógica, y busca que el corte del arbolado redunde en un mejoramiento de la calidad de la selva; se trata, en realidad, del “cultivo del bosque”.  Así se busca hacer aclareos donde la densidad es muy alta y los árboles destinados al aprovechamiento son ejemplares que presentan malformaciones, están sámagos o porosos, o bien, presentan problemas de plaga.

Posteriormente, trozan los troncos y ramas para poder fabricar el carbón vegetal en hornos metálicos y hornos tradicionales, estos últimos compuestos de arcilla y hojas de palma. Si fabrican el carbón en un horno metálico el proceso de transformación de la madera en carbón tarda aproximadamente 72 horas. En los hornos tradicionales el proceso tarda hasta 7 días y deben vigilar ese horno constantemente para evitar que se generen huecos o hundimientos en la arcilla que estropearían todo el proceso.

Producir carbón vegetal es un trabajo duro que no siempre es bien remunerado, pero es la fuente de ingreso de muchas familias que viven de los bosques y selvas. Por si fuera poco, este producto enfrenta una competencia desleal en el mercado ya que circulan grandes volúmenes de carbón producido de forma ilegal y que se vende a un precio más barato puesto que no paga impuestos, ni invierte en la reforestación del bosque, no elabora estudios ni planes técnicos de manejo forestal, como sí lo hacen los miembros de San Felipe Oriente.

Muchas comunidades rurales, como San Felipe Oriente no quieren vivir de las dadivas de los gobiernos. Lo que demandan es la eliminación de barreras que les permita el desarrollo de sus capacidades productivas; que les permitan emplearse y generar ingresos para sus familias. En San Felipe, un grupo de ejidatarios lleva 6 años trabajando de forma constante fortaleciendo su proyecto de producción de carbón ecológico: la Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña).

El camino ha sido duro, pues han sorteado todo tipo obstáculos, como el limitado capital de trabajo,  la competencia desleal, la complejidad en la tramitología para el otorgamiento  de permisos de aprovechamiento forestal, y la limitada infraestructura para la producción, almacenamiento y envasado de su producto. Sin embargo, “lo que nos ha mantenido a flote ha sido la necesidad y ganas de trabajar”.

Hace seis años, un grupo de 15 ejidatarios decidió emprender el proyecto de producir carbón con el objeto de generar ingresos para sus familias a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se trata de aprovechar una parte de toda esta riqueza que les da la selva y contribuir a que ésta se mantenga en buenas condiciones en el largo plazo.

Desde el inicio les fue complicado convencer a la asamblea ejidal de que el proyecto sería benéfico para todos en San Felipe Oriente. Muchos ejidatarios decidieron no participar en el proyecto, así que lograron llegar a un acuerdo con la asamblea en el que la Cooperativa aportaría un porcentaje de las ventas al fondo ejidal en retribución por la materia prima extraída del bosque para la elaboración del carbón.

Los primeros intentos fueron fallidos, pues si bien lograron producir carbón, no encontraron un mercado donde venderlo. Así que desistieron y abandonaron su autorización de aprovechamiento. “Fue hasta 2014, cuando con asesoría del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), se encontró un mercado para poder vender, entonces se decidió retomar estos trabajos, ya con una mejor organización”, refiere Nicolás May Rosel, ejidatario de San Felipe Oriente y coordinador de producción de la Cooperativa Caleña.

En la región no hay muchas oportunidades de empleo para la generación de ingresos. Nicolás comenta que “en el ejido la gente se puede dedicar a la agricultura de temporal o a criar algunas cabezas de ganado. Sin embargo, los que se dedican a la agricultura están teniendo problemas, porque en los últimos 4 años las cosechas se han perdido ya sea por sequía o por exceso de lluvia. Por eso decidieron apostar por otro tipo de emprendimiento productivo: la producción de carbón vegetal.

Gestión del territorio y oportunidades

De las 15 personas que comenzaron con la iniciativa de producir carbón en el ejido, ahora son 50 los ejidatarios que trabajan en la Cooperativa. Además de otros 10 repobladores, es decir habitantes del ejido que no cuentan con títulos ni derechos agrarios.

San Felipe Oriente es un ejido de 4,762 hectáreas, que cuando fue atendido por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) decidió no repartir todo el terreno y dejar un 20 por ciento de la superficie sin repartir. De esta forma, explica Nicolás May, se puede asignar título y tierra a las siguientes generaciones de ejidatarios, como ocurrió hace un par de años cuando se incorporó a otros 22 nuevos ejidatarios. Actualmente la asamblea la conforman 77 ejidatarios y aún queda un 10 por ciento del territorio del ejido sin repartir.

Detalla que “los criterios para que una persona se convierta en ejidatario es que sea hijo de ejidatario o bien, que esté casada o casado con algún hijo de ejidatario y que ya tengan viviendo, al menos, 3 años en el ejido”. Asimismo, se evalúa que la persona no sea conflictiva para evitar posibles conflictos.

La Cooperativa es una opción viable de ingreso para que “los compañeros ejidatarios y la gente de San Felipe no tengan que emigrar, porque como la mayoría no tienen estudios, si salen a la ciudad en busca de empleo solo pueden trabajar de ayudantes de albañilería o en otros oficios mal pagados, y en los que los discriminan. Además, se tienen que alejar de sus familias, tienen que pagar renta, alimentación y otros gastos, entonces regresan a sus casas sin dinero”.

Un claro ejemplo de esa problemática es el caso de Anastasio Yam Yam, ejidatario de San Felipe Oriente y miembro de la cooperativa Caleña desde hace 3 años, que antes de integrarse a este proyecto productivo tenía que salir a trabajar a las ciudades de Chetumal o Playa del Carmen, porque no tenía oportunidades de generar ingresos para su familia. En esas ciudades se contrataba como ayudante en trabajos de electricista, pero la pagar era muy poca y sumado a los gastos de alojamiento, alimentación y transporte no le quedaba prácticamente nada de dinero para enviar a su esposa e hijos.

Anastasio, hombre de 27 años, comenta que gracias a la iniciativa de sus compañeros de emprender el proyecto del carbón y a la invitación que le hicieron para formar parte, ahora puede pasar más tiempo con su familia y administrar mejor su tiempo. “Porque allá en la ciudad tienes que trabajar de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no te queda tiempo para hacer otra cosa, menos si estás alejado de tu casa y familia”, relata.

Con los ingresos que obtiene como socio de la Cooperativa, más lo que genera en la producción agrícola en su parcela puede dar un mejor sustento a su esposa e hijos, “además estoy cerca de ellos”, resalta.

Consolidación de la marca “Brasero de Oriente”

Antes de que los ejidatarios de San Felipe se organizaran para conformar la Cooperativa, muchos de ellos producían carbón de forma independiente y lo vendían a granel, los compradores que acudían directamente al ejido a acopiar el carbón se los pagaban a un precio muy bajo.  Ahora, ya organizados en Caleña, han logrado producir 200 toneladas anuales y buscan acopiar un mayor volumen de los ejidos y comunidades vecinas, con la intención de poder abastecer mercados más grandes y obtener mejores contratos.

Caleña vende a compradores de la Ciudad de México una parte de su producción de carbón a granel, pero en los últimos meses han iniciado un nuevo proyecto dirigido a la venta del producto  al consumidor final, principalmente restaurantes de la costa  de Quintana Roo en presentaciones de sacos de 20 kilos. Caleña además ha avanzado en la comercialización de una presentación de 3 kilos bajo la marca “Brasero de Oriente”. “Con acompañamiento técnico del Consejo Civil Mexicano se diseñó y fabricó el empaque y se están abriendo espacios para su comercialización en tiendas comerciales”, explica José Nicolás May Rosel.

Detalla que la comercialización del carbón en presentaciones de 3 kilos genera mejores utilidades, porque es un producto con mayor valor agregado, y que es administrado por un grupo de 10 mujeres del ejido.

Cuando se generó la iniciativa de lanzar la presentación de 3 kilos bajo la propuesta de que fuera administrada por las mujeres hubo algunos problemas y reticencias, pero fue gracias a la señora Deisy quien logró animar a sus compañeras hasta la generación de acuerdos para iniciar. “Ahora las mujeres también tenemos ingresos y no estamos a expensas de nuestros esposos para poder comprarnos lo que necesitemos, al contrario, además de realizar nuestras labores en el hogar y con los hijos, también aportamos a la economía de la casa”, resalta Deisy.

Precisa que “este tipo de proyectos se tienen que desarrollar en otros ejidos para que la gente pueda vivir de mejor forma, para que la gente no tenga que emigrar y para que se le dé un buen uso y cuidado al bosque; porque cuando está abandonado se deteriora”.

Las ADVC, un compromiso comunitario para la conservación

Los bosques comunitarios almacenan al menos la mitad del carbono forestal de Mesoamerica










Sinopsis:

 

 

Los ejidos y comunidades de México son poseedores de más de 70 por ciento de los bosques y selvas del país. Estos ecosistemas nos proveen de servicios ambientales como la captura de agua para la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura, el control de la erosión, la contención de azolve, además de albergar una gran biodiversidad, producto de las condiciones geográficas y del manejo y uso sustentable que han desarrollado las comunidades originarias de nuestro país a lo largo de siglos.

Para asegurar la conservación en el largo plazo de esta gran riqueza biocultural, muchas de esas comunidades y ejidos han tomado la decisión de incorporar segmentos de su territorio a un régimen especial de manejo y protección, debido a sus altos valores y atributos vinculados con los servicios ambientales que prestan. A estos espacios se les conoce como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), que desde el año 2008 pueden obtener el reconocimiento de la federación para ser considerados como Áreas Naturales Protegidas de competencia federal y por lo tanto obtener beneficios como evitar la exploración y extracción de hidrocarburos dentro de estos predios.

Las ADVC están blindadas frente a desarrollos de obra pública y mega-proyectos, de la misma forma que las ANP`s federales o estatales ya que están contempladas dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LEEGEPA).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) al día de hoy, 384 predios se encuentran certificados como ADVC, que equivalen a una superficie de 413 mil hectáreas, de las cuales el 60 por ciento corresponden a predios de ejidos y comunidades; 39 por ciento son privados y 1 por ciento federales.

Salvador Anta Fonseca, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, indica que hay más de 280 mil hectáreas destinadas voluntariamente a la conservación solo en el estado de Oaxaca, entidad en la que surgió el esquema a mediados de la década de los 90. Además de las áreas certificadas existe una gran cantidad de superficie de bosque que en la práctica  esta bajo regímenes de conservación comunitaria pero que no cuentan con el certificado de ADVC.  “Hay estimaciones de que a nivel nacional se tiene poco más de un millón de hectáreas que se encuentran en un esquema de conservación voluntaria por parte de sus dueños, principalmente las comunidades y ejidos.

Si bien es cierto que estos esquemas de conservación son poco reconocidos, se sabe que son una vía para incorporar mucha más superficie al manejo del bosque, de hecho, “podríamos llegar a 5 millones de hectáreas si contásemos con una política fuerte y bien diseñada de impulso a este esquema y trabajando comunidad por comunidad”, destaca Salvador Anta.

Ejemplifica que se podrían lograr casos como el de las seis comunidades del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (Corenchi), que se ubican en la Sierra Norte de Oaxaca, y que desde hace más de 15 años iniciaron acciones para proteger sus bosques mediante una serie de instrumentos de gestión territorial para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

Corenchi posee una superficie de vegetación continua de 26 mil 770 hectáreas en buen estado de conservación. Esta organización, que aglutina a varias comunidades chinantecas, resguarda un importante reservorio de bosque mesófilo que a la vez manejan desarrollando diversas actividades productivas sustentables.

 

Falta de recursos y justicia social

Una de las limitantes de este esquema, que impide que la superficie bajo conservación voluntaria se incremente es la ausencia de una política fuerte y comprometida que incentive el establecimiento de nuevas ADVC´s; una política que incluya una serie de instrumentos financieros y fiscales que impulsen a los dueños de los territorios forestales a avanzar en sus iniciativas de conservación.

Hoy día, existen presupuestos muy limitados destinados a ello que permitan apoyar el desarrollo de acciones de manejo y mantenimiento, como brechas cortafuego, brigadas de vigilancia, aclareos, chaponeos, reforestaciones, caminos, colocar señalética, entre muchas otras actividades.

Los únicos apoyos destinados a las ADVC son los que otorga la Conanp a través de su Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable (Procodes), el Programa de Empleo Temporal; además del Programa de Pago por Servicios Ambientales, a cargo de la Conafor. Es importante señalar que estos tres programas de apoyos sufrieron un severo recorte para este año 2017, de más del 60 por ciento con respecto al año previo.

De acuerdo con un análisis de la consultora Visto Bueno Política Ambiental, el mecanismo de ADVC “está inacabado porque actualmente no se cuenta con recursos para los dueños de los predios bajo este esquema, está pendiente la inclusión de criterios de justicia social que permitan que los propietarios reciban una retribución justa por los servicios ambientales que prestan sus terrenos a la colectividad”.

Por lo anterior, esta organización propone modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a su reglamento, con el fin de destinar fondos provenientes de un pago de derechos por el uso o aprovechamiento de elementos naturales y servicios ambientales que se retribuyan a las comunidades y ejidos comprometidos con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

 

*Fotografías: 1) Consuelo Pagaza para CCMSS; 2 y 3) CONANP

Impulso a la producción cafetalera de las familias campesinas en Oaxaca











Sinopsis:

Desde hace algunos años, el Sistema Comunitario para el Manejo y Protección de la Biodiversidad (SICOBI) y el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA), han trabajado en mejorar las capacidades de producción de pequeños productores de café en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca, con el objetivo de mejorar los ingresos de estas familias a través de la producción de un café de alta calidad.

En colaboración con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se han llevado a cabo dos procesos de acopio y venta de la producción de café de alrededor de 475 familias productoras de la región. Estos procesos acompañados han permitido elevar los márgenes de ganancia de las familias cafeticultoras; además de establecer un proceso de diferenciación del café proveniente de parcelas manejadas por mujeres.

La roya es uno de los principales problemas que enfrenta la producción cafetalera en nuestro país y fue un enorme reto para este proyecto, ya que esta enfermedad del cafetal ha ocasionado una pérdida significativa de la producción, pues ha dañado a más del 40 por ciento de las plantaciones, principalmente en cafetales ubicados en áreas bajas, menores a los mil metros sobre el nivel del mar.

Por lo anterior, esta iniciativa ha impulsado la realización de acciones para propiciar la renovación de los cafetales, y la mejora de los procesos de beneficios húmedo y seco, para asegurar la calidad de la producción del café ya existente.

Mediante el proyecto “Mujeres Cafeticulturas” se ha trabajado en el mejoramiento de las parcelas cafetaleras de las comunidades que forman parte del SICOBI, dentro de los municipios de San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Santiago Xanica, San Miguel del Puerto y San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca.

Esta iniciativa permitió establecer un esquema de colaboración con 475 familias productoras de café para mejorar las capacidades de manejo de cafetales, así como la adopción de tecnológicas de beneficio del café y la implementación de sistemas de control interno en las comunidades que conforman el SICOBI para asegurar la diferenciación de su producción de café en términos de calidad, origen y género.

Con la implementación de un protocolo de acopio para el manejo e integración de lotes de venta, se pudo lograr una clasificación de la producción del café por calidad y género, que permitió lograr mejores precios e ingresos para los productores.

Si bien es cierto que este fue el primer año en que se utiliza esta metodología de acopio en el SICOBI, esto ayudó a que los productores y productoras conocieran los criterios para la diferenciación de calidad de café y los resultados en el análisis de su producción de pergamino acopiado. Con ello, también es posible identificar y subsanar las debilidades existentes en sus procesos de cosecha y/o poscosecha.

Actualmente, el SICOBI cuenta con una superficie aproximada de 584 ha de producción, de las cuales 205 ha son manejadas por mujeres, con rendimientos promedio de 0.5 quintales, es decir, 23 Kg. De las 35 toneladas de café pergamino acopiado por la organización, aproximadamente 4.5 toneladas son procedentes de parcelas de mujeres cafeticultoras, lo que representa el 12.87 % del total de la producción.

Para mantener la calidad en la producción se han realizado diagnósticos participativos de los grupos de trabajo y se estableció un plan de saneamiento de los cafetales, tanto a nivel de grupos, como de comunidades, con controles de seguimiento y evaluación de los trabajos.

Como parte del convenio de colaboración entre SICOBI, GAIA y el CCMSS se avanzó en el establecimiento de mejores prácticas de manejo del cafetal y el acondicionamiento de viveros regionales, comunitarios y familiares. Además, se adquirieron nuevas plantas de café y semillas para la diversificación de los cafetales, mediante la inserción de cultivos como el cacao, la canela y árboles maderables de uso múltiple. Estas acciones permitieron que se incrementaran las capacidades de gestión de cada una de las comunidades socias del SICOBI para la mejora y optimización del sistema de producción de café.

Finalmente se impulsó un nuevo proceso de secado del café a través de zarandas, en vez de los tradicionales pisos de secado o petates expuestos directamente al sol.

Aun con estos avances y con el proceso de renovación puesto en marcha, alcanzar los números de productividad idóneos, implica trabajos futuros, desde manejo de cafetales en campo, que permita minimizar el problema de la roya y asegure la capacidad de provisión de pergamino a fin de alcanzar, gradualmente, niveles de producción de al menos 3 quintales por hectárea por año, lo que se traduciría en una producción de pergamino de 28,500 Kg de café con carácter de género en los próximos tres años.

Más allá de propiciar mejores ingresos para los pequeños productores de esta región, la iniciativa de mejoramiento productivo en beneficio de las comunidades, busca también generar lecciones que permitan evidenciar esquemas viables de re-apropiación y reconstrucción de los paisajes rurales en México. 

Consulta la Nota Informativa del Proyecto:

Nota Informativa del Proyecto GAIA – SICOBI – CCMSS

 

El verdadero valor de la caoba, es la organización y trabajo comunitarios











Sinopsis:

El ejido Caobas, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, es uno de los ejidos forestales que ha alcanzado un alto nivel de consolidación y de bienestar para las familias que lo integran, por sus actividades de manejo, aprovechamiento y comercialización de sus recursos forestales.

El ejido, conformado por 311 ejidatarios, cuenta con las certificaciones del FSC de buen manejo forestal y de cadena de custodia, lo cual quiere decir que cumple con los requisitos de un estándar internacional que garantiza que la madera que cosechan y comercializan es de origen legal, que emplean buenas prácticas para la conservación activa del bosque, que realizan reforestaciones, tratamientos para evitar plagas e incendios y que sus trabajadores cuentan con servicios de seguridad y salud.

Caobas cuenta con una superficie de 67 mil hectáreas, de las cuales, 32 mil 500 se encuentran dentro de su plan de manejo forestal autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además de su empresa forestal comunitaria, Caobas cuenta con una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), ofrece actividades de senderismo y ecoturismo y tiene un vivero para la producción de plantas; con estos proyectos genera ingresos y empleos para los habitantes del ejido.

Inclusión de jóvenes y mujeres

El presidente del comisariado ejidal, Senén Carmona, un joven de 26 años de edad, comenta que este ejido forestal de la Península de Yucatán es un referente para muchos otros, debido al camino que ha seguido para consolidarse tanto en la organización y la gobernanza interna, como en la transformación de la madera y su comercialización directa dentro y fuera del país.

El propio Senén es un ejemplo claro de la capacidad que tienen los jóvenes para involucrarse en las actividades de aprovechamiento y de toma de decisiones dentro de las organizaciones ejidales y comunitarias, pues ha promovido buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas al interior de la asamblea que les ha permitido dar un mejor manejo a las finanzas de la empresa forestal comunitaria.

Asimismo, el presidente del comisariado ha propiciado una mayor participación de las mujeres en las actividades y toma de decisiones. Al momento de designar a los integrantes de la mesa directiva del comisariado incorporó a la señora Inés Rodríguez como secretaria ejecutiva y gerente del Aserradero de la empresa forestal comunitaria.

La caoba y el mercado

Como su nombre lo dice, este ejido se caracteriza por la riqueza de caoba que posee su bosque. Esta madera preciosa tiene un alto valor de mercado y mucha demanda, cualidades que Caobas ha sabido aprovechar. Si este ejido no tuviera el nivel de organización, capacidad de trabajo e inteligencia de mercado con que cuenta, el valor de esta madera preciosa, junto con las otras especies que cosechan -el tzalam, el chechen, el zapote, el cedro y los chacaj blanco y rojo- se quedaría en manos de los intermediarios y no de la empresa forestal comunitaria.

Gracias a su buen nivel de organización, destaca Senén Carmona, han logrado vender su producción a un mejor precio y evitando a los “coyotes” (los intermediarios que les compran a un precio muy bajo y revenden con un enorme margen de ganancia). Y no solo eso: el Ejido Caobas ha logrado firmar contratos para la exportación de sus productos forestales, lo que les generan mejores utilidades.

“Mucho de lo logrado en términos del comercio de la madera es gracias a la certificación en buen manejo forestal y la cadena de custodia con la que contamos, porque la certificación es un compromiso con la legalidad en el sector forestal, y eso es algo que ya hemos interiorizado en el ejido”, subraya Senén Carmona.

Senén relata que lograr esos buenos resultados no ha sido sencillo, pues se han enfrentado a conflictos internos con grupos de ejidatarios que no tenían plena confianza en que ese proceso de comercialización pudiera lograrse. Querían vender por su parte y obtener dinero de forma inmediata, aunque fuese una menor cantidad.

Además, resalta:

“enfrentamos la asignación de subsidios que están mal dirigidos y regresivos que le causan daño al sector y en particular a las comunidades y ejidos porque se apoya a monstruos del sector para que sigan ahogando a los dueños de los recursos forestales”.

Caobas tiene un permiso de aprovechamiento por 10 años que le permite cosechar de forma sustentable, cada año, 2 mil 200 metros cúbicos de madera de las distintas especies con las que cuenta su bosque. Sin embargo, explica el presidente del comisariado, no aprovechan todo ese volumen porque no han encontrado un buen mercado para todas esas variedades.

Asimismo, como parte de su programa de manejo tienen una autorización para aprovechar 700 metros cúbicos de caoba cada año.

Organización de trabajo

En el ejido conviven grupos de pobladores que llegaron de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca, luego del reparto agrario. De forma natural, esos grupos se fueron consolidando cada uno por su lado. En cierta forma, las diferencias culturales los separaron y, en algunas ocasiones, la toma de decisiones no ha sido sencilla.

A pesar de ello, explica Senén, han logrado sobreponerse a esas diferencias culturales mediante la celebración de asambleas transparentes, que generan confianza y les permiten llegar a acuerdos que se respetan.

Los diferentes puntos de vista que hay entre los 9 grupos que conforman el ejido son un verdadero contrapeso en la toma de decisiones.

Cada grupo de ejidatarios designa a un jefe, quien es responsable de hacer llegar las inquietudes del grupo al comisariado ejidal, además de brindar asesoría al presidente del comisariado para la toma de decisiones.

Esta forma de decidir ha llevado a Caobas a una situación en la que hay beneficios para todos los miembros, las mujeres están involucradas activamente en diversas actividades y en la toma de decisiones y la planeación es de muy largo plazo.

Caobas ha llegado a tal grado de profesionalización en su trabajo, que conoce perfectamente cada árbol y cada tramo de su territorio y sabe qué pasará en los próximos 50 años con cada uno de sus cedros, caobas, chechenes y demás especies.

El reto en adelante, platica el joven presidente del comisariado ejidal de Caobas, es seguir avanzando en desarrollo de mercados e inclusión de todos los actores del ejido: jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores en actividades productivas para lograr un mejor nivel de desarrollo de la comunidad.

*Fotografías : Consuelo Pagaza para CCMSS

Desarrollo forestal y conservación de bosques en la comunidad zapoteca de Santiago Xiacuí

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario










Sinopsis:

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario

La comunidad de Santiago Xiacuí, ubicada en Distrito de Ixtlán, Oaxaca, está integrada por 350 comuneros quienes basan su economía en una estrategia diversificada, dónde la agricultura y el manejo del bosque ocupan un lugar preponderante.

Con los ingresos de la operación de su empresa forestal comunitaria, la cual cuenta con la certificación del FSC de buen manejo forestal, logran cubrir una serie de necesidades que tiene la comunidad relativas a bienes y servicios públicos como el mantenimiento de caminos, escuelas y alumbrado público. Además, una gran parte de esos recursos se reinvierten en el mantenimiento del bosque.

Anteriormente, cuando su bosque era concesionado por el gobierno a una empresa particular, la comunidad se encontraba en muy malas condiciones. El bosque presentaba severos problemas de degradación por las malas prácticas que desempeñaban los concesionarios de dichos recursos forestales; se extraían las mejores maderas y no se hacían reforestaciones ni aclareos.

“Si no se hubieran concesionado tendríamos mejores bosques, aunque luego de 27 años de que los comenzamos a manejar en la comunidad, al día de hoy están en un proceso de recuperación muy avanzado,” refiere Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de la comunidad Santiago Xiacuí.

Destaca que hace 27 años se unieron las comunidades locales en una lucha “para detener ese mal uso de los recursos forestales y evitar que se siguieran concesionaran a terceros.”

A finales de la década de los ochenta la comunidad de Santiago Xiacuí como muchas otras comunidades lograron negociar la terminación de las concesiones a terceros e iniciar un proceso de construcción y operación de sus propias empresas forestales.  Hoy día, la empresa forestal de esta comunidad ha logrado dar pasos muy importantes; actualmente controla en su totalidad el acceso al bosque, la planeación de la producción, el corte de la madera, su extracción e industrialización.

El trabajo de manejo forestal en Xiacuí tiene un enfoque productivo, pero incorporara en todos sus procesos el componente de la conservación. Así que la producción y la conservación no son actividades diferentes como sucede en otros lugares dónde la conservación sea realiza solo en áreas protegidas.

En esta comunidad las actividades productivas conllevan acciones de conservación; así que cuando se construyen caminos forestales, o cuando se realiza la selección del arbolado a derribar y cuando se arrastra la madera para acercarla al camino, siempre se tiene en cuenta el imperativo de proteger el suelo, la vegetación y la biodiversidad.

Además de controlar el proceso productivo, la empresa tiene bajo su control todo el proceso de mercadeo de la madera por lo que actualmente tienen una amplia cartera de clientes con quienes comercializan su producción.

El manejo del bosque se realiza siempre con base en su programa de manejo forestal que ha sido aprobado por la Semarnat. A pesar de llevar más de 27 años manejando sus bosques y demostrando su compromiso con el buen manejo de los recursos forestales esta Secretaría, junto con la Profepa, constituyen un fuerte obstáculo para el avance de la empresa comunitaria dado lo complicado, tardado y caro que resulta el cumplimiento de los requisitos para realizar un aprovechamiento forestal y gestionar la documentación para su transporte.

Gerardo Martínez, miembro de Comisariado de Bienes Comunales, detalla que “los más interesados en la protección y conservación del bosque somos los comuneros, los legítimos dueños de los bosques.” Añade que “las actividades de manejo y aprovechamiento tienen la finalidad de mejorar la condición del bosque y de generar fuentes de empleo para nuestros propios comuneros, para que no migren y, para asegurar la permanencia del bosque para las futuras generaciones.”

Aprovechamiento forestal sustentable e incluyente

La comunidad de Santiago Xiacuí cuenta con 2 mil 600 hectáreas de bosque que manejan de acuerdo con lo establecido en su plan de manejo, sustentado por estudios de impacto ambiental y por inventarios de masa forestal, autorizado por la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) por un periodo de 8 años, su actual permiso entró en vigor este 2016.

La autorización de su plan de manejo les permitirá cosechar 8 mil metros cúbicos de pino y otros 8 mil metros cúbicos de encino, en la primera anualidad y, para los siguientes 7 años los volúmenes serán similares. “Esta es nuestra tercera autorización de plan de manejo, los otros dos habían sido por 10 años, cada uno,” puntualiza Gerardo Martínez.

Comenta que, a pesar de que, a lo largo de los años, las reglas y la legislación forestal han cambiado, la comunidad ha hecho bien las cosas y cumplido a cabalidad con los estipulado en sus planes de manejo forestal; por ello, no han tenido ningún problema en que la autoridad les renueve sus autorizaciones para el aprovechamiento de sus recursos forestales. Asimismo, “el bosque goza de muy buena salud, gracias a que hemos reforestado, saneado el bosque y prevenido plagas.”

En esta comunidad, los 350 comuneros que la integran participan en las asambleas. Todos tienen libertad de opinar y votar. Muchos tienen otras actividades productivas distintas al aprovechamiento forestal, y aunque no trabajen en el monte tienen los mismos derechos y obligaciones que los que sí laboran en el bosque. “Cuando se ha presentado algún incendio o presencia de plaga o es necesario reforestar, todos tienen la obligación de participar en las tareas y sí lo hacen,” enfatiza.

Subraya que “en la comunidad estamos avanzando en un proceso de inserción social buscando que las mujeres y los jóvenes poco a poco tengan una mayor participación en la toma de decisiones y en las distintas actividades productivas.”

Martínez González explica que “en los 12 meses que lleva de titular del comisariado, el señor Salvador Hernández Leyva, se empezó a trabajar en la inclusión de la perspectiva de género con mayor fuerza en la comunidad, de hecho, ya hay seis señoras que participan en los trabajos del monte. Lo que sí presenta un poco de rezago, aunque eso va a cambiar, es la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las asambleas.”

Los jóvenes también participan en las labores del monte y el aprovechamiento forestal. “Les decimos que tienen que aprender a conservar porque ellos serán los responsables de cuidar el bosque en los próximos años,” destaca.

Conservación de la biodiversidad

En Santiago Xiacuí los comuneros tienen un fuerte interés en la conservación del bosque de la biodiversidad ya que la sustentabilidad de la empresa depende precisamente del mantenimiento de las funciones de los ecosistemas. Si los trabajos productivos no se realizan con mucho cuidado se estarán poniendo en riesgo las futuras cosechas y la calidad de la madera que se aprovecharán en los próximos años. Los mismos comuneros se reclaman cuando alguien tira un árbol sin las medidas y precauciones ambientales necesarias.

“Ya no nos preocupamos mucho por las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), nosotros mismos vigilamos que todos hagamos bien las cosas. Es una responsabilidad de los comuneros,” asevera el presidente del consejo de vigilancia.

Las comunidades indígenas, custodias de los bosques y la biodiversidad

Comunidades indigenas










Sinopsis:

Comunidades indigenas

  • 9 de agosto, Día internacional de los pueblos indígenas

Las comunidades locales y los pueblos indígenas de México son actores fundamentales para la conservación de la enorme riqueza cultural y natural de nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 39 por ciento de los bosques y 60 por ciento de las selvas se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.

En el marco del Día internacional de los pueblos indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, vale la pena subrayar que en México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), alrededor de 5 millones de personas pertenecientes a alguna etnia habitan en ecosistemas forestales, es decir, más de 41 por ciento de la población indígena vive y depende en gran medida de los bosques para satisfacer sus necesidades de alimentación y generación de ingresos, entre otras.

Muchas de las comunidades originarias, dueñas o legítimas poseedoras de los bosques y selvas del país, viven en condiciones de pobreza y marginación. Viven en pobreza a pesar de la gran riqueza natural que poseen. Esto se debe, entre otras cosas, a un conjunto de elementos que obstaculiza su desarrollo y a la falta de opciones para aprovechar y potenciar sus capacidades productivas.

No obstante, existen muchos ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales indígenas que a través de su arraigo a la tierra y del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales han logrado consolidar empresas comunitarias, como los ejidos de Amanalco, en Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo, en Michoacán; o el Ejido Caobas, en Quintana Roo.  Así como estos ejemplos, operan en México más de 900 comunidades forestales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex. De hecho, 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que controlan en diferentes grados los procesos productivos.

Estas empresas forestales comunitarias, además de fomentar la conservación y el uso sustentable de sus bosques, han mejorado considerablemente el nivel de vida de sus comunidades, pues destinan un promedio de 30% de sus utilidades a obra social, como la construcción de escuelas, caminos, clínicas, tiendas de abastos, centros comunitarios, entre otras obras.

A diferencia de las empresas privadas, las empresas forestales comunitarias tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y generar empleos para los miembros de la comunidad y mantener las funciones ecológicas de sus bosques. Estas empresas han avanzado significativamente y mejorado sus prácticas silvícolas, de tal manera que el Forest Stewardship Council (FSC), la más importante entidad certificadora internacional, ha certificado el buen manejo de más de 900 mil hectáreas de bosques comunitarios del país. Adicional a esa cifra, cerca de 5 millones de hectáreas de estos ecosistemas están bajo diversos esquemas de manejo forestal administrados por comunidades campesinas e indígenas, de acuerdo con el Programa Estratégico Forestal 2025 de México.

Estos modelos de producción sustentable han enfrentado en años recientes serios problemas y una serie de trabas que obstaculizan el pleno derecho de las comunidades a manejar sus territorios. Los complicados y caros procesos de tramitación de permisos de aprovechamiento forestal, la excesiva carga fiscal y regulatoria, la persecución de autoridades de inspección y vigilancia; junto con una orientación equivocada de los programas de subsidio, son causantes del debilitamiento de diversas iniciativas comunitarios vinculadas al aprovechamiento de los bosques.

A propósito de la conmemoración del décimo aniversario de la Declaratoria de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en cuya elaboración México participó, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a promover decididamente el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas del país. Es urgente hacer una revisión crítica de la intervención gubernamental en las zonas rurales e indígenas, pues a lo largo de los años se ha puesto énfasis en el desarrollo de programas asistenciales y subsidio al consumo, lo que ha resultado contraproducente y ha generado graves daños a las economías locales.

“Llegamos a los 10 años de esta declaratoria y nos encontramos con la ausencia de un compromiso gubernamental para el impulso a la producción rural campesina. La política pública hacia las regiones campesinas ha provocado el despojo de tierras, favoreciendo el desarrollo e inversión de grandes proyectos agroindustriales privados sobre territorios indígenas y campesinos. Esto no sólo contraviene los principios de la Declaratoria, sino que además ha roto el tejido social de las comunidades, destruido sus recursos naturales y sus modos de vida tradicionales y mermado su calidad de vida”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del CCMSS.

De acuerdo con el artículo 29 de la Declaratoria de ONU, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”. Esto además es congruente con lo que señala el artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Estos principios y derechos, entre otros, claramente están siendo infringidos en México, donde los pueblos indígenas hoy enfrentan fuertes presiones para obligarlos a ceder sus territorios a mega-proyectos como las plantaciones de palma africana y el cultivo de la soya en Campeche; los desarrollos mineros en Guerrero y los desarrollos turísticos en las costas del Pacífico.

Es urgente instrumentar cambios profundos en la intervención gubernamental orientada a las comunidades campesinas e indígenas, y tomar las medidas necesarias para asegurar la alineación de la inversión pública hacia el campo ya que hasta ahora ésta se ha quedado en los discursos y en la retórica. Hoy cada dependencia opera de manera aislada, sectorialmente, sin la voluntad de coordinar acciones, sin un enfoque de desarrollo territorial y con programas claramente contradictorios que resultan nocivas para las comunidades y sus territorios.

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San Pedro El Alto, Oaxaca: gigante ejemplar del manejo forestal comunitario











Sinopsis:

 

 

Desde que la comunidad tomó el control sobre el manejo de su bosque las cosas cambiaron radicalmente para la población y para el bosque mismo. Luego del periodo de concesiones forestales, en el que el Gobierno federal cedía los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales a particulares y empresas paraestatales, y gracias a un proceso de movilización de las comunidades y ejidos dueños de los recursos forestales, en 1984 la comunidad de San Pedro El Alto logró apropiarse del manejo y aprovechamiento de su bosque.

El camino no fue sencillo para esta comunidad, de alrededor de 1800 habitantes, ubicada en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, pues en un principio no tenían las capacidades técnicas, económicas ni de organización suficientes para emprender el manejo y aprovechamiento de su bosque. Después de muchos años de trabajo, ellos han logrado niveles de desarrollo sobresalientes y poseen un bosque ejemplar, que crece a un ritmo que desearía cualquier empresa forestal de México y del mundo. Todo gracias al compromiso comunitario con el bosque, el apego a la tierra, arduos años de trabajo y un buen acompañamiento técnico.

El primer año en que la comunidad tuvo el control del manejo del bosque, solicitaron una autorización para aprovechar mil metros cúbicos de madera. “Pedimos este volumen tan bajo para hacer pruebas y para que los comuneros entendieran mejor de qué se trataba el aprovechamiento forestal y ver cómo podríamos organizarnos,” platica el ingeniero Raúl Hernández Cortés, asesor técnico de San Pedro El Alto.

En los años sucesivos, sus volúmenes de aprovechamiento de madera se incrementaron paulatinamente, a la par de sus capacidades de organización y manejo del bosque. En 1989, lograron abrir su primer aserradero llamado Paraje pueblo viejo, con el que pretendían generar mejores ingresos por la venta de su madera. “Pasamos de venderla en rollo o trozas, a tablas aserradas,” precisa.

Especialización en el manejo forestal al estilo finlandés

En 1990, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre México y Finlandia para dar acompañamiento técnico en temas de manejo y aprovechamiento forestal a los ejidos y comunidades mexicanas. Es en ese marco, un grupo de cinco ingenieros forestales de la Universidad de Helsinki llegó a San Pedro El Alto para dar capacitación a la comunidad en el desarrollo de su empresa forestal comunitaria.

En 1995, cuando el convenio de colaboración concluyó, varios comuneros de San Pedro que fueron capacitados por los finlandeses, ya contaban con los conocimientos necesarios para guiar los trabajos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de forma sustentable. En ese mismo año, la comunidad elaboró su segundo plan de manejo, junto con el ingeniero Raúl Hernández, quien desde entonces y hasta el día de hoy trabaja en la empresa forestal.

De las 30 mil hectáreas de bosque con las que cuenta esta comunidad zapoteca, solo 10 mil hectáreas se aprovechan, el resto están destinadas voluntariamente a la conservación. “En nuestros planes de manejo solo aprovechamos 8 mil hectáreas en un periodo de 10 años,” refiere el asesor técnico.

Añade que San Pedro tiene un potencial productivo para aprovechar de manera sustentable alrededor de 450 mil metros cúbicos de madera por año, de los cuales, durante la última década solo sacaron 50 mil metros por anualidad.

Apenas en 2017, con la renovación de su plan de manejo, decidieron duplicar su producción al pasar de 50 mil a 100 mil metros cúbicos de madera por año, en una escala más cercana a los que obtienen los ejidos forestales más grandes del país, como El Largo, de Chihuahua.

“La decisión de incrementar el volumen de producción la tenemos perfectamente justificada en el plan de manejo, acorde con los lineamientos de la ciencia forestal y en cumplimiento de toda la normatividad aplicable. Seguimos llevando a cabo prácticas de conservación de la biodiversidad, de saneamiento y regeneración del bosque. Nuestro bosque está perfectamente sano y esto lo hace aún más productivo,” destaca.

San Pedro El Alto ha hecho las cosas tan bien que en 1998 fueron galardonados con el premio nacional al Mérito Forestal y en la ceremonia de entrega del premio recibieron la visita del presidente en turno de Finlandia, quien los reconoció por sus avances en materia forestal a pesar de que el acompañamiento de los expertos fineses había terminado tres años atrás.

Beneficios sociales de la apropiación del bosque

A partir de que la comunidad recuperó el control del manejo de su bosque comenzaron a generar ingresos con la venta de la madera que cosechan. Esos recursos los emplean, en gran medida, en el mantenimiento y regeneración del bosque; y en el pago de los salarios de los trabajadores de las tareas de aprovechamiento, reforestación, aserrío y administrativas. Además, invierten alrededor de un 30 por ciento de sus utilidades en obras y programas sociales al interior de la comunidad. Las utilidades restantes se reparten equitativamente entre los 470 comuneros (152 mujeres y 352 hombres).

El 60 por ciento de la madera que produce la empresa forestal comunitaria se vende en rollo y el otro 40 por ciento se vende aserrada y estufada.

Con la venta de la madera también han avanzado en la diversificación productiva de la comunidad, con la finalidad de generar empleos para todos sus habitantes. Cuentan con una empresa comunitaria que produce agua embotellada, en la que trabajan únicamente mujeres. También operan una tienda comunal que vende productos de primera necesidad a bajo costo y una farmacia comunitaria que oferta los medicamentos al 50 por ciento de su valor comercial.  Se cuenta con una gasolinera propiedad de la comunidad, que abastece la demanda regional de combustible, pero que abastece también las necesidades de sus actividades de transporte de los productos forestales.

Con las utilidades de la empresa forestal comunitaria la comunidad ha adquirido tres ambulancias y dos autobuses escolares que pasan a recoger a los niños de las rancherías para llevarlos a la escuela.

Constantino Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales de San Pedro el Alto explica que “las escuelas también han sido equipadas con los recursos del aprovechamiento forestal. Tenemos un centro de salud en el que no se cobra la atención médica a los miembros de la comunidad y se les regalan los medicamentos a todos los trabajadores y sus familias. Esto a pesar de que todos los trabajadores están asegurados ante el IMSS, porque así lo mandata la ley y es un requisito para la certificación del manejo forestal, sin embargo, no hay centros de atención médica del seguro social cerca de la comunidad, por eso en San Pedro El Algo decidió la asamblea construir y operar uno propio.”

Subraya que las empresas comunitarias no tienen los mismos fines que una empresa privada, en donde una sola persona o un grupo pequeño de personas son dueños y no invierten en el desarrollo de la comunidad. “Nosotros si invertimos en infraestructura y obra social, de hecho, con dinero del aprovechamiento se construyó el palacio de gobierno municipal.”

En San Pedro también se ofrecen becas a los niños y jóvenes estudiantes con buen promedio y se asignan pensiones a personas de más de 60 años.

Crecimiento transparente y sustentable

Esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca fue una de las primeras en obtener su certificación en manejo forestal comunitario bajo los lineamientos del Forest Stewardship Council (FSC), en el año 2001 y desde entonces siguen certificados.

La certificación les ha permitido llevar un mejor control y organización de todas sus operaciones. Son más eficientes. Cuentan con una comisión revisora que rinde informes periódicos a la asamblea sobre todas las operaciones económicas. “Así no hay riesgo de que alguien se lleve dinero. Toda la asamblea sabe cuánto se gana y cuánto se gasta y en que se gasa,” asegura el presidente de bienes comunales. No obstante, desearían que sus productos tuvieran un mejor precio y un mercado más amplio.

Lo más importante, subraya Constantino Cruz, “es que pasamos de ser peones, cuando se concesionaba nuestro bosque, a administradores de nuestros recursos forestales y con esto, la gente de San Pedro El Alto tiene un buen nivel de vida.”

Fortalecer a las comunidades forestales: la mejor forma de proteger el clima y el ambiente

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente










Sinopsis:

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente

  • Reconocer los derechos de las comunidades sobre el territorio garantiza el mejor cuidado de estos ecosistemas
  • Nuestro país tiene la oportunidad de cuadruplicar la superficie forestal en la que se hace aprovechamiento comunitario
  • Empresas forestales comunitarias de México son ejemplo mundial de buen manejo

En un contexto en el que el gobierno del país más poderoso del mundo y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero está decidido a no asumir su responsabilidad para enfrentar el cambio climático global, es imperativo garantizar los derechos sobre los bosques y selvas a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan y que dependen de ellos para su subsistencia, pues está demostrado que cuando las comunidades locales y pueblos indígenas tienen plenas facultades para manejar sus recursos forestales, se frena la deforestación y se garantiza su conservación y de la biodiversidad asociada, así como los beneficios que los bosques nos proveen.

México es un país de eminente vocación forestal, que cuenta con más 690 millones de hectáreas de bosques y selvas (INEGI, 2016), de las cuales 80 % son propiedad de ejidos y comunidades, muchos de ellos indígenas. Sin embargo, no obstante que la titularidad de los derechos de la tierra pone en ventaja a estos grupos sociales si los comparamos con países con gran riqueza forestal como Indonesia, la República Democrática del Congo, o los países amazónicos, en los que la titularidad de los bosques y selvas es de los gobiernos; la falta de alineación de los instrumentos de política pública con el marco legal e institucional, aunado a una política de subsidios equivocada y contraproducente, ha estancado el desarrollo de estas comunidades rurales y del sector forestal nacional.

Hoy en día, alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques son manejadas por empresas forestales comunitarias en nuestro país. De acuerdo con datos de Programa Estratégico Forestal 2025 de México, esa cifra podría crecer hasta alcanzar 21.6 millones de hectáreas de bosques y selvas, que podrían ser incorporadas a esquemas de manejo forestal. Para ello, es fundamental que las políticas públicas y el marco legal se orienten claramente al desarrollo de capacidades productivas y empresariales de las empresas forestales comunitarias, así como al fortalecimiento de la gobernanza y reconocimiento del liderazgo comunitario en los territorios forestales.

Los obstáculos que enfrentan las comunidades y ejidos para manejar y aprovechar de forma sustentable sus recursos forestales, como la sobrerregulación; una tramitología compleja y onerosa; la circulación de productos forestales de origen ilegal -entre 28 y 60% del volumen del mercado- la falta de incentivos para la generación de capacidades productivas, y la marginación impuesta a las comunidades respecto a los procesos de planeación de su territorio, propician el desinterés de los dueños de la tierra en el manejo y conservación de los bosques y selvas.

Asimismo, cierto tipo de políticas públicas e incentivos económicos propician el cambio de uso de suelo para desarrollar otras actividades productivas que les puedan ser más rentables, tales como el uso de sus tierras para la ganadería y agricultura a costa de la deforestación. Otras amenazas sobre los territorios también propician de manera creciente la pérdida de los bosques y la erosión de las estructuras comunitarias, tales como la minería y otras formas de industria extractiva.

Pese a esta situación, muchas empresas forestales comunitarias mexicanas son un ejemplo a seguir en el mundo, ya que mediante la gestión sustentable de los recursos forestales generan beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales, y conservan la cobertura forestal y la biodiversidad.

En numerosas comunidades del país este ejemplo incluye un manejo integrado del territorio, es decir que abordan simultáneamente el aprovechamiento forestal, la producción de alimentos con sistemas agroecológicos, el monitoreo de la calidad del agua y la conservación voluntaria de atributos de alto valor de conservación dentro de sus territorios. Prácticamente todos los ejidos y comunidades que aprovechan sus bosques han establecido medidas para proteger cuerpos de agua, biodiversidad, sitios arqueológicos o con valor ritual o paisajístico, y otros atributos de importancia ambiental o cultural. Además, estas comunidades han alcanzado altos niveles de gobernanza interna y organización comunitaria, y generan empleos e ingresos para las familias, gracias a lo cual se reduce la presión para el cambio de uso de suelo o el abandono de las parcelas.

“La mejor forma de conmemorar el medio ambiente es tomando todas las medidas necesarias para reconocer, valorar y apoyar a las comunidades que viven en los bosques y cuidan de ellos. Cada día hay más evidencias de que los ecosistemas mejor conservados son aquellos que están en manos de comunidades y ejidos. Un ecosistema que es aprovechado de forma racional y con visión de largo plazo por sus legítimos dueños, no sólo les asegura una vida digna, sino que además garantiza la conservación de la biodiversidad, nos provee de agua, captura carbono y ayuda a regular el clima. No hay más que ver las cifras y las experiencias en diversas partes del mundo”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México tiene la enorme oportunidad de fortalecer a estas comunidades, darles certidumbre jurídica y garantizar sus derechos, con una política clara y decidida de apoyo al manejo forestal comunitario.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, cuyo lema para este 2017 es “Conectar a las personas con la naturaleza. En la ciudad y en el campo”, el CCMSS hace un llamado a reconocer el loable trabajo que realizan las y los campesinos para proveer alimentos, propiciar la recarga de los mantos acuíferos, generar aire limpio y fresco, la captura carbono y la conservación de la flora y fauna.

 

Recomendaciones

La mejor estrategia para garantizar los beneficios que los bosques nos brindan es fortalecer desde todos los frentes el manejo forestal y la gobernanza comunitarias y el desarrollo de capacidades productivas:

– Desde el marco legal, mediante leyes que realmente coloquen en el centro del manejo de los bosques el hecho de que estos son propiedad de las comunidades.

– Desde la elaboración y aplicación de políticas públicas, tales como: una política de compras verdes, un combate integral al mercado ilegal de madera y materias primas forestales; un apoyo decidido de las capacidades técnicas, de gestión y gobernanza de las comunidades; un régimen fiscal diferenciado, considerando que las comunidades forestales no son entidades de lucro y que dejan muchos beneficios tangibles e intangibles en sus comunidades y para la sociedad en general.

– En la mejor coordinación interinstitucional y en todos los niveles de gobierno.

– En la asignación de recursos, pues no hay política que funcione sin un presupuesto claro y orientado a la consolidación de procesos de desarrollo.

– Con el reconocimiento, valoración y visibilización de los enormes e invaluables beneficios que estas comunidades nos proveen a quienes vivimos en ámbitos urbanos.

 

 Descarga el documento:

Día Mundial del Medio Ambienta 2017

 

*Fotografia principal: Archivo CCMSS

Con ingenio, el ejido El Rosario conserva y maneja de forma sustentable sus bosques











Sinopsis:

En el ejido Ingenio El Rosario, en la región de Cofre de Perote, Veracruz, la mayor parte de la población tiene empleo, las familias están juntas porque no tienen que salir a buscar trabajo a otra parte. Con las labores de manejo y aprovechamiento de su bosque, el Ejido genera ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de su población.

En las 511 hectáreas de bosque que posee el ejido y que tiene en propiedad colectiva y uso común se realizan trabajos continuos de manejo de sus recursos forestales, como brechas corta fuego, pre aclareos, podas, reforestaciones, control de plagas, trazado de caminos y labores de aprovechamiento del arbolado, esto de acuerdo con su “Programa de Manejo Forestal” y la autorización de aprovechamiento otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El ejido tiene un permiso para cosechar cerca de 6 mil metros cúbicos de madera por año. Entre las especies que aprovechan se encuentran los pinos patula, ayacahuite y ailes.

La madera que cosechan la venden en rollo y por ella obtienen ingresos de alrededor de 6 millones de pesos. Con estos ingresos el ejido cubre el pago a los ejidatarios -trabajadores que participan en las labores de aprovechamiento forestal y en los trabajos de restauración del bosque-. Asimismo, otra parte de los ingresos se invierten en obras de mejoramiento de la infraestructura y servicios del ejido y, finalmente, con los recursos restantes, se realiza un pequeño reparto de utilidades.

José Luis Rangel, asesor técnico del ejido, destaca que el bosque de Ingenio El Rosario, gracias a su buen manejo y conservación, tiene un incremento medio anual de 4 metros cúbicos por hectárea.  Es decir, cuatro veces mayor que la media nacional.

En El Rosario se tiene una gran tradición forestal, pues llevan más de 30 años de manejo y aprovechamiento sustentable de su bosque, esto a pesar de las vedas forestales que han sufrido, como la de 1982 a 1989, periodo en el que por decreto presidencial no pudieron aprovechar sus recursos forestales a pesar de que esa era su única fuente de ingresos. “Nos las tuvimos que arreglar como pudimos para subsistir,” acota el asesor técnico.

Adicionalmente, el ejido enfrenta el problema de la sobrerregulación que se ha impuesto a los productores forestales. Para poder realizar un aprovechamiento forestal legal, tienen que cumplir con múltiples tramites que incluyen estudios, pago de derechos y cumplimiento de complicados requisitos que le quitan a la actividad sus posibilidades de ser competitiva frente a las importaciones y a la producción de madera de plantaciones comerciales.

“A veces, tenemos que hacer dos viajes por semana a las oficinas gubernamentales de Jalapa, que nos quedan a dos horas de distancia, hasta que nos dan los documentos. Esto representa gastos de transportación y la pérdida de tiempo, porque esos días ya no podemos trabajar en el bosque,” explica José Luis.

Entre más tiempo se retrasa la emisión de los permisos y autorizaciones los compradores les bajan el precio de compra de la madera, porque también a ellos les generan gastos estos contratiempos.

Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

Jaime Crespo Báez, ex comisariado ejidal y coordinador de los trabajos de manejo forestal en el Ingenio El Rosario, comenta que los periodos de veda que han enfrentados fueron muy complicados y lamenta que “pareciera que a las autoridades les importa más una lagartija que la gente que vive en los bosques.”

Explica que el ejido es un ejemplo de buen manejo y aprovechamiento forestal, no solo por la buena conservación del arbolado, pues también se llevan a cabo trabajos de conservación de suelos, de agua y de biodiversidad.

“Mucho antes de que se pusieran de moda estas medidas de conservación de la flora y la fauna, el ejido ya realizaba un cuidado muy especial de los animales, sus madrigueras, los nidos y las plantas que crecen en el bosque,” recalca.

José Luis Rangel, resalta que cuando se lleva a cabo la cosecha de madera, los trabajos se realizan con mucha atención, vigilando que se haga el menor maltrato posible del bosque, los derribos se hacen buscando no afectar a los otros árboles que están en pie; los carriles de arrime se trazan de tal forma que no generen afectaciones y al terminar los trabajos de cosecha se deja completamente limpia la zona del aprovechamiento, para que las coronas y ramas no sean un foco de infección de plagas ni se propaguen los incendios.

Además de todo lo anterior, refiere el ex comisariado que el ejido ha creado una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) con la cual se reforzarán las actividades de conservación del territorio ejidal.

Jaime Crespo detalla que el Ejido participa en el Programa de Pago por Servicios Ambientales por los que recibe anualmente una pequeña compensación por cada hectárea de bosque que se encuentra bajo el esquema en conservación. “Ese dinero en realidad no nos alcanza para realizar los trabajos necesarios para garantizar la conservación, como son las brechas cortafuego, la señalética, las obras de retención del suelo; sin embargo, el ejido está comprometido con la conservación e invierte recursos adicionales para financiar los trabajos que requiere el bosque.

“Nosotros creemos que los servicios ambientales que presta el bosque del ejido son muy importantes pues aseguran la infiltración que permite el abasto de agua potable a la ciudad de Coatepec y el abasto al comercio y a la industria regional.  Creemos que ellos –los usuarios del agua-, deberían también preocuparse por la conservación del bosque y contribuir para sufragar los costos del buen manejo y la conservación. Pero esto no es así, ellos solo pagan por los costos de conducción del agua, pero nunca pagan los costos de conservación de las cuencas de abasto,” subraya.

Jaime Crespo, quien ha acudido a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para mostrar las ventajas del manejo forestal comunitario, refiere con tristeza que “los beneficiarios de los servicios ambientales, como las empresas, las ciudades y los productores de cítricos y de ganado; son quienes nos tachan de tala montes y depredadores del bosque. Lo dicen sin conocimiento de causa.”

Comunidades recuperan el bosque del Cofre de Perote y dotan de agua a la región

Comunidades recuperan el bosque del Cofre de Perote y dotan de agua a la region










Sinopsis:

A unos días de poner en marcha su empresa comunitaria de purificación y embotellado de agua, el comisariado del Ejido Ingenio El Rosario, en el municipio de Xico, Veracruz, Pedro Olvera Miranda comenta que esto es posible gracias a que hoy día se tiene agua de calidad que escurre del Cofre de Perote. Un volcán que alcanza los 4 mil 200 metros de altura y que en 2008 sufrió un severo incendio que arrasó con más de tres mil hectáreas del bosque que cubre sus laderas.

Jaime Crespo Báez, ejidatario de Ingenio El Rosario, relata que luego del incendio del 2008 que duró cuatro meses, en el que se perdió la cobertura vegetal y se redujo considerablemente la infiltración de agua, “muchos ojos de agua y manantiales se secaron porque ya no había arboles ni material vegetal que permitieran la recarga de agua en temporada de lluvias.”

Al no haber arbolado para frenar el escurrimiento del agua cuando se presentaban lluvias fuertes la corriente arrastraba suelo, piedras y troncos. “Se llevaba todo lo que se encontraba a su paso, erosionaba los terrenos y ponía en riesgo a la gente que vivimos abajo,” detalla Jaime.

Explica que luego del incendio, se diseñó un plan para la restauración de las zonas afectadas. Este programa, impulsado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, contó con la participación entusiasta de la gente de los ejidos y ha logrado recuperar la cobertura vegetal, la fauna silvestre y la recarga de los mantos freáticos que dotan de agua a la población local y a la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz.

Como parte del programa de restauración de las zonas afectadas del volcán se han llevado a cabo, durante los últimos 7 años, una estrategia que incluye intensos trabajos de reforestación, acomodo de material vegetal muerto; elaboración de brechas corta fuego, armado de represas de troncos y de piedra para la retención del suelo; y muy importante, refiere Jaime Crespo, la construcción de pequeñas obras para la captación e infiltración de agua.

Ahora que nuevamente cuentan con agua de muy buena calidad, y con los ingresos que han logrado generar en el ejido Ingenio El Rosario con sus trabajos de manejo y aprovechamiento forestal, decidieron emprender el proyecto de la creación y puesta en marcha de la purificadora y embotelladora de agua.

La asamblea del ejido designó a un grupo de 11 de los 36 ejidatarios que la componen para la puesta en marcha del proyecto.

Comenzaron con la realización de un estudio de mercado para conocer la viabilidad de comercializar garrafones de agua en la región. Posteriormente, pulieron su proyecto, gestionaron un subsidio federal de 100 mil pesos, que junto con una inversión de 350 mil pesos que puso el ejido, les sirvió para la compra de la maquinaria para el embotellado, los filtros para la purificación y los garrafones de 20 litros.

El presidente del comisariado de Ingenio El Rosario detalla que el costo de producción de cada garrafón de 20 litros será de 5 pesos, más otros 3 pesos para la comercialización y distribución. “En total sale cada garrafón en 8 pesos y tenemos previsto venderlos en 15, lo que nos deja un buen margen de ganancia para pagar los salarios de los trabajadores, que serán miembros del propio ejido.

Más que generar riqueza, lo que se pretende con estos proyectos productivos comunitarios es generar empleos para los pobladores y evitar que los jóvenes tengan que emigrar y alejarse de sus familias.

El bosque para nosotros es todo. Nos da de comer con el aprovechamiento; nos da trabajo, nos da aire limpio y fresco; y nos da agua limpia para consumo, para la siembra y para nuestros animales,” enfatiza Jaime Crespo Báez.

Del tepetate al verdor de un bosque: Manejo forestal comunitario en Acolihuía

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Sinopsis:

Del calor abrazador y la aridez de los suelos de tepetate, un ejido del estado de Puebla logró el verdor y la frescura de un bosque joven en terrenos que durante décadas fueron degradados por actividades de ganadería intensiva.

Además, gracias a sus actividades de manejo y aprovechamiento forestal en su bosque natural han generado ingresos para el mejoramiento de la infraestructura del ejido en beneficio de todos los habitantes.

En el ejido Acolihuia, perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla, llevan más de 28 años manejando su bosque bajo un esquema de manejo forestal comunitario, los 384 ejidatarios se organizan en 32 grupos, conformados por 12 personas cada uno, para realizar trabajos de mantenimiento en el monte.

En este ejido no hay problemas de tala ilegal ni de incendios. Todos los días del año hay, al menos, una cuadrilla que da rondines de vigilancia en el bosque y realiza trabajos de reforestación, poda, chapeo y pre-aclareo que permiten una regeneración más rápida de las zonas intervenidas del bosque. Asimismo, con estos trabajos previenen la generación y propagación de incendios forestales.

En Acolihuia cuentan con 32 cuadrillas, una para cada día del mes, que realizan las actividades de cuidado del bosque que les son asignadas por el comisariado ejidal. Además, la denominada “cuadrilla 32”, se encarga de vigilar que los otros grupos cumplan con sus deberes en el monte y rinde informes de desempeño toda la asamblea.

En las 477 hectáreas de bosque natural con las que cuenta este ejido, se pueden apreciar sectores con distintos grados de crecimiento del arbolado, pues a lo largo de casi tres décadas han intervenido algunas áreas para la extracción de madera que venden en rollo a aserraderos de la región. Esto, siempre de acuerdo con las especificaciones técnicas de sus planes de manejo y autorizaciones de aprovechamiento aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Todas las áreas intervenidas ya se encuentran en proceso de regeneración gracias a las actividades de reforestación y seguimiento del crecimiento de los árboles que realizan los ejidatarios y el técnico forestal. De hecho, las zonas que fueron cosechadas hace 15 años o más, parece que nunca fueron intervenidas por las excelentes tasas de crecimiento del arbolado.

Rogelio Carmona Lozada, presidente del comisariado de Acolihuia, refiere que su permiso de aprovechamiento vigente, que va en la octava anualidad, les permite extraer 4 mil 500 metros cúbicos de madera por año, con un valor aproximado de 5 millones de pesos. Los ingresos obtenidos por la venta de la madera se reparten, por igual, entre todos los ejidatarios, y una parte de esos recursos se destinan a obras para el mejoramiento del propio ejido.

“Ocupamos dinero para reparación de caminos, alumbrado y mejoramiento de escuelas,” acota Rogelio Carmona.

Explica que no han podido avanzar hacia la construcción y puesta en marcha de un aserradero, en el cual pudiesen transformar las trozas de madera en tablas o tarimas y obtener aún mejores ingresos. Esto, por la desventaja competitiva en la que se encuentran; ya que en el mercado circula mucha madera de origen ilegal que se vende a un precio hasta 35 por ciento más bajo y así, resulta inviable vender la madera aserrada.

Los planes de manejo forestal comunitario cuentan con estudios de impacto ambiental y con base en la densidad y características del bosque se determinan las tasas de intensidad de corta. Además, cuando se llevan a cabo los trabajos de aprovechamiento de la madera, no se tiran todos los árboles, se dejan en pie aquellos que tienen nidos y madrigueras de la fauna silvestre.

“Ponemos algunos troncos y ramas que les pueden servir de refugio a los animales que transitan por este bosque y no permitimos que se pongan cercas en los predios para no obstruir el paso de los animales. Con esto contribuimos a la conservación de la biodiversidad,” detalla Carlos Pérez Sebastián, asesor técnico del Ejido Acolihuia.

Añade que además de conservar el bosque con el manejo forestal comunitario, el ejido coadyuva en la provisión de servicios ambientales como la infiltración de agua para la recarga de los mantos acuíferos, la captura de carbono, la purificación del aire y la belleza escénica.

Regeneración y recuperación de suelos

El ejido cuenta con otro polígono de 550 hectáreas, que hasta hace 10 años se encontraban en terribles condiciones de degradación, producto de prácticas insostenibles de pastoreo intensivo. Cabe mencionar, que el municipio de Chignahuapan es líder en el estado de Puebla en la producción de ovinos.

Sin embargo, no sin resistencia y gracias a los beneficios que los ejidatarios han obtenido del manejo y aprovechamiento forestal sustentable, decidieron emprender un proyecto de recuperación de esas tierras degradadas. Desde el año 2007 comenzaron sus actividades de reforestación con distintas variedades de pinos que son resistentes a la sequía y que no requieren de tantos nutrientes del suelo para crecer.

Al día de hoy, en las zonas del predio en las que los árboles han logrado un mejor crecimiento, de  cuatro metros, el suelo presenta síntomas de recuperación, la propia sombra que generan los árboles permite la retención de humedad y regula la temperatura. En contraste, a unos cuantos kilómetros, en las áreas de este polígono degradado que aún no han sido reforestadas se aprecia un paisaje de desolación, “árido, con suelos de tepetale,” refiere el ingeniero forestal, Carlos Pérez.

Los planes a corto y mediano plazo del ejido Acolihuia son seguir incorporando áreas de regeneración, para que las siguientes generaciones puedan manejar y aprovechar esos bosques que ellos mismos han sembrado.

Fotografías: Archivo CCMSS

Las comunidades mixtecas rompen mitos y recuperan territorios degradados

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Sinopsis:

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En Coixtlahuaca, sacar agua de las piedras se ha vuelto una realidad. En un predio de 521 hectáreas –que presentaba severos problemas de degradación y que se pensaba, estaba condenado a ser un desierto–, el trabajo comunitario, las ganas de salir adelante y la silvicultura se han comprometido a regenerar la tierra y hacer crecer un pequeño bosque.

En esta zona, la más árida del noroeste de Oaxaca, se alcanzan temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Sus habitantes jamás se hubieran imaginado que sus esfuerzos por generar vida en ese lugar, donde sólo había piedras blancas y arena, iban a prosperar. Hoy en día y luego de varios años de trabajo de reforestación y actividades de retención de suelo, ya se puede apreciar el verdor de los árboles y una regeneración constante de su biodiversidad.

En San Juan Bautista Coixtlahuaca, las y los comuneros muestran orgullosos los resultados de sus trabajos de regeneración de las tierras degradadas. A la distancia se pueden apreciar los largos zurcos o “bordo-zanja” de arena blanca que construyeron y que permiten la acumulación de agua de forma natural durante la época de lluvias. Esa humedad retenida por los zurcos es la que permite que los pinos que se han sembrado crezcan y no se sequen.

 

Un desierto convertido en bosque

Rafael Juárez Lara, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Coixtlahuaca, relata que cuando era niño, en la escuela les mostraban en sus libros de texto cómo esta región de la Mixteca, particularmente la comunidad de Coixtlahuaca, sería un desierto en 50 años, “pero en estos años se han conocido estudios que demuestran que esta zona fue un bosque y también se han hallado incluso fósiles de especies como mamuts.”

De acuerdo con la historia de las comunidades de la región, la aridez de las tierras posiblemente se debió a una invasión de pueblos vecinos que pretendían dominar a la comunidad chocholteca-mixteca en Coixtlahuaca, y que terminaron quemando y arrasando todo. Otra versión, refiere Rafael, es que ante el crecimiento poblacional de esta ciudad –donde se estima pudieron habitar hasta 100 mil personas–, la siembra para asegurar la alimentación terminó con el bosque, hasta que los habitantes tuvieron que irse por falta de recursos naturales.

Sin importar el motivo que originó la degradación de estos suelos, todos los habitantes de la comunidad están empeñados en regenerar estas tierras. Desde hace 17 años emprendieron la misión de recuperar la zona de “suelos desnudos que no cuentan con vegetación y no pueden retener la humedad de las escasas lluvias que los mojan.”

Al explicar el proceso de restauración de la tierra, el presidente de comisariado detalla que “en el 2002 se comenzaron los trabajos de recuperación de suelos; en 2008 se sembraron más pinos y en 2014 continuamos con labores de reforestación. Ya hay plantas que han crecido de forma natural, provenientes de las semillas de los árboles que se plantaron en un inicio, donde las condiciones de mejoramiento de los suelos han permitido su reproducción”.

 

Comunidades que se organizan para recuperar sus bosques

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Bernardo Serra Santiago, presidente de Bienes Comunales de Villa de Tamazulapan del Progreso, localidad vecina a Coixtlahuaca, apunta que para alcanzar estos resultados se requirió el trabajo conjunto de 30 comisariados de bienes comunales de la región: “nos organizarnos y se hizo el nombramiento de un comité de gestión para buscar cómo restaurar nuestra tierra. Este trabajo nos ha permitido integrarnos como comunidades, en cada localidad y con nuestras familias; los jóvenes y los niños también se han sumado a estos esfuerzos”. Incluso varias especies de árboles como el Pinus Oaxacana y Gregii y árboles endémicos como el “Ramón,” se abren paso entre las piedras calizas y ya conforman un bosque joven.

Luego de 17 años, advierte, “ahora podemos ver los beneficios de tener manchones verdes, en vez de una peña sin nada; teníamos suelos blancos y ahora ya se ven los árboles. En cinco años ya se verá tapada de verde toda la loma,” asegura.

Por su parte Rafael Juárez, resalta que las comunidades que luchan por recuperar sus bosques y se han sumado a las tareas de regeneración de suelos y reforestación son Santa Cruz Capulalpan, Santiago Tepetlapa, San Mateo Tlapiltepec, San Cristobal Suchixtlahuaca, Santa María Nativitas, Tamazulapan Villa del Progreso, Teopan, Santiago Tejopan, Tlacotepec, Yihuitlan, Concepción Buenavista, Santa Cruz Corunda, Tequixtepec, San Miguel Astatla y Tepelmeme, entre otras.

Los comisariados de la mixteca oaxaqueña coinciden en la importancia que ha tenido el tequio (trabajo comunitario no remunerado) para la reforestación: “al principio, con barreta y pala teníamos que venir a hacer las cepas para luego plantar; así vimos cómo se regeneraban los suelos, y al saber que había un pequeño apoyo para trabajar, las comunidades han puesto más interés, porque la tarea no es fácil, en este tipo de suelo, bastante duro, se sacan chispas a la hora de excavar”, asevera.

 

Los beneficios de una tierra sana

Todos los comuneros y habitantes de la región se suman a las tareas de reforestación: adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños. Además, evitan que se introduzca el ganado en las áreas de recuperación para evitar que se dañen las plantas.

Bajo los parámetros de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), las 521 hectáreas regeneradas y reforestadas, ya son consideradas un bosque, con pinos que alcanzan hasta tres metros de altura, a los que se suman pequeños arboles endémicos de “Ramón”, arbustos y cactáceas. Adicionalmente, la CONAFOR refiere que como parte de la validación de un predio como bosque se requiere que exista biodiversidad, tales como aves y mamíferos. Todos esos requisitos los cumple esta área en proceso de recuperación: “hemos avistado aves, liebres, conejos. De hecho, en la zona más espesa del bosque desde hace dos años vive una familia de coyotes, gracias a estos trabajos de reforestación y conservación,” subraya Rafael Serra.

De igual forma, “este tipo de trabajos permite captar miles y miles de litros de agua que abastecen de manera natural los mantos freáticos y llegan a la comunidad, entonces recuperamos suelos, cambiamos la aridez y abastecemos los mantos friáticos.”

Satisfechos de mostrar sus avances, los comuneros de Coixtlahuaca comentan que su siguiente gestión será acudir a la Secretaría de Educación Pública para solicitar la adecuación de los libros de texto que refieren que la Mixteca es una zona desértica y completamente árida, porque ahora lo que se tiene son bosques.

 

*Fotografías: 1) Rotativo de Oaxaca; 2) old.nvinoticias; 3) mexico-impresiones.blogspot; 4) teveca.cat

Los bosques requieren la innovación de los jóvenes; es necesario mejorar sus espacios de participación











Sinopsis:

Los jóvenes son agentes muy capaces de detonar el desarrollo en el medio rural, sin embargo, suelen estar marginados de las actividades productivas, de la toma de decisiones y del acceso a los recursos, particularmente a la tierra. Esta falta de oportunidades los orilla a la migración en busca de mejores condiciones de empleo y desarrollo en otros lugares: a las ciudades. Aunque muchas de las veces, tampoco encuentran las oportunidades en esos sitios.

De acuerdo con datos de la Comisión Forestal para América del Norte (COFAN) de la FAO, en el sector forestal, a nivel mundial, tanto los jóvenes como las mujeres carecen de espacios de participación activa en las actividades productivas y en la toma de decisiones, lo cual limita el desarrollo del sector y desaprovecha el bono poblacional de los países. No obstante, que la población rural se está envejeciendo.

El estudio desarrollado conjuntamente ente la Sagarpa y la FAO, titulado Envejecimiento de la población rural en México, refiere que las personas que participan en actividades de silvicultura y recolección tienen en promedio una edad de 49.9 años, lo cual puede significarles limitaciones en el uso de tecnologías y mecanismos innovadores para el desempeño de sus actividades.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010, México cuenta con alrededor de 35 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, de los cuales un 12 por ciento vive en zonas rurales; aunque cada vez más se va reduciendo el tamaño de la población rural por la migración de este sector de la población hacia las ciudades, lo cual desvincula a los jóvenes de su relación con el medio ambiente.

Si bien es cierto que en los últimos años se han incrementado las oportunidades de empleo en el sector rural para los jóvenes y las mujeres, muchos de estos empleos suelen ser mal remunerados, lo cual le impide las personas acceder a mejores condiciones de vida y desarrollo.

La misma COFAN destaca que “las reformas institucionales relacionadas con la tenencia de tierras forestales, el acceso a los mercados y la capacidad de desarrollo en el ámbito de la ordenación forestal sostenible no pueden ser fructíferas sin una plena participación de las mujeres y los jóvenes.” Esto es uno de los grandes pendientes en países como México.

En un documento emanado de la 28 reunión de la COFAN celebrada en Campeche, México, en 2016, se establece que “las iniciativas educativas para la juventud, la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con el sector forestal y la participación de los jóvenes sobre temas forestales son aún inexistentes o, en el mejor de los casos, muy limitadas.” Por lo que es indispensable redoblar esfuerzos para “llegar a los jóvenes y lograr su participación para garantizar que la generación siguiente contribuya a un sector forestal sostenible y capaz de satisfacer las necesidades del futuro.”

La importancia de que los jóvenes participen en los debates relativos al manejo, conservación y aprovechamiento de los bosques radica en que ellos serán los principales afectados por los efectos causados por la degradación forestal.

La degradación de los bosques pone en peligro la seguridad alimentaria y las condiciones generales de vida de todas las personas, particularmente los sectores de la población más vulnerables, quienes viven en los estos ecosistemas y dependen de ellos para su subsistencia. “Los jóvenes serán los más expuestos a los efectos a largo plazo de la degradación forestal, debido a su mayor esperanza de vida. Tendrán que vivir durante bastante tiempo con las consecuencias del deterioro de los bosques que puedan heredar.”

Es necesario abatir las brechas de género que permean al sector forestal, y para ello, una buena medida, es la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas que incidan sobre los bosques. De acuerdo con Eva Müller, directora de la División de Políticas y Recursos Forestales de la FAO, se debe “mejorar la coordinación entre los ministerios técnicos y los grupos de la sociedad civil que representan a las mujeres y los jóvenes, para fomentar una mejor comprensión de los derechos, las necesidades, las prioridades y las capacidades de los hombres, las mujeres y los jóvenes en el sector forestal.”

La COFAN recomienda que los jóvenes no deben ser testigos pasivos de las prácticas forestales. “Se encuentran en condiciones de inventar y desarrollar nuevas formas de actuación y activismo y de crear respuestas eficaces para las cuestiones que generan preocupación.”

Sin embargo, para lograr una mayor vinculación e interés de la juventud en los temas forestales, es necesario reforzar los programas educativos e incluir estas temáticas en programas escolares, para que comprendan la importancia que tienen los bosques para su vida diaria y para el futuro del planeta.

Si bien es cierto que las escuelas han incluido en sus programas educativos asignaturas relacionadas con el medio ambiente y los bosques, la falta de conocimientos especializados de los profesores puede suponer una barrera para transmitir los mensajes y conocimientos apropiados sobre el tema. “Esta es un área en la que los técnicos forestales pueden ofrecer sus conocimientos especializados de una forma más dinámica, colaborando con las escuelas y organizando visitas a las aulas o excursiones sobre el terreno,” refiere el documento de la COFAN titulado “Genero, Juventud y Enseñanza” de 2016.

 

Las mujeres rurales y los bosques

paisajes bioculturales










Sinopsis:

 

paisajes bioculturales

Las mujeres juegan un rol preponderante en la conservación de los bosques y de la biodiversidad, a pesar de que su participación en la toma de decisiones en el sector forestal, a nivel mundial, está restringida y de que no reciben la remuneración adecuada por su trabajo.

El estudio de la FAO titulado: Los bosques, la seguridad alimentaria y el género, resalta que “las mujeres son actores eficaces y agentes de cambio en la mitigación y adaptación al cambio climático, pues poseen un gran cúmulo de conocimientos y competencias que se pueden utilizar en la mitigación del cambio climático, la reducción de catástrofes y las estrategias de adaptación” si se las empodera en el diseño de estrategias y toma de decisiones en el manejo sustentable de los bosques.

Además, generalmente son ellas quienes administran los alimentos y otros recursos, como la leña, que obtienen de los bosques. “Como responsables de la gestión de los recursos naturales, las mujeres influyen en la cantidad total de diversidad genética conservada y utilizada, asimismo, trabajan para contrarrestar la disminución de la biodiversidad causada en parte por los hombres a favor de monocultivos orientados a la ganancia en efectivo.”

Por ello, recomienda el estudio que “los programas y políticas forestales que tienen como objetivo ser socialmente sensibles deben tener en cuenta las dimensiones de género del uso de los recursos, necesidades, acceso, conocimientos y estrategias para abordar el cambio climático.”

En México 14 millones de mujeres viven en el medio rural, y de ellas, 3.5 millones son indígenas que padecen una serie de inequidades que hace más complejas sus actividades de generación de ingresos, alimentos y manutención de sus hogares y familias.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en el medio rural mexicano, “la participación de las mujeres en las actividades del campo, además de sus funciones reproductivas, en la producción de bienes y servicios y en la contribución al ingreso familiar, muestra una tendencia creciente a asumir la jefatura de los hogares a raíz de la emigración masculina, del abandono del hogar por fallecimiento o separación conyugal, por la incorporación a labores remuneradas de mujeres en los rangos de mayor edad. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, pero también propician situaciones de mayor inequidad al asumir más responsabilidades en la supervivencia del hogar, sin dejar de realizar las tareas domésticas.”

Tenencia de la tierra y toma de decisiones 

En este sentido, la FAO subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los procesos de gestión y toma de decisiones en materia forestal aumentar la concienciación de las funciones de las mujeres y los hombres en la gestión sostenible de bosques y árboles, lo cual coadyuvará a gestionar de mejor forma los conflictos causados por la competencia entre los distintos usos de los bosques y sus productos, y garantizar que se mantengan los derechos tradicionales e indígenas de mujeres y hombres sobre el uso de los ecosistemas forestales.

Asimismo, es fundamental garantizar que mujeres y hombres reciban capacitación, y tengan acceso a información y otros servicios externos para incrementar la productividad mediante la utilización de tecnologías nuevas y mejoradas, y aumentar la capacidad de las comunidades para sacar el máximo provecho de las funciones complementarias de mujeres y hombres.

Con una perspectiva de igualdad de género en el sector forestal se potenciarían las actividades de regeneración de los bosques, conservación de la biodiversidad, protección de las cuencas hidrográficas y la asignación de permisos de aprovechamiento de los bosques.

Las mujeres, en comparación con los hombres, generalmente se encuentran en desventaja en cuanto al acceso a los recursos forestales y a las oportunidades económicas en el sector forestal debido factores como los bajos niveles de alfabetización, educación, capacidades físicas y competencias técnicas; además de menor acceso a los servicios de extensionismo y crédito para emprender proyectos productivos; limitaciones de tiempo y movilidad, acceso limitado a los mercados y a la información relacionada con el mercado; discriminación en la propiedad convencional de los bosques y árboles y productos arbóreos y de los regímenes de tenencia; menor participación en las instituciones rurales, como los comisariados ejidales y de bienes comunales.

Sobre la tenencia de la tierra, la misma FAO precisa que en el objetivo de desarrollo sustentable número 5, se reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que ello les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.

En esta materia, un estudio que recoge datos de seis países americanos halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México, con un 32.2 %; en Paraguay del 29.7 %; en 20 por ciento en Nicaragua y el 14 por ciento en Honduras.

De igual forma, en México en noviembre de 2016 el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres a contar con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y las comunidades.

Con una modificación al Artículo 37 de la Ley Agraria, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran los comisariados ejidales y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60 por ciento de candidatos de un mismo género, para que las mujeres puedan aspirar a cualquiera de los puestos. Lo mismo que en las comisiones y los secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal o de bienes comunales, se procura la integración de las mujeres.

Experiencias de comunidades locales del mundo trabajando para salvaguardar la biodiversidad

Experiencias de comunidades locales del mundo trabajando para salvaguardar la biodiversidad-ccmss










Sinopsis:

Experiencias de comunidades locales del mundo trabajando para salvaguardar la biodiversidad-ccmss
 

Las comunidades forestales son una herramienta valiosa para conservar la biodiversidad. La reciente COP 13 sobre Diversidad Biológica puso en la agenda climática esta sentencia, que resulta oportuna mencionar una vez que repasamos los objetivos mundiales para avanzar hacia un planeta sostenible: las Metas de Aichi. En el punto 18 de dicho documento se lee lo siguiente:

“Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos.”

El papel de estas comunidades indígenas y locales del mundo es contundente. Esta afirmación se sustenta en numerosas investigaciones que demuestran cómo han conquistado, durante siglos, importantes logros ambientales. De ellas se destaca el manejo sustentable de los territorios forestales, la interrupción de la deforestación, el aumento en el secuestro de carbono en los bosques, la mejora en calidad y cantidad del agua en las cuencas hidrológicas, y la conservación de la diversidad biológica de los países.

Durante la pasada COP 13 el Forest Peoples Programme (FPP) y el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), con el apoyo de la Secretaría del CDB, se presentó una publicación que reafirma lo anterior. El documento lleva por nombre Perspectivas locales sobre la diversidad biológica, y expone una serie de casos en los que comunidades nativas han aprovechado de forma sostenible, y con gran efectividad, sus territorios.

El artículo desglosa los cinco objetivos climáticos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi y evidencia como, en cada uno de estos puntos, las comunidades podrían ocupar un lugar decisivo a favor de la conservación.

La publicación expone casos específicos que demuestran el potencial del conocimiento tradicional; por ejemplo el de los indígenas Dayak, en Indonesia, que han defendido por años sus bosques, ríos y lagos ante la amenaza en expansión del aceite de palma; el sistema tradicional de uso de la tierra de los pueblos Lua, en Tailandia, donde existen numerosos tipos de aprovechamiento y conservación para cada tipo de bosque, o el caso de países como México, donde la legal tenencia de la tierra, lograda a partir de la Revolución Mexicana, constituye una herramienta valiosa para mitigar el cambio climático.

Finalmente, al recabar experiencias y perspectivas destacan mensajes fundamentales que es pertinente retomar:

*Acciones colectivas que pueblos indígenas y comunidades locales han realizado junto con asociaciones para promover el Plan Estratégico para la Biodiversidad y las 20 Metas de Aichi.

*El apoyo de acciones, proyectos y programas que aseguren la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible.

*La conservación de la diversidad biológica y cultural como método para desarrollar resiliencia a los cambios ambientales, sociales y climáticos.

*Los compromisos políticos sobre conocimientos tradicionales y utilización consuetudinaria sostenible que puedan y deban traducirse en programas y proyectos.

*El reconocimiento legal de la tenencia de la tierra y la protección de los derechos humanos para asegurar bienestar social y garantizar beneficios ambientales múltiples.

*La cartografía y el monitoreo comunitario para complementar sistemas más amplios de información y presentar informes que promuevan la rendición de cuentas respecto a los compromisos climáticos, sociales, de biodiversidad y de desarrollo.

En el siguiente link puedes encontrar la publicación Perspectivas locales sobre la diversidad biológica (una versión resumida en español se puede leer aquí).

 

*Imágenes: 1) Photo: Ricky Martin/CIFOR– Creative Commons; 2) localbiodiversityoutlooks.net

PRONUNCIAMIENTO PARA EXIGIR UN PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY FORESTAL!

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Sinopsis:

 

Un grupo amplio de comunidades y organizaciones que trabajamos en torno al manejo sustentable de los bosques, y que participamos en instancias tales como el Consejo Nacional Forestal, varios Consejos Estatales Forestales, Comités de Recursos Naturales y Uniones Regionales estamos preocupados porque legisladores del Partido Verde y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pretenden aprobar en este periodo de sesiones una iniciativa de Ley Forestal que no resuelve los problemas que enfrentamos en el sector y que no incorpora ninguna de las propuestas que se han hecho por diversas organizaciones.

Quienes hacemos este pronunciamiento estamos solicitando que no se apruebe el actual borrador de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que se abra una discusión en la que participemos comunidades forestales, academia, organizaciones civiles y todos los interesados.

El martes 7 de febrero entregaremos a legisladores y funcionarios del sector el Pronunciamiento, nos daría mucho gusto contar con su respaldo en esta petición.

PRONUNCIAMIENTO

A los Legisladores del H. Congreso de la Unión

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR

Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros

A los consejos estatales forestales

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las Organizaciones Indígenas y Campesinas

A las Organizaciones de la Sociedad Civil

A la Opinión Pública en General

 

Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016.

Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.

Consideramos necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

Cabe destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada.

El 20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión.

Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.

Este Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.

Consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles.

En cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente.

El pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso.

Atentamente

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental, CEMDA; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO.

FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO 

SI TE PARECE RAZONABLE SUSCRIBIR NUESTROS PLANTEAMIENTOS, ENVÍA TU SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CORREO: gsuarez@ccmss.org.mx

PREFERENTEMENTE ANTES DEL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2017

 

(Actualización al 10 de febrero de 2017)

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

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Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

¿Cuánto carbono almacenan los bosques comunitarios en México?

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Manejo forestal comunitario en Oaxaca: el bosque protegido por comunidades y ejidos











Sinopsis:
Foto: Consuelo Pagaza

Foto: Consuelo Pagaza

El estado de Oaxaca es una de las entidades de la República mexicana con mayor riqueza biocultural. A lo largo de los siglos, las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado esos terrenos han procurado la conservación de la biodiversidad a través de su manejo y uso sustentable.

De acuerdo con datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Oaxaca cuenta con 1,310 núcleos agrarios, con   una superficie de 4.8 millones de hectáreas, de las cuales 3.1 millones de ha. presentan cobertura forestal, es decir, el 65 por ciento de la entidad esta cubierta por bosques y selvas. Además, el estado cuenta con 23 de los 32 tipos de vegetaciones reconocidas en el país. Toda esta riqueza natural es producto de su geografía y la interacción y manejo de las comunidades locales con la biodiversidad.

De esta gran riqueza forestal que posee el estado dependen más de 700 mil personas, que obtienen sus ingresos y alimentos mediante actividades de manejo del bosque.

El 80 por ciento de los bosques oaxaqueños son propiedad de más de mil 600 pequeños productores, 860 grupos comunitarios y 760 poblados. La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades indígenas, que ancestralmente han vivido e interactuado en esos parajes forestales.

A través del manejo forestal comunitario, muchos de estos grupos poseedores de terrenos forestales han logrado consolidar empresas, con una gobernanza sólida, que dan mantenimiento a los bosques y extraen productos forestales maderables y no maderables de forma sustentable. Muchas de estas empresas forestales operan desde hace más de 20 años bajo esquemas sostenibles que han sido evaluados bajo los estándares internacionales de manejo forestal, del Forest Stewarship Council (FSC).

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Al día de hoy, Oaxaca posee una superficie certificada bajo el estándar del FSC en manejo forestal de 74 mil 752 hectáreas, y otras 25 mil 712 hectáreas se encuentran en una etapa avanzada del proceso de certificación, lo cual garantiza que realizan un manejo sostenible de sus recursos forestales.

Más allá de solo producir madera en rollo, las empresas forestales comunitarias de Oaxaca han desarrollado proyectos que dan valor agregado a la madera cosechada, a través de la operación de aserraderos, carpinterías y mueblerías. Esto ha permitido posicionar a la entidad como el cuarto productor nacional forestal.

En 2014 el estado produjo 372 mil 495 metros cúbicos de productos forestales, de los cuales 302 mil 646 corresponden a escuadría de pino y, en menor medida, de encino. También se produjeron 15 mil 600 metros cúbicos de celulósicos; 19 mil 400 metros cúbicos de leña y 2 mil 614 metros de postes, polines y morillos.

El valor de la producción forestal de Oaxaca, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico del sector Forestal de la CONAFOR de 2014, fue de 302 millones 646 mil 834 pesos, lo cual representó el 6 por ciento del valor de la producción nacional.

No sin esfuerzo y anteponiéndose a la sobre regulación del sector forestal en México, que dificultan el emprendimiento de actividades de manejo y aprovechamiento forestal sustentable; algunas comunidades y ejidos forestales de Oaxaca, como Pueblos mancomunados de Ixtlán, San Pedro el Alto, La Trinidad Ixtlán, San Mateo Capulapam, Santiago Xiacuil, Santiago Comaltepec, entre otros; han logrado diversificar sus actividades productivas con los recursos obtenidos por el manejo de sus bosques, como la puesta en marcha de purificadoras y embotelladoras de agua, proyectos de ecoturismo, tiendas de abarrotes, restaurantes, papelerías, etcétera.

Además, financian obra pública en sus respectivas comunidades y apoyan la preparación académica de jóvenes y niños para que, más tarde, se desempeñen en las labores del manejo forestal.

Estas comunidades forestales de Oaxaca realizan actividades de conservación de la biodiversidad respaldadas con un Plan de Manejo y estudios de impacto ambiental que incorporan buenas prácticas de conservación de la biodiversidad, como no destruir nidos y madrigueras, ni cosechar árboles que puedan afectar el tránsito de las distintas especies de fauna que habitan esos bosques.

En Santiago Xiacuí, Oaxaca, relata Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de esa comunidad, que más allá de la vigilancia y las auditorías que realiza la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) y auditores del FSC, los mismos comuneros vigilan que todos los trabajos en el bosque se lleven a cabo “como se debe, sin dañar la vegetación ni a los animales”.

Enfatiza que la gente es consciente de todo lo que les provee el bosque y por ello deben conservarlo en las mejores condiciones.

Adicionalmente, y como prueba del compromiso con la diversidad biológica oaxaqueña, las comunidades forestales han mejorado sus programas de manejo para incorporar un conjunto de prácticas de conservación al aprovechamiento forestal a nivel de sitio, de rodal y de paisaje. Además, se han acordado establecer 136 áreas de conservación voluntarias designadas bajo esta categoría por los propios comuneros y ejidatarios, que suman 129 mil hectáreas de bosque. Esta superficie los coloca como el estado del país con mayor extensión de bosques bajo esta categoría de conservación.

El manejo forestal comunitario que se realiza en Oaxaca no es único, ya que existen muchos casos de éxito documentados en esta materia en otras entidades, como Estado de México, Quintana Roo, Campeche, Durango y Chihuahua.

Necesario impulsar manejo forestal comunitario en Latinoamérica para conservar la Biodiversidad











Sinopsis:

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  • Integración de la biodiversidad al manejo forestal es una práctica ancestral de comunidades indígenas.
  • Indispensable canalizar recursos de la cooperación internacional a comunidades indígenas forestales para la conservación de la biodiversidad.

(COP13 CDB, Cancún, Quintana Roo – 9 de diciembre de 2016) Representantes de comunidades locales y pueblos indígenas de Latinoamérica dedicados al manejo forestal sustentable de sus bosques hicieron un llamado para que los países adopten políticas públicas eficaces y ágiles que favorezcan el aprovechamiento de sus recursos naturales de manera sostenible.

En el marco de la Conferencia de la Partes de Naciones Unidas del Convenio de Diversidad Biológica (COP13 CDB) que se celebró en Cancún, Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), indicó que está ampliamente comprobado y documentado que la conservación de los bosques y la biodiversidad en el largo plazo, está estrechamente vinculada con el respeto y reconocimiento de los derechos de las comunidades que viven y dependen de los bosques y selvas.

En el evento paralelo: Conservación de la Biodiversidad en el manejo forestal sustentable, precisó que en México es un derecho Constitucional el respeto a los derechos y libre determinación de los pueblos indígenas que, en la práctica, no se ejerce en plenitud.

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Comunidades indígenas y bosques

En su intervención, Henderson Renfigo, líder indígena peruano y miembro de la Coordinadora de las organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), destacó la necesidad de que los cooperantes y agencias de financiamiento internacional canalicen recursos a las comunidades, porque allá no llegan todos estos acuerdos que se tratan en estos grandes eventos como la COP13 del Convenido de Diversidad Biológica.

Añadió que el tema de la integración de la biodiversidad en las actividades productivas de los pueblos indígenas no es algo nuevo, pues ancestralmente lo hemos hecho, por ello los territorios indígenas son los que presentan mejores índices de conservación.

Henderson detalló que en la Amazonía peruana los pueblos indígenas llevaron a cabo una revolución forestal en la que reclamaron el manejo de los recursos forestales, que previamente había sido depredado por particulares autorizados por el gobierno del Perú.

No obstante, comentó que aún quedan muchos retos por superar para garantizar la conservación en el largo plazo de la selva peruana, como la excesiva corrupción y la canalización de recursos suficientes para el fortalecimiento de emprendimientos productivos y la titulación de tierras a favor de las comunidades originarias.

Recuperación de bosques y desarrollo social

En este sentido, Netzar Arrortua, presidente del comisariado de bienes comunales de Capulalpam de Méndez y miembro de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Norte de Oaxaca (UZACHI), subrayó el importante papel que juegan las comunidades y ejidos en México en la conservación de los bosques y selvas y, al mismo, tiempo cubren los huecos que el Estado no atiende en sus comunidades.

Con el manejo sustentable del bosque que realizan las comunidades forestales a través de la conformación de empresas forestales comunitarias, generan recursos que son destinados para el propio saneamiento y mantenimiento de sus recursos forestales y el resto lo invierten en la generación de obra pública, como construcción de escuelas, caminos, alumbrado, entre otras.

Asimismo, Netzar Arrortua recalcó la necesidad de que el gobierno se comprometa verdaderamente con el desarrollo del sector forestal en México, “porque la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) cuando compran mobiliario prefieren adquirir productos de metal o plástico; y cuando son productos de madera son importados, en vez de apoyar el buen trabajo y de alta calidad que realizamos las comunidades de UZACHI, que estamos certificados por el FSC en manejo forestal.

Baltazar López, de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO) y miembro de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), coincidió en la importancia de que se impulse al sector forestal en México y se reconozca el papel fundamental que juegan las comunidades y ejidos forestales para mantener estos ecosistemas en buen estado y evitar el cambio de uso de suelo y la degradación de los suelos.

Por último, Cándido Mezúa, indígena de la Comarca Emberá del Panamá y representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosque (AMPB) recalcó la necesidad de generar un esquema de certificación de manejo forestal cultural para las comunidades indígenas, y que este esquema no les sea costoso, ya que prácticamente el 70 por ciento de los recursos que obtienen las comunidades panameñas tienen que pagarlo en certificación e impuestos federales.

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Una propuesta para enfrentar la sobrerregulación que afecta al sector forestal en México











Sinopsis:

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México es un país mega diverso, que alberga alrededor del 10 por ciento de las especies del mundo y que cuenta con una superficie forestal de más de 138 millones de hectáreas que equivalen al 70 por ciento del territorio nacional; esta cantidad de bosques es muy superior a la de países como Finlandia, pero nuestra producción forestal es 10 veces menor a la del país nórdico.[1]

En el año 2000 el gobierno mexicano, asistido por el gobierno finlandés, preparó el Programa Estrategia Forestal 2025 (PEF-2025) que planteaba una ruta para el crecimiento del sector forestal. Sin embargo, 16 años más tarde, nos encontramos que la producción maderable ha venido descendiendo y al día de hoy solo se produce el 30 por ciento de la demanda interna de productos forestales, que ronda los 17 millones de metros cúbicos de madera; el resto, se importa de países como Chile, China, Perú y Estados Unidos; generando un déficit de la balanza comercial de más de 6,000 millones de dólares.

La caída de la producción maderable no es lo más grave que le sucede al sector forestal; sino que, los dueños de los territorios forestales han visto frenado su desarrollo; han retrocedido en sus capacidades de control de sus territorios forestales y de los procesos productivos. Todo esto tiene impactos importantes en las condiciones del bosque, que hoy día están inmersos en un fuerte proceso de deterioro debido al avance de las plagas, la tala ilegal y a la falta de un manejo adecuado.

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento y desarrollo del sector, que se identificaba en el PEF-2025 era la compleja regulación que pesa sobre la gestión forestal. Para poder aprovechar los recursos naturales de sus bosques, las comunidades y ejidos deben cumplir con alrededor de 50 requisitos ante la autoridad,[2] además, estos requisitos y trámites implican gastos de cientos de miles de pesos y les puede tomar hasta un par de años obtener la autorización del plan de manejo y aprovechamiento de su bosque por las demoras en los resolutivos de las distintas ventanillas gubernamentales. Y si el resolutivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es negativo, el ejido o comunidad deberá realizar nuevamente todo el proceso y tramitología para solicitar la autorización de su plan de manejo forestal, lo cual implica más tiempo y gasto de recursos, mientras su operación productiva se encuentra detenida. Además, cuando el dueño de la tierra ya cuenta con su autorización la historia de los requisitos no acaba; al contrario, el proceso tramitológico se puede complicar aún más con la tramitación de la documentación para el transporte, los permisos de cortas sanitarias, o permisos para realizar cualquier cambio en la estrategia de manejo.

La complejidad del esquema regulatorio para la gestión de los bosques tiene impactos muy importantes en el sector forestal ya que los dueños de los terrenos forestales, que son mayoritariamente comunidades con altos niveles de marginación, difícilmente pueden mantener los costos que conlleva el cumplimiento de los requisitos, tramites y pago de derechos y, por ello optan por suspender el aprovechamiento comercial del bosque y buscar alternativas de ingreso en la venta de madera ilegal o el cambio de uso de suelo.

Por lo anterior, es de gran relevancia avanzar hacia un proceso que permita simplificar todo el sistema de gestión de permisos y autorizaciones. De esta forma también se garantiza la conservación de los bosques a lo largo del tiempo, ya que las comunidades al obtener incentivos económicos que contribuyan a su bienestar, son los más interesados en conservarlos.

Distintas organizaciones, instituciones y centros de investigación como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el World Resourses Institute (WRI), Reforestamos México, Rights and Resourses Initiavie (RRI), entre muchos otros; han documentado que la sobrerregulación y centralización en la gestión de forestal que priva en el país, representa un freno para el desarrollo del sector y de las personas que habitan y dependen de los bosques.

En su más reciente estudio, Ocho puntos para alcanzar las metas climáticas de México (2016),[3] el World Resources Institute (WRI) destaca que es necesario “Tomar acción (bajo el liderazgo de la Conafor, la Semarnat y otras) para reducir la complejidad del marco legal del sector forestal al armonizar las leyes, regulaciones y metas federales relacionadas con el manejo forestal sostenible.” Esto para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal y reactivar la productividad forestal para garantizar su conservación a largo plazo.

El propio Plan Nacional Forestal 2014-2018 (PNF) detalla en la parte de diagnóstico que “la compleja y engorrosa” legislación forestal en México propicia que “los productos forestales nacionales compiten en desventaja en los mercados, debido a los altos costos de transacción y la baja productividad.” (…)

La propuesta del CCMSS para abatir la sobrerregulación

El CCMSS con base en el trabajo que desempeña en campo, en la industria y en el mercado; colaborando día a día con los ejidos forestales de Campeche, Quintana Roo y el Estado de México, ha podido documentar que el estancamiento de la productividad forestal del país tiene diversos orígenes pero que, en particular, el sistema regulatorio, tan complejo, contribuye de manera importante a mantener al sector forestal en un deprimido y bajo nivel de competitividad. Por esto, el hecho de trasladar las atribuciones de Semarnat a la Conafor en materia forestal, como plantea la iniciativa de reforma de Ley de Desarrollo Forestal que se dictamina en la Cámara de Diputados, no resolverá el problema, pues no hay ninguna innovación regulatoria que contribuyan a que la nueva administración de Conafor opere de manera diferente a como opera hasta el día de hoy la Semarnat.

La alternativa que plantea el CCMSS es que la nueva Ley Forestal establezca un mandato preciso a la Semarnat para que, en un periodo de dos a cuatro años, avance en un proceso de descentralización de funciones y las transfiera hacia los gobiernos de los estados, incluyendo el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento forestal sustentable, tal y como hoy sucede con la Protectora de bosques (Probosque), en el Estado de México.  De esa forma, la Semarnat se quedaría con la función normativa y de supervisión de las entidades estatales.  Estas entidades, con el conocimiento cercano de su realidad forestal, podrán realizar un buen trabajo y operarán en un terreno sin corrupción, ya que tendrían a una entidad federal (Semarant) supervisando su desempeño.

En la actual operación de Probosque esto sucede así. Este órgano público descentralizado y sectorizado a la Secretaría del medio ambiente del Estado de México, tiene entre sus funciones y facultades la de “promover la organización productiva de los poseedores y propietarios forestales en el ámbito municipal, regional y estatal; así como gestionar la asesoría técnica y capacitación necesarias para el mejoramiento de sus procesos productivos.” [4]

Asimismo, producto del Convenio de asunción de funciones signado entre la Semarnat y el Estado de México, el Probosque ejerce “la atribución de otorgar, modificar, negar, suspender, anular y revocar las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, bajo los lineamientos que establece la Semarnat.”[5]

Además, la Semarnat supervisa, a través de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, y con el apoyo de su Delegación Federal en la entidad el desarrollo y ejecución de las funciones y atribuciones transferidas al Estado de México. Esta función de vigilancia coadyuvará a eliminar la corrupción y arbitrariedad que padecen los ejidos y comunidades a la hora de tramitar sus autorizaciones para el aprovechamiento y manejo de sus recursos forestales, y al solicitar la documentación para el transporte y comercialización de su producción forestal.

El Consejo Civil plantea la necesidad de replicar la experiencia de Probosque en los estados de importancia forestal, al menos 10 estados en una primera fase, para que posteriormente se puede avanzarse a todos los estados.

Este proceso de descentralizción deberá estar acompañado de un mandato de ley que permita avanzar en la generación de capacidades locales, operar los programas de manejo forestal regionales y contar con un esquema que exente de la obligatoriedad de gestionar autorizaciones de manejo forestal a aquellos dueños de bosque que hayan cumplido cabalmente con la aplicación de sus planes de manejo por más de 20 años.

Se debe recompensar el bien actuar de las empresas forestales comunitarias y no ponerles trabas, que en muchas ocasiones las obligan a detener su operación forestal hasta por dos años, lo cual no solo implica la pérdida de empleos en las actividades de monte, sino en aserraderos y centros de transformación. Esto genera presiones para el cambio de uso de suelo y fomenta la migración de la población rural.

Esperamos que esta coyuntura de la discusión una nueva Ley de desarrollo forestal sustentable, permita avanzar hacia una ley forestal que realmente contribuya a alcanzar una mejor gestión forestal en favor de los ejidos y comunidades forestales quienes han demostrado ser la piedra angular para la conservación de los bosques y selvas del país.

 

 

Consulta y descarga el documento completo aquí: Nota Informativa 49 – Una propuesta para enfrentar la sobre regulación que afecta al sector forestal en México

 

 

 

Referencias:

[1] Reforestamos México e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Índice de competitividad forestal estatal (2014). Disponible en http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/07/Indice_Forestal_2014.pdf

[2] Fernández, Eugenio y Noé Mendoza, Sobrerregulación Forestal. Un obstáculo para el desarrollo sustentable de México (2014), CCMSS. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/Sobrerregulacion-Mendoza-FernandezVazquez-CCMSS.pdf

[3] World Resourses Institute (WRI) México, Ocho puntos para alcanzar las metas climáticas de México. Disponible en: http://wrimexico.org/sites/default/files/WRI_OCN_Mexico_ExecSum_final_es-MX_Hi.pdf

[4] Protectora de Bosques del Estado de México. Disponible en: http://probosque.edomex.gob.mx/index.php/acerca-de/funciones

[5] Convenio específico para la asunción de funciones en materia forestal entre Semarnat y Gobierno del Estado de México (2003). Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=692662&fecha=08/07/2003

Indispensable asegurar a las comunidades indígenas sus derechos de tenencia de la tierra para garantizar la conservación de los bosques y combatir el cambio climático











Sinopsis:

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El 11 de octubre de 2016 se reunieron expertos de diversos países en Washington, Estados Unidos, para abordar el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios para la conservación de los bosques, este evento representó una oportunidad única para que los participantes se reunieran y elaboraran estrategias sobre el papel del financiamiento del desarrollo en la consecución de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales para abordar la reducción de la pobreza, administrar la tierra, combatir la deforestación y el cambio climático.

En el foro denominado Asegurando los derechos de tenencia de la tierra para proteger los bosques y combatir el cambio climático: Explorando el papel de las finanzas para el desarrollo, representantes del Land Rights Now (LRN), institución co-organizadora del evento, señalaron que el objetivo central del evento fue el llamar a la Acción Global sobre los Derechos de las Tierras Indígenas y Comunitarias para duplicar el área de tierra reconocida como propiedad o controlada por los pueblos indígenas y las comunidades locales para el año 2020. En el evento se profundizó en cómo se puede orientar, coordinar y mejorar el financiamiento para el desarrollo y para ayudar a alcanzar este objetivo.

Kysseline Chérestal, Consejera de Política de Tierras en la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y miembro del Grupo de Dirección de LRN, expuso una visión general de la campaña de LRN, que se trata de un mecanismo coordinador para impulsar una acción conjunta para promover un mayor reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva.

En este sentido, el análisis elaborado por la RRI de 2015: ¿Quién posee la tierra del mundo? Demostró que, a nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen propiedad legal sólo del 10 por ciento de su tierra, a pesar de tener derechos consuetudinarios sobre más del 50 por ciento de las tierras del mundo. Esta brecha extraordinaria pone en riesgo su bienestar económico y social y los sitúa en primera línea para hacer frente a las crisis ambientales que resultan del cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, las mujeres son el sector de la población que se ven más afectadas adversamente en estas situaciones.

En su oportunidad, las presentaciones de los participantes de Kenya, Camerún, Perú y México dieron urgencia a la necesidad de otorgar más financiamiento que sitúe la tenencia de la tierra en el centro de su enfoque para aliviar las presiones externas y apoyar los medios de subsistencia derivados de los bosques y otros ecosistemas naturales.

Mientras que los presentadores del Perú destacaron que asegurar la tenencia colectiva de la tierra debe ser un objetivo en sí mismo y un primer paso para garantizar que las comunidades forestales puedan construir economías locales sostenibles.

El evento se desarrolló en dos paneles de expertos, el primer panel, denominado “El caso de los derechos de tenencia colectiva de la tierra” abordó los desafíos que dificultan el reconocimiento más amplio de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y exploró las mejores prácticas para apoyar la tenencia colectiva en proyectos y políticas de desarrollo.

Roberto Espinoza, Asesor Climático de la Asociación Paraguaya de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que “donde haya personas con derechos, habrá bosques vivos para siempre y para todos” y alentó a que mediante mecanismos de donación específicos, a través del marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se provean fondos directamente a los grupos indígenas y comunitarios para incrementar la gobernabilidad territorial, manejo y titulación de tierras indígenas.

Helen Ding, Economista Ambiental del World Resourses Institute (WRI) compartió nuevas investigaciones de un informe del WRI sobre los costos y beneficios de asegurar y mantener la tenencia de la tierra.

Indicó que los datos del estudio demuestran que los bosques indígenas autóctonos aseguran beneficios globales de biocombustibles en Bolivia, Brasil y Colombia que ascienden a un total de entre 25 a 34 mil millones de dólares en los próximos 20 años.

Yator Kiptum, del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, cuya comunidad forestal experimentó desalojos forzosos como resultado de un programa financiado por el Banco Mundial en Kenia, enfatizó que los derechos no deben estar en conflicto con la conservación, y pidió a las instituciones de financiamiento del desarrollo apoyar leyes y políticas que promuevan los derechos de los pueblos indígenas forestales a poseer y ocupar sus tierras ancestrales en bosques/áreas protegidas.

En tanto que Klaus Deininger, Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, promocionó el potencial del Marco de Evaluación de la Gobernabilidad de la Tierra (LGAF, por sus siglas en inglés) como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo financiero para ayudar a los diseñadores de políticas a generar y monitorear las reformas agrarias a nivel nacional.

En el segundo panel, titulado: Experiencias en el Manejo de Bosques y Otros Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se destacó la experiencia indígena y local en silvicultura y mitigación/adaptación al cambio climático y ofreció recomendaciones de la comunidad.

En su ponencia, Raúl Benet, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) de México, instó a los actores de las instituciones de financiación del desarrollo a transferir fondos de la reforestación a iniciativas forestales comunitarias que respalden los derechos a la tierra y eleven las voces comunitarias en la formulación de políticas públicas.

Cécile Ndjebet, Observadora de las Mujeres del Fondo Forestal para el Carbono y Presidenta de la Red Africana de Mujeres para la Gestión Comunitaria de Bosques (REFACOF), subrayó la necesidad de un enfoque de género para las cuestiones forestales y de tenencia de la tierra. Pidió mayor oportunidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.

Mientras que Henderson Rengifo, Presidente de AIDESEP del Perú, enfatizó la necesidad de apoyar no solo los derechos de tenencia indígena, sino también de las economías indígenas de “vida plena y buen vivir”, que implican una producción diversificada, un equilibrio holístico entre comunidad, naturaleza y cultura, respeto a la reciprocidad y participación equitativa en los beneficios entre todos los actores involucrados.

Por último, Gerardo Segura, del Banco Mundial, describió el papel actual del financiamiento del Banco Mundial en el apoyo a la gestión indígena y comunitaria de los recursos, así como sus planes para el apoyo continuo a través del Plan de Acción Forestal.

Algunas de las recomendaciones generadas por los participantes del Foro para avanzar en el reconocimiento de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y pueblos indígenas fueron las siguientes:

Agenda de financiamiento de desarrollo:

– Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deben crear y aumentar las contribuciones a las ventanillas de financiación para canalizar la inversión directa a las comunidades indígenas (por ejemplo, el Mecanismo de Subvenciones Dedicado, o DGM), centrándose en las contribuciones de las mujeres, así como en grupos indígenas que puedan liderar sus propias iniciativas de conservación de tierras, bosques y clima.

-IFD para cambiar los incentivos internos orientados en financiar factores impulsores de la deforestación y la apropiación de tierras, a incentivos que apoyen los derechos y economías de las tierras indígenas y comunitarias.

– Instituciones financieras de desarrollo (IFD)para trabajar juntos para aumentar la coherencia y la coordinación del apoyo de los donantes a las economías indígenas.

– IFD para proporcionar más apoyo y enfocarlo en la adaptación al clima y el papel de las mujeres en el logro de la resiliencia al cambio climático.

– IFD para llevar a cabo investigaciones futuras sobre los beneficios de asegurar los derechos de tenencia de indígenas y comunidades para informar su propia política y práctica.

Políticas

– IFD para abordar las salvaguardas las lagunas en la política de desarrollo de préstamos y préstamos a través de intermediarios financieros mediante la aplicación de salvaguardas fuertes de tenencia de tierras, bosques y climáticas entre los instrumentos de préstamo.

– IFD para fortalecer y alinear salvaguardas entre los distintos sectores e instituciones para proteger los derechos indígenas y comunitarios de la tierra.

– IFD para la evaluación de los distintas leyes y marcos normativos, a través de los sectores e instituciones sobre la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios existentes como parte del diseño de un proyecto.

 Diseño e implementación de proyectos:

– IFD para trabajar en incrementar el apoyo a la gobernabilidad territorial.

– IFD para incrementar el apoyo financiero para el fortalecimiento de las cuestiones de gobernanza en la tenencia de la tierra.

 – IFD para apoyar a los gobiernos a asegurar la titulación de tierras indígenas y el apoyo a las economías indígenas para que se integren en los planes y políticas nacionales.

– IFD para incorporar las voces indígenas y comunitarias en el diseño de proyectos, particularmente las de las mujeres.

– Mecanismos de rendición de cuentas para incrementar la capacidad de abordar el daño relacionado con la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios.

Los bosques y selvas en México son de propiedad social (análisis geoestadístico)











Sinopsis:

 

 

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  • La propiedad social representa el 52% de la superficie total del país, y está distribuida en más de 31 mil núcleos agrarios, de los cuales el 35% tienen al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

  • La región Norte del país concentra la mayor cantidad de superficie de núcleos agrarios con superficie de bosque.

  • En las entidades que conforman la península de Yucatán más del 75% de la superficie en propiedad social tiene al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva.

 

Autor: Ortega Espinosa Ariadna

Introducción

Este análisis tiene como finalidad cuantificar los núcleos agrarios que poseen, al menos, 200 hectáreas de bosque y/o selva; para dicho análisis es importante mencionar que no se consideró la vegetación matorral; por lo tanto, los resultados varían con lo publicado, en 2012, por el Registro Agrario Nacional (RAN), en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México, donde se afirma que hay 15 mil 584 núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques, selvas y matorral.

Para la elaboración de este trabajo se llevó a cabo un análisis geoespacial con base en la cobertura de uso de suelo y vegetación, conocida como Serie V, escala 1:250 000 (información más actual disponible), así como la capa de núcleos agrarios del RAN, actualizada a diciembre de 2014.

Los resultados del presente trabajo indican que de los más de 30 mil ejidos y comunidades certificadas por el Regisro Agrario Nacional que existen en México, 11 mil 843 cuentan con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva en todo el país.

El análisis a escala estatal demuestra que hay estados con una proporción alta de ejidos con bosques y selvas como el caso de Yucatán, dónde el 90 % de la superficie de estos predios cuenta con al menos 200 hectáreas de selva.

La propiedad social en México

México está dividido en tres grandes categorías de propiedad de la tierra: pública, privada y social.  La primera corresponde a los terrenos de propiedad del estado (federal o estatal); la segunda, es aquella que la nación otorga a particulares, y en la tercera categoría están los núcleos agrarios, divididos en dos regímenes de tenencia de la tierra: el ejido y la comunidad[1].

A continuación, se representa la distribución de la tenencia de la tierra en México, con base en datos estadísticos de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) de 2012.

Gráfica 1. Distribución de la Propiedad de la Tierra.

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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticos del SRA, 2012

La propiedad social cuenta con poco más de 100 millones de hectáreas que repartidas en 31 mil 785 núcleos agrarios (NA): 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades[2]; de los cuales, 30 mil 076 cuentan con certificado agrario emitido por el RAN, lo cual representa una superficie superior a 95 millones de hectáreas.[3] (Ver tabla 1).

Tabla 1. Distribución regional de la propiedad social certificadas por el RAN.Distri_regio_NA

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN (2014) y Regiones según CONABIO (2010)

Se estima que alrededor del 80 % de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social[4]. El  presente análisis indica que el 73 % de los NA certificados por el RAN, tiene cobertura forestal[5]. (Ver Mapa 1).

Mapa 1. Superficie forestal y no forestal en núcleos agrarios certificados por en RAN

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Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN (2014) y Serie V de INEGI

Núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selva

De acuerdo con este análisis, hay 11 mil 843 NA con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva, que cubren una superficie total de más de 34 millones de hectáreas. Los resultados indican que la región norte cuenta con la mayor cantidad de superficie boscosa, seguido de la región pacífico sur y en la tercera posición, la región de la Península de Yucatán (ver Tabla 2).

 

Tabla 2. Distribución regional de núcleos agrarios con al menos 200 Ha de bosque y/o selva

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Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN e INEGI (2014). Regiones según CONABIO (2010).

Por otra parte, el análisis estatal estima que el 90 % de la superficie total de los NA del estado de Quintana Roo tienen al menos 200 hectáreas de selva; en segundo lugar, se ubica Campeche y, por último, Yucatán con 77 % y 76 %, respectivamente. (ver tabla 3)

Lo anterior se aprecia en la tabla 3, dividida en 2 secciones, A y B, la primera sección contiene el total de NA, el número de NA con al menos 200 ha y su porcentaje sobre el total y  la sección B  la superficie total de NA, superficie de NA con más de 200 ha y su repectivo porcentaje contra el total de la superficie.

Tabla 3. Distribución estatal de núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva

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Fuente: Elaboración propia basado en procesos GIS con base en datos del RAN (2014) e INEGI (2012).

 El mapa 2 muestra la distribución nacional de los núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva, representando sólo la porción del ejido con superficie forestal.

Mapa 2. Distribución nacional de núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

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Fuente: Elaboración propia basado en procesos GIS con base a datos vectoriales del RAN (2015) e INEGI (2012).

 

Conclusiones

La propiedad social representa el 52 % de la superficie total del país, la cual esta distribuida en más de 31 mil núcleos agrarios, de los cuales el 35 % tienen al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

El análisis demuestra que la región norte concentra la mayor cantidad de superficie de núcleos agrarios con esta característica, sin embargo, a nivel estatal, las entidades que conforman la península de Yucatán son aquellos en donde más del 75 % de la superficie en propiedad social tiene al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva.

 

Notas al pie:
[1] IICA & RAN, Atlas de propiedad social y servicios ambientales en México, México 2012.

[2] Gaceta Parlamentaria, 2014.

[3]  Datos generados a partir de información vectorial del RAN, 2014.

[4] FAO. Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe, 2004.

[5] Bosque, Selva, Matorral y otro tipo de Vegetación (clasificación elaborada a partir de Serie V, INEGI).

 

Referencias bibliográficas:

RAN & IICA. 2010. Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México. disponible en:  http://www.ccmss.org.mx/descargas/Atlas_de_propiedad_social_y_servicios_ambientales_en_Mexico.pdf

Gaceta Parlamentaria, Número 4108-III,2014. Disponible en:  http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/sep/20140909-III/Iniciativa-1.html

Torres, Juan Manuel, 2004, FAO. Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina. Disponible en:  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j2215s/j2215s00.pdf

Torres, Juan Manuel, 2015, CIDE. Características de las núcleos agrarios forestales en México, disponible en: https://goo.gl/NfRN5q

Posicionamiento del CCMSS ante la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica











Sinopsis:

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Del 2 al 17 de diciembre se llevará a cabo en Cancún la décimo tercera reunión de las partes de la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Esta cumbre reúne a representantes de 196 países y tiene entre otros objetivos el de establecer medidas estratégicas para el logro de Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y para integrar la biodiversidad en todos los sectores.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) considera de enorme importancia que se incluya en los acuerdos de esta COP, el reconocimiento explícito del manejo forestal comunitario y sustentable como un instrumento y mecanismo eficaz para la conservación de la biodiversidad y el logro de las metas de Aichi.

Esta cumbre es una oportunidad para mostrar al mundo la importancia que tiene el manejo activo y sustentable de los bosques y la gobernanza de los territorios forestales para la conservación de la biodiversidad, y para poner en la agenda de los tomadores de decisiones la importancia de priorizar, mediante políticas públicas y financiamiento, el desarrollo de esquemas de manejo sustentable de los territorios forestales comunitarios.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es un compromiso mundial de cumplimiento obligatorio (vinculante) en el que participan 196 países, incluido México, y que fue originalmente acordado en la Cumbre de Río de 1992.  Éste busca conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y garantizar el acceso equitativo a los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos. Es considerado uno de los principales instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible, ya que el ámbito al que se refiere abarca la conservación y el uso de los ecosistemas, las especies de animales, plantas, hongos, microorganismos y toda forma de vida, además de la diversidad genética.

Tal vez el principio rector más importante de este convenio es que el uso de los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos debe realizarse en beneficio de los seres humanos y debe llevarse a cabo de manera tal que no provoque la pérdida o deterioro de la diversidad biológica. El CDB aborda el ecosistema de manera integral, y se basa en el principio precautorio.

México es uno de los países del mundo con mayor diversidad biológica, y la biodiversidad mexicana tiene una singularidad muy importante: Cuando se considera la diversidad de ecosistemas, México aparece entre los cinco países más biodiversos del mundo. Y esto tiene implicaciones para el manejo y la conservación de la biodiversidad. El establecimiento de áreas naturales protegidas puede proteger a las especies que habitan en determinada área pero además deben de ponerse en marcha otras estrategias adicionales dado que en un territorio donde los ecosistemas cambian continua y significativamente formando mosaicos complejos a lo largo del territorio, los  esfuerzos de conservación deben basarse en una visión que contemple de manera integral la complejidad del territorio en su conjunto y debe considerar el manejo y el aprovechamiento de los recursos forestales como un elemento importante de la estrategia de conservación.

Otra particularidad de México en términos de su biodiversidad, es el hecho de que diversas culturas indígenas han habitado este territorio de manera ininterrumpida desde hace varios miles de años. Según el censo de población y vivienda 2010, la población indígena en México es de 15.7 millones de personas de al menos 67 grupos indígenas. La mayoría de las comunidades indígenas se asientan en regiones forestales ricas en biodiversidad. Actualmente, al menos la mitad de la superficie del país pertenece a núcleos agrarios ejidales o comunales. Cerca del ochenta por ciento de los bosques y selvas son de propiedad ejidal o comunal.

A lo largo de los siglos, y mediante su interacción y manejo, las comunidades han conformado de manera importante el entorno natural. Esto ha provocado una inmensa diversidad de variedades de especies utilizadas para todas las actividades humanas, y particularmente la alimentación. Como resultado de esta interacción y manejo del territorio por parte de las comunidades, Mesoamérica es uno de los grandes centros de origen y diversificación de los alimentos del mundo. La diversidad de variedades de maíz y frijol constituyen una fracción muy significativa de la base alimentaria del planeta, además de una cantidad importante de otros cereales, frutas y hortalizas (calabaza, amaranto, aguacate, tomate, chile, etc.).  El territorio mesoamericano es el reservorio natural de la diversidad genética de estas y muchas otras especies que tienen importancia mundial.

En el ámbito forestal, la biodiversidad de México también destaca por diversos motivos. En primer lugar, más de la mitad de su territorio está cubierta por selvas y bosques. Tenemos diversas formas de selva húmeda, de selva seca, de matorral, de bosque templado, de bosque mesófilo de montaña, además de los manglares y muchos otros ecosistemas catalogados como forestales. La riqueza de especies forestales de México es particularmente notable. México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas más de encino, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría de ellas utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos territorios, y muchas de ellas con un valor importante en el mercado. Una fracción muy significativa del territorio de México es eminentemente forestal.

Toda esta biodiversidad no sería posible de entender si no se considera el papel que han jugado las comunidades en su gestación, y el que juegan actualmente en su manejo y conservación.

El CCMSS, considera que la intervención gubernamental en las regiones forestales debe tomar en cuenta el derecho de las comunidades a poseer de manera legal y plena su territorio, y que debe respetarse su derecho a mantener el control sobre el manejo de dichos territorios. Consideramos equivocada la política gubernamental que establece pesadas regulaciones que atentan contra los derechos de acceso a los recursos por parte de las comunidades locales y que desestimulan a los dueños de los terrenos forestales a optar por la vía legal en el aprovechamiento de sus bosques.

El CCMSS considera fundamental la revisión de la política forestal que opera la actual administración de tal manera que se pueda avanzar hacia una simplificación de la gestión forestal que favorezca el manejo y la conservación de la biodiversidad.

Existe abundante evidencia científica y empírica que muestra que la cobertura forestal y los atributos ambientales, incluyendo la biodiversidad, la infiltración de agua y la captura de carbono, se encuentran en buen estado en los ejidos y comunidades que hacen un aprovechamiento activo de sus bosques. Los motivos que explican por qué resulta efectivo el manejo son bastante sencillos. Las actividades de sanidad, manejo del fuego, vigilancia, cuidado, protección y restauración necesarias para que un bosque se conserve sano tienen un costo y requieren de la participación de una gran cantidad de personas que tengan un interés y capacidad para el cuidado y vigilancia del bosque. Y las personas que habitan en los territorios tienen necesidades y son quienes conocen y viven del territorio. Si el bosque no rinde beneficios se abandona, lo que implica que se quemará, se plagará, se talará de manera perjudicial, o bien el bosque se sustituye por tierras que tengan otro valor productivo, como la ganadería, que en la mayor parte del país es la principal causa de deforestación.

No obstante, la regulación mexicana impone a las iniciativas de manejo y aprovechamiento forestal un complejo esquema de trámites, requisitos y pagos de derechos que favorece su desarrollo.  Las comunidades forestales en México que han tenido planes de manejo forestal y operan sus propias empresas forestales, invierten sistemáticamente en el bienestar de sus bosques. Dentro de los planes de manejo, invariablemente existen atributos de valor especial o zonas que son destinadas a la conservación, además de que se establecen compromisos de restauración, atención a plagas e incendios, vigilancia, etc. En estos casos, las comunidades tienen recursos y estímulos para invertir en el cuidado de sus bosques.

En México existen cerca de mil empresas forestales comunitarias, y cada día más de ellas cuentan con certificación de buen manejo forestal bajo los mismos estándares de cuidado que se observan en países como Suecia o Finlandia, por mencionar algunos ejemplos.

Además de producir madera, las comunidades y ejidos que habitan y manejan los territorios forestales conservan y producen, de manera sustentable, productos como miel, pimienta, carbón, café, resina, ocote, cacao, mezcal, fibras, plantas medicinales, semillas, hongos y un sinnúmero de productos que conforman una parte sustantiva de la biodiversidad.

Por todo lo anterior existe un sólido fundamento histórico, legal y funcional que sustenta la noción de que la mejor forma de conservar la biodiversidad y contribuir a mejorar las condiciones en las que viven las poblaciones rurales, es mediante el manejo activo de sus bosques.

Cualquier decisión que tome la Convención para la Diversidad Biológica tiene que considerar los derechos, las capacidades y las oportunidades que significan las comunidades locales para la conservación y manejo de la biodiversidad.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estará organizando y participando en actividades dentro y en torno a la COP 13, como un Side Event en el que se compartirán experiencias exitosas que muestran la importancia del manejo forestal comunitario e indígena en la conservación de la biodiversidad en México y Centroamérica.

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Manejo forestal comunitario en el Nevado de Toluca como parte fundamental de la estrategia de conservación del bosque











Sinopsis:

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El primero de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan de Manejo del Área de Conservación de Flora y Fauna Nevado de Toluca. El Plan de Manejo incluye un diagnóstico detallado de la situación de deterioro a la que lo han llevado ocho décadas de abandono y mal manejo del Parque Nacional. Como resultado de una política prohibicionista, sectorizada y carente de una visión integral del territorio, que no ha permitido a los ejidos y comunidades contar con programas de aprovechamiento basados en modelos silvícolas sustentables, hay extensas zonas plagadas con muérdago y descortezadores, además de tala clandestina, cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería y asentamientos humanos desordenados, y otros impactos negativos.

El plan de manejo de la nueva Área de Protección de Flora y Fauna, busca abordar las causas de la deforestación mediante una propuesta integral que incluye la delimitación de zonas de protección, de uso restringido, de preservación, de recuperación, zonas de aprovechamiento para usos forestales y agropecuarios y zonas de uso público de turismo sustentable.

Reconoce también zonas de asentamientos humanos que existen en la región desde tiempos ancestrales y otras de origen más reciente. Todos estos usos de suelo ocurren actualmente, y el plan de manejo busca armonizarlos en una estrategia de sustentabilidad. Es importante aclarar que el Plan de Manejo del Parque establece zonas para diferentes actividades, pero no constituye en sí una autorización para el aprovechamiento de los recursos. Esta autorización debe provenir de un estudio y un plan de aprovechamiento específico que se elabora para cada caso, para cada ejido o comunidad y que debe basarse en estudios detallados de biodiversidad, tasas de crecimiento, tipos de suelo, pendientes, etc. Así como de la definición de un modelo silvícola apropiado que incluya las medidas de restauración, cuidado y vigilancia necesarias para preservar el bosque.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), así como otras instituciones civiles y académicas, han documentado y respaldado en todo el país iniciativas de manejo forestal comunitario como una estrategia fundamental para la conservación de los ecosistemas forestales. Más de 2,400 ejidos y comunidades llevan a cabo manejo forestal en el país, y cerca de mil cuentan con empresas forestales comunitarias.

Los Parques Nacionales y áreas protegidas deben contar con planes de manejo que permitan a las comunidades y ejidos el aprovechamiento forestal sustentable, por lo que la inclusión de esta categoría en varias sub zonas dentro del Plan del Nevado de Toluca parece un acierto.

La Unión de Ejidos Emiliano Zapata en la región de Amanalco, que incluye varios ejidos dentro del área del Nevado de Toluca, tiene cerca de 35 años llevando a cabo un aprovechamiento forestal basado en planes de manejo. La región manejada por los ejidos de esta Unión, donde se lleva a cabo aprovechamiento maderable, tiene actualmente una tasa de deforestación cero, es decir, en la zona bajo su manejo no existe deforestación, pese a que se extraen productos forestales maderables.

Esto se logra mediante la implementación de un modelo silvícola que incluye el conocimiento y observancia de la tasas de incremento de la masa forestal, la implementación de actividades de silvicultura, como podas y aclareos, además de la instrumentación de programas de manejo del fuego, control y combate de plagas, restauración de suelos, promoción del renuevo natural y respaldo con reforestación cuando es necesario, además de vigilancia y de promoción de actividades agrícolas sustentables, como la agricultura orgánica en las zonas aledañas al bosque.

El aprovechamiento forestal permite a las comunidades tener empleos e ingresos, y comprometerse con las actividades necesarias para la conservación a largo plazo del recurso forestal.

El manejo integrado de varios ejidos de la cuenca de Amanalco a manos de la Unión de Ejidos, ha permitido recuperar servicios ambientales fundamentales, como la infiltración de agua y recarga de los acuíferos, recuperación de suelos y reversión de procesos de erosión, e incremento de la biomasa y la captura de carbono en los bosques.

El Manejo Forestal Sustentable incluye acciones de conservación y protección de los altos valores de conservación, es decir: hábitat para la biodiversidad, zonas de provisión de agua, sitios de valor cultural, ecosistemas frágiles, etc., y se basa en programas autorizados y auditados por las autoridades forestales.

La re-categorización del Nevado de Toluca y la publicación de su plan de manejo es sólo el primer paso; hay mucho más que las instituciones tendrán que hacer para garantizar un manejo forestal sustentable:

1.     Probosque, que es la institución que aprueba los Planes de Manejo Forestal en el Estado de México, tendrá que analizar cada uno de los planes que le presenten los ejidos y comunidades a partir de la zonificación establecida en el Plan de Manejo del APFF, utilizando criterios científicos y aplicando las mejores prácticas conocidas.

2.     Conafor debe promover que se elaboren PMF de la mayor calidad, ya que tiene recursos para financiar su elaboración y puede apoyar a las comunidades para que fortalezcan sus capacidades técnicas, financieras, gerenciales y comerciales. Además, tiene la oportunidad de promover la certificación internacional de mejores prácticas, como FSC con la que actualmente cuentan varios de los ejidos de la región de Amanalco.

3.     Semarnat debe agilizar y optimizar sus procesos de autorización en todas las etapas del proceso forestal.

4.     Profepa debe centrarse en evitar la tala y el comercio ilegal, que le hace una competencia desleal a los ejidos y comunidades que cumplen con toda la normatividad y protegen los bosques.

Y las organizaciones de la sociedad civil pueden acompañar los procesos comunitarios para impulsar el uso de mejores prácticas, las certificaciones de buen manejo forestal y apoyar la inserción de las EFC en los mercados.

Presentan propuestas para avanzar hacia una mejor ley forestal 











Sinopsis:

Representantes del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal participaron en la sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, con el objeto de presentar una serie de propuestas para enriquecer el proyecto de la nueva Ley Forestal Integral que presentó la Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso, documento que ya se encuentra en proceso de dictamen.

En la sesión, el presidente del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal (CONAF) Carlos González Vicente, junto con Emilio Cruz, de Reforestamos México y Raúl Benet Keil, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), ambos miembros de dicho Comité; expusieron que es necesario que se integren las aportaciones generadas en el Consejo, puesto que son producto de más de tres años de trabajo, de consulta a productores, responsables técnicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de los diversos órdenes de gobierno y, expertos en legislación.

Lo anterior, con la finalidad de tener un diagnóstico más certero del marco legal y regulatorio del sector forestal y una propuesta de ley integral que permita al sector forestal superar la situación de marginación y atraso en la que se encuentra.

Destacaron la necesidad de fortalecer la competitividad de las empresas forestales, particularmente las conformadas por comunidades y ejidos, que abarcan más del 80 por ciento del territorio forestal del país.

González Vicente destacó que la efectividad y competitividad de las empresas forestales mexicanas es indispensable para proveer bienes útiles y estratégicos que actualmente se importan de diversos países, y señaló que el 82 por ciento de la materia prima forestal que se utiliza actualmente en México es importada. “Cuando el 100 por ciento podría producirse en México e incluso existe un gran potencial para la exportación.”

Refirió que entre uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector es la excesiva y acuciante regulación. Por ello, destacó la importancia de que la nueva ley atienda de manera efectiva los temas de competitividad y certeza jurídica para los productores forestales; además de reducir de manera significativa la carga regulatoria innecesaria.

Por su parte, Emilio Cruz, de Reforestamos México, subrayó la necesidad de que la nueva ley forestal atienda plena y efectivamente el tema de la legalidad en el sector forestal. “Porque mucha de la madera que se comercializa en el país es de origen ilegal, lo que perjudica severamente a los bosques y a las comunidades. Se requiere un Registro Forestal Nacional que sea efectivo, confiable y transparente, que permita rastrear los productos forestales mediante un sistema efectivo de trazabilidad como el que existe en otros países.”

En cuanto a las labores de vigilancia, indicó que es necesario que la nueva ley proporcione elementos sólidos para enfrentar la ilegalidad en donde realmente ocurre, que en su mayor parte no es en los bosques, sino en los puertos y las madererías. Además, los esfuerzos de vigilancia se deberían enfocar en un 80 por ciento a los establecimientos que comercializan o importan los productos forestales, ya que ahí es donde radica el principal problema de ilegalidad.

Raúl Benet, del CCMSS, detalló que la sostenibilidad de los bosques y selvas está estrechamente vinculada al manejo forestal que realizan las comunidades y ejidos, y que su éxito depende de poder llegar a los mercados de manera competitiva.

Enumeró un cúmulo de obstáculos legales y regulatorios impuesto por la ley forestal vigente, que han sido identificados por todos actores involucrados como el principal lastre que enfrenta el sector forestal sustentable.

Para superarlos, dijo que algunos de los temas han sido propuestos por el Consejo Nacional Forestal para que la nueva ley corrija.

Raúl Benet también señaló la necesidad de reformular en la nueva ley la definición y la atención al tema de los terrenos que son agrícolas pero que tienen cobertura forestal temporal, que se conocen como “acahuales,” tierras de descanso o barbechos; porque son millones los campesinos que actualmente sufren por un mal concepto legal sobre estas tierras, además que la forma equivocada en cómo están descritas en la ley provoca un grave deterioro ambiental.

Añadió que es contraproducente e injusto exigir a los ejidos y comunidades forestales que además de tener un plan de manejo aprobado, conforme a los lineamientos de sustentabilidad, deban de contar con otras autorizaciones costosas y redundantes, como la manifestación de impacto ambiental.

Es muy pertinente, dijo, que la nueva ley incluya mecanismos para transparentar y volver más eficientes y sencillos los procesos de autorización de todas las etapas del aprovechamiento forestal, reconociendo la capacidad de las comunidades y ejidos de llevar a cabo un manejo sustentable de sus bosques, y estableciendo mecanismos flexibles que permitan reconocer las buenas prácticas y la certificación forestal como criterios válidos para para la obtención de permisos de aprovechamiento para las comunidades y sus empresas forestales comunitarias.

En la sesión también estuvo presente Dante Pérez, quien, como representante de la Comisiona Nacional Forestal (CONAFOR) ante el Consejo Nacional Forestal, respaldó plenamente las intervenciones y propuestas antes señaladas, y entregó formalmente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados los puntos destacados por los miembros del Comité de Legislación.

Para finalizar la sesión, la diputada Alma Lucía Arzaluz, responsable de la iniciativa de la nueva ley forestal, a nombre de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, estableció el compromiso de considerar los puntos presentados por el CONAF y agradeció a los presentes por su participación, invitándolos a nuevas sesiones para profundizar, aclarar y delinear, de manera puntual, algunos de los puntos propuestos para ser incluidos en la nueva ley.

Necesario fortalecer a comunidades rurales ante presiones extractivistas











Sinopsis:

México tiene una enorme riqueza en activos naturales, pero tiene un enorme reto para garantizar su sostenibilidad. Esto implica la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas y visiones que nos permitan tomar decisiones y generar políticas públicas para garantizar una gobernanza efectiva de los territorios y los recursos, planteó Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) que se imparte en la UNAM.

Durante su intervención en la apertura de los trabajos del seminario que se lleva a cabo en la Universidad, la especialista destacó que “las comunidades rurales son elementos clave para la gestión y conservación de recursos como el agua y los bosques; puesto que tenemos ejemplos exitosos de emprendimientos sociales en la materia desde los años 80 y 90.”

“Solo la sociedad civil, somos quienes podemos plantar cara contra las iniciativas extractivistas y privatizadoras de bienes de uso común, como el agua,” enfatizó Ugo Mattei, investigador y profesor de la Universidad de Turín, Italia.

Soluciones integrales e interdisciplinarias

En la primera sesión del SUSMAI, que centró la discusión en el tema de la defensa del acceso social al agua, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para asegurar un libre acceso al agua es necesario romper con una tradición de más de 30 años de un paradigma economicista de gestión de los recursos, en el que todo gira en torno de las reglas del mercado, porque “esto ha generado el desconocimiento de los derechos de los pueblos, el desmantelamiento de las instituciones sociales y el expansionismo de la privatización de bienes de uso común como el agua.”

“Desafortunadamente, México es emblemático en sus transformaciones jurídicas a favor de la acumulación y el extractivismo como la ley minera, la de inversión extranjera; las reformas privatizadoras, como la energética,” lamentó el investigador.

Otro de los retos para generar soluciones que nos permitan garantizar el acceso al agua, tal cual se establece en el artículo cuarto de la Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”; “es necesario que la academia trabaje de manera interdisciplinaria, y parece que los especialistas de las distintas áreas del conocimiento se están comenzando a entender mutuamente y están comenzando a generar paradigmas teóricos y soluciones de forma conjunta”, resaltó Luis Zambrano, titular del Instituto de Biología de la UNAM.

Explicó que “la fragmentación del conocimiento generó efectos en otros niveles, como la segmentación de las relaciones personales y la separación de las personas mismas. Para atender los problemas sociales y locales es necesario juntar diversas áreas del conocimiento y generar confianza entre estas para poder actuar con un enfoque integral.”

Visión de cuenca y gestión integrada del territorio

Por su parte, Raúl Pineda, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) subrayó la importancia de atender las problemáticas socio-ambientales desde una visión de cuenca, con delimitaciones marcadas por las propias dinámicas naturales.

Precisó que “la cuenca nos ofrece una visión integrada de las presiones sobre los territorios y sus recursos: como el agua.”

Desde un enfoque de cuenca, agregó, “podremos encontrar mejores soluciones para la gestión de los recursos y el desarrollo de las comunidades que las habitan, además todos habitamos una cuenca.”

Garantizar el acceso al agua

Para garantizar la disponibilidad y acceso al agua es necesario prestar particular atención a las dos industrias más perversas: la minería y el fracking, aseveró Marisa Mazarí, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Comentó que es contradictorio que se quieran cumplir con metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y al mismo tiempo se brinden tantas facilidades para la extracción minera y la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Sobre este tema, Ugo Mattei detalló que “privilegiar la privatización de los recursos es uno de los más grandes errores. El agua es un bien común que no se puede comercializar, ni gobernarse de acuerdo con las reglas del mercado. Porque desde una visión privada y de mercado, si yo vendiera agua, tendría que hacer todo lo posible por vender la mayor cantidad al menor costo de producción y eso es insustentable con el agua”.

*Fotografía: Arturo Campos Cedillo

¿Qué nos dejó la Expo Forestal 2016 en beneficio del aprovechamiento forestal sustentable en México?











Sinopsis:

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En la celebración de la Expo Forestal 2016, uno de los eventos más importantes del sector en México, el gobierno federal hizo dos anuncios que podrían tener repercusiones favorables o contraproducentes para la productividad forestal del país. Por un lado, la discusión en el congreso de una iniciativa de reforma a la ley general de desarrollo forestal sustentable, y por otro, la firma de un convenio para el aprovechamiento forestal sustentable en Áreas Naturales Protegidas.

Durante la inauguración del evento, el Secretario de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, habló sobre la discusión en el Congreso de una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual, entre otras cosas, contempla transferir de la Semarnat a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la responsabilidad de la emisión de autorizaciones para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, con lo cual, explicó el funcionario, se simplificarían los trámites y se reducirían los tiempos para la expedición de dichas autorizaciones de manejo y aprovechamiento.

Esta propuesta, admitió, pretende eliminar la sobrerregulación que permea al sector; agilizar los procedimientos para la transportación de los productos forestales y modernizar a las instituciones: ceder a la Conafor muchas de las funciones de autoridad relacionadas con temas forestales.

En su intervención también destacó que “México es un país con un potencial forestal como ningún otro en el mundo, y este sector puede ser un eje para el desarrollo;” también precisó que “tenemos que dejar el modelo agotado del conservar sin tocar y avanzar en el aprovechamiento forestal sustentable.”

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Aprovechamiento forestal en ANP

Durante la inauguración de la Expo Forestal el 12 de octubre, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración denominado: Estrategia nacional para el desarrollo forestal en Áreas Naturales Protegidas, entre la Conafor y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), que tiene como objetivo incentivar el manejo y aprovechamiento forestal en ANPs terrestres con cobertura forestal y, de esta forma, contribuir a reducir el déficit que presenta México en este sector.

El titular de la Conamp, Alejandro Del Mazo Maza, explicó que la estrategia permite desarrollar un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, tanto maderables como no maderables; y esto lo hacemos porque hay muchos bosques que requieren del manejo, porque les significa un beneficio para evitar incendios, evitar la presencia de plagas y conservar la biodiversidad.

Se hizo un análisis de criterio de qué es lo que ya se hace en muchas de las ANPs y el potencial que tienen muchas de ellas para el manejo forestal y la generación de ingresos para las comunidades que las habitan. Derivado del análisis, en este primer año de prueba piloto de la estrategia se contempla un plan de acción conjunta mediante la coordinación entre instituciones y diversas organizaciones, con recomendaciones y líneas estratégicas sobre manejo de fuego, aspectos fitosanitarios, restauración ecológica, investigación y planeación, monitoreo, desarrollo y fortalecimiento de empresas forestales comunitarias y grupos de trabajo; comercialización, certificación y etiquetado de productos forestales; restauración y monitoreo de ecosistemas forestales y pago por servicios ambientales en las ANP.

De acuerdo con un comunicado de la Conamp, en una primera fase, la Estrategia se implementará en las Áreas Naturales Protegidas: Reservas de la Biosfera Calakmul, Campeche; Mariposa Monarca, Michoacán; La Sepultura, Chiapas; y Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca; y en las Áreas de Protección de Flora y Fauna Papigochic-Tutuaca, Chihuahua.

Estas “ANP fueron seleccionadas por tener las mejores condiciones para la coordinación institucional y por requerir medidas eficaces para asegurar que las actividades forestales sean las apropiadas y, sobre todo, sustentables.”

Algunos de los principios generales para el aprovechamiento forestal compatible con la conservación de la biodiversidad, refiere el comunicado, destacan que los programas de manejo forestal deben incorporar explícitamente los objetivos de conservación de la biodiversidad en las operaciones forestales y se deben proteger los hábitats, así como sus componentes para prevenir, mitigar o remediar impactos ambientales sobre la vegetación residual, suelo y cuerpos de agua.

Esta estrategia para el aprovechamiento forestal sustentable en ANPs pretende mitigar los muy probables impactos negativos que traerá el recorte presupuestal del próximo año, que ascienden a más del 25 por ciento a la Conamp y 62 por ciento a la Conafor, y que se verán reflejados en una mucho menor asignación de recursos a los distintos programas de ambas dependencias, admitió en entrevista Alejandro Del Mazo.

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Integración de la Biodiversidad al manejo forestal sustentable en México

Por su parte, el Doctor José Sarukhán, titular de la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (Conabio), resaltó en su conferencia magistral que “México es un país eminentemente forestal y no agrícola, que tiene la mayor cantidad de especies de pino, sin ser centro de origen de los pinos y que estas especies crecen a tasas impresionantes, incluso mayores que en los países nórdicos.

Subrayó que el país ha avanzado mucho en el manejo forestal comunitario, pues es la nación con el mayor número de empresas forestales comunitarias y que algunas regiones como la sierra de Oaxaca, las comunidades han logrado consolidar el modelo de aprovechamiento forestal sustentable con buenas prácticas de integración y conservación de la biodiversidad en la que se procura afectar en lo más mínimo los hábitats de las especies y estableciendo áreas de conservación; con lo cual, han alcanzado mejores niveles de bienestar comunitario.

Asimismo, subrayó la importancia de la puesta en marcha del Sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad, que permite identificar la presencia de especies y conocerlas de mejor forma. Esto ayuda a sensibilizar a las personas para procurar su conservación.

En su ponencia, Sarukhán Kermez, resaltó la necesidad de fortalecer a las empresas forestales comunitarias y combatir la sobrerregulación en el sector forestal, porque “no hay otra forma de detener el clandestinaje y la tala ilegal.

Apuntó que la sobrerregulación no ha limitado la ilegalidad en el sector forestal, puesto que “creo que el 50 por ciento de la madera que se comercializa se extrae de forma clandestina.” Lo que se debe hacer, precisó, es dar incentivos para promover el aprovechamiento forestal sustentable y reactivar la producción.

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Hacia un mercado forestal certificado vs el clandestinaje

En el marco de la Expo Forestal, celebrada en Guadalajara, Jalisco, también trascendió la firma de la Alianza Estratégica para el Desarrollo de la Cadena de Suministro del Forest Stewardship Council (FSC), entre el director de la Unión de Organizaciones de Forestaría Comunal (UNOFOC), Ramiro Robledo Márquez; el presidente de Maderas y Más, Vinicio López Terrones; el director de Reforestamos México, Ernesto Herrera Guerra y el presidente de la Alianza de Ejidos y Comunidades Forestales Certificadas de México (ECOFORCE).

Esta Alianza tiene la finalidad de reducir la tala ilegal en bosques y selvas mediante la certificación y el comercio de madera proveniente de fuentes sustentables, porque permite que productores de madera incrementen la comercialización de sus productos certificados.

Asimismo, se pretende fomentar el consumo de productos maderables certificados en las industrias que emplean insumos forestales maderables y no maderables; fortalecer la iniciativa comercial de desarrollo de cadena de suministro y reforzar las capacidades productivas y comerciales de los ejidos.

El representante nacional de la certificadora FSC, Luis Alfonso Argüelles Suárez, detalló que en México existen cinco entidades certificadoras que impulsan el manejo de una etiqueta forestal que incluye un código de rastreo para que el consumidor conozca el manejo de la madera durante todo su proceso.

En México ya hay más de un millón de hectáreas de bosque certificadas bajo el estándar internacional del FSC en manejo forestal comunitario. Esta superficie ubica al país a la cabeza en este rubro a nivel mundial.

Bosques de clase mundial manejados por comunidades y ejidos mexicanos











Sinopsis:

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En el mundo, alrededor de 190 millones de hectáreas de bosque se encuentran certificadas bajo los requisitos del estándar internacional del Forest Stewardship Council (FSC) en manejo Forestal, de los cuales, casi un millón se encuentran en México y son gestionadas por empresas forestales comunitarias, destacó Sergio Madrid, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Durante su participación en el panel del evento: Viernes del FSC 2016, celebrado en la Ciudad de México, añadió que 125 empresas en el país también cuentan con la certificación de Cadena de Custodia, lo cual asegura que los insumos forestales que emplean en sus actividades productivas provienen de bosques gestionados de forma sustentable.

El especialista resaltó que estas certificaciones garantizan la oferta de tablas, polines, tableros, muebles, madera celulósica y en rollo de origen sustentable y legal, con lo cual “no hay pretexto para que el gobierno federal no cumpla con lo establecido en la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que en su artículo 26 indica que las compras de productos de madera o recursos forestales deberán ser certificados en manejo forestal sustentable.”

Para dinamitar este modelo, que ha demostrado su efectividad en la reducción de la deforestación y generación de ingresos para los ejidos y comunidades es necesario de la participación y voluntad de los propios dueños de los bosques, las empresas y los consumidores, explicó Alfonso Argüelles, representante en México del FSC.

En relación con el estándar de manejo forestal que se certifica en el país, comentó que el FSC desarrolla lineamientos genéricos que dependiendo las características de cada nación se adecuan a esas condiciones, en el caso de México se hicieron mejoras que favorecieran su aplicabilidad luego de un largo proceso en el que participaron muchos actores de todo el sector forestal.

Éxitos palpables del FSC en México

En el Viernes del FSC en México 2016, Héctor Anguiano Cuara, coordinador de industria y certificación, de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan de Michoacán, platicó que su comunidad es un ejemplo de lo que el compromiso y la organización pueden lograr, ya que anteriormente la comunidad vendía a privados sus derechos de monte para que estos extrajeran los recursos forestales con su propia maquinaria y a su modo, sin embargo, de esa forma dejaban que se escapara una buena parte de los ingresos que genera la cosecha del bosque.

Cuando la comunidad ya estaba más organizada decidieron que ellos podían llevar a cabo la tarea de la extracción de los recursos forestales y de esta forma generar más empleos para los miembros de Nuevo San Juan.

Nuestros cinco ejes rectores, subrayó Héctor Anguiano, para “comenzar con la gestión de nuestro bosque fueron: detener y revertir el deterioro del bosque; aprovechar el recurso forestal en cumplimiento de la ley; defender la riqueza de nuestra comunidad; generar ingresos para los miembros de Nuevo San Juan; y generar empleos para evitar la migración de los pobladores.”

Para esta iniciativa recibieron el apoyo y respaldo de su principal cliente, la empresa Biopapel, dueña de la marca Scribe, quienes los dotaron del equipo necesario para el aprovechamiento forestal, gracias a la seriedad y compromiso que la comunidad siempre mostró.

Por su parte, Carlos Esparza, gerente forestal de Bio Pappel – Scribe, subrayó que Nuevo San Juan nunca les ha quedado mal y por ello, cuando les pidieron apoyo para la instauración de un aserradero y, más adelante, de un astillero, la compañía brindó el apoyo.

“Nuevo San Juan es una comunidad de origen indígena en la que se respeta a los adultos mayores y en la que nadie habla mal de los otros. Todos jalan parejo en las decisiones que se toman,” refirió Carlos Esparza.

El siguiente paso en esta relación de comunidad y empresa, fue la certificación del manejo forestal bajo los requisitos del FSC en 1999, con esto se logró una mejor eficiencia en los procesos de aprovechamiento del bosque, mayor competitividad de la empresa forestal comunitaria, transparencia en las operaciones e integración de la comunidad.

Nuevo San Juan fue una de las primeras empresas forestales comunitarias en certificarse y que han mantenido vigente su certificación al día de hoy.

De esta forma, “tenemos un proveedor muy confiable y garantizamos que los insumos provienen de fuentes sustentables y legales” detalló el gerente forestal de Scribe.

Joven al timón en el negocio de la madera

Senén Carmona, presidente del comisariado ejidal del Ejido Caobas, en Quintana Roo, es un joven que lleva las riendas del aprovechamiento forestal y la comercialización de la producción de su ejido y en 2014 lograron un contrato de 7 mil metros cúbicos de caoba que exportarán a España.

“Gracias a que contamos con la certificación en FSC, tanto las instituciones como las empresas nos ven con mayor respeto, saben que somos confiables,” enfatizó Senén en su participación en el panel del Viernes del FSC 2016.

Por la certificación y por cumplir con el pedido de 2014, este 2016 surtirán otro pedido a la misma compañía española de 36 mil metros cúbicos de madera. “vemos al FSC como un motor de desarrollo para la comunidad, porque nos permite eliminar intermediarios obtener mejores ingresos: teneos el timón del negocio en el ejido,” subrayó el presidente del comisariado ejidal de Caobas.

Concluyó que el siguiente objetivo de su ejido es la diversificación de su producción para incrementar sus oportunidades de mercado.

Certificación de manejo forestal comunitario en México (Nota Informativa 47)











Sinopsis:

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  • México es líder mundial en superficie de bosque certificada en manejo forestal comunitario
  • En México operan tres diferentes esquemas de certificación forestal y en conjunto suman una superficie certificada de 2 millones 192 mil ha (ATP, NMX 143, FSC).
  • México es el país con mayor superficie forestal comunitaria certificada bajo los requisitos del FSC.
    Adicionalmente, más de 2 millones 400 mil ha de superficie forestal se encuentran en proceso de certificación (ATP, NMX 143, FSC).
  • La certificación de manejo forestal y de cadena de custodia son dos mecanismos claves que contribuyen a la conservación de los ecosistemas forestales y permiten impulsar el manejo sostenible de los bosques y selvas.
  • Promover el consumo de madera y productos forestales certificados desde el sector público es indispensable para coadyuvar a la conservación activa de los bosques y selvas mexicanos.

El manejo forestal comunitario es un modelo de administración de bosques y selvas que han generado   las comunidades y ejidos que cuentan con superficie forestal y que a partir de las décadas de los 70 y 80, luego de la reforma agraria y la publicación de la Ley Forestal en México de 1986, comenzaron a desarrollar programas de manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

De acuerdo con datos del estudio realizado por Frederick W. Cabbage, Community Forestry Enterprises in Mexico: Sustainability and Competitiveness, al día de hoy operan más de 992 Empresas Forestales Comunitarias en nuestro país, con diferentes niveles de organización y apropiación del proceso productivo.

La consolidación de este esquema organizativo para el aprovechamiento de los recursos forestales por parte de las comunidades y ejidos forestales, quienes poseen más del 50 por ciento de la superficie forestal de México (hasta un 60 por ciento de los bosques y selvas), se debe a los buenos resultados que se han podido documentar al respecto, puesto que las EFC han logrado generar ingresos netos, empleos para los miembros de las comunidades y el mantenimiento de sus bosques en óptimas condiciones.

Algunas de estas comunidades y ejidos forestales han avanzado considerablemente en los aspectos silvícolas, ambientales, sociales y económicos, logrando la certificación en manejo forestal bajo alguno de los tres esquemas de Certificación reconocidos en México: las Auditorías Técnicas Preventivas; la certificación Bosques sustentables (NMX 143); y la certificación internacional del Forest Stwardship Council (FSC).

Consulta y descarga el documento completo en: Nota Informativa 47 – México es líder mundial en superficie de bosque certificada en manejo forestal comunitario

Comunidades campesinas y aprovechamiento forestal en manos de jóvenes comprometidos











Sinopsis:

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El aprovechamiento forestal sustentable es una actividad que permite a las comunidades y ejidos, propietarios de los bosques, generar ingresos y mantener en buen estado los recursos forestales; eso no es todo, estas comunidades conforman empresas forestales comunitarias con sistemas administrativos cada vez más estructurados que les han permitido mejorar sus prácticas de aprovechamiento y lograr la certificación internacional cumpliendo con los más altos estándares de manejo forestal, que establece el Consejo Mundial de Gestión Forestal (Forest Stewardship Council (FSC).

El ejido de Nuevo Bécal, de Campeche, con sus 52,800 hectáreas de selva, obtuvo en junio de 2016 su certificación en manejo forestal, luego de seis meses de trabajos preparatorios y recorridos de campo que permitieran comprobar, frente a los evaluadores externos, el cumplimiento a todos los principios y criterios que establece este esquema de certificación con reconocimiento mundial. Con la incorporación de estas 25,000 hectáreas, la superficie forestal certificada en México ya rebasa las 900 mil hectáreas lo que representa cerca del 20 por ciento del total de la superficie forestal bajo manejo en nuestro país.

Uno de los requisitos primordiales para aspirar a lograr la certificación es contar con un Programa de Manejo Forestal aprobado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo cual implica que el ejido o comunidad cuenta con estudios rigurosos del estado del bosque, con inventarios forestales y planes de corta de largo plazo, así como con documentación que respalde la propiedad de la tierra, entre otros muchos requisitos.

El nivel de organización interna y la estructuración de su iniciativa forestal   le ha permitido a Nuevo Bécal hacer más eficientes sus actividades y llevar un control de los volúmenes de madera que se cosechan y se venden. Las tareas de monitoreo, seguimiento y administración requieren de una preparación y especialización por parte de los miembros del ejido y, en esto, un elemento clave son los jóvenes.

Las nuevas generaciones: hijos y nietos de ejidatarios, se están preparando académicamente. Salen de la comunidad a estudiar el bachillerato, la universidad o alguna carrera técnica que les permita regresar, más tarde, al ejido a aplicar sus conocimientos. “Muchos se van a estudiar a la escuela forestal,” destaca Tomás Amauri Jr, un joven de 21 años que desempeña las funciones de jefe de campo y promotor forestal en el ejido.

Entre sus responsabilidades están la definición y división de las áreas de corta en cada anualidad; “para este año se dividieron las 500 hectáreas aprovechables en 4 fajas de acuerdo con la mejor distribución de los árboles para que cada grupo de ejidatarios pueda cubrir las cuotas que les correspondan de cada especie de árbol,” explica Tomás.

Además, durante el proceso de corta, Tomás, acompañado del Consejo de Vigilancia, realiza recorridos de campo para supervisar que los trabajos se lleven a cabo conforme al Programa de Manejo y aplicando las mejores prácticas de aprovechamiento forestal: que no dejen basura, que no tiren árboles que no están marcados, que saquen todas las puntas y ramas, y que dejen en buen estado las áreas intervenidas para que éstas pronto se puedan recuperar.

Tomás registra en bitácoras los hallazgos detectados y los reporta al Comisariado Ejidal. De esta forma, en la Asamblea General de ejidatarios se comentan y resuelven las controversias derivadas de malas prácticas identificadas durante los trabajos de aprovechamiento forestal. “Si no se hacen los trabajos como se deben, el bosque se deteriora y además el ejido puede ser sancionado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), o bien podemos perder la certificación de buen manejo forestal que tanto nos ha costado conseguir”.

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Visión joven e innovadora

El Ejido Nuevo Bécal aprovecha sus recursos forestales con base en un Programa de Manejo Forestal desde el año 2009. “Antes sí se aprovechaba el bosque, pero sin orden ni control; la gente tiraba arbolado un tanto aquí otro tanto allá. Pero ahora las cosas han cambiado. El manejo planificado permite mantener en buen estado el recurso y garantizar la permanencia del bosque en el largo plazo. Por ejemplo, dice Tomás, “esta área que se aprovechó en el año 2011, ya se ha recuperado y hoy pareciera que nunca lo hubiéramos intervenido”

Subraya que “lo que hace falta es que el ejido se equipe con su propia maquinaria, para que ese dinero que ahora se gasta en la renta de equipo (grúas, motosierras, tractores Tree farmers, camiones) se quede en el ejido en beneficio de la gente.”

“Se ha intentado convencer a los ejidatarios para que se cree un fondo que permita capitalizar al ejido y poder adquirir maquinaria con el dinero que se saca de la venta de la madera y carbón, pero algunos con poca visión se resisten pues quieren recibir pronto su reparto de utilidades, no ven más adelante; sin embargo, las cosas están cambiando y ahora las nuevas generaciones traemos nuevas ideas

Tomás decidió no seguir estudiando, al concluir la secundaria ingresó al bachillerato pero ya no le gustó, prefirió dedicarse de lleno a los trabajos de su ejido. No obstante, tiene claro que la formación académica es muy importante para alcanzar un mejor nivel de vida y fortalecer las capacidades del ejido, por ello, se esfuerza en trabajar y aprender haciendo, y de esa forma costear la educación de su hermano menor para que cuando concluya su carrera en la escuela forestal regrese al ejido a aplicar sus conocimientos.

“Mi otra hermana también está estudiando, ella cursa la carrera de Derecho en una universidad de paga en Yucatán, y yo creo que cuando termine también podrá ayudar con cosas del ejido,” indica Tomás.

Comenta que otros jóvenes y sus familias están haciendo lo mismo: juntan dinero, producto de su trabajo en el aprovechamiento forestal y otras actividades como la producción de miel y la crianza de ganado; para que los “chavos se vayan a estudiar y luego vengan a trabajar al ejido.”

El aprovechamiento forestal comunitario es un esquema que permite conservar los bosques y generar empleos e ingresos para las comunidades rurales. Los jóvenes pueden encontrar oportunidades de empleo en sus propios ejidos y comunidades cuando en estos se emprenden proyectos de manejo forestal y de esa forma evitar la migración en busca de ingresos o mejores condiciones de vida.

De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un tercio de todos los emigrantes del mundo son jóvenes de entre 15 y 34 años, muchos de ellos del sector rural, por ello, el 40 por ciento de las remesas que se generan en el mundo se envían a zonas rurales.

Asimismo, la FAO indica que las principales causas de la migración de jóvenes rurales se deben a la insuficiencia alimentaria, de ingresos y la degradación ambiental. La salida de los jóvenes es una pérdida sustantiva, los ejidos pierden el bono generacional, y no se aprovecha su fuerza y vitalidad para generar desarrollo local. Por ello resulta clave poner en marcha proyectos productivos bien estructurados de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que permita la generación de empleos e ingresos en las propias comunidades.

La migración de los jóvenes rurales genera impactos negativos como la pérdida de mano de obra, la dependencia de los hogares a las remesas que envían los jóvenes, la sobrecarga de trabajo para los miembros de la familia que no migran, y la adopción de patrones de consumo insostenibles.

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Conciencia ambiental y conservación

Tomás es hijo del actual comisariado ejidal de Nuevo Bécal, y desde muy chico le gustó andar en todos los menesteres del ejido junto a su padre. Conoce perfectamente la operación del aprovechamiento forestal y los importante de conservar los recursos naturales, por ello fue designado como promotor forestal.

El hijo del ejidatario platica que hay compradores (contratistas) que ofrecen comprar el arbolado en pie, a cambio de un pago por adelantado haciendo a un lado a los ejidatarios de las actividades administrativas, productivas y comerciales del aprovechamiento forestal.  Bajo ese esquema el ejidatario solo recibe su renta y del resto se encarga el contratista. “Pero cuando eso ocurre perdemos el control de nuestros recursos, perdemos la oportunidad de aprender a manejar nuestro bosque y la oportunidad de generar oportunidades para la población local” enfatiza.

“A los compradores no les interesa cómo queda el bosque después las labores de extracción; ellos solo sacan los mejores troncos y la madera con mayor diámetro y dejan todo lo demás tirado”. Abunda que por ello “estamos en favor de capitalizar la empresa ejidal y en capacitar a los jóvenes para que no se tenga que trabajar más con contratistas y solo sean los ejidatarios quienes realicen el manejo del bosque.”

En Nuevo Bécal, refiere Tomás, “hemos tomado medidas para garantizar la conservación de la biodiversidad del bosque, porque hay muchas especies de plantas y animales que debemos proteger pues están enlistadas en la Norma Oficial Mexicana que establece aquellas que están bajo riesgo o amenaza.  La salud del bosque depende de la permanencia de la diversidad de las especies” Las medidas de protección del bosque han sido acordadas en la Asamblea de ejidatarios y establecidas en el Programa de Manejo.  Además hemos mandado a hacer letreros con información sobre las especies protegidas para colocarlas en donde haya presencia y así recordarles a los ejidatarios que tengan presente que están ahí y lo importantes que son.”

Cuando el cardenismo inventó el desarrollo sustentable











Sinopsis:

cardenas-indio_chicaUn texto de Emily Wakild

Como saben todos los mexicanos, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. El 18 de marzo de 1938, leyó el decreto en la radio y a fecha se convirtió en un sinónimo de independencia económica y orgullo revolucionario. Pero al día siguiente, Cárdenas tuvo un gesto mucho menos espectacular, que reveló otro lado igualmente importante de su presidencia. Se levantó temprano, reunió a su esposa e hijos y a algunos amigos y se fue manejando hasta el Parque Nacional Nevado de Toluca. Cárdenas mismo había ordenado la creación del Parque dos años antes, y su estancia ahí recalcó la importancia que daba a los recursos naturales, incluyendo al petróleo, pero mucho más allá de los hidrocarburos. Después de un día de picnic con su familia y de nadar en los lagos alpinos, de hacer excursiones por el bosque, Cárdenas volvió a la ciudad, recuperado de la carrera contra las petroleras internacionales y listo para encarar a la nación y al mundo. Hoy, Pemex ha cambiado mucho su espíritu, y no siempre para bien. Es fundamental evitar que los parques nacionales y las áreas naturales protegidas que se fundaron con el cardenismo, pero que se han ampliado y mejorado desde entonces, corran la misma suerte. (más…)

¡Nueva colaboración en Eme Equis! Defender los bosques cuesta vidas











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Defender la biodiversidad y sus medios de subsistencia les está costando la vida a las comunidades que habitan los bosques del mundo. Literalmente. Le costó la vida, hace menos de dos semanas, a José Isidro Tendetza Antún, líder indígena ecuatoriano que murió por defender el Amazonas de las mineras y los talamontes. Les costó la vida a los cuatro asháninkas asesinados por la misma causa en septiembre pasado. Les costó la vida también a quienes, en Michoacán, en Guerrero y otras partes de México, se enfrentaron a la delincuencia organizada para frenar la tala ilegal.

Sigue leyendo en Eme Equis.

Nicaragua: reconocer los derechos indígenas, clave para salvar la selva

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Sinopsis:

 

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Foto: Brandon Trentler

 

Los compañeros del World Resources Institute publicaron una interesantísima entrada sobre el enorme papel que han jugado las comunidades indígenas de Nicaragua en el freno a la deforestación en el país centroamericano. En él muestran que los territorios manejados por el pueblo Mayangna en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), al oriente del país y en la frontera con Honduras, tienen tasas de deforestación hasta 14 veces menores que los territorios adyacentes.

El caso de Nicaragua es especialmente interesante por el impacto que tuvo el reconocimiento de los derechos indígenas sobre sus propios territorios. Aún tomando en cuenta otros factores muy importantes, la deforestación se redujo enormemente en cuanto éste se produjo. El caso de la RAAN mostró también cómo el otorgamiento de concesiones en contra de la voluntad de las comunidades locales conduce a la degradación de los bosques y entorpece el desarrollo.

Hay muy poca documentación sobre la historia de la extracción de madera de las selvas y savanas del oriente nicaragüense. Lo poco que se sabe es que hasta 1980 las comunidades tenían muy poca participación en ella y que el grueso de las ganancias se iban a funcionarios de la dictadura somocista, que recibían cuotas por entregar las concesiones. Los habitantes de la zona, en su mayoría indígenas mayangnas y miskitos, si se involucraron de alguna forma en este proceso fue como jornaleros.

Después de la Revolución Sandinista, que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, se registró una rebelión en la RAAN que detuvo el aprovechamiento de las selvas casi por completo. Después de una década de combates y de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdiera las elecciones en 1990, los rebeldes y el gobierno de Violeta Chamorro firmaron la paz.

El río Cocos, por Eugenio Fernández Vázquez

Los acuerdos sí llevaron a un reconocimiento formal de la autonomía de las comunidades, pero no a la firma de títulos sobre la tierra. Al contrario, después de un primer momento en el que se reconoció la “posesión histórica” del territorio por parte de los pueblos indígenas de la costa Atlántica, a mediados de los años noventa se otorgaron nuevas concesiones madereras sobre los territorios sin tomar en cuenta su opinión. Esto llevó a una disputa fundamental en la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 obligó al Estado nicaragüense a modificar su legislación y a reconocer definitivamente los derechos de las comunidades sobre sus territorios históricos. Para 2007, con el regreso de los sandinistas al poder gracias a una alianza con el partido indígena Yatama, por fin se otorgaron los títulos sobre la tierra y las comunidades pudieron decidir por sí solas qué hacer con sus territorios y defenderlos con pleno derecho.

Y lo que hacen es defenderlos, porque a diferencia de lo que ocurre en muchas partes de América Latina, en Nicaragua sigue dándose un fuerte proceso de desmonte y colonización, protagonizado por actores de fuera del bosque, que avanza desde el centro del país hacia las selvas tropicales en el territorio de mayangnas y miskitos. Para detener un proceso así y lograr que las motosierras prevalezcan sobre los asadones y la biodiversidad prime sobre los monocultivos, es crucial tener al menos dos cosas: certeza jurídica sobre quién es el legítimo propietario de esas tierras, y la participación en su defensa de un actor que conzca la selva y tenga en ella una presencia constante. Con el reconocimiento de los derechos sobre la tierra, ese actor y esa certeza ya están ahí.

Hoy por hoy, aunque la deforestación sigue presente y con más fuerza de la deseable, ha disminuido su velocidad, y las comunidades mayangna y miskita han sido clave para lograrlo. El mapa que presenta WRI, que copiamos a continuación, lo muestra muy claramente. Está tomado del Global Forest Watch, y muestra cómo, aunque falta mucho por hacer, el camino está marcado y las comunidades han avanzado mucho.

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Fotografia principal: Brandon Trentler- flickr / Selva Negra en Matagalpa, Nicaragua / Creative Commons

La deforestación en América Latina va a la baja, ¿qué provocó este cambio?

Foto: Eugenio Fernández Vázquez










Sinopsis:

Foto: Eugenio Fernández VázquezEl último reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) trajo, entre la cauda de datos negativos sobre el aumento de temperaturas globales y de emisiones de gases de efecto invernadero, una buena noticia: el campo y los bosques redujeron en forma importante su contribución al calentamiento global. El IPCC explicó que esto se debió a que bajaron las tasas de deforestación en el mundo y a procesos de recuperación de tierras que antes estaban deforestadas. Pero, ¿qué hay detrás de estos procesos de conservación y de reforestación? En términos de carbono es una buena noticia, pero, ¿lo es también en términos de biodiversidad, de servicios ambientales, de bienestar social? Al menos en América Latina, la respuesta es ambigua, aunque esperanzadora.

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Gerardo Segura describe el Procymaf, sus principios y lecciones

Silvicultor en Amanalco










Sinopsis:

Silvicultor en AmanalcoLa Revista Mexicana de Sociología dedica el número especial con el que conmemora sus primeros 75 años a Elinor Ostrom. Entre los artículos del volumen hay uno de especial interés para el mundo forestal, el de Gerardo Segura Warnholtz, en el que recoge la experiencia del Programa de Conservación y Manejo de Recursos Forestales (Procymaf), que estuvo a su cargo por varios años. En ese texto, el doctor Segura presenta muchas de las lecciones aprendidas con ese piloto que tanto impacto tuvo en los bosques de México, y reseña algunos de los retos para el futuro.

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Comunidades oaxaqueñas muestran la complejidad de la deforestación

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 Por Beatriz Zavariz

El conocimiento local de comunidades forestales en Oaxaca es fundamental para entender la complejidad de la deforestación y degradación en el estado. Comunidades forestales se reunieron los días 23 y 24 de agosto en Ixtlán, Oaxaca, para discutir las causas de deforestación en sus regiones. Mostraron que los factores que causan el cambio de uso de suelo no sólo vienen de la agricultura y la ganadería, sino que la deforestación es un proceso complejo causado, entre otros, por fuegos y plagas que se atienden tardíamente debido a sobrerregulaciones y problemas agrarios. El complementar la percepción local con información desde investigaciones académicas puede generar una base robusta para diseñar la estrategia para Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ en el Estado de Oaxaca.

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