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Las mujeres rurales y los bosques

paisajes bioculturales










Sinopsis:

 

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Las mujeres juegan un rol preponderante en la conservación de los bosques y de la biodiversidad, a pesar de que su participación en la toma de decisiones en el sector forestal, a nivel mundial, está restringida y de que no reciben la remuneración adecuada por su trabajo.

El estudio de la FAO titulado: Los bosques, la seguridad alimentaria y el género, resalta que “las mujeres son actores eficaces y agentes de cambio en la mitigación y adaptación al cambio climático, pues poseen un gran cúmulo de conocimientos y competencias que se pueden utilizar en la mitigación del cambio climático, la reducción de catástrofes y las estrategias de adaptación” si se las empodera en el diseño de estrategias y toma de decisiones en el manejo sustentable de los bosques.

Además, generalmente son quienes administran los alimentos y otros recursos, como la leña, que obtienen de los bosques. “Como responsables de la gestión de los recursos naturales, las mujeres influyen en la cantidad total de diversidad genética conservada y utilizada, asimismo, trabajan para contrarrestar la disminución de la biodiversidad causada en parte por los hombres a favor de monocultivos orientados a la ganancia en efectivo.”

Por ello, recomienda el estudio que “los programas y políticas forestales que tienen como objetivo ser socialmente sensibles deben tener en cuenta las dimensiones de género del uso de los recursos, necesidades, acceso, conocimientos y estrategias para abordar el cambio climático.”

En México 14 millones de mujeres viven en el medio rural, y de ellas, 3.5 millones son indígenas que padecen una serie de inequidades que hace más complejas sus actividades de generación de ingresos, alimentos y manutención de sus hogares y familias.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en el medio rural mexicano, “la participación de las mujeres en las actividades del campo, además de sus funciones reproductivas, en la producción de bienes y servicios y en la contribución al ingreso familiar, muestra una tendencia creciente a asumir la jefatura de los hogares a raíz de la emigración masculina, del abandono del hogar por fallecimiento o separación conyugal, por la incorporación a labores remuneradas de mujeres en los rangos de mayor edad. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, pero también propician situaciones de mayor inequidad al asumir más responsabilidades en la supervivencia del hogar, sin dejar de realizar las tareas domésticas.”

 

Tenencia de la tierra y toma de decisiones 

En este sentido, la FAO subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los procesos de gestión y toma de decisiones en materia forestal aumentar la concienciación de las funciones de las mujeres y los hombres en la gestión sostenible de bosques y árboles, lo cual coadyuvará a gestionar de mejor forma los conflictos causados por la competencia entre los distintos usos de los bosques y sus productos, y garantizar que se mantengan los derechos tradicionales e indígenas de mujeres y hombres sobre el uso de los ecosistemas forestales.

Asimismo, es fundamental garantizar que mujeres y hombres reciban capacitación, y tengan acceso a información y otros servicios externos para incrementar la productividad mediante la utilización de tecnologías nuevas y mejoradas, y aumentar la capacidad de las comunidades para sacar el máximo provecho de las funciones complementarias de mujeres y hombres.

Con una perspectiva de igualdad de género en el sector forestal se potenciarían las actividades de regeneración de los bosques, conservación de la biodiversidad, protección de las cuencas hidrográficas y la asignación de permisos de aprovechamiento de los bosques.

Las mujeres, en comparación con los hombres, generalmente se encuentran en desventaja en cuanto al acceso a los recursos forestales y a las oportunidades económicas en el sector forestal debido factores como los bajos niveles de alfabetización, educación, capacidades físicas y competencias técnicas; además de menor acceso a los servicios de extensionismo y crédito para emprender proyectos productivos; limitaciones de tiempo y movilidad, acceso limitado a los mercados y a la información relacionada con el mercado; discriminación en la propiedad convencional de los bosques y árboles y productos arbóreos y de los regímenes de tenencia; menor participación en las instituciones rurales, como los comisariados ejidales y de bienes comunales.

Sobre la tenencia de la tierra, la misma FAO precisa que en el Objetivo de desarrollo sustentable número 5, se reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que ello les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.

En esta materia, un estudio que recoge datos de seis países americanos halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México, con un 32.2 %; en Paraguay del 29.7 %; en 20 por ciento en Nicaragua y el 14 por ciento en Honduras.

De igual forma, en México en noviembre de 2016 el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres a contar con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y las comunidades.

Con una modificación al Artículo 37 de la Ley Agraria, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran los comisariados ejidales y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60 por ciento de candidatos de un mismo género, para que las mujeres puedan aspirar a cualquiera de los puestos. Lo mismo que en las comisiones y los secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal o de bienes comunales, se procura la integración de las mujeres.

Experiencias de comunidades locales del mundo trabajando para salvaguardar la biodiversidad

Experiencias de comunidades locales del mundo trabajando para salvaguardar la biodiversidad-ccmss










Sinopsis:

Experiencias de comunidades locales del mundo trabajando para salvaguardar la biodiversidad-ccmss
 

Las comunidades forestales son una herramienta valiosa para conservar la biodiversidad. La reciente COP 13 sobre Diversidad Biológica puso en la agenda climática esta sentencia, que resulta oportuna mencionar una vez que repasamos los objetivos mundiales para avanzar hacia un planeta sostenible: las Metas de Aichi. En el punto 18 de dicho documento se lee lo siguiente:

“Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos.”

El papel de estas comunidades indígenas y locales del mundo es contundente. Esta afirmación se sustenta en numerosas investigaciones que demuestran cómo han conquistado, durante siglos, importantes logros ambientales. De ellas se destaca el manejo sustentable de los territorios forestales, la interrupción de la deforestación, el aumento en el secuestro de carbono en los bosques, la mejora en calidad y cantidad del agua en las cuencas hidrológicas, y la conservación de la diversidad biológica de los países.

Durante la pasada COP 13 el Forest Peoples Programme (FPP) y el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), con el apoyo de la Secretaría del CDB, se presentó una publicación que reafirma lo anterior. El documento lleva por nombre Perspectivas locales sobre la diversidad biológica, y expone una serie de casos en los que comunidades nativas han aprovechado de forma sostenible, y con gran efectividad, sus territorios.

El artículo desglosa los cinco objetivos climáticos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi y evidencia como, en cada uno de estos puntos, las comunidades podrían ocupar un lugar decisivo a favor de la conservación.

La publicación expone casos específicos que demuestran el potencial del conocimiento tradicional; por ejemplo el de los indígenas Dayak, en Indonesia, que han defendido por años sus bosques, ríos y lagos ante la amenaza en expansión del aceite de palma; el sistema tradicional de uso de la tierra de los pueblos Lua, en Tailandia, donde existen numerosos tipos de aprovechamiento y conservación para cada tipo de bosque, o el caso de países como México, donde la legal tenencia de la tierra, lograda a partir de la Revolución Mexicana, constituye una herramienta valiosa para mitigar el cambio climático.

Finalmente, al recabar experiencias y perspectivas destacan mensajes fundamentales que es pertinente retomar:

*Acciones colectivas que pueblos indígenas y comunidades locales han realizado junto con asociaciones para promover el Plan Estratégico para la Biodiversidad y las 20 Metas de Aichi.

*El apoyo de acciones, proyectos y programas que aseguren la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible.

*La conservación de la diversidad biológica y cultural como método para desarrollar resiliencia a los cambios ambientales, sociales y climáticos.

*Los compromisos políticos sobre conocimientos tradicionales y utilización consuetudinaria sostenible que puedan y deban traducirse en programas y proyectos.

*El reconocimiento legal de la tenencia de la tierra y la protección de los derechos humanos para asegurar bienestar social y garantizar beneficios ambientales múltiples.

*La cartografía y el monitoreo comunitario para complementar sistemas más amplios de información y presentar informes que promuevan la rendición de cuentas respecto a los compromisos climáticos, sociales, de biodiversidad y de desarrollo.

En el siguiente link puedes encontrar la publicación Perspectivas locales sobre la diversidad biológica (una versión resumida en español se puede leer aquí).

 

*Imágenes: 1) Photo: Ricky Martin/CIFOR– Creative Commons; 2) localbiodiversityoutlooks.net

PRONUNCIAMIENTO PARA EXIGIR UN PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY FORESTAL!

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Sinopsis:

Un grupo amplio de comunidades y organizaciones que trabajamos en torno al manejo sustentable de los bosques, y que participamos en instancias tales como el Consejo Nacional Forestal, varios Consejos Estatales Forestales, Comités de Recursos Naturales y Uniones Regionales estamos preocupados porque legisladores del Partido Verde y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pretenden aprobar en este periodo de sesiones una iniciativa de Ley Forestal que no resuelve los problemas que enfrentamos en el sector y que no incorpora ninguna de las propuestas que se han hecho por diversas organizaciones.

Quienes hacemos este pronunciamiento estamos solicitando que no se apruebe el actual borrador de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que se abra una discusión en la que participemos comunidades forestales, academia, organizaciones civiles y todos los interesados.

El martes 7 de febrero entregaremos a legisladores y funcionarios del sector el Pronunciamiento, nos daría mucho gusto contar con su respaldo en esta petición.

PRONUNCIAMIENTO

A los Legisladores del H. Congreso de la Unión

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR

Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros

A los consejos estatales forestales

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las Organizaciones Indígenas y Campesinas

A las Organizaciones de la Sociedad Civil

A la Opinión Pública en General

 

Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016.

Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.

Consideramos necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

Cabe destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada.

El 20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión.

Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.

Este Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.

Consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles.

En cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente.

El pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso.

Atentamente

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental, CEMDA; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO.

FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO 

SI TE PARECE RAZONABLE SUSCRIBIR NUESTROS PLANTEAMIENTOS, ENVÍA TU SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CORREO: gsuarez@ccmss.org.mx

PREFERENTEMENTE ANTES DEL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2017

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

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Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Manejo forestal comunitario en Oaxaca: el bosque protegido por comunidades y ejidos











Sinopsis:
Foto: Consuelo Pagaza

Foto: Consuelo Pagaza

El estado de Oaxaca es una de las entidades de la República mexicana con mayor riqueza biocultural. A lo largo de los siglos, las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado esos terrenos han procurado la conservación de la biodiversidad a través de su manejo y uso sustentable.

De acuerdo con datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Oaxaca cuenta con 1,310 núcleos agrarios, con   una superficie de 4.8 millones de hectáreas, de las cuales 3.1 millones de ha. presentan cobertura forestal, es decir, el 65 por ciento de la entidad esta cubierta por bosques y selvas. Además, el estado cuenta con 23 de los 32 tipos de vegetaciones reconocidas en el país. Toda esta riqueza natural es producto de su geografía y la interacción y manejo de las comunidades locales con la biodiversidad.

De esta gran riqueza forestal que posee el estado dependen más de 700 mil personas, que obtienen sus ingresos y alimentos mediante actividades de manejo del bosque.

El 80 por ciento de los bosques oaxaqueños son propiedad de más de mil 600 pequeños productores, 860 grupos comunitarios y 760 poblados. La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades indígenas, que ancestralmente han vivido e interactuado en esos parajes forestales.

A través del manejo forestal comunitario, muchos de estos grupos poseedores de terrenos forestales han logrado consolidar empresas, con una gobernanza sólida, que dan mantenimiento a los bosques y extraen productos forestales maderables y no maderables de forma sustentable. Muchas de estas empresas forestales operan desde hace más de 20 años bajo esquemas sostenibles que han sido evaluados bajo los estándares internacionales de manejo forestal, del Forest Stewarship Council (FSC).

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Al día de hoy, Oaxaca posee una superficie certificada bajo el estándar del FSC en manejo forestal de 74 mil 752 hectáreas, y otras 25 mil 712 hectáreas se encuentran en una etapa avanzada del proceso de certificación, lo cual garantiza que realizan un manejo sostenible de sus recursos forestales.

Más allá de solo producir madera en rollo, las empresas forestales comunitarias de Oaxaca han desarrollado proyectos que dan valor agregado a la madera cosechada, a través de la operación de aserraderos, carpinterías y mueblerías. Esto ha permitido posicionar a la entidad como el cuarto productor nacional forestal.

En 2014 el estado produjo 372 mil 495 metros cúbicos de productos forestales, de los cuales 302 mil 646 corresponden a escuadría de pino y, en menor medida, de encino. También se produjeron 15 mil 600 metros cúbicos de celulósicos; 19 mil 400 metros cúbicos de leña y 2 mil 614 metros de postes, polines y morillos.

El valor de la producción forestal de Oaxaca, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico del sector Forestal de la CONAFOR de 2014, fue de 302 millones 646 mil 834 pesos, lo cual representó el 6 por ciento del valor de la producción nacional.

No sin esfuerzo y anteponiéndose a la sobre regulación del sector forestal en México, que dificultan el emprendimiento de actividades de manejo y aprovechamiento forestal sustentable; algunas comunidades y ejidos forestales de Oaxaca, como Pueblos mancomunados de Ixtlán, San Pedro el Alto, La Trinidad Ixtlán, San Mateo Capulapam, Santiago Xiacuil, Santiago Comaltepec, entre otros; han logrado diversificar sus actividades productivas con los recursos obtenidos por el manejo de sus bosques, como la puesta en marcha de purificadoras y embotelladoras de agua, proyectos de ecoturismo, tiendas de abarrotes, restaurantes, papelerías, etcétera.

Además, financian obra pública en sus respectivas comunidades y apoyan la preparación académica de jóvenes y niños para que, más tarde, se desempeñen en las labores del manejo forestal.

Estas comunidades forestales de Oaxaca realizan actividades de conservación de la biodiversidad respaldadas con un Plan de Manejo y estudios de impacto ambiental que incorporan buenas prácticas de conservación de la biodiversidad, como no destruir nidos y madrigueras, ni cosechar árboles que puedan afectar el tránsito de las distintas especies de fauna que habitan esos bosques.

En Santiago Xiacuí, Oaxaca, relata Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de esa comunidad, que más allá de la vigilancia y las auditorías que realiza la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) y auditores del FSC, los mismos comuneros vigilan que todos los trabajos en el bosque se lleven a cabo “como se debe, sin dañar la vegetación ni a los animales”.

Enfatiza que la gente es consciente de todo lo que les provee el bosque y por ello deben conservarlo en las mejores condiciones.

Adicionalmente, y como prueba del compromiso con la diversidad biológica oaxaqueña, las comunidades forestales han mejorado sus programas de manejo para incorporar un conjunto de prácticas de conservación al aprovechamiento forestal a nivel de sitio, de rodal y de paisaje. Además, se han acordado establecer 136 áreas de conservación voluntarias designadas bajo esta categoría por los propios comuneros y ejidatarios, que suman 129 mil hectáreas de bosque. Esta superficie los coloca como el estado del país con mayor extensión de bosques bajo esta categoría de conservación.

El manejo forestal comunitario que se realiza en Oaxaca no es único, ya que existen muchos casos de éxito documentados en esta materia en otras entidades, como Estado de México, Quintana Roo, Campeche, Durango y Chihuahua.

Necesario impulsar manejo forestal comunitario en Latinoamérica para conservar la Biodiversidad











Sinopsis:

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  • Integración de la biodiversidad al manejo forestal es una práctica ancestral de comunidades indígenas.
  • Indispensable canalizar recursos de la cooperación internacional a comunidades indígenas forestales para la conservación de la biodiversidad.

(COP13 CDB, Cancún, Quintana Roo – 9 de diciembre de 2016) Representantes de comunidades locales y pueblos indígenas de Latinoamérica dedicados al manejo forestal sustentable de sus bosques hicieron un llamado para que los países adopten políticas públicas eficaces y ágiles que favorezcan el aprovechamiento de sus recursos naturales de manera sostenible.

En el marco de la Conferencia de la Partes de Naciones Unidas del Convenio de Diversidad Biológica (COP13 CDB) que se celebró en Cancún, Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), indicó que está ampliamente comprobado y documentado que la conservación de los bosques y la biodiversidad en el largo plazo, está estrechamente vinculada con el respeto y reconocimiento de los derechos de las comunidades que viven y dependen de los bosques y selvas.

En el evento paralelo: Conservación de la Biodiversidad en el manejo forestal sustentable, precisó que en México es un derecho Constitucional el respeto a los derechos y libre determinación de los pueblos indígenas que, en la práctica, no se ejerce en plenitud.

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Comunidades indígenas y bosques

En su intervención, Henderson Renfigo, líder indígena peruano y miembro de la Coordinadora de las organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), destacó la necesidad de que los cooperantes y agencias de financiamiento internacional canalicen recursos a las comunidades, porque allá no llegan todos estos acuerdos que se tratan en estos grandes eventos como la COP13 del Convenido de Diversidad Biológica.

Añadió que el tema de la integración de la biodiversidad en las actividades productivas de los pueblos indígenas no es algo nuevo, pues ancestralmente lo hemos hecho, por ello los territorios indígenas son los que presentan mejores índices de conservación.

Henderson detalló que en la Amazonía peruana los pueblos indígenas llevaron a cabo una revolución forestal en la que reclamaron el manejo de los recursos forestales, que previamente había sido depredado por particulares autorizados por el gobierno del Perú.

No obstante, comentó que aún quedan muchos retos por superar para garantizar la conservación en el largo plazo de la selva peruana, como la excesiva corrupción y la canalización de recursos suficientes para el fortalecimiento de emprendimientos productivos y la titulación de tierras a favor de las comunidades originarias.

Recuperación de bosques y desarrollo social

En este sentido, Netzar Arrortua, presidente del comisariado de bienes comunales de Capulalpam de Méndez y miembro de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Norte de Oaxaca (UZACHI), subrayó el importante papel que juegan las comunidades y ejidos en México en la conservación de los bosques y selvas y, al mismo, tiempo cubren los huecos que el Estado no atiende en sus comunidades.

Con el manejo sustentable del bosque que realizan las comunidades forestales a través de la conformación de empresas forestales comunitarias, generan recursos que son destinados para el propio saneamiento y mantenimiento de sus recursos forestales y el resto lo invierten en la generación de obra pública, como construcción de escuelas, caminos, alumbrado, entre otras.

Asimismo, Netzar Arrortua recalcó la necesidad de que el gobierno se comprometa verdaderamente con el desarrollo del sector forestal en México, “porque la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) cuando compran mobiliario prefieren adquirir productos de metal o plástico; y cuando son productos de madera son importados, en vez de apoyar el buen trabajo y de alta calidad que realizamos las comunidades de UZACHI, que estamos certificados por el FSC en manejo forestal.

Baltazar López, de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO) y miembro de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), coincidió en la importancia de que se impulse al sector forestal en México y se reconozca el papel fundamental que juegan las comunidades y ejidos forestales para mantener estos ecosistemas en buen estado y evitar el cambio de uso de suelo y la degradación de los suelos.

Por último, Cándido Mezúa, indígena de la Comarca Emberá del Panamá y representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosque (AMPB) recalcó la necesidad de generar un esquema de certificación de manejo forestal cultural para las comunidades indígenas, y que este esquema no les sea costoso, ya que prácticamente el 70 por ciento de los recursos que obtienen las comunidades panameñas tienen que pagarlo en certificación e impuestos federales.

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Una propuesta para enfrentar la sobre regulación que afecta al sector forestal en México











Sinopsis:

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México es un país mega diverso, que alberga alrededor del 10 por ciento de las especies del mundo y que cuenta con una superficie forestal de más de 138 millones de hectáreas que equivalen al 70 por ciento del territorio nacional; esta cantidad de bosques es muy superior a la de países como Finlandia, pero nuestra producción forestal es 10 veces menor a la del país nórdico.[1]

En el año 2000 el gobierno mexicano, asistido por el gobierno finlandés, preparó el Programa Estrategia Forestal 2025 (PEF-2025) que planteaba una ruta para el crecimiento del sector forestal. Sin embargo, 16 años más tarde, nos encontramos que la producción maderable ha venido descendiendo y al día de hoy solo se produce el 30 por ciento de la demanda interna de productos forestales, que ronda los 17 millones de metros cúbicos de madera; el resto, se importa de países como Chile, China, Perú y Estados Unidos; generando un déficit de la balanza comercial de más de 6,000 millones de dólares.

La caída de la producción maderable no es lo más grave que le sucede al sector forestal; sino que, los dueños de los territorios forestales han visto frenado su desarrollo; han retrocedido en sus capacidades de control de sus territorios forestales y de los procesos productivos. Todo esto tiene impactos importantes en las condiciones del bosque, que hoy día están inmersos en un fuerte proceso de deterioro debido al avance de las plagas, la tala ilegal y a la falta de un manejo adecuado.

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento y desarrollo del sector, que se identificaba en el PEF-2025 era la compleja regulación que pesa sobre la gestión forestal. Para poder aprovechar los recursos naturales de sus bosques, las comunidades y ejidos deben cumplir con alrededor de 50 requisitos ante la autoridad,[2] además, estos requisitos y trámites implican gastos de cientos de miles de pesos y les puede tomar hasta un par de años obtener la autorización del plan de manejo y aprovechamiento de su bosque por las demoras en los resolutivos de las distintas ventanillas gubernamentales. Y si el resolutivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es negativo, el ejido o comunidad deberá realizar nuevamente todo el proceso y tramitología para solicitar la autorización de su plan de manejo forestal, lo cual implica más tiempo y gasto de recursos, mientras su operación productiva se encuentra detenida. Además, cuando el dueño de la tierra ya cuenta con su autorización la historia de los requisitos no acaba; al contrario, el proceso tramitológico se puede complicar aún más con la tramitación de la documentación para el transporte, los permisos de cortas sanitarias, o permisos para realizar cualquier cambio en la estrategia de manejo.

La complejidad del esquema regulatorio para la gestión de los bosques tiene impactos muy importantes en el sector forestal ya que los dueños de los terrenos forestales, que son mayoritariamente comunidades con altos niveles de marginación, difícilmente pueden mantener los costos que conlleva el cumplimiento de los requisitos, tramites y pago de derechos y, por ello optan por suspender el aprovechamiento comercial del bosque y buscar alternativas de ingreso en la venta de madera ilegal o el cambio de uso de suelo.

Por lo anterior, es de gran relevancia avanzar hacia un proceso que permita simplificar todo el sistema de gestión de permisos y autorizaciones. De esta forma también se garantiza la conservación de los bosques a lo largo del tiempo, ya que las comunidades al obtener incentivos económicos que contribuyan a su bienestar, son los más interesados en conservarlos.

Distintas organizaciones, instituciones y centros de investigación como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el World Resourses Institute (WRI), Reforestamos México, Rights and Resourses Initiavie (RRI), entre muchos otros; han documentado que la sobrerregulación y centralización en la gestión de forestal que priva en el país, representa un freno para el desarrollo del sector y de las personas que habitan y dependen de los bosques.

En su más reciente estudio, Ocho puntos para alcanzar las metas climáticas de México (2016),[3] el World Resources Institute (WRI) destaca que es necesario “Tomar acción (bajo el liderazgo de la Conafor, la Semarnat y otras) para reducir la complejidad del marco legal del sector forestal al armonizar las leyes, regulaciones y metas federales relacionadas con el manejo forestal sostenible.” Esto para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal y reactivar la productividad forestal para garantizar su conservación a largo plazo.

El propio Plan Nacional Forestal 2014-2018 (PNF) detalla en la parte de diagnóstico que “la compleja y engorrosa” legislación forestal en México propicia que “los productos forestales nacionales compiten en desventaja en los mercados, debido a los altos costos de transacción y la baja productividad.” (…)

La propuesta del CCMSS para abatir la sobrerregulación

El CCMSS con base en el trabajo que desempeña en campo, en la industria y en el mercado; colaborando día a día con los ejidos forestales de Campeche, Quintana Roo y el Estado de México, ha podido documentar que el estancamiento de la productividad forestal del país tiene diversos orígenes pero que, en particular, el sistema regulatorio, tan complejo, contribuye de manera importante a mantener al sector forestal en un deprimido y bajo nivel de competitividad. Por esto, el hecho de trasladar las atribuciones de Semarnat a la Conafor en materia forestal, como plantea la iniciativa de reforma de Ley de Desarrollo Forestal que se dictamina en la Cámara de Diputados, no resolverá el problema, pues no hay ninguna innovación regulatoria que contribuyan a que la nueva administración de Conafor opere de manera diferente a como opera hasta el día de hoy la Semarnat.

La alternativa que plantea el CCMSS es que la nueva Ley Forestal establezca un mandato preciso a la Semarnat para que, en un periodo de dos a cuatro años, avance en un proceso de descentralización de funciones y las transfiera hacia los gobiernos de los estados, incluyendo el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento forestal sustentable, tal y como hoy sucede con la Protectora de bosques (Probosque), en el Estado de México.  De esa forma, la Semarnat se quedaría con la función normativa y de supervisión de las entidades estatales.  Estas entidades, con el conocimiento cercano de su realidad forestal, podrán realizar un buen trabajo y operarán en un terreno sin corrupción, ya que tendrían a una entidad federal (Semarant) supervisando su desempeño.

En la actual operación de Probosque esto sucede así. Este órgano público descentralizado y sectorizado a la Secretaría del medio ambiente del Estado de México, tiene entre sus funciones y facultades la de “promover la organización productiva de los poseedores y propietarios forestales en el ámbito municipal, regional y estatal; así como gestionar la asesoría técnica y capacitación necesarias para el mejoramiento de sus procesos productivos.” [4]

Asimismo, producto del Convenio de asunción de funciones signado entre la Semarnat y el Estado de México, el Probosque ejerce “la atribución de otorgar, modificar, negar, suspender, anular y revocar las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, bajo los lineamientos que establece la Semarnat.”[5]

Además, la Semarnat supervisa, a través de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, y con el apoyo de su Delegación Federal en la entidad el desarrollo y ejecución de las funciones y atribuciones transferidas al Estado de México. Esta función de vigilancia coadyuvará a eliminar la corrupción y arbitrariedad que padecen los ejidos y comunidades a la hora de tramitar sus autorizaciones para el aprovechamiento y manejo de sus recursos forestales, y al solicitar la documentación para el transporte y comercialización de su producción forestal.

El Consejo Civil plantea la necesidad de replicar la experiencia de Probosque en los estados de importancia forestal, al menos 10 estados en una primera fase, para que posteriormente se puede avanzarse a todos los estados.

Este proceso de descentralizción deberá estar acompañado de un mandato de ley que permita avanzar en la generación de capacidades locales, operar los programas de manejo forestal regionales y contar con un esquema que exente de la obligatoriedad de gestionar autorizaciones de manejo forestal a aquellos dueños de bosque que hayan cumplido cabalmente con la aplicación de sus planes de manejo por más de 20 años.

Se debe recompensar el bien actuar de las empresas forestales comunitarias y no ponerles trabas, que en muchas ocasiones las obligan a detener su operación forestal hasta por dos años, lo cual no solo implica la pérdida de empleos en las actividades de monte, sino en aserraderos y centros de transformación. Esto genera presiones para el cambio de uso de suelo y fomenta la migración de la población rural.

Esperamos que esta coyuntura de la discusión una nueva Ley de desarrollo forestal sustentable, permita avanzar hacia una ley forestal que realmente contribuya a alcanzar una mejor gestión forestal en favor de los ejidos y comunidades forestales quienes han demostrado ser la piedra angular para la conservación de los bosques y selvas del país.

 

 

Consulta y descarga el documento completo aquí: Nota Informativa 49 – Una propuesta para enfrentar la sobre regulación que afecta al sector forestal en México

 

 

 

Referencias:

[1] Reforestamos México e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Índice de competitividad forestal estatal (2014). Disponible en http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/07/Indice_Forestal_2014.pdf

[2] Fernández, Eugenio y Noé Mendoza, Sobrerregulación Forestal. Un obstáculo para el desarrollo sustentable de México (2014), CCMSS. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/Sobrerregulacion-Mendoza-FernandezVazquez-CCMSS.pdf

[3] World Resourses Institute (WRI) México, Ocho puntos para alcanzar las metas climáticas de México. Disponible en: http://wrimexico.org/sites/default/files/WRI_OCN_Mexico_ExecSum_final_es-MX_Hi.pdf

[4] Protectora de Bosques del Estado de México. Disponible en: http://probosque.edomex.gob.mx/index.php/acerca-de/funciones

[5] Convenio específico para la asunción de funciones en materia forestal entre Semarnat y Gobierno del Estado de México (2003). Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=692662&fecha=08/07/2003

Indispensable asegurar a las comunidades indígenas sus derechos de tenencia de la tierra para garantizar la conservación de los bosques y combatir el cambio climático











Sinopsis:

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El 11 de octubre de 2016 se reunieron expertos de diversos países en Washington, Estados Unidos, para abordar el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios para la conservación de los bosques, este evento representó una oportunidad única para que los participantes se reunieran y elaboraran estrategias sobre el papel del financiamiento del desarrollo en la consecución de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales para abordar la reducción de la pobreza, administrar la tierra, combatir la deforestación y el cambio climático.

En el foro denominado Asegurando los derechos de tenencia de la tierra para proteger los bosques y combatir el cambio climático: Explorando el papel de las finanzas para el desarrollo, representantes del Land Rights Now (LRN), institución co-organizadora del evento, señalaron que el objetivo central del evento fue el llamar a la Acción Global sobre los Derechos de las Tierras Indígenas y Comunitarias para duplicar el área de tierra reconocida como propiedad o controlada por los pueblos indígenas y las comunidades locales para el año 2020. En el evento se profundizó en cómo se puede orientar, coordinar y mejorar el financiamiento para el desarrollo y para ayudar a alcanzar este objetivo.

Kysseline Chérestal, Consejera de Política de Tierras en la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y miembro del Grupo de Dirección de LRN, expuso una visión general de la campaña de LRN, que se trata de un mecanismo coordinador para impulsar una acción conjunta para promover un mayor reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva.

En este sentido, el análisis elaborado por la RRI de 2015: ¿Quién posee la tierra del mundo? Demostró que, a nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen propiedad legal sólo del 10 por ciento de su tierra, a pesar de tener derechos consuetudinarios sobre más del 50 por ciento de las tierras del mundo. Esta brecha extraordinaria pone en riesgo su bienestar económico y social y los sitúa en primera línea para hacer frente a las crisis ambientales que resultan del cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, las mujeres son el sector de la población que se ven más afectadas adversamente en estas situaciones.

En su oportunidad, las presentaciones de los participantes de Kenya, Camerún, Perú y México dieron urgencia a la necesidad de otorgar más financiamiento que sitúe la tenencia de la tierra en el centro de su enfoque para aliviar las presiones externas y apoyar los medios de subsistencia derivados de los bosques y otros ecosistemas naturales.

Mientras que los presentadores del Perú destacaron que asegurar la tenencia colectiva de la tierra debe ser un objetivo en sí mismo y un primer paso para garantizar que las comunidades forestales puedan construir economías locales sostenibles.

El evento se desarrolló en dos paneles de expertos, el primer panel, denominado “El caso de los derechos de tenencia colectiva de la tierra” abordó los desafíos que dificultan el reconocimiento más amplio de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y exploró las mejores prácticas para apoyar la tenencia colectiva en proyectos y políticas de desarrollo.

Roberto Espinoza, Asesor Climático de la Asociación Paraguaya de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que “donde haya personas con derechos, habrá bosques vivos para siempre y para todos” y alentó a que mediante mecanismos de donación específicos, a través del marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se provean fondos directamente a los grupos indígenas y comunitarios para incrementar la gobernabilidad territorial, manejo y titulación de tierras indígenas.

Helen Ding, Economista Ambiental del World Resourses Institute (WRI) compartió nuevas investigaciones de un informe del WRI sobre los costos y beneficios de asegurar y mantener la tenencia de la tierra.

Indicó que los datos del estudio demuestran que los bosques indígenas autóctonos aseguran beneficios globales de biocombustibles en Bolivia, Brasil y Colombia que ascienden a un total de entre 25 a 34 mil millones de dólares en los próximos 20 años.

Yator Kiptum, del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, cuya comunidad forestal experimentó desalojos forzosos como resultado de un programa financiado por el Banco Mundial en Kenia, enfatizó que los derechos no deben estar en conflicto con la conservación, y pidió a las instituciones de financiamiento del desarrollo apoyar leyes y políticas que promuevan los derechos de los pueblos indígenas forestales a poseer y ocupar sus tierras ancestrales en bosques/áreas protegidas.

En tanto que Klaus Deininger, Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, promocionó el potencial del Marco de Evaluación de la Gobernabilidad de la Tierra (LGAF, por sus siglas en inglés) como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo financiero para ayudar a los diseñadores de políticas a generar y monitorear las reformas agrarias a nivel nacional.

En el segundo panel, titulado: Experiencias en el Manejo de Bosques y Otros Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se destacó la experiencia indígena y local en silvicultura y mitigación/adaptación al cambio climático y ofreció recomendaciones de la comunidad.

En su ponencia, Raúl Benet, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) de México, instó a los actores de las instituciones de financiación del desarrollo a transferir fondos de la reforestación a iniciativas forestales comunitarias que respalden los derechos a la tierra y eleven las voces comunitarias en la formulación de políticas públicas.

Cécile Ndjebet, Observadora de las Mujeres del Fondo Forestal para el Carbono y Presidenta de la Red Africana de Mujeres para la Gestión Comunitaria de Bosques (REFACOF), subrayó la necesidad de un enfoque de género para las cuestiones forestales y de tenencia de la tierra. Pidió mayor oportunidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.

Mientras que Henderson Rengifo, Presidente de AIDESEP del Perú, enfatizó la necesidad de apoyar no solo los derechos de tenencia indígena, sino también de las economías indígenas de “vida plena y buen vivir”, que implican una producción diversificada, un equilibrio holístico entre comunidad, naturaleza y cultura, respeto a la reciprocidad y participación equitativa en los beneficios entre todos los actores involucrados.

Por último, Gerardo Segura, del Banco Mundial, describió el papel actual del financiamiento del Banco Mundial en el apoyo a la gestión indígena y comunitaria de los recursos, así como sus planes para el apoyo continuo a través del Plan de Acción Forestal.

Algunas de las recomendaciones generadas por los participantes del Foro para avanzar en el reconocimiento de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y pueblos indígenas fueron las siguientes:

Agenda de financiamiento de desarrollo:

– Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deben crear y aumentar las contribuciones a las ventanillas de financiación para canalizar la inversión directa a las comunidades indígenas (por ejemplo, el Mecanismo de Subvenciones Dedicado, o DGM), centrándose en las contribuciones de las mujeres, así como en grupos indígenas que puedan liderar sus propias iniciativas de conservación de tierras, bosques y clima.

-IFD para cambiar los incentivos internos orientados en financiar factores impulsores de la deforestación y la apropiación de tierras, a incentivos que apoyen los derechos y economías de las tierras indígenas y comunitarias.

– Instituciones financieras de desarrollo (IFD)para trabajar juntos para aumentar la coherencia y la coordinación del apoyo de los donantes a las economías indígenas.

– IFD para proporcionar más apoyo y enfocarlo en la adaptación al clima y el papel de las mujeres en el logro de la resiliencia al cambio climático.

– IFD para llevar a cabo investigaciones futuras sobre los beneficios de asegurar los derechos de tenencia de indígenas y comunidades para informar su propia política y práctica.

Políticas

– IFD para abordar las salvaguardas las lagunas en la política de desarrollo de préstamos y préstamos a través de intermediarios financieros mediante la aplicación de salvaguardas fuertes de tenencia de tierras, bosques y climáticas entre los instrumentos de préstamo.

– IFD para fortalecer y alinear salvaguardas entre los distintos sectores e instituciones para proteger los derechos indígenas y comunitarios de la tierra.

– IFD para la evaluación de los distintas leyes y marcos normativos, a través de los sectores e instituciones sobre la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios existentes como parte del diseño de un proyecto.

 Diseño e implementación de proyectos:

– IFD para trabajar en incrementar el apoyo a la gobernabilidad territorial.

– IFD para incrementar el apoyo financiero para el fortalecimiento de las cuestiones de gobernanza en la tenencia de la tierra.

 – IFD para apoyar a los gobiernos a asegurar la titulación de tierras indígenas y el apoyo a las economías indígenas para que se integren en los planes y políticas nacionales.

– IFD para incorporar las voces indígenas y comunitarias en el diseño de proyectos, particularmente las de las mujeres.

– Mecanismos de rendición de cuentas para incrementar la capacidad de abordar el daño relacionado con la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios.

Los bosques y selvas en México son de propiedad social (análisis geoestadístico)











Sinopsis:

 

 

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  • La propiedad social representa el 52% de la superficie total del país, y está distribuida en más de 31 mil núcleos agrarios, de los cuales el 35% tienen al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

  • La región Norte del país concentra la mayor cantidad de superficie de núcleos agrarios con superficie de bosque.

  • En las entidades que conforman la península de Yucatán más del 75% de la superficie en propiedad social tiene al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva.

 

Autor: Ortega Espinosa Ariadna

Introducción

Este análisis tiene como finalidad cuantificar los núcleos agrarios que poseen, al menos, 200 hectáreas de bosque y/o selva; para dicho análisis es importante mencionar que no se consideró la vegetación matorral; por lo tanto, los resultados varían con lo publicado, en 2012, por el Registro Agrario Nacional (RAN), en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México, donde se afirma que hay 15 mil 584 núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques, selvas y matorral.

Para la elaboración de este trabajo se llevó a cabo un análisis geoespacial con base en la cobertura de uso de suelo y vegetación, conocida como Serie V, escala 1:250 000 (información más actual disponible), así como la capa de núcleos agrarios del RAN, actualizada a diciembre de 2014.

Los resultados del presente trabajo indican que de los más de 30 mil ejidos y comunidades certificadas por el Regisro Agrario Nacional que existen en México, 11 mil 843 cuentan con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva en todo el país.

El análisis a escala estatal demuestra que hay estados con una proporción alta de ejidos con bosques y selvas como el caso de Yucatán, dónde el 90 % de la superficie de estos predios cuenta con al menos 200 hectáreas de selva.

La propiedad social en México

México está dividido en tres grandes categorías de propiedad de la tierra: pública, privada y social.  La primera corresponde a los terrenos de propiedad del estado (federal o estatal); la segunda, es aquella que la nación otorga a particulares, y en la tercera categoría están los núcleos agrarios, divididos en dos regímenes de tenencia de la tierra: el ejido y la comunidad[1].

A continuación, se representa la distribución de la tenencia de la tierra en México, con base en datos estadísticos de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) de 2012.

Gráfica 1. Distribución de la Propiedad de la Tierra.

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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticos del SRA, 2012

La propiedad social cuenta con poco más de 100 millones de hectáreas que repartidas en 31 mil 785 núcleos agrarios (NA): 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades[2]; de los cuales, 30 mil 076 cuentan con certificado agrario emitido por el RAN, lo cual representa una superficie superior a 95 millones de hectáreas.[3] (Ver tabla 1).

Tabla 1. Distribución regional de la propiedad social certificadas por el RAN.Distri_regio_NA

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN (2014) y Regiones según CONABIO (2010)

Se estima que alrededor del 80 % de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social[4]. El  presente análisis indica que el 73 % de los NA certificados por el RAN, tiene cobertura forestal[5]. (Ver Mapa 1).

Mapa 1. Superficie forestal y no forestal en núcleos agrarios certificados por en RAN

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Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN (2014) y Serie V de INEGI

Núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selva

De acuerdo con este análisis, hay 11 mil 843 NA con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva, que cubren una superficie total de más de 34 millones de hectáreas. Los resultados indican que la región norte cuenta con la mayor cantidad de superficie boscosa, seguido de la región pacífico sur y en la tercera posición, la región de la Península de Yucatán (ver Tabla 2).

 

Tabla 2. Distribución regional de núcleos agrarios con al menos 200 Ha de bosque y/o selva

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Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN e INEGI (2014). Regiones según CONABIO (2010).

Por otra parte, el análisis estatal estima que el 90 % de la superficie total de los NA del estado de Quintana Roo tienen al menos 200 hectáreas de selva; en segundo lugar, se ubica Campeche y, por último, Yucatán con 77 % y 76 %, respectivamente. (ver tabla 3)

Lo anterior se aprecia en la tabla 3, dividida en 2 secciones, A y B, la primera sección contiene el total de NA, el número de NA con al menos 200 ha y su porcentaje sobre el total y  la sección B  la superficie total de NA, superficie de NA con más de 200 ha y su repectivo porcentaje contra el total de la superficie.

Tabla 3. Distribución estatal de núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva

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Fuente: Elaboración propia basado en procesos GIS con base en datos del RAN (2014) e INEGI (2012).

 El mapa 2 muestra la distribución nacional de los núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva, representando sólo la porción del ejido con superficie forestal.

Mapa 2. Distribución nacional de núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

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Fuente: Elaboración propia basado en procesos GIS con base a datos vectoriales del RAN (2015) e INEGI (2012).

 

Conclusiones

La propiedad social representa el 52 % de la superficie total del país, la cual esta distribuida en más de 31 mil núcleos agrarios, de los cuales el 35 % tienen al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

El análisis demuestra que la región norte concentra la mayor cantidad de superficie de núcleos agrarios con esta característica, sin embargo, a nivel estatal, las entidades que conforman la península de Yucatán son aquellos en donde más del 75 % de la superficie en propiedad social tiene al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva.

 

Notas al pie:
[1] IICA & RAN, Atlas de propiedad social y servicios ambientales en México, México 2012.

[2] Gaceta Parlamentaria, 2014.

[3]  Datos generados a partir de información vectorial del RAN, 2014.

[4] FAO. Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe, 2004.

[5] Bosque, Selva, Matorral y otro tipo de Vegetación (clasificación elaborada a partir de Serie V, INEGI).

 

Referencias bibliográficas:

RAN & IICA. 2010. Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México. disponible en:  http://www.ccmss.org.mx/descargas/Atlas_de_propiedad_social_y_servicios_ambientales_en_Mexico.pdf

Gaceta Parlamentaria, Número 4108-III,2014. Disponible en:  http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/sep/20140909-III/Iniciativa-1.html

Torres, Juan Manuel, 2004, FAO. Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina. Disponible en:  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j2215s/j2215s00.pdf

Torres, Juan Manuel, 2015, CIDE. Características de las núcleos agrarios forestales en México, disponible en: https://goo.gl/NfRN5q

Posicionamiento del CCMSS ante la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica











Sinopsis:

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Del 2 al 17 de diciembre se llevará a cabo en Cancún la décimo tercera reunión de las partes de la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Esta cumbre reúne a representantes de 196 países y tiene entre otros objetivos el de establecer medidas estratégicas para el logro de Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y para integrar la biodiversidad en todos los sectores.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) considera de enorme importancia que se incluya en los acuerdos de esta COP, el reconocimiento explícito del manejo forestal comunitario y sustentable como un instrumento y mecanismo eficaz para la conservación de la biodiversidad y el logro de las metas de Aichi.

Esta cumbre es una oportunidad para mostrar al mundo la importancia que tiene el manejo activo y sustentable de los bosques y la gobernanza de los territorios forestales para la conservación de la biodiversidad, y para poner en la agenda de los tomadores de decisiones la importancia de priorizar, mediante políticas públicas y financiamiento, el desarrollo de esquemas de manejo sustentable de los territorios forestales comunitarios.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es un compromiso mundial de cumplimiento obligatorio (vinculante) en el que participan 196 países, incluido México, y que fue originalmente acordado en la Cumbre de Río de 1992.  Éste busca conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y garantizar el acceso equitativo a los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos. Es considerado uno de los principales instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible, ya que el ámbito al que se refiere abarca la conservación y el uso de los ecosistemas, las especies de animales, plantas, hongos, microorganismos y toda forma de vida, además de la diversidad genética.

Tal vez el principio rector más importante de este convenio es que el uso de los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos debe realizarse en beneficio de los seres humanos y debe llevarse a cabo de manera tal que no provoque la pérdida o deterioro de la diversidad biológica. El CDB aborda el ecosistema de manera integral, y se basa en el principio precautorio.

México es uno de los países del mundo con mayor diversidad biológica, y la biodiversidad mexicana tiene una singularidad muy importante: Cuando se considera la diversidad de ecosistemas, México aparece entre los cinco países más biodiversos del mundo. Y esto tiene implicaciones para el manejo y la conservación de la biodiversidad. El establecimiento de áreas naturales protegidas puede proteger a las especies que habitan en determinada área pero además deben de ponerse en marcha otras estrategias adicionales dado que en un territorio donde los ecosistemas cambian continua y significativamente formando mosaicos complejos a lo largo del territorio, los  esfuerzos de conservación deben basarse en una visión que contemple de manera integral la complejidad del territorio en su conjunto y debe considerar el manejo y el aprovechamiento de los recursos forestales como un elemento importante de la estrategia de conservación.

Otra particularidad de México en términos de su biodiversidad, es el hecho de que diversas culturas indígenas han habitado este territorio de manera ininterrumpida desde hace varios miles de años. Según el censo de población y vivienda 2010, la población indígena en México es de 15.7 millones de personas de al menos 67 grupos indígenas. La mayoría de las comunidades indígenas se asientan en regiones forestales ricas en biodiversidad. Actualmente, al menos la mitad de la superficie del país pertenece a núcleos agrarios ejidales o comunales. Cerca del ochenta por ciento de los bosques y selvas son de propiedad ejidal o comunal.

A lo largo de los siglos, y mediante su interacción y manejo, las comunidades han conformado de manera importante el entorno natural. Esto ha provocado una inmensa diversidad de variedades de especies utilizadas para todas las actividades humanas, y particularmente la alimentación. Como resultado de esta interacción y manejo del territorio por parte de las comunidades, Mesoamérica es uno de los grandes centros de origen y diversificación de los alimentos del mundo. La diversidad de variedades de maíz y frijol constituyen una fracción muy significativa de la base alimentaria del planeta, además de una cantidad importante de otros cereales, frutas y hortalizas (calabaza, amaranto, aguacate, tomate, chile, etc.).  El territorio mesoamericano es el reservorio natural de la diversidad genética de estas y muchas otras especies que tienen importancia mundial.

En el ámbito forestal, la biodiversidad de México también destaca por diversos motivos. En primer lugar, más de la mitad de su territorio está cubierta por selvas y bosques. Tenemos diversas formas de selva húmeda, de selva seca, de matorral, de bosque templado, de bosque mesófilo de montaña, además de los manglares y muchos otros ecosistemas catalogados como forestales. La riqueza de especies forestales de México es particularmente notable. México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas más de encino, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría de ellas utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos territorios, y muchas de ellas con un valor importante en el mercado. Una fracción muy significativa del territorio de México es eminentemente forestal.

Toda esta biodiversidad no sería posible de entender si no se considera el papel que han jugado las comunidades en su gestación, y el que juegan actualmente en su manejo y conservación.

El CCMSS, considera que la intervención gubernamental en las regiones forestales debe tomar en cuenta el derecho de las comunidades a poseer de manera legal y plena su territorio, y que debe respetarse su derecho a mantener el control sobre el manejo de dichos territorios. Consideramos equivocada la política gubernamental que establece pesadas regulaciones que atentan contra los derechos de acceso a los recursos por parte de las comunidades locales y que desestimulan a los dueños de los terrenos forestales a optar por la vía legal en el aprovechamiento de sus bosques.

El CCMSS considera fundamental la revisión de la política forestal que opera la actual administración de tal manera que se pueda avanzar hacia una simplificación de la gestión forestal que favorezca el manejo y la conservación de la biodiversidad.

Existe abundante evidencia científica y empírica que muestra que la cobertura forestal y los atributos ambientales, incluyendo la biodiversidad, la infiltración de agua y la captura de carbono, se encuentran en buen estado en los ejidos y comunidades que hacen un aprovechamiento activo de sus bosques. Los motivos que explican por qué resulta efectivo el manejo son bastante sencillos. Las actividades de sanidad, manejo del fuego, vigilancia, cuidado, protección y restauración necesarias para que un bosque se conserve sano tienen un costo y requieren de la participación de una gran cantidad de personas que tengan un interés y capacidad para el cuidado y vigilancia del bosque. Y las personas que habitan en los territorios tienen necesidades y son quienes conocen y viven del territorio. Si el bosque no rinde beneficios se abandona, lo que implica que se quemará, se plagará, se talará de manera perjudicial, o bien el bosque se sustituye por tierras que tengan otro valor productivo, como la ganadería, que en la mayor parte del país es la principal causa de deforestación.

No obstante, la regulación mexicana impone a las iniciativas de manejo y aprovechamiento forestal un complejo esquema de trámites, requisitos y pagos de derechos que favorece su desarrollo.  Las comunidades forestales en México que han tenido planes de manejo forestal y operan sus propias empresas forestales, invierten sistemáticamente en el bienestar de sus bosques. Dentro de los planes de manejo, invariablemente existen atributos de valor especial o zonas que son destinadas a la conservación, además de que se establecen compromisos de restauración, atención a plagas e incendios, vigilancia, etc. En estos casos, las comunidades tienen recursos y estímulos para invertir en el cuidado de sus bosques.

En México existen cerca de mil empresas forestales comunitarias, y cada día más de ellas cuentan con certificación de buen manejo forestal bajo los mismos estándares de cuidado que se observan en países como Suecia o Finlandia, por mencionar algunos ejemplos.

Además de producir madera, las comunidades y ejidos que habitan y manejan los territorios forestales conservan y producen, de manera sustentable, productos como miel, pimienta, carbón, café, resina, ocote, cacao, mezcal, fibras, plantas medicinales, semillas, hongos y un sinnúmero de productos que conforman una parte sustantiva de la biodiversidad.

Por todo lo anterior existe un sólido fundamento histórico, legal y funcional que sustenta la noción de que la mejor forma de conservar la biodiversidad y contribuir a mejorar las condiciones en las que viven las poblaciones rurales, es mediante el manejo activo de sus bosques.

Cualquier decisión que tome la Convención para la Diversidad Biológica tiene que considerar los derechos, las capacidades y las oportunidades que significan las comunidades locales para la conservación y manejo de la biodiversidad.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estará organizando y participando en actividades dentro y en torno a la COP 13, como un Side Event en el que se compartirán experiencias exitosas que muestran la importancia del manejo forestal comunitario e indígena en la conservación de la biodiversidad en México y Centroamérica.

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