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Cuando las comunidades manejan sus bosques hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo











Sinopsis:

Prácticamente ya no quedan bosques primarios ni en México ni en el mundo. La gran mayoría de los ecosistemas forestales presentan una cobertura secundaria, es decir, han sido intervenidos y aprovechados, y estos se han regenerado.

En nuestro país, como en la mayoría de los países, los bosques están habitados, y muchas familias dependen de ellos para obtener alimentos, medicamentos, combustible y otros productos que son fundamentales para su economía y subsistencia. Por ello, “cuando hablemos de conservación de los bosques es indispensable que se tomen en cuenta a los dueños de los bosques y a las personas que los habitan”, subraya la Doctora Patricia Gerez, especialista en manejo forestal comunitario.

Como parte de su ponencia en el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, plantea que “está demostrado que cuando las comunidades manejan sus bosques y selvas hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo y en un mejor estado que un bosque sin intervención”.

En este sentido, cuestiona que las políticas públicas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no parecieran ser las más adecuadas para propiciar una mejor gestión de los recursos forestales, incrementar la producción de productos forestales y detener la deforestación y degradación de los bosques y selvas.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, detalla que se invierten muchos recursos públicos en programas de reforestación y regeneración de bosques, pero que estos carecen de seguimiento y medición del impacto. Asimismo, tampoco se han detenido los procesos de deforestación y degradación ni se ha incrementado la superficie bajo manejo para la producción de productos forestales.

En contraparte, indica que “son las propias comunidades las que destinan voluntariamente grandes extensiones de sus bosques a la conservación; y muchas otras que perdieron sus bosques los están recuperando con reforestaciones y el aprovechamiento de esa madera para elaborar muebles”.

Patricia Gerez destaca que la estrategia de la Conafor para incrementar la producción de madera se centra solo en pequeñas áreas del país consideradas con un alto potencial productivo y no atiende a muchas otras regiones que, si bien no tienen el potencial de zonas de Durango, Oaxaca, Guerrero o Jalisco; podrían contribuir a incrementar la producción y mejorar la economía de todas las familias que son dueñas de esos recursos.

Señala que de las 6.4 millones de hectáreas de bosques y selvas con las que cuenta el país, 15 millones de hectáreas tienen potencial productivo, pero que solo 7.4 millones están bajo un esquema de manejo y aprovechamiento.

La excesiva regulación impuesta por la autoridad para el manejo de los recursos forestales y la marginación a los pequeños propietarios comunitarios para acceder a apoyos, acompañamiento técnico para fortalecer sus capacidades productivas y de generación de valor agregado, han obstaculizado la expansión de la superficie forestal bajo manejo.

Asimismo, añade, hay una enorme rigidez de la autoridad, como para permitir poner en marcha sistemas de manejo y aprovechamiento forestales más flexibles. No obstante, “la mayor parte de la madera que se produce en México proviene de aprovechamientos no regulados o ilegales. Pero las principales causas de deforestación no provienen de estos aprovechamientos no regulados, sino de la ganadería extensiva, la construcción de grandes desarrollos turísticos y la agricultura industrial. Además de otras amenazas como la minería y el fraking”.

Además de reforestar, “las comunidades también protegen sus manantiales y zonas de recarga de acuíferos; le dan un uso diversificado a sus tierras y economía. ¿Por qué no apostar por una política forestal de producción y conservación centrada en las comunidades y ejidos? Si ellos son los dueños de los bosques: hasta un 80 por ciento de esas comunidades son indígenas que presentan severas carencias”.

Las ADVC, un compromiso comunitario para la conservación











Sinopsis:

 

 

Los ejidos y comunidades de México son poseedores de más de 70 por ciento de los bosques y selvas del país. Estos ecosistemas nos proveen de servicios ambientales como la captura de agua para la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura, el control de la erosión, la contención de azolve, además de albergar una gran biodiversidad, producto de las condiciones geográficas y del manejo y uso sustentable que han desarrollado las comunidades originarias de nuestro país a lo largo de siglos.

Para asegurar la conservación en el largo plazo de esta gran riqueza biocultural, muchas de esas comunidades y ejidos han tomado la decisión de incorporar segmentos de su territorio a un régimen especial de manejo y protección, debido a sus altos valores y atributos vinculados con los servicios ambientales que prestan. A estos espacios se les conoce como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), que desde el año 2008 pueden obtener el reconocimiento de la federación para ser considerados como Áreas Naturales Protegidas de competencia federal y por lo tanto obtener beneficios como evitar la exploración y extracción de hidrocarburos dentro de estos predios.

Las ADVC están blindadas frente a desarrollos de obra pública y mega-proyectos, de la misma forma que las ANP`s federales o estatales ya que están contempladas dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LEEGEPA).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) al día de hoy, 384 predios se encuentran certificados como ADVC, que equivalen a una superficie de 413 mil hectáreas, de las cuales el 60 por ciento corresponden a predios de ejidos y comunidades; 39 por ciento son privados y 1 por ciento federales.

Salvador Anta Fonseca, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, indica que hay más de 280 mil hectáreas destinadas voluntariamente a la conservación solo en el estado de Oaxaca, entidad en la que surgió el esquema a mediados de la década de los 90. Además de las áreas certificadas existe una gran cantidad de superficie de bosque que en la práctica  esta bajo regímenes de conservación comunitaria pero que no cuentan con el certificado de ADVC.  “Hay estimaciones de que a nivel nacional se tiene poco más de un millón de hectáreas que se encuentran en un esquema de conservación voluntaria por parte de sus dueños, principalmente las comunidades y ejidos.

Si bien es cierto que estos esquemas de conservación son poco reconocidos, se sabe que son una vía para incorporar mucha más superficie al manejo del bosque, de hecho, “podríamos llegar a 5 millones de hectáreas si contásemos con una política fuerte y bien diseñada de impulso a este esquema y trabajando comunidad por comunidad”, destaca Salvador Anta.

Ejemplifica que se podrían lograr casos como el de las seis comunidades del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (Corenchi), que se ubican en la Sierra Norte de Oaxaca, y que desde hace más de 15 años iniciaron acciones para proteger sus bosques mediante una serie de instrumentos de gestión territorial para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

Corenchi posee una superficie de vegetación continua de 26 mil 770 hectáreas en buen estado de conservación. Esta organización, que aglutina a varias comunidades chinantecas, resguarda un importante reservorio de bosque mesófilo que a la vez manejan desarrollando diversas actividades productivas sustentables.

 

Falta de recursos y justicia social

Una de las limitantes de este esquema, que impide que la superficie bajo conservación voluntaria se incremente es la ausencia de una política fuerte y comprometida que incentive el establecimiento de nuevas ADVC´s; una política que incluya una serie de instrumentos financieros y fiscales que impulsen a los dueños de los territorios forestales a avanzar en sus iniciativas de conservación.

Hoy día, existen presupuestos muy limitados destinados a ello que permitan apoyar el desarrollo de acciones de manejo y mantenimiento, como brechas cortafuego, brigadas de vigilancia, aclareos, chaponeos, reforestaciones, caminos, colocar señalética, entre muchas otras actividades.

Los únicos apoyos destinados a las ADVC son los que otorga la Conanp a través de su Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable (Procodes), el Programa de Empleo Temporal; además del Programa de Pago por Servicios Ambientales, a cargo de la Conafor. Es importante señalar que estos tres programas de apoyos sufrieron un severo recorte para este año 2017, de más del 60 por ciento con respecto al año previo.

De acuerdo con un análisis de la consultora Visto Bueno Política Ambiental, el mecanismo de ADVC “está inacabado porque actualmente no se cuenta con recursos para los dueños de los predios bajo este esquema, está pendiente la inclusión de criterios de justicia social que permitan que los propietarios reciban una retribución justa por los servicios ambientales que prestan sus terrenos a la colectividad”.

Por lo anterior, esta organización propone modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a su reglamento, con el fin de destinar fondos provenientes de un pago de derechos por el uso o aprovechamiento de elementos naturales y servicios ambientales que se retribuyan a las comunidades y ejidos comprometidos con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

 

*Fotografías: 1) Consuelo Pagaza para CCMSS; 2 y 3) CONANP

Impulso a la producción cafetalera de las familias campesinas en Oaxaca











Sinopsis:

Desde hace algunos años, el Sistema Comunitario para el Manejo y Protección de la Biodiversidad (SICOBI) y el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA), han trabajado en mejorar las capacidades de producción de pequeños productores de café en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca, con el objetivo de mejorar los ingresos de estas familias a través de la producción de un café de alta calidad.

En colaboración con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se han llevado a cabo dos procesos de acopio y venta de la producción de café de alrededor de 475 familias productoras de la región. Estos procesos acompañados han permitido elevar los márgenes de ganancia de las familias cafeticultoras; además de establecer un proceso de diferenciación del café proveniente de parcelas manejadas por mujeres.

La roya es uno de los principales problemas que enfrenta la producción cafetalera en nuestro país y fue un enorme reto para este proyecto, ya que esta enfermedad del cafetal ha ocasionado una pérdida significativa de la producción, pues ha dañado a más del 40 por ciento de las plantaciones, principalmente en cafetales ubicados en áreas bajas, menores a los mil metros sobre el nivel del mar.

Por lo anterior, esta iniciativa ha impulsado la realización de acciones para propiciar la renovación de los cafetales, y la mejora de los procesos de beneficios húmedo y seco, para asegurar la calidad de la producción del café ya existente.

Mediante el proyecto “Mujeres Cafeticulturas” se ha trabajado en el mejoramiento de las parcelas cafetaleras de las comunidades que forman parte del SICOBI, dentro de los municipios de San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Santiago Xanica, San Miguel del Puerto y San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca.

Esta iniciativa permitió establecer un esquema de colaboración con 475 familias productoras de café para mejorar las capacidades de manejo de cafetales, así como la adopción de tecnológicas de beneficio del café y la implementación de sistemas de control interno en las comunidades que conforman el SICOBI para asegurar la diferenciación de su producción de café en términos de calidad, origen y género.

Con la implementación de un protocolo de acopio para el manejo e integración de lotes de venta, se pudo lograr una clasificación de la producción del café por calidad y género, que permitió lograr mejores precios e ingresos para los productores.

Si bien es cierto que este fue el primer año en que se utiliza esta metodología de acopio en el SICOBI, esto ayudó a que los productores y productoras conocieran los criterios para la diferenciación de calidad de café y los resultados en el análisis de su producción de pergamino acopiado. Con ello, también es posible identificar y subsanar las debilidades existentes en sus procesos de cosecha y/o poscosecha.

Actualmente, el SICOBI cuenta con una superficie aproximada de 584 ha de producción, de las cuales 205 ha son manejadas por mujeres, con rendimientos promedio de 0.5 quintales, es decir, 23 Kg. De las 35 toneladas de café pergamino acopiado por la organización, aproximadamente 4.5 toneladas son procedentes de parcelas de mujeres cafeticultoras, lo que representa el 12.87 % del total de la producción.

Para mantener la calidad en la producción se han realizado diagnósticos participativos de los grupos de trabajo y se estableció un plan de saneamiento de los cafetales, tanto a nivel de grupos, como de comunidades, con controles de seguimiento y evaluación de los trabajos.

Como parte del convenio de colaboración entre SICOBI, GAIA y el CCMSS se avanzó en el establecimiento de mejores prácticas de manejo del cafetal y el acondicionamiento de viveros regionales, comunitarios y familiares. Además, se adquirieron nuevas plantas de café y semillas para la diversificación de los cafetales, mediante la inserción de cultivos como el cacao, la canela y árboles maderables de uso múltiple. Estas acciones permitieron que se incrementaran las capacidades de gestión de cada una de las comunidades socias del SICOBI para la mejora y optimización del sistema de producción de café.

Finalmente se impulsó un nuevo proceso de secado del café a través de zarandas, en vez de los tradicionales pisos de secado o petates expuestos directamente al sol.

Aun con estos avances y con el proceso de renovación puesto en marcha, alcanzar los números de productividad idóneos, implica trabajos futuros, desde manejo de cafetales en campo, que permita minimizar el problema de la roya y asegure la capacidad de provisión de pergamino a fin de alcanzar, gradualmente, niveles de producción de al menos 3 quintales por hectárea por año, lo que se traduciría en una producción de pergamino de 28,500 Kg de café con carácter de género en los próximos tres años.

Más allá de propiciar mejores ingresos para los pequeños productores de esta región, la iniciativa de mejoramiento productivo en beneficio de las comunidades, busca también generar lecciones que permitan evidenciar esquemas viables de re-apropiación y reconstrucción de los paisajes rurales en México. 

Consulta la Nota Informativa del Proyecto:

Nota Informativa del Proyecto GAIA – SICOBI – CCMSS

 

Desarrollo forestal y conservación de bosques en la comunidad zapoteca de Santiago Xiacuí

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario










Sinopsis:

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario

La comunidad de Santiago Xiacuí, ubicada en Distrito de Ixtlán, Oaxaca, está integrada por 350 comuneros quienes basan su economía en una estrategia diversificada, dónde la agricultura y el manejo del bosque ocupan un lugar preponderante.

Con los ingresos de la operación de su empresa forestal comunitaria, la cual cuenta con la certificación del FSC de buen manejo forestal, logran cubrir una serie de necesidades que tiene la comunidad relativas a bienes y servicios públicos como el mantenimiento de caminos, escuelas y alumbrado público. Además, una gran parte de esos recursos se reinvierten en el mantenimiento del bosque.

Anteriormente, cuando su bosque era concesionado por el gobierno a una empresa particular, la comunidad se encontraba en muy malas condiciones. El bosque presentaba severos problemas de degradación por las malas prácticas que desempeñaban los concesionarios de dichos recursos forestales; se extraían las mejores maderas y no se hacían reforestaciones ni aclareos.

“Si no se hubieran concesionado tendríamos mejores bosques, aunque luego de 27 años de que los comenzamos a manejar en la comunidad, al día de hoy están en un proceso de recuperación muy avanzado,” refiere Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de la comunidad Santiago Xiacuí.

Destaca que hace 27 años se unieron las comunidades locales en una lucha “para detener ese mal uso de los recursos forestales y evitar que se siguieran concesionaran a terceros.”

A finales de la década de los ochenta la comunidad de Santiago Xiacuí como muchas otras comunidades lograron negociar la terminación de las concesiones a terceros e iniciar un proceso de construcción y operación de sus propias empresas forestales.  Hoy día, la empresa forestal de esta comunidad ha logrado dar pasos muy importantes; actualmente controla en su totalidad el acceso al bosque, la planeación de la producción, el corte de la madera, su extracción e industrialización.

El trabajo de manejo forestal en Xiacuí tiene un enfoque productivo, pero incorporara en todos sus procesos el componente de la conservación. Así que la producción y la conservación no son actividades diferentes como sucede en otros lugares dónde la conservación sea realiza solo en áreas protegidas.

En esta comunidad las actividades productivas conllevan acciones de conservación; así que cuando se construyen caminos forestales, o cuando se realiza la selección del arbolado a derribar y cuando se arrastra la madera para acercarla al camino, siempre se tiene en cuenta el imperativo de proteger el suelo, la vegetación y la biodiversidad.

Además de controlar el proceso productivo, la empresa tiene bajo su control todo el proceso de mercadeo de la madera por lo que actualmente tienen una amplia cartera de clientes con quienes comercializan su producción.

El manejo del bosque se realiza siempre con base en su programa de manejo forestal que ha sido aprobado por la Semarnat. A pesar de llevar más de 27 años manejando sus bosques y demostrando su compromiso con el buen manejo de los recursos forestales esta Secretaría, junto con la Profepa, constituyen un fuerte obstáculo para el avance de la empresa comunitaria dado lo complicado, tardado y caro que resulta el cumplimiento de los requisitos para realizar un aprovechamiento forestal y gestionar la documentación para su transporte.

Gerardo Martínez, miembro de Comisariado de Bienes Comunales, detalla que “los más interesados en la protección y conservación del bosque somos los comuneros, los legítimos dueños de los bosques.” Añade que “las actividades de manejo y aprovechamiento tienen la finalidad de mejorar la condición del bosque y de generar fuentes de empleo para nuestros propios comuneros, para que no migren y, para asegurar la permanencia del bosque para las futuras generaciones.”

Aprovechamiento forestal sustentable e incluyente

La comunidad de Santiago Xiacuí cuenta con 2 mil 600 hectáreas de bosque que manejan de acuerdo con lo establecido en su plan de manejo, sustentado por estudios de impacto ambiental y por inventarios de masa forestal, autorizado por la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) por un periodo de 8 años, su actual permiso entró en vigor este 2016.

La autorización de su plan de manejo les permitirá cosechar 8 mil metros cúbicos de pino y otros 8 mil metros cúbicos de encino, en la primera anualidad y, para los siguientes 7 años los volúmenes serán similares. “Esta es nuestra tercera autorización de plan de manejo, los otros dos habían sido por 10 años, cada uno,” puntualiza Gerardo Martínez.

Comenta que, a pesar de que, a lo largo de los años, las reglas y la legislación forestal han cambiado, la comunidad ha hecho bien las cosas y cumplido a cabalidad con los estipulado en sus planes de manejo forestal; por ello, no han tenido ningún problema en que la autoridad les renueve sus autorizaciones para el aprovechamiento de sus recursos forestales. Asimismo, “el bosque goza de muy buena salud, gracias a que hemos reforestado, saneado el bosque y prevenido plagas.”

En esta comunidad, los 350 comuneros que la integran participan en las asambleas. Todos tienen libertad de opinar y votar. Muchos tienen otras actividades productivas distintas al aprovechamiento forestal, y aunque no trabajen en el monte tienen los mismos derechos y obligaciones que los que sí laboran en el bosque. “Cuando se ha presentado algún incendio o presencia de plaga o es necesario reforestar, todos tienen la obligación de participar en las tareas y sí lo hacen,” enfatiza.

Subraya que “en la comunidad estamos avanzando en un proceso de inserción social buscando que las mujeres y los jóvenes poco a poco tengan una mayor participación en la toma de decisiones y en las distintas actividades productivas.”

Martínez González explica que “en los 12 meses que lleva de titular del comisariado, el señor Salvador Hernández Leyva, se empezó a trabajar en la inclusión de la perspectiva de género con mayor fuerza en la comunidad, de hecho, ya hay seis señoras que participan en los trabajos del monte. Lo que sí presenta un poco de rezago, aunque eso va a cambiar, es la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las asambleas.”

Los jóvenes también participan en las labores del monte y el aprovechamiento forestal. “Les decimos que tienen que aprender a conservar porque ellos serán los responsables de cuidar el bosque en los próximos años,” destaca.

Conservación de la biodiversidad

En Santiago Xiacuí los comuneros tienen un fuerte interés en la conservación del bosque de la biodiversidad ya que la sustentabilidad de la empresa depende precisamente del mantenimiento de las funciones de los ecosistemas. Si los trabajos productivos no se realizan con mucho cuidado se estarán poniendo en riesgo las futuras cosechas y la calidad de la madera que se aprovecharán en los próximos años. Los mismos comuneros se reclaman cuando alguien tira un árbol sin las medidas y precauciones ambientales necesarias.

“Ya no nos preocupamos mucho por las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), nosotros mismos vigilamos que todos hagamos bien las cosas. Es una responsabilidad de los comuneros,” asevera el presidente del consejo de vigilancia.

Las comunidades indígenas, custodias de los bosques y la biodiversidad

Comunidades indigenas










Sinopsis:

Comunidades indigenas

  • 9 de agosto, Día internacional de los pueblos indígenas

Las comunidades locales y los pueblos indígenas de México son actores fundamentales para la conservación de la enorme riqueza cultural y natural de nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 39 por ciento de los bosques y 60 por ciento de las selvas se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.

En el marco del Día internacional de los pueblos indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, vale la pena subrayar que en México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), alrededor de 5 millones de personas pertenecientes a alguna etnia habitan en ecosistemas forestales, es decir, más de 41 por ciento de la población indígena vive y depende en gran medida de los bosques para satisfacer sus necesidades de alimentación y generación de ingresos, entre otras.

Muchas de las comunidades originarias, dueñas o legítimas poseedoras de los bosques y selvas del país, viven en condiciones de pobreza y marginación. Viven en pobreza a pesar de la gran riqueza natural que poseen. Esto se debe, entre otras cosas, a un conjunto de elementos que obstaculiza su desarrollo y a la falta de opciones para aprovechar y potenciar sus capacidades productivas.

No obstante, existen muchos ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales indígenas que a través de su arraigo a la tierra y del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales han logrado consolidar empresas comunitarias, como los ejidos de Amanalco, en Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo, en Michoacán; o el Ejido Caobas, en Quintana Roo.  Así como estos ejemplos, operan en México más de 900 comunidades forestales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex. De hecho, 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que controlan en diferentes grados los procesos productivos.

Estas empresas forestales comunitarias, además de fomentar la conservación y el uso sustentable de sus bosques, han mejorado considerablemente el nivel de vida de sus comunidades, pues destinan un promedio de 30% de sus utilidades a obra social, como la construcción de escuelas, caminos, clínicas, tiendas de abastos, centros comunitarios, entre otras obras.

A diferencia de las empresas privadas, las empresas forestales comunitarias tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y generar empleos para los miembros de la comunidad y mantener las funciones ecológicas de sus bosques. Estas empresas han avanzado significativamente y mejorado sus prácticas silvícolas, de tal manera que el Forest Stewardship Council (FSC), la más importante entidad certificadora internacional, ha certificado el buen manejo de más de 900 mil hectáreas de bosques comunitarios del país. Adicional a esa cifra, cerca de 5 millones de hectáreas de estos ecosistemas están bajo diversos esquemas de manejo forestal administrados por comunidades campesinas e indígenas, de acuerdo con el Programa Estratégico Forestal 2025 de México.

Estos modelos de producción sustentable han enfrentado en años recientes serios problemas y una serie de trabas que obstaculizan el pleno derecho de las comunidades a manejar sus territorios. Los complicados y caros procesos de tramitación de permisos de aprovechamiento forestal, la excesiva carga fiscal y regulatoria, la persecución de autoridades de inspección y vigilancia; junto con una orientación equivocada de los programas de subsidio, son causantes del debilitamiento de diversas iniciativas comunitarios vinculadas al aprovechamiento de los bosques.

A propósito de la conmemoración del décimo aniversario de la Declaratoria de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en cuya elaboración México participó, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a promover decididamente el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas del país. Es urgente hacer una revisión crítica de la intervención gubernamental en las zonas rurales e indígenas, pues a lo largo de los años se ha puesto énfasis en el desarrollo de programas asistenciales y subsidio al consumo, lo que ha resultado contraproducente y ha generado graves daños a las economías locales.

“Llegamos a los 10 años de esta declaratoria y nos encontramos con la ausencia de un compromiso gubernamental para el impulso a la producción rural campesina. La política pública hacia las regiones campesinas ha provocado el despojo de tierras, favoreciendo el desarrollo e inversión de grandes proyectos agroindustriales privados sobre territorios indígenas y campesinos. Esto no sólo contraviene los principios de la Declaratoria, sino que además ha roto el tejido social de las comunidades, destruido sus recursos naturales y sus modos de vida tradicionales y mermado su calidad de vida”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del CCMSS.

De acuerdo con el artículo 29 de la Declaratoria de ONU, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”. Esto además es congruente con lo que señala el artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Estos principios y derechos, entre otros, claramente están siendo infringidos en México, donde los pueblos indígenas hoy enfrentan fuertes presiones para obligarlos a ceder sus territorios a mega-proyectos como las plantaciones de palma africana y el cultivo de la soya en Campeche; los desarrollos mineros en Guerrero y los desarrollos turísticos en las costas del Pacífico.

Es urgente instrumentar cambios profundos en la intervención gubernamental orientada a las comunidades campesinas e indígenas, y tomar las medidas necesarias para asegurar la alineación de la inversión pública hacia el campo ya que hasta ahora ésta se ha quedado en los discursos y en la retórica. Hoy cada dependencia opera de manera aislada, sectorialmente, sin la voluntad de coordinar acciones, sin un enfoque de desarrollo territorial y con programas claramente contradictorios que resultan nocivas para las comunidades y sus territorios.

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Comunidad indígena de Oaxaca conserva su bosque para mantener viva su cultura e identidad











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La comunidad indígena de Santa Cruz Tepetotutla, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, conserva más de 9 mil hectáreas de bosques comunitarios. “Nosotros amamos nuestro espacio, valoramos los beneficios que nos ofrecen los recursos naturales y con el ánimo de retener a nuestros hijos en nuestro territorio, decidimos emprender un programa de conservación voluntaria del bosque,” asegura Pedro Osorio Hernández, que actualmente es guía de ecoturismo en la comunidad y ha sido presidente de bienes comunales.

Conservar el bosque no significa que uno no pueda entrar ni tocarlo, se trata de hacer actividades productivas sustentables que no le generen impactos negativos.  Por ejemplo, explica Pedro, “nosotros producimos miel, café y madera, pero además hacemos conservas y mermeladas y recolectamos leña, frutos y hongos del bosque sin dañarlo.” Asimismo, cuentan con rutas de senderismo y actividades de ecoturismo que generan ingresos y empleos para la comunidad.

Esta comunidad indígena ve en el manejo sustentable de su territorio una oportunidad de conservar su identidad cultural a través del manejo de sus recursos naturales. “La conservación le da un valor agregado a nuestro espacio, y eso es bueno porque queremos generar ingresos y empleos sustentables para mantener viva nuestra cultura y biodiversidad,” destaca.

Pedro Osorio plantea que para Santa Cruz Tepetotutla “es un gran orgullo, conservar nuestro bosque con actividades sustentables, porque somos comunidades marginadas y si no generamos empleos en nuestra comunidad tendríamos que migrar a otros espacios, y como no tenemos estudios ni recursos, nos es muy complicada la vida en otros lados.”

En cambio, “en nuestro territorio nosotros somos autoridades y tenemos control de nuestros recursos. No nos discriminamos en nuestra propia comunidad, como sí ocurre cuando tenemos que migrar a buscar trabajo,” subraya.

Llevar a cabo actividades de conservación del territorio, ha sido una decisión colectiva de mucha importancia. Santa Cruz Tepetotutla, comunidad indígena chinanteca, también decidió formalizar su decisión de destinar una importante área de su territorio a la conservación y gestionó su registro ante la CONANP como una Área Destinada Voluntariamente a  la Conservación (ADVC).  Este registro ha convertido a este territorio comunitario en una “Área Protegida” formalmente, pero con la diferencia de que esta es propiedad de la comunidad y es administrada por los comuneros.  Así Santa Cruz se suma a las 385 ADVC que se tienen registradas en México con una superficie que supera ya las 400 mil hectáreas.

En esta Área de Conservación Voluntaria no solo se trata de mantener en pie su bosques y biodiversidad para la provisión de servicios ecosistémicos, como la recarga de mantos acuíferos, generación de aire limpio, captura de carbono, belleza escénica, entre muchos otros; sino que “al conservar nuestro espacio conservamos nuestra cultura, tradiciones, fiestas y gastronomía. A eso nos referimos con conservación, al manejo integrado del territorio para que se mantenga, para que contribuya al bienestar de la sociedad actual y para dejarlo como legado para nuestros hijos y nietos.”

La comunidad de Santa Cruz tiene una población de 700 habitantes y una superficie de 11 mil hectáreas, de las cuales 9 mil 570 están destinadas a la conservación. Sin embargo, no son los únicos que creen en este mecanismo de conservación activa de sus bosques y recursos naturales, junto con otras tres comunidades conforman un corredor regional de bosques destinados a la conservación de más de 26 mil hectáreas. Este corredor lo integran, además de Santa Cruz, San Antonio del Barrio, San Antonio Analco y San Pedro Tlatepusco.

Esta iniciativa comunitaria lleva operando ya más de 10 años y ha contado con el apoyo decidido de Geo Conservación una asociación civil comprometida con el desarrollo sustentable de las comunidades oaxaqueñas y que es parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Iniciativas como estas existen pocas, pero nos muestran la importancia del papel que juegan las comunidades locales en la conservación del capital natural y la importancia de generar políticas públicas que favorezcan el desarrollo comunitario e impulsen la gestión sustentable de los territorios comunitarios.

Impulsar el empoderamiento de las comunidades rurales, la mejor herramienta para detener la degradación y desertificación











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Las principales causas de desertificación se asocian con la deforestación, la agricultura industrial de monocultivos y con un uso intensivo de pesticidas; además del cambio de uso del suelo y las prácticas de ganadería extensiva, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, la falta de planificación y ordenamiento territorial y el abandono de los conocimientos tradicionales para el uso y conservación de los recursos naturales propician la degradación de los suelos y aceleran la desertificación.

En el marco de la conmemoración del Día mundial de combate a la desertificación y la sequía, la FAO refirió que “tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. Sin embargo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afecta a la productividad de la tierra y contribuye, en consecuencia, al fenómeno de la migración y abandono de las tierras.”

Por lo tanto, la propia FAO recomienda “la creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, permanecer en sus hogares y tener medios de vida más resilientes, esto es un componente crucial para poder equilibrar el fenómeno migratorio frente a los efectos de la degradación de la tierra.”

En México la degradación de la cubierta vegetal, con grados que van de ligeros a extremos, asciende a 105 millones 799 mil de hectáreas, es decir, el 54 por ciento del territorio nacional. De estos, 39 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera; 7 millones 837 mil (4% del país) tienen degradación moderada; 52 millones 900 mil hectáreas (27% del país) con degradación severa y 5. Millones 878 mil hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.

Las comunidades y ejidos, con una alta proporción de población indígena, cuentan con la titularidad de la tierra, pero la carencia de instrumentos de política pública de fomento al desarrollo de capacidades para el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, ha impedido su desarrollo y ha provocado deforestación y la degradación de los bosques, las selvas y los suelos.

Actualmente, hay muchas opciones tecnológicas y de conocimiento que pueden dar respuestas al problema de la degradación de los suelos y la desertificación, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos. Esto puede lograrse, según nos señala la FAO, “mediante una mejor integración de los sistemas de cultivo, de ganadería, de los bosques, y un uso más eficiente de recursos limitados como el agua y los nutrientes del suelo.”

No obstante, para tomar estas medidas en la escala pertinente y facilitar su adopción, es necesario que se tomen en cuenta las aportaciones y el conocimiento de las comunidades, así como contar con datos científicos sólidos.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al desarrollo de capacidades para el manejo integrado de los territorios, que permitan el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos a las comunidades rurales.

Asimismo, se requiere estimular los programas de restauración y regeneración de suelos, bosques y selvas degradadas. Está ampliamente demostrado que cuando las comunidades rurales y los pueblos indígenas cuentan con una gobernanza sólida, se detiene la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.

Comunidades recuperan el bosque del Cofre de Perote y dotan de agua a la región

Comunidades recuperan el bosque del Cofre de Perote y dotan de agua a la region










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A unos días de poner en marcha su empresa comunitaria de purificación y embotellado de agua, el comisariado del Ejido Ingenio El Rosario, en el municipio de Xico, Veracruz, Pedro Olvera Miranda comenta que esto es posible gracias a que hoy día se tiene agua de calidad que escurre del Cofre de Perote. Un volcán que alcanza los 4 mil 200 metros de altura y que en 2008 sufrió un severo incendio que arrasó con más de tres mil hectáreas del bosque que cubre sus laderas.

Jaime Crespo Báez, ejidatario de Ingenio El Rosario, relata que luego del incendio del 2008 que duró cuatro meses, en el que se perdió la cobertura vegetal y se redujo considerablemente la infiltración de agua, “muchos ojos de agua y manantiales se secaron porque ya no había arboles ni material vegetal que permitieran la recarga de agua en temporada de lluvias.”

Al no haber arbolado para frenar el escurrimiento del agua cuando se presentaban lluvias fuertes la corriente arrastraba suelo, piedras y troncos. “Se llevaba todo lo que se encontraba a su paso, erosionaba los terrenos y ponía en riesgo a la gente que vivimos abajo,” detalla Jaime.

Explica que luego del incendio, se diseñó un plan para la restauración de las zonas afectadas. Este programa, impulsado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, contó con la participación entusiasta de la gente de los ejidos y ha logrado recuperar la cobertura vegetal, la fauna silvestre y la recarga de los mantos freáticos que dotan de agua a la población local y a la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz.

Como parte del programa de restauración de las zonas afectadas del volcán se han llevado a cabo, durante los últimos 7 años, una estrategia que incluye intensos trabajos de reforestación, acomodo de material vegetal muerto; elaboración de brechas corta fuego, armado de represas de troncos y de piedra para la retención del suelo; y muy importante, refiere Jaime Crespo, la construcción de pequeñas obras para la captación e infiltración de agua.

Ahora que nuevamente cuentan con agua de muy buena calidad, y con los ingresos que han logrado generar en el ejido Ingenio El Rosario con sus trabajos de manejo y aprovechamiento forestal, decidieron emprender el proyecto de la creación y puesta en marcha de la purificadora y embotelladora de agua.

La asamblea del ejido designó a un grupo de 11 de los 36 ejidatarios que la componen para la puesta en marcha del proyecto.

Comenzaron con la realización de un estudio de mercado para conocer la viabilidad de comercializar garrafones de agua en la región. Posteriormente, pulieron su proyecto, gestionaron un subsidio federal de 100 mil pesos, que junto con una inversión de 350 mil pesos que puso el ejido, les sirvió para la compra de la maquinaria para el embotellado, los filtros para la purificación y los garrafones de 20 litros.

El presidente del comisariado de Ingenio El Rosario detalla que el costo de producción de cada garrafón de 20 litros será de 5 pesos, más otros 3 pesos para la comercialización y distribución. “En total sale cada garrafón en 8 pesos y tenemos previsto venderlos en 15, lo que nos deja un buen margen de ganancia para pagar los salarios de los trabajadores, que serán miembros del propio ejido.

Más que generar riqueza, lo que se pretende con estos proyectos productivos comunitarios es generar empleos para los pobladores y evitar que los jóvenes tengan que emigrar y alejarse de sus familias.

El bosque para nosotros es todo. Nos da de comer con el aprovechamiento; nos da trabajo, nos da aire limpio y fresco; y nos da agua limpia para consumo, para la siembra y para nuestros animales,” enfatiza Jaime Crespo Báez.

Del tepetate al verdor de un bosque: Manejo forestal comunitario en Acolihuía

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Sinopsis:

Del calor abrazador y la aridez de los suelos de tepetate, un ejido del estado de Puebla logró el verdor y la frescura de un bosque joven en terrenos que durante décadas fueron degradados por actividades de ganadería intensiva.

Además, gracias a sus actividades de manejo y aprovechamiento forestal en su bosque natural han generado ingresos para el mejoramiento de la infraestructura del ejido en beneficio de todos los habitantes.

En el ejido Acolihuia, perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla, llevan más de 28 años manejando su bosque bajo un esquema de manejo forestal comunitario, los 384 ejidatarios se organizan en 32 grupos, conformados por 12 personas cada uno, para realizar trabajos de mantenimiento en el monte.

En este ejido no hay problemas de tala ilegal ni de incendios. Todos los días del año hay, al menos, una cuadrilla que da rondines de vigilancia en el bosque y realiza trabajos de reforestación, poda, chapeo y pre-aclareo que permiten una regeneración más rápida de las zonas intervenidas del bosque. Asimismo, con estos trabajos previenen la generación y propagación de incendios forestales.

En Acolihuia cuentan con 32 cuadrillas, una para cada día del mes, que realizan las actividades de cuidado del bosque que les son asignadas por el comisariado ejidal. Además, la denominada “cuadrilla 32”, se encarga de vigilar que los otros grupos cumplan con sus deberes en el monte y rinde informes de desempeño toda la asamblea.

En las 477 hectáreas de bosque natural con las que cuenta este ejido, se pueden apreciar sectores con distintos grados de crecimiento del arbolado, pues a lo largo de casi tres décadas han intervenido algunas áreas para la extracción de madera que venden en rollo a aserraderos de la región. Esto, siempre de acuerdo con las especificaciones técnicas de sus planes de manejo y autorizaciones de aprovechamiento aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Todas las áreas intervenidas ya se encuentran en proceso de regeneración gracias a las actividades de reforestación y seguimiento del crecimiento de los árboles que realizan los ejidatarios y el técnico forestal. De hecho, las zonas que fueron cosechadas hace 15 años o más, parece que nunca fueron intervenidas por las excelentes tasas de crecimiento del arbolado.

Rogelio Carmona Lozada, presidente del comisariado de Acolihuia, refiere que su permiso de aprovechamiento vigente, que va en la octava anualidad, les permite extraer 4 mil 500 metros cúbicos de madera por año, con un valor aproximado de 5 millones de pesos. Los ingresos obtenidos por la venta de la madera se reparten, por igual, entre todos los ejidatarios, y una parte de esos recursos se destinan a obras para el mejoramiento del propio ejido.

“Ocupamos dinero para reparación de caminos, alumbrado y mejoramiento de escuelas,” acota Rogelio Carmona.

Explica que no han podido avanzar hacia la construcción y puesta en marcha de un aserradero, en el cual pudiesen transformar las trozas de madera en tablas o tarimas y obtener aún mejores ingresos. Esto, por la desventaja competitiva en la que se encuentran; ya que en el mercado circula mucha madera de origen ilegal que se vende a un precio hasta 35 por ciento más bajo y así, resulta inviable vender la madera aserrada.

Los planes de manejo forestal comunitario cuentan con estudios de impacto ambiental y con base en la densidad y características del bosque se determinan las tasas de intensidad de corta. Además, cuando se llevan a cabo los trabajos de aprovechamiento de la madera, no se tiran todos los árboles, se dejan en pie aquellos que tienen nidos y madrigueras de la fauna silvestre.

“Ponemos algunos troncos y ramas que les pueden servir de refugio a los animales que transitan por este bosque y no permitimos que se pongan cercas en los predios para no obstruir el paso de los animales. Con esto contribuimos a la conservación de la biodiversidad,” detalla Carlos Pérez Sebastián, asesor técnico del Ejido Acolihuia.

Añade que además de conservar el bosque con el manejo forestal comunitario, el ejido coadyuva en la provisión de servicios ambientales como la infiltración de agua para la recarga de los mantos acuíferos, la captura de carbono, la purificación del aire y la belleza escénica.

Regeneración y recuperación de suelos

El ejido cuenta con otro polígono de 550 hectáreas, que hasta hace 10 años se encontraban en terribles condiciones de degradación, producto de prácticas insostenibles de pastoreo intensivo. Cabe mencionar, que el municipio de Chignahuapan es líder en el estado de Puebla en la producción de ovinos.

Sin embargo, no sin resistencia y gracias a los beneficios que los ejidatarios han obtenido del manejo y aprovechamiento forestal sustentable, decidieron emprender un proyecto de recuperación de esas tierras degradadas. Desde el año 2007 comenzaron sus actividades de reforestación con distintas variedades de pinos que son resistentes a la sequía y que no requieren de tantos nutrientes del suelo para crecer.

Al día de hoy, en las zonas del predio en las que los árboles han logrado un mejor crecimiento, de  cuatro metros, el suelo presenta síntomas de recuperación, la propia sombra que generan los árboles permite la retención de humedad y regula la temperatura. En contraste, a unos cuantos kilómetros, en las áreas de este polígono degradado que aún no han sido reforestadas se aprecia un paisaje de desolación, “árido, con suelos de tepetale,” refiere el ingeniero forestal, Carlos Pérez.

Los planes a corto y mediano plazo del ejido Acolihuia son seguir incorporando áreas de regeneración, para que las siguientes generaciones puedan manejar y aprovechar esos bosques que ellos mismos han sembrado.

Fotografías: Archivo CCMSS

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

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Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

¿Cuánto carbono almacenan los bosques comunitarios en México?

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Indispensable asegurar a las comunidades indígenas sus derechos de tenencia de la tierra para garantizar la conservación de los bosques y combatir el cambio climático











Sinopsis:

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El 11 de octubre de 2016 se reunieron expertos de diversos países en Washington, Estados Unidos, para abordar el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios para la conservación de los bosques, este evento representó una oportunidad única para que los participantes se reunieran y elaboraran estrategias sobre el papel del financiamiento del desarrollo en la consecución de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales para abordar la reducción de la pobreza, administrar la tierra, combatir la deforestación y el cambio climático.

En el foro denominado Asegurando los derechos de tenencia de la tierra para proteger los bosques y combatir el cambio climático: Explorando el papel de las finanzas para el desarrollo, representantes del Land Rights Now (LRN), institución co-organizadora del evento, señalaron que el objetivo central del evento fue el llamar a la Acción Global sobre los Derechos de las Tierras Indígenas y Comunitarias para duplicar el área de tierra reconocida como propiedad o controlada por los pueblos indígenas y las comunidades locales para el año 2020. En el evento se profundizó en cómo se puede orientar, coordinar y mejorar el financiamiento para el desarrollo y para ayudar a alcanzar este objetivo.

Kysseline Chérestal, Consejera de Política de Tierras en la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y miembro del Grupo de Dirección de LRN, expuso una visión general de la campaña de LRN, que se trata de un mecanismo coordinador para impulsar una acción conjunta para promover un mayor reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva.

En este sentido, el análisis elaborado por la RRI de 2015: ¿Quién posee la tierra del mundo? Demostró que, a nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen propiedad legal sólo del 10 por ciento de su tierra, a pesar de tener derechos consuetudinarios sobre más del 50 por ciento de las tierras del mundo. Esta brecha extraordinaria pone en riesgo su bienestar económico y social y los sitúa en primera línea para hacer frente a las crisis ambientales que resultan del cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, las mujeres son el sector de la población que se ven más afectadas adversamente en estas situaciones.

En su oportunidad, las presentaciones de los participantes de Kenya, Camerún, Perú y México dieron urgencia a la necesidad de otorgar más financiamiento que sitúe la tenencia de la tierra en el centro de su enfoque para aliviar las presiones externas y apoyar los medios de subsistencia derivados de los bosques y otros ecosistemas naturales.

Mientras que los presentadores del Perú destacaron que asegurar la tenencia colectiva de la tierra debe ser un objetivo en sí mismo y un primer paso para garantizar que las comunidades forestales puedan construir economías locales sostenibles.

El evento se desarrolló en dos paneles de expertos, el primer panel, denominado “El caso de los derechos de tenencia colectiva de la tierra” abordó los desafíos que dificultan el reconocimiento más amplio de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y exploró las mejores prácticas para apoyar la tenencia colectiva en proyectos y políticas de desarrollo.

Roberto Espinoza, Asesor Climático de la Asociación Paraguaya de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que “donde haya personas con derechos, habrá bosques vivos para siempre y para todos” y alentó a que mediante mecanismos de donación específicos, a través del marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se provean fondos directamente a los grupos indígenas y comunitarios para incrementar la gobernabilidad territorial, manejo y titulación de tierras indígenas.

Helen Ding, Economista Ambiental del World Resourses Institute (WRI) compartió nuevas investigaciones de un informe del WRI sobre los costos y beneficios de asegurar y mantener la tenencia de la tierra.

Indicó que los datos del estudio demuestran que los bosques indígenas autóctonos aseguran beneficios globales de biocombustibles en Bolivia, Brasil y Colombia que ascienden a un total de entre 25 a 34 mil millones de dólares en los próximos 20 años.

Yator Kiptum, del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, cuya comunidad forestal experimentó desalojos forzosos como resultado de un programa financiado por el Banco Mundial en Kenia, enfatizó que los derechos no deben estar en conflicto con la conservación, y pidió a las instituciones de financiamiento del desarrollo apoyar leyes y políticas que promuevan los derechos de los pueblos indígenas forestales a poseer y ocupar sus tierras ancestrales en bosques/áreas protegidas.

En tanto que Klaus Deininger, Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, promocionó el potencial del Marco de Evaluación de la Gobernabilidad de la Tierra (LGAF, por sus siglas en inglés) como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo financiero para ayudar a los diseñadores de políticas a generar y monitorear las reformas agrarias a nivel nacional.

En el segundo panel, titulado: Experiencias en el Manejo de Bosques y Otros Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se destacó la experiencia indígena y local en silvicultura y mitigación/adaptación al cambio climático y ofreció recomendaciones de la comunidad.

En su ponencia, Raúl Benet, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) de México, instó a los actores de las instituciones de financiación del desarrollo a transferir fondos de la reforestación a iniciativas forestales comunitarias que respalden los derechos a la tierra y eleven las voces comunitarias en la formulación de políticas públicas.

Cécile Ndjebet, Observadora de las Mujeres del Fondo Forestal para el Carbono y Presidenta de la Red Africana de Mujeres para la Gestión Comunitaria de Bosques (REFACOF), subrayó la necesidad de un enfoque de género para las cuestiones forestales y de tenencia de la tierra. Pidió mayor oportunidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.

Mientras que Henderson Rengifo, Presidente de AIDESEP del Perú, enfatizó la necesidad de apoyar no solo los derechos de tenencia indígena, sino también de las economías indígenas de “vida plena y buen vivir”, que implican una producción diversificada, un equilibrio holístico entre comunidad, naturaleza y cultura, respeto a la reciprocidad y participación equitativa en los beneficios entre todos los actores involucrados.

Por último, Gerardo Segura, del Banco Mundial, describió el papel actual del financiamiento del Banco Mundial en el apoyo a la gestión indígena y comunitaria de los recursos, así como sus planes para el apoyo continuo a través del Plan de Acción Forestal.

Algunas de las recomendaciones generadas por los participantes del Foro para avanzar en el reconocimiento de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y pueblos indígenas fueron las siguientes:

Agenda de financiamiento de desarrollo:

– Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deben crear y aumentar las contribuciones a las ventanillas de financiación para canalizar la inversión directa a las comunidades indígenas (por ejemplo, el Mecanismo de Subvenciones Dedicado, o DGM), centrándose en las contribuciones de las mujeres, así como en grupos indígenas que puedan liderar sus propias iniciativas de conservación de tierras, bosques y clima.

-IFD para cambiar los incentivos internos orientados en financiar factores impulsores de la deforestación y la apropiación de tierras, a incentivos que apoyen los derechos y economías de las tierras indígenas y comunitarias.

– Instituciones financieras de desarrollo (IFD)para trabajar juntos para aumentar la coherencia y la coordinación del apoyo de los donantes a las economías indígenas.

– IFD para proporcionar más apoyo y enfocarlo en la adaptación al clima y el papel de las mujeres en el logro de la resiliencia al cambio climático.

– IFD para llevar a cabo investigaciones futuras sobre los beneficios de asegurar los derechos de tenencia de indígenas y comunidades para informar su propia política y práctica.

Políticas

– IFD para abordar las salvaguardas las lagunas en la política de desarrollo de préstamos y préstamos a través de intermediarios financieros mediante la aplicación de salvaguardas fuertes de tenencia de tierras, bosques y climáticas entre los instrumentos de préstamo.

– IFD para fortalecer y alinear salvaguardas entre los distintos sectores e instituciones para proteger los derechos indígenas y comunitarios de la tierra.

– IFD para la evaluación de los distintas leyes y marcos normativos, a través de los sectores e instituciones sobre la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios existentes como parte del diseño de un proyecto.

 Diseño e implementación de proyectos:

– IFD para trabajar en incrementar el apoyo a la gobernabilidad territorial.

– IFD para incrementar el apoyo financiero para el fortalecimiento de las cuestiones de gobernanza en la tenencia de la tierra.

 – IFD para apoyar a los gobiernos a asegurar la titulación de tierras indígenas y el apoyo a las economías indígenas para que se integren en los planes y políticas nacionales.

– IFD para incorporar las voces indígenas y comunitarias en el diseño de proyectos, particularmente las de las mujeres.

– Mecanismos de rendición de cuentas para incrementar la capacidad de abordar el daño relacionado con la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios.

Posicionamiento del CCMSS ante la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica











Sinopsis:

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Del 2 al 17 de diciembre se llevará a cabo en Cancún la décimo tercera reunión de las partes de la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Esta cumbre reúne a representantes de 196 países y tiene entre otros objetivos el de establecer medidas estratégicas para el logro de Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y para integrar la biodiversidad en todos los sectores.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) considera de enorme importancia que se incluya en los acuerdos de esta COP, el reconocimiento explícito del manejo forestal comunitario y sustentable como un instrumento y mecanismo eficaz para la conservación de la biodiversidad y el logro de las metas de Aichi.

Esta cumbre es una oportunidad para mostrar al mundo la importancia que tiene el manejo activo y sustentable de los bosques y la gobernanza de los territorios forestales para la conservación de la biodiversidad, y para poner en la agenda de los tomadores de decisiones la importancia de priorizar, mediante políticas públicas y financiamiento, el desarrollo de esquemas de manejo sustentable de los territorios forestales comunitarios.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es un compromiso mundial de cumplimiento obligatorio (vinculante) en el que participan 196 países, incluido México, y que fue originalmente acordado en la Cumbre de Río de 1992.  Éste busca conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y garantizar el acceso equitativo a los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos. Es considerado uno de los principales instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible, ya que el ámbito al que se refiere abarca la conservación y el uso de los ecosistemas, las especies de animales, plantas, hongos, microorganismos y toda forma de vida, además de la diversidad genética.

Tal vez el principio rector más importante de este convenio es que el uso de los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos debe realizarse en beneficio de los seres humanos y debe llevarse a cabo de manera tal que no provoque la pérdida o deterioro de la diversidad biológica. El CDB aborda el ecosistema de manera integral, y se basa en el principio precautorio.

México es uno de los países del mundo con mayor diversidad biológica, y la biodiversidad mexicana tiene una singularidad muy importante: Cuando se considera la diversidad de ecosistemas, México aparece entre los cinco países más biodiversos del mundo. Y esto tiene implicaciones para el manejo y la conservación de la biodiversidad. El establecimiento de áreas naturales protegidas puede proteger a las especies que habitan en determinada área pero además deben de ponerse en marcha otras estrategias adicionales dado que en un territorio donde los ecosistemas cambian continua y significativamente formando mosaicos complejos a lo largo del territorio, los  esfuerzos de conservación deben basarse en una visión que contemple de manera integral la complejidad del territorio en su conjunto y debe considerar el manejo y el aprovechamiento de los recursos forestales como un elemento importante de la estrategia de conservación.

Otra particularidad de México en términos de su biodiversidad, es el hecho de que diversas culturas indígenas han habitado este territorio de manera ininterrumpida desde hace varios miles de años. Según el censo de población y vivienda 2010, la población indígena en México es de 15.7 millones de personas de al menos 67 grupos indígenas. La mayoría de las comunidades indígenas se asientan en regiones forestales ricas en biodiversidad. Actualmente, al menos la mitad de la superficie del país pertenece a núcleos agrarios ejidales o comunales. Cerca del ochenta por ciento de los bosques y selvas son de propiedad ejidal o comunal.

A lo largo de los siglos, y mediante su interacción y manejo, las comunidades han conformado de manera importante el entorno natural. Esto ha provocado una inmensa diversidad de variedades de especies utilizadas para todas las actividades humanas, y particularmente la alimentación. Como resultado de esta interacción y manejo del territorio por parte de las comunidades, Mesoamérica es uno de los grandes centros de origen y diversificación de los alimentos del mundo. La diversidad de variedades de maíz y frijol constituyen una fracción muy significativa de la base alimentaria del planeta, además de una cantidad importante de otros cereales, frutas y hortalizas (calabaza, amaranto, aguacate, tomate, chile, etc.).  El territorio mesoamericano es el reservorio natural de la diversidad genética de estas y muchas otras especies que tienen importancia mundial.

En el ámbito forestal, la biodiversidad de México también destaca por diversos motivos. En primer lugar, más de la mitad de su territorio está cubierta por selvas y bosques. Tenemos diversas formas de selva húmeda, de selva seca, de matorral, de bosque templado, de bosque mesófilo de montaña, además de los manglares y muchos otros ecosistemas catalogados como forestales. La riqueza de especies forestales de México es particularmente notable. México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas más de encino, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría de ellas utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos territorios, y muchas de ellas con un valor importante en el mercado. Una fracción muy significativa del territorio de México es eminentemente forestal.

Toda esta biodiversidad no sería posible de entender si no se considera el papel que han jugado las comunidades en su gestación, y el que juegan actualmente en su manejo y conservación.

El CCMSS, considera que la intervención gubernamental en las regiones forestales debe tomar en cuenta el derecho de las comunidades a poseer de manera legal y plena su territorio, y que debe respetarse su derecho a mantener el control sobre el manejo de dichos territorios. Consideramos equivocada la política gubernamental que establece pesadas regulaciones que atentan contra los derechos de acceso a los recursos por parte de las comunidades locales y que desestimulan a los dueños de los terrenos forestales a optar por la vía legal en el aprovechamiento de sus bosques.

El CCMSS considera fundamental la revisión de la política forestal que opera la actual administración de tal manera que se pueda avanzar hacia una simplificación de la gestión forestal que favorezca el manejo y la conservación de la biodiversidad.

Existe abundante evidencia científica y empírica que muestra que la cobertura forestal y los atributos ambientales, incluyendo la biodiversidad, la infiltración de agua y la captura de carbono, se encuentran en buen estado en los ejidos y comunidades que hacen un aprovechamiento activo de sus bosques. Los motivos que explican por qué resulta efectivo el manejo son bastante sencillos. Las actividades de sanidad, manejo del fuego, vigilancia, cuidado, protección y restauración necesarias para que un bosque se conserve sano tienen un costo y requieren de la participación de una gran cantidad de personas que tengan un interés y capacidad para el cuidado y vigilancia del bosque. Y las personas que habitan en los territorios tienen necesidades y son quienes conocen y viven del territorio. Si el bosque no rinde beneficios se abandona, lo que implica que se quemará, se plagará, se talará de manera perjudicial, o bien el bosque se sustituye por tierras que tengan otro valor productivo, como la ganadería, que en la mayor parte del país es la principal causa de deforestación.

No obstante, la regulación mexicana impone a las iniciativas de manejo y aprovechamiento forestal un complejo esquema de trámites, requisitos y pagos de derechos que favorece su desarrollo.  Las comunidades forestales en México que han tenido planes de manejo forestal y operan sus propias empresas forestales, invierten sistemáticamente en el bienestar de sus bosques. Dentro de los planes de manejo, invariablemente existen atributos de valor especial o zonas que son destinadas a la conservación, además de que se establecen compromisos de restauración, atención a plagas e incendios, vigilancia, etc. En estos casos, las comunidades tienen recursos y estímulos para invertir en el cuidado de sus bosques.

En México existen cerca de mil empresas forestales comunitarias, y cada día más de ellas cuentan con certificación de buen manejo forestal bajo los mismos estándares de cuidado que se observan en países como Suecia o Finlandia, por mencionar algunos ejemplos.

Además de producir madera, las comunidades y ejidos que habitan y manejan los territorios forestales conservan y producen, de manera sustentable, productos como miel, pimienta, carbón, café, resina, ocote, cacao, mezcal, fibras, plantas medicinales, semillas, hongos y un sinnúmero de productos que conforman una parte sustantiva de la biodiversidad.

Por todo lo anterior existe un sólido fundamento histórico, legal y funcional que sustenta la noción de que la mejor forma de conservar la biodiversidad y contribuir a mejorar las condiciones en las que viven las poblaciones rurales, es mediante el manejo activo de sus bosques.

Cualquier decisión que tome la Convención para la Diversidad Biológica tiene que considerar los derechos, las capacidades y las oportunidades que significan las comunidades locales para la conservación y manejo de la biodiversidad.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estará organizando y participando en actividades dentro y en torno a la COP 13, como un Side Event en el que se compartirán experiencias exitosas que muestran la importancia del manejo forestal comunitario e indígena en la conservación de la biodiversidad en México y Centroamérica.

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Manejo forestal comunitario en el Nevado de Toluca como parte fundamental de la estrategia de conservación del bosque











Sinopsis:

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El primero de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan de Manejo del Área de Conservación de Flora y Fauna Nevado de Toluca. El Plan de Manejo incluye un diagnóstico detallado de la situación de deterioro a la que lo han llevado ocho décadas de abandono y mal manejo del Parque Nacional. Como resultado de una política prohibicionista, sectorizada y carente de una visión integral del territorio, que no ha permitido a los ejidos y comunidades contar con programas de aprovechamiento basados en modelos silvícolas sustentables, hay extensas zonas plagadas con muérdago y descortezadores, además de tala clandestina, cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería y asentamientos humanos desordenados, y otros impactos negativos.

El plan de manejo de la nueva Área de Protección de Flora y Fauna, busca abordar las causas de la deforestación mediante una propuesta integral que incluye la delimitación de zonas de protección, de uso restringido, de preservación, de recuperación, zonas de aprovechamiento para usos forestales y agropecuarios y zonas de uso público de turismo sustentable.

Reconoce también zonas de asentamientos humanos que existen en la región desde tiempos ancestrales y otras de origen más reciente. Todos estos usos de suelo ocurren actualmente, y el plan de manejo busca armonizarlos en una estrategia de sustentabilidad. Es importante aclarar que el Plan de Manejo del Parque establece zonas para diferentes actividades, pero no constituye en sí una autorización para el aprovechamiento de los recursos. Esta autorización debe provenir de un estudio y un plan de aprovechamiento específico que se elabora para cada caso, para cada ejido o comunidad y que debe basarse en estudios detallados de biodiversidad, tasas de crecimiento, tipos de suelo, pendientes, etc. Así como de la definición de un modelo silvícola apropiado que incluya las medidas de restauración, cuidado y vigilancia necesarias para preservar el bosque.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), así como otras instituciones civiles y académicas, han documentado y respaldado en todo el país iniciativas de manejo forestal comunitario como una estrategia fundamental para la conservación de los ecosistemas forestales. Más de 2,400 ejidos y comunidades llevan a cabo manejo forestal en el país, y cerca de mil cuentan con empresas forestales comunitarias.

Los Parques Nacionales y áreas protegidas deben contar con planes de manejo que permitan a las comunidades y ejidos el aprovechamiento forestal sustentable, por lo que la inclusión de esta categoría en varias sub zonas dentro del Plan del Nevado de Toluca parece un acierto.

La Unión de Ejidos Emiliano Zapata en la región de Amanalco, que incluye varios ejidos dentro del área del Nevado de Toluca, tiene cerca de 35 años llevando a cabo un aprovechamiento forestal basado en planes de manejo. La región manejada por los ejidos de esta Unión, donde se lleva a cabo aprovechamiento maderable, tiene actualmente una tasa de deforestación cero, es decir, en la zona bajo su manejo no existe deforestación, pese a que se extraen productos forestales maderables.

Esto se logra mediante la implementación de un modelo silvícola que incluye el conocimiento y observancia de la tasas de incremento de la masa forestal, la implementación de actividades de silvicultura, como podas y aclareos, además de la instrumentación de programas de manejo del fuego, control y combate de plagas, restauración de suelos, promoción del renuevo natural y respaldo con reforestación cuando es necesario, además de vigilancia y de promoción de actividades agrícolas sustentables, como la agricultura orgánica en las zonas aledañas al bosque.

El aprovechamiento forestal permite a las comunidades tener empleos e ingresos, y comprometerse con las actividades necesarias para la conservación a largo plazo del recurso forestal.

El manejo integrado de varios ejidos de la cuenca de Amanalco a manos de la Unión de Ejidos, ha permitido recuperar servicios ambientales fundamentales, como la infiltración de agua y recarga de los acuíferos, recuperación de suelos y reversión de procesos de erosión, e incremento de la biomasa y la captura de carbono en los bosques.

El Manejo Forestal Sustentable incluye acciones de conservación y protección de los altos valores de conservación, es decir: hábitat para la biodiversidad, zonas de provisión de agua, sitios de valor cultural, ecosistemas frágiles, etc., y se basa en programas autorizados y auditados por las autoridades forestales.

La re-categorización del Nevado de Toluca y la publicación de su plan de manejo es sólo el primer paso; hay mucho más que las instituciones tendrán que hacer para garantizar un manejo forestal sustentable:

1.     Probosque, que es la institución que aprueba los Planes de Manejo Forestal en el Estado de México, tendrá que analizar cada uno de los planes que le presenten los ejidos y comunidades a partir de la zonificación establecida en el Plan de Manejo del APFF, utilizando criterios científicos y aplicando las mejores prácticas conocidas.

2.     Conafor debe promover que se elaboren PMF de la mayor calidad, ya que tiene recursos para financiar su elaboración y puede apoyar a las comunidades para que fortalezcan sus capacidades técnicas, financieras, gerenciales y comerciales. Además, tiene la oportunidad de promover la certificación internacional de mejores prácticas, como FSC con la que actualmente cuentan varios de los ejidos de la región de Amanalco.

3.     Semarnat debe agilizar y optimizar sus procesos de autorización en todas las etapas del proceso forestal.

4.     Profepa debe centrarse en evitar la tala y el comercio ilegal, que le hace una competencia desleal a los ejidos y comunidades que cumplen con toda la normatividad y protegen los bosques.

Y las organizaciones de la sociedad civil pueden acompañar los procesos comunitarios para impulsar el uso de mejores prácticas, las certificaciones de buen manejo forestal y apoyar la inserción de las EFC en los mercados.

Necesario fortalecer a comunidades rurales ante presiones extractivistas











Sinopsis:

México tiene una enorme riqueza en activos naturales, pero tiene un enorme reto para garantizar su sostenibilidad. Esto implica la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas y visiones que nos permitan tomar decisiones y generar políticas públicas para garantizar una gobernanza efectiva de los territorios y los recursos, planteó Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) que se imparte en la UNAM.

Durante su intervención en la apertura de los trabajos del seminario que se lleva a cabo en la Universidad, la especialista destacó que “las comunidades rurales son elementos clave para la gestión y conservación de recursos como el agua y los bosques; puesto que tenemos ejemplos exitosos de emprendimientos sociales en la materia desde los años 80 y 90.”

“Solo la sociedad civil, somos quienes podemos plantar cara contra las iniciativas extractivistas y privatizadoras de bienes de uso común, como el agua,” enfatizó Ugo Mattei, investigador y profesor de la Universidad de Turín, Italia.

Soluciones integrales e interdisciplinarias

En la primera sesión del SUSMAI, que centró la discusión en el tema de la defensa del acceso social al agua, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para asegurar un libre acceso al agua es necesario romper con una tradición de más de 30 años de un paradigma economicista de gestión de los recursos, en el que todo gira en torno de las reglas del mercado, porque “esto ha generado el desconocimiento de los derechos de los pueblos, el desmantelamiento de las instituciones sociales y el expansionismo de la privatización de bienes de uso común como el agua.”

“Desafortunadamente, México es emblemático en sus transformaciones jurídicas a favor de la acumulación y el extractivismo como la ley minera, la de inversión extranjera; las reformas privatizadoras, como la energética,” lamentó el investigador.

Otro de los retos para generar soluciones que nos permitan garantizar el acceso al agua, tal cual se establece en el artículo cuarto de la Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”; “es necesario que la academia trabaje de manera interdisciplinaria, y parece que los especialistas de las distintas áreas del conocimiento se están comenzando a entender mutuamente y están comenzando a generar paradigmas teóricos y soluciones de forma conjunta”, resaltó Luis Zambrano, titular del Instituto de Biología de la UNAM.

Explicó que “la fragmentación del conocimiento generó efectos en otros niveles, como la segmentación de las relaciones personales y la separación de las personas mismas. Para atender los problemas sociales y locales es necesario juntar diversas áreas del conocimiento y generar confianza entre estas para poder actuar con un enfoque integral.”

Visión de cuenca y gestión integrada del territorio

Por su parte, Raúl Pineda, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) subrayó la importancia de atender las problemáticas socio-ambientales desde una visión de cuenca, con delimitaciones marcadas por las propias dinámicas naturales.

Precisó que “la cuenca nos ofrece una visión integrada de las presiones sobre los territorios y sus recursos: como el agua.”

Desde un enfoque de cuenca, agregó, “podremos encontrar mejores soluciones para la gestión de los recursos y el desarrollo de las comunidades que las habitan, además todos habitamos una cuenca.”

Garantizar el acceso al agua

Para garantizar la disponibilidad y acceso al agua es necesario prestar particular atención a las dos industrias más perversas: la minería y el fracking, aseveró Marisa Mazarí, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Comentó que es contradictorio que se quieran cumplir con metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y al mismo tiempo se brinden tantas facilidades para la extracción minera y la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Sobre este tema, Ugo Mattei detalló que “privilegiar la privatización de los recursos es uno de los más grandes errores. El agua es un bien común que no se puede comercializar, ni gobernarse de acuerdo con las reglas del mercado. Porque desde una visión privada y de mercado, si yo vendiera agua, tendría que hacer todo lo posible por vender la mayor cantidad al menor costo de producción y eso es insustentable con el agua”.

*Fotografía: Arturo Campos Cedillo

¿Qué nos dejó la Expo Forestal 2016 en beneficio del aprovechamiento forestal sustentable en México?











Sinopsis:

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En la celebración de la Expo Forestal 2016, uno de los eventos más importantes del sector en México, el gobierno federal hizo dos anuncios que podrían tener repercusiones favorables o contraproducentes para la productividad forestal del país. Por un lado, la discusión en el congreso de una iniciativa de reforma a la ley general de desarrollo forestal sustentable, y por otro, la firma de un convenio para el aprovechamiento forestal sustentable en Áreas Naturales Protegidas.

Durante la inauguración del evento, el Secretario de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, habló sobre la discusión en el Congreso de una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual, entre otras cosas, contempla transferir de la Semarnat a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la responsabilidad de la emisión de autorizaciones para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, con lo cual, explicó el funcionario, se simplificarían los trámites y se reducirían los tiempos para la expedición de dichas autorizaciones de manejo y aprovechamiento.

Esta propuesta, admitió, pretende eliminar la sobrerregulación que permea al sector; agilizar los procedimientos para la transportación de los productos forestales y modernizar a las instituciones: ceder a la Conafor muchas de las funciones de autoridad relacionadas con temas forestales.

En su intervención también destacó que “México es un país con un potencial forestal como ningún otro en el mundo, y este sector puede ser un eje para el desarrollo;” también precisó que “tenemos que dejar el modelo agotado del conservar sin tocar y avanzar en el aprovechamiento forestal sustentable.”

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Aprovechamiento forestal en ANP

Durante la inauguración de la Expo Forestal el 12 de octubre, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración denominado: Estrategia nacional para el desarrollo forestal en Áreas Naturales Protegidas, entre la Conafor y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), que tiene como objetivo incentivar el manejo y aprovechamiento forestal en ANPs terrestres con cobertura forestal y, de esta forma, contribuir a reducir el déficit que presenta México en este sector.

El titular de la Conamp, Alejandro Del Mazo Maza, explicó que la estrategia permite desarrollar un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, tanto maderables como no maderables; y esto lo hacemos porque hay muchos bosques que requieren del manejo, porque les significa un beneficio para evitar incendios, evitar la presencia de plagas y conservar la biodiversidad.

Se hizo un análisis de criterio de qué es lo que ya se hace en muchas de las ANPs y el potencial que tienen muchas de ellas para el manejo forestal y la generación de ingresos para las comunidades que las habitan. Derivado del análisis, en este primer año de prueba piloto de la estrategia se contempla un plan de acción conjunta mediante la coordinación entre instituciones y diversas organizaciones, con recomendaciones y líneas estratégicas sobre manejo de fuego, aspectos fitosanitarios, restauración ecológica, investigación y planeación, monitoreo, desarrollo y fortalecimiento de empresas forestales comunitarias y grupos de trabajo; comercialización, certificación y etiquetado de productos forestales; restauración y monitoreo de ecosistemas forestales y pago por servicios ambientales en las ANP.

De acuerdo con un comunicado de la Conamp, en una primera fase, la Estrategia se implementará en las Áreas Naturales Protegidas: Reservas de la Biosfera Calakmul, Campeche; Mariposa Monarca, Michoacán; La Sepultura, Chiapas; y Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca; y en las Áreas de Protección de Flora y Fauna Papigochic-Tutuaca, Chihuahua.

Estas “ANP fueron seleccionadas por tener las mejores condiciones para la coordinación institucional y por requerir medidas eficaces para asegurar que las actividades forestales sean las apropiadas y, sobre todo, sustentables.”

Algunos de los principios generales para el aprovechamiento forestal compatible con la conservación de la biodiversidad, refiere el comunicado, destacan que los programas de manejo forestal deben incorporar explícitamente los objetivos de conservación de la biodiversidad en las operaciones forestales y se deben proteger los hábitats, así como sus componentes para prevenir, mitigar o remediar impactos ambientales sobre la vegetación residual, suelo y cuerpos de agua.

Esta estrategia para el aprovechamiento forestal sustentable en ANPs pretende mitigar los muy probables impactos negativos que traerá el recorte presupuestal del próximo año, que ascienden a más del 25 por ciento a la Conamp y 62 por ciento a la Conafor, y que se verán reflejados en una mucho menor asignación de recursos a los distintos programas de ambas dependencias, admitió en entrevista Alejandro Del Mazo.

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Integración de la Biodiversidad al manejo forestal sustentable en México

Por su parte, el Doctor José Sarukhán, titular de la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (Conabio), resaltó en su conferencia magistral que “México es un país eminentemente forestal y no agrícola, que tiene la mayor cantidad de especies de pino, sin ser centro de origen de los pinos y que estas especies crecen a tasas impresionantes, incluso mayores que en los países nórdicos.

Subrayó que el país ha avanzado mucho en el manejo forestal comunitario, pues es la nación con el mayor número de empresas forestales comunitarias y que algunas regiones como la sierra de Oaxaca, las comunidades han logrado consolidar el modelo de aprovechamiento forestal sustentable con buenas prácticas de integración y conservación de la biodiversidad en la que se procura afectar en lo más mínimo los hábitats de las especies y estableciendo áreas de conservación; con lo cual, han alcanzado mejores niveles de bienestar comunitario.

Asimismo, subrayó la importancia de la puesta en marcha del Sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad, que permite identificar la presencia de especies y conocerlas de mejor forma. Esto ayuda a sensibilizar a las personas para procurar su conservación.

En su ponencia, Sarukhán Kermez, resaltó la necesidad de fortalecer a las empresas forestales comunitarias y combatir la sobrerregulación en el sector forestal, porque “no hay otra forma de detener el clandestinaje y la tala ilegal.

Apuntó que la sobrerregulación no ha limitado la ilegalidad en el sector forestal, puesto que “creo que el 50 por ciento de la madera que se comercializa se extrae de forma clandestina.” Lo que se debe hacer, precisó, es dar incentivos para promover el aprovechamiento forestal sustentable y reactivar la producción.

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Hacia un mercado forestal certificado vs el clandestinaje

En el marco de la Expo Forestal, celebrada en Guadalajara, Jalisco, también trascendió la firma de la Alianza Estratégica para el Desarrollo de la Cadena de Suministro del Forest Stewardship Council (FSC), entre el director de la Unión de Organizaciones de Forestaría Comunal (UNOFOC), Ramiro Robledo Márquez; el presidente de Maderas y Más, Vinicio López Terrones; el director de Reforestamos México, Ernesto Herrera Guerra y el presidente de la Alianza de Ejidos y Comunidades Forestales Certificadas de México (ECOFORCE).

Esta Alianza tiene la finalidad de reducir la tala ilegal en bosques y selvas mediante la certificación y el comercio de madera proveniente de fuentes sustentables, porque permite que productores de madera incrementen la comercialización de sus productos certificados.

Asimismo, se pretende fomentar el consumo de productos maderables certificados en las industrias que emplean insumos forestales maderables y no maderables; fortalecer la iniciativa comercial de desarrollo de cadena de suministro y reforzar las capacidades productivas y comerciales de los ejidos.

El representante nacional de la certificadora FSC, Luis Alfonso Argüelles Suárez, detalló que en México existen cinco entidades certificadoras que impulsan el manejo de una etiqueta forestal que incluye un código de rastreo para que el consumidor conozca el manejo de la madera durante todo su proceso.

En México ya hay más de un millón de hectáreas de bosque certificadas bajo el estándar internacional del FSC en manejo forestal comunitario. Esta superficie ubica al país a la cabeza en este rubro a nivel mundial.

Cuando el cardenismo inventó el desarrollo sustentable











Sinopsis:

cardenas-indio_chicaUn texto de Emily Wakild

Como saben todos los mexicanos, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. El 18 de marzo de 1938, leyó el decreto en la radio y a fecha se convirtió en un sinónimo de independencia económica y orgullo revolucionario. Pero al día siguiente, Cárdenas tuvo un gesto mucho menos espectacular, que reveló otro lado igualmente importante de su presidencia. Se levantó temprano, reunió a su esposa e hijos y a algunos amigos y se fue manejando hasta el Parque Nacional Nevado de Toluca. Cárdenas mismo había ordenado la creación del Parque dos años antes, y su estancia ahí recalcó la importancia que daba a los recursos naturales, incluyendo al petróleo, pero mucho más allá de los hidrocarburos. Después de un día de picnic con su familia y de nadar en los lagos alpinos, de hacer excursiones por el bosque, Cárdenas volvió a la ciudad, recuperado de la carrera contra las petroleras internacionales y listo para encarar a la nación y al mundo. Hoy, Pemex ha cambiado mucho su espíritu, y no siempre para bien. Es fundamental evitar que los parques nacionales y las áreas naturales protegidas que se fundaron con el cardenismo, pero que se han ampliado y mejorado desde entonces, corran la misma suerte. (más…)

Sociedad civil de AL rechaza que el Banco Mundial rebaje sus salvaguardas











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bancomundialEl Banco Mundial emprendió hace un tiempo un proceso de revisión de las salvaguardas sociales y ambientales que impone a los proyectos que financia. Por desgracia, esta revisión ha sido, hasta ahora, a la baja, reduciendo las exigencias marcadas y poniendo en riesgo a comunidades campesinas e indígenas, la biodiversidad y los servicios ambientales de los que todos dependemos. En vista de ello, dos centenares de organizaciones de la sociedad civil presentaron el posicionamiento que se reproduce aquí.

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¡Nueva colaboración en Eme Equis! Sobre ANP y desarrollo sustentable











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En tiempos en que las buenas noticias escasean, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha publicado en el Diario Oficial de la Federación los programas de manejo de varias  áreas naturales protegidas (ANP), trayendo por lo menos una esperanza de que algunas cosas  mejoren. En el caso de algunas ANP, es la primera vez que cuentan con un documento de su tipo,  aunque sus decretos tengan ya casi ocho décadas. En otros casos, lo publicado es una actualización muy necesaria. En muchos casos, además, se trata de programas muy novedosos,  que por fin incorporan un factor que se ha soslayado por demasiado tiempo: la presencia, al interior de las ANP, de comunidades y pueblos con derechos y necesidades.

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Mineras en ANP: hay concesiones sobre 10% de la superficie protegida











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chica-minasMéxico concesionó gran parte de sus áreas naturales protegidas a las empresas mineras, con el riesgo que ello implica para la biodiversidad que esas zonas debían salvaguardar. Un estudio recién publicado por la revista académica Environmental Science and Policy muestra que 75 por ciento de las áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biosfera, 47 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento de los santuarios y 15 de los parques nacionales tienen una concesión minera dentro de sus límites. En total, hay 1609 concesiones mineras en áreas naturales protegidas de México.

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Pagos por servicios ambientales en la Ciudad de México: insuficientes y mal comunicados











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Ajusco, por Pulpolux con licencia Creative CommonsLa Ciudad de México, aunque desde el mapa parece una sola mancha gris, tiene una enorme superficie forestal y rural. Esta área, llamada “suelo de conservación”, es crucial para el bienestar de la urbe, porque regula los cauces de agua y evita inundaciones, porque provee de agua potable a quienes habitan el Distrito Federal y ofrece un espacio de recreación. Sin embargo, está permanentemente amenazada por el descuido de sus bosques y por los asentamientos irregulares. Hablamos con Lucía Almeida Leñero, del Laboratorio de Ecosistemas de Montaña de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que dirigió una investigación sobre el tema que acaba de publicarse en la revista Land Use Policy.

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La naturaleza sí necesita a la gente. ¡Nueva colaboración en Eme Equis!











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nature-doesnt-need-people-1024x510Por suerte, cada vez hay más gente preocupada por conservar el medio ambiente y por sumarse y sumar a otros a la defensa de la biodiversidad, del agua, de la atmósfera. Por desgracia, muchos creen que la única forma de lograr esto es mantener los entornos naturales fuera del alcance del ser humano. El más reciente ejemplo de este malentendido es la campaña “Habla la naturaleza” de la organización ambientalista Conservación Internacional.

En esta campaña, que empezó a circular hace algunas semanas, media docena de estrellas de Hollywood personifican distintos entornos naturales y reprochan al ser humano su afán depredador. Kevin Spacey da voz a las selvas tropicales y habla sobre la madera que ofrecen, las medicinas que se pueden encontrar bajo su sombra, el aire que respiramos y que las selvas producen. Edward Norton da voz al suelo y reprocha a la humanidad: “Date cuenta de que me convierto en polvo y trátame con respeto”. Ambos, como Robert Redford, que da voz a una sequoia; Julia Roberts, que habla por la Madre Naturaleza, y otra media docena de actores, concluyen: “La selva no necesita a la gente, la gente necesita a la selva”. A pesar de sus buenas intenciones, la campaña olvida un punto fundamental: en las condiciones actuales, con la presión creciente sobre el bosque y otros ecosistemas y con el cambio climático que se recrudece cada vez más, la naturaleza sí necesita a los humanos.

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