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Contradicciones en política pública impiden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero











Sinopsis:

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Existe una contradicción evidente entre los compromisos internacionales en materia de cambio climático contraídos por México y las políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano que afectan al sector forestal.

México presenta un enorme potencial productivo y de captura de carbono, puesto que el 60 por ciento de la superficie nacional corresponde a ecosistemas forestales. No obstante, la intervención gubernamental en las regiones forestales ha sido errática y ineficaz para detener los procesos de deforestación impulsados por los grandes desarrollos y proyectos vinculados con la minería, el turismo y la agroindustria.

La administración gubernamental saliente se planteó reactivar la producción forestal para que las comunidades rurales encontraran alternativas de empleo alrededor del manejo del bosque, sin embargo, sus metas no se cumplieron; en cambio, tuvieron enormes avances las concesiones mineras sobre territorios forestales así como la siembra y cultivo del aguacate, el agave, la soya y la palma africana sobre terrenos que pocos años antes estuvieron cubiertos por bosques.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de México, elaborado y recientemente actualizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los bosques y selvas del territorio mexicano absorben 148 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que representa un 20 por ciento de las emisiones totales del país.

 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de México, actualizadas a 2015 suman 685 mil 959 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Por lo cual, descontando el volumen mitigado por los bosques y selvas, las emisiones netas generadas en nuestro país ascienden a 534 mil 613 millones de toneladas.

Por esta razón, la directora general del INECC, María Amparo Martínez Arrollo, señala que el manejo y conservación de los bosques y selvas debe de ser un eje rector de la política ambiental, debido a su importancia en términos de mitigación del cambio climático.

De acuerdo con la más reciente actualización del Inventario nacional, las actividades económicas que generan más emisiones de gases de efecto invernadero en el país son el sector energético –incluye actividades de quema de combustible y transporte—, con 480 mil 878 millones de toneladas de CO2e. En segundo lugar, se encuentra el sector ganadero que emite 71 millones de toneladas, lo cual representa el 10 por ciento de las emisiones totales del país.

Cabe señalar que la ganadería es uno de los principales factores que propician el cambio de uso de suelo en los territorios forestales, poniendo en riesgo la capacidad de mitigación de emisiones de México. Existe una abierta contradicción en política pública en tanto que las actividades ganaderas reciben una cantidad mayor de apoyos gubernamentales comparados con los que se ofrecen para incentivar el manejo y aprovechamiento forestal sustentable.

Ante las disparidades existentes entre los diferentes programas de incentivos gubernamentales, no sorprende que los propietarios de terrenos forestales opten por implementar otro tipo de actividades productivas distintas a la silvicultura sostenible, como son la agricultura y la ganadería, en detrimento de la conservación de bosques y selvas.

A pesar de los beneficios en términos ambientales y sociales que representa el manejo sustentable de los recursos forestales no existe un esquema de compensación apropiado para las comunidades que gestionan y conservan los bosques. La administración gubernamental en los últimos años eliminó, dentro de los ejes de política forestal, el impulso al manejo forestal comunitario. Un eje de política que permitió que en el pasado que mas de 900 ejidos y comunidades integraran su propia empresa forestal y se pudiera avanzar en una estrategia que logró poner bajo protección y manejo sustentable a mas de 8 millones de hectáreas de selvas y bosques.

Las actividades de conservación que realizan miles de ejidos y comunidades en sus territorios genera servicios ecosistémicos de calidad, como la absorción de carbono, la recarga de mantos freáticos, la conservación del suelo y la biodiversidad, la regulación de la temperatura e incluso la preservación de la belleza escénica. Por ello resulta de enorme importancia que las políticas forestales en México incluyan al manejo forestal comunitario como uno de los elementos fundamentales.

Los defensores ambientales en México, en riesgo eminente











Sinopsis:

En México se ha vivido una escalada en el número conflictos entre comunidades que defienden sus territorios y grandes inversionistas que desean implantar megaproyectos energéticos y agropecuarios insostenibles. Una serie de reformas estructurales en el marco legal del país, como la energética ha abierto la puerta a que se liciten territorios para la extracción de hidrocarburos y minerales, así como para la generación de energía eólica y solar; esto en detrimento de la soberanía de las comunidades dueñas de dichos territorios.

Ante estas amenazas a los territorios, las comunidades se han organizado para hacer frente a estos embates que ya han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país y en el mundo. Esta defensa de los recursos naturales y sus territorios les ha costado la vida a cientos de mujeres y hombre defensores ambientales en México.

Nuestro país se sitúa como uno de los tres países más peligrosos para los defensores ambientales por el alto número de agresiones, amenazas y muertes de las que han sido víctimas las personas que deciden defender sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales.

Además de sus valiosas contribuciones en la provisión de alimento y generación de ingresos, las mujeres rurales tienen una participación destacada en los movimientos de defensa de sus territorios. Cada vez más asumen roles de dirigencia y coordinación de los grupos de defensa de los recursos y los territorios.

En México, como en muchas partes del mundo, los territorios forestales están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía e hidrocarburos. Así como por la agricultura comercial de monocultivos y la ganadería extensiva.

Un informe de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), destaca las declaraciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, sobre que “quienes defienden la tierra y el medio ambiente enfrentan riesgos específicos y más elevados, debido a que tocan intereses de las empresas”.  Se destaca que  para procurar la seguridad de estos actores se necesitan acciones coordinadas de parte de empresas, inversionistas, y los estados nacionales y extranjeros y sus embajadas, para exigir que en todo proyecto que tenga que ver con los territorios rurales, se garantice que las comunidades puedan dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso y acceso a su tierra y sus recursos naturales.[1]

 

Agresiones a defensores de los bosques y el ambiente

De acuerdo con datos de la organización Global Witness, durante 2017 en América Latina se mantuvo como el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. En el caso de México, “ahora se caracteriza como un lugar mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente (anteriormente, México ocupaba el puesto 14)”.[2]

Por su parte, la organización Front Line Defenders documentó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países. El 80 por ciento de dichos asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.[3]

Lo más alarmante es que “el análisis sobre el trabajo que realizaban las personas asesinadas arrojó que el 67 por ciento defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas”. La impunidad es uno de los principales alicientes para que este tipo de prácticas de hostigamiento y asesinato se sigan cometiendo en México y en el mundo.

2017 fue un año negro. En el país se registraron más asesinatos de defensores ambientales que nunca. El propio reporte de Gobal Witness subraya que “la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.[4]

Acciones de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra los hombres. De hecho, el 23 por ciento de los llamados urgentes emitidos por Front Line Defenders en 2017 estuvieron relacionados con amenazas o intimidación a las defensoras por su trabajo, en comparación con el 10 por ciento de sus contrapartes masculinos. En algunos casos se trataba de amenazas de violencia sexual.

Las personas defensoras comunitarias e indígenas, particularmente las mujeres defensoras de derechos humanos se ven especialmente afectadas por procesos judiciales o detenciones, debido a que muchas veces realizan su labor de defensa de derechos humanos de forma voluntaria, y no pueden generar ingresos durante el desarrollo de estos procesos judiciales, lo que les afecta a ellos y a sus familias.[5]

El uso excesivo de la fuerza, los procesos de criminalización, la apertura de expedientes judiciales a través de detenciones arbitrarias e ilegales en marchas o en bloqueos de rutas, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas telefónicas, las calumnias, las campañas de desprestigio y los asesinatos, son las principales formas de agresión de las defensoras ambientales. Además, en el caso de las mujeres, se acentúan acciones que van encaminadas a deslegitimar su participación política y su aparición en el espacio público.

Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente pueden definirse como “aquellas personas o comunidades que trabajan por la promoción y protección de los derechos humanos asociados a la tierra y el territorio, incluyendo la defensa de los recursos naturales y el medioambiente, y todo aquello que permite la satisfacción de varios otros derechos y necesidades, como el alimento, la vivienda, el trabajo; y las relaciones sociales y significados culturalmente otorgados a los mismos”.[6] Organismos y organizaciones internacionales han reiterado que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente son un grupo especialmente vulnerable tanto en México como a nivel global.

Los proyectos económicos que están impactando más en el tejido social comunitario y donde se documentan un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos serían los proyectos de extracción de bienes naturales (minería y explotación de bosques), de generación de energía (hidroeléctricos, eólicos, gasoductos y minería de carbón), de infraestructura y turísticos.

En vez de impulsar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de capacidades locales y opciones productivas sustentables en los territorios forestales, como el modelo de manejo forestal comunitario; que ha demostrado generar enormes beneficios, tanto ambientales como sociales, a través del fortalecimiento de la gobernanza interna y el desarrollo de cadenas de valor; el modelo de país vigente fomenta las inversiones de proyectos privados que van en detrimento de las comunidades y la sustentabilidad ambiental.

Esto es claramente regresivo y contrario a los compromisos adquiridos internacionalmente como el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica, solo por citar algunos.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura, y de que dicha garantía de protección sea una prioridad, pero la realidad es que el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para desempeñar estas actividades de activismo ambiental y de procuración del respeto a los derechos humanos.

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Iniciativa de ONU para proteger a defensores ambientales

Este 6 de marzo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó en Ginebra, Suiza, la Iniciativa Derechos Ambientales de las Naciones Unidas, que tendrá la función de ayudar a “las personas a comprender mejor sus derechos y a defenderlos, y asistirá a los Estados a salvaguardar los derechos ambientales”.

Además, a través de esta iniciativa insta a todos los gobiernos a priorizar la protección de los defensores del medio ambiente y a llevar ante la justicia de forma rápida y definitiva a los que atacan o amenazan a los defensores. La tolerancia a la intimidación de los defensores del medio ambiente socava los derechos humanos básicos y el estado de derecho ambiental”.[7]

Uno de los actores clave en la protección y respeto a los derechos humanos de los defensores ambientales es el sector privado, ya que al tener intereses en el aprovechamiento de los recursos y territorios las empresas entran en conflicto con las comunidades dueñas de dichos territorios, por ello, el PNUMA hace un llamado al sector privado para que “vaya más allá de los estándares mínimos de respeto a las comunidades y el ambiente y se convierta en un defensor de los derechos de todos a un medio ambiente limpio y saludable”.

Al respecto, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra`ad Al Hussein, subraya que “los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar los abusos cometidos por las empresas dentro de sus territorios y las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los demás”.

Otro de los instrumentos que podría contribuir a detener las agresiones y asesinatos en contra de las defensoras y defensores ambientales es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado apenas el domingo 4 de marzo (2018) en San José, Costa Rica. Este documento que es el primero de su tipo en la región y en el mundo, tiene la misión de garantizar la participación ciudadana y la labor de los defensores de los derechos ambientales.

Para poder detener las agresiones contra defensores ambientales las autoridades deben terminar con la impunidad que gozan los agresores.

Referencias:

[1] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017. Disponible en: https://goo.gl/vgwe1u

[2] Global Witness, Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FvH9Z

[3] Front Line Defenders. Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo 2017, Irlanda, 2018. Disponible en: https://goo.gl/Ksk3Ae 

[4] Global Witnes, México debe actuar urgentemente para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. Disponible en: https://goo.gl/kNh4Fw

[5] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017.

[6] Ibíd.

[7] PNUMA, ONU lanza iniciativa para proteger a los defensores del medio ambiente, 6 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/onu-lanza-iniciativa-para-proteger-los-defensores-del-medio

Los bosques de nuestro país absorben el equivalente a todas las emisiones de CO2 del sector transporte; apoyar a las comunidades que los manejan es prioritario para combatir el cambio climático











Sinopsis:

Los ecosistemas forestales capturan anualmente 170 mega-toneladas de dióxido de carbono que es la misma cantidad que el sector de autotransporte de todo el pais emite a la atmósfera, de acuerdo con el estudio “Adapting REDD+ policy to sink conditions”.  Cabe señalar que el sector del autotransporte es una de los principales fuente de emisiones de CO2 en México, con el 23 por ciento.

Sin embargo, hoy en día los ecosistemas forestales se encuentran bajo fuertes amenazas por el avance de la ganadería, la minería y la agroindustria que demanda grandes extensiones de tierra.

En México, más del 60% de los territorios forestales son de propiedad social, y la protección y conservación de los bosques y selvas, y los enormes beneficios que nos brindan, entre ellos la captura de carbono, dependen del trabajo que realizan las comunidades y ejidos forestales a través de sus actividades de manejo.

Se trata de un enorme aporte de las comunidades y ejidos de nuestro país al combate al cambio climático que hasta ahora no ha sido reconocido ni valorado adecuadamente, subrayó el CCMSS.

En el marco del Día internacional para la reducción de emisiones, el CCMSS llama a impulsar el manejo forestal comunitario para la hacer frente al cambio climático y a las amenazas que se ciernen sobre los bosques y lograr así las metas climáticas a las que se ha comprometido México.

El estudio de la doctora Margaret Skutsch, del Instituto de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, titulado “Adapting REDD+ policy to sink conditions” (2017), arroja datos valiosos para entender el importante papel que juegan los bosques y selvas para la mitigación de las concentraciones de carbón en la atmósfera.

La doctora Skutsch recomienda que para incrementar los reservorios de carbono en los ecosistemas forestales manejados se impulsen políticas públicas que fomenten la conservación del arbolado sano y la remoción de árboles enfermos, viejos o de dimensiones menores, para propiciar el crecimiento de ejemplares nuevos y vigorosos que permitan una mayor absorción de carbono; se invierta en programas de Pago por Servicios Ambientales para la regeneración de bosques talados y degradados; así como en la conformación de brigadas contra incendios.

Mientras que para los bosques degradados que no están destinados a la producción de productos maderables, el análisis considera necesario detener el cambio de uso de suelo generado por el avance de los cultivos agroindustriales y la ganadería extensiva.

En este rubro el estudio recomienda inversiones en la conformación de grupos de vigilancia, labores de regeneración y mejoramiento de la masa forestal. En particular, el impulso a proyectos de producción de carbón vegetal puede propiciar un mejoramiento de la cobertura forestal para una mayor absorción de carbono, y generar ingresos para los dueños de esos terrenos forestales.

Para mantener la capacidad de captura de carbono de los bosques y selvas, México tiene una enorme oportunidad, las empresas forestales operadas por ejidos y comunidades -alrededor de 990-.

Con sus actividades de manejo, aprovechamiento de madera y otros productos forestales como resinas, semillas y plantas, propician la regeneración de la cobertura forestal y dan mantenimiento al bosque a través de actividades de reforestación, saneamiento, aclareo y apertura de caminos y brechas corta fuego; de esta manera aseguran la conservación de los bosques a lo largo del tiempo, al tiempo de generar empleos e ingresos para sus comunidades.

No obstante, las políticas públicas hacia las regiones forestales no les son hoy en día favorables; diversos factores, como la sobrerregulación, la falta de inversiones para el desarrollo de capacidades locales y un sistema sólido y confiable de extensionismo forestal, frenan el desarrollo de las iniciativas comunitarias.

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:

Gerardo Suárez, gsuarez@ccmss.org.mx y cel. 5530798674 o

Cecilia Navarro, bcecilia.navarro@gmail.com y cel. 5554540678.

Impulsar el empoderamiento de las comunidades rurales, la mejor herramienta para detener la degradación y desertificación











Sinopsis:

Las principales causas de desertificación se asocian con la deforestación, la agricultura industrial de monocultivos y con un uso intensivo de pesticidas; además del cambio de uso del suelo y las prácticas de ganadería extensiva, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, la falta de planificación y ordenamiento territorial y el abandono de los conocimientos tradicionales para el uso y conservación de los recursos naturales propician la degradación de los suelos y aceleran la desertificación.

En el marco de la conmemoración del Día mundial de combate a la desertificación y la sequía, la FAO refirió que “tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. Sin embargo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afecta a la productividad de la tierra y contribuye, en consecuencia, al fenómeno de la migración y abandono de las tierras.”

Por lo tanto, la propia FAO recomienda “la creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, permanecer en sus hogares y tener medios de vida más resilientes, esto es un componente crucial para poder equilibrar el fenómeno migratorio frente a los efectos de la degradación de la tierra.”

En México la degradación de la cubierta vegetal, con grados que van de ligeros a extremos, asciende a 105 millones 799 mil de hectáreas, es decir, el 54 por ciento del territorio nacional. De estos, 39 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera; 7 millones 837 mil (4% del país) tienen degradación moderada; 52 millones 900 mil hectáreas (27% del país) con degradación severa y 5. Millones 878 mil hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.

Las comunidades y ejidos, con una alta proporción de población indígena, cuentan con la titularidad de la tierra, pero la carencia de instrumentos de política pública de fomento al desarrollo de capacidades para el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, ha impedido su desarrollo y ha provocado deforestación y la degradación de los bosques, las selvas y los suelos.

Actualmente, hay muchas opciones tecnológicas y de conocimiento que pueden dar respuestas al problema de la degradación de los suelos y la desertificación, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos. Esto puede lograrse, según nos señala la FAO, “mediante una mejor integración de los sistemas de cultivo, de ganadería, de los bosques, y un uso más eficiente de recursos limitados como el agua y los nutrientes del suelo.”

No obstante, para tomar estas medidas en la escala pertinente y facilitar su adopción, es necesario que se tomen en cuenta las aportaciones y el conocimiento de las comunidades, así como contar con datos científicos sólidos.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al desarrollo de capacidades para el manejo integrado de los territorios, que permitan el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos a las comunidades rurales.

Asimismo, se requiere estimular los programas de restauración y regeneración de suelos, bosques y selvas degradadas. Está ampliamente demostrado que cuando las comunidades rurales y los pueblos indígenas cuentan con una gobernanza sólida, se detiene la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.

7 recomendaciones para frenar cuanto antes la deforestación en el mundo

7 recomendaciones para frenar cuanto antes la deforestacion en el mundo










Sinopsis:

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Los bosques tienen un papel decisivo en la lucha contra el cambio climático. Su capacidad de capturar dióxido de carbono nos permitirá ganar el tiempo necesario hasta lograr disminuir radicalmente nuestros niveles de emisión de CO2 –que implica rediseñar las políticas y transformar infraestructura–. Pero para que esto ocurra, es imprescindible frenar la deforestación y restaurar los bosques del planeta.

Recientemente el diario británico The Guardian organizó un panel con especialistas para discutir las medidas más efectivas contra la deforestación. El grupo, conformado por diez expertos, llegó a una serie de conclusiones, entre las que destacan: el papel de las comunidades indígenas como los guardianes más eficientes de los bosques, incentivar el cuidado de la superficie forestal y renovar el paradigma que confronta a la conservación, con el desarrollo económico. Todas las anteriores son premisas que considera el manejo forestal comunitario, modelo promovido en México por el  Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

A continuación las recomendaciones:

 

1. Eliminar subsidios a formas de agricultura que dañan los bosques

Gobiernos alrededor del mundo coinciden en la urgencia de frenar la deforestación pero, a la par, incentivan su rentabilidad. Lo anterior mediante subsidios y otros apoyos a actividades agrícolas que implicarán la tala de áreas boscosas.

 

2. Invertir en las comunidades indígenas

La subsistencia e identidad cultural de grupos indígenas alrededor del mundo están íntimamente ligados a los bosques. Por esto, y como se ha demostrado reiteradamente, estos grupos son los más efectivos agentes de conservación de los territorios forestales. Rachel Biderman, Directora del World Resources Institute de Brasil, advierte que fortalecer a la población indígena que habita los bosques, es clave para frenar la deforestación.

 

3. Hablar sobre las causas de la deforestación

Poner en la mesa de discusión las causas, y posibles soluciones, ante la deforestación, tanto a nivel global como según las particularidades de cada región es, de acuerdo con Ian Gray, coordinador del Forest Investment Program, una de las medidas fundamentales. Tal vez sobre decir que en paralelo se tiene que tomar  acción, de forma expedita, ya que evidentemente el tiempo apremia.

 

4. Demostrar que la conservación de los bosques y el desarrollo económico no son excluyentes

Es imperativo cambiar el paradigma que erróneamente confronta estas dos actividades. La evidencia, tal como señala Per Pharo, quien dirige The Norwegian Climate and Forest Initiative, es que combinar la conservación, restauración y manejo sustentable de los bosques, con agricultura de alta productividad, genera mejores resultados en cuanto a productividad, beneficios medioambientales y justicia social. Como ejemplo, Pharo cita el caso brasileño que registró un crecimiento considerable de su producción agrícola y una notable reducción en sus índices de deforestación.

 

5. Presionar a las grandes compañía para adoptar cadenas sustentables de suministro

La presión de los consumidores, junto con la elaboración de políticas públicas, podría ayudar a que las grandes empresas y productores monitoreen de cerca su proceso de suministro y garanticen la sustentabilidad en la extracción de cada insumo o recurso que provenga de los bosques.

 

6. Actuar no solo a nivel local, también nacional 

En este punto Frances Seymour, del Center for Global Development, enfatiza en la necesidad de reconocer legalmente el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y rurales, así como eliminar la sobrerregulación que con frecuencia entorpece las labores de estos grupos. Estos dos factores son enemigos comunes de la conservación y restauración de áreas forestales, sobretodo en el caso de países en desarrollo, mismo que ocupan buena parte de la superficie forestal del planeta – por ejemplo México o Brasil–.

 

7. Ofrecer incentivos (y vigilar su aplicación)

Otorgar estímulos financieros a países para aplicarlos en programas de protección y reforestación, es una medida que Per Pharo considera apropiada. Sin embargo, enfatiza en la necesidad de monitorear el ejercicio de estos recursos para garantizar que este modelo arroje mejores resultados.

Imagen: Google Earth, Michoacán, México.

Una figura necesaria para conservar los bosques: salvaguardas REDD+

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Sinopsis:

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Ya nadie tendría por qué dudar que los bosques del mundo tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Para confirmarlo basta saber que manejando sustentablemente los bosques y evitando su deforestación y degradación se podrían reducir cerca del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global.

Frente a la deforestación y degradación de los bosques, que ha perjudicado también las formas de vida humana que dependen del campo y el bosque, los países reunidos en la COP 14 de 2008 acordaron las bases del mecanismo REDD+. Se trata de una estrategia integral que no sólo abarca planes y adopción de políticas para frenar la deforestación y degradación, también guía las medidas necesarias para lograr una efectiva conservación, un manejo sostenible de los bosques y un aumento significativo de reservas de carbono en los países menos desarrollados.

Por medio de REDD+ se ha logrado aprovechar la diversidad de recursos forestales, y en el caso especial de América Latina, contribuir paralelamente a promover procesos de restauración del bosque.

Para que dicho mecanismo funcionara en la práctica, durante la COP 16, celebrada en Cancún en 2010, se implementaron una serie de requisitos clave que no deben olvidarse a la hora de diseñar estrategias REDD+. Uno de los requisitos más importantes es la realización y monitoreo de salvaguardas ambientales y sociales. Estas corresponden a una serie de principios legales, inspirados en criterios socioambientales, para guiar el diseño e implementación de políticas, programas y otras acciones forestales en torno a REDD+.

Las salvaguardas ambientales y sociales pueden abarcar numerosos ámbitos, entre ellos la prevención de impactos negativos a los ecosistemas, el respeto de los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas, la buena gobernanza y la sostenibilidad de las medidas adoptadas para reducir y evitar emisiones e incrementar los acervos de carbono.

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A grandes rasgos, las salvaguardas acordadas para REDD+ durante la COP 16 son:

A. La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia;

B. La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales;

C. El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales;

D. La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales;

E. La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica

F. La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión

G. La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones hacia otros territorios o actividades (las llamadas ‘fugas’).

En las formas de diseñar y respetar las salvaguardas se encuentra la clave para tomar decisiones políticas y ambientales que dibujen el destino de los bosques y comunidades forestales de los países. Y solo entonces, podrán compartirse experiencias a nivel internacional sobre las formas en que operan las salvaguardas en cada territorio y sus logros para mejorarlas.

 

Beneficios

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Derivado de la correcta implementación de las salvaguardas, se han podido obtener beneficios colaterales en la implementación de REDD+ que van más allá de la reducción de emisiones. Muchas de ellas tienen que ver con el desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza. Justamente estos rubros se ven reflejados en el caso de México, con la Estrategia Nacional REDD+, o ENAREDD+.

La ENAREDD+, se ha enfocado desde su nacimiento en llevar a la práctica el equilibrio entre conservación y desarrollo, vía prácticas sostenibles. Asimismo, su ejecución se apoya en una serie de elementos que van desde la creación de políticas públicas y esquemas de financiamiento, hasta la implementación de la participación social y la adecuación de salvaguardas. Reconociendo las salvaguardas de los Acuerdos de Cancún, la Estrategia Nacional mexicana agregó otros elementos clave. Destaca la competitividad de las economías comunitarias forestales, el respeto de los derechos a la tierra, la transparencia, la sistematización del consentimiento libre, previo e informado, de las comunidades rurales e indígenas, entre otros.

Para monitorear el cumplimiento de dichas salvaguardas en México, se ha previsto la realización de un Sistema Nacional de Información de Salvaguardas (SIS), o bien un Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS). Este debe garantizar no sólo su aplicación y adecuación al contexto mexicano, también la implementación de un mecanismo de resolución de conflictos que incluya las necesidades e intereses de las comunidades que habitan los bosques.

Uno de los retos de la ENAREDD+, en el caso de México, consiste en definir de manera clara y justa la forma de distribuir los beneficios derivados de los esfuerzos y acciones orientadas a evitar emisiones y a incrementar los acervos de carbono en los bosques, tomando en cuenta que una superficie muy considerable de los bosques mexicanos pertenece a comunidades y ejidos. Otro reto importante es adecuar el desarrollo de salvaguardas nacionales a las internacionales, proceso dentro del cual es fundamental una cuidadosa revisión de las necesidades de todos los involucrados.

 

*Imágenes: 1, 3 ) Creative Commons; 2) CCMSS

Restaurar sus bosques traería ganancias millonarias para América Latina, según estudio

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Sinopsis:

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Los bosques proveen beneficios múltiples al ser humano. Son ecosistemas que no solo aportan una gran diversidad de especies al planeta; previenen la erosión de la tierra y combaten el cambio climático –con la retención carbono–, proporcionan alimento, medicinas y agua limpia.

En países cuyas áreas forestales están habitadas y son propiedad de comunidades que dependen directamente de sus recursos, los bosques son también un motor socioeconómico probadamente efectivo. Su aprovechamiento sustentable detona economías locales y comunitarias, además de acarrear beneficios en materia de identidad cultural, empoderamiento y gobernanza. Sin embargo, la pérdida de la productividad –o degradación– de estas tierras, hacen del bosque un territorio inaprovechable e inhóspito, que neutraliza gran parte de su potencial.

Pese a que se ha comprobado que la deforestación ha disminuido significativamente en América Latina en los últimos años, más del 20 por ciento de sus bosques y tierras agrícolas se encuentran degradadas. Así lo sugiere un nuevo estudio del World Resources Institute, que a la vez demuestra cómo es que devolver la vida a estos suelos podría generar ingresos netos de miles de millones de dólares.

La investigación encontró que la restauración de los paisajes –cuyo valor radica en mejorar la funcionalidad y calidad de los bosques– podría generar beneficios netos de hasta 23 mil millones de dólares en un período de 50 años. Lo anterior con base en cálculos que implicarían las ganancias de la productividad agrícola, de los productos maderables y no maderables, la valuación de las reservas de carbono, los ingresos por ecoturismo y los costos evitados por seguridad alimentaria.

 

Restaurar sus bosques traería ganancias millonarias para América Latina wri
 

El estudio también indica que el promedio de costos varía según la zona a restaurarse. Por ejemplo, se estima que las ganancias más altas provienen de la restauración de bosques tropicales y subtropicales ($1,700/ha), esto es, tierras húmedas particularmente afectadas por la degradación, mientras que las ganancias menores se preven en tierras secas ($600/ha), que generalmente presentan una degradación moderada.

Este nuevo estudio de WRI proporciona información concreta para agricultores, empresas comunitarias forestales e inversionistas. También pretende ser una ayuda loable para la iniciativa “20 x 20”, un plan que busca la restauración de 20 millones de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el Caribe para el 2020. En esta meta México se anotó con la restauración de 8.5 millones de hectáreas. De consolidarse esta meta, podría dar lugar al siguiente paso: el de implementar estrategias sostenibles para que las personas que se benefician directamente de estos bosques puedan seguir contribuyendo a la restauración y conservación de los paisajes forestales. Al mismo tiempo se aseguraría la rentabilidad de sus tierras.

La restauración es un tema que adquiere cada vez mayor relevancia a nivel internacional. Esto se debe a que es un recurso inefable para ponderar la economía del sector forestal, vía las prácticas sustentables que promueven la conservación de la biodiversidad, los derechos humanos y la mitigación del cambio climático.

En México los más grandes retos de la restauración se relacionan con las políticas públicas, que deben priorizar herramientas como el manejo forestal comunitario para combatir eficazmente la deforestación y degradación en el país. A fin de cuentas, las comunidades indígenas y locales han probado conocer las necesidades reales de los bosques mexicanos y tener la capacidad de resolverlas.

 

*Imagen principal: eldinamo.cl

Manejo forestal comunitario en el Nevado de Toluca como parte fundamental de la estrategia de conservación del bosque











Sinopsis:

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El primero de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan de Manejo del Área de Conservación de Flora y Fauna Nevado de Toluca. El Plan de Manejo incluye un diagnóstico detallado de la situación de deterioro a la que lo han llevado ocho décadas de abandono y mal manejo del Parque Nacional. Como resultado de una política prohibicionista, sectorizada y carente de una visión integral del territorio, que no ha permitido a los ejidos y comunidades contar con programas de aprovechamiento basados en modelos silvícolas sustentables, hay extensas zonas plagadas con muérdago y descortezadores, además de tala clandestina, cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería y asentamientos humanos desordenados, y otros impactos negativos.

El plan de manejo de la nueva Área de Protección de Flora y Fauna, busca abordar las causas de la deforestación mediante una propuesta integral que incluye la delimitación de zonas de protección, de uso restringido, de preservación, de recuperación, zonas de aprovechamiento para usos forestales y agropecuarios y zonas de uso público de turismo sustentable.

Reconoce también zonas de asentamientos humanos que existen en la región desde tiempos ancestrales y otras de origen más reciente. Todos estos usos de suelo ocurren actualmente, y el plan de manejo busca armonizarlos en una estrategia de sustentabilidad. Es importante aclarar que el Plan de Manejo del Parque establece zonas para diferentes actividades, pero no constituye en sí una autorización para el aprovechamiento de los recursos. Esta autorización debe provenir de un estudio y un plan de aprovechamiento específico que se elabora para cada caso, para cada ejido o comunidad y que debe basarse en estudios detallados de biodiversidad, tasas de crecimiento, tipos de suelo, pendientes, etc. Así como de la definición de un modelo silvícola apropiado que incluya las medidas de restauración, cuidado y vigilancia necesarias para preservar el bosque.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), así como otras instituciones civiles y académicas, han documentado y respaldado en todo el país iniciativas de manejo forestal comunitario como una estrategia fundamental para la conservación de los ecosistemas forestales. Más de 2,400 ejidos y comunidades llevan a cabo manejo forestal en el país, y cerca de mil cuentan con empresas forestales comunitarias.

Los Parques Nacionales y áreas protegidas deben contar con planes de manejo que permitan a las comunidades y ejidos el aprovechamiento forestal sustentable, por lo que la inclusión de esta categoría en varias sub zonas dentro del Plan del Nevado de Toluca parece un acierto.

La Unión de Ejidos Emiliano Zapata en la región de Amanalco, que incluye varios ejidos dentro del área del Nevado de Toluca, tiene cerca de 35 años llevando a cabo un aprovechamiento forestal basado en planes de manejo. La región manejada por los ejidos de esta Unión, donde se lleva a cabo aprovechamiento maderable, tiene actualmente una tasa de deforestación cero, es decir, en la zona bajo su manejo no existe deforestación, pese a que se extraen productos forestales maderables.

Esto se logra mediante la implementación de un modelo silvícola que incluye el conocimiento y observancia de la tasas de incremento de la masa forestal, la implementación de actividades de silvicultura, como podas y aclareos, además de la instrumentación de programas de manejo del fuego, control y combate de plagas, restauración de suelos, promoción del renuevo natural y respaldo con reforestación cuando es necesario, además de vigilancia y de promoción de actividades agrícolas sustentables, como la agricultura orgánica en las zonas aledañas al bosque.

El aprovechamiento forestal permite a las comunidades tener empleos e ingresos, y comprometerse con las actividades necesarias para la conservación a largo plazo del recurso forestal.

El manejo integrado de varios ejidos de la cuenca de Amanalco a manos de la Unión de Ejidos, ha permitido recuperar servicios ambientales fundamentales, como la infiltración de agua y recarga de los acuíferos, recuperación de suelos y reversión de procesos de erosión, e incremento de la biomasa y la captura de carbono en los bosques.

El Manejo Forestal Sustentable incluye acciones de conservación y protección de los altos valores de conservación, es decir: hábitat para la biodiversidad, zonas de provisión de agua, sitios de valor cultural, ecosistemas frágiles, etc., y se basa en programas autorizados y auditados por las autoridades forestales.

La re-categorización del Nevado de Toluca y la publicación de su plan de manejo es sólo el primer paso; hay mucho más que las instituciones tendrán que hacer para garantizar un manejo forestal sustentable:

1.     Probosque, que es la institución que aprueba los Planes de Manejo Forestal en el Estado de México, tendrá que analizar cada uno de los planes que le presenten los ejidos y comunidades a partir de la zonificación establecida en el Plan de Manejo del APFF, utilizando criterios científicos y aplicando las mejores prácticas conocidas.

2.     Conafor debe promover que se elaboren PMF de la mayor calidad, ya que tiene recursos para financiar su elaboración y puede apoyar a las comunidades para que fortalezcan sus capacidades técnicas, financieras, gerenciales y comerciales. Además, tiene la oportunidad de promover la certificación internacional de mejores prácticas, como FSC con la que actualmente cuentan varios de los ejidos de la región de Amanalco.

3.     Semarnat debe agilizar y optimizar sus procesos de autorización en todas las etapas del proceso forestal.

4.     Profepa debe centrarse en evitar la tala y el comercio ilegal, que le hace una competencia desleal a los ejidos y comunidades que cumplen con toda la normatividad y protegen los bosques.

Y las organizaciones de la sociedad civil pueden acompañar los procesos comunitarios para impulsar el uso de mejores prácticas, las certificaciones de buen manejo forestal y apoyar la inserción de las EFC en los mercados.

El Parque Nacional Cofre de Perote ya tiene programa de manejo











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Foto: Eugenio Fernández VázquezEl Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote fue publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación. Se trata del documento que regirá las acciones de conservación y restauración de uno de los entornos naturales emblemáticos de Veracruz y más importantes del país, por su papel como proveedor de agua para 21 municipios, por albergar más de medio centenar de especies de flora y fauna en peligro de extinción, y por ser hogar de once comunidades que apoyan en su restauración y que dependen de sus recursos naturales.

Relegado por las instituciones, el Parque Nacional sufrió un devastador incendio en 1998 que arrasó tres mil hectáreas de bosque. Desde hace ya cinco años, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, con fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Concesionaria de la Autopista Perote Xalapa (Copexa), ha emprendido un proyecto de educación ambiental y restauración. (más…)

Los grandes finqueros, responsables de la deforestación en el Amazonas











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rondoniaLa deforestación del Amazonas brasileño en las últimas dos décadas tiene un claro responsable: los grandes finqueros, propietarios de más de 500 hectáreas de terreno en lo que es –o era– selva, según un artículo reciente publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences. Sin embargo, estos actores han cesado su embestida contra la Amazonía, y la deforestación en la región se ha reducido drásticamente en los últimos años.

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Open Foris: herramienta de monitoreo forestal colaborativa y gratuita











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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) lanzó una nueva herramienta de monitoreo forestal, gratuita, comunal y que permite aprovechar un sinfín de información ya disponible en línea para mejorar los inventarios forestales. Open Foris, como se llama la herramienta, permite también articular información obtenida por diversos usuarios, diversas comunidades y distintas entidades, además de incluir opciones para hacer compatibles los datos recogidos con los requerimientos de distintas iniciativas internacionales.

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Comunidades oaxaqueñas muestran la complejidad de la deforestación

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 Por Beatriz Zavariz

El conocimiento local de comunidades forestales en Oaxaca es fundamental para entender la complejidad de la deforestación y degradación en el estado. Comunidades forestales se reunieron los días 23 y 24 de agosto en Ixtlán, Oaxaca, para discutir las causas de deforestación en sus regiones. Mostraron que los factores que causan el cambio de uso de suelo no sólo vienen de la agricultura y la ganadería, sino que la deforestación es un proceso complejo causado, entre otros, por fuegos y plagas que se atienden tardíamente debido a sobrerregulaciones y problemas agrarios. El complementar la percepción local con información desde investigaciones académicas puede generar una base robusta para diseñar la estrategia para Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ en el Estado de Oaxaca.

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