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El Brasero de Oriente, iniciativa campesina de manejo y aprovechamiento sustentable de carbón vegetal en San Felipe Oriente











Sinopsis:

Cuando el cielo apenas empieza a clarear en el Ejido San Felipe Oriente del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, un grupo de hombres sale de sus casas, equipados con cascos, machetes, guantes y algunos víveres para adentrarse en la selva, su lugar de trabajo.

En un área que ya tienen delimitada, cosechan los árboles que fueron marcados y que corresponden con lo especificado en su Programa de Manejo y Aprovechamiento Forestal autorizado previamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este aprovechamiento forestal tiene una lógica, y busca que el corte del arbolado redunde en un mejoramiento de la calidad de la selva; se trata, en realidad, del “cultivo del bosque”.  Así se busca hacer aclareos donde la densidad es muy alta y los árboles destinados al aprovechamiento son ejemplares que presentan malformaciones, están sámagos o porosos, o bien, presentan problemas de plaga.

Posteriormente, trozan los troncos y ramas para poder fabricar el carbón vegetal en hornos metálicos y hornos tradicionales, estos últimos compuestos de arcilla y hojas de palma. Si fabrican el carbón en un horno metálico el proceso de transformación de la madera en carbón tarda aproximadamente 72 horas. En los hornos tradicionales el proceso tarda hasta 7 días y deben vigilar ese horno constantemente para evitar que se generen huecos o hundimientos en la arcilla que estropearían todo el proceso.

Producir carbón vegetal es un trabajo duro que no siempre es bien remunerado, pero es la fuente de ingreso de muchas familias que viven de los bosques y selvas. Por si fuera poco, este producto enfrenta una competencia desleal en el mercado ya que circulan grandes volúmenes de carbón producido de forma ilegal y que se vende a un precio más barato puesto que no paga impuestos, ni invierte en la reforestación del bosque, no elabora estudios ni planes técnicos de manejo forestal, como sí lo hacen los miembros de San Felipe Oriente.

Muchas comunidades rurales, como San Felipe Oriente no quieren vivir de las dadivas de los gobiernos. Lo que demandan es la eliminación de barreras que les permita el desarrollo de sus capacidades productivas; que les permitan emplearse y generar ingresos para sus familias. En San Felipe, un grupo de ejidatarios lleva 6 años trabajando de forma constante fortaleciendo su proyecto de producción de carbón ecológico: la Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña).

El camino ha sido duro, pues han sorteado todo tipo obstáculos, como el limitado capital de trabajo,  la competencia desleal, la complejidad en la tramitología para el otorgamiento  de permisos de aprovechamiento forestal, y la limitada infraestructura para la producción, almacenamiento y envasado de su producto. Sin embargo, “lo que nos ha mantenido a flote ha sido la necesidad y ganas de trabajar”.

Hace seis años, un grupo de 15 ejidatarios decidió emprender el proyecto de producir carbón con el objeto de generar ingresos para sus familias a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se trata de aprovechar una parte de toda esta riqueza que les da la selva y contribuir a que ésta se mantenga en buenas condiciones en el largo plazo.

Desde el inicio les fue complicado convencer a la asamblea ejidal de que el proyecto sería benéfico para todos en San Felipe Oriente. Muchos ejidatarios decidieron no participar en el proyecto, así que lograron llegar a un acuerdo con la asamblea en el que la Cooperativa aportaría un porcentaje de las ventas al fondo ejidal en retribución por la materia prima extraída del bosque para la elaboración del carbón.

Los primeros intentos fueron fallidos, pues si bien lograron producir carbón, no encontraron un mercado donde venderlo. Así que desistieron y abandonaron su autorización de aprovechamiento. “Fue hasta 2014, cuando con asesoría del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), se encontró un mercado para poder vender, entonces se decidió retomar estos trabajos, ya con una mejor organización”, refiere Nicolás May Rosel, ejidatario de San Felipe Oriente y coordinador de producción de la Cooperativa Caleña.

En la región no hay muchas oportunidades de empleo para la generación de ingresos. Nicolás comenta que “en el ejido la gente se puede dedicar a la agricultura de temporal o a criar algunas cabezas de ganado. Sin embargo, los que se dedican a la agricultura están teniendo problemas, porque en los últimos 4 años las cosechas se han perdido ya sea por sequía o por exceso de lluvia. Por eso decidieron apostar por otro tipo de emprendimiento productivo: la producción de carbón vegetal.

Gestión del territorio y oportunidades

De las 15 personas que comenzaron con la iniciativa de producir carbón en el ejido, ahora son 50 los ejidatarios que trabajan en la Cooperativa. Además de otros 10 repobladores, es decir habitantes del ejido que no cuentan con títulos ni derechos agrarios.

San Felipe Oriente es un ejido de 4,762 hectáreas, que cuando fue atendido por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) decidió no repartir todo el terreno y dejar un 20 por ciento de la superficie sin repartir. De esta forma, explica Nicolás May, se puede asignar título y tierra a las siguientes generaciones de ejidatarios, como ocurrió hace un par de años cuando se incorporó a otros 22 nuevos ejidatarios. Actualmente la asamblea la conforman 77 ejidatarios y aún queda un 10 por ciento del territorio del ejido sin repartir.

Detalla que “los criterios para que una persona se convierta en ejidatario es que sea hijo de ejidatario o bien, que esté casada o casado con algún hijo de ejidatario y que ya tengan viviendo, al menos, 3 años en el ejido”. Asimismo, se evalúa que la persona no sea conflictiva para evitar posibles conflictos.

La Cooperativa es una opción viable de ingreso para que “los compañeros ejidatarios y la gente de San Felipe no tengan que emigrar, porque como la mayoría no tienen estudios, si salen a la ciudad en busca de empleo solo pueden trabajar de ayudantes de albañilería o en otros oficios mal pagados, y en los que los discriminan. Además, se tienen que alejar de sus familias, tienen que pagar renta, alimentación y otros gastos, entonces regresan a sus casas sin dinero”.

Un claro ejemplo de esa problemática es el caso de Anastasio Yam Yam, ejidatario de San Felipe Oriente y miembro de la cooperativa Caleña desde hace 3 años, que antes de integrarse a este proyecto productivo tenía que salir a trabajar a las ciudades de Chetumal o Playa del Carmen, porque no tenía oportunidades de generar ingresos para su familia. En esas ciudades se contrataba como ayudante en trabajos de electricista, pero la pagar era muy poca y sumado a los gastos de alojamiento, alimentación y transporte no le quedaba prácticamente nada de dinero para enviar a su esposa e hijos.

Anastasio, hombre de 27 años, comenta que gracias a la iniciativa de sus compañeros de emprender el proyecto del carbón y a la invitación que le hicieron para formar parte, ahora puede pasar más tiempo con su familia y administrar mejor su tiempo. “Porque allá en la ciudad tienes que trabajar de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no te queda tiempo para hacer otra cosa, menos si estás alejado de tu casa y familia”, relata.

Con los ingresos que obtiene como socio de la Cooperativa, más lo que genera en la producción agrícola en su parcela puede dar un mejor sustento a su esposa e hijos, “además estoy cerca de ellos”, resalta.

Consolidación de la marca “Brasero de Oriente”

Antes de que los ejidatarios de San Felipe se organizaran para conformar la Cooperativa, muchos de ellos producían carbón de forma independiente y lo vendían a granel, los compradores que acudían directamente al ejido a acopiar el carbón se los pagaban a un precio muy bajo.  Ahora, ya organizados en Caleña, han logrado producir 200 toneladas anuales y buscan acopiar un mayor volumen de los ejidos y comunidades vecinas, con la intención de poder abastecer mercados más grandes y obtener mejores contratos.

Caleña vende a compradores de la Ciudad de México una parte de su producción de carbón a granel, pero en los últimos meses han iniciado un nuevo proyecto dirigido a la venta del producto  al consumidor final, principalmente restaurantes de la costa  de Quintana Roo en presentaciones de sacos de 20 kilos. Caleña además ha avanzado en la comercialización de una presentación de 3 kilos bajo la marca “Brasero de Oriente”. “Con acompañamiento técnico del Consejo Civil Mexicano se diseñó y fabricó el empaque y se están abriendo espacios para su comercialización en tiendas comerciales”, explica José Nicolás May Rosel.

Detalla que la comercialización del carbón en presentaciones de 3 kilos genera mejores utilidades, porque es un producto con mayor valor agregado, y que es administrado por un grupo de 10 mujeres del ejido.

Cuando se generó la iniciativa de lanzar la presentación de 3 kilos bajo la propuesta de que fuera administrada por las mujeres hubo algunos problemas y reticencias, pero fue gracias a la señora Deisy quien logró animar a sus compañeras hasta la generación de acuerdos para iniciar. “Ahora las mujeres también tenemos ingresos y no estamos a expensas de nuestros esposos para poder comprarnos lo que necesitemos, al contrario, además de realizar nuestras labores en el hogar y con los hijos, también aportamos a la economía de la casa”, resalta Deisy.

Precisa que “este tipo de proyectos se tienen que desarrollar en otros ejidos para que la gente pueda vivir de mejor forma, para que la gente no tenga que emigrar y para que se le dé un buen uso y cuidado al bosque; porque cuando está abandonado se deteriora”.

Impulso a la producción cafetalera de las familias campesinas en Oaxaca











Sinopsis:

Desde hace algunos años, el Sistema Comunitario para el Manejo y Protección de la Biodiversidad (SICOBI) y el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA), han trabajado en mejorar las capacidades de producción de pequeños productores de café en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca, con el objetivo de mejorar los ingresos de estas familias a través de la producción de un café de alta calidad.

En colaboración con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se han llevado a cabo dos procesos de acopio y venta de la producción de café de alrededor de 475 familias productoras de la región. Estos procesos acompañados han permitido elevar los márgenes de ganancia de las familias cafeticultoras; además de establecer un proceso de diferenciación del café proveniente de parcelas manejadas por mujeres.

La roya es uno de los principales problemas que enfrenta la producción cafetalera en nuestro país y fue un enorme reto para este proyecto, ya que esta enfermedad del cafetal ha ocasionado una pérdida significativa de la producción, pues ha dañado a más del 40 por ciento de las plantaciones, principalmente en cafetales ubicados en áreas bajas, menores a los mil metros sobre el nivel del mar.

Por lo anterior, esta iniciativa ha impulsado la realización de acciones para propiciar la renovación de los cafetales, y la mejora de los procesos de beneficios húmedo y seco, para asegurar la calidad de la producción del café ya existente.

Mediante el proyecto “Mujeres Cafeticulturas” se ha trabajado en el mejoramiento de las parcelas cafetaleras de las comunidades que forman parte del SICOBI, dentro de los municipios de San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Santiago Xanica, San Miguel del Puerto y San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca.

Esta iniciativa permitió establecer un esquema de colaboración con 475 familias productoras de café para mejorar las capacidades de manejo de cafetales, así como la adopción de tecnológicas de beneficio del café y la implementación de sistemas de control interno en las comunidades que conforman el SICOBI para asegurar la diferenciación de su producción de café en términos de calidad, origen y género.

Con la implementación de un protocolo de acopio para el manejo e integración de lotes de venta, se pudo lograr una clasificación de la producción del café por calidad y género, que permitió lograr mejores precios e ingresos para los productores.

Si bien es cierto que este fue el primer año en que se utiliza esta metodología de acopio en el SICOBI, esto ayudó a que los productores y productoras conocieran los criterios para la diferenciación de calidad de café y los resultados en el análisis de su producción de pergamino acopiado. Con ello, también es posible identificar y subsanar las debilidades existentes en sus procesos de cosecha y/o poscosecha.

Actualmente, el SICOBI cuenta con una superficie aproximada de 584 ha de producción, de las cuales 205 ha son manejadas por mujeres, con rendimientos promedio de 0.5 quintales, es decir, 23 Kg. De las 35 toneladas de café pergamino acopiado por la organización, aproximadamente 4.5 toneladas son procedentes de parcelas de mujeres cafeticultoras, lo que representa el 12.87 % del total de la producción.

Para mantener la calidad en la producción se han realizado diagnósticos participativos de los grupos de trabajo y se estableció un plan de saneamiento de los cafetales, tanto a nivel de grupos, como de comunidades, con controles de seguimiento y evaluación de los trabajos.

Como parte del convenio de colaboración entre SICOBI, GAIA y el CCMSS se avanzó en el establecimiento de mejores prácticas de manejo del cafetal y el acondicionamiento de viveros regionales, comunitarios y familiares. Además, se adquirieron nuevas plantas de café y semillas para la diversificación de los cafetales, mediante la inserción de cultivos como el cacao, la canela y árboles maderables de uso múltiple. Estas acciones permitieron que se incrementaran las capacidades de gestión de cada una de las comunidades socias del SICOBI para la mejora y optimización del sistema de producción de café.

Finalmente se impulsó un nuevo proceso de secado del café a través de zarandas, en vez de los tradicionales pisos de secado o petates expuestos directamente al sol.

Aun con estos avances y con el proceso de renovación puesto en marcha, alcanzar los números de productividad idóneos, implica trabajos futuros, desde manejo de cafetales en campo, que permita minimizar el problema de la roya y asegure la capacidad de provisión de pergamino a fin de alcanzar, gradualmente, niveles de producción de al menos 3 quintales por hectárea por año, lo que se traduciría en una producción de pergamino de 28,500 Kg de café con carácter de género en los próximos tres años.

Más allá de propiciar mejores ingresos para los pequeños productores de esta región, la iniciativa de mejoramiento productivo en beneficio de las comunidades, busca también generar lecciones que permitan evidenciar esquemas viables de re-apropiación y reconstrucción de los paisajes rurales en México. 

Consulta la Nota Informativa del Proyecto:

Nota Informativa del Proyecto GAIA – SICOBI – CCMSS

 

Las comunidades indígenas, custodias de los bosques y la biodiversidad

Comunidades indigenas










Sinopsis:

Comunidades indigenas

  • 9 de agosto, Día internacional de los pueblos indígenas

Las comunidades locales y los pueblos indígenas de México son actores fundamentales para la conservación de la enorme riqueza cultural y natural de nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 39 por ciento de los bosques y 60 por ciento de las selvas se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.

En el marco del Día internacional de los pueblos indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, vale la pena subrayar que en México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), alrededor de 5 millones de personas pertenecientes a alguna etnia habitan en ecosistemas forestales, es decir, más de 41 por ciento de la población indígena vive y depende en gran medida de los bosques para satisfacer sus necesidades de alimentación y generación de ingresos, entre otras.

Muchas de las comunidades originarias, dueñas o legítimas poseedoras de los bosques y selvas del país, viven en condiciones de pobreza y marginación. Viven en pobreza a pesar de la gran riqueza natural que poseen. Esto se debe, entre otras cosas, a un conjunto de elementos que obstaculiza su desarrollo y a la falta de opciones para aprovechar y potenciar sus capacidades productivas.

No obstante, existen muchos ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales indígenas que a través de su arraigo a la tierra y del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales han logrado consolidar empresas comunitarias, como los ejidos de Amanalco, en Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo, en Michoacán; o el Ejido Caobas, en Quintana Roo.  Así como estos ejemplos, operan en México más de 900 comunidades forestales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex. De hecho, 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que controlan en diferentes grados los procesos productivos.

Estas empresas forestales comunitarias, además de fomentar la conservación y el uso sustentable de sus bosques, han mejorado considerablemente el nivel de vida de sus comunidades, pues destinan un promedio de 30% de sus utilidades a obra social, como la construcción de escuelas, caminos, clínicas, tiendas de abastos, centros comunitarios, entre otras obras.

A diferencia de las empresas privadas, las empresas forestales comunitarias tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y generar empleos para los miembros de la comunidad y mantener las funciones ecológicas de sus bosques. Estas empresas han avanzado significativamente y mejorado sus prácticas silvícolas, de tal manera que el Forest Stewardship Council (FSC), la más importante entidad certificadora internacional, ha certificado el buen manejo de más de 900 mil hectáreas de bosques comunitarios del país. Adicional a esa cifra, cerca de 5 millones de hectáreas de estos ecosistemas están bajo diversos esquemas de manejo forestal administrados por comunidades campesinas e indígenas, de acuerdo con el Programa Estratégico Forestal 2025 de México.

Estos modelos de producción sustentable han enfrentado en años recientes serios problemas y una serie de trabas que obstaculizan el pleno derecho de las comunidades a manejar sus territorios. Los complicados y caros procesos de tramitación de permisos de aprovechamiento forestal, la excesiva carga fiscal y regulatoria, la persecución de autoridades de inspección y vigilancia; junto con una orientación equivocada de los programas de subsidio, son causantes del debilitamiento de diversas iniciativas comunitarios vinculadas al aprovechamiento de los bosques.

A propósito de la conmemoración del décimo aniversario de la Declaratoria de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en cuya elaboración México participó, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a promover decididamente el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas del país. Es urgente hacer una revisión crítica de la intervención gubernamental en las zonas rurales e indígenas, pues a lo largo de los años se ha puesto énfasis en el desarrollo de programas asistenciales y subsidio al consumo, lo que ha resultado contraproducente y ha generado graves daños a las economías locales.

“Llegamos a los 10 años de esta declaratoria y nos encontramos con la ausencia de un compromiso gubernamental para el impulso a la producción rural campesina. La política pública hacia las regiones campesinas ha provocado el despojo de tierras, favoreciendo el desarrollo e inversión de grandes proyectos agroindustriales privados sobre territorios indígenas y campesinos. Esto no sólo contraviene los principios de la Declaratoria, sino que además ha roto el tejido social de las comunidades, destruido sus recursos naturales y sus modos de vida tradicionales y mermado su calidad de vida”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del CCMSS.

De acuerdo con el artículo 29 de la Declaratoria de ONU, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”. Esto además es congruente con lo que señala el artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Estos principios y derechos, entre otros, claramente están siendo infringidos en México, donde los pueblos indígenas hoy enfrentan fuertes presiones para obligarlos a ceder sus territorios a mega-proyectos como las plantaciones de palma africana y el cultivo de la soya en Campeche; los desarrollos mineros en Guerrero y los desarrollos turísticos en las costas del Pacífico.

Es urgente instrumentar cambios profundos en la intervención gubernamental orientada a las comunidades campesinas e indígenas, y tomar las medidas necesarias para asegurar la alineación de la inversión pública hacia el campo ya que hasta ahora ésta se ha quedado en los discursos y en la retórica. Hoy cada dependencia opera de manera aislada, sectorialmente, sin la voluntad de coordinar acciones, sin un enfoque de desarrollo territorial y con programas claramente contradictorios que resultan nocivas para las comunidades y sus territorios.

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Impulsar el empoderamiento de las comunidades rurales, la mejor herramienta para detener la degradación y desertificación











Sinopsis:

Las principales causas de desertificación se asocian con la deforestación, la agricultura industrial de monocultivos y con un uso intensivo de pesticidas; además del cambio de uso del suelo y las prácticas de ganadería extensiva, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, la falta de planificación y ordenamiento territorial y el abandono de los conocimientos tradicionales para el uso y conservación de los recursos naturales propician la degradación de los suelos y aceleran la desertificación.

En el marco de la conmemoración del Día mundial de combate a la desertificación y la sequía, la FAO refirió que “tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. Sin embargo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afecta a la productividad de la tierra y contribuye, en consecuencia, al fenómeno de la migración y abandono de las tierras.”

Por lo tanto, la propia FAO recomienda “la creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, permanecer en sus hogares y tener medios de vida más resilientes, esto es un componente crucial para poder equilibrar el fenómeno migratorio frente a los efectos de la degradación de la tierra.”

En México la degradación de la cubierta vegetal, con grados que van de ligeros a extremos, asciende a 105 millones 799 mil de hectáreas, es decir, el 54 por ciento del territorio nacional. De estos, 39 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera; 7 millones 837 mil (4% del país) tienen degradación moderada; 52 millones 900 mil hectáreas (27% del país) con degradación severa y 5. Millones 878 mil hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.

Las comunidades y ejidos, con una alta proporción de población indígena, cuentan con la titularidad de la tierra, pero la carencia de instrumentos de política pública de fomento al desarrollo de capacidades para el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, ha impedido su desarrollo y ha provocado deforestación y la degradación de los bosques, las selvas y los suelos.

Actualmente, hay muchas opciones tecnológicas y de conocimiento que pueden dar respuestas al problema de la degradación de los suelos y la desertificación, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos. Esto puede lograrse, según nos señala la FAO, “mediante una mejor integración de los sistemas de cultivo, de ganadería, de los bosques, y un uso más eficiente de recursos limitados como el agua y los nutrientes del suelo.”

No obstante, para tomar estas medidas en la escala pertinente y facilitar su adopción, es necesario que se tomen en cuenta las aportaciones y el conocimiento de las comunidades, así como contar con datos científicos sólidos.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al desarrollo de capacidades para el manejo integrado de los territorios, que permitan el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos a las comunidades rurales.

Asimismo, se requiere estimular los programas de restauración y regeneración de suelos, bosques y selvas degradadas. Está ampliamente demostrado que cuando las comunidades rurales y los pueblos indígenas cuentan con una gobernanza sólida, se detiene la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.

Fortalecer a las comunidades forestales: la mejor forma de proteger el clima y el ambiente

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente










Sinopsis:

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente

  • Reconocer los derechos de las comunidades sobre el territorio garantiza el mejor cuidado de estos ecosistemas
  • Nuestro país tiene la oportunidad de cuadruplicar la superficie forestal en la que se hace aprovechamiento comunitario
  • Empresas forestales comunitarias de México son ejemplo mundial de buen manejo

En un contexto en el que el gobierno del país más poderoso del mundo y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero está decidido a no asumir su responsabilidad para enfrentar el cambio climático global, es imperativo garantizar los derechos sobre los bosques y selvas a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan y que dependen de ellos para su subsistencia, pues está demostrado que cuando las comunidades locales y pueblos indígenas tienen plenas facultades para manejar sus recursos forestales, se frena la deforestación y se garantiza su conservación y de la biodiversidad asociada, así como los beneficios que los bosques nos proveen.

México es un país de eminente vocación forestal, que cuenta con más 690 millones de hectáreas de bosques y selvas (INEGI, 2016), de las cuales 80 % son propiedad de ejidos y comunidades, muchos de ellos indígenas. Sin embargo, no obstante que la titularidad de los derechos de la tierra pone en ventaja a estos grupos sociales si los comparamos con países con gran riqueza forestal como Indonesia, la República Democrática del Congo, o los países amazónicos, en los que la titularidad de los bosques y selvas es de los gobiernos; la falta de alineación de los instrumentos de política pública con el marco legal e institucional, aunado a una política de subsidios equivocada y contraproducente, ha estancado el desarrollo de estas comunidades rurales y del sector forestal nacional.

Hoy en día, alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques son manejadas por empresas forestales comunitarias en nuestro país. De acuerdo con datos de Programa Estratégico Forestal 2025 de México, esa cifra podría crecer hasta alcanzar 21.6 millones de hectáreas de bosques y selvas, que podrían ser incorporadas a esquemas de manejo forestal. Para ello, es fundamental que las políticas públicas y el marco legal se orienten claramente al desarrollo de capacidades productivas y empresariales de las empresas forestales comunitarias, así como al fortalecimiento de la gobernanza y reconocimiento del liderazgo comunitario en los territorios forestales.

Los obstáculos que enfrentan las comunidades y ejidos para manejar y aprovechar de forma sustentable sus recursos forestales, como la sobrerregulación; una tramitología compleja y onerosa; la circulación de productos forestales de origen ilegal -entre 28 y 60% del volumen del mercado- la falta de incentivos para la generación de capacidades productivas, y la marginación impuesta a las comunidades respecto a los procesos de planeación de su territorio, propician el desinterés de los dueños de la tierra en el manejo y conservación de los bosques y selvas.

Asimismo, cierto tipo de políticas públicas e incentivos económicos propician el cambio de uso de suelo para desarrollar otras actividades productivas que les puedan ser más rentables, tales como el uso de sus tierras para la ganadería y agricultura a costa de la deforestación. Otras amenazas sobre los territorios también propician de manera creciente la pérdida de los bosques y la erosión de las estructuras comunitarias, tales como la minería y otras formas de industria extractiva.

Pese a esta situación, muchas empresas forestales comunitarias mexicanas son un ejemplo a seguir en el mundo, ya que mediante la gestión sustentable de los recursos forestales generan beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales, y conservan la cobertura forestal y la biodiversidad.

En numerosas comunidades del país este ejemplo incluye un manejo integrado del territorio, es decir que abordan simultáneamente el aprovechamiento forestal, la producción de alimentos con sistemas agroecológicos, el monitoreo de la calidad del agua y la conservación voluntaria de atributos de alto valor de conservación dentro de sus territorios. Prácticamente todos los ejidos y comunidades que aprovechan sus bosques han establecido medidas para proteger cuerpos de agua, biodiversidad, sitios arqueológicos o con valor ritual o paisajístico, y otros atributos de importancia ambiental o cultural. Además, estas comunidades han alcanzado altos niveles de gobernanza interna y organización comunitaria, y generan empleos e ingresos para las familias, gracias a lo cual se reduce la presión para el cambio de uso de suelo o el abandono de las parcelas.

“La mejor forma de conmemorar el medio ambiente es tomando todas las medidas necesarias para reconocer, valorar y apoyar a las comunidades que viven en los bosques y cuidan de ellos. Cada día hay más evidencias de que los ecosistemas mejor conservados son aquellos que están en manos de comunidades y ejidos. Un ecosistema que es aprovechado de forma racional y con visión de largo plazo por sus legítimos dueños, no sólo les asegura una vida digna, sino que además garantiza la conservación de la biodiversidad, nos provee de agua, captura carbono y ayuda a regular el clima. No hay más que ver las cifras y las experiencias en diversas partes del mundo”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México tiene la enorme oportunidad de fortalecer a estas comunidades, darles certidumbre jurídica y garantizar sus derechos, con una política clara y decidida de apoyo al manejo forestal comunitario.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, cuyo lema para este 2017 es “Conectar a las personas con la naturaleza. En la ciudad y en el campo”, el CCMSS hace un llamado a reconocer el loable trabajo que realizan las y los campesinos para proveer alimentos, propiciar la recarga de los mantos acuíferos, generar aire limpio y fresco, la captura carbono y la conservación de la flora y fauna.

 

Recomendaciones

La mejor estrategia para garantizar los beneficios que los bosques nos brindan es fortalecer desde todos los frentes el manejo forestal y la gobernanza comunitarias y el desarrollo de capacidades productivas:

– Desde el marco legal, mediante leyes que realmente coloquen en el centro del manejo de los bosques el hecho de que estos son propiedad de las comunidades.

– Desde la elaboración y aplicación de políticas públicas, tales como: una política de compras verdes, un combate integral al mercado ilegal de madera y materias primas forestales; un apoyo decidido de las capacidades técnicas, de gestión y gobernanza de las comunidades; un régimen fiscal diferenciado, considerando que las comunidades forestales no son entidades de lucro y que dejan muchos beneficios tangibles e intangibles en sus comunidades y para la sociedad en general.

– En la mejor coordinación interinstitucional y en todos los niveles de gobierno.

– En la asignación de recursos, pues no hay política que funcione sin un presupuesto claro y orientado a la consolidación de procesos de desarrollo.

– Con el reconocimiento, valoración y visibilización de los enormes e invaluables beneficios que estas comunidades nos proveen a quienes vivimos en ámbitos urbanos.

 

 Descarga el documento:

Día Mundial del Medio Ambienta 2017

 

*Fotografia principal: Archivo CCMSS

Con ingenio, el ejido El Rosario conserva y maneja de forma sustentable sus bosques











Sinopsis:

En el ejido Ingenio El Rosario, en la región de Cofre de Perote, Veracruz, la mayor parte de la población tiene empleo, las familias están juntas porque no tienen que salir a buscar trabajo a otra parte. Con las labores de manejo y aprovechamiento de su bosque, el Ejido genera ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de su población.

En las 511 hectáreas de bosque que posee el ejido y que tiene en propiedad colectiva y uso común se realizan trabajos continuos de manejo de sus recursos forestales, como brechas corta fuego, pre aclareos, podas, reforestaciones, control de plagas, trazado de caminos y labores de aprovechamiento del arbolado, esto de acuerdo con su “Programa de Manejo Forestal” y la autorización de aprovechamiento otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El ejido tiene un permiso para cosechar cerca de 6 mil metros cúbicos de madera por año. Entre las especies que aprovechan se encuentran los pinos patula, ayacahuite y ailes.

La madera que cosechan la venden en rollo y por ella obtienen ingresos de alrededor de 6 millones de pesos. Con estos ingresos el ejido cubre el pago a los ejidatarios -trabajadores que participan en las labores de aprovechamiento forestal y en los trabajos de restauración del bosque-. Asimismo, otra parte de los ingresos se invierten en obras de mejoramiento de la infraestructura y servicios del ejido y, finalmente, con los recursos restantes, se realiza un pequeño reparto de utilidades.

José Luis Rangel, asesor técnico del ejido, destaca que el bosque de Ingenio El Rosario, gracias a su buen manejo y conservación, tiene un incremento medio anual de 4 metros cúbicos por hectárea.  Es decir, cuatro veces mayor que la media nacional.

En El Rosario se tiene una gran tradición forestal, pues llevan más de 30 años de manejo y aprovechamiento sustentable de su bosque, esto a pesar de las vedas forestales que han sufrido, como la de 1982 a 1989, periodo en el que por decreto presidencial no pudieron aprovechar sus recursos forestales a pesar de que esa era su única fuente de ingresos. “Nos las tuvimos que arreglar como pudimos para subsistir,” acota el asesor técnico.

Adicionalmente, el ejido enfrenta el problema de la sobrerregulación que se ha impuesto a los productores forestales. Para poder realizar un aprovechamiento forestal legal, tienen que cumplir con múltiples tramites que incluyen estudios, pago de derechos y cumplimiento de complicados requisitos que le quitan a la actividad sus posibilidades de ser competitiva frente a las importaciones y a la producción de madera de plantaciones comerciales.

“A veces, tenemos que hacer dos viajes por semana a las oficinas gubernamentales de Jalapa, que nos quedan a dos horas de distancia, hasta que nos dan los documentos. Esto representa gastos de transportación y la pérdida de tiempo, porque esos días ya no podemos trabajar en el bosque,” explica José Luis.

Entre más tiempo se retrasa la emisión de los permisos y autorizaciones los compradores les bajan el precio de compra de la madera, porque también a ellos les generan gastos estos contratiempos.

Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

Jaime Crespo Báez, ex comisariado ejidal y coordinador de los trabajos de manejo forestal en el Ingenio El Rosario, comenta que los periodos de veda que han enfrentados fueron muy complicados y lamenta que “pareciera que a las autoridades les importa más una lagartija que la gente que vive en los bosques.”

Explica que el ejido es un ejemplo de buen manejo y aprovechamiento forestal, no solo por la buena conservación del arbolado, pues también se llevan a cabo trabajos de conservación de suelos, de agua y de biodiversidad.

“Mucho antes de que se pusieran de moda estas medidas de conservación de la flora y la fauna, el ejido ya realizaba un cuidado muy especial de los animales, sus madrigueras, los nidos y las plantas que crecen en el bosque,” recalca.

José Luis Rangel, resalta que cuando se lleva a cabo la cosecha de madera, los trabajos se realizan con mucha atención, vigilando que se haga el menor maltrato posible del bosque, los derribos se hacen buscando no afectar a los otros árboles que están en pie; los carriles de arrime se trazan de tal forma que no generen afectaciones y al terminar los trabajos de cosecha se deja completamente limpia la zona del aprovechamiento, para que las coronas y ramas no sean un foco de infección de plagas ni se propaguen los incendios.

Además de todo lo anterior, refiere el ex comisariado que el ejido ha creado una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) con la cual se reforzarán las actividades de conservación del territorio ejidal.

Jaime Crespo detalla que el Ejido participa en el Programa de Pago por Servicios Ambientales por los que recibe anualmente una pequeña compensación por cada hectárea de bosque que se encuentra bajo el esquema en conservación. “Ese dinero en realidad no nos alcanza para realizar los trabajos necesarios para garantizar la conservación, como son las brechas cortafuego, la señalética, las obras de retención del suelo; sin embargo, el ejido está comprometido con la conservación e invierte recursos adicionales para financiar los trabajos que requiere el bosque.

“Nosotros creemos que los servicios ambientales que presta el bosque del ejido son muy importantes pues aseguran la infiltración que permite el abasto de agua potable a la ciudad de Coatepec y el abasto al comercio y a la industria regional.  Creemos que ellos –los usuarios del agua-, deberían también preocuparse por la conservación del bosque y contribuir para sufragar los costos del buen manejo y la conservación. Pero esto no es así, ellos solo pagan por los costos de conducción del agua, pero nunca pagan los costos de conservación de las cuencas de abasto,” subraya.

Jaime Crespo, quien ha acudido a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para mostrar las ventajas del manejo forestal comunitario, refiere con tristeza que “los beneficiarios de los servicios ambientales, como las empresas, las ciudades y los productores de cítricos y de ganado; son quienes nos tachan de tala montes y depredadores del bosque. Lo dicen sin conocimiento de causa.”

Comunidades recuperan el bosque del Cofre de Perote y dotan de agua a la región

Comunidades recuperan el bosque del Cofre de Perote y dotan de agua a la region










Sinopsis:

A unos días de poner en marcha su empresa comunitaria de purificación y embotellado de agua, el comisariado del Ejido Ingenio El Rosario, en el municipio de Xico, Veracruz, Pedro Olvera Miranda comenta que esto es posible gracias a que hoy día se tiene agua de calidad que escurre del Cofre de Perote. Un volcán que alcanza los 4 mil 200 metros de altura y que en 2008 sufrió un severo incendio que arrasó con más de tres mil hectáreas del bosque que cubre sus laderas.

Jaime Crespo Báez, ejidatario de Ingenio El Rosario, relata que luego del incendio del 2008 que duró cuatro meses, en el que se perdió la cobertura vegetal y se redujo considerablemente la infiltración de agua, “muchos ojos de agua y manantiales se secaron porque ya no había arboles ni material vegetal que permitieran la recarga de agua en temporada de lluvias.”

Al no haber arbolado para frenar el escurrimiento del agua cuando se presentaban lluvias fuertes la corriente arrastraba suelo, piedras y troncos. “Se llevaba todo lo que se encontraba a su paso, erosionaba los terrenos y ponía en riesgo a la gente que vivimos abajo,” detalla Jaime.

Explica que luego del incendio, se diseñó un plan para la restauración de las zonas afectadas. Este programa, impulsado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, contó con la participación entusiasta de la gente de los ejidos y ha logrado recuperar la cobertura vegetal, la fauna silvestre y la recarga de los mantos freáticos que dotan de agua a la población local y a la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz.

Como parte del programa de restauración de las zonas afectadas del volcán se han llevado a cabo, durante los últimos 7 años, una estrategia que incluye intensos trabajos de reforestación, acomodo de material vegetal muerto; elaboración de brechas corta fuego, armado de represas de troncos y de piedra para la retención del suelo; y muy importante, refiere Jaime Crespo, la construcción de pequeñas obras para la captación e infiltración de agua.

Ahora que nuevamente cuentan con agua de muy buena calidad, y con los ingresos que han logrado generar en el ejido Ingenio El Rosario con sus trabajos de manejo y aprovechamiento forestal, decidieron emprender el proyecto de la creación y puesta en marcha de la purificadora y embotelladora de agua.

La asamblea del ejido designó a un grupo de 11 de los 36 ejidatarios que la componen para la puesta en marcha del proyecto.

Comenzaron con la realización de un estudio de mercado para conocer la viabilidad de comercializar garrafones de agua en la región. Posteriormente, pulieron su proyecto, gestionaron un subsidio federal de 100 mil pesos, que junto con una inversión de 350 mil pesos que puso el ejido, les sirvió para la compra de la maquinaria para el embotellado, los filtros para la purificación y los garrafones de 20 litros.

El presidente del comisariado de Ingenio El Rosario detalla que el costo de producción de cada garrafón de 20 litros será de 5 pesos, más otros 3 pesos para la comercialización y distribución. “En total sale cada garrafón en 8 pesos y tenemos previsto venderlos en 15, lo que nos deja un buen margen de ganancia para pagar los salarios de los trabajadores, que serán miembros del propio ejido.

Más que generar riqueza, lo que se pretende con estos proyectos productivos comunitarios es generar empleos para los pobladores y evitar que los jóvenes tengan que emigrar y alejarse de sus familias.

El bosque para nosotros es todo. Nos da de comer con el aprovechamiento; nos da trabajo, nos da aire limpio y fresco; y nos da agua limpia para consumo, para la siembra y para nuestros animales,” enfatiza Jaime Crespo Báez.

Los bosques requieren la innovación de los jóvenes; es necesario mejorar sus espacios de participación











Sinopsis:

Los jóvenes son agentes muy capaces de detonar el desarrollo en el medio rural, sin embargo, suelen estar marginados de las actividades productivas, de la toma de decisiones y del acceso a los recursos, particularmente a la tierra. Esta falta de oportunidades los orilla a la migración en busca de mejores condiciones de empleo y desarrollo en otros lugares: a las ciudades. Aunque muchas de las veces, tampoco encuentran las oportunidades en esos sitios.

De acuerdo con datos de la Comisión Forestal para América del Norte (COFAN) de la FAO, en el sector forestal, a nivel mundial, tanto los jóvenes como las mujeres carecen de espacios de participación activa en las actividades productivas y en la toma de decisiones, lo cual limita el desarrollo del sector y desaprovecha el bono poblacional de los países. No obstante, que la población rural se está envejeciendo.

El estudio desarrollado conjuntamente ente la Sagarpa y la FAO, titulado Envejecimiento de la población rural en México, refiere que las personas que participan en actividades de silvicultura y recolección tienen en promedio una edad de 49.9 años, lo cual puede significarles limitaciones en el uso de tecnologías y mecanismos innovadores para el desempeño de sus actividades.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010, México cuenta con alrededor de 35 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, de los cuales un 12 por ciento vive en zonas rurales; aunque cada vez más se va reduciendo el tamaño de la población rural por la migración de este sector de la población hacia las ciudades, lo cual desvincula a los jóvenes de su relación con el medio ambiente.

Si bien es cierto que en los últimos años se han incrementado las oportunidades de empleo en el sector rural para los jóvenes y las mujeres, muchos de estos empleos suelen ser mal remunerados, lo cual le impide las personas acceder a mejores condiciones de vida y desarrollo.

La misma COFAN destaca que “las reformas institucionales relacionadas con la tenencia de tierras forestales, el acceso a los mercados y la capacidad de desarrollo en el ámbito de la ordenación forestal sostenible no pueden ser fructíferas sin una plena participación de las mujeres y los jóvenes.” Esto es uno de los grandes pendientes en países como México.

En un documento emanado de la 28 reunión de la COFAN celebrada en Campeche, México, en 2016, se establece que “las iniciativas educativas para la juventud, la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con el sector forestal y la participación de los jóvenes sobre temas forestales son aún inexistentes o, en el mejor de los casos, muy limitadas.” Por lo que es indispensable redoblar esfuerzos para “llegar a los jóvenes y lograr su participación para garantizar que la generación siguiente contribuya a un sector forestal sostenible y capaz de satisfacer las necesidades del futuro.”

La importancia de que los jóvenes participen en los debates relativos al manejo, conservación y aprovechamiento de los bosques radica en que ellos serán los principales afectados por los efectos causados por la degradación forestal.

La degradación de los bosques pone en peligro la seguridad alimentaria y las condiciones generales de vida de todas las personas, particularmente los sectores de la población más vulnerables, quienes viven en los estos ecosistemas y dependen de ellos para su subsistencia. “Los jóvenes serán los más expuestos a los efectos a largo plazo de la degradación forestal, debido a su mayor esperanza de vida. Tendrán que vivir durante bastante tiempo con las consecuencias del deterioro de los bosques que puedan heredar.”

Es necesario abatir las brechas de género que permean al sector forestal, y para ello, una buena medida, es la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas que incidan sobre los bosques. De acuerdo con Eva Müller, directora de la División de Políticas y Recursos Forestales de la FAO, se debe “mejorar la coordinación entre los ministerios técnicos y los grupos de la sociedad civil que representan a las mujeres y los jóvenes, para fomentar una mejor comprensión de los derechos, las necesidades, las prioridades y las capacidades de los hombres, las mujeres y los jóvenes en el sector forestal.”

La COFAN recomienda que los jóvenes no deben ser testigos pasivos de las prácticas forestales. “Se encuentran en condiciones de inventar y desarrollar nuevas formas de actuación y activismo y de crear respuestas eficaces para las cuestiones que generan preocupación.”

Sin embargo, para lograr una mayor vinculación e interés de la juventud en los temas forestales, es necesario reforzar los programas educativos e incluir estas temáticas en programas escolares, para que comprendan la importancia que tienen los bosques para su vida diaria y para el futuro del planeta.

Si bien es cierto que las escuelas han incluido en sus programas educativos asignaturas relacionadas con el medio ambiente y los bosques, la falta de conocimientos especializados de los profesores puede suponer una barrera para transmitir los mensajes y conocimientos apropiados sobre el tema. “Esta es un área en la que los técnicos forestales pueden ofrecer sus conocimientos especializados de una forma más dinámica, colaborando con las escuelas y organizando visitas a las aulas o excursiones sobre el terreno,” refiere el documento de la COFAN titulado “Genero, Juventud y Enseñanza” de 2016.

 

Las mujeres rurales y los bosques

paisajes bioculturales










Sinopsis:

 

paisajes bioculturales

Las mujeres juegan un rol preponderante en la conservación de los bosques y de la biodiversidad, a pesar de que su participación en la toma de decisiones en el sector forestal, a nivel mundial, está restringida y de que no reciben la remuneración adecuada por su trabajo.

El estudio de la FAO titulado: Los bosques, la seguridad alimentaria y el género, resalta que “las mujeres son actores eficaces y agentes de cambio en la mitigación y adaptación al cambio climático, pues poseen un gran cúmulo de conocimientos y competencias que se pueden utilizar en la mitigación del cambio climático, la reducción de catástrofes y las estrategias de adaptación” si se las empodera en el diseño de estrategias y toma de decisiones en el manejo sustentable de los bosques.

Además, generalmente son ellas quienes administran los alimentos y otros recursos, como la leña, que obtienen de los bosques. “Como responsables de la gestión de los recursos naturales, las mujeres influyen en la cantidad total de diversidad genética conservada y utilizada, asimismo, trabajan para contrarrestar la disminución de la biodiversidad causada en parte por los hombres a favor de monocultivos orientados a la ganancia en efectivo.”

Por ello, recomienda el estudio que “los programas y políticas forestales que tienen como objetivo ser socialmente sensibles deben tener en cuenta las dimensiones de género del uso de los recursos, necesidades, acceso, conocimientos y estrategias para abordar el cambio climático.”

En México 14 millones de mujeres viven en el medio rural, y de ellas, 3.5 millones son indígenas que padecen una serie de inequidades que hace más complejas sus actividades de generación de ingresos, alimentos y manutención de sus hogares y familias.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en el medio rural mexicano, “la participación de las mujeres en las actividades del campo, además de sus funciones reproductivas, en la producción de bienes y servicios y en la contribución al ingreso familiar, muestra una tendencia creciente a asumir la jefatura de los hogares a raíz de la emigración masculina, del abandono del hogar por fallecimiento o separación conyugal, por la incorporación a labores remuneradas de mujeres en los rangos de mayor edad. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, pero también propician situaciones de mayor inequidad al asumir más responsabilidades en la supervivencia del hogar, sin dejar de realizar las tareas domésticas.”

Tenencia de la tierra y toma de decisiones 

En este sentido, la FAO subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los procesos de gestión y toma de decisiones en materia forestal aumentar la concienciación de las funciones de las mujeres y los hombres en la gestión sostenible de bosques y árboles, lo cual coadyuvará a gestionar de mejor forma los conflictos causados por la competencia entre los distintos usos de los bosques y sus productos, y garantizar que se mantengan los derechos tradicionales e indígenas de mujeres y hombres sobre el uso de los ecosistemas forestales.

Asimismo, es fundamental garantizar que mujeres y hombres reciban capacitación, y tengan acceso a información y otros servicios externos para incrementar la productividad mediante la utilización de tecnologías nuevas y mejoradas, y aumentar la capacidad de las comunidades para sacar el máximo provecho de las funciones complementarias de mujeres y hombres.

Con una perspectiva de igualdad de género en el sector forestal se potenciarían las actividades de regeneración de los bosques, conservación de la biodiversidad, protección de las cuencas hidrográficas y la asignación de permisos de aprovechamiento de los bosques.

Las mujeres, en comparación con los hombres, generalmente se encuentran en desventaja en cuanto al acceso a los recursos forestales y a las oportunidades económicas en el sector forestal debido factores como los bajos niveles de alfabetización, educación, capacidades físicas y competencias técnicas; además de menor acceso a los servicios de extensionismo y crédito para emprender proyectos productivos; limitaciones de tiempo y movilidad, acceso limitado a los mercados y a la información relacionada con el mercado; discriminación en la propiedad convencional de los bosques y árboles y productos arbóreos y de los regímenes de tenencia; menor participación en las instituciones rurales, como los comisariados ejidales y de bienes comunales.

Sobre la tenencia de la tierra, la misma FAO precisa que en el objetivo de desarrollo sustentable número 5, se reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que ello les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.

En esta materia, un estudio que recoge datos de seis países americanos halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México, con un 32.2 %; en Paraguay del 29.7 %; en 20 por ciento en Nicaragua y el 14 por ciento en Honduras.

De igual forma, en México en noviembre de 2016 el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres a contar con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y las comunidades.

Con una modificación al Artículo 37 de la Ley Agraria, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran los comisariados ejidales y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60 por ciento de candidatos de un mismo género, para que las mujeres puedan aspirar a cualquiera de los puestos. Lo mismo que en las comisiones y los secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal o de bienes comunales, se procura la integración de las mujeres.

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

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Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

¿Cuánto carbono almacenan los bosques comunitarios en México?

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Necesario impulsar manejo forestal comunitario en Latinoamérica para conservar la Biodiversidad











Sinopsis:

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  • Integración de la biodiversidad al manejo forestal es una práctica ancestral de comunidades indígenas.
  • Indispensable canalizar recursos de la cooperación internacional a comunidades indígenas forestales para la conservación de la biodiversidad.

(COP13 CDB, Cancún, Quintana Roo – 9 de diciembre de 2016) Representantes de comunidades locales y pueblos indígenas de Latinoamérica dedicados al manejo forestal sustentable de sus bosques hicieron un llamado para que los países adopten políticas públicas eficaces y ágiles que favorezcan el aprovechamiento de sus recursos naturales de manera sostenible.

En el marco de la Conferencia de la Partes de Naciones Unidas del Convenio de Diversidad Biológica (COP13 CDB) que se celebró en Cancún, Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), indicó que está ampliamente comprobado y documentado que la conservación de los bosques y la biodiversidad en el largo plazo, está estrechamente vinculada con el respeto y reconocimiento de los derechos de las comunidades que viven y dependen de los bosques y selvas.

En el evento paralelo: Conservación de la Biodiversidad en el manejo forestal sustentable, precisó que en México es un derecho Constitucional el respeto a los derechos y libre determinación de los pueblos indígenas que, en la práctica, no se ejerce en plenitud.

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Comunidades indígenas y bosques

En su intervención, Henderson Renfigo, líder indígena peruano y miembro de la Coordinadora de las organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), destacó la necesidad de que los cooperantes y agencias de financiamiento internacional canalicen recursos a las comunidades, porque allá no llegan todos estos acuerdos que se tratan en estos grandes eventos como la COP13 del Convenido de Diversidad Biológica.

Añadió que el tema de la integración de la biodiversidad en las actividades productivas de los pueblos indígenas no es algo nuevo, pues ancestralmente lo hemos hecho, por ello los territorios indígenas son los que presentan mejores índices de conservación.

Henderson detalló que en la Amazonía peruana los pueblos indígenas llevaron a cabo una revolución forestal en la que reclamaron el manejo de los recursos forestales, que previamente había sido depredado por particulares autorizados por el gobierno del Perú.

No obstante, comentó que aún quedan muchos retos por superar para garantizar la conservación en el largo plazo de la selva peruana, como la excesiva corrupción y la canalización de recursos suficientes para el fortalecimiento de emprendimientos productivos y la titulación de tierras a favor de las comunidades originarias.

Recuperación de bosques y desarrollo social

En este sentido, Netzar Arrortua, presidente del comisariado de bienes comunales de Capulalpam de Méndez y miembro de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Norte de Oaxaca (UZACHI), subrayó el importante papel que juegan las comunidades y ejidos en México en la conservación de los bosques y selvas y, al mismo, tiempo cubren los huecos que el Estado no atiende en sus comunidades.

Con el manejo sustentable del bosque que realizan las comunidades forestales a través de la conformación de empresas forestales comunitarias, generan recursos que son destinados para el propio saneamiento y mantenimiento de sus recursos forestales y el resto lo invierten en la generación de obra pública, como construcción de escuelas, caminos, alumbrado, entre otras.

Asimismo, Netzar Arrortua recalcó la necesidad de que el gobierno se comprometa verdaderamente con el desarrollo del sector forestal en México, “porque la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) cuando compran mobiliario prefieren adquirir productos de metal o plástico; y cuando son productos de madera son importados, en vez de apoyar el buen trabajo y de alta calidad que realizamos las comunidades de UZACHI, que estamos certificados por el FSC en manejo forestal.

Baltazar López, de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO) y miembro de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), coincidió en la importancia de que se impulse al sector forestal en México y se reconozca el papel fundamental que juegan las comunidades y ejidos forestales para mantener estos ecosistemas en buen estado y evitar el cambio de uso de suelo y la degradación de los suelos.

Por último, Cándido Mezúa, indígena de la Comarca Emberá del Panamá y representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosque (AMPB) recalcó la necesidad de generar un esquema de certificación de manejo forestal cultural para las comunidades indígenas, y que este esquema no les sea costoso, ya que prácticamente el 70 por ciento de los recursos que obtienen las comunidades panameñas tienen que pagarlo en certificación e impuestos federales.

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Necesario fortalecer a comunidades rurales ante presiones extractivistas











Sinopsis:

México tiene una enorme riqueza en activos naturales, pero tiene un enorme reto para garantizar su sostenibilidad. Esto implica la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas y visiones que nos permitan tomar decisiones y generar políticas públicas para garantizar una gobernanza efectiva de los territorios y los recursos, planteó Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) que se imparte en la UNAM.

Durante su intervención en la apertura de los trabajos del seminario que se lleva a cabo en la Universidad, la especialista destacó que “las comunidades rurales son elementos clave para la gestión y conservación de recursos como el agua y los bosques; puesto que tenemos ejemplos exitosos de emprendimientos sociales en la materia desde los años 80 y 90.”

“Solo la sociedad civil, somos quienes podemos plantar cara contra las iniciativas extractivistas y privatizadoras de bienes de uso común, como el agua,” enfatizó Ugo Mattei, investigador y profesor de la Universidad de Turín, Italia.

Soluciones integrales e interdisciplinarias

En la primera sesión del SUSMAI, que centró la discusión en el tema de la defensa del acceso social al agua, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para asegurar un libre acceso al agua es necesario romper con una tradición de más de 30 años de un paradigma economicista de gestión de los recursos, en el que todo gira en torno de las reglas del mercado, porque “esto ha generado el desconocimiento de los derechos de los pueblos, el desmantelamiento de las instituciones sociales y el expansionismo de la privatización de bienes de uso común como el agua.”

“Desafortunadamente, México es emblemático en sus transformaciones jurídicas a favor de la acumulación y el extractivismo como la ley minera, la de inversión extranjera; las reformas privatizadoras, como la energética,” lamentó el investigador.

Otro de los retos para generar soluciones que nos permitan garantizar el acceso al agua, tal cual se establece en el artículo cuarto de la Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”; “es necesario que la academia trabaje de manera interdisciplinaria, y parece que los especialistas de las distintas áreas del conocimiento se están comenzando a entender mutuamente y están comenzando a generar paradigmas teóricos y soluciones de forma conjunta”, resaltó Luis Zambrano, titular del Instituto de Biología de la UNAM.

Explicó que “la fragmentación del conocimiento generó efectos en otros niveles, como la segmentación de las relaciones personales y la separación de las personas mismas. Para atender los problemas sociales y locales es necesario juntar diversas áreas del conocimiento y generar confianza entre estas para poder actuar con un enfoque integral.”

Visión de cuenca y gestión integrada del territorio

Por su parte, Raúl Pineda, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) subrayó la importancia de atender las problemáticas socio-ambientales desde una visión de cuenca, con delimitaciones marcadas por las propias dinámicas naturales.

Precisó que “la cuenca nos ofrece una visión integrada de las presiones sobre los territorios y sus recursos: como el agua.”

Desde un enfoque de cuenca, agregó, “podremos encontrar mejores soluciones para la gestión de los recursos y el desarrollo de las comunidades que las habitan, además todos habitamos una cuenca.”

Garantizar el acceso al agua

Para garantizar la disponibilidad y acceso al agua es necesario prestar particular atención a las dos industrias más perversas: la minería y el fracking, aseveró Marisa Mazarí, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Comentó que es contradictorio que se quieran cumplir con metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y al mismo tiempo se brinden tantas facilidades para la extracción minera y la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Sobre este tema, Ugo Mattei detalló que “privilegiar la privatización de los recursos es uno de los más grandes errores. El agua es un bien común que no se puede comercializar, ni gobernarse de acuerdo con las reglas del mercado. Porque desde una visión privada y de mercado, si yo vendiera agua, tendría que hacer todo lo posible por vender la mayor cantidad al menor costo de producción y eso es insustentable con el agua”.

*Fotografía: Arturo Campos Cedillo

Certificación de manejo forestal comunitario en México (Nota Informativa 47)











Sinopsis:

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  • México es líder mundial en superficie de bosque certificada en manejo forestal comunitario
  • En México operan tres diferentes esquemas de certificación forestal y en conjunto suman una superficie certificada de 2 millones 192 mil ha (ATP, NMX 143, FSC).
  • México es el país con mayor superficie forestal comunitaria certificada bajo los requisitos del FSC.
    Adicionalmente, más de 2 millones 400 mil ha de superficie forestal se encuentran en proceso de certificación (ATP, NMX 143, FSC).
  • La certificación de manejo forestal y de cadena de custodia son dos mecanismos claves que contribuyen a la conservación de los ecosistemas forestales y permiten impulsar el manejo sostenible de los bosques y selvas.
  • Promover el consumo de madera y productos forestales certificados desde el sector público es indispensable para coadyuvar a la conservación activa de los bosques y selvas mexicanos.

El manejo forestal comunitario es un modelo de administración de bosques y selvas que han generado   las comunidades y ejidos que cuentan con superficie forestal y que a partir de las décadas de los 70 y 80, luego de la reforma agraria y la publicación de la Ley Forestal en México de 1986, comenzaron a desarrollar programas de manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

De acuerdo con datos del estudio realizado por Frederick W. Cabbage, Community Forestry Enterprises in Mexico: Sustainability and Competitiveness, al día de hoy operan más de 992 Empresas Forestales Comunitarias en nuestro país, con diferentes niveles de organización y apropiación del proceso productivo.

La consolidación de este esquema organizativo para el aprovechamiento de los recursos forestales por parte de las comunidades y ejidos forestales, quienes poseen más del 50 por ciento de la superficie forestal de México (hasta un 60 por ciento de los bosques y selvas), se debe a los buenos resultados que se han podido documentar al respecto, puesto que las EFC han logrado generar ingresos netos, empleos para los miembros de las comunidades y el mantenimiento de sus bosques en óptimas condiciones.

Algunas de estas comunidades y ejidos forestales han avanzado considerablemente en los aspectos silvícolas, ambientales, sociales y económicos, logrando la certificación en manejo forestal bajo alguno de los tres esquemas de Certificación reconocidos en México: las Auditorías Técnicas Preventivas; la certificación Bosques sustentables (NMX 143); y la certificación internacional del Forest Stwardship Council (FSC).

Consulta y descarga el documento completo en: Nota Informativa 47 – México es líder mundial en superficie de bosque certificada en manejo forestal comunitario

¡Nueva colaboración en Eme Equis! La cara financiera de la biodiversidad











Sinopsis:

El ama de casa pone los huevos en distintas canastas. Los inversionistas buscan un portafolio de acciones. Los vendedores construyen una cartera de clientes. Así, todos minimizan los riesgos y evitan que un solo error de cálculo o un golpe de mala suerte tenga efectos catastróficos. Muchos agricultores hacen lo mismo: diversificando sus cultivos capean las plagas y los desastres naturales. Desde el año pasado, los cafetaleros de varias regiones del país están viendo en carne propia las ventajas de hacerlo: un hongo ha arrasado con el café mexicano y sólo quien apostó por distintos cultivos podrá cosechar algo esta temporada.

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¿Para qué sirve la agrobiodiversidad? Tres estudios que explican sus virtudes











Sinopsis:

Agrobiodiversidad de la Chinantla oaxaqueña - Foto de Eugenio Fernández VázquezAsí como se habla de no poner todos los huevos en la misma canasta, podría hablarse de no apostar todo el ingreso a un solo cultivo. En la agrobiodiversidad está una de las claves para mantener sanos los suelos de los que depende la agricultura, los bosques que muchas veces la envuelven y la fauna de la que depende para que las plagas no arrasen con la producción. En el cultivo de distintas especies a la vez está también una de las claves para ganar en productividad y para enfrentar mejor las incertidumbres climáticas y económicas que trajeron el calentamiento global y la crisis financiera que no se va.

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La deforestación en América Latina va a la baja, ¿qué provocó este cambio?

Foto: Eugenio Fernández Vázquez










Sinopsis:

Foto: Eugenio Fernández VázquezEl último reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) trajo, entre la cauda de datos negativos sobre el aumento de temperaturas globales y de emisiones de gases de efecto invernadero, una buena noticia: el campo y los bosques redujeron en forma importante su contribución al calentamiento global. El IPCC explicó que esto se debió a que bajaron las tasas de deforestación en el mundo y a procesos de recuperación de tierras que antes estaban deforestadas. Pero, ¿qué hay detrás de estos procesos de conservación y de reforestación? En términos de carbono es una buena noticia, pero, ¿lo es también en términos de biodiversidad, de servicios ambientales, de bienestar social? Al menos en América Latina, la respuesta es ambigua, aunque esperanzadora.

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