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Gobernanza y transparencia, pilares del manejo forestal comunitario en el ejido Chavarria Viejo











Sinopsis:

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer la gobernanza de los ejidos y comunidades. Cuando hay una buena gestión de los comisariados ejidales la gente confía, se pueden emprender proyectos productivos y se puede invertir en bienes para la producción.

En las comunidades y ejidos es muy complicado que los compañeros se organicen, se tiene que hacer mucho trabajo para poder llegar a acuerdos, además es importante que los acuerdos se respeten. “Gracias al trabajo que hemos hecho de fortalecimiento de la gobernanza en el ejido, hemos podido avanzar en consolidar nuestras empresas sociales”, explica Miguel Ángel Alvarado Huizar, presidente del comisariado ejidal del Ejido Chavarría Viejo.

Este ejido que se ubica en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, tiene una larga tradición forestal, como todo el municipio. En Pueblo Nuevo se produce el 30 por ciento de la madera de todo el estado de Durango. El manejo y aprovechamiento forestal es la principal actividad productiva en Chavarría Viejo.

Miguel Alvarado detalla que “el componente más importante que hay que desarrollar para poder avanzar en el desarrollo forestal es la organización, la gobernanza. Creo que a partir de los esfuerzos de organización que ha hecho el ejido, hemos logrado convertirnos en un ejemplo, porque así los ejidatarios hemos podido recobrar el control del manejo y aprovechamiento de nuestro bosque”.

De acuerdo con el índice de Desarrollo Forestal de la Conafor, las empresas forestales comunitarias se clasifican en cuatro categorías: Tipo I, aquellas con bosques comerciales pero que no aprovechan; Tipo II, aquellas que venden madera desde en pie dejando al contratistas externos la responsabilidad del manejo del bosque; Tipo III, aquellas que cuentan con equipo y hacen la extracción de madera por cuenta propia y el Tipo IV, aquellas que tienen aserraderos, o venden su madera con algún otro valor agregado.

El ejido Chavaria Viejo no se ha quedado en las etapas iniciales del proceso de apropiación de los procesos productivos y ha logrado avanzar sustantivamente y posicionarse en la categoría Tipo IV. A partir de la cohesión, la transparencia y la formulación y respeto de acuerdos en las asambleas, el ejido ha retomado el control del proceso de manejo de su bosque y han avanzado a la generación de valor agregado de su producción de madera. Esto propicia la creación de empleos y más ingresos para las familias del ejido.

“Además de la empresa forestal ejidal que se encarga de cosechar el bosque, decidimos crear una sociedad de producción rural, con otra administración, que se encarga de darle el valor agregado a la madera: se trata de un aserradero. Y también creamos otra empresa comunitaria que se encarga de aprovechar los productos secundarios del aprovechamiento forestal, de esta forma le restamos la carga fiscal al ejido, porque nos cobran impuestos como si fuésemos una empresa privada, pero nosotros somos un grupo de trabajo comunitario”, comenta el presidente del comisariado ejidal de Chavarría Viejo.

Anteriormente, solo comercializaban la madera en rollo, los fustes; las puntas y ramas solo se desechaban, pero hoy día el ejido las aprovecha para generar astilla para celulosa. “Con estas actividades generamos empleo, derrama económica, conservamos el bosque y mejoramos los servicios ambientales, como la recarga de los mantos freáticos”, enfatiza Miguel Ángel.

El ejido Chavarría Viejo goza de una riqueza natural envidiable, pues cuenta con una extensión de 9 mil hectáreas de bosque, de las cuales 6 mil se encuentran dentro del plan de manejo y aprovechamiento forestal. “Tenemos autorización de aprovechar 25 mil metros cúbicos anualmente, de las variedades de pino y encino”. Sin embargo, para aprovechar de mejor forma su riqueza natural y belleza escénica, Miguel Ángel señala que el ejido está invirtiendo en el desarrollo de un parque ecoturísitico, que ya prácticamente se encuentra terminado.

Enfatiza que “cada empresa del ejido tiene su propia administración y hay una rendición de cuentas muy precisa, transparente y rigurosa, para que haya confianza por parte de todos los ejidatarios”.

Así han alcanzado grandes logros, no solo en lo económico, “es muy satisfactorio ver el desarrollo del ejido, lograr una mejor organización y generar confianza”. El ejido Chavarría Viejo fundado hace 55 años, está integrado por 93 ejidatarios y cuenta con una población de mil habitantes y, desde su origen, se caracteriza por su tradición forestal.

Ahí la economía y la vida dependen del bosque, “por eso lo cuidamos. Algunos pensarán que sacarle al bosque trocería lo afecta y que en unos años se acabará, pero eso es totalmente falso. Nosotros solo sacamos lo que el mismo bosque está produciendo, sin afectarlo. Estamos cosechando solo lo que el bosque puede producir, en términos de regeneración”.

Desde hace cinco años la directiva ejidal se ha enfocado en el fortalecimiento de la gobernanza interna. Hicimos modificaciones a los reglamentos internos y trabajamos en asambleas para que “los compañeros tomen conciencia de la importancia de modernizar nuestra industria forestal, de invertir en material de trabajo, que más adelante no traiga más ingresos y generación de más empleos para nuestra gente”, puntualiza Alvarado Huizar.

Todo esto suena muy bien, pero no ha sido fácil, “ha sido una intensa labor de empuje, empezando en pequeño, pero dando resultados constantes. Aunque aun falta mucho por hacer, necesitamos avanzar más en la transformación de la madera, darle más valor agregado, en vez de vender tablas podríamos vender molduras, muebles; podríamos vender casas prefabricadas de madera; para allá va encaminado el plan de desarrollo del ejido” y la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para lograr el objetivo, insiste Miguel Alvarado.

Los demás ejidos del municipio de Pueblo Nuevo, en el que se ubica Chavarría Viejo, también están trabajando en el fortalecimiento de sus procesos de toma de decisiones, de transparencia en el uso de los recursos y están apostando por invertir en el desarrollo de sus ejidos.  De hecho, comenta el presidente del comisariado ejidal que realizan jornadas de intercambio y talleres entre los distintos ejidos para encontrar alternativas a los problemas que se presentan en el manejo forestal.

A nivel estado, en el municipio de Pueblo Nuevo se produce casi el 30 por ciento de la madera de todo Durango. “Hay ejidos que ya les estamos entrando a esto, le estamos apostando a la industria, pero es una situación compleja, desde la organización primero, luego, diseñar cómo lo vamos a hacer, en procesos participativos de todos los compañeros. Siempre buscando que el ejemplo sean los resultados; solo así podremos convencer a los demás ejidatarios que la industrialización y el desarrollo productivo son benéficos para el ejido, asegura Miguel Ángel Alvarado.

Desarrollo incluyente

En la actualidad, ya no hay tierra para repartir y un derecho ejidal es indivisible, no se pueden heredar fracciones de derechos, “la ley contempla que al ser ejidatario tienes ciertos derechos sobre el territorio y los recursos, pero también como avecindado o hijo de ejidatario tienes otros derechos”, refiere el presidente del comisariado ejidal de Chavarría Viejo.

Añade que cuando un ejidatario tiene varios hijos, solo le puede heredar el derecho a uno. En ese momento los demás hijos desaparecen de la ley agraria, “hay vacíos en esta legislación, pero nosotros los estamos llenando con clausulas en los reglamentos internos”.

En el tema de gobernanza, explica que “estamos trabajando en la modificación de los reglamentos internos, así logramos que todos los ejidatarios, hijos de ejidatarios y avecindados puedan gozar del derecho a las plazas de trabajo que se generan a partir del manejo y aprovechamiento forestal y las otras empresas ejidales”. Es decir, prioritariamente los ejidatarios son los que tienen el derecho a trabajar, luego le siguen sus hijos, hermanos o familiares y avecindados; “si no se consigue que alguien del ejido cubra los puestos de trabajo, entonces se abre ese espectro para que se contrate a personas de fuera del ejido, de las comunidades vecinas”.

Además, los hijos de ejidatarios y avecindados tienen derecho a un pedazo de tierra para sembrar y para que construyan su casa, “porque en el ejido no tenemos el territorio parcelado, íntegramente es uso común. Así, la asamblea le asigna un pedacito de tierra a la persona que quiera hacer su casa o un solar y tienen derecho a ser trabajadores del ejido.

Los trabajadores de las empresas ejidales tienen todas las prestaciones de ley, seguro social, Infonavit, todo lo que contempla la ley. “Nosotros tenemos cerca de 160 trabajadores en las empresas del ejido. Estamos hablando de que hay sustento para 160 familias, estos trabajadores no son ejidatarios, porque el 70 por ciento de los ejidatarios son adultos mayores que ya no trabajan”, asegura con un tono orgulloso, Miguel Alvarado Huizar.

El núcleo ejidal lo componen 60 hombres y 33 mujeres. “Sí hay participación de las mujeres, aunque insuficiente”. Las mujeres participan en labores de cosecha, de aserradero, en actividades de administración. Por ejemplo, “la empresa de ecoturismo que se llama La Pirámide, esta compuesta por 12 trabajadores, 9 mujeres y 3 hombres”.

Apoyos y créditos para el desarrollo forestal comunitario

Para fortalecer el crecimiento del sector forestal en el país, por un lado, se requieren más apoyos de gobierno, acceso al crédito para proyectos productivos. “Necesitamos dinero más barato y que no haya tantas trabas burocráticas para obtener un crédito. Si las comunidades y ejidos no tenemos mucho el ímpetu por emprender proyectos productivos, menos si hay muchas trabas para hacerlo”, plantea.

Destaca que los apoyos de gobierno son muy importantes para poder avanzar en infraestructura y capital de trabajo, y “como ejido hemos sabido aprovecharlos como se debe: dando buenos resultados. Por ejemplo, logramos que la adquisición de uno de los aserraderos más modernos del país”. El aserradero se estrenó en febrero de 2018 y es una necesidad para poder generar un mayor valor a la madera y tener mejor capacidad de procesamiento.

Desde la experiencia de su ejido, Miguel Ángel subraya que “se puede vivir muy dignamente del bosque y sin que los ecosistemas se deterioren; por el contrario, además de madera, producimos servicios ambientales: agua, aire, realmente lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar nuestros recursos para generar ingresos para las familias y conservar estos bosques”.

Este ejido ejemplar, perteneciente a Durango, estado que encabeza la producción forestal de México, cuenta con la certificación de manejo forestal de FSC desde hace 6 años. Con esta certificación independiente el ejido busca garantizar que el aprovechamiento del recurso forestal cumple con los estándares internacionales de buen manejo de bosques y las actividades de corte, extracción, industrialización, administración y seguridad de sus trabajadores cumplen con el marco legal mexicano.  Hace un mes, el ejido inició su tercer ciclo de certificación, que les ha servido para generar confianza hacia el interior del ejido, hacer más eficientes los procesos y tener todo en regla.

“Hemos puesto todo nuestro empeño en mostrar que ha sido la mejor decisión del Estado mexicano el haber puesto en las manos de los ejidatarios las tierras forestales; el haber puesto la tierra, en las manos de quienes trabajan”, concluye.

Candidatos a la presidencia deben comprometerse con las comunidades forestales para la conservación de bosques y selvas











Sinopsis:

 

Día del mundial del medio ambiente

En el marco del Día mundial del Medio Ambiente y ante un escenario de cambio de gobierno, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a los aspirantes a la Presidencia de la República a expresar claramente su compromiso con las comunidades rurales que protegen y utilizan de manera sustentable los bosques y selvas. En este sentido, solicita a los candidatos impulsar, en caso de llegar a la Presidencia, un Plan Nacional de Desarrollo y política pública derivada del mismo que tengan como eje, en lo que respecta a la política forestal, el fortalecimiento del manejo forestal comunitario.

De esta forma, miles de familias que habitan en las regiones forestales podrán mejorar sus condiciones de vida y conservar, en el largo plazo, los bosques, selvas y la biodiversidad que se encuentra en sus territorios.

Las comunidades forestales viven una situación paradójica: son dueños de una gran riqueza natural pero viven en condición de pobreza económica. El país presenta un gran potencial productivo de más de 21 millones de hectáreas de bosques y selvas para la generación de productos forestales maderables y no maderables.

“Pese a este enorme potencial, la excesiva regulación, la falta de estímulos para el desarrollo de capacidades productivas, la carencia de investigación científica y la escasa inversión pública en el sector, mantienen estancada la producción forestal, al tiempo que la balanza comercial presenta un déficit de más de 7 mil millones de dólares. Es urgente revertir esta situación, por ello, le pedimos a los candidatos priorizar el manejo forestal comunitario, pues es la mejor estrategia para conservar los bosques y garantizar una vida digna a quienes los habitan”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.

Aunado a ello, el marco legal privilegia otras actividades que causan severas afectaciones ambientales y sociales, cuyas consecuencias se resienten desproporcionadamente sobre las comunidades rurales. Tal es el caso de las normas que regulan la extracción de bienes minerales del subsuelo, incluyendo metales, no metales e hidrocarburos. Tanto la Ley Minera como la Ley de Hidrocarburos dan preferencia a estas actividades por encima de otro tipo de aprovechamientos que se desarrollan en territorios rurales.

Un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible indica que de los 11,843 núcleos agrarios que tienen superficie forestal, 42% tiene alguna concesión minera en su territorio. La mayor parte de los integrantes de las poblaciones que habitan estos núcleos agrarios no cuenta con información sobre los permisos otorgados para el desarrollo de actividades extractivas.

“El 44% de los proyectos mineros en fases de exploración y desarrollo en México se encuentran en bosques y selvas. La falta de información previa al otorgamiento de los permisos, las promesas de gasto social corporativo incumplidas y las afectaciones sociales y ambientales que se manifiestan a lo largo del desarrollo de proyectos extractivos han dado lugar a más de un centenar de conflictos socioambientales a lo largo y ancho del territorio mexicano”, explicó Francisco Cravioto, coordinador de incidencia en políticas públicas del CCMSS

Frente a estas amenazas, el manejo forestal comunitario ha demostrado ser un modelo exitoso en México y el mundo para la conservación activa de los bosques, selvas y toda la biodiversidad asociada a estos ecosistemas. Gracias a estas labores de conservación es posible brindar servicios ambientales vitales como la captura de carbono, la generación de oxígeno, la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura y la conservación de suelos.

Asimismo, la apropiación de los procesos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales permite la cohesión comunitaria y el fortalecimiento de la gobernanza interna para la toma de decisiones en las comunidades forestales. Estas características les permiten generar ingresos, definir su propio desarrollo y defender sus territorios y bosques ante amenazas como la instauración de megaproyectos energéticos, turísticos y extractivistas que causan severas afectaciones ambientales.

Biodiversidad y comunidades bajo amenaza











Sinopsis:

En este mes, en el que conmemoramos la biodiversidad, es importante resaltar las amenazas que enfrentan los ecosistemas y sus habitantes. Nuestro país enfrenta una gran pérdida de especies y la degradación severa de ecosistemas, ocasionadas por sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo y cambio climático.

México es uno de los cinco países en el mundo denominados como mega-diversos, gracias a que, en su territorio, que representa el uno por ciento de la superficie terrestre, alberga alrededor del 12 por ciento de la biodiversidad del planeta.

La biodiversidad está íntimamente ligada con la diversidad cultural, y el país cuenta con una gran riqueza y conocimientos tradicionales que los distintos grupos originarios han desarrollado y acumulado a lo largo de siglos.

De acuerdo con la Agenda ambiental 2018, diagnósticos y propuestas, de la UNAM, la diversidad y fuerza de las prácticas y conocimientos de los pueblos y comunidades mexicanas sobre su entorno natural son base de la existencia de una importante agrobiodiversidad, con numerosas plantas útiles de las cuales México es centro de origen, domesticación o diversificación.

Arrasando con la biodiversidad

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que los costos derivados de la degradación y el agotamiento del medio ambiente ascendieron a 921 mil 814 millones de pesos en 2016.

En ese mismo año, las inversiones del presupuesto público en conservación ambiental fueron de 130 mil 770 millones de pesos, lo cual significa que tuvimos un déficit de 791 mil 44 millones de pesos para subsanar las pérdidas por la degradación ambiental en el país. Lejos de que esta brecha se cierre pronto, en los últimos 10 años, el presupuesto destinado al sector ambiental se ha reducido en un 56 por ciento.

Asimismo, se han impulsado leyes que favorecen el desarrollo de megaproyectos de infraestructura y generación de energía que van en detrimento del medio ambiente y las comunidades que habitan los territorios en los que se construyen estas obras. La ley minera, por ejemplo, en su artículo sexto establece que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.

Se añade que “el carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Las afectaciones ambientales y sociales no son una preocupación ni por asomo en esta ley.

Por si fuera poco, otras actividades productivas que son insostenibles como la ganadería expansiva y la agricultura industrial, de monocultivos, que emplea grandes cantidades de agua y agroquímicos, reciben grandes incentivos a manera de subsidios y la regulación para emprender proyectos agropecuarios es muy laxa.

En contraparte, otras actividades de manejo y uso sostenible de los recursos naturales como el manejo forestal comunitario, las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, están supeditadas a una regulación excesiva que genera altos costos de transacción y desincentivan a los dueños de estos recursos naturales a emprender estos proyectos de manejo sostenible de la biodiversidad.

Para realizar estas actividades de manejo de la fauna y de los recursos forestales es necesario elaborar un plan de manejo que requiere la contratación de un despacho o profesional prestador de servicios técnicos para su elaboración.

En el caso de las autorizaciones para el aprovechamiento forestal sustentable en selvas se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental y para el registro de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) se requiere cumplir con múltiples requisitos técnicos administrativos para lograr la autorización del aprovechamiento de diversas especies como la palma camedor. Algunos de los trámites para las autorizaciones de estos esquemas de manejo no tienen costo, sin embargo, algunos otros sí, cómo la Manifestación de Impacto Ambiental y son aún más costosos los derivados de la generación de la documentación, información y gestiones ante las oficinas delegacionales de la Semarnat, que generan gastos que pueden rebasar los 200 mil pesos, dependiendo de cada proyecto. Asimismo, los tiempos en los que se obtienen las autorizaciones pueden prolongarse hasta a dos años, incluso cuando se traten de renovaciones de las autorizaciones.

Los recortes presupuestarios y modificaciones al marco normativo en el sector ambiental han impactado en un debilitamiento de las dependencias encargadas de la vigilancia y el fomento de las actividades de manejo y conservación del medio ambiente, como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La falta de personal calificado en las delegaciones estatales dificulta y retrasa la gestión de las autorizaciones de aprovechamiento y la documentación para el transporte y comercialización de productos como los forestales. Esta es otra limitante para el emprendimiento de esquemas de manejo y conservación comunitario de la biodiversidad, que, al mismo tiempo, incentiva la ilegalidad y el clandestinaje.

Además, las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental y prevenir el deterioro ambiental y de la biodiversidad, como la Profepa, la Procuraduría General de la República y los Ministerios Públicos, carecen de personal que entienda las dinámicas de la vida silvestre.

Un reporte elaborado en 2016 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), titulado Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Reporte de la misión de UNODC a México, destaca “la apremiante necesidad de fortalecimiento de capacidades y entrenamiento especializado en materia de vida silvestre. (…) no es exclusivo para el personal de la Profepa, que cuenta con algunos funcionarios conocedores y experimentados, sino imperativo para todas las autoridades involucradas en las distintas etapas de aplicación de la ley en la materia (ambiental), ya sea a nivel administrativo o penal, sin importar su institución de adscripción”.

El reporte señala que “existen aún importantes retos para logar que los mecanismos y estructuras en esta materia (de protección al medio ambiente) puedan ser efectivos y eficientes. No basta con que existan marcos normativos e instituciones responsables de velar por el cumplimiento de los mismos y una gestión adecuada de los recursos silvestres y los bosques que aseguren su sostenibilidad y conservación. Tanto el sistema jurídico como los actores y autoridades involucradas deben funcionar de forma armónica y complementaria, y en el caso de las instituciones relevantes, no sólo promover la coordinación y colaboración intra e interinstitucional, sino llevarla a cabo de forma efectiva y eficiente, optimizando los recursos humanos e institucionales para que, en caso de existir delitos contra la vida silvestre y los bosques, éstos puedan ser solucionados y sancionados como corresponda, creando un desincentivo para que no vuelvan a ocurrir y resarciendo, en la medida de lo posible, los daños ocasionados”.

Es indispensable que se generen estímulos para fortalecer las capacidades de manejo sustentable de la biodiversidad y de los recursos naturales por parte de los legítimos dueños de los territorios, es decir, comunidades, ejidos y pueblos indígenas, pues está demostrado que son estos grupos sociales quienes mejor conservan y protegen la riqueza natural a través de sus saberes y técnicas de manejo.

A lo largo del tiempo, las labores de manejo de estas comunidades han permitido la domesticación y diversificación de un sinnúmero de especies que nos permiten alimentarnos y proveernos de materiales con cultivos como el maíz, las plantas medicinales, los animales de corral, entre muchos otros. A pesar de su enorme valor, este conocimiento no está bien documentado ni se valora en su justa medida como fuente de prácticas sostenibles, de acuerdo con la Agenda ambiental 2018.

En México el 70 por ciento de los territorios forestales son propiedad de ejidos y comunidades, y en estos territorios habita el 80 por ciento de la biodiversidad del país. De hecho, en la república las comunidades forestales han destinado, de forma voluntaria, más de un millón de hectáreas de bosques de alto valor a la conservación. Sin embargo, estas comunidades no reciben los estímulos ni compensaciones adecuadas para poder seguir realizando estas importantes acciones de manejo. En términos generales, estas comunidades que habitan las regiones de mayor riqueza natural viven en condiciones de pobreza y marginación.

 

Fotos: GeoConservación y Consuelo Pagaza.

Agenda Ambiental 2018 de la UNAM o por qué el medio ambiente debe estar en las campañas electorales











Sinopsis:

El patrimonio natural de México se encuentra en un proceso de deterioro grave. La presión sobre los recursos y los territorios es cada vez mayor, y la legislación coadyuva que se privilegie el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, de actividades extractivas de recursos y los cambios de uso del suelo. Mientras que, las actividades de manejo sostenible de los recursos naturales, como el manejo forestal comunitario, enfrentan una regulación excesiva que orilla a los dueños de los recursos y los territorios, principalmente comunidades y ejidos, a optar por otros esquemas productivos que erosionan el suelo y depredan los recursos como la agricultura de monocultivos, el “rentismo” o la ganadería expansiva.

Ante este panorama, y en vísperas de las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) elaboró la Agenda Ambiental 2018, un documento que analiza el estado de los recursos naturales y la política ambiental del país. Además, propone una serie de medidas que podrían ayudar a superar grandes problemáticas que enfrenta el país en materia ambiental.

El documento, coordinado por la dra. Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del consejo directivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explica que en este proyecto participaron más de 40 especialistas de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro Geo), y de organizaciones de la sociedad civil como el CCMSS, entre otros.

La Agenda Ambiental aborda el tema de la gestión y problemática del agua, la biodiversidad, los bosques, el proceso de transición energética, las ciudades, los mares y costas, la minería, agricultura y los derechos humanos asociados a la gestión ambiental.

Los bosques, retos y propuestas

En el diagnóstico del sector forestal, se destaca un panorama de estancamiento productivo que se traduce en un déficit de la balanza comercial de productos forestales del país de 7 mil millones de dólares. De los 20 millones de metros cúbicos de madera que se consumen en México, solo se producen 7 millones.

Este déficit productivo se debe, entre otras cosas, a la excesiva carga regulatoria, “la complejidad de la tramitación de permisos y autorizaciones asociados al manejo forestal genera tiempos y costos excesivos que desincentivan a los productores legales y favorecen la ilegalidad”.

Así mismo, el sector carece de infraestructura suficiente para llevar a cabo las labores de aprovechamiento, transporte, transformación y comercialización de la producción forestal; presenta una limitada investigación científica y una reducida inversión en la generación de capacidades técnicas”, plantea el diagnóstico elaborado por el dr. Gonzalo Chapela, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y miembro del CCMSS, en colaboración con Sergio Madrid, director ejecutivo del CCMSS y la Dra. Leticia Merino.

La sobrerregulación que obstaculiza el aprovechamiento y manejo legal de los recursos forestales por parte de los dueños de los territorios forestales, principalmente comunidades y ejidos, abre las puertas al clandestinaje y la tala ilegal. “Al menos el 70 por ciento de la madera que se consume en México (14 millones de metros cúbicos de 21 millones) tiene origen ilegal” indica el análisis.

La corrupción, la falta de supervisión de los canales de comercialización y la aplicación discrecional de la regulación incentivan estas prácticas ilegales que tienen fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales, refiere el diagnostico.

Es imperativo que el sector forestal supere estos retos que lo mantienen estancado y en un proceso de deterioro y pérdida de la cobertura forestal. “Los bosques, selvas y vegetación de otros tipos abarcan más del 60 por ciento del territorio del país; representan el sustento de decenas de miles de familias, albergan una altísima diversidad biológica y prestan servicios ambientales fundamentales (captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos, hábitat para la biodiversidad)”, detalla el documento.

El análisis propone que la política forestal tenga como “ejes centrales el manejo forestal comunitario sustentable y con visión ecosistémica, paisajística y territorial; la integración de redes locales y regionales de valor; y la intervención gubernamental con enfoque territorial”.

Igual de importante, es “mejorar la regulación y la aplicación de las normas, el fortalecimiento de las empresas sociales, el control de los canales de comercialización y la demanda, la diferenciación en el mercado de productos de origen legal”. Las compras de gobierno de productos forestales de origen legal, procedentes, preferentemente de comunidades, podrían ser un aliciente para reactivar la producción legal.

Es bien conocido que las comunidades forestales del país a lo largo de los siglos han resguardado la diversidad biológica a través de sus labores de manejo y aprovechamiento sustentable. El manejo de los bosques y selvas por comunidades, ejidos y pueblos indígenas juega un papel central para la conservación de estos recursos, pues realizan labores de control de plagas y de incendios, realizan recorridos de vigilancia y de mantenimiento de los bosques. “Alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir 25% de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, bajo esquemas como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

Desafortunadamente, estas labores de manejo y conservación no son valoradas ni retribuidas a las comunidades como se debería. Las compensaciones que reciben a manera de pagos por servicios ambientales, son escasos en comparación con la importancia que tiene la provisión de agua de calidad, la captura de carbono, la retención de los suelos y la conservación de la biodiversidad.

Por ello, también se propone dar visibilidad, apoyo e incentivos a las iniciativas comunitarias de conservación; mejorar la ejecución de los programas de pagos por servicios ambientales y generar figuras de conservación como “paisajes bioculturales” con presencia de actividades productivas sustentables”, como la apicultura.

Desarrollo forestal comunitario en Durango, el camino a seguir











Sinopsis:

Durango es el estado de la Republica que encabeza la lista de producción forestal con alrededor de 2 millones de metros cúbicos de madera anuales. Aunque para muchos la imagen de Durango sea la de una entidad desértica llena de alacranes, cuenta una superficie forestal de 10.5 millones de hectáreas; posee bosques altamente productivos que han sido bien manejados por los ejidos y comunidades que son dueños de esos territorios forestales.

Pareciera que en Durango las cosas son muy distintas en materia forestal con respecto al resto del país. Es el estado con mayor producción de madera de pino, con mayor superficie forestal certificada por sus buenas prácticas de manejo y aprovechamiento, y cuenta con el mayor número de empresas ejidales forestales y al parecer esto ha generado bienestar entre la población; muchos comisariados ejidales y técnicos forestales indican que el manejo del bosque es una opción viable para mejorar las condiciones de vida de la población local y que el esquema regulatorio o burocrático no es mayor problema para emprender sus proyectos productivos.

La clave es la organización y jalar todos parejo”, asegura Raúl Barraza Armstrong, presidente de la Confederación de Productores Forestales de Durango. “En Durango los productores ejidales, comunitarios, los pequeños propietarios, los técnicos y los empresarios estamos muy unidos y hemos logrado muchas cosas”, resalta.

Explica que la Confederación que preside surgió de esa necesitad de organización. Actualmente estamos integrados por las 13 uniones regionales de manejo forestal en las que se divide el estado, tenemos presencia en toda la entidad, incluso en la zona del semi-desierto, porque ahí también hay productores que se dedican al manejo de lechuguilla y sotol.

Para que el sector forestal se reactive en el país, plantea Raúl que “necesitamos cambiar la cultura del ejidatario, convencerlos de que hay que invertir. Cuando reciben el dinero que les corresponde por las utilidades de la venta de la madera en sus ejidos o comunidades que lo inviertan y no lo gasten nada más. Tienen que avanzar en darle valor agregado a la madera, para ello necesitan desarrollar sus propias industrias”.

Añade que en el país “necesitamos mejores políticas publicas y mayor presupuesto para el sector forestal, porque aparte de ser productores de madera somos productores de agua. Necesitamos lograr un mejor reconocimiento de la labor que desempeñamos al manejar y conservar los bosques”.

Un claro ejemplo de ello, precisa el presidente de la Confederación de Productores Forestales de Durango, es que “sin el trabajo de manejo de los bosques de Durango, en Culiacán, Sinaloa, no tendrían agua y no sería el imperio tomatero que es ahora. Los agricultores de Sinaloa, que son potencia productora y exportadora de hortalizas y granos, no podrían hacerlo sin el agua que se capta en los bosques de Durango”.

Refiere que los productores forestales no reciben la compensación adecuada por su esfuerzo por la conservación y manejo sustentable de los bosques que permite la recarga de los mantos acuíferos que escurren hasta los campos agrícolas de Sinaloa y además coadyuvan a que “los bosques provean otros servicios ambientales de calidad, como la captura de carbono, purificación del aire, o la belleza del paisaje”.

Don Raúl, como le conocen en la región, sugiere que “deberían cobrarles a los usuarios del agua para la agricultura en Sinaloa una pequeña cantidad en los recibos del agua y que ese dinero se fuera a un fondo para los silvicultores de Durango, y así en cada cuenca del país. Los bosques y la gente que los maneja y conserva deben recibir los beneficios apropiados para seguir haciendo estas actividades de manejo y conservación. En la zona de La Laguna, Coahuila, ya se está haciendo un fideicomiso y ha funcionado bien”, detalla.

Por otra parte, admite que la inseguridad es un obstáculo para los ejidos y comunidades forestales. “Desgraciadamente si la hay (inseguridad), tenemos que ser claros de que la hay y se da principalmente en la zona boscosa, en las quebradas. De hecho, los últimos incendios que se han originado tienen que ver con la gente que genera la inseguridad. Debido a que hacen incendios para generar claros en el monte para sembrar las cosas de su actividad en la parte baja; los incendios escalan y los combatientes comunitarios no pueden hacer nada apagar el fuego porque no los dejan pasar y mejor ni moverle”.

Con respecto a la reciente modificación de la Ley general de Desarrollo Forestal Sustentable, dice que “realmente no hay mucha diferencia con la ley que tenemos vigente, aunque si vienen varios beneficios porque se libran algunos candados que nos impedían operar como productores forestales”. Pero más allá de las leyes, subraya, lo que necesitamos es que se cumplan esas leyes, “si no por muy buenas leyes que tengamos de nada sirven si no hacemos que se respeten”.

Debemos trabajar de forma balanceada entre las distintas actividades, como el ganado, la agricultura y el aprovechamiento forestal, para que no se erosionen los suelos y se mantengan los recursos y así le estamos haciendo acá en Durango. Somos el estado más productor y con bosques en muy buen estado, concluye.

Tala ilegal estanca al sector forestal y merma a las comunidades: Dr. Torres Rojo











Sinopsis:

La tala ilegal en México está creciendo y si no corregimos el rumbo, podemos llegar a volúmenes de 8 millones de metros cúbico por año de madera de origen ilícito, que significaría un volumen por encima de la producción legal, que en 2017 fue de 7 millones de metros cúbicos de madera, afirma el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ex titular de la Comisión nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo.

Puntualiza que “entre los principales factores que propician la tala ilegal en nuestro país se encuentran la inseguridad, la pobreza, la falta de regulación de los mercados, la sobrerregulación de la producción legal y los altos costos de transacción. Muchos de esos factores son externos al propio sector forestal, pero lo afectan de manera directa”.

Detalla que la tala ilegal es uno de los principales factores que mantienen el estancamiento del sector forestal en México, ya que la comercialización de estos productos de origen ilícito limita la competitividad de los productores legales.

Para que una comunidad o ejido pueda aprovechar sus recursos forestales requiere del cumplimiento de hasta 50 trámites en distintas ventanillas que pueden ascender hasta a 500 mil pesos entre gastos de gestión, de elaboración de planes y estudios técnicos, de manifestaciones de impacto ambiental, entre otros.

Además, las empresas forestales comunitarias deben cumplir con el pago de impuestos, pago de salarios, renta o adquisición de maquinaria para el manejo del bosque, entre otros gastos operativos. Por todo esto, la madera de origen legal, en comparación con de origen ilegal, ya sea producida en México o importada, no tiene posibilidad de competencia.

Torres Rojo señala que los factores macro que propician el estancamiento de México en el sector forestal son el mercado de madera ilegal, la falta de acceso a mercados y el marco legal que genera altos costos de transacción. Mientras que a nivel micro, dice, la falta de generación y transferencia de tecnología, la falta de cadenas de valor y el nulo financiamiento en el sector también son limitantes para que el país repunte en la producción forestal, no solo de materia prima, sino de todos los derivados, como celulósicos, muebles, tableros, molduras, entre otros.

Plantea que “necesitamos meterle dinero a las cadenas de valor más que al bosque, porque si no hay mercado para la producción, será imposible incrementar los volúmenes que se extraen. Añade que “México es deficitario en productos celulósicos, si bien cubrimos la demanda de madera en rollo y de tabla, somos deficitarios en celulósicos, que es el principal producto que importamos”.

En su ponencia durante el Foro Internacional Forestal 2018, que se llevo a cabo en la ciudad de Durango, el ex titula de la Conafor recomendó buscar alternativas para reactivar la productividad del sector forestal para que los propietarios de los bosques y selvas puedan generar ingresos; por ejemplo, la provisión de servicios ecosistémicos y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Detallo que aun hace falta trabajar en generar una verdadera economía del manejo de la biodiversidad.

Refiere que, de acuerdo con estudios que comparan el costo de los beneficios ambientales derivados del manejo de los bosques y otros ecosistemas, como la captura de carbono, la mitigación de los efectos del cambio climático, infiltración del agua, retención de suelo, conservación de la biodiversidad, belleza escénica, regulación de la temperatura; “el valor promedio de estos servicios ambientales debería ser de 8 mil pesos por hectárea por año. Este valor es incluso mayor al que se obtiene por la mera extracción de madera por hectárea”.

En México los bosques y selvas son de las comunidades y ejidos, ellos poseen más del 70 por ciento de los recursos forestales, por ello es importante el fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias, que además de producir madera conservan de forma voluntaria grandes extensiones de sus bosques, pro esto “las comunidades son muy importantes para el fortalecimiento del sector forestal”, acota.

Torres Rojo explica que “las empresas forestales comunitarias tienen la ventaja de que son muy flexibles pueden aguantar altas y bajas de producción y recursos, en cambio una empresa privada tiene que liquidar a toda su gente en caso de crisis. Lo que sí se debe fortalecer es la gobernanza interna, en profesionalizar su operación y hacer más eficiente su trabajo”.

Fuerte estancamiento del sector forestal: León Jorge Castaños

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Sinopsis:

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Al sector forestal en México no se le valora como debería. Basta decir que más del 70 por ciento del territorio nacional cuenta con cobertura forestal, sin embargo, y a pesar de esta enorme riqueza natural, la superficie bajo manejo es de apenas 8 millones de hectáreas y el valor de la producción forestal no alcanza ni el 0.3% del PIB. La balanza comercial del país en este rubro es sumamente deficitaria, pues de los 20 millones de metros cúbicos de productos forestales que se consumen en el mercado interno, solo se producen 7 millones, lo cual equivale a un déficit de alrededor de 7 mil millones de pesos.

En el plano ambiental, la tasa anual de deforestación es de 155 mil hectáreas de bosques y selvas en los últimos 5 años. Los principales factores que originan la pérdida de cobertura forestal son contradicciones en la política pública y el avance de la agricultura industrial, los desarrollos turísticos, los megaproyectos de infraestructura, la minería y el desarrollo urbano. Prácticamente todas estas actividades extractivas cuentan con una regulación mucho más laxa que la del manejo y aprovechamiento forestal sustentable, esto propicia que los dueños de los terrenos forestales opten por rentar sus tierras o cambiar el uso del suelo para sembrar o pastorear.

De acuerdo con el Ingeniero León Jorge Castaños, productor forestal y ex funcionario del sector ambiental en México, el sector forestal mexicano se encuentra estancado, entre otras cosas, por una excesiva regulación para la gestión y aprovechamiento de los recursos forestales; un servicio público ineficiente; una deficiente operatividad institucional; falta de investigación y transferencia de tecnología; falta de organización comunitaria y regional; y una falta de verdadera cultura forestal. “Pensamos que el país es un país agrícola y no forestal”, remarca.

Otro elemento que debemos considerar es que en México los recursos forestales son de propiedad colectiva. El 70 por ciento de los bosques y selvas son propiedad de comunidades y ejidos, muchos de ellos indígenas, que viven en condiciones de pobreza en medio de una gran riqueza natural.

Vaivenes en la política forestal

El ingeniero León Jorge Castaños refiere que a finales de la década de los 70, luego de un proceso de reclamo de las comunidades forestales por recuperar el control en el manejo de sus bosques que lograron ganar, “el eje de la política forestal del país era el impulso al aprovechamiento forestal por manos campesinas”. De hecho, resalta que hace 32 años, en 1985, se logró la más alta producción forestal en México, con un volumen de 11 millones de metros cúbicos de madera.

En su ponencia durante el Foro Internacional Forestal, celebrado en Durango en abril de este año, el experto en gestión forestal señaló que “la década de los 80 fue de un gran auge del manejo forestal comunitario, que permitió la reactivación del sector forestal y generó desarrollo en las comunidades que comenzaron a manejar sus recursos”. Sin embargo, lamenta, “con la entrada de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector forestal mexicano fue uno de los más afectados pues no había suficiente infraestructura para competir con mercados como el de Estados Unidos o Canadá, además la política se centró en reforestaciones y se desmantelaron muchas instituciones de fomento a la producción forestal”.

El ingeniero Castaños detalla que “el marco legal y la política pública del sector forestal ha dado muchos vaivenes, pues la Ley Forestal de 1994 dio marcha atrás a la generación de capacidades productivas en los ejidos y comunidades que se había logrado en toda la década de los 80, y, en contraparte, se privilegió la reforestación y el asistencialismo. Pero, gracias a la aparición de nuevos actores en el sector forestal, como las organizaciones de la sociedad civil se logró un resurgir del manejo forestal sustentable con programas como el Procymaf, Prodefor, Prodeplan. No obstante, “por la carencia de una actitud decidida de impulso a la producción campesina, el sector se ha estancado los últimos 15 años”, lamenta.

Expone que, en la actual administración, que ya va de salida, “la apuesta fue el incremento de la producción forestal y la productividad, sin embargo, no se lograron los resultados esperados, pues se pretendía pasar de 5 millones de metros cúbicos a 11 millones, y la producción forestal en 2017 fue de casi 7 millones de metros cúbicos de madera”.

Estancamiento y potencial productivo

León Jorge destaca el valioso papel que juegan los ejidos y comunidades en el sector forestal, pues son dueños del 70 por ciento de los bosques y selvas del país, y producen el 75 por ciento de la madera. “Necesitamos fortalecer sus capacidades de organización y gestión”, subraya.

Además, añade que “hace falta desarrollar mercados e industria, porque tenemos un gran potencial para incrementar la producción, pero no podemos hacerlo por la falta de estos elementos”.

Indica que se están dando permisos de aprovechamiento forestal pero no se aprovechan esos volúmenes por falta de mercado y capacidades. Al menos 5 millones de metros cúbicos de madera que tienen permiso para ser aprovechados no se cosechan. El porcentaje de aprovechamiento en ejidos y comunidades del total que tienen autorizado es de alrededor del 60%, es decir, no aprovechan otro 40%. Mientras que los productores privados y de plantaciones forestales extraen entre el 70 y el 80 %.

Comenta que la inversión publica en el sector forestal claramente ha privilegiado la restauración y la conservación, pues en el último sexenio se destinó a estos conceptos el 75 por ciento del presupuesto de la Conafor; mientras que, al manejo y aprovechamiento forestal sustentable, solo el 25 por ciento.

Otro elemento que contribuye al estancamiento productivo, precisa León Jorge Castaños, es la tala ilegal que participa en el mercado con alrededor de 3.3 millones de metros cúbicos de madera anuales.

Hacia el futuro, plantea que tenemos que fortalecer las capacidades productivas y de conservación de los ejidos y las comunidades dueñas de los recursos forestales; así como explorar sistemas de producción y manejo con enfoque de paisaje, que nos permitan incrementar la productividad al tiempo de garantizar la conservación de los bosques y selvas.

Por otra parte, “tenemos enfrente grandes amenazas a los bosques como la tala ilegal, la minería, el turismo de gran escala, la industria inmobiliaria, la agroindustria y la inseguridad. Hay gran potencial, pero los retos son grandes”, concluye.

Organizaciones ambientalistas presentan 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México











Sinopsis:

 Boletín de prensa

  • Exhortan a los candidatos a la Presidencia a un diálogo urgente para analizar la crisis ambiental del país.
  • Hay una ruta: el uso sustentable de los recursos naturales para lograr la prosperidad y el bienestar social, señalan 31 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.
  • La invitación al diálogo ya fue enviada a Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

CIUDAD DE MÉXICO. – Los cinco candidatos a la Presidencia fueron exhortados hoy a entablar un diálogo urgente con líderes de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales basado en el documento 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México en el que se señala que el uso sustentable de los recursos naturales es la única vía para lograr la prosperidad y el bienestar de la población con una visión de largo plazo.

Si consideramos los efectos del cambio climático, el deterioro acelerado de los recursos naturales, como los bosques, el agua, la biodiversidad terrestre y marina, así como el crecimiento demográfico, es claro que nos acercamos, cada vez más, a un punto de no retorno, con serios impactos sociales y económicos, alertaron los ambientalistas en conferencia de prensa en la que presentaron el documento firmado por 31 organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México fueron enviadas la semana pasada a los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez; y a Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, de Todos por México, y Ricardo Anaya, de Por México al Frente.

Los candidatos tienen programado asistir al tercer debate presidencial, organizado por el Instituto Nacional Electoral, el 12 de junio en Mérida, Yucatán, donde se abordarán, entre otros, los temas de desarrollo sustentable y cambio climático.

Para las OSC es importante que las reuniones con los candidatos se realicen antes de esa fecha con el fin de asegurar que acudan al debate oficial con el conocimiento de las prioridades ambientales por atender en el siguiente sexenio y construir una Agenda Ambiental Nacional 2018-2024. Con este objetivo, proponen una reunión de una hora con cada uno, abierta a los medios de comunicación, con una agenda establecida por cada uno de ellos.

Las organizaciones ambientalistas pidieron a los candidatos aprovechar la oportunidad de asumir el compromiso de liderar a la generación que puede transformar esta crisis, revirtiendo las tendencias de deterioro ambiental y asegurando un futuro en el que la naturaleza y la humanidad convivan armónicamente.

El documento es producto del análisis de un grupo de expertos, de reconocida trayectoria por su compromiso con la conservación de la naturaleza, conscientes de que esta tarea ya no puede atribuirse exclusivamente a los gobiernos, sino que exige un esfuerzo de colaboración de todos los sectores de la sociedad.

Las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México contemplan el establecimiento de un mecanismo para garantizar el abastecimiento de agua y determinar precios justos; proteger de la explotación comercial al menos el 30% de los mares mexicanos; fortalecer el ordenamiento ecológico de las áreas naturales protegidas; así como alcanzar una tasa cero de deforestación y reducir el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y proteger el patrimonio natural de las ciudades. También se buscará que para 2024 el 35% de las energías generadas sean limpias.

Otros puntos a lograr son el establecimiento de la “jerarquía de la mitigación” para reducir el impacto de los megaproyectos, incorporar un enfoque ambiental transversal en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, formular y aplicar a nivel nacional un modelo de desarrollo turístico sostenible, y diseñar el marco jurídico y el programa de incentivos correspondiente para favorecer el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Lorenzo de Rosenzweig, director de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.; Juan Bezaury, director de política ambiental The Nature Conservancy, Programa México; Jorge Rickards, director de World Wildlife Fund México; Andrew Rhodes, Director General del Sistema de Pronatura, A.C.; Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Tatiana Ramos, directora de Conservation International, México; y Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C..

La iniciativa cuenta con el apoyo y endoso de las siguientes organizaciones de la sociedad civil:  Alternare, A.C., Amigos de Sian Ka’an, A.C., Biocenosis, A.C., Cartocrítica, Estudios Rurales y Asesoría, Fondo de Conservación el Triunfo, A.C., Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Fondo Noroeste, A.C., Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, A.C., Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C., Geo Conservación, A.C., Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A.C., Kew Royal Botanic Gardens, Fundación Comunitaria Oaxaqueña, A.C., Natura Mexicana, A.C., Niparajá, A.C., Pronatura Veracruz, A.C., Pronatura Noroeste, A.C., Pronatura Península de Yucatán, A.C., Pronatura Sur, A.C., Pronatura Noreste, A.C., Proyecto Mixteca Sustentable y Trópica Rural Latinoamericana.

Contacto:

10pormxnatural@gmail.com

www.10pormxnatural.org

Se aprueba en la Cámara de Diputados nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable











Sinopsis:

Ciudad de México a 27 de abril de 2018

  • La ley aprobada es positiva para comunidades forestales
  • Hay temas pendientes para trabajar con la próxima legislatura
  • Necesario revisar proceso legislativo para que no se omita el derecho a la consulta sobre nuevas leyes

 

Con 211 votos a favor, 13 abstenciones y 85 en contra, la tarde de este 26 de abril se aprobó la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Al respecto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) manifestó que el saldo de este proceso legislativo es positivo y generará beneficios para las comunidades forestales que aprovechan sosteniblemente sus bosques.

“Reconocemos la apertura de los legisladores en ambas cámaras para incorporar la mayoría de las propuestas hechas por sociedad civil, a fin de transformar el dictamen original en una buena iniciativa que realmente es útil para conservar los bosques y para proteger a las comunidades y ejidos que los habitan y manejan”, afirmó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Gonzalo Chapela, integrante del consejo del CCMSS, señaló que la ley incluye un total de 156 cambios con respecto a la iniciativa originalmente presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Estos cambios fueron impulsados a partir de un proceso que contempló la participación y presión por parte de comunidades forestales, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Gracias a esta labor, se trastoca el espíritu original de la Ley, generando oportunidades regulatorias que facilitarán e impulsarán el aprovechamiento sostenible de bienes forestales por parte de comunidades.

“Existe todo un cuerpo de investigación que señala que el manejo forestal comunitario es uno de los métodos más eficientes de lograr la conservación de los bosques y selvas al tiempo que se atienden las necesidades económicas y organizativas de las poblaciones que habitan estos territorios. Gracias a la aprobación de la nueva Ley Forestal, se ha definido y se le ha dado prioridad al manejo forestal comunitario como criterio obligatorio para la política pública” señaló Chapela.

Otro punto importante a destacar en la nueva ley es que se disminuyen los costos económicos y de transacción en materia regulatoria de las actividades de aprovechamiento forestal. Estos criterios permitirán a las comunidades que aprovechan bosques y selvas atender problemas como incendios y plagas con mayor celeridad. Asimismo, recompensa el cumplimiento y buen desempeño de comunidades al mediano plazo, aligerando la carga de trámites en que deben incurrir para continuar operando.

A pesar de los logros obtenidos, la organización señaló que existen temas pendientes que deben ser tratados por la próxima legislatura. “Existen algunas incongruencias y redundancias entre las atribuciones de Conafor y Semarnat que deben ser corregidos más adelante, procurando fortalecer al segundo ente que es cabeza del sector”, señaló Raúl Benet, asesor del CCMSS. Otro de los vacíos identificados en la ley aprobada versa sobre la explotación de bienes no maderables de ecosistemas forestales.

La organización señaló que es urgente para el Congreso de la Unión que el proceso legislativo contemple el derecho de las poblaciones indígenas y equiparables a ser consultadas antes de la aprobación de normas que les afectan. Establecieron que, al no cumplir el Congreso con este derecho, se genera una imposición de un marco legal sobre los pueblos, independientemente de si la norma en cuestión es positiva o no.

El siguiente paso es trabajar en los vacíos y los temas que la ley no aborda y consolidar un buen reglamento para que la ley impacte positivamente, y a la brevedad posible, el estado de los bosques y de las comunidades forestales” estableció Madrid.

 

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:  Gerardo Suárez, gsuarez@ccmss.org.mx y cel. 5530798674 o Cecilia Navarro, bcecilia.navarro@gmail.com y cel. 5554540678.

Boletín – Celebra el CCMSS la aprobación de nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable por el Senado











Sinopsis:

Ciudad de México a 18 de abril de 2018

  • Reconoce la inclusión de un programa de manejo forestal comunitario como instrumento de política pública
  • Exige a la Cámara de Diputados aprobar todas las reservas introducidas por la senadora Silvia Garza
  • Señala que, a pesar de los avances logrados, faltó consultar el documento con comunidades indígenas

Representantes del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) celebraron la aprobación, por parte del Senado, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Manifestaron que esta ley, y los cambios introducidos por el Senado, recogen las demandas de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el sector, así como las exigencias enarboladas por comunidades forestales.

Entre los puntos destacados de la presente normativa destaca la introducción de un Programa de Manejo Forestal Comunitario como instrumento de política pública. “Las comunidades forestales de México han demostrado, a partir de un cúmulo de experiencias localizadas a lo largo y ancho de la geografía mexicana, que la mejor forma de conservar los ecosistemas selváticos y forestales y garantizar el bienestar de las poblaciones que habitan estos ecosistemas es apostar por el Manejo Forestal Comunitario. Es positivo que la nueva Ley Forestal destaque este punto en múltiples artículos”, señaló Sergio Madrid, director del CCMSS.

La organización declaró que la ley introduce un sistema de salvaguardas ambientales y sociales que permitirá establecer las bases para instrumentar el derecho a la Consulta Indígena. Además, estableció que la nueva normatividad abre caminos para poner en marcha un sistema gestión y tramitación más flexible de autorizaciones de aprovechamiento forestal. Los requisitos y trámites que exigía la ley que ahora se abroga han sido un fuerte obstáculo y entorpecen la labor de las comunidades forestales. “El dictamen aprobado recompensa a las comunidades que llevan a cabo un buen manejo forestal, permitiéndoles renovar automáticamente los permisos de aprovechamiento y reducir los requisitos y trámites” mencionó Madrid.

Establecieron que la presión de comunidades forestales, académicos y organizaciones de sociedad civil permitió que se introdujeran múltiples reformas positivas para el sector. Esta presión, aunada a la oportuna introducción de algunas reservas a artículos del dictamen por parte de la senadora Silvia Garza, logró evitar que se debilitara a la Semarnat como instancia de gobierno encargada de la regulación del sector. Asimismo, se logró evitar que se otorgaran atribuciones a la Conafor que, dado su mandato institucional, no le corresponden.

También se evitó que se permitiera a los titulares de permisos de aprovechamiento forestal transferir los permisos a terceros. Madrid señaló que “…de no haberse presentado una reserva sobre este punto se habría generado un frente de vulnerabilidad para las comunidades forestales con respecto al avance de grandes empresas madereras en el control de los territorios comunitarios”.

Si bien hizo falta una consulta más amplia, el proceso de esta ley muestra la importancia, utilidad y viabilidad de la participación de la sociedad, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en la creación de un marco jurídico más legítimo, sólido y útil para enfrentar los retos y problemas que enfrenta nuestra nación, en particular en el ámbito rural.

 La falta de la consulta a las comunidades demuestra que las instituciones mexicanas se encuentran aún muy rezagadas con respecto al reconocimiento de los derechos de sus poblaciones. Se requiere una revisión transversal del proceso legislativo, las normas, políticas públicas y actos de autoridades mexicanas para que se reconozca el derecho de las comunidades a decidir sobre sus propios territorios”, agregó Madrid.

El CCMSS exigió a la Cámara de Diputados, la cámara de origen de este dictamen, a aprobar todas las modificaciones presentadas por el Senado para garantizar que la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sostenible fortalezca a las comunidades rurales que habitan y aprovechan los bosques, contribuyendo directamente a su conservación.

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Acerca del CCMSS: El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociación civil no lucrativa formada por personas y organizaciones; lleva 24 años trabajando directamente en campo con comunidades de diversos estados del país para impulsar el manejo forestal comunitario. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones de vida y de participación de las comunidades rurales que viven en regiones forestales.

Más información: http://www.ccmss.org.mx/ y en https://www.facebook.com/IniciativaAgua/

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:  Gerardo Suárez, gsuarez@ccmss.org.mx y cel. 5530798674 o Cecilia Navarro, bcecilia.navarro@gmail.com y cel. 5554540678.

Aprueba el Senado una ley forestal de avanzada.











Sinopsis:

Después de un año y medio de debates y análisis, en el que participaron organizaciones civiles y académicos, conjuntamente con funcionarios de la Comisión Nacional Forestal y representantes de las comisiones de medio ambiente tanto de la cámara de Diputados como de la de Senadores, además de una participación destacada de varios Senadores de diversos partidos, este martes 17 de abril, el pleno del Senado aprobó la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible celebra que en la nueva ley se hayan incluido puntos tan importantes como un Programa de manejo forestal comunitario como un instrumento de política, así como una obligación de fomento por parte del estado mexicano. Este tema es muy importante porque la mayor parte de los bosques y selvas mexicanos pertenecen a comunidades indígenas, ejidos y comunidades agrarias, y la mejor estrategia para promover la conservación de los bosques y el bienestar de sus comunidades es a través de un manejo sustentable de sus recursos por parte de las comunidades. Por el mismo motivo es muy importante que se haya establecido en la nueva ley las provisiones para el desarrollo de todo un sistema de salvaguardas sociales y ambientales que en la ley anterior estaba restringido sólo a servicios ambientales. Este sistema, que aún hay que detallar en el reglamento, permitirá establecer las bases para instrumentar el derecho a la Consulta Indígena, que hasta la fecha ha carecido de un marco legal y un protocolo efectivo que garantice su legitimidad y representatividad.

Durante estos meses, diversas organizaciones comunitarias y de productores, así como de  la sociedad civil y académicos habían planteado la necesidad de mantener un órgano de participación social fuerte y con atribuciones de vigilancia y supervisión, y esta demanda de las organizaciones fue finalmente atendida por los legisladores, restituyendo al Consejo Nacional Forestal y a los Consejos Estatales sus funciones de vigilancia y supervisión de la política forestal y estableciendo la obligatoriedad por parte del gobierno de consultar a dicho órgano para todos los asuntos de política forestal. El Consejo Nacional Forestal se constituye así como un consejo de participación social de avanzada, con atribuciones obligatorias, vinculantes, y se sientan las bases para que otros sectores cuenten con órganos de participación que permitan la vigilancia y la supervisión de las políticas por parte de la sociedad civil. Algo similar ocurre con el Comité Mixto del Fondo Forestal, al que se logró restituir de las funciones que se habían perdido en la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados. En una siguiente oportunidad habría que dotar a este Comité Mixto de mayor transparencia y representatividad.

Un asunto crucial que había sido señalado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible como un serio riesgo de corrupción, opacidad y conflictos de interés, era la transferencia de atribuciones de los actos de autoridad de la Semarnat a la Conafor. En la minuta que había sido aprobada, la Semarnat perdía la autoridad de emitir y revocar permisos de aprovechamiento forestal, y se le transfería dicha autoridad a la Conafor. Señalamos en su momento que se perderían los necesarios pesos y contrapesos entre las funciones de autorización y de fomento, y por otro lado señalamos que con este nuevo recorte a la institución ambiental se reforzaba la política de desmantelamiento de la Semarnat como cabeza del sector forestal, como antes ocurrió con la pesca. Es conocido que la Semarnat ha jugado un papel inhibitorio en el fomento al manejo forestal, y eso debe ser corregido, pero no quitándole sus funciones y otorgándoselas a una Comisión que dudosamente tendría la capacidad de mejorar esa situación y manejar de manera eficiente dichas autorizaciones, y con el grave riesgo de consolidar prácticas obscuras y abrir espacios a la corrupción y el conflicto de interés. La ley aprobada recupera las funciones de la Semarnat y desecha la intención de transferirlas a la Conafor. Es necesario y urgente fortalecer las capacidades de la Semarnat para dejar de ser un cuello de botella en las autorizaciones y actos de autoridad, pero el haberlas transferido a la Conafor habría sido un error de graves consecuencias.

Muchos otros temas propuestos en el seno del Consejo Nacional Forestal por las organizaciones y académicos, incluyendo al Colegio de Ingenieros Forestales, a la Red Mocaf, a Reforestamos México, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al CCMSS, fueron incluidos en la nueva ley. Se logró un gran énfasis en los derechos de las comunidades indígenas y en los derechos comunitarios y ejidales, un abordaje profundo de la participación de mujeres y jóvenes en las actividades forestales, una mejor regulación, más ágil y eficiente, un enfoque ecosistémico integrado, un mayor fomento y apertura a la asistencia forestal, y varios temas de avanzada, tales como un enfoque de manejo integrado de los agentes disruptivos, como el fuego y las plagas.

Reconocemos la apertura tanto de la Comisión Nacional Forestal como de los legisladores y los equipos técnicos de las comisiones para alcanzar esta nueva ley, y particularmente resaltamos y agradecemos el papel que jugó la Senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, a lo largo de todo el proceso, y particularmente la brillante defensa que hizo durante la sesión de aprobación de la ley en el Senado. Gracias a ella se logró obtener un cien por ciento de votos a favor del manejo forestal comunitario y de las demás propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. También reconocemos la apertura de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de su equipo técnico, que tuvieron la sensibilidad y la sensatez de escuchar a las organizaciones e integrar sus demandas.

Resaltamos la importancia de que este tipo de leyes sean consultadas ampliamente, y celebramos que esta ley finalmente siente bases para establecer un marco de leyes reglamentarias que permitan la implementación del Convenio 169 de la OIT en materia de consulta libre, previa e informada.

Finalmente señalamos que si bien hizo falta una consulta más amplia, el proceso de esta ley muestra la importancia, utilidad y viabilidad de la participación de la sociedad, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en la creación de un marco jurídico más legítimo, sólido y útil para enfrentar los retos y problemas que enfrenta nuestra nación, en particular en el ámbito rural.

Como toda ley, seguramente se abrirán debates y se generarán situaciones imprevistas, y habrá que revisarla y actualizarla, pero consideramos que constituye un avance sin precedentes. El nuevo reto es trabajar en el reglamento de la ley, que permita aterrizarla de manera efectiva.

CCMSS Abril 17, 2018.

Manejo forestal sustentable: la solución ignorada para el desarrollo rural y la mitigación de cambio climático

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Sinopsis:

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La forma más eficaz de combatir el cambio climático es a través de esquemas de recuperación y manejo comunitario de los ecosistemas forestales para que estos se conserven a futuro. Los bosques son una solución, probada y natural, para la mitigación de las emisiones de bióxido de carbono; y en nuestro país absorben el 20 por ciento de las emisiones totales de CO2.

José Carlos Fernández, especialista forestal de la FAO y del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (ONUREDD), planteó la necesidad de revisar la política forestal del país con el fin de hacer adecuaciones que permitan aprovechar el potencial que tiene los bosques para contribuir en el tema del cambio climático.

Detalló algunos de los factores que han impedido el crecimiento del sector forestal como son: la falta de armonización de las políticas públicas y de los subsidios; la falta de un reconocimiento claro del valor de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques; y la falta de un compromiso publico por el manejo forestal sustentable”.

Durante su participación en el Conversatorio “El sector forestal y el cambio climático en el plan de gobierno que México necesita”, coordinado por la organización POLEA A.C. en la Cámara de Diputados, explicó que  la gestión sustentable de los recursos forestales es una estrategia de doble propósito que muy poco hemos aprovechado en México, pues al tiempo que proveen servicios ambientales de calidad, como la captura de carbono y la infiltración de agua para la recarga de mantos acuíferos; con el desarrollo de cadenas productivas locales, basadas en el manejo y aprovechamiento de los bosques y selvas, las comunidades dueñas de dichos recursos forestales podrían acceder a un mejor nivel de vida.

Estudios internacionales han comprobado que la mejor forma de conservar los bosques en el largo plazo es a través de esquemas de manejo y aprovechamiento sustentable por parte de las comunidades que los habitan, quienes, además, dependen en gran medida de estos ecosistemas para satisfacer sus necesidades de ingreso, alimentación y energía.

La importancia del impulso al manejo forestal comunitario para propiciar un escenario de desarrollo de las comunidades rurales y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos del cambio climático debe expresarse claramente en las agendas de los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República para el próximo sexenio y traducirse en políticas públicas y presupuestos acorde con la importancia que amerita el tema.

México es un país de vocación forestal, pues posee 138 millones de hectáreas con cobertura vegetal (que equivalen al 70 por ciento de la superficie nacional), de las cuales 66 millones de hectáreas son superficie arbolada.

De acuerdo con datos del Programa Nacional Forestal 2014-2018, solo 7.4 millones de hectáreas se encuentran incorporadas a un régimen de producción forestal, siendo que el país tiene un potencial de más de 15 millones de hectáreas para la producción; es decir, puede duplicar la superficie bajo manejo y aprovechamiento, sin comprometer su capacidad de absorción de carbono, por el contrario, la renovación del a cobertura vegetal permitirá una mayor capacidad de absorción de bióxido de carbono.

En el diseño presupuestario de la federación se evidencia claramente que los bosques y el sector ambiental no son una prioridad, puesto que en los últimos tres años se ha reducido el monto asignado a este sector en más del 50 por ciento. Esto, a pesar de que México se ha distinguido como un país protagónico en materia climática al suscribir convenios y compromisos de reducción de emisiones, de conservación y uso sustentable de la biodiversidad, entre otros.

El 56% de los bosques y selvas del país son propiedad de ejidos y comunidades, sin embargo, una regulación excesiva al aprovechamiento forestal, la falta de inversión en bienes públicos y la falta de transferencia de capacidades técnicas han obstaculizado el avance las comunidades.

Es urgente una revisión a fondo de la estrategia gubernamental de intervención en las regiones forestales de tal manera que se puedan acelerar los procesos de apropiación de los procesos productivos y se fortalezcan las capacidades comunitarias de manejo sustentable de bosques. Solo así se podrá aprovechar el potencial que tienen los bosques para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

Contradicciones en política pública impiden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero











Sinopsis:

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Existe una contradicción evidente entre los compromisos internacionales en materia de cambio climático contraídos por México y las políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano que afectan al sector forestal.

México presenta un enorme potencial productivo y de captura de carbono, puesto que el 60 por ciento de la superficie nacional corresponde a ecosistemas forestales. No obstante, la intervención gubernamental en las regiones forestales ha sido errática y ineficaz para detener los procesos de deforestación impulsados por los grandes desarrollos y proyectos vinculados con la minería, el turismo y la agroindustria.

La administración gubernamental saliente se planteó reactivar la producción forestal para que las comunidades rurales encontraran alternativas de empleo alrededor del manejo del bosque, sin embargo, sus metas no se cumplieron; en cambio, tuvieron enormes avances las concesiones mineras sobre territorios forestales así como la siembra y cultivo del aguacate, el agave, la soya y la palma africana sobre terrenos que pocos años antes estuvieron cubiertos por bosques.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de México, elaborado y recientemente actualizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los bosques y selvas del territorio mexicano absorben 148 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que representa un 20 por ciento de las emisiones totales del país.

 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de México, actualizadas a 2015, suman 685 millones 959 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Por lo cual, descontando el volumen mitigado por los bosques y selvas, las emisiones netas generadas en nuestro país ascienden a 535 millones toneladas.

Por esta razón, la directora general del INECC, María Amparo Martínez Arrollo, señala que el manejo y conservación de los bosques y selvas debe de ser un eje rector de la política ambiental, debido a su importancia en términos de mitigación del cambio climático.

De acuerdo con la más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones, las actividades económicas que generan más emisiones de gases de efecto invernadero en el país son el sector energético con el 64 % –incluye actividades de quema de combustible y transporte—, con 480 millones de toneladas de CO2e; y en segundo lugar se encuentra el sector ganadero, que emite 71 millones de toneladas, lo cual representa el 10 por ciento de las emisiones totales del país.

Cabe señalar que la ganadería es uno de los principales factores que propician el cambio de uso de suelo en los territorios forestales, poniendo en riesgo la capacidad de mitigación de emisiones de México. Existe una abierta contradicción en política pública en tanto que las actividades ganaderas reciben una cantidad mayor de apoyos gubernamentales comparados con los que se ofrecen para incentivar el manejo y aprovechamiento forestal sustentable.

Ante las disparidades existentes entre los diferentes programas de incentivos gubernamentales, no sorprende que los propietarios de terrenos forestales opten por implementar otro tipo de actividades productivas distintas a la silvicultura sostenible, como son la agricultura y la ganadería, en detrimento de la conservación de bosques y selvas.

A pesar de los beneficios en términos ambientales y sociales que representa el manejo sustentable de los recursos forestales no existe un esquema de compensación apropiado para las comunidades que gestionan y conservan los bosques. La administración gubernamental en los últimos años eliminó, dentro de los ejes de política forestal, el impulso al manejo forestal comunitario. Un eje de política que permitió que en el pasado que mas de 900 ejidos y comunidades integraran su propia empresa forestal y se pudiera avanzar en una estrategia que logró poner bajo protección y manejo sustentable a mas de 8 millones de hectáreas de selvas y bosques.

Las actividades de conservación que realizan miles de ejidos y comunidades en sus territorios genera servicios ecosistémicos de calidad, como la absorción de carbono, la recarga de mantos freáticos, la conservación del suelo y la biodiversidad, la regulación de la temperatura e incluso la preservación de la belleza escénica. Por ello resulta de enorme importancia que las políticas forestales en México incluyan al manejo forestal comunitario como uno de los elementos fundamentales.

Los defensores ambientales en México, en riesgo eminente











Sinopsis:

En México se ha vivido una escalada en el número conflictos entre comunidades que defienden sus territorios y grandes inversionistas que desean implantar megaproyectos energéticos y agropecuarios insostenibles. Una serie de reformas estructurales en el marco legal del país, como la energética ha abierto la puerta a que se liciten territorios para la extracción de hidrocarburos y minerales, así como para la generación de energía eólica y solar; esto en detrimento de la soberanía de las comunidades dueñas de dichos territorios.

Ante estas amenazas a los territorios, las comunidades se han organizado para hacer frente a estos embates que ya han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país y en el mundo. Esta defensa de los recursos naturales y sus territorios les ha costado la vida a cientos de mujeres y hombre defensores ambientales en México.

Nuestro país se sitúa como uno de los tres países más peligrosos para los defensores ambientales por el alto número de agresiones, amenazas y muertes de las que han sido víctimas las personas que deciden defender sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales.

Además de sus valiosas contribuciones en la provisión de alimento y generación de ingresos, las mujeres rurales tienen una participación destacada en los movimientos de defensa de sus territorios. Cada vez más asumen roles de dirigencia y coordinación de los grupos de defensa de los recursos y los territorios.

En México, como en muchas partes del mundo, los territorios forestales están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía e hidrocarburos. Así como por la agricultura comercial de monocultivos y la ganadería extensiva.

Un informe de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), destaca las declaraciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, sobre que “quienes defienden la tierra y el medio ambiente enfrentan riesgos específicos y más elevados, debido a que tocan intereses de las empresas”.  Se destaca que  para procurar la seguridad de estos actores se necesitan acciones coordinadas de parte de empresas, inversionistas, y los estados nacionales y extranjeros y sus embajadas, para exigir que en todo proyecto que tenga que ver con los territorios rurales, se garantice que las comunidades puedan dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso y acceso a su tierra y sus recursos naturales.[1]

 

Agresiones a defensores de los bosques y el ambiente

De acuerdo con datos de la organización Global Witness, durante 2017 en América Latina se mantuvo como el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. En el caso de México, “ahora se caracteriza como un lugar mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente (anteriormente, México ocupaba el puesto 14)”.[2]

Por su parte, la organización Front Line Defenders documentó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países. El 80 por ciento de dichos asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.[3]

Lo más alarmante es que “el análisis sobre el trabajo que realizaban las personas asesinadas arrojó que el 67 por ciento defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas”. La impunidad es uno de los principales alicientes para que este tipo de prácticas de hostigamiento y asesinato se sigan cometiendo en México y en el mundo.

2017 fue un año negro. En el país se registraron más asesinatos de defensores ambientales que nunca. El propio reporte de Gobal Witness subraya que “la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.[4]

Acciones de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra los hombres. De hecho, el 23 por ciento de los llamados urgentes emitidos por Front Line Defenders en 2017 estuvieron relacionados con amenazas o intimidación a las defensoras por su trabajo, en comparación con el 10 por ciento de sus contrapartes masculinos. En algunos casos se trataba de amenazas de violencia sexual.

Las personas defensoras comunitarias e indígenas, particularmente las mujeres defensoras de derechos humanos se ven especialmente afectadas por procesos judiciales o detenciones, debido a que muchas veces realizan su labor de defensa de derechos humanos de forma voluntaria, y no pueden generar ingresos durante el desarrollo de estos procesos judiciales, lo que les afecta a ellos y a sus familias.[5]

El uso excesivo de la fuerza, los procesos de criminalización, la apertura de expedientes judiciales a través de detenciones arbitrarias e ilegales en marchas o en bloqueos de rutas, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas telefónicas, las calumnias, las campañas de desprestigio y los asesinatos, son las principales formas de agresión de las defensoras ambientales. Además, en el caso de las mujeres, se acentúan acciones que van encaminadas a deslegitimar su participación política y su aparición en el espacio público.

Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente pueden definirse como “aquellas personas o comunidades que trabajan por la promoción y protección de los derechos humanos asociados a la tierra y el territorio, incluyendo la defensa de los recursos naturales y el medioambiente, y todo aquello que permite la satisfacción de varios otros derechos y necesidades, como el alimento, la vivienda, el trabajo; y las relaciones sociales y significados culturalmente otorgados a los mismos”.[6] Organismos y organizaciones internacionales han reiterado que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente son un grupo especialmente vulnerable tanto en México como a nivel global.

Los proyectos económicos que están impactando más en el tejido social comunitario y donde se documentan un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos serían los proyectos de extracción de bienes naturales (minería y explotación de bosques), de generación de energía (hidroeléctricos, eólicos, gasoductos y minería de carbón), de infraestructura y turísticos.

En vez de impulsar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de capacidades locales y opciones productivas sustentables en los territorios forestales, como el modelo de manejo forestal comunitario; que ha demostrado generar enormes beneficios, tanto ambientales como sociales, a través del fortalecimiento de la gobernanza interna y el desarrollo de cadenas de valor; el modelo de país vigente fomenta las inversiones de proyectos privados que van en detrimento de las comunidades y la sustentabilidad ambiental.

Esto es claramente regresivo y contrario a los compromisos adquiridos internacionalmente como el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica, solo por citar algunos.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura, y de que dicha garantía de protección sea una prioridad, pero la realidad es que el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para desempeñar estas actividades de activismo ambiental y de procuración del respeto a los derechos humanos.

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Iniciativa de ONU para proteger a defensores ambientales

Este 6 de marzo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó en Ginebra, Suiza, la Iniciativa Derechos Ambientales de las Naciones Unidas, que tendrá la función de ayudar a “las personas a comprender mejor sus derechos y a defenderlos, y asistirá a los Estados a salvaguardar los derechos ambientales”.

Además, a través de esta iniciativa insta a todos los gobiernos a priorizar la protección de los defensores del medio ambiente y a llevar ante la justicia de forma rápida y definitiva a los que atacan o amenazan a los defensores. La tolerancia a la intimidación de los defensores del medio ambiente socava los derechos humanos básicos y el estado de derecho ambiental”.[7]

Uno de los actores clave en la protección y respeto a los derechos humanos de los defensores ambientales es el sector privado, ya que al tener intereses en el aprovechamiento de los recursos y territorios las empresas entran en conflicto con las comunidades dueñas de dichos territorios, por ello, el PNUMA hace un llamado al sector privado para que “vaya más allá de los estándares mínimos de respeto a las comunidades y el ambiente y se convierta en un defensor de los derechos de todos a un medio ambiente limpio y saludable”.

Al respecto, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra`ad Al Hussein, subraya que “los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar los abusos cometidos por las empresas dentro de sus territorios y las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los demás”.

Otro de los instrumentos que podría contribuir a detener las agresiones y asesinatos en contra de las defensoras y defensores ambientales es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado apenas el domingo 4 de marzo (2018) en San José, Costa Rica. Este documento que es el primero de su tipo en la región y en el mundo, tiene la misión de garantizar la participación ciudadana y la labor de los defensores de los derechos ambientales.

Para poder detener las agresiones contra defensores ambientales las autoridades deben terminar con la impunidad que gozan los agresores.

Referencias:

[1] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017. Disponible en: https://goo.gl/vgwe1u

[2] Global Witness, Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FvH9Z

[3] Front Line Defenders. Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo 2017, Irlanda, 2018. Disponible en: https://goo.gl/Ksk3Ae 

[4] Global Witnes, México debe actuar urgentemente para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. Disponible en: https://goo.gl/kNh4Fw

[5] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017.

[6] Ibíd.

[7] PNUMA, ONU lanza iniciativa para proteger a los defensores del medio ambiente, 6 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/onu-lanza-iniciativa-para-proteger-los-defensores-del-medio

Los bosques y sus habitantes, pobremente abordados en la agenda de los candidatos 2018











Sinopsis:

 

21 de marzo, Día Internacional de los Bosques

Este 2018, México enfrenta un proceso electoral que será crucial para el país. Las elecciones federales para elegir presidente de la República y renovar congreso, así como los procesos electorales estatales y municipales, representan una nueva oportunidad para enmendar la política pública y resolver problemas de gran relevancia para el desarrollo del país.

En lo que se refiere al tema forestal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible revisó los documentos de plataforma electoral y planes de gobierno de los tres candidatos a la presidencia procedentes de partidos políticos: Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PES, PT); José Antonio Meade Kuribreña, de la coalición “Todos por México” (PRI, PVEM, PANAL), y Ricardo Anaya Cortés, de la coalición “Por México al frente” (PAN-PRD-MC). En nuestra revisión encontramos que ninguna de estas plataformas contiene planteamientos sólidos y contundentes que permitan revertir los problemas que enfrentan las regiones forestales del país, a pesar de la  enorme importancia que tienen estas regiones en términos  productivos, ambientales, de combate al cambio climático y de provisión de servicios ecosistémicos indispensables, como la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad, entre otros.

Las tres coaliciones reconocen que es necesario modificar la situación del sector forestal -que enfrenta desigualdad, pobreza, deterioro ambiental, tala ilegal-, y si bien dos de ellas presentan algunas propuestas para dinamizar este sector, en general presentan omisiones importantes y no hacen un planteamiento integral que permita generar desarrollo para las regiones forestales y mejorar las condiciones de vida de los dueños de los territorios.

En este Día Internacional de los Bosques, el CCMSS ofrece en este documento un análisis rápido de lo que cada coalición expresa sobre el tema en su plataforma registrada ante el INE, explicamos sus principales deficiencias y llamamos a darle mayor prioridad al tema y a adoptar propuestas específicas para atender los problemas que enfrentan los ecosistemas forestales y sus dueños:

Consulta aquí el documento

 

 

Las mujeres de los bosques, una agenda pendiente











Sinopsis:

Históricamente, las mujeres han desempeñado un papel de suma importancia en el manejo, conservación y defensa de los recursos naturales y sus territorios. Sin embargo, en muchos casos, esa importante labor ha sido invisibilizada por cuestiones culturales y estructuras de organización patriarcal. Además, esto ha sido fomentado por políticas públicas que no se han orientado a abordar y, menos aún, a reducir la brecha de género.

Las mujeres han sido cruciales para la conservación de los bosques. Asimismo, las plantas que nos comemos hoy en día son producto de largos procesos de manejo y domesticación que ellas han desempeñado.[1]

Cuando las mujeres tienen una mayor participación en los comités de toma de decisiones y actividades de manejo forestal comunitario, mejora la gobernabilidad de los bosques y la sostenibilidad de los recursos.[2] Sin embargo, aún persiste una enorme brecha de género que restringe una mayor participación de las mujeres en esto ámbitos.

El manejo forestal comunitario es un esquema de gestión de los recursos naturales por parte de los legítimos dueños de los bosques que, cuando cuenta con una gobernanza interna sólida, permite una mayor integración de las mujeres en actividades productivas y en la toma de decisiones. Bajo el contexto de una sociedad dónde la inequidad es el común denominador el Consejo Civil considera importante impulsar este esquema y fomentar el desarrollo de cadenas locales de producción, que permitan la creación de espacios de trabajo para las personas que carecen de derechos agrarios y que, por ello, suelen ser marginadas en los procesos de toma de decisiones y goce de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos naturales.

En México, en el medio rural habitan alrededor de 27.5 millones de personas, de las cuales el 50.4 por ciento (13.9 millones) son mujeres. No obstante, la proporción igualitaria en la composición de la población, a penas el 26 por ciento de las personas con derechos a la propiedad ejidal son mujeres[3]. Estas cifras evidencian claramente un desbalance en el acceso a la tierra, que deriva en un acceso y participación restringidos en la toma de decisiones y goce de los beneficios derivados del manejo de los recursos.

Si bien en algunas comunidades agrarias indígenas (o tierras comunales), el padrón de miembros es relativamente más inclusivo puesto que el 32 por ciento de los titulares de derechos agrarios son mujeres, en los ejidos es significativamente más excluyente. En algunas regiones, hasta fechas muy recientes, los hombres prohibían a las mujeres entrar a las asambleas y ejercer actos de posesión efectivos sobre las tierras.

Hoy en día, la participación de las mujeres en la mayoría de los órganos de decisión de los ejidos y en los núcleos agrarios indígenas es muy escasa y limitada. Si bien cerca del 26 por ciento de los titulares de derechos en los ejidos son mujeres, sólo 15 por ciento de los puestos de órganos de representación vigentes son ocupados por mujeres, y menos del 8% de los presidentes de comisariados ejidales o presidentes de los consejos de vigilancia son mujeres[4].

En algunas regiones la proporción de mujeres en posiciones de decisión dentro de las estructuras de gobernanza ejidales y comunitarias son menos excluyentes, por ejemplo, algunas comunidades de la Selva Lacandona, donde las mujeres participan de manera crucial en la toma de decisiones. No obstante, este parece ser un proceso aislado. En general el avance en la participación de las mujeres en la toma de decisiones al interior de los ejidos y comunidades es lento y marginal. En Chiapas y Oaxaca, regiones con marcada presencia indígena, sólo el 3 y el 2 por ciento,[5] respectivamente, de las presidencias de los comisariados están en manos de las mujeres.

Esta disparidad tiene importantes consecuencias en términos de acceso desigual a desarrollo de capacidades, beneficios, subsidios e ingresos derivados del manejo de los bosques. Pese a que las mujeres intervienen de muchas maneras en el manejo de los territorios forestales, tanto los ingresos derivados de la comercialización de los productos del bosque, como el acceso a los subsidios del sector forestal y muchos otros beneficios, le corresponden mayoritariamente a los ‘dueños o legítimos propietarios’, es decir, son los hombres quienes en términos generales se llevan al menos tres cuartas partes de los beneficios económicos derivados del bosque.

En promedio, en el país las mujeres rurales trabajan 89 horas semanales, 31 horas más que los hombres[6], pero gran parte del trabajo no se contabiliza, ya que se desarrolla dentro del hogar, en tareas como el manejo de cultivos y animales de traspatio para la subsistencia y en el cuidado de terceras personas, como sus hijos, sin percibir remuneración.[7]

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en las comunidades que habitan en territorios forestales, las mujeres obtienen la mitad de sus ingresos de los bosques, mientras que los hombres obtienen solo una tercera parte.

En este mismo sentido, datos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en inglés) indican que el ingreso proveniente de las actividades forestales es una quinta parte del total de los ingresos de las familias que viven dentro o cerca de los bosques. Los hombres contribuyen más que las mujeres porque sus actividades generan un ingreso; mientras que las mujeres están más involucradas en actividades de subsistencia y trabajo no remunerado. Aunque las actividades forestales de hombres y mujeres contribuyen a los ingresos de los hogares, hay considerables diferencias de género en el aprovechamiento de los productos forestales.[8]

El CIFOR también destaca que “los bosques han sido considerados frecuentemente un sector dominado por los hombres, lo que ha dificultado que las mujeres participen en el manejo de los bosques y la toma de decisiones.

Refiere que “estudios recientes sugieren que la participación de las mujeres se da más a menudo cuando hay menos instituciones exclusivas, más nivel de educación en las familias, y una menor desigualdad económica entre los géneros”. Aumentar la participación de las mujeres en los comités de toma de decisiones de las instituciones de forestería comunitaria ha demostrado que mejora la gobernabilidad de los bosques y la sostenibilidad de los recursos.[9]

Recomendaciones de política pública

Si bien las actividades típicamente maderables, como el abasto de madera en rollo y la transformación de madera aserrada, están principalmente en manos de los hombres (aunque hay importantes casos de mujeres al frente de aserraderos e industria forestal), muchos de los emprendimientos, tanto tradicionales como innovadores o alternativos que ocurren en los territorios forestales, están en manos de jóvenes y mujeres: extraen pigmentos, recolectan agua, semillas y leña, obtienen productos forestales no maderables (medicamentos, forraje y alimentos); emprenden iniciativas como el manejo integrado del paisaje, la producción de árboles para la reforestación; el ecoturismo o turismo alternativo; el aprovechamiento, envasado y comercialización de productos no maderables como hongos, pimienta, miel, resinas e insumos para artesanías; la crianza de peces, entre otras actividades; se organizan grupos de mujeres o de jóvenes, por lo general a través de acuerdos formales o informales con las asambleas de ejidatarios.

Es cada vez más común, aunque sigue siendo muy marginal, observar a mujeres en actividades de limpia, saneamiento y restauración en terrenos forestales, así como en actividades de aserrío y conducción de la industria forestal. En etapas más avanzadas en la cadena de valor, como en el acabado de muebles, sí es común ver a mujeres, pero su participación es marginal, hay una brecha muy grande, en comparación con la proporción de hombres que participa en las actividades forestales.

Frente a este escenario, el CCMSS considera necesario, que nuestro país debe mejorar su marco normativo y el diseño de los subsidios que se aplican en el sector forestal y rural en general. Los subsidios aplicados a través de las reglas de operación de programas de las dependencias federales como Sagarpa, Conafor, Semarnat y Sedesol, así como de agencias estatales y municipales, deben tener una fuerte y creciente orientación de fomento y prelación, incluyendo acciones afirmativas específicas que promuevan la igualdad de género.

En 2016 se emitieron y publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios federales, que se fundamentan en los artículos 1º y 4º de la Constitución y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en México tiene rango constitucional desde las reformas constitucionales del 2011. Es necesario vigilar y aplicar de forma eficiente estos criterios para propiciar una mayor participación de las mujeres.

Concretamente, y a manera de ejemplo, las reglas de operación de Conafor 2017 incluyen apoyos a actividades dirigidas a sectores distintos a los ‘dueños y legítimos poseedores’ de los territorios forestales, y se pudo favorecer mediante criterios de prelación la canalización de subsidios a proyectos y actividades que demuestren participación mayoritaria de mujeres, tanto en proyectos dirigidos a ejidatarios y comuneros, como en la apertura de opciones para avecindados, jóvenes y mujeres. También se hizo explícita la participación de las mujeres en actividades de restauración, combate y prevención de incendios en los predios forestales. Es un buen avance, pero es necesario ir más allá.

Para las Reglas de Operación 2018 de la Conafor, se han incluido entre los beneficiarios del programa, figuras diferentes a ejidos y comunidades, de conformidad con el artículo segundo de la Constitución (comunidades indígenas y equiparables). Asimismo, se homologaron criterios en población objetivo conforme a una revisión jurídica (definiendo qué tipo de beneficiarios entra en cada figura). Finalmente, se propuso la integración del término usufructuario a fin de no restringir el acceso a las mujeres y jóvenes que no pueden acreditar la posesión legal de los terrenos forestales.

Se debe avanzar de manera decidida y significativa en la incorporación de instrumentos de política pública que fomenten la igualdad de género en las estructuras de toma de decisiones, con medidas afirmativas, como el condicionamiento de subsidios para el fomento a la participación de mujeres en los órganos directivos de los ejidos y comunidades.

Estas medidas deben ser acompañadas de estrategias efectivas para el desarrollo de capacidades de gestión, administración y liderazgo, además de capacidades técnicas; si bien la realidad muestra que es un mito que tales capacidades existan solo en los hombres y no en las mujeres.

 

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Referencias

[1] CCMSS, Revalorizar a las comunidades locales y el conocimiento tradicional para la conservación de los bosques tropicales. 2018. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/revalorizar-las-comunidades-locales-conocimiento-tradicional-la-conservacion-los-bosques-tropicales/

[2] CIFOR, Fact sheet No. 11, Bosques y género. Lo que deberían saber los formuladores de políticas, 2013. Disponible en: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/factsheet/4178-factsheet.pdf

[3] Registro Nacional Agrario, Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[4] RAN: Integrantes de Órganos de Representación de Núcleos Agrarios Inscritos en el SIMCR al 31 de dic de 2016. Tomado en noviembre de 2017 de: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[5]  Elaboración propia a partir de la estadística del RAN: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[6] Kánter Coronel Irma del Rosario y Ponce Sernicharo Gabriela, Al día: Las cifras hablan Número 62, “Día internacional de las mujeres rurales”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 2016.

[7] Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Proyecto México para la Reducción de Emisiones por deforestación y degradación (M-REDD+), The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC. 2017.

[8] CIFOR, Fact sheet No. 11, Bosques y género. Lo que deberían saber los formuladores de políticas, 2013.

[9] Ibíd.

Revalorizar a las comunidades locales y el conocimiento tradicional para la conservación de los bosques tropicales











Sinopsis:

El conocimiento tradicional es fundamental para lograr la conservación de los bosques tropicales. Estas prácticas ancestrales de las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado los bosques, desde hace siglos, han sido esenciales para el desarrollo de las civilizaciones. Su aportación es tan importante que, gracias a sus prácticas de manejo y domesticación de las plantas, podemos alimentarnos.

Las plantas que nos comemos son especies domesticadas por estas comunidades y de no ser por sus importantes labores de selección y manejo a lo largo de la historia, particularmente desempeñadas por las mujeres, no tendríamos estos alimentos a la mano, explica el Dr. José Sarukhán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El especialista lamenta que el conocimiento tradicional esté “tan subvalorado”, si bien es cierto que hay algunas áreas en donde el conocimiento científico ha avanzado, el conocimiento y las prácticas de las comunidades locales, heredado ancestralmente, es la base de lo que hoy conocemos como método científico.

En el marco de la presentación del libro “La Conservación del Bosque Tropical, Procesos a largo plazo de la evolución humana, adaptaciones culturales y patrones de consumo”, la directora y representante en México de la UNESCO, Nuria Sanz, refiere que “los bosques tropicales, por muy prístinos que nos parezcan, como los conocemos actualmente, son resultado de la interacción de las comunidades humanas que los han habitado”.

Comenta que en el mundo hay 75 millones de hectáreas de bosques tropicales y que en estos ecosistemas habitan 800 millones de personas, que dependen de ellos, en gran medida, para subsistir.

Sugiere desvelar algunos mitos, como el hecho de que la Amazonía es un ecosistema prácticamente sin presencia humana. Cuando en realidad cientos de grupos étnicos habitan y han manejado de forma ordenada este importante bosque tropical, y ha sido “la interacción de estas comunidades lo que ha permitido su conservación y adaptación”. Asimismo, subraya que una evidencia que ha arrojado el libro es que “las selvas tropicales son paisajes antropomofizados desde el Pleistoceno en casi la totalidad de los continentes”.

En este sentido, resalta que “las comunidades y pueblos indígenas son socios indispensables para la gestión y conservación de los bosques”.

En su intervención, el doctor Sarukhán plantea que conservación no significa no tocar, pues las comunidades que han habitado los bosques son verdaderos jardineros de la selva.

En el caso de México, por sus condiciones particulares de tenencia de la tierra, en la que las comunidades y ejidos son dueños de los territorios forestales, es necesario impulsar estrategias de conservación activa, de uso y manejo sustentable para que las comunidades que habiten los territorios forestales puedan generar un mayor valor y mejorar sus condiciones de vida.

“Debemos hacer que la producción de miel, café, cacao y otros productos que generan las comunidades que habitan las selvas de nuestro país, logren alcanzar en el mercado su verdadero valor. Estos productos, que son sustentables y coadyuvan a la conservación del ecosistema, son productos con un alto valor cultural y esa característica debe ser reconocida en el mercado”, plantea el coordinador de la Conabio.

Añade que las políticas públicas y las inversiones del gasto deberían orientarse en convertir a las comunidades locales en empresarios, respetando sus usos y costumbres, y no orillarlos a convertirse en dependientes de los subsidios de gobierno.

Argumenta que “la importancia de conservar estos ecosistemas radica en que los bosques tropicales albergan entre el 50 y 75 por ciento de las especies. Es decir, son el reservorio de biodiversidad en el planeta. Cuando se pierde un área relativamente pequeña de selva, se pierden sistemas ecológicos completos, porque muchas especies ocupan pequeños espacios en su ciclo de vida”.

Además de la pérdida de biodiversidad, y servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, la infiltración de agua, regulación de la temperatura; “si no conservamos los bosques tropicales estaremos creando alteraciones en los sistemas ecológicos y tendremos mayor presencia de enfermedades severas como el SARS o el ébola que son producto de la pérdida de ecosistemas forestales”.

Los suelos forestales, un recurso indispensable en el abandono











Sinopsis:

Con respecto a la conservación de los suelos, discursivamente parece que México está muy bien, pero la realidad es que los estudios muestran que entre el 45 y 76 por ciento de los suelos están degradados. Hay muchas causas de pérdida de la soberanía alimentaria, pero una muy grave y severa es la degradación de los suelos y las políticas y programas gubernamentales atienden este tema de manera muy deficiente.

La investigadora del Centro Geo y de la UNAM, Helena Cotler Ávalos, acusa que “en la propia Comisión Nacional Forestal (Conafor) la gerencia de suelos ya desapareció; y en Sagarpa los programas -que destinan solo entre 1 y 2 por ciento del presupuesto de la dependencia a este componente-, están hechos para desarrollar infraestructura hidráulica, es decir, sistemas de riego. Es un tema abandonado que no se ha visibilizado y no se ha construido un interés público al respecto a pesar de su inminente importancia”.

La especialista en suelos y ecosistemas forestales explica que “siempre que se habla de bosques, se habla de los recursos maderables, de la superficie arbórea y no de los suelos, cuando estos son el soporte de esa vegetación. Es indispensable que se vea al ecosistema forestal de manera integral, tomando en cuenta los suelos y considerando, entonces, que todas aquellas acciones que estemos realizando en los suelos van a repercutir en la capacidad de soporte, de retención de humedad, de biodiversidad, de almacenamiento de carbono en los bosques.

Demanda que “todo esto tiene que estar reflejado en los instrumentos de política pública, de tal manera que las acciones que realicemos vayan en el sentido de mejorar los servicios ecosistémicos en las regiones forestales”.

Los programas relativos a la conservación y restauración de suelos que se derivan de la política forestal han propiciado que se tenga un abanico de acciones muy reducido. Lamenta que solo contamos con un manual, donde predominan prácticas mecánicas de retención de sedimentos y no de conservación de suelos. Estas prácticas se están realizando de manera uniforme por todo el país sin importar las condiciones ecosistémicas.

Refiere que “tenemos zanjas desde Chihuahua hasta Chiapas, y sin importar que ecosistema forestal estemos interviniendo. Se están impulsando acciones por receta, como si todo el territorio tuviera las mismas condiciones edáficas y climáticas, al mismo tiempo, muchas prácticas que realizaban las comunidades para la conservación de suelos se están dejando de lado”.

La doctora Helena Cotler acusa que no se está reconociendo el conocimiento comunitario en términos del manejo forestal integral. “Más bien, se les está imponiendo cierto tipo de prácticas; asimismo, muchas comunidades se oponen a este tipo de prácticas estandarizadas y no les dan seguimiento, porque consideran que estuvo bien mientras les dieron un subsidio económico, pero que no le ven, realmente, ningún sentido”.

Con esta visión simplista de un recurso tan valioso como lo es el suelo “se está erosionando el conocimiento de las comunidades a través de la implementación de prácticas uniformes, homogeneizantes en todo el país. En vez de estar reforzando el conocimiento del ecosistema, de su integridad y conservación. Lo que se están haciendo, son prácticas sin ningún sentido”.

Detalla que, con base en datos recabados en un estudio sobre el impacto negativo de las zanjas en los suelos forestales en el Eje neo-volcánico, en suelos andosoles muy profundos y con bastante materia orgánica, la Conafor sí reconoció que eran problemáticos y en 2015 modificó las reglas de operación de sus programas para evitar la construcción de zanjas en el Eje neo-volcánico.

Pero las acciones deben ir más allá, plantea que se tiene que modificar ese manual de conservación de suelos. “No tiene que haber solo un manual, tiene que haber un abanico de prácticas en función de las condiciones ambientales y el conocimiento local de las comunidades que manejan esos ecosistemas”.

Por otra parte, señala que hay muchas iniciativas del sector privado para incidir en la restauración de los ecosistemas forestales, en las que “implementan acciones de conservación como reforestación o zanjas en las propias Áreas Naturales Protegidas, y en vez de generar mejoras en los ecosistemas, le provocan más impactos negativos. Ya nos hemos acercado con varias de estas empresas y hemos obtenido respuestas tímidas al respecto, porque siguen con este tipo de prácticas que son nocivas a la infiltración, a la captura de carbono y a la erosión de suelos”.

Comparte que junto con un grupo de investigadores se encuentra trabajando en un “índice de valoración económica de las afectaciones ambientales que generan este tipo de acciones. Recomienda que “si alguna empresa quiere invertir en acciones de conservación debería acercarse al consejo consultivo del as áreas naturales protegidas, a expertos para que les asesoren correctamente.

Posicionamiento de las organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad ante la reforma de la Ley Forestal











Sinopsis:

  • Reiteramos la necesidad de una consulta pública e incluyente
  • Alertamos sobre los retrocesos en la propuesta de ley
  • Ante la falta de avances en el Sector Forestal la ley debe contemplar una política de largo plazo, basada en el Manejo Forestal Comunitario
  • Entre los temas a incluir están: fortalecer la participación social, el fomento al Manejo Forestal Comunitario, la mejora en la regulación, la descentralización y mejorar la transparencia en el uso de recursos

En septiembre de 2016 fue presentada en la Cámara de Diputados, una iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y promulgar una nueva. Esa iniciativa fue elaborada de manera cerrada y, hasta la fecha, no ha sido objeto de consulta pública, a pesar de las reiteradas demandas de la sociedad para llevar a cabo un proceso transparente, incluyente e informado, que enriqueciera un proyecto para la necesaria reforma de la ley vigente.

Con modificaciones mínimas, la Iniciativa fue aprobada por los diputados en marzo de 2017 y turnada para su revisión a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), de Estudios Legislativos Primera y, a solicitud, a la Comisión de Desarrollo Rural.

En medio de una fuerte presión por parte de los organismos de la sociedad, en abril de 2017 fue suspendida la discusión para dictamen de la minuta y en el siguiente periodo de sesiones, de septiembre a diciembre de 2017, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó un dictamen que si bien incorpora algunas de las propuestas de las organizaciones sociales, aún contiene retrocesos importantes respecto a la ley vigente y ausencia de mejoras necesarias.

En diciembre de 2017 se agotó el periodo de sesiones y quedaron pendientes los resolutivos de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, antes de pasar a debate y votación en el Pleno de la Cámara de Senadores. Hacemos hincapié en que el Senado de la República no ha dado respuestas a las reiteradas solicitudes de consulta sobre la reforma a la Ley Forestal aún cuando ha habido tiempo de sobra para hacerlo.

En los primeros días del mes de febrero iniciará un nuevo periodo de sesiones del Senado. Las organizaciones firmantes queremos llamar la atención de los senadores para hacer una revisión cuidadosa del proyecto de dictamen, dado que existen cuestiones de peso que requieren discusión y enmienda:

  • Hay un retroceso inaceptable respecto de la ley vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad. Específicamente, a) el dictamen aprobado suprime facultades sustanciales del Consejo Nacional Forestal (CONAF) y los consejos estatales, quitándoles potestad para conocer de los cambios en políticas públicas y ejercer un papel de vigilancia y supervisión; b) se pierde la oportunidad de mejora del diseño del Fondo Forestal Mexicano, en el sentido de asignar a su Comité Mixto sólo funciones formales de asesoría y consulta, sin efectos concretos, cuando se ha propuesto otorgarle el carácter de órgano de gobierno. Así, la CONAFOR operaría el Fondo, bajo los lineamientos y supervisión del Comité Mixto y se evitaría el manejo discrecional y opaco de los recursos del Fondo..
  • La transferencia de atribuciones de autoridad de la SEMARNAT hacia la CONAFOR requiere, al menos, de una reflexión abierta que no ha tenido lugar, mientras que diversos actores del sector forestal han señalado riesgos e inconvenientes de concentrar los actos de autoridad en la CONAFOR, los que incluyen la contribución al debilitamiento de la cabeza de sector, que ya carece de capacidad para conducir la política en materia de agua, pesca e hidrocarburos y, por otra parte, la falta de contrapesos en la definición y el ejercicio de las políticas del sector. Sin esos equilibrios, existe un claro riesgo de que funcionarios de la CONAFOR incurran en conflictos de interés y en opacidad, abriéndose un terreno fértil para la corrupción. Tomando en cuenta que la SEMARNAT ha mostrado ineficacia e ineficiencia en sus funciones de regulación, la discusión debe clarificar si se trata de suprimir a la autoridad o de superar sus limitaciones.
  • La negativa reiterada a establecer un programa para el manejo forestal comunitario resulta incongruente con las múltiples definiciones y criterios que establecen una política de largo plazo para impulsar el manejo forestal comunitario y con el hecho de que ya existen, en la ley, disposiciones para dotar de recursos a las actividades de plantaciones comerciales y de restauración. Por otro lado, no se sostiene el argumento de que el programa requerido implique recursos adicionales, ya que se trata de una redistribución de los recursos disponibles, tal como la SHCP ha impuesto mediante la inserción de un artículo transitorio que especifica que no se destinarán recursos adicionales para la aplicación de la eventual nueva Ley.
  • Se ha planteado la propuesta de un diseño institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades de las regiones forestales y con una serie de dispositivos para mejorar la gestión forestal y acercarla a los productores. El dictamen aprobado por la COMARNAT ha suprimido completamente todo este tema.
  • Han quedado sin incluir diversas medidas para la mejora regulatoria y de la gestión, como son la regulación de los aserraderos móviles, la clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o vegetación secundaria, la definición de preferencia forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas y varios otros conceptos que están siendo desechados por falta de comprensión y sin argumentos que solamente pueden procesarse mediante una discusión abierta y fundamentada.

Por lo anterior, reiteramos la necesidad de una consulta pública  abierta, incluyente y de altura técnica y conceptual, que conduzca a una mejor ley que demanda un sector con grandes potenciales, pero que enfrenta múltiples y graves carencias.

Los bosques de nuestro país absorben el equivalente a todas las emisiones de CO2 del sector transporte; apoyar a las comunidades que los manejan es prioritario para combatir el cambio climático











Sinopsis:

Los ecosistemas forestales capturan anualmente 170 mega-toneladas de dióxido de carbono que es la misma cantidad que el sector de autotransporte de todo el pais emite a la atmósfera, de acuerdo con el estudio “Adapting REDD+ policy to sink conditions”.  Cabe señalar que el sector del autotransporte es una de los principales fuente de emisiones de CO2 en México, con el 23 por ciento.

Sin embargo, hoy en día los ecosistemas forestales se encuentran bajo fuertes amenazas por el avance de la ganadería, la minería y la agroindustria que demanda grandes extensiones de tierra.

En México, más del 60% de los territorios forestales son de propiedad social, y la protección y conservación de los bosques y selvas, y los enormes beneficios que nos brindan, entre ellos la captura de carbono, dependen del trabajo que realizan las comunidades y ejidos forestales a través de sus actividades de manejo.

Se trata de un enorme aporte de las comunidades y ejidos de nuestro país al combate al cambio climático que hasta ahora no ha sido reconocido ni valorado adecuadamente, subrayó el CCMSS.

En el marco del Día internacional para la reducción de emisiones, el CCMSS llama a impulsar el manejo forestal comunitario para la hacer frente al cambio climático y a las amenazas que se ciernen sobre los bosques y lograr así las metas climáticas a las que se ha comprometido México.

El estudio de la doctora Margaret Skutsch, del Instituto de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, titulado “Adapting REDD+ policy to sink conditions” (2017), arroja datos valiosos para entender el importante papel que juegan los bosques y selvas para la mitigación de las concentraciones de carbón en la atmósfera.

La doctora Skutsch recomienda que para incrementar los reservorios de carbono en los ecosistemas forestales manejados se impulsen políticas públicas que fomenten la conservación del arbolado sano y la remoción de árboles enfermos, viejos o de dimensiones menores, para propiciar el crecimiento de ejemplares nuevos y vigorosos que permitan una mayor absorción de carbono; se invierta en programas de Pago por Servicios Ambientales para la regeneración de bosques talados y degradados; así como en la conformación de brigadas contra incendios.

Mientras que para los bosques degradados que no están destinados a la producción de productos maderables, el análisis considera necesario detener el cambio de uso de suelo generado por el avance de los cultivos agroindustriales y la ganadería extensiva.

En este rubro el estudio recomienda inversiones en la conformación de grupos de vigilancia, labores de regeneración y mejoramiento de la masa forestal. En particular, el impulso a proyectos de producción de carbón vegetal puede propiciar un mejoramiento de la cobertura forestal para una mayor absorción de carbono, y generar ingresos para los dueños de esos terrenos forestales.

Para mantener la capacidad de captura de carbono de los bosques y selvas, México tiene una enorme oportunidad, las empresas forestales operadas por ejidos y comunidades -alrededor de 990-.

Con sus actividades de manejo, aprovechamiento de madera y otros productos forestales como resinas, semillas y plantas, propician la regeneración de la cobertura forestal y dan mantenimiento al bosque a través de actividades de reforestación, saneamiento, aclareo y apertura de caminos y brechas corta fuego; de esta manera aseguran la conservación de los bosques a lo largo del tiempo, al tiempo de generar empleos e ingresos para sus comunidades.

No obstante, las políticas públicas hacia las regiones forestales no les son hoy en día favorables; diversos factores, como la sobrerregulación, la falta de inversiones para el desarrollo de capacidades locales y un sistema sólido y confiable de extensionismo forestal, frenan el desarrollo de las iniciativas comunitarias.

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:

Gerardo Suárez, gsuarez@ccmss.org.mx y cel. 5530798674 o

Cecilia Navarro, bcecilia.navarro@gmail.com y cel. 5554540678.

Parque Ecoturístico Corral de Piedra: el ecoturismo como actividad económica sostenible para los ejidos forestales











Sinopsis:

En la parte alta de la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo, se encuentra ubicado el Parque Ecoturístico Corral de Piedra, a una altura de aproximadamente 2,780 metros sobre el nivel del mar, privilegiado por su clima y por dos tipos de ecosistema: el páramo de alta montaña y el bosque mixto de oyamel-pino-encino (Abies religiosa, Pinus sp. y Quercus sp.). Estos dos ecosistemas contribuyen a la captación de agua pluvial que alimenta los más de 400 manantiales del municipio de Amanalco, mismos que fluyen por arroyos hasta la presa de Valle de Bravo, que a su vez aporta el 40% del agua del Sistema Cutzamala; haciendo posible la vida de millones de personas en el centro del país.

El Parque Ecoturístico Corral de Piedra tiene una extensión aproximada de 500 hectáreas, y se localiza al sur del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y al sureste del Parque Estatal Santuario del Agua (SA) Presa Corral de Piedra. Además colinda con el área de hibernación de la mariposa monarca (Danaus plexippus) del santuario de Piedra Herrada.

El Parque es propiedad del ejido Amanalco y es manejado en su totalidad por los ejidatarios, que con un esfuerzo colectivo y visión de futuro, aprovechan de manera sostenible los recursos naturales de su territorio. Este ejido realiza un aprovechamiento forestal maderable a través de un programa de manejo forestal autorizado, a través del cual produce un promedio de 2,200 m3 de madera al año. Además del aprovechamiento forestal, este ejido ha creado el parque ecoturístico que genera 6 empleos permanentes y 9 empleos temporales en caso de eventos y proporciona utilidades para 50 ejidatarios.

Con la inversión ejidal y el apoyo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), las universidades y algunas dependencias gubernamentales como la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se ha convertido este sitio en un atractivo clave de la cuenca de Valle de Bravo.

Actualmente cuentan con cabañas, almacén, área para acampar, juegos infantiles, senderos y un lago recreativo.  Se pueden realizar diferentes actividades deportivas y de aventura, gracias a la diversidad de paisajes que brinda el espacio natural y la infraestructura establecida; se puede remar en lancha o kayak, hacer pesca deportiva y tener recorridos a pie o en bicicleta por los senderos en los que se pueden observar varias especies de aves nativas y migratorias que habitan el ecosistema, como Anas americana    Americana (pato panadero), Sturnella magna (tortilla con chile), Anas platyrhynchos diazi (patro tirguero mexicano) y Pandion haliaetus (águila pescadora). Además, desde el sendero de los venados se tiene la oportunidad de visitar la Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA) de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) que tiene una población de aproximadamente 70 individuos.

El Parque cuenta con un restaurante en el que se sirven platillos típicos regionales y como especialidad de la casa se tiene a la trucha en diferentes modos de preparación. Aquí se emplean ingredientes frescos y de calidad, que son abastecidos por agricultores, piscicultores y comerciantes del municipio, fomentando así la economía solidaria y local.

Gracias a la infraestructura con la que cuenta el Parque, se han podido organizar eventos deportivos de contacto con la naturaleza, tales como, el Spartan Race en el 2016, la carrera Ultra Trail 2017, o el Mountain Bike to Spring 2017 organizado por la Fundación The Steel Race y Kenyamex.

De acuerdo al testimonio de Gerónimo Vilchis Quintín –Gerente del Parque Ecoturístico Corral de Piedra- este tipo de eventos, así como las caminatas que van del Nevado de Toluca a Valle de Bravo y que son organizadas por la empresa Chance to Challenge, atraen a un sector de la población – conocidos como “caminantes”- que está preocupada por apoyar modelos de desarrollo turístico sostenibles y que valora y reclama la responsabilidad del turista, tour-operadores, anfitriones e instituciones a la hora de realizar las actividades ecoturísticas o de aventura. Como consecuencia, poco a poco se han ido erradicando los visitantes que realizaban prácticas viajeras no válidas o poco responsables con el ambiente, que incluso llegaban a ser muy destructivas, como la pesca inadecuada o la cacería furtiva.

Además, los ejidatarios han realizado esfuerzos para registrar el Parque ante el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, 2007) bajo la actividad económica: Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación. De igual manera, para obtener los sellos de calidad “Punto limpio” y “Distintivo M” – los cuales han sido otorgados por la SECTUR-, el primer sello se obtuvo como reconocimiento por la incorporación de buenas prácticas de higiene en su modelo de gestión, a fin de proteger la salud de los clientes, los trabajadores y las comunidades vecinas; y el segundo como máximo reconocimiento que avala la adopción de mejores prácticas y una distinción de empresa Turística Modelo.

Gracias a los esfuerzos por mejorar esta empresa comunitaria, también se ha podido obtener la certificación social y de desarrollo conocida como “Paraísos Indígenas”, la cual es respaldada por el Gobierno mexicano – SECTUR, el Consejo de Promoción Turística de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- que distingue a los sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico y busca que la población indígena ofrezca servicios y actividades turísticas de calidad, bajo un esquema de organización basado en usos y costumbres que les permita conservar, transmitir y compartir su herencia y conocimiento ancestral, aprovechando de forma sostenible los atractivos naturales y culturales de su territorio.

El desarrollo del Parque Ecoturístico Corral de Piedra es una prueba tangible de que existen diversas alternativas para el aprovechamiento sostenible de los bosques, y que los ejidos y comunidades en México pueden desarrollar una diversidad de empresas sociales que contribuyen a la conservación de los recursos naturales al tiempo que generan empleos y alimentan economías rurales prósperas.

Aquí encontrarás los datos y más información para visitarlo

Apostar por el manejo forestal comunitario para conservar los bosques y dignificar a las comunidades: Dr. José Sarukhán











Sinopsis:

 

México debería apostar por el impulso a las comunidades forestales, que son dueñas de la mayor parte de los territorios forestales de este país. Con ello lograríamos alcanzar las metas climáticas a las que se comprometió el país, como llegar a la deforestación cero y, al mismo tiempo, beneficiar a las personas que manejan, cuidan y mejoran los ecosistemas boscosos y selváticos, propone el Doctor José Sarukhán Kermes, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

El especialista, galardonado con el Premio Internacional Tyler (2017) por sus contribuciones en el campo del a biodiversidad, enfatiza que “México es un país de vocación forestal y no agrícola, y en consecuencia se deben hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la conservación de este importante patrimonio forestal; y una de las mejores estrategias para lograrlo es el manejo forestal comunitario”.

El doctor Sarukhán resalta que el trabajo de las comunidades en el manejo de sus recursos forestales es crucial, “porque ellos son los manejadores, los cuidadores, los mejoradores de esos sistemas forestales, particularmente cuando constituyen cooperativas, sociedades de producción o empresas sociales los beneficios son mayores”.

Detalla que en el país tenemos muchos ejemplos exitosos de empresas forestales comunitarias con reconocimientos internacionales por sus contribuciones a la conservación y labores de manejo. Estas empresas comunitarias generan beneficios a sus comunidades, y esto es enormemente importante y por ello, deberían replicarse en muchos otros lugares que tienen potencial para ello.

De acuerdo con un análisis del Consejo Civil Mexicano, existen en México  11 mil 843 ejidos y comunidades que cuentan con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva en sus territorios. Estas comunidades llevan a cabo una importante labor de protección y conservación de los recursos forestales que de otra manera ya hubieran sido destruidos por la tala ilegal, los incendios y el cambio de uso de suelo.

 

 

El titular de la CONABIO plantea que “una de las cosas que habría que hacer para impulsar al sector forestal en el país es promover una buena asesoría técnica a las comunidades dueñas de recursos forestales. Que tengan estímulos de tipo financiero para poner que ellas pongan en marcha sus propias empresas comunitarias”. Añade que “quizá algunos de estos emprendimientos van a fallar, pero habría que ver por qué; quizá algunos por falta de capacitación, entrenamiento o problemas de mercado, pero habría que solventar esos obstáculos”.

Refiere que “el impulso al manejo forestal comunitario es una forma muchísimo más digna y adecuada para asegurar que nuestro patrimonio natural, de zonas boscosas y selváticas pueda mantenerse en beneficio de todo el país, y particularmente, para que se beneficien las comunidades que cuidan y manejan los bosques”.

“Hay que darles los apoyos necesarios a estas comunidades forestales, porque ellos, saben responder a estos desafíos. Yo no creo que se requieran enormes cantidades de dinero para llevar a cabo este tipo de acciones. Es necesario que apostemos por convertirlos en empresarios y que puedan avanzar, como se hace en muchos otros lados. Esto no se ha hecho en México”, concluye.

Impulso a las comunidades forestales e inversiones con visión de territorio para lograr un mejoramiento ambiental











Sinopsis:

El trabajo que realizan las comunidades y ejidos de nuestro país, en cuanto al manejo y aprovechamiento los recursos naturales, es fundamental para asegurar la conservación y restauración de esos importantes ecosistemas, y al mismo tiempo, esas actividades de manejo sustentable les permiten mejorar sus condiciones de vida, señala María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Explica que en el contexto que vivimos de cambio climático, muchas de las actividades productivas “tradicionales” que se desarrollan en el medio rural deberán cambiar, deberán adaptarse porque, así como el entorno es distinto, las necesidades también se han transformado.

María Amparo Martínez plantea que “la contaminación que llega a los bosques proveniente de las ciudades cercanas impacta el paisaje, esto implica la necesidad de desarrollar  un tratamiento distinto a los recursos”.

En este sentido, destaca que es necesario que las comunidades diversifiquen sus  actividades productivas, a la par de aprender nuevas técnicas sustentables para la conservación y restauración de los ecosistemas, alineadas a los instrumentos de política internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris.

Señala que no podemos seguir impulsando sistemas productivos que degradan el medio ambiente como la ganadería extensiva o la agricultura demandante de grandes cantidades de agua y agroquímicos. Debemos, en cambio, impulsar los esfuerzos de comunidades rurales vinculadas a la agroforestería, a la producción de mieles y a la silvicultura comunitaria, deben fomentarse porque éstas sí contribuyen a la provisión de servicios ecosistémicos y a la conservación de la biodiversidad.

 

Comenta que en términos de inversiones en el sector ambiental “siempre diremos que hacen falta recursos, pero más bien tenemos un enorme potencial en gastar de forma más óptima los recursos con los que contamos”.

Resalta la necesidad de fijar un componente de transversalidad que nos permita hacer sinergias y encontrar los puentes en la asignación de esos recursos para lograr un mejoramiento ambiental. Realizar asignaciones del presupuesto de forma holística “siempre será más sustentable que hacer grandes inversiones en un único aspecto o sector, para ello, requerimos analizar todas las actividades que se realizan en un territorio, de manera que podamos optimizar los recursos”.

Sobre las actividades extractivas, como la minería, que son una seria amenaza para la integridad de los territorios y la biodiversidad, la directora del INECC indica que, en las Áreas Naturales Protegidas, al menos en la parte legal están reguladas; lo que debemos garantizar es que esta legislación se cumpla.

Apunta que con el sector industrial se deben establecer las acciones necesarias para garantizar la restauración de las zonas en las que trabajan, y procurar que los beneficios que se deriven de esas acciones repercutan positivamente en la vida de las comunidades dueñas de esos territorios.

Las empresas forestales comunitarias de México son un ejemplo único en el mundo y con un enorme potencial











Sinopsis:

En México hay alrededor de 990 comunidades que cuentan con empresas forestales comunitarias. Unas 25 de ellas, con niveles de estructura y desarrollo muy avanzadas. Estas empresas comunitarias cuentan con aserraderos, producen triplay, generan productos de exportación. El resto, quizá con una menor integración, son una fuente importante de ingresos y empleos para las propias comunidades, destaca el investigador de la Universidad Internacional de Florida, David Barton Bray.

Explica que las empresas forestales comunitarias de México son un elemento que debería visibilizarse mucho más, “porque son un caso único en el mundo”. Ya que en México el 60 por ciento de los bosques están en manos de las comunidades, y “gracias a sus esfuerzos en acción colectiva, luchas sociales, apoyos institucionales y algunos estímulos de los mercados, sus empresas forestales comunitarias contribuyen de manera significativa a la conservación de los territorios forestales y al bienestar de cientos de comunidades campesinas”.

El Dr. Bray plantea que estas comunidades forestales tienen el potencial de cubrir la demanda interna de productos forestales del país (alrededor de 20 millones de metros cúbicos de madera). Hoy día, de los 15 millones de hectáreas de bosques y selvas con potencial productivo, solo 6 millones están bajo aprovechamiento, así que hay en México la posibilidad de incorporar 9 millones de hectáreas a esquemas de manejo productivo. Sin embargo, para que esto suceda es necesario que se incrementen los apoyos y esfuerzos institucionales para el fortalecimiento de este esquema comunitario de gestión de los recursos forestales.

En términos de la evolución de la política forestal, subraya el investigador, “en los últimos 40 años en México, en diferentes momentos, el gobierno sí ha apoyado a las empresas forestales comunitarias. Algunas veces de forma más decidida y otras veces en menor grado”.

David Bray, al referirse al papel de Estado, señala que “sí fue importante el estímulo al desarrollo forestal comunitario en determinados momentos; claro que eso hay que contextualizarlo con la acción colectiva y el vigor empresarial de las propias comunidades, que han logrado erigir al sector forestal mexicano; pero, en términos generales, el apoyo ha sido insuficiente, dada la importancia de estas empresas comunitarias para producir madera, conservar los bosques y el desarrollo social”.

Bajo la administración gubernamental actual, “el apoyo al modelo de manejo forestal comunitario ha sido claramente menor, en comparación con otras administraciones, pero espero que esto cambie y se recobre la importancia que, en verdad, tiene el sector comunitario”.

Barton Bray menciona que “el gobierno actual sí ha puesto empeño y ha intentado incrementar la producción, aunque no sé qué tanto lo ha logrado; las estadísticas disponibles no reflejan que la producción maderable haya cambiado”.

Además de recursos, “siempre se requiere de asistencia técnica y capacitación, por la rotación de los liderazgos en los ejidos y comunidades. También se requiere de un extensionismo forestal estable, en el que se pueda confiar”, añade.

Por otra parte, comenta que “el impacto del crimen organizado es algo que está pesando en las comunidades forestales. Se requiere más protección para las EFC, que no están supeditadas a esa condición de hostigamiento y que merma sus actividades”.

El investigador, con más de 25 años de experiencia en el tema de la silvicultura comunitaria, siguiere que “claramente México puede cubrir su demanda interna de madera a través de la producción comunitaria, y esto se puede obtener con una política forestal que claramente se comprometa con el modelo comunitario de manejo de bosques, con campañas de promoción de consumo de madera producida internamente y fortalecimiento de las empresas sociales”.

En relación con la producción y tráfico de madera ilegal en el país, refiere que “por ser ilegal, no hay números confiables de la magnitud del problema. La evidencia apunta a que el problema de la tala ilegal, no está en las comunidades que cuentan con un permiso de aprovechamiento. En realidad, la tala ilegal se da en lugares y regiones dónde los dueños de los bosques han perdido el control de sus territorios. En lugares donde los dueños de la tierra, no han logrado organizar el manejo y aprovechamiento del bosque debido a diversos factores, por ejemplo, lo complicado y complejo del proceso para obtener de un permiso de aprovechamiento.

Retos para el manejo y conservación de los ecosistemas forestales en Latinoamérica (Casos colombiano y mexicano)











Sinopsis:

El reconocimiento de las contribuciones de las comunidades para la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de servicios ecosistémicos es esencial para reducir brechas de desigualdad social, favorecer la conservación de la biodiversidad en el largo plazo y alcanzar las metas climáticas.

En el mundo, el 61% de los bosques y selvas son de propiedad gubernamental y solo el 24 % esta bajo la titularidad o uso de comunidades.

Sin embargo, en América latina las comunidades locales y pueblos indígenas son dueñas del 32 % de los ecosistemas forestales, un porcentaje por encima de la media global y esto ha sido resultado de luchas sociales que han devuelto a las comunidades la titularidad de sus territorios.

De acuerdo con Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia, los gobiernos deben reconocer las contribuciones de las comunidades y pueblos indígenas que manejan los bosques y no obstaculizarlos, como suele ocurrir en muchas partes del mundo.

En su ponencia magistral durante el V Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (V CISEN), celebrado en Oaxaca, México, indica que, en Colombia el gobierno está apostando por un esquema de manejo integrado de los territorios forestales, con un enfoque inclusivo de las comunidades negras e indígenas.

En este escenario de postconflicto, detalla, es necesario trabajar en esquemas diversificados de intervención y gestión de los ecosistemas forestales. Los esquemas que limitan el acceso a los recursos naturales o que expulsan a las familias de sus territorios no son favorables para recobrar la paz.

En este sentido, propone que la conservación tiene que verse como una oportunidad para fortalecer la gobernanza local, a través de esquemas y categorías diferenciadas de manejo de los territorios; respetando los conocimientos y derechos de las comunidades.

Colombia tiene una tasa de deforestación de 128 mil hectáreas anuales, sin embargo, en este 2017 se espera que la deforestación alcance las 200 mil hectáreas. Este crecimiento en la degradación de los bosques, explica Biggite Baptiste, se debe a problemas de gobernabilidad, vacíos legales y de intervención para el manejo y conservación de los territorios forestales, que deberán ser abordados lo más pronto posible.

Sobrerregulación, obstáculo de comunidades mexicanas

Por su parte, Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, resalta que en México existe un limitado reconocimiento y apoyo a los esfuerzos e iniciativas de manejo sustentable y conservación de los bosques.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, subraya que “un ejemplo de ello es la comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, que cuenta con todas las estrellas posibles en materia de conservación y certificación internacional de manejo forestal y tardó más de dos años en lograr que la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) le otorgara la renovación de su permiso de aprovechamiento forestal, lo cual ocasionó que cientos de familias vieran mermada su principal fuente de ingresos”. Lamenta que este tipo de casos se repite en distintas regiones del país.

Explica que “esto se debe a la terrible sobrerregulación que padecen las comunidades en materia forestal, porque deben cumplir múltiples y complejos trámites para obtener una autorización para la gestión de sus recursos forestales. En contraparte las plantaciones forestales comerciales tienen una regulación más simplificada”.

La especialista apunta que las comunidades y ejidos son dueños del 60 % de los bosques y selvas de México; y el 34 % de estos núcleos agrarios lleva a cabo importantes actividades de conservación y manejo de sus territorios algunos con un mayor grado de consolidación y otros con algunos problemas, pero todos ellos conservan estos ecosistemas y generan importantes servicios ambientales, que generalmente no les son retribuidos.

Leticia Merino comenta que “es necesario hacer una revisión profunda del modelo de país que queremos, porque el sistema actual en México es profundamente clasista y racista en detrimento de las comunidades y requerimos de mecanismos alternativos para la gestión ambiental de la tierra y el bosque”.

Plantea que “se requiere de una presencia local, informada y fortalecida para propiciar un manejo y conservación diversificado de los territorios forestales, y no a control remoto, como se hace actualmente, con políticas públicas que fomentan la centralización”.

Presentan organizaciones mayas una plataforma de comercialización de productos comunitarios











Sinopsis:

Playa del Carmen, Q. R.- El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en colaboración con las cooperativas Carbón de Leña Verde y Usaec apicultores, presentaron este 30 de noviembre en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Plataforma de Cooperación Comercial (Placco), iniciativa que crea vínculos comerciales entre organizaciones comunitarias y la industria turística de la Riviera Maya y Cancún, a fin de promover que las familias campesinas que habitan regiones forestales de la Península de Yucatán obtengan mayores beneficios por sus productos.

Con esta iniciativa, el CCMSS y las cooperativas Caleña y Usaec dieron a conocer el lanzamiento de un centro de distribución (Cedis) ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, el cual ya está operando para abastecer a los hoteles y restaurantes de la Riviera Maya de carbón vegetal, miel multifloral y madera, provenientes de selvas legalmente aprovechadas en los municipios de José María Morelos, Quintana Roo, y Calakmul, Campeche.

Los participantes explicaron que a través de la Placco se tejerán alianzas entre las organizaciones comunitarias y el sector privado, a fin de ofrecer productos competitivos y rentables y mejorar los beneficios que los productores campesinos perciben por la venta de sus productos.

“Con la apertura del centro de distribución y la presentación de la Plataforma de Cooperación Comercial buscamos promover y difundir el valor de la producción comunitaria y su impacto en las economías locales y el patrimonio natural del país. Los hoteles, restaurantes y consumidores finales que adquieran la miel, el carbón o la madera ofertada mediante la Placco pueden tener la certeza de que su compra hará la diferencia, no sólo porque contribuirá de manera directa al buen vivir de la gente, sino también porque contribuye al manejo sostenible de las selvas de la Península de Yucatán”, afirmó Sara Cuervo, coordinadora de la oficina del CCMSS en la Península de Yucatán.

“Hay pocas experiencias de este tipo, en las que las comunidades que son dueñas de las selvas se organizan para llegar hasta los consumidores finales con sus productos, y con ello cambiar el escenario de inequidad definido por la lógica del mercado. El manejo y cuidado de las selvas implica acciones en campo para su mantenimiento y conservación, como las reforestaciones, por ejemplo; además, implica procesos locales para la toma de decisiones y el cumplimento de acuerdos, y la habilidad de que sus dueños, o sea las comunidades y ejidos, vivan dignamente del control de sus territorios y sus recursos naturales”, destacó Sergio Madrid, director del CCMSS.

“En repetidas ocasiones se ha escuchado de esfuerzos emprendidos en el estado de Quintana Roo para generar vínculos entre la industria turística y las organizaciones rurales sin resultados visibles. Sin embargo, el crecimiento constante del desarrollo turístico en Quintana Roo conlleva al consumo de una gran variedad de productos, lo que representa una oportunidad grandiosa para los productores locales, si existiesen los estímulos para incentivar al sector privado.”

Añadió que, además de iniciativas como esta Plataforma, se requiere el desarrollo de políticas públicas que estimulen este tipo de sinergias. La experiencia del CCMSS en Playa del Carmen y en la Península es un caso de éxito que nos ha dado muy buenos aprendizajes que pueden ser aprovechados por las instituciones gubernamentales y otras organizaciones”.

También estuvo presente en el lanzamiento Anastacio Oliveros, presidente de la cooperativa Usaec, quien explicó que la miel multifloral que se comercializa a través de esta Plataforma proviene de una producción orgánica y de un manejo sostenible de aproximadamente 7,500 hectáreas de tierra.

Indicó que para que la apicultura se desarrolle bien es necesario conservar las selvas y mantener una agricultura de bajo impacto, como la milpa o los huertos familiares. Dice que el emprendimiento comercial de Usaec Apicultores es la distribución de miel de alta calidad en presentaciones de 1 onza, 350 gr, 1 kg, garrafas de 5 y 7 kg y cubetas de 25 kg bajo la marca “Reselva”.

Por parte de Caleña, Nicolás May, coordinador de producción de esta cooperativa, explicó que el carbón que ofertan bajo la marca “El brasero del Oriente”, tiene un origen legal y se procesa siguiendo principios de inclusión social: en Caleña son socios y trabajan jóvenes, no ejidatarios y mujeres del ejido donde surge la Cooperativa.

Comentó que este ejido cuenta con un programa de manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de 627 hectáreas de selva, el cual cuenta con la autorización de la Semarnat y cuya aplicación asegura no sólo la conservación del monte sino también su mejoramiento, pues para la producción de carbón seleccionan los árboles muertos, enfermos o aquellos que se quedaron suprimidos, y además todos los años hacen reforestaciones y revisan cómo vienen la regeneración de estas áreas. Mencionó que Caleña vende carbón en presentaciones de 3 y 18 kg, y que un colectivo de nueve mujeres del ejido se encarga del proceso de clasificación y envasado.

Los organizadores del evento de lanzamiento de la Plataforma de Cooperación Comercial dieron las gracias al hotel Paradisus de Playa del Carmen, por facilitar el espacio para celebrar el evento y formalizar públicamente su intención de compra de la miel y el carbón ofertados a través de la Plataforma.

Las cooperativas que hoy día están haciendo el lanzamiento de la Placco tienen ya acuerdos comerciales con el hotel Rosewodd Mayakoba y el corporativo Grupo Karisma, además de los restaurantes Ipanema’s y Harrys Grill. Además, hay más de seis corporativos hoteleros y cafés en los que se han presentado propuestas comerciales.

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Galería 

Información adicional:

Para mayor información sobre esta iniciativa escribir a ventas@ccmss.org.mx

Para más información contactar a Cecilia Navarro, en el correo bcecilia.navarro@gmail.com o el tel. 55 54540678.

Quienes somos:

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociación civil no lucrativa formada por personas y organizaciones; lleva 24 años trabajando directamente en campo con comunidades de diversos estados del país para impulsar el manejo forestal comunitario. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones de vida y de participación de las comunidades rurales que viven en regiones forestales.

USAEC SC de RL de CV es una organización de 51 apicultores (40 hombres y 11 mujeres) con presencia en 9 comunidades del municipio de Calakmul, Campeche (Álvaro Obregón, Conhuás, El Refugio, Km. 120, La Virgencita de la Candelaria, Manuel Castilla Brito, Nuevo Becal, Puebla de Morelia y Xpujil). Destinan 7,406 hectáreas de sus tierras a la apicultura. Cuenta con un fondo revolvente propio y una línea de crédito multianual para el acopio de miel. A finales de 2016, 36% de los socios de USAEC ingresaron al padrón de producción de miel orgánica y para el 2017 esta cifra aumentó al 80%. El emprendimiento comercial de USAEC es la distribución de miel de alta calidad en presentaciones de 30 gr, 1 kg y cubetas de 25 kg.

U Lool Che SC de RL de CV, es una organización integrada por 115 apicultores con presencia en 21 comunidades de los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Destinan 14,813 hectáreas a la actividad apícola. Cuenta con un fondo revolvente propio y una línea de crédito para operar durante la temporada de acopio. A finales de 2016, 40% de sus agremiados ingresaron al padrón de producción orgánica y en 2017 esta cifra aumentó a un 60%. Tiene la capacidad de acopiar 145 toneladas de miel de alta calidad. En 2107 U Lool Che ha puesto en marcha la operación de un taller de estampado de cera para proveer de esta materia prima a sus socios. Este taller es operado por hombres y mujeres jóvenes que han encontrado en esta actividad una alternativa de trabajo y de crecimiento personal, considerando que el destino de los jóvenes en la región es la de salir de sus comunidades para buscar el sustento.

Carbón de Leña Verde SC de RL de CV, Caleña, es una organización de 24 productores ejidatarios del ejido San Felipe Oriente, de José María Morelos, Quintana Roo (15 hombres y 9 mujeres). El ejido cuenta con un programa de manejo forestal especial para el aprovechamiento de leña y producción de carbón vegetal, y lleva a cabo todos los procedimientos requeridos por la autoridad ambiental para asegurar la sostenibilidad ambiental de su proceso. Además de la producción de carbón, la organización hace reforestaciones anuales y lleva a cabo actividades de monitoreo de la regeneración de las áreas de selva intervenidas. En esta cooperativa participa un colectivo de nueve mujeres que asisten el proceso de envasado del carbón vegetal en presentaciones de 3 kg y 18 kg bajo la marca comercial “El Brasero del Oriente”.

En Playa de Carmen opera un centro de distribución de productos comunitarios de la selva

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Sinopsis:

Este 30 de noviembre, ejidos y organizaciones sociales en coordinación con la oficina del CCMSS en Península de Yucatán, presentarán en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Plataforma de Cooperación Comercial (PLACCO) que busca vincular la producción local comunitaria  con la demanda de la industria turística de la Riviera Maya y Cancún. Esta Plataforma promueve y facilita mejores arreglos comerciales y el fortalecimiento de los emprendimientos campesinos de Quintana Roo.

Al lanzamiento de esta plataforma asistirán representantes de las cooperativas rurales Carbón de Leña Verde (Caleña) y Union de Sociedades Apícolas Ecológicas de Calakmul (Usaec), del CCMSS, el secretario de ecología y medio ambiente del gobierno del estado, Alfredo Arellano Guillermo, representantes del sector turismo y de la industria hotelera y restaurantera, entre otros.

El evento se llevará a cabo el 30 de noviembre de 2017, entre las 16:00 y 17:30 horas, en el Hotel Paradisus de Playa del Carmen, Quintana Roo (5a Avenida, esquina calle 112).

La plataforma contará con un centro de distribución ubicado en Playa del Carmen, para los productos obtenidos del manejo sustentable de las selvas de Quintana Roo y Campeche, por parte de comunidades y ejidos.

Las organizaciones rurales que participan inicialmente en la plataforma de cooperación comercial son:

USAEC SC de RL de CV es una organización de 51 apicultores (40 hombres y 11 mujeres) con presencia en 9 comunidades del municipio de Calakmul, Campeche. Destinan 7,406 hectáreas de sus tierras a la apicultura. Cuenta con un fondo revolvente propio y una línea de crédito multianual para el acopio de miel. A finales de 2016, 36% de los socios de USAEC ingresaron al padrón de producción de miel orgánica y para el 2017 esta cifra aumentó al 80%. El emprendimiento comercial de USAEC es la distribución de miel de alta calidad en presentaciones de 30 gr, 1 kg y cubetas de 25 kg.

Carbón de Leña Verde SC de RL de CV, Caleña, es una organización de 15 productores ejidatarios del ejido San Felipe Oriente, de José María Morelos, Quintana Roo. El ejido cuenta con un programa de manejo forestal especial para el aprovechamiento de leña y producción de carbón vegetal, y lleva a cabo todos los procedimientos requeridos por la autoridad ambiental para asegurar la sostenibilidad ambiental de su proceso. Además de la producción de carbón, la organización hace reforestaciones anuales y lleva a cabo actividades de monitoreo de la regeneración de las áreas de selva intervenidas. En esta cooperativa participa un colectivo de nueve mujeres que asisten el proceso de envasado del carbón vegetal en presentaciones de 3 kg y 18 kg bajo la marca comercial “El Brasero del Oriente”.

Para mayor información sobre el lanzamiento de la plataforma o sobre cómo acceder a los productos elaborados por las comunidades, escribir a: ventas@ccmss.org.mx

Amenaza la minería a las comunidades forestales (Análisis del CCMSS)











Sinopsis:

  • De los 11,843 núcleos agrarios que tienen área forestal, 42% tiene alguna concesión en su territorio.
  • Investigación de CCMSS y Cartocrítica muestra que las concesiones mineras se traslapan con tierras bajo aprovechamiento forestal, con ANP e incluso con bosques certificados por FSC debido a su buen manejo.
  • 44% de los proyectos mineros en exploración y desarrollo en México se encuentran en bosques y selvas.
  • En Sinaloa y Jalisco más del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras.

Las concesiones mineras otorgadas a empresas tanto nacionales como internacionales se empalman con al menos 42% de los núcleos agrarios forestales que hay en nuestro país.

Este es uno de los hallazgos encontrados por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), que, con apoyo de Cartocrítica, hizo un análisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras (de ahora en adelante concesiones) vigentes a diciembre de 2015. Esta revisión evidencia la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y sus territorios.

“Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades en una posición de vulnerabilidad. Si de por sí, la intervención gubernamental errática y contradictoria en las regiones forestales ha debilitado las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales, la minería como actividad preferente desestima y complica las estrategias de vida en las regiones”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.

La dimensión de la minería en los bosques

En México hay 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras. Si bien las concesiones mineras no necesariamente implican un proyecto minero en producción, el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio atenta en sí mismo contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando las estrategias de manejo y uso por parte de la población local.

Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas. En los casos de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa más de 40% de la superficie forestal de cada estado.

Avance imparable

Los medios de vida de cientos de comunidades se verían afectados si las concesiones otorgadas pasaran a una fase de producción. De los 11,843 núcleos agrarios forestales que tiene nuestro país, 4,997, (42%), tienen una fracción de su territorio concesionado, situación que afecta a cerca de 8 millones de hectáreas de los bosques y selvas de propiedad social. En estados como Sinaloa y Jalisco más del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras.

Los derechos que tienen las comunidades y ejidos sobre la tierra están establecidos en diferentes instrumentos legales nacionales e internacionales, entre ellos: a) la Ley Agraria, que reconoce la propiedad que tienen los ejidos y comunidades sobre su territorio; b) el artículo 2° Constitucional, que establece la libre determinación de los pueblos indígenas; y c) el artículo 6° del Convenio de la OIT, que establece la necesidad de consultar a los pueblos indígenas ante medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarles directamente.

No obstante, en las regiones forestales los derechos de las comunidades están siendo violentados pues los proyectos extractivistas avanzan y se les niega el derecho a otorgar (o no) su consentimiento libre, previo e informado sobre los mismos. Existen múltiples ejemplos de lo anterior: la disputa entre el pueblo Wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp por una mina que afecta un sitio sagrado de su territorio; la disputa entre las comunidades de la Sierra Norte de Puebla y la minera Almaden Minerals, entre muchos más.

En México contamos con un marco legal que obliga a las autoridades a respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Sin embargo, mineras y gobierno impulsan proyectos mineros sin importar que se vulneren los derechos de las comunidades locales.

Políticas públicas encontradas: conservación y aprovechamiento forestal vs. minería

El análisis de capas de información evidencia que el gobierno continúa impulsando políticas públicas desarticuladas sin un planteamiento de desarrollo regional, sectorizadas, en la que cada institución avanza en sus propias metas sin una estrategia integral que permita avanzar hacia la sustentabilidad. Las concesiones mineras se traslapan con las Áreas Naturales Protegidas (ANP), con predios que reciben un Pago por Servicios Ambientales (PSA) y con predios que tienen aprovechamiento forestal maderable (AFM).

En el caso de las políticas de conservación y protección forestal, encontramos que 434,483 hectáreas de bosques inscritos en el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) también están concesionadas a la minería. Jalisco y Sinaloa tienen concesiones en más del 40% de la superficie que está en el PSA. Mientras tanto, en las ANP hay cerca de 4 millones de hectáreas que se traslapan con concesiones mineras y se tienen registrados al menos 42 proyectos extractivos en las ANP.

Las concesiones mineras sobre territorios forestales son un tema de enorme relevancia tanto por los riesgos de afectación de derechos a los propietarios como por sus posibles impactos sobre las actividades económicas de las comunidades. En México hay 12.6 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal; sin embargo, cerca de 3 millones de hectáreas, es decir, 23% se empalman con concesiones mineras. Los estados con mayor afectación son: Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua. Existen 72 proyectos mineros que ya están en fase de exploración, desarrollo o explotación en áreas de aprovechamiento forestal maderable.

En Chihuahua y Durango, estados que ocupan los primeros lugares por su producción forestal maderable con actividades productivas administradas por empresas ejidales, existe una fuerte sobreposición entre la superficie bajo “programa de aprovechamiento forestal” y la superficie concesionada a mineras. En Chihuahua esa sobreposición representa 22% y en Durango, 24%. La presión de la minería en estas entidades es muy fuerte, por sus importantes yacimientos de metales preciosos como oro, plata y cobre.

Muchos de los ejidos forestales afectados llevan más de 25 años aprovechando de manera sustentable sus bosques. Incluso, algunos de los ejidos afectados tienen un manejo forestal sobresaliente por el que lograron obtener la certificación FSC. Esta certificación se otorga a empresas, ejidos o comunidades que realizan un manejo forestal bajo estándares internacionales, tomando en consideración aspectos ambientales, sociales y económicos.

Más cifras confirman la falta de alineación de las políticas públicas: en una misma área, unas instituciones promueven la conservación y el uso sustentable y otras promueven actividades extractivistas. Los datos hablan por sí solos: se traslapan 3,742 concesiones en áreas de aprovechamiento forestal maderable; 2,521 en ANP federales y 1,243 en áreas con PSA.

En la opacidad

Llama la atención la poca o nula información que el gobierno da sobre estos temas. Los bosques y selvas de México son mayoritariamente propiedad de ejidos y comunidades. Sus territorios han sido titulados y respaldados por múltiples decretos presidenciales, son sus legítimos dueños y, sin embargo, más de 8 millones de hectáreas de sus tierras fueron concesionados a la minería. La mayoría de estos ejidos y comunidades desconocen su situación o encuentran trabas para acceder a información sobre las concesiones otorgadas en su territorio.

Si bien los datos generales de una concesión pueden ser consultados, para acceder a más información se cobran derechos. Esto genera una relación asimétrica, al poner la información al servicio de quien puede pagarla.

De acuerdo con un diagnóstico de transparencia elaborado en 2015 por Fundar y otras organizaciones, entre las causas de la opacidad sobre las concesiones mineras están: la confidencialidad, la inexistencia de datos económicos de los concesionarios, la dispersión de la información y la asimetría en el acceso a la información.

Conclusión

La minería es una actividad de alto impacto que representa un enorme riesgo para las comunidades y ejidos forestales de México. Aunque no todas las concesiones tienen un proyecto de explotación inmediato, sí abren la posibilidad de coartar en el mediano o largo plazo los derechos y medios de vida de los campesinos que habitan esos territorios. Los bosques y selvas se conservan gracias al esfuerzo y el trabajo de estos ejidos y comunidades. Es necesario que los logros alcanzados en los pasados 30 años no sufran un retroceso ante la presión de la minería.

Actualmente existen múltiples conflictos socioambientales en México por proyectos mineros, de infraestructura y de hidrocarburos, entre otros. Es evidente que el trabajo y los derechos de las comunidades y ejidos son poco valorados, lo cual está generando un clima de enfrentamiento, además de procesos de degradación de los ecosistemas forestales. El Consejo Civil Mexicano hace un llamado a las organizaciones sociales a impulsar una estrategia de defensa de los territorios forestales comunitarios poniendo especial atención a:

  1. Establecer mecanismos que le permitan a los ejidos y comunidades forestales acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones informadas sobre su territorio.
  2. Avanzar hacia la modificación del artículo 6° de la Ley minera de tal manera que se elimine el carácter preferente de la actividad minera.
  3. Generar en las instituciones gubernamentales el compromiso de impulsar políticas públicas y actos de autoridad para las regiones forestales de manera articulada y coordinada, siguiendo principios de respeto a los derechos de las comunidades, sustentabilidad ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.
  4. La obligatoriedad del cumplimiento del principio de “consentimiento, libre, previo e informado” para la realización de cualquier proyecto extractivo en territorios ejidales y comunitarios.

Este documento fue elaborado por Sergio Madrid Zubirán, Marcela Ximena Ortiz Aranda y Ariadna Ortega, con información y apoyo de Cartocrítica.

Consulta el documento aquí

 

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:  Gerardo Suárez: gsuarez@ccmss.org.mx

Ejidos mayas apuestan por el control de sus selvas para el bienestar comunitario











Sinopsis:

La selva de la Península de Yucatán representa un invaluable tesoro en aspectos culturales y ambientales. Miles de vestigios arqueológicos de una cultura vigente y vitales servicios ecosistémicos proveídos al patrimonio global, son sólo algunos elementos fecundos en este territorio. A pesar de todo esto, las comunidades dueñas de estas tierras viven con altos niveles de marginación, pobreza y exclusión, y han sido despojadas, entre los subsidios mal dirigidos, los partidos políticos y las religiones que dividen, de herramientas imprescindibles como la organización, la auto-gestión y el reconocimiento del bien colectivo.

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en acuerdo con ejidos del municipio de José María Morelos, puso en marcha una estrategia para mejorar el entorno comunitario a través del impulso al manejo forestal. Esta estrategia brinda acompañamiento técnico de calidad y a través de un mecanismo financiero dota de recursos económicos y alinea recursos públicos a los ejidos para facilitar la gestión de sus selvas, considerando de manera fundamental el fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales, el avance en el proceso productivo del aprovechamiento forestal y la inclusión de jóvenes en iniciativas comunitarias de organización, manejo y transformación.

A través de este mecanismo financiero, denominado Plataforma Forestal, los ejidos participantes trabajan en el desarrollo de planes forestales ejidales en los que establecen actividades que contribuyen a retomar el control de la gestión de sus recursos forestales y territorios.

Esta Plataforma Forestal tiene sus orígenes en 2015, pero opera formalmente desde 2016, en una primera etapa en el municipio de José María Morelos, Q. Roo, con ejidos que son dueños de territorios forestales y que por diversos factores han abandonado sus planes de manejo forestal o se han insertado en un esquema “rentista” de su selva, es decir, rentan sus derechos de aprovechamiento a compradores que no tienen mayores consideraciones sobre el cuidado y manejo sostenible de la selva, la conservación de la biodiversidad, ni el desarrollo de capacidades locales en las comunidades.

Recobrar la confianza para retomar el control

Dos de los nueve ejidos de José María Morelos que participan en el mecanismo de la Plataforma Forestal, son Dziuché y Puerto Arturo, que están apostando por recobrar el control de su gestión forestal.

En el ejido Dziuché contaban con un Plan de Manejo Forestal que estaba autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin embargo, la complejidad de los trámites y requisitos que se requieren completar desmotivó a la comunidad y la asamblea ejidal decidió abandonar las actividades del aprovechamiento.

Luego de casi diez años de inactividad del aprovechamiento forestal, el ejido decidió participar en la Plataforma Forestal, mecanismo desarrollado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, para promover en los ejidos el retomar el control en la gestión de sus recursos naturales. En este 2017, Dziuché estableció su oficina forestal ejidal, conformó un expediente con toda la documentación legal del ejido y de su plan forestal, comenzó la operación de controles administrativos y de inventarios de volúmenes de madera y facilitó la participación de jóvenes del ejido en las actividades de la operación forestal.

“Se está trabajando también en asambleas ejidales con rendición de cuentas, que fomenten la transparencia, para recuperar la confianza de los ejidatarios y que vean que el aprovechamiento forestal es una buena oportunidad para generar ingresos y empleos”, explica Alberto Burgos Mendoza, actual presidente del comisariado ejidal de Dziuché.

Añade que “lo importante no es que vendamos la madera en pie, sino que la propia gente del ejido haga los trabajos del aprovechamiento y que después le demos más valor aserrando la madera”.

Para la reactivación del plan de manejo forestal, el ejido se apoya en un grupo de jóvenes del mismo ejido que “han ayudado bastante en la conformación de la oficina forestal y en la formalización de los controles”, ellos llevan a cabo la administración de las salidas de madera, ayudan al comisariado en el llenado de las remisiones forestales y llevan un inventario.

Junto con los técnicos forestales, “los jóvenes colaboran en las labores de monteo, hacen un inventario de todos los árboles que hay en la zona que se está aprovechando y marcan los que se van a tumbar”.

En este primer año en que se retomaron las actividades de aprovechamiento forestal en Dziuché “tuvimos que vender la madera en pie. Como no teníamos capital en el ejido para empezar con las labores, que en promedio son de unos 200 mil pesos, que se utilizan para las brechas del área, el monteo, el mantenimiento del camino, la renta de la maquinaria para el arrastre, el combustible, entre otras cosas”, refiere el presidente del comisariado ejidal.

Plantea que algunos ejidos prefieren recibir el pago de derecho de monte, por poco que este sea, sin la necesidad de hacer actividades en el bosque, , “varios de ellos  están contentos de seguir vendiendo en pie y recibir sus dos o tres mil pesos al año, pero no se trata de eso; se trata de que el ejido haga todos los trabajos de aprovechamiento, que todos esos empleos que se generan sean para los miembros del ejido, y para que más jóvenes y mujeres se involucren”.

En el ejido no hay muchas oportunidades laborales, los jóvenes tienen que salir de la comunidad en busca de trabajo o para continuar con sus estudios, y aunque vayan a escuelas públicas sus familias no pueden costeárselos, ya que, “en promedio, en un día de escuela se gastan cien pesos en transporte, alimentos y materiales para las clases; y de dónde sacará esa familia ese dinero si no tiene trabajo”, cuestiona.

El ejido acaba de renovar el contrato de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con la Conafor para la conservación de una superficie de 3 mil hectáreas por un periodo de 5 años, cuyos recursos se repartirán entre los 473 ejidatarios. “Estos recursos también sirven, pero no se desarrollan proyectos que generen más ingresos”, apunta Burgos Mendoza. Actualmente, la asamblea del ejido Dziuché discute el destinar el 40 por ciento del PSA para comprar un tractor de uso común que les permita hacer el arrastre de su madera en el área con aprovechamiento forestal.

Más allá de las ganancias, una empresa forestal comunitaria se valora por los empleos que genera para la comunidad y el mantenimiento que le da al bosque. “Es una lástima que no contemos ni con un tractor, que la gente, para hacer sus milpas, tengan que contratar a alguien para que les barbeche la tierra. No nos hemos podido poner de acuerdo para adquirir el tractor y que el dinero que se gasta en renta de maquinaria para la agricultura o las actividades del aprovechamiento forestal se quedaran en el propio ejido”, reprocha Alberto Burgos.

El plan de manejo y aprovechamiento forestal de Dziuché contempla 5 mil hectáreas de selva, de las cuales pueden aprovechar superficies de 500 hectáreas cada dos años. “Tenemos la intención de hacer una modificación al plan de manejo para que se aprovechen 250 hectáreas cada año, y así no tener que parar por completo durante todo un año las actividades del aprovechamiento. La intención es que la gente no pierda interés, que sigamos especializándonos y que nosotros, como ejido, hagamos esta labor de conservación activa del bosque” detalla.

Nuestro monte, lleno de especies de flora y fauna, es como un banco que no hemos querido aprovechar adecuadamente, tenemos un enorme potencial y aunque no tenemos caoba, tenemos otras especies con buen mercado, los compradores vienen al ejido a buscar la madera, no hay ni necesidad de salir a buscar mercados.

En su permiso de aprovechamiento cuentan con volúmenes de especies como el ciricote, tzalam, chakte viga, chacaj rojo, zapote, chechen, entre otras. Y luego de los procesos de aprovechamiento realizan reforestaciones en las que introducen especies como la caoba, el cedro y el ramón. Hay que mejorar el bosque con especies de mayor valor comercial que puedan seguir manejando las futuras generaciones, como los hijos de estos jóvenes que se están incorporando a las tareas del aprovechamiento”.

Diversificación productiva a buen puerto

Por su parte, el ejido Puerto Arturo, también del municipio de José María Morelos, lleva alrededor de una década aprovechando su selva, pero únicamente extrayendo palizada, es decir árboles de diámetros pequeños, menores a 20 centímetros. Estos palos se utilizan para la construcción de palapas o como tutores para actividades de producción agrícola.

El ejido comercializa 20 mil piezas de palizada por año. “Estos diámetros menores son muy comunes en nuestro monte porque son zonas de cobertura que hace 20 o 30 años eran zonas de cultivo agrícola. Antes, la gente sembraba en un lado y al siguiente año tiraba monte en otro lado y movía sus cultivos de acá para allá”, comenta Luis Contreras, presidente del comisariado ejidal de Puerto Arturo.

Este tipo de vegetación secundaria denominada en la región como guamiles, tiene mucho potencial puesto que es muy usada por los desarrollos turísticos de todo el Caribe. Además de la palizada se podrían ocupar las puntas y ramas para hacer carbón vegetal, con lo cual se generarían más empleos e ingresos para todos los miembros del ejido.

Así como Dziuché, el ejido Puerto Arturo participa en el mecanismo de la Plataforma Forestal desde hace dos años, en el primer año fortalecieron su organización interna con mejoras en sus asambleas ejidales y la instalación de su oficina forestal. Además de la conformación de un fondo ejidal forestal, de un peso por un peso, para re-invertir en el proyecto forestal. Al igual que en Dziuché, un grupo de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participa en las labores de la gestión administrativa del aprovechamiento forestal ejidal.

El presidente del comisariado explica que el desinterés que tenía el ejido en el manejo de su selva se debe, en parte, a que es un ejido con una intensa producción agrícola, gracias a las condiciones del suelo del ejido, y a que cuentan con sistemas de riego, producen cacahuate, sandía, pepino, maíz, calabaza, limón, naranja, entre otros cultivos. “En temporada de cosecha los coches no pueden pasar porque la gente utiliza la carretera como patio de secado, esto da trabajo a muchas personas del ejido y los alrededores”, resalta.

Sin embargo, desde que Luis tomó el cargo de comisariado ejidal, ha promovido la activción del aprovechamiento forestal, “porque pueden generarse más empleos y recursos para el desarrollo del ejido. Por lo pronto, lo que ya hicimos es construir una casa ejidal de cemento y con loza, porque era una palapa abierta y no había suficientes condiciones para desarrollar las asambleas”.

“Aunque en este 2017 es el primer año que comenzamos a aprovechar el bosque con diámetros mayores, ya no solo palizada, los mismos ejidatarios ya vieron que se generaron empleos por la apertura de caminos y carriles de arrastre de la madera. La meta es que podamos avanzar a la transformación de la madera en rollo a tablas”, comenta Francisco Javier Pat Cel, miembro del consejo de vigilancia del ejido Puerto Arturo.

Explica que en Puerto Arturo “el monte está parcelado internamente, y dependiendo de dónde sea el área de aprovechamiento en cada anualidad y dependiendo de la persona que sea dueña del predio, se llevan a cabo los trabajos. Si el dueño del terreno está interesado en participar en los trabajos del aprovechamiento puede hacerlo y recibe ingresos por su trabajo y su madera, además se le da una cuota de derechos al ejido porque lo que se aprovecha en cada terreno”.

Las utilidades obtenidas por la venta de la madera se dividen, una parte para el dueño del terreno y otra parte para el ejido. Asimismo, con la venta de la madera se pagan los jornales y los gastos originados durante los trabajos de corta y reforestación.

El ejido Puerto Arturo tiene una superficie de 8 mil 400 hectáreas, de las cuales 2,500 están consideradas en su plan de manejo forestal. Otras 3 mil 600 se incorporaron al programa de Pago por Servicios Ambientales, “aunque no tengamos servicios ambientales, el propio ejido ha destinado un área a la conservación voluntaria y está certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)”, resalta Francisco Pat.

El comisariado ejidal subraya la importancia de la selva, “no solo para la producción de madera, sino para la conservación de los animales, para los apicultores y para toda la gente que dependemos de ella”.

Un joven entusiasta de la apicultura y la agricultura en la selva maya











Sinopsis:

La niebla de la mañana apenas permite ver a diez metros de distancia. Rafael prepara una caja con todos los utensilios que ocupará en el apiario. Lleva un velo para cubrirse la cabeza, una camisa de tela gruesa, el ahumador ya encendido y un tazón con una mezcla dulce que ha preparado para alimentar a sus abejas.

La noche previa estuvo muy lluviosa y el camino está inundado. Con todas las cosas en el tractor, único medio de transporte para llegar a su apiario en el interior del monte, rodeado de vegetación y cultivos, Rafael Bermon se dirige a su destino.

Este joven apicultor de 19 años de edad, del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, pasa sonriente entre la milpa ya crecida y esquiva con peripecia los grandes charcos que obstruyen el camino. Luego de 5 kilómetros a través de la vegetación, se abre un pequeño claro en el que el zumbido de las abejas y los moscos lo obligan a ponerse el velo de trabajo.

Rafael es hijo de un apicultor y campesino, y está orgulloso de dedicarse a lo mismo que su padre. Debido a que su papá es socio de la Cooperativa U Lool Che, que agremia a 115 apicultores del municipio, Rafael recibió la invitación para participar en un programa de formación técnica y humana impulsado por la Cooperativa y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

El programa que comenzó a mediados de 2016, propició la conformación de un taller de estampado de láminas de cera, que se requieren para la producción de miel. Un grupo de siete jóvenes, tres mujeres y cuatro hombres, entre los que se encuentra Rafael, se encargan de acopiar cera con los socios de U Lool Che para procesarla en láminas estampadas.

Como parte de este proceso formativo, Rafael y sus compañeros no solo se dedican al estampado en cera, también recibieron cinco colmenas cada uno, para que pudieran instalar sus apiarios y producir miel orgánica. Todo esto, con capacitaciones y acompañamiento técnico.

Para Rafael Bermon Parra la apicultura es una actividad fácil, “no le tengo miedo a las abejas, y se me facilitan todas las actividades que se tienen que hacer. Me gusta hacerlas”, comenta efusivo.

Ya en su apiario, se desliza entre los cajones con una estela de humo para tranquilizar a las abejas, revisa una por una sus colmenas. “Se tiene que hacer limpieza de forma regular para evitar que las plagas, como la hormiga o el escarabajo maten a las colmenas”, explica.

Luego, con la mezcla que preparó previamente en su casa: una torta proteica para alimentar a las abejas, coloca porciones suficientes en cada colmena. “Esta torta la aprendí a hacer en un taller que nos dieron por parte de la Cooperativa, sobre el manejo adecuado de las colmenas”, refiere.

Las capacitaciones y visitas para el intercambio de conocimientos es otro de los beneficios de formar parte de la Cooperativa U Lool Che, así como la adquisición de insumos a precios más accesibles y financiamiento para los apicultores socios.

Luego de más de una hora en el apiario, Rafael revisa de reojo su parcela, con la milpa ya crecida. Comenta que en una semana tendrá que cosechar. Cuenta con dos hectáreas y media que le cedió su padre, en las que produce limón, plátano y maíz.

Para este joven la vida de campesino es una muy buena opción para vivir dignamente y junto a su familia y pareja. Luego de una experiencia como trabajador en la cocina de un restaurante en la zona turística de Tulúm, Quintana Roo, subraya que prefiere “dedicarme a la apicultura y a la agricultura, aquí controlo mis tiempos, estoy cerca de mi familia, no tengo tanta presión y me gusta hacer estas cosas”.

Rafael Bermon estudió la carrera técnica en gastronomía y al graduarse se fue a trabajar como cocinero en un restaurante. “Trabajaba seis días a la semana, de siete de la mañana a siete de la noche, la presión era mucha y el sueldo muy bajo. El día que tenía de descanso me venía a ver a mi familia y en la madrugada del día siguiente me tenía que ir directo al trabajo”. Luego de un año en Tulúm, decidió renunciar y dedicarse de lleno a la apicultura y a su parcela.

Como Rafael, muchos jóvenes de su municipio se ven obligados a emigrar en busca de ofertas de empleo, a diferencia de él, la mayoría de los jóvenes no cuentan con oportunidades de formación “extra muros” que les permita permanecer en sus comunidades, cerca de sus familias, trabajando en actividades que les generen buenos ingresos y manteniendo una vida más relajada.

Para el próximo año, Bermon Parra será socio de U Lool Che y espera vender su miel orgánica a la Cooperativa. “Creo que será un buen año, porque ya está lloviendo luego de una sequía de más de dos años” detalla. Además, planea seguir creciendo su número de colmenas y comenzar a producir abejas reinas, que tienen alta demanda en la región y aseguran un aumento de la producción de miel.

La apicultura en la Península de Yucatán es una actividad productiva viable que puede ser desarrollada por los jóvenes y convertirse en alternativa frente a la opción de migrar, por lo que con mayores estímulos para el desarrollo de capacidades se propiciaría una mayor inserción de los jóvenes en esta actividad; renovando así, los esfuerzos de miles de apicultores que hoy día tienen que luchar para evitar el avance de prácticas insostenibles como la agricultura industrial, los cultivos transgénicos y los megaproyectos energéticos que amenazan sin descanso este medio de producción y de vida, del que dependen miles de familias campesinas mayas.

Apicultura colaborativa para el desarrollo comunitario y la defensa de los territorios indígenas











Sinopsis:

En el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, una cooperativa de productores de miel trabaja para mantener la selva en pie y preservar una actividad productiva que les fue legada por sus antepasados mayas. Sin embargo, esta actividad se encuentra amenazada por el cambio de uso de suelo, debido a la ganadería extensiva y a la agricultura industrial que emplea grandes cantidades de pesticidas y agroquímicos y, en algunas ocasiones, semillas transgénicas; situación que pudiera derivar en la pérdida de los mercados de exportación de la miel si ésta se contamina con polen proveniente de cultivos transgénicos.

La apicultura es una actividad que permite a nuestras familias vivir dignamente. Es un oficio que nos heredaron nuestros padres y abuelos, además nos permite cuidar la selva y a las abejas, que son muy importantes para la polinización de los cultivos y el equilibrio de los ecosistemas”, resalta Marcelo Cham Moo, apicultor del ejido Siete Gatos.

Marcelo, como muchos otros apicultores de la Cooperativa U Lool Che, de la cual es socio, aprendió de sus padres a manejar las abejas para producir miel. Creció viendo cómo se hacía, pero fue hasta hace 4 años cuando decidió dedicarse de lleno a la apicultura. Al día de hoy cuenta con 250 colmenas y es uno de los mayores productores de la cooperativa.

Explica que “es mucho mejor trabajar de forma colectiva, porque si uno quiere vender solo, por su parte, no va a lograr buenos precios y los insumos salen más caros. Por eso es mejor trabajar en la Cooperativa, porque ahí también intercambiamos conocimientos y técnicas para el manejo. Nos ofrecen capacitaciones y nos pagan un mejor precio por nuestra miel”.

Pedro David Camal, secretario y encargado administrativo de la Cooperativa U Lool Che, detalla que “la organización agremia a 117 productores apícolas de 30 ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo”.

Comenta que la cooperativa se conformó, de manera formal, hace dos años y fue con la intención de “poder comercializar la miel a un mejor precio y poder adquirir insumos a precios más competitivos para los socios, así como recibir capacitaciones para la calidad y productividad de los apicultores socios”.

Actualmente, U Lool Che se encuentra en un proceso de consolidación, ha podido sortear diversos obstáculos de organización, financiamiento y mercado. Sin embargo, la producción de miel ha sido muy mala en los últimos años y los precios de venta no se recuperan, en 2016 el precio de la miel decayó hasta en un 30 por ciento. Muchas veces los productores piden insumos y capacitaciones mayores a las que se les pueden dar, pero ahora estamos haciendo todo lo posible por fortalecernos”, señala Pedro Camal.

Inclusión y desarrollo de capacidades

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, a través de Programa de Apoyo a la Gestión Comunitaria del Territorio (PAGET) en la Península de Yucatán, ha fortalecido a la cooperativa U Lool Che a lo largo de un proceso integral, trabajando en el desarrollo de capacidades administrativas, de organización interna y de incorporación de prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Además de haberle facilitado una herramienta poderosa para el acopio de la miel al inicio de la temporada de cosecha. La Cooperativa cuenta con su propio fondo revolvente para el acopio, facilitándole, en este sentido, negociar el precio de venta de la miel con las empresas y exportadores.

Asimismo, como parte de su Iniciativa Nuevos Actores y Diversificación Productiva, el Consejo Civil, en acuerdo con la Cooperativa, decidieron impulsar un piloto de inclusión en la cadena de valor de la miel administrada por las Cooperativa, estableciendo un taller de estampado de láminas de cera que ha sido gestionado por un grupo de siete jóvenes (mujeres y hombres). “El taller de estampado de cera es una respuesta a una necesidad de los socios, porque requieren de este insumo para sus colmenas y lo deben traer a José María Morelos desde Mérida, Yucatán”, indica Pedro Camal.

Además de brindar este servicio a los socios de la Cooperativa, los jóvenes participan en capacitaciones técnicas sobre la producción apícola y en programas de formación humana. La meta del piloto de inclusión es que puedan convertirse en apicultores orgánicos y ser socios reconocidos de U Lool Che.

Itzel Anaí Gómez Briseño, una joven del ejido El Naranjal que forma parte del colectivo de jóvenes del taller de estampado, destaca que “es muy importante que se abran este tipo de oportunidades para los jóvenes, porque de esta forma no se pierde el conocimiento de esta actividad y no tienen que emigrar a otros lados”.

“A mí me gusta mucho formar parte del proyecto porque siempre es bueno aprender cosas y que mejor que un oficio como la apicultura, del cual puedes obtener ingresos y generas más beneficios como el cuidado de las abejas y la selva”, subraya.

Itzel explica que “aunque apenas estoy aprendiendo el manejo de las abejas, es una motivación para mí, porque yo no me relacionaba mucho con la apicultura, a pesar de que mis padres son apicultores, pero ahora que ya tengo mi propio apiario, tenemos más cosas en común. Además, mi bebé de 4 años ya quiere que lo lleve con las abejas, dice que esas son sus abejas, la apicultura nos conecta más como familia”.

Asimismo, Rafael Belmon, un joven de 19 años, quien también forma parte del taller de estampado en cera, ya cuenta con 14 colmenas y es uno de los más comprometidos con la apicultura. “Quiero ser apicultor y dedicarme a trabajar al campo. Es mejor estar cerca de mi familia que en la Riviera Maya, porque allá es mucha presión y los sueldos son muy bajos. Creo que con la apicultura y la agricultura se puede vivir muy bien”, plantea entusiasmado.

Alianza estratégica y comercio justo

 

Uno de los principales retos que enfrentan los pequeños productores es la inserción en mercados que paguen un precio justo por sus productos. En el caso de la miel, la Península de Yucatán se caracteriza por ser la región con una mayor producción y exportación de este producto, gracias a su excelente calidad y condiciones ambientales favorables para la apicultura.

La miel es un producto muy codiciado en la región, pero si un pequeño productor no forma parte de un grupo organizado de apicultores le es muy complicado obtener un pago justo por su producción y se convierte en la justificación perfecta para los “coyotes”, es decir, redes de compradores que se dedican al acopio de miel pagando precios bajos para poder abastecer a las grandes empresas comercializadoras de miel convencional, principalmente.

Puesto que los apicultores requieren de capital para poder llevar a cabo sus labores de manejo y cosecha de la miel, recurren a los “coyotes” para solventar las presiones económicas a lo largo del proceso productivo. De manera alternativa, cada vez más los apicultores buscan esquemas asociativos que les faciliten producir más y mejor, a través de capacitaciones y financiamiento, y acceder a mejores precios de venta por su producción de mil.

Habiendo padecido estar en el abismo de la comercialización de la miel convencional, la cooperativa U Lool Che concluyó que la diferenciación de su producción como “miel orgánica” era una vía para transitar hacia la sostenibilidad de su organización de apicultores. Por lo anterior, U Lool Che, con la facilitación del Consejo Civil, se acercó a una de las organizaciones de apicultores más icónica y exitosa de la Península de Yucatán: EDUCE Cooperativa, quienes agremian alrededor de mil productores apícolas que trabajan organizados bajo un esquema certificado de producción orgánica y que comercializan su miel directamente con clientes europeos.

EDUCE Sociedad Cooperativa, promueve la organización de los pequeños productores apícolas de la Península de Yucatán, proporcionando servicios de capacitación, asistencia técnica y asesoría, en torno a la certificación orgánica y el comercio justo y en concordancia con su enfoque de desarrollo local acordó asistir a U Lool Che para transitar a un esquema de producción orgánica y de esta forma mejorar las prácticas productivas y obtener mejores ingresos por la comercialización de su miel.

En una primera etapa, 48 de los 117 apicultores de U Lool Che decidieron transitar el camino de la producción orgánica. “Muchas de las cosas que se tienen que hacer para que la miel sea considerada orgánica ya las hacíamos, porque yo no uso químicos, ni pintura, mi apiario está en medio de la selva y lo chapeo sin químico”, resalta José Yerbes Palomo, apicultor del ejido Plan de la Noria Poniente y socio de U Lool Che.

El señor José fue el apicultor con mayor producción de miel orgánica de la cooperativa este año, produjo alrededor de 2 toneladas. “A pesar del mal tiempo que nos ha impedido producir más miel, porque han sido muy secos estos últimos tres años, creo que lo mejor es no usar químico porque con esas sustancias se afecta el monte, las abejas y la gente”, relata.

Además, refiere José, conviene ser orgánico porque la miel se vende a un mejor precio, aunque también se requiere hacer más trabajos de cuidado y limpieza de las colmenas.

Los apicultores que decidieron integrarse a este proceso de producción orgánica recibirán este año un pago remanente de cinco pesos por cada kilo vendido. Ya que “nosotros vendimos la miel a un precio base de 40 pesos a EDUCE y ellos, luego de llevar a cabo las operaciones de comercialización, obtuvieron un precio por encima de los 40 pesos, ese excedente se le pagará directamente al productor”, puntualiza Pedro Camal.

Confía en que este tipo de incentivos en el precio de la miel sea un aliciente para que el próximo año los demás apicultores socios de U Lool Che decidan producir de forma orgánica, “por eso estamos brindando capacitaciones y facilidades de insumos y materiales para la producción, para que transiten a este modelo”, puntualiza.

El administrador de U Lool Che subraya que “este tipo de alianzas estratégicas son muy importantes para el desarrollo de los colectivos de apicultores, aprendemos de toda la experiencia que tienen organizaciones consolidadas como EDUCE Cooperativa y nos permite acceder a mejores mercados, al tiempo de comprometernos a mejorar la calidad de nuestra miel”.

Amenazas a la apicultura maya

La apicultura es una actividad altamente dependiente del ambiente. “Dependemos de la selva, la lluvia y la floración para producir. La parte productiva es inestable, por el factor clima. En 2017 proyectamos que acopiaríamos 137 toneladas, pero por sequía y plagas apenas se pudieron acopiar 40 toneladas”, lamenta Pedro Camal, administrador de U Lool Che.

En Quintana Roo han padecido los últimos tres años por la sequía, muchos productores perdieron apiarios completos, porque no tenían ni la práctica ni los recursos para alimentar a sus colmenas. Sin embargo, en condiciones normales un apicultor puede capitalizarse con una buena producción para crecer de nuevo sus colmenas. Pedro David Camal apunta que “si a eso sumamos la implementación de mejores prácticas productivas se puede incrementar, al menos, un 20 por ciento la productividad de los apicultores anualmente”.

Por eso es muy importante que los apicultores estén bien capacitados y empleen buenas prácticas de manejo, que sepan alimentar a las abejas, que limpien sus apiarios para evitar las plagas como el escarabajo o la hormiga. “Cuando se llevan a cabo buenas prácticas y se trabaja regularmente en el apiario, casi no pegan las plagas y las abejas producen más. Así no hay necesidad de emplear ningún químico”, asegura el señor José Yerves.

“Lo que me preocupa, y a muchos compañeros -remarca José-, son los transgénicos y los proyectos que quieren tirar el monte para poner placas solares y turbinas eólicas. La gente luego se deja comprar por poco dinero para que se autoricen esos proyectos y a la mera hora es que ven la afectación que generan esos transgénicos y los demontes”. Abunda que “mucha gente no cree que los proyectos lleguen al ejido, y cuando se enteran ya es muy tarde, porque a los ejidos no nos vienen a dar esa información. Este es otro beneficio de estar organizados, porque también nos enteramos de las cosas que nos pueden poner en riesgo y podemos juntarnos para defendernos”.

En varias regiones de la Península de Yucatán hay conflictos en litigio por el avance de megaproyectos energéticos, desarrollos turísticos, la expansión de la agricultura industrial y la ganadería extensiva; todos estas, principales causantes de la deforestación en la región, ponen en el más grave peligro un sustento fundamental de miles de familias, la mayoría de ellas indígenas mayas, que por generaciones se han abocado a la conservación activa de sus territorios.

Mujeres mayas hacia una participación equitativa en el manejo forestal











Sinopsis:

Las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres y por lo tanto las oportunidades de participación deberían ser igualitarias. Desafortunadamente, cuando alguna ejidataria toma la palabra en las asambleas, la mayoría de los hombres ignoran sus participaciones”, comenta María Candelaria Pech Noh, ejidataria de La Esperanza, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

Este escenario de inequidad es la realidad de todos los días de por lo menos 14 de cada cien mujeres en el estado de Quintana Roo[1], que aun cuando gozan de derechos agrarios se les obstruye el ejercicio de su voz y voto para la toma de decisiones en sus ejidos. Por otra parte, en municipios altamente rurales como José María Morelos, Q. Roo, en donde el 59 por ciento de la población vive en comunidades rurales, los poseedores de las tierras representan sólo un porcentaje que no incluye a todos aquellos hombres y mujeres que habitan y usan estos territorios.

“Esa mentalidad debería de cambiar y algunas personas sí están cambiando de actitud. Las mismas mujeres debemos hacer que eso cambie, porque muchas compañeras de nuestro ejido ni siquiera exigen sus derechos y cuando hay oportunidades de participar en proyectos se niegan a hacerlo, porque creen que no pueden”, detalla la señora María Candelaria.

Los indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) expresan que, a pesar de los avances, las mujeres rurales se encuentran en peores condiciones que los hombres rurales y que las mujeres y hombres urbanos; aun cuando “las mujeres rurales desempeñan una función clave de apoyo a sus hogares y comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos y mejorar los medios de subsistencia y el bienestar general en el medio rural. Contribuyen a la agricultura y a las empresas rurales y alimentan las economías, tanto rurales como mundiales. Pese a todo, cada día alrededor del mundo, las mujeres y niñas rurales se enfrentan a continuas limitaciones estructurales que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos humanos y dificultan sus esfuerzos por mejorar sus vidas y las de aquellos a su alrededor”[2].

En este sentido, el desarrollo de sociedades sanas y fuertes depende de la participación efectiva de los actores que las componen. El impulso a las mujeres rurales a través de iniciativas que generen escenarios idóneos para una participación más equitativa, debe ser una prioridad. Con sus aportaciones y capacidades, las mujeres en la ruralidad podrán detonar un mayor nivel de desarrollo y bienestar comunitario.

Lool Ja’abin un vivero forestal manejado por mujeres 

María Candelaria, junto con otras 15 mujeres del ejido La Esperanza participa en un programa de formación de liderazgos comunitarios y de capacitación técnica para desarrollar iniciativas productivas asociadas al manejo del territorio. El colectivo de mujeres del vivero Lool Ja’abin, inició su formación luego de que la asamblea ejidal acordara la necesidad de su participación para la producción de planta forestal que enriqueciera el área de la selva aprovechada.

Esta acción, promovida por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, impulsa en la región alternativas para la participación de las mujeres en el manejo forestal comunitario, mientras, de manera simultánea, se fortalecen principios de organización, liderazgos e identidad; y se trabajan nuevos conceptos referidos a la inclusión y la equidad de género.

“Cuando comenzamos éramos 30 mujeres las que se inscribieron para participar, pero cuando las compañeras se dieron cuenta que se tenía que trabajar, casi la mitad desistió”, comenta Dalia Maribel Briseño Yupit, quien también forma parte del colectivo de mujeres. Añade que los talleres en los que participan “se imparten en español y en maya, ya que la mayoría de las mujeres habla esta lengua indígena y el uso de la lengua maya genera en las integrantes confianza para su participación”.

La señora María Candelaria explica que el proceso de instalación del vivero “Lool Ja’abin”, en el que ya tienen una producción de siete mil plantas, fue complicado porque había resistencia por parte de la asamblea ejidal y la población en general. Sin embargo, ella cedió el terreno para instalar ahí el vivero y a cuatro meses de haber comenzado con la instalación, ya han logrado producir más de siete mil plantas forestales de las especies caoba, ramón, cedro y ciricote; que son de gran valor comercial y las principales especies que usa el ejido La Esperanza para la reforestación, luego del aprovechamiento forestal.

María Candelaria Pech manifiesta que, “las mujeres que integramos el equipo del vivero somos hijas, esposas o madres de los ejidatarios, y nos ha costado que respeten nuestro trabajo”. Subraya que “la rendición de cuentas y transparencia ante la asamblea ejidal, ha evitado las críticas al proyecto del vivero”.

Esta iniciativa se desarrolla en dos ejidos más de José María Morelos: Rancho viejo y San Felipe Oriente.

De mujeres y de carbón; iniciativa para el envasado de carbón

En el ejido San Felipe Oriente, del municipio de José María Morelos, opera la Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña), conformada por ejidatarios y avecindados. Caleña acopia buena parte del carbón que se produce en el Ejido y lo comercializa a distintos destinos, entre ellos a corporativos hoteleros y cadenas restauranteras de la Riviera Maya.

Un grupo de 11 mujeres solicitó a Caleña la oportunidad de integrarse a su proceso productivo, generando valor agregado a la producción a través del envasado del carbón en presentaciones de 3 y 18 kilogramos. El espacio de participación para las mujeres es reconocido y valorado por los socios de la Cooperativa, debido a que representa un apoyo en la búsqueda de bienestar para sus familias, ya que son esposos o padres de las mismas, “nos sentimos mejor valoradas y participamos en las actividades, y también generamos un poco más de ingreso para la familia” indica Aholibama Bermudes.

La participación de las mujeres no se concentra en el envasado, sino que también realizan labores de promoción y comercialización al menudeo de las presentaciones de 3 kilos. “Salimos a la cabecera municipal de José María Morelos y otros pueblos a ofertar el producto y de a poco ya se va conociendo y vendiendo más”, comenta Deisy Araceli Borges.

El interés de las mujeres por hacer crecer la Cooperativa responde a sus propias expectativas, “que más allá de ser solo las esposas, estamos en vías de convertirnos en socias de Caleña”, destaca Deisy, quien lideró la fase de inclusión de las mujeres en el proceso de clasificación y envasado del carbón vegetal.

Las mujeres aportamos otra visión a las actividades, somos más observadoras y cuidadosas, por eso es importante que tanto mujeres como hombres participemos, porque eso enriquece más el trabajo. Por ejemplo, con el vivero, nosotras tenemos un mayor cuidado con las plantas para la reforestación. Son actividades complementarias que van a dar mejores resultados para el ejido y la Cooperativa”, subraya Amalia Leticia Borges Pool, participante del colectivo de mujeres del vivero forestal y futura socia de la Cooperativa Carbón de Leña Verde.

Algunas otras mujeres que se en encuentran en el proceso de vinculación con la Cooperativa, también forman parte del colectivo de mujeres que opera el vivero para la producción de plantas forestales. “Nos gusta trabajar, y aunque tenemos también otras responsabilidades con los hijos y el hogar, nos damos tiempo de generar un ingreso en el carbón y ahora en el vivero”, explica Aholibama Bermudes.

Este tipo de iniciativas, como la cooperativa de carbón y la operación de los viveros comunitarios, abre una oportunidad para que las personas que no detentan derechos agrarios puedan participar en actividades productivas que impacten directamente en el devenir de la comunidad y de una u otra manera, tomar las riendas de procesos que, a mediano plazo, pueden incidir en el desarrollo del ejido.

Un reto importante que enfrenta el medio rural mexicano, es el cambio hacia una política de inclusión y fomento al desarrollo de capacidades productivas, que reduzca la brecha entre los grupos que tienen derechos agrarios y el resto de la población.

[1] ONU-HABITAT, Reporte Nacional de movilidad urbana en México 2014-2015

[2] Nota informativa elaborada por el Grupo de acción interinstitucional sobre la mujer rural que dirigen FAO, FIDA y PMA

 

Acuerdos para la inclusión de jóvenes en organizaciones de base











Sinopsis:

Uno de los objetivos de la iniciativa Nuevos Actores y Diversificación Productiva, que forma parte del Programa de Apoyo a la gestión Comunitaria del Territorio (PAGET) del Consejo Civil, es precisamente, identificar y fomentar diversificar la producción comunitaria partir del manejo y gestión de los territorios forestales, “porque los bosques y selvas son más que madera”.

La selva Maya es una región ideal para la producción de miel, no por nada es una de las principales actividades productivas y sustento de las familias mayas de la Península de Yucatán. En esta región se genera el 80 por ciento del volumen total de la miel mexicana.

La selva, los acahuales y las milpas proveen de alimento a las abejas para producir una miel de excelente calidad. Gracias a estas condiciones, un grupo de apicultores de José María Morelos decidió conformar una Cooperativa de producción de miel, que hoy día está integrada por 115 socios del municipio.

La Cooperativa U Lool Che que en tres años ha logrado dar pasos importantes para su consolidación, trabaja en alianza con el Consejo Civil, en la Iniciativa Nuevos Actores y Diversificación Productiva (INADI). La INADI busca marcar una pauta en escenarios rurales de la Península de Yucatán para promover la participación de jóvenes, mujeres y personas sin derechos agrarios en la gestión del territorio rural y el desarrollo comunitario. Esta participación está alineada a la expansión de las cadenas de valor de la producción campesina, generando valor agregado a la producción local y/o ampliando la oferta de servicios hacia los miembros de comunidades y organizaciones rurales.

Un grupo de siete jóvenes (mujeres y hombres) constituye el piloto de inclusión de la Cooperativa, son hijos de apicultores socios y  han logrado levantar un taller de estampado de láminas de cera pura. Estas láminas son indispensables para la producción de miel y al no contener parafina son ideales para la producción de miel orgánica.

Los jóvenes reciben asistencia y acompañamiento técnico para la fabricación de las láminas de cera estampada; además, participan en las sesiones de formación humana y liderazgo comunitario impartidas por el Consejo Civil.

El taller de estampado de cera se creó para dar un servicio exclusivo a los socios de U Lool Che, que les permita a los apicultores de la cooperativa abatir costos de producción, mientras que un apicultor paga 14 pesos por una lámina de cera, el taller de estampado le presta un servicio de maquila a los socios para transformar su cera bruta en láminas de cera, con un costo final para el apicultor socio de 2 pesos.

Los jóvenes están encargados de acopiar la cera de los apicultores socios de U Lool Che, para posteriormente, cuando tengan un volumen superior a los 100 kilos los procesen en láminas estampadas. El proceso cuenta con varios controles de calidad que garantizan que el producto es apropiado para la producción de miel y que el proceso no tiene riesgos para los jóvenes.

En el taller, los jóvenes cuentan con normas de conducta y se rigen bajo valores de cooperación, equidad, solidaridad, puntualidad y responsabilidad. Asimismo, los jóvenes elaboraron un plan de negocios que les permitió determinar su capacidad productiva, su necesidad de acopio de materia prima y su requerimiento de comercialización para lograr utilidades.

Más allá de solo brindar un servicio a la cooperativa, las tres mujeres y cuatro hombres que integran el taller de estampado, ya se han convertido en apicultores. Como parte de la INADI se dotó, a cada joven, con cinco colmenas. Hay algunos jóvenes que en menos de un año han logrado duplicar sus colmenas y ya comenzaron a producir miel orgánica.

María Marcolina Morales Bacab, asesora técnica en U Lool Che e integrante del taller de estampado de cera, resalta que “estas iniciativas de la cooperativa y sus alianzas son muy importantes, tanto para la propia cooperativa como para los jóvenes, porque nos permite integrarnos a una actividad productiva, nos ayuda a aprender y a organizarnos. También sirve para dar mejores beneficios a los socios de U Lool Che”.

Por su parte, Rafael Bermon, de 19 años platica que “la apicultura es una muy buena opción de vida, yo prefiero trabajar con las abejas que en un restaurante de Tulúm. Porque ahí la presión es demasiada y el salario es bajo. Además, tengo que estar fuera de mi casa”.

Rafael estudió la carrera técnica en gastronomía y decidió irse de su ejido Adolfo López Mateos en José María Morelos a trabajar a la zona hotelera de Quintana Roo, pero “no me gustó ese tipo de trabajo, que no se valora mucho y con mucha presión. Es mucho mejor la apicultura y trabajar el campo. Eso me gusta hacer, estar en medio del monte trabajando con las abejas”.

Para el año 2018, se pretende que los jóvenes que forman parte del taller y el proceso de formación se integren como socios de la Cooperativa U Lool Che, que la cooperativa les compre su producción de miel orgánica y puedan consolidarse como productores apícolas y líderes animadores de otros jóvenes.

Los jóvenes rurales, un potencial en las comunidades forestales











Sinopsis:

Mariela Dzid Che, Aarón Burgos y Deybi Borges, son jóvenes del ejido Dziuche, en José María Morelos, Quintana Roo, que se dirigen al monte equipados con GPS, tablas de datos y pintura en aerosol. Hoy van a trabajar actividades de monteo y marqueo, es decir, van a inventariar árboles aprovechables en el área de corta del Ejido. Medirán cuántos árboles hay y de qué especies son, para comenzar con las labores de la operación forestal del ejido.

Estos jóvenes que no rebasan los 23 años de edad, también llevan el control administrativo de las operaciones del aprovechamiento forestal: se encargan del llenado de la documentación necesaria para el transporte de los productos forestales, controlan los volúmenes de extracción de madera y realizan informes de rendición de cuentas junto con la directiva ejidal.

En muchas comunidades y ejidos rurales de México, son limitadas las opciones de empleo y desarrollo. Para algunos grupos poblacionales como las mujeres y los jóvenes (mujeres y hombres) sin derechos agrarios la situación es más complicada, pues no tienen acceso a los recursos ni a la tierra, no son considerados en la toma de decisiones y se ven obligados a emigrar en busca de opciones de empleo.

En el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, se está apostando por un modelo de formación de jóvenes para fomentar su inclusión en las actividades de manejo territorial y en un mediano plazo en la toma de decisiones en sus ejidos. A través de un componente de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario en la Península de Yucatán del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, jóvenes entre 17 y 24 años pertenecientes a los ejidos que participan en la Plataforma Forestal se integraron a un programa de formación técnica y humana que busca empoderar a estos actores y crear experiencias de participación efectiva que sirvan de aprendizaje para mejorar la gestión social de los recursos naturales en esta región de la Península de Yucatán.

Jóvenes en el manejo forestal

En este marco, los jóvenes de Dziuché participan en una formación técnica para desempeñar tareas relacionadas con el manejo forestal comunitario y prácticas sostenibles de aprovechamiento.

Además del componente técnico, las y los jóvenes participan en sesiones de formación humana y liderazgo que propician la participación organizada y les permiten recuperar sus valores indetitarios y culturales; intercambiar experiencias y visiones con otros jóvenes que enfrentan retos similares en sus comunidades.

Los jóvenes de zonas rurales tienen un acceso limitado a los servicios educativos por la poca oferta en estas regiones y la reducida disponibilidad de recursos económicos de sus familias para costearles los estudios.

De acuerdo con un análisis del CCMSS “el sistema educativo mexicano no tiene un enfoque que promueva en los niños, niñas y jóvenes un desarrollo humano en el campo y para el campo, lo cual fomenta la expulsión de la población hacia los centros urbanos, que deriva en la pérdida de la identidad cultural, el desarraigo a la tierra y el deterioro del capital social de las comunidades”.

Algunos jóvenes logran salir de sus comunidades para alcanzar niveles más elevados de educación y aspirar a mejores oportunidades de empleo, pero muy pocos deciden regresar a sus comunidades a poner en práctica sus habilidades y conocimientos. “De esta manera, el campo no sólo se queda sin jóvenes, sino además sin la posibilidad de de-construir y construir formas colectivas que aumenten la resiliencia de las comunidades rurales”.

Shirley Alejandra Rivero, una joven del ejido La Esperanza, comenta que “esta iniciativa del Consejo Civil es importante, porque muchos jóvenes como yo no tenemos ni idea de lo que ocurre en el ejido, no podemos entrar y formar parte de las asambleas y no sabemos ni con qué recursos cuenta el ejido”.

Añade que, si bien es cierto que no hay muchas oportunidades para que los jóvenes se integren a las actividades del ejido, “no toda la responsabilidad es de las instituciones ni de los ejidatarios. Nosotros como jóvenes, si queremos hacer algo debemos organizarnos y empezar a hacer las cosas, pero sí necesitamos de alguien que nos asesore”.

En una visita del grupo de los 34 jóvenes que participan en estos procesos formativos al ejido San Felipe Oriente para conocer el caso de éxito de la Cooperativa Caleña, en la que también participan varios jóvenes que forman parte de esta iniciativa; Vianca, del ejido Kankabchen, en José María Morelos, plantea que “los jóvenes tenemos la responsabilidad de cambiar la mentalidad de los ejidatarios, que por lo general son personas mayores con ideas muy arraigadas y que no ven más allá. Quieren ganancias inmediatas y no ven a futuro, por eso no se preocupan mucho por buscar opciones o hacer otras cosas”.

La joven resalta la importancia de conocer casos como el de Caleña, “porque así aprendemos que sí se pueden lograr experiencias positivas en las que participan jóvenes en sus propios ejidos”.

Por su parte, Aarón Burgos, quien estudió Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, ubicada en el municipio de José María Morelos, tiene un amplio panorama de la importancia de la conservación de la biodiversidad y la selva para el bienestar de las comunidades.

Este joven de 23 años que participa en las actividades del aprovechamiento forestal de su ejido, destaca que “conforme nos vamos incorporando en las actividades del ejido los propios ejidatarios y la comunidad nos empiezan a tomar más en cuenta, demostramos que podemos aportar mucho, como el uso de nuevas tecnologías para una mejor gestión del ejido”.

Esta iniciativa, para promover esquemas de inclusión social en escenarios rurales de la Península de Yucatán, impulsada por el Consejo Civil, concertó acuerdos con las directivas ejidales para que permitieran la participación de los jóvenes que, a pesar de la renuencia inicial de los comisariados ejidales, al día de hoy ha dado luz a la posibilidad de que la participación de los jóvenes en los ejidos sea una realidad.

Una plataforma que impulsa a comunidades mayas para el manejo de sus recursos forestales











Sinopsis:

 

Los bosques y selvas comunitarios proveen enormes beneficios a las sociedades rurales en México. A través del manejo y el aprovechamiento forestal, cientos de comunidades rurales han mejorado sus niveles de vida y conservado un preciado patrimonio natural. A pesar de las bondades de este esquema, las comunidades dueñas de los bosques y selvas del país enfrentan una serie de obstáculos que ralentizan, y en el peor de los casos frenan, el desarrollo de emprendimientos productivos basados en el manejo y aprovechamiento forestal, tales como la excesiva y rígida regulación que permea al sector, y como la falta de una inversión por parte del Estado en bienes públicos que favorezcan su crecimiento.

De acuerdo con estimaciones del investigador Frederick Cubbage, en México operan alrededor de 990 empresas forestales comunitarias con distintos niveles de desarrollo, pero este número podría ser mucho mayor, por lo menos el doble, puesto que hay más de 12 mil comunidades y ejidos que cuentan con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas, lo que representa una superficie de 97 millones de hectáreas de cobertura bajo propiedad social, esto equivale al 70 porciento de la cobertura forestal del país.

El mecanismo de la Plataforma Forestal

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible desarrolla una estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de ejidos dueños de selvas para aumentar el control de sus recursos forestales y con ello mejorar la gestión de los territorios comunitarios.  Se trata de una estrategia que puesta por la propiedad social, el manejo comunitario de la selva y la conservación activa de los paisajes forestales. Apuesta por el desarrollo de capacidades locales para el control de los medios de producción y por la participación de jóvenes, mujeres y personas con y sin derechos agrarios.

Esta Estrategia trabaja con ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que cuentan con Programas de Manejo Forestal, pero que carecen de capacidades técnicas, organizativas y económicas para liderar una gestión forestal.

En el estado de Quintana Roo la propiedad de la tierra es mayoritariamente ejidal. La entidad cuenta con 2.8 millones de hectáreas de selva que pertenecientes a 275 ejidos, la gran mayoría de ellos, con población indígena maya que vive en condiciones de pobreza en medio de una gran riqueza natural. Partiendo de las realidades regionales, el CCMSS diseñó un mecanismo financiero denominado “Plataforma Forestal”, que funciona como instrumento promotor de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario. Mediante este instrumento financiero se da un soporte económico a los ejidos para la operación de actividades que mejoran sus capacidades para la gestión forestal en el marco de planes anuales de trabajo. A su vez, la Estrategia cuenta con un equipo técnico de calidad que acompaña y asiste técnicamente a los ejidos a lo largo de la operación de sus planes forestales anuales.

Con una convocatoria abierta a lo largo del año, los ejidos interesados en participar en la Plataforma Forestal presentan su candidatura a través de una carta de intención elaborada por el propio ejido, comprometiéndose a trabajar bajo una serie de principios de rendición de cuentas y transparencia, inclusión social, gestión colectiva y beneficio común, y cumplimiento a la normatividad ambiental.

El mecanismo de la Plataforma Forestal cuenta con un fondo que es gobernado por un Comité Técnico conformado por representantes de la CONABIO, la CONAFOR y la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo y del CCMSS. Este Comité colabora con la revisión y calificación de las propuestas de los ejidos, crea sinergias con los programas gubernamentales para potenciar las iniciativas ejidales y dar transparencia a la operación de la Plataforma Forestal.

“Se trata de un instrumento que busca cambiar aquellas formas viciadas de acceder a recursos públicos donde las necesidades del ejido las determina la institución gubernamental bajo un nivel nacional y el prestador de servicios técnicos según sus capacidades y habilidades de gestionar los mayores recursos económicos posibles”, refiere Sara Cuervo, coordinadora del CCMSS en la Península de Yucatán.

La Plataforma Forestal dispone de unos componentes de financiamiento que fueron diseñados considerando las debilidades y carencias que presentan los ejidos en la región y que al ser estimuladas puedan abrirse nuevos escenarios de crecimiento y participación local con una menor dependencia de intermediarios y de prestadores de servicios técnicos.

En Quintana Roo, y más concretamente en el municipio de José María Morelos, el sector forestal presenta una tendencia de estancamiento. En los últimos años la producción maderable ha caído en un 50 por ciento y solo se produce un 20 por ciento de los volúmenes autorizados para el aprovechamiento forestal.

Muchos de los ejidos dueños de terrenos forestales tienen inactivos sus o programas de manejo forestal autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat). Además, la mayoría de estos instrumentos de manejo presentan deficiencias serias en su elaboración que impiden el crecimiento exitoso de iniciativas productivas y comerciales.

La totalidad de estos ejidos carecen de capital para llevar a cabo sus actividades de aprovechamiento forestal, inclinándose por un esquema “rentista” de sus recursos forestales, es decir, venden la madera en un eslabón inicial de la cadena condenando el emprendimiento a ingresos muy bajos, participaciones locales reducidas y prácticas poco sostenibles en las labores del aprovechamiento forestal al haber cedido el control de sus recursos.

Sara María Cuervo, indica que la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario pretende mostrar en la región escenarios de manejo forestal distintos, en los que los ejidos y las personas locales logren roles más dignificantes basados en una participación efectiva y un beneficio real para las familias. Las actividades para lograr lo anterior se dinamizan a través del fortalecimiento permanente de capacidades locales para la gestión forestal, la aplicación de prácticas de aprovechamiento de bajo impacto, el desarrollo de iniciativas que diversifiquen la producción y aumenten su valor y la inclusión de jóvenes y mujeres en el manejo forestal comunitario.

Comenta que de los 9 ejidos que participan en el mecanismo, y que son dueños de alrededor de 24 mil hectáreas de selva bajo manejo, ya hay experiencias reveladoras que nos demuestran que abandonar el esquema rentista es posible, que se requiere de mayor participación de la gente local y de una intervención más inteligente.

Los ejidos que participan en la Plataforma forestal reciben acompañamiento técnico para la elaboración de planes forestales ejidales, en los que se describen las actividades que llevarán a cabo durante el año con el respaldo del financiamiento que este mecanismo les ofrece. Son los propios ejidos los que deciden en sus asambleas en qué quieren trabajar e invertir los recursos, siempre y cuando las actividades estén acordes a su nivel de desarrollo y contribuyan al control comunitario de sus recursos forestales.

A lo largo de la operación de los planes ejidales se evalúa el desempeño de los ejidos y se establecen acuerdos de mejora. Estas evaluaciones sirven de insumo al Comité Técnico de la Plataforma Forestal para dar un seguimiento de los procesos comunitarios y tomar decisiones inteligentes considerando áreas de oportunidad que permita contar con más y mejores experiencias de manejo forestal comunitario en la región.

Inclusión en el manejo forestal

La inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades para la gestión forestal en los ejidos es un elemento transversal de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario, además de contar en la Plataforma Forestal con actividades específicas que promueven que las estructuras ejidales faciliten la participación de mujeres y jóvenes en actividades de la operación forestal. A través de formaciones con enfoques técnicos y de desarrollo humano, jóvenes y mujeres de los ejidos están enriqueciendo las iniciativas forestales comunitarias y construyendo escenarios para una participación más efectiva.

Las directivas ejidales se ven fortalecidas con la participación activa de jóvenes del propio ejido en tareas como la operación de controles administrativos de la operación forestal y de inventarios de la madera, la generación de reportes a las asambleas ejidales, la cubicación de la madera en rollo y el llenado de la documentación legal, entre otras.

Las habilidades y visión de los jóvenes dinamizan las operaciones forestales de los ejidos, al mismo tiempo, los jóvenes encuentran espacios de participación, inicialmente muy operativos y con miras de lograr incidir en la toma de decisiones del ejido; cosa que generalmente no ocurre, porque tradicionalmente solo los titulares de derechos agrarios tienen voz en la toma de decisiones y goce pleno de los recursos.

Asimismo, la estrategia fomenta la participación activa de mujeres a través de la conformación de grupos de trabajo que puedan emprender iniciativas productivas que se inserten en el proceso de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de los ejidos, como la conformación de viveros comunitarios para la producción de planta forestal de calidad que se empleará en las reforestaciones de los ejidos.

Las mujeres que deciden integrarse a estos grupos de trabajo reciben capacitaciones técnicas y talleres para fortalecer los procesos de organización, liderazgo y autogestión.

Más allá de la participación en actividades productivas, se pretende que las mujeres desempeñen un rol más protagónico en la toma de decisiones, que se respeten sus puntos de vista y se valore su valiosa aportación en la vida comunitaria.

Algunos resultados

Con la puesta en marcha de la Plataforma Forestal se ha logrado que 9 ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que son dueños de una superficie forestal de 24 mil hectáreas, estén tomando decisiones más acertadas para la gestión de los paisajes forestales y el mejoramiento del entorno comunitario.

Más de 1,300 ejidatarios participan y reciben beneficios y co-beneficios de la apropiación del proceso de manejo y aprovechamiento de su selva. Como ejemplo, el Ejido San Felipe Oriente ha logrado avanzar de manera importante en la consolidación de su Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña) mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva de carbón vegetal con hornos metálicos, la apertura de nuevos canales comerciales y la integración de un colectivo de mujeres que realiza el proceso de envasado de un producto diferenciado.

Asimismo, Ejidos como Dziuché, Puerto Arturo y Rancho Viejo han reactivado sus planes de manejo forestal y en 2017 comenzaron con sus labores de producción de madera en rollo, dejando beneficios considerables a las familias locales. Consideran que un siguiente paso es diversificar su producción y hacerse cargo de nuevos eslabones de la cadena de valor para así generar mayores beneficios a los ejidatarios y más empleos para toda la población local.

Durante 2016, a través de la Plataforma Forestal se canalizaron 1.8 millones de pesos a los ejidos para que pudiesen llevar a cabo sus planes forestales ejidales y se logró la alineación de otros 3.5 millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional Forestal que fueron dotados directamente a los ejidos.

También se ha logrado la participación activa de jóvenes en las actividades de aprovechamiento forestal en todos los ejidos que forman parte de la Plataforma Forestal. Asimismo, tres colectivos de mujeres han establecido viveros comunitarios para la producción de planta nativa que se venderá a los ejidos para las tareas de enriquecimiento de las áreas de selva aprovechadas.

Estudios demuestran que el “manejo forestal comunitario” es la mejor herramienta para reducir la deforestación











Sinopsis:

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La deforestación es un proceso que ha sido estudiado desde muy diversas perspectivas y por lo general se concluye que es resultado de un conjunto  grande de factores. El cambio de usos de suelo y el avance en la utilización de la tierra para diversos fines, como la agricultura, la ganadería o la minería han sido todo un reto frente al interés por preservar los valores de las áreas boscosas. Sin embargo en los últimos 30 años se han logrado generar aprendizajes y estrategias que han demostrado ser útiles para reducir y frenar los procesos de deforestación.  

En este sentido, es muy importante administrar el uso de los bosques, y así procurar preservar la existencia de este ecosistema y las invaluables especies que alberga y servicios ambientales.

Ante este panorama y en el marco de las regiones campesinas, el manejo forestal comunitario es definitivamente la forma más eficiente de combinar el aprovechamiento económico de los recursos naturales –la sustentabilidad–, y la conservación de los bosques, pues se trata de actividades productivas que toman como referencia el cuidado de la biodiversidad. 

El caso de Quintana Roo

 

Son múltiples los ejemplos que demuestran empíricamente que, entre mayor desarrollo de los esquemas de manejo forestal comunitario, menor es la deforestación. Un estudio recientede Edward Ellis identifica las principales causas de deforestación, las políticas y los fenómenos que producen deforestación en Quintana Roo, México.

El estudio Procesos de deforestación en el Estado de Quintana Roo, México: el papel del uso de la tierra y la silvicultura comunitaria, pretende determinar cuál es la mejor estrategia para los bosques de esta región de México, y utiliza un muestreo aleatorio de algunos puntos de deforestación en el estado.

La investigación señala las distintas estrategias de manejo de la tierra que se encuentran directamente ligadas con causas centrales de deforestación. Y determina algunas de las más remarcadas, que generalmente causan deforestación sin tener mayor cuidado en cómo abordar el problema. Estas son la agricultura mecanizada, el cultivo de caña de azúcar, el monocultivo de maíz, la ganadería, los desarrollos urbanos, especialmente para turismo y los incendios. La causa principal son los incendios, seguida de la agricultura mecanizada, los monocultivos y la ganadería. Siguiendo el documento, el problema, en sí, es que este tipo de prácticas agrícolas no son sustentables, no sólo porque deforestan, también porque los monocultivos dañan las tierras. Por otro lado, el turismo no ecológico es la tercer causa más grave de deforestación.

 

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En el mapa se observa la distribución territorial de las principales causas de deforestación.
 

El estudio también indica que, en los ejidos en donde no se practica el manejo forestal comunitario, la deforestación tiene un porcentaje alto y en los que sí es muy bajo. Esto demuestra que la apropiada administración de las tierras por parte de las comunidades es la forma más efectiva de proteger el bosque. 

 

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Los ejidos del tipo 4 según la clasificación de CONAFOR (verde oscuro), en donde se practica el manejo forestal comunitario, son los más amplios y los que proporcionalmente deforestan menos. Al correlatar este mapa con el de las causas de deforestación, notamos que las actividades que ocasionan las más graves consecuencias no se practican en estos territorios.

 

Apoyar al ejido es la solución

En última instancia, lo que el estudio nos confirma es que en Quintana Roo (y en muchos otros bosques y selvas a lo largo del país) tenemos que apostar por el manejo comunitario de los bosques, antes de que terminemos por sepultarlos. Debemos apoyar que las comunidades administren sus tierras, de lo contrario, la deforestación continuará elevando sus cifras. 

El manejo comunitario de bosques es un proceso complejo, pues demanda la construcción de mecanismos de gobernanza, soporte técnico para realizar actividades económicas sostenibles, regulaciones estrictas del gobierno y  estrechas redes de confianza y transparencia.

Los ejidos no son la causa de deforestación y hay que reforzar sus capacidades para realizar actividades productivas. De igual manera, las causas centrales de deforestación que habitan en regiones como la península, pueden mitigarse; de entrada, apoyando al campo a través de la milpa, evitando a toda costa los monocultivos; los subsidios otorgados para la agricultura comercial serían más efectivos en función de la silvicultura comunitaria y otras actividades como la apicultura y el ecoturismo y finalmente, mediante redes de comunicación y trabajo comunitario, se podrían proteger y restaurar bosques, especialmente ante los incendios.

El manejo comunitario forestal se traduce en bienestar integral, y eso es lo que toda política social, cultural, económica y ecológica debería promover, antes que nada.

 

*Imágenes: 1) Consuelo Pagaza / Eugenio Fernández Vázquez
*Referencia: *”Deforestation Processes in the State of Quintana Roo, Mexico: The Role of Land Use and Community Forestry”, Edward Alan Ellis et al., Tropical Conservation Science, Año 2017. estudio reciente

Países de América Latina podrían generar riqueza reconociendo el derecho a la tierra de sus pueblos indígenas

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Sinopsis:

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Los derechos sobre la tierra, las políticas públicas para respaldarlos y las estrategias para consolidar medios administrativos para las comunidades y pueblos indígenas, no están siendo suficientemente financiados e incentivados; a pesar de la gran cantidad de experiencias que funcionan, como evidencia, de que el manejo forestal comunitario es lo más conveniente en términos económicos, ambientales y sociales.

Frente a este panorama, se han realizado estudios que comprueban cuantitativamente los beneficios de promover la tenencia e implementar manejo forestal gestionado por las comunidades. Uno de ellos es el liderado por el World Resources Institute, el cual se centra en los impactos positivos que tendría para las naciones de algunos países amazónicos, conceder y proteger los derechos sobre la tierra de sus pueblos. El análisis abre la reflexión no sólo sobre los increíbles beneficios para el capital económico, también para la vida de las comunidades y lo que representaría el manejo forestal comunitario como estrategia para luchar contra problemas ambientales, especialmente el cambio climático.

Los beneficios para la economía, permitirían el desarrollo sostenible de cada país

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Al centro de la economía ambiental, se encuentra una premisa: el desarrollo económico es mucho mayor si se promueven actividades alternativas a la explotación de los recursos naturales, que bajo el modelo industrial, resultan finitos. Este es el enfoque de Helen Ding, la especialista que dirigió el estudio.  

El documento publicado por WRI “Beneficios Climáticos y Costos de Tenencia” de Helen Ding y otros autores muestra que, la evidencia analítica de los beneficios económicos de la titulación de tierras indígenas, es contundente. La degradación resulta en pérdida de productividad y por lo tanto también de capital. Al mejorar y conservar la funcionalidad ecológica, también se mejora el rendimiento del entorno. Los pueblos indígenas que han habitado desde su origen las tierras referidas saben cómo mediar entre la conservación y la supervivencia.

Este estudio publicado por WRI  demuestra que permitirles su derecho sobre la tierra aumentaría las ganancias gracias a un aumento en la productividad agrícola, el comercio de productos maderables y no maderables, la reducción de reservas de carbono, ingresos por ecoturismo y la disminución nacional del gasto en seguridad alimentaria para la población. Se determinó que, proyectando estas ganancias a 20 años, Bolivia, por ejemplo, obtendría 119,000 millones de dólares, Brasil 1,165,000 millones y Colombia 277,000 millones. Afirma además que la inversión necesaria para poder lograrlo es mínima, en comparación con las ganancias.

El manejo forestal comunitario, como medida par la mitigación del cambio climático y la protección ambiental, es mucho menos cara que muchas otras propuestas. Además, evitaría muchos conflictos sociales, derivados de las luchas en defensa del territorio.

Como explicó la investigadora: “Los hallazgos confirman una motivación económica sólida para los gobiernos, las agencias de financiación contra el cambio climático y otros socios para invertir en asegurar la tenencia de tierras boscosas en América Latina.”

Los beneficios ambientales ya se han visto en bosques donde las comunidades poseen tenencia

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Helen Ding afirma que: “Si comparamos los bosques que están titulados como territorio indígena con los que no están titulados, vemos que la deforestación disminuye en dos hasta tres veces.”  Y eso es sólo uno de los beneficios. Entre otros se cuenta la protección de la biodiversidad y el cuidado de los mantos acuíferos. Por otro lado, Mateo Estrada de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) explicó que los planes de ordenamiento territorial del gobierno han respondido a una lógica económica de explotación. Cuando la administración es de los locales, se asegura el respeto del gobierno y de las industrias extractivas (como la minera) a los bosques y sus recursos.

Afianzar los beneficios sociales de la tenencia de la tierra para las comunidades es urgente

Los bosques también están ligados a la identidad cultural de las comunidades y pueblos indígenas. Implica mucho más que la territorialización geográfica. Los bosques, como propiedad, también son un medio para el empoderamiento político. Como explicó Mateo Estrada, los pueblos indígenas han conservado los bosques, su labor histórica solicita reconocimiento.

Además, como explicó la activista Victoria Tauli-Corpuz, cuando los pueblos indígenas no son incluidos en los planes para la conservación de sus propias tierras, el impacto positivo en el medio ambiente es mínimo y los problemas sociales ocasionados son vastos. Declaró en una reunión de Conservation International:   “Con base en las experiencias de los pueblos indígenas de todo el mundo está claro que necesitamos salvaguardias sólidas para evitar que algunas de las soluciones climáticas tengan un impacto terrible en las personas que ya son los mejores guardianes de nuestros recursos naturales”.

Casos como el de la planta hidroeléctrica en Honduras (ligado con el asesinato de Berta Cáceres), con la que el pueblo lenca no estaba de acuerdo o el de los parques eólicos en Juchitán, demuestran que las iniciativas ecologistas que no están apropiadamente contextualizadas, son casi tan dañinas como la industria extractiva.

Lecciones recuperadas, a partir del análisis de los beneficios económicos, ambientales y sociales

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El estudio de World Resources Institute es un llamado a la inversión y consolidación de políticas públicas en torno a la tenencia de la tierra y el manejo forestal comunitario. Como declaró Cándido Mesúa, de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques“los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen políticas públicas ambientales desde hace siglos, por eso es que los bosques se han conservado.” En este sentido es imprescindible involucrar a los líderes indígenas y a las comunidades en la creación de políticas públicas.

Se debe dejar de invertir en iniciativas no contextualizadas y cumbres y reuniones que desplazan la opinión de las comunidades del bosque; en lo que se debe invertir capital, es en estrategias para el manejo forestal comunitario y en los proyectos económicos que sostiene, como el ecoturismo y la silvicultura sostenible. Por último, debemos confiar más que nunca en el saber de los pueblos y comunidades indígenas ligado a la conservación ambiental; pues ellos reconocen que la supervivencia de sus formas de vida depende de la durabilidad del bosque.

Referencias: 

Milton López Tarabochia  /  Mongabay Latam / 2016

“Bosques conservados por pueblos indígenas generan millones de dólares en beneficios en Colombia, Brasil y Bolivia”

Imágenes:

1, 5) CIFOR – flickr / Creative Commons; 2, 3) Consuelo Pagaza / CCMSS; 4) Archivo CCMSS 

 

Cuando las comunidades manejan sus bosques hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo











Sinopsis:

Prácticamente ya no quedan bosques primarios ni en México ni en el mundo. La gran mayoría de los ecosistemas forestales presentan una cobertura secundaria, es decir, han sido intervenidos y aprovechados, y estos se han regenerado.

En nuestro país, como en la mayoría de los países, los bosques están habitados, y muchas familias dependen de ellos para obtener alimentos, medicamentos, combustible y otros productos que son fundamentales para su economía y subsistencia. Por ello, “cuando hablemos de conservación de los bosques es indispensable que se tomen en cuenta a los dueños de los bosques y a las personas que los habitan”, subraya la Doctora Patricia Gerez, especialista en manejo forestal comunitario.

Como parte de su ponencia en el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, plantea que “está demostrado que cuando las comunidades manejan sus bosques y selvas hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo y en un mejor estado que un bosque sin intervención”.

En este sentido, cuestiona que las políticas públicas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no parecieran ser las más adecuadas para propiciar una mejor gestión de los recursos forestales, incrementar la producción de productos forestales y detener la deforestación y degradación de los bosques y selvas.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, detalla que se invierten muchos recursos públicos en programas de reforestación y regeneración de bosques, pero que estos carecen de seguimiento y medición del impacto. Asimismo, tampoco se han detenido los procesos de deforestación y degradación ni se ha incrementado la superficie bajo manejo para la producción de productos forestales.

En contraparte, indica que “son las propias comunidades las que destinan voluntariamente grandes extensiones de sus bosques a la conservación; y muchas otras que perdieron sus bosques los están recuperando con reforestaciones y el aprovechamiento de esa madera para elaborar muebles”.

Patricia Gerez destaca que la estrategia de la Conafor para incrementar la producción de madera se centra solo en pequeñas áreas del país consideradas con un alto potencial productivo y no atiende a muchas otras regiones que, si bien no tienen el potencial de zonas de Durango, Oaxaca, Guerrero o Jalisco; podrían contribuir a incrementar la producción y mejorar la economía de todas las familias que son dueñas de esos recursos.

Señala que de las 6.4 millones de hectáreas de bosques y selvas con las que cuenta el país, 15 millones de hectáreas tienen potencial productivo, pero que solo 7.4 millones están bajo un esquema de manejo y aprovechamiento.

La excesiva regulación impuesta por la autoridad para el manejo de los recursos forestales y la marginación a los pequeños propietarios comunitarios para acceder a apoyos, acompañamiento técnico para fortalecer sus capacidades productivas y de generación de valor agregado, han obstaculizado la expansión de la superficie forestal bajo manejo.

Asimismo, añade, hay una enorme rigidez de la autoridad, como para permitir poner en marcha sistemas de manejo y aprovechamiento forestales más flexibles. No obstante, “la mayor parte de la madera que se produce en México proviene de aprovechamientos no regulados o ilegales. Pero las principales causas de deforestación no provienen de estos aprovechamientos no regulados, sino de la ganadería extensiva, la construcción de grandes desarrollos turísticos y la agricultura industrial. Además de otras amenazas como la minería y el fraking”.

Además de reforestar, “las comunidades también protegen sus manantiales y zonas de recarga de acuíferos; le dan un uso diversificado a sus tierras y economía. ¿Por qué no apostar por una política forestal de producción y conservación centrada en las comunidades y ejidos? Si ellos son los dueños de los bosques: hasta un 80 por ciento de esas comunidades son indígenas que presentan severas carencias”.

Para recuperar tejido social y detener deforestación, impulso al manejo forestal comunitario: Leticia Merino











Sinopsis:

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El manejo forestal comunitario es una opción viable para recuperar el tejido social, impulsar el desarrollo de las personas más pobres y detener la degradación y perdida de los bosques.

La doctora Leticia Merino, socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, explica que si no atendemos la desigualdad tan grande que se vive en el país, no tendremos sostenibilidad como nación; y agrega que el manejo forestal comunitario es una opción viable para atender este desafío en las regiones forestales del país.

La especialista expone que México es un país eminentemente forestal, que por políticas públicas erróneas ha perdido una gran cantidad de sus recursos forestales. De hecho, puntualiza que “hasta la década de los 80 se desmontaron muchos bosques, pues hasta hubo una Comisión Nacional de Desmontes para orientar al país a una vocación agrícola”.

Asimismo, el gobierno concesionaba a privados la facultad del aprovechamiento de los bosques y se lo impedía a los legítimos dueños de los bosques, que son las comunidades y ejidos. Está política de concesiones generó enormes problemas de degradación y deforestación.

La también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, refiere que “México es el primer país en el que se reconoce la propiedad colectiva de la tierra. Desde los 30 y 40 y, luego en los años 70, se dotó de tierras a las comunidades y ejidos, muchos de ellos forestales, puesto que el país cuenta con más de 138 millones de hectáreas de bosques y selvas. Sin embargo, estas comunidades no gozan de su pleno derecho para manejar y aprovechar sus recursos naturales”.

No obstante, subraya que “desde hace 30 años hay experiencias exitosas de manejo forestal comunitario, es decir que las propias comunidades se organizan para desarrollar proyectos de manejo y aprovechamiento de sus recursos forestales, para producir madera, o una enorme gama de productos forestales no maderables, como resinas, hojas de palma, hongos, plantas medicinales, alimentos, entre otros.

Multiplicar estas experiencias ha sido complicado debido a los limitados recursos que existen para el acompañamiento técnico, el desarrollo de capacidades y los recursos necesarios para la capitalización de sus empresas comunitarias”; sin embargo, hoy día operan varios cientos de empresas forestales comunitarias repartidas en todas las regiones forestales del país.

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Leticia Merino plantea que “los bosques comunitarios bien manejados son una oportunidad de captura de carbono, de provisión de servicios ambientales, de mitigación del cambio climático y reducción de la deforestación. Asimismo, los beneficios del control comunitario son una fuente de gobernabilidad y desarrollo. Esto contribuye a mejorar la seguridad con el fortalecimiento del tejido social a través de la generación de oportunidades de empleo para los jóvenes”.

Aunque existe un nivel de organización importante en el campo forestal mexicano, hay presiones sobre los bosques, como el cambio de uso de suelo para la ganadería extensiva, agricultura industrial, el desarrollo de complejos turísticos, la minería y el fracking; que sólo se pueden enfrentar cuando hay incentivos productivos y organización comunitaria. Asevera que “la presión disminuye sobre los recursos forestales donde hay actividad forestal comunitaria que genera economía”.

Lamenta que para algunos sectores en México la producción forestal comunitaria ha sido considerada como no viable y se ha preferido invertir en Pago por Servicios Ambientales: “se invierte más en reforestar sin dar ningún tipo de seguimiento, que en desarrollo de capacidades productivas”.

Por si fuera poco, “este gobierno desapareció la Gerencia de Silvicultura Comunitaria de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), cuando lo que se requiere son políticas públicas de impulso decidido al manejo forestal comunitario. Pasar de conservación pasiva a manejo sustentable comunitario”.

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En un contexto de modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la doctora Merino sugiere que es necesario quitar el exceso de regulación que permea al sector forestal. Se debe desregular, pero paulatinamente y con un acompañamiento para el desarrollo de capacidades productivas, si no ocurrirá lo mismo que hace varias décadas cuando se optó por un modelo de aprovechamiento forestal muy laxo en el que avanzo la deforestación y tala ilegal.

Asimismo, detalla que se requiere una descentralización de la gestión forestal, porque es muy complicado para una dependencia, como la Conafor, que todas las gestiones se lleven a cabo en una sola ciudad. El Estado de México es la única entidad del país que lleva a cabo esa gestión otorgamiento de permisos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales. Se debe dar un proceso paulatino de soltar atribuciones, al tiempo de generar capacidades.

La doctora Leticia Merino concluye que “en donde hay conflictos hay deterioro del bosque. La violencia y crimen organizado debilitan el manejo y protección de los bosques. Se requiere un debate de país para ver a qué país aspiramos y qué camino debemos tomar”.

El Brasero de Oriente, iniciativa campesina de manejo y aprovechamiento sustentable de carbón vegetal en San Felipe Oriente











Sinopsis:

Cuando el cielo apenas empieza a clarear en el Ejido San Felipe Oriente del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, un grupo de hombres sale de sus casas, equipados con cascos, machetes, guantes y algunos víveres para adentrarse en la selva, su lugar de trabajo.

En un área que ya tienen delimitada, cosechan los árboles que fueron marcados y que corresponden con lo especificado en su Programa de Manejo y Aprovechamiento Forestal autorizado previamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este aprovechamiento forestal tiene una lógica, y busca que el corte del arbolado redunde en un mejoramiento de la calidad de la selva; se trata, en realidad, del “cultivo del bosque”.  Así se busca hacer aclareos donde la densidad es muy alta y los árboles destinados al aprovechamiento son ejemplares que presentan malformaciones, están sámagos o porosos, o bien, presentan problemas de plaga.

Posteriormente, trozan los troncos y ramas para poder fabricar el carbón vegetal en hornos metálicos y hornos tradicionales, estos últimos compuestos de arcilla y hojas de palma. Si fabrican el carbón en un horno metálico el proceso de transformación de la madera en carbón tarda aproximadamente 72 horas. En los hornos tradicionales el proceso tarda hasta 7 días y deben vigilar ese horno constantemente para evitar que se generen huecos o hundimientos en la arcilla que estropearían todo el proceso.

Producir carbón vegetal es un trabajo duro que no siempre es bien remunerado, pero es la fuente de ingreso de muchas familias que viven de los bosques y selvas. Por si fuera poco, este producto enfrenta una competencia desleal en el mercado ya que circulan grandes volúmenes de carbón producido de forma ilegal y que se vende a un precio más barato puesto que no paga impuestos, ni invierte en la reforestación del bosque, no elabora estudios ni planes técnicos de manejo forestal, como sí lo hacen los miembros de San Felipe Oriente.

Muchas comunidades rurales, como San Felipe Oriente no quieren vivir de las dadivas de los gobiernos. Lo que demandan es la eliminación de barreras que les permita el desarrollo de sus capacidades productivas; que les permitan emplearse y generar ingresos para sus familias. En San Felipe, un grupo de ejidatarios lleva 6 años trabajando de forma constante fortaleciendo su proyecto de producción de carbón ecológico: la Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña).

El camino ha sido duro, pues han sorteado todo tipo obstáculos, como el limitado capital de trabajo,  la competencia desleal, la complejidad en la tramitología para el otorgamiento  de permisos de aprovechamiento forestal, y la limitada infraestructura para la producción, almacenamiento y envasado de su producto. Sin embargo, “lo que nos ha mantenido a flote ha sido la necesidad y ganas de trabajar”.

Hace seis años, un grupo de 15 ejidatarios decidió emprender el proyecto de producir carbón con el objeto de generar ingresos para sus familias a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se trata de aprovechar una parte de toda esta riqueza que les da la selva y contribuir a que ésta se mantenga en buenas condiciones en el largo plazo.

Desde el inicio les fue complicado convencer a la asamblea ejidal de que el proyecto sería benéfico para todos en San Felipe Oriente. Muchos ejidatarios decidieron no participar en el proyecto, así que lograron llegar a un acuerdo con la asamblea en el que la Cooperativa aportaría un porcentaje de las ventas al fondo ejidal en retribución por la materia prima extraída del bosque para la elaboración del carbón.

Los primeros intentos fueron fallidos, pues si bien lograron producir carbón, no encontraron un mercado donde venderlo. Así que desistieron y abandonaron su autorización de aprovechamiento. “Fue hasta 2014, cuando con asesoría del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), se encontró un mercado para poder vender, entonces se decidió retomar estos trabajos, ya con una mejor organización”, refiere Nicolás May Rosel, ejidatario de San Felipe Oriente y coordinador de producción de la Cooperativa Caleña.

En la región no hay muchas oportunidades de empleo para la generación de ingresos. Nicolás comenta que “en el ejido la gente se puede dedicar a la agricultura de temporal o a criar algunas cabezas de ganado. Sin embargo, los que se dedican a la agricultura están teniendo problemas, porque en los últimos 4 años las cosechas se han perdido ya sea por sequía o por exceso de lluvia. Por eso decidieron apostar por otro tipo de emprendimiento productivo: la producción de carbón vegetal.

Gestión del territorio y oportunidades

De las 15 personas que comenzaron con la iniciativa de producir carbón en el ejido, ahora son 50 los ejidatarios que trabajan en la Cooperativa. Además de otros 10 repobladores, es decir habitantes del ejido que no cuentan con títulos ni derechos agrarios.

San Felipe Oriente es un ejido de 4,762 hectáreas, que cuando fue atendido por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) decidió no repartir todo el terreno y dejar un 20 por ciento de la superficie sin repartir. De esta forma, explica Nicolás May, se puede asignar título y tierra a las siguientes generaciones de ejidatarios, como ocurrió hace un par de años cuando se incorporó a otros 22 nuevos ejidatarios. Actualmente la asamblea la conforman 77 ejidatarios y aún queda un 10 por ciento del territorio del ejido sin repartir.

Detalla que “los criterios para que una persona se convierta en ejidatario es que sea hijo de ejidatario o bien, que esté casada o casado con algún hijo de ejidatario y que ya tengan viviendo, al menos, 3 años en el ejido”. Asimismo, se evalúa que la persona no sea conflictiva para evitar posibles conflictos.

La Cooperativa es una opción viable de ingreso para que “los compañeros ejidatarios y la gente de San Felipe no tengan que emigrar, porque como la mayoría no tienen estudios, si salen a la ciudad en busca de empleo solo pueden trabajar de ayudantes de albañilería o en otros oficios mal pagados, y en los que los discriminan. Además, se tienen que alejar de sus familias, tienen que pagar renta, alimentación y otros gastos, entonces regresan a sus casas sin dinero”.

Un claro ejemplo de esa problemática es el caso de Anastasio Yam Yam, ejidatario de San Felipe Oriente y miembro de la cooperativa Caleña desde hace 3 años, que antes de integrarse a este proyecto productivo tenía que salir a trabajar a las ciudades de Chetumal o Playa del Carmen, porque no tenía oportunidades de generar ingresos para su familia. En esas ciudades se contrataba como ayudante en trabajos de electricista, pero la pagar era muy poca y sumado a los gastos de alojamiento, alimentación y transporte no le quedaba prácticamente nada de dinero para enviar a su esposa e hijos.

Anastasio, hombre de 27 años, comenta que gracias a la iniciativa de sus compañeros de emprender el proyecto del carbón y a la invitación que le hicieron para formar parte, ahora puede pasar más tiempo con su familia y administrar mejor su tiempo. “Porque allá en la ciudad tienes que trabajar de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no te queda tiempo para hacer otra cosa, menos si estás alejado de tu casa y familia”, relata.

Con los ingresos que obtiene como socio de la Cooperativa, más lo que genera en la producción agrícola en su parcela puede dar un mejor sustento a su esposa e hijos, “además estoy cerca de ellos”, resalta.

Consolidación de la marca “Brasero de Oriente”

Antes de que los ejidatarios de San Felipe se organizaran para conformar la Cooperativa, muchos de ellos producían carbón de forma independiente y lo vendían a granel, los compradores que acudían directamente al ejido a acopiar el carbón se los pagaban a un precio muy bajo.  Ahora, ya organizados en Caleña, han logrado producir 200 toneladas anuales y buscan acopiar un mayor volumen de los ejidos y comunidades vecinas, con la intención de poder abastecer mercados más grandes y obtener mejores contratos.

Caleña vende a compradores de la Ciudad de México una parte de su producción de carbón a granel, pero en los últimos meses han iniciado un nuevo proyecto dirigido a la venta del producto  al consumidor final, principalmente restaurantes de la costa  de Quintana Roo en presentaciones de sacos de 20 kilos. Caleña además ha avanzado en la comercialización de una presentación de 3 kilos bajo la marca “Brasero de Oriente”. “Con acompañamiento técnico del Consejo Civil Mexicano se diseñó y fabricó el empaque y se están abriendo espacios para su comercialización en tiendas comerciales”, explica José Nicolás May Rosel.

Detalla que la comercialización del carbón en presentaciones de 3 kilos genera mejores utilidades, porque es un producto con mayor valor agregado, y que es administrado por un grupo de 10 mujeres del ejido.

Cuando se generó la iniciativa de lanzar la presentación de 3 kilos bajo la propuesta de que fuera administrada por las mujeres hubo algunos problemas y reticencias, pero fue gracias a la señora Deisy quien logró animar a sus compañeras hasta la generación de acuerdos para iniciar. “Ahora las mujeres también tenemos ingresos y no estamos a expensas de nuestros esposos para poder comprarnos lo que necesitemos, al contrario, además de realizar nuestras labores en el hogar y con los hijos, también aportamos a la economía de la casa”, resalta Deisy.

Precisa que “este tipo de proyectos se tienen que desarrollar en otros ejidos para que la gente pueda vivir de mejor forma, para que la gente no tenga que emigrar y para que se le dé un buen uso y cuidado al bosque; porque cuando está abandonado se deteriora”.

Impulso a la producción cafetalera de las familias campesinas en Oaxaca











Sinopsis:

Desde hace algunos años, el Sistema Comunitario para el Manejo y Protección de la Biodiversidad (SICOBI) y el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA), han trabajado en mejorar las capacidades de producción de pequeños productores de café en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca, con el objetivo de mejorar los ingresos de estas familias a través de la producción de un café de alta calidad.

En colaboración con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se han llevado a cabo dos procesos de acopio y venta de la producción de café de alrededor de 475 familias productoras de la región. Estos procesos acompañados han permitido elevar los márgenes de ganancia de las familias cafeticultoras; además de establecer un proceso de diferenciación del café proveniente de parcelas manejadas por mujeres.

La roya es uno de los principales problemas que enfrenta la producción cafetalera en nuestro país y fue un enorme reto para este proyecto, ya que esta enfermedad del cafetal ha ocasionado una pérdida significativa de la producción, pues ha dañado a más del 40 por ciento de las plantaciones, principalmente en cafetales ubicados en áreas bajas, menores a los mil metros sobre el nivel del mar.

Por lo anterior, esta iniciativa ha impulsado la realización de acciones para propiciar la renovación de los cafetales, y la mejora de los procesos de beneficios húmedo y seco, para asegurar la calidad de la producción del café ya existente.

Mediante el proyecto “Mujeres Cafeticulturas” se ha trabajado en el mejoramiento de las parcelas cafetaleras de las comunidades que forman parte del SICOBI, dentro de los municipios de San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Santiago Xanica, San Miguel del Puerto y San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca.

Esta iniciativa permitió establecer un esquema de colaboración con 475 familias productoras de café para mejorar las capacidades de manejo de cafetales, así como la adopción de tecnológicas de beneficio del café y la implementación de sistemas de control interno en las comunidades que conforman el SICOBI para asegurar la diferenciación de su producción de café en términos de calidad, origen y género.

Con la implementación de un protocolo de acopio para el manejo e integración de lotes de venta, se pudo lograr una clasificación de la producción del café por calidad y género, que permitió lograr mejores precios e ingresos para los productores.

Si bien es cierto que este fue el primer año en que se utiliza esta metodología de acopio en el SICOBI, esto ayudó a que los productores y productoras conocieran los criterios para la diferenciación de calidad de café y los resultados en el análisis de su producción de pergamino acopiado. Con ello, también es posible identificar y subsanar las debilidades existentes en sus procesos de cosecha y/o poscosecha.

Actualmente, el SICOBI cuenta con una superficie aproximada de 584 ha de producción, de las cuales 205 ha son manejadas por mujeres, con rendimientos promedio de 0.5 quintales, es decir, 23 Kg. De las 35 toneladas de café pergamino acopiado por la organización, aproximadamente 4.5 toneladas son procedentes de parcelas de mujeres cafeticultoras, lo que representa el 12.87 % del total de la producción.

Para mantener la calidad en la producción se han realizado diagnósticos participativos de los grupos de trabajo y se estableció un plan de saneamiento de los cafetales, tanto a nivel de grupos, como de comunidades, con controles de seguimiento y evaluación de los trabajos.

Como parte del convenio de colaboración entre SICOBI, GAIA y el CCMSS se avanzó en el establecimiento de mejores prácticas de manejo del cafetal y el acondicionamiento de viveros regionales, comunitarios y familiares. Además, se adquirieron nuevas plantas de café y semillas para la diversificación de los cafetales, mediante la inserción de cultivos como el cacao, la canela y árboles maderables de uso múltiple. Estas acciones permitieron que se incrementaran las capacidades de gestión de cada una de las comunidades socias del SICOBI para la mejora y optimización del sistema de producción de café.

Finalmente se impulsó un nuevo proceso de secado del café a través de zarandas, en vez de los tradicionales pisos de secado o petates expuestos directamente al sol.

Aun con estos avances y con el proceso de renovación puesto en marcha, alcanzar los números de productividad idóneos, implica trabajos futuros, desde manejo de cafetales en campo, que permita minimizar el problema de la roya y asegure la capacidad de provisión de pergamino a fin de alcanzar, gradualmente, niveles de producción de al menos 3 quintales por hectárea por año, lo que se traduciría en una producción de pergamino de 28,500 Kg de café con carácter de género en los próximos tres años.

Más allá de propiciar mejores ingresos para los pequeños productores de esta región, la iniciativa de mejoramiento productivo en beneficio de las comunidades, busca también generar lecciones que permitan evidenciar esquemas viables de re-apropiación y reconstrucción de los paisajes rurales en México. 

Consulta la Nota Informativa del Proyecto:

Nota Informativa del Proyecto GAIA – SICOBI – CCMSS

 

El verdadero valor de la caoba, es la organización y trabajo comunitarios











Sinopsis:

El ejido Caobas, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, es uno de los ejidos forestales que ha alcanzado un alto nivel de consolidación y de bienestar para las familias que lo integran, por sus actividades de manejo, aprovechamiento y comercialización de sus recursos forestales.

El ejido, conformado por 311 ejidatarios, cuenta con las certificaciones del FSC de buen manejo forestal y de cadena de custodia, lo cual quiere decir que cumple con los requisitos de un estándar internacional que garantiza que la madera que cosechan y comercializan es de origen legal, que emplean buenas prácticas para la conservación activa del bosque, que realizan reforestaciones, tratamientos para evitar plagas e incendios y que sus trabajadores cuentan con servicios de seguridad y salud.

Caobas cuenta con una superficie de 67 mil hectáreas, de las cuales, 32 mil 500 se encuentran dentro de su plan de manejo forestal autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además de su empresa forestal comunitaria, Caobas cuenta con una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), ofrece actividades de senderismo y ecoturismo y tiene un vivero para la producción de plantas; con estos proyectos genera ingresos y empleos para los habitantes del ejido.

Inclusión de jóvenes y mujeres

El presidente del comisariado ejidal, Senén Carmona, un joven de 26 años de edad, comenta que este ejido forestal de la Península de Yucatán es un referente para muchos otros, debido al camino que ha seguido para consolidarse tanto en la organización y la gobernanza interna, como en la transformación de la madera y su comercialización directa dentro y fuera del país.

El propio Senén es un ejemplo claro de la capacidad que tienen los jóvenes para involucrarse en las actividades de aprovechamiento y de toma de decisiones dentro de las organizaciones ejidales y comunitarias, pues ha promovido buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas al interior de la asamblea que les ha permitido dar un mejor manejo a las finanzas de la empresa forestal comunitaria.

Asimismo, el presidente del comisariado ha propiciado una mayor participación de las mujeres en las actividades y toma de decisiones. Al momento de designar a los integrantes de la mesa directiva del comisariado incorporó a la señora Inés Rodríguez como secretaria ejecutiva y gerente del Aserradero de la empresa forestal comunitaria.

La caoba y el mercado

Como su nombre lo dice, este ejido se caracteriza por la riqueza de caoba que posee su bosque. Esta madera preciosa tiene un alto valor de mercado y mucha demanda, cualidades que Caobas ha sabido aprovechar. Si este ejido no tuviera el nivel de organización, capacidad de trabajo e inteligencia de mercado con que cuenta, el valor de esta madera preciosa, junto con las otras especies que cosechan -el tzalam, el chechen, el zapote, el cedro y los chacaj blanco y rojo- se quedaría en manos de los intermediarios y no de la empresa forestal comunitaria.

Gracias a su buen nivel de organización, destaca Senén Carmona, han logrado vender su producción a un mejor precio y evitando a los “coyotes” (los intermediarios que les compran a un precio muy bajo y revenden con un enorme margen de ganancia). Y no solo eso: el Ejido Caobas ha logrado firmar contratos para la exportación de sus productos forestales, lo que les generan mejores utilidades.

“Mucho de lo logrado en términos del comercio de la madera es gracias a la certificación en buen manejo forestal y la cadena de custodia con la que contamos, porque la certificación es un compromiso con la legalidad en el sector forestal, y eso es algo que ya hemos interiorizado en el ejido”, subraya Senén Carmona.

Senén relata que lograr esos buenos resultados no ha sido sencillo, pues se han enfrentado a conflictos internos con grupos de ejidatarios que no tenían plena confianza en que ese proceso de comercialización pudiera lograrse. Querían vender por su parte y obtener dinero de forma inmediata, aunque fuese una menor cantidad.

Además, resalta:

“enfrentamos la asignación de subsidios que están mal dirigidos y regresivos que le causan daño al sector y en particular a las comunidades y ejidos porque se apoya a monstruos del sector para que sigan ahogando a los dueños de los recursos forestales”.

Caobas tiene un permiso de aprovechamiento por 10 años que le permite cosechar de forma sustentable, cada año, 2 mil 200 metros cúbicos de madera de las distintas especies con las que cuenta su bosque. Sin embargo, explica el presidente del comisariado, no aprovechan todo ese volumen porque no han encontrado un buen mercado para todas esas variedades.

Asimismo, como parte de su programa de manejo tienen una autorización para aprovechar 700 metros cúbicos de caoba cada año.

Organización de trabajo

En el ejido conviven grupos de pobladores que llegaron de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca, luego del reparto agrario. De forma natural, esos grupos se fueron consolidando cada uno por su lado. En cierta forma, las diferencias culturales los separaron y, en algunas ocasiones, la toma de decisiones no ha sido sencilla.

A pesar de ello, explica Senén, han logrado sobreponerse a esas diferencias culturales mediante la celebración de asambleas transparentes, que generan confianza y les permiten llegar a acuerdos que se respetan.

Los diferentes puntos de vista que hay entre los 9 grupos que conforman el ejido son un verdadero contrapeso en la toma de decisiones.

Cada grupo de ejidatarios designa a un jefe, quien es responsable de hacer llegar las inquietudes del grupo al comisariado ejidal, además de brindar asesoría al presidente del comisariado para la toma de decisiones.

Esta forma de decidir ha llevado a Caobas a una situación en la que hay beneficios para todos los miembros, las mujeres están involucradas activamente en diversas actividades y en la toma de decisiones y la planeación es de muy largo plazo.

Caobas ha llegado a tal grado de profesionalización en su trabajo, que conoce perfectamente cada árbol y cada tramo de su territorio y sabe qué pasará en los próximos 50 años con cada uno de sus cedros, caobas, chechenes y demás especies.

El reto en adelante, platica el joven presidente del comisariado ejidal de Caobas, es seguir avanzando en desarrollo de mercados e inclusión de todos los actores del ejido: jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores en actividades productivas para lograr un mejor nivel de desarrollo de la comunidad.

*Fotografías : Consuelo Pagaza para CCMSS

Desarrollo forestal y conservación de bosques en la comunidad zapoteca de Santiago Xiacuí

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario










Sinopsis:

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La comunidad de Santiago Xiacuí, ubicada en Distrito de Ixtlán, Oaxaca, está integrada por 350 comuneros quienes basan su economía en una estrategia diversificada, dónde la agricultura y el manejo del bosque ocupan un lugar preponderante.

Con los ingresos de la operación de su empresa forestal comunitaria, la cual cuenta con la certificación del FSC de buen manejo forestal, logran cubrir una serie de necesidades que tiene la comunidad relativas a bienes y servicios públicos como el mantenimiento de caminos, escuelas y alumbrado público. Además, una gran parte de esos recursos se reinvierten en el mantenimiento del bosque.

Anteriormente, cuando su bosque era concesionado por el gobierno a una empresa particular, la comunidad se encontraba en muy malas condiciones. El bosque presentaba severos problemas de degradación por las malas prácticas que desempeñaban los concesionarios de dichos recursos forestales; se extraían las mejores maderas y no se hacían reforestaciones ni aclareos.

“Si no se hubieran concesionado tendríamos mejores bosques, aunque luego de 27 años de que los comenzamos a manejar en la comunidad, al día de hoy están en un proceso de recuperación muy avanzado,” refiere Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de la comunidad Santiago Xiacuí.

Destaca que hace 27 años se unieron las comunidades locales en una lucha “para detener ese mal uso de los recursos forestales y evitar que se siguieran concesionaran a terceros.”

A finales de la década de los ochenta la comunidad de Santiago Xiacuí como muchas otras comunidades lograron negociar la terminación de las concesiones a terceros e iniciar un proceso de construcción y operación de sus propias empresas forestales.  Hoy día, la empresa forestal de esta comunidad ha logrado dar pasos muy importantes; actualmente controla en su totalidad el acceso al bosque, la planeación de la producción, el corte de la madera, su extracción e industrialización.

El trabajo de manejo forestal en Xiacuí tiene un enfoque productivo, pero incorporara en todos sus procesos el componente de la conservación. Así que la producción y la conservación no son actividades diferentes como sucede en otros lugares dónde la conservación sea realiza solo en áreas protegidas.

En esta comunidad las actividades productivas conllevan acciones de conservación; así que cuando se construyen caminos forestales, o cuando se realiza la selección del arbolado a derribar y cuando se arrastra la madera para acercarla al camino, siempre se tiene en cuenta el imperativo de proteger el suelo, la vegetación y la biodiversidad.

Además de controlar el proceso productivo, la empresa tiene bajo su control todo el proceso de mercadeo de la madera por lo que actualmente tienen una amplia cartera de clientes con quienes comercializan su producción.

El manejo del bosque se realiza siempre con base en su programa de manejo forestal que ha sido aprobado por la Semarnat. A pesar de llevar más de 27 años manejando sus bosques y demostrando su compromiso con el buen manejo de los recursos forestales esta Secretaría, junto con la Profepa, constituyen un fuerte obstáculo para el avance de la empresa comunitaria dado lo complicado, tardado y caro que resulta el cumplimiento de los requisitos para realizar un aprovechamiento forestal y gestionar la documentación para su transporte.

Gerardo Martínez, miembro de Comisariado de Bienes Comunales, detalla que “los más interesados en la protección y conservación del bosque somos los comuneros, los legítimos dueños de los bosques.” Añade que “las actividades de manejo y aprovechamiento tienen la finalidad de mejorar la condición del bosque y de generar fuentes de empleo para nuestros propios comuneros, para que no migren y, para asegurar la permanencia del bosque para las futuras generaciones.”

Aprovechamiento forestal sustentable e incluyente

La comunidad de Santiago Xiacuí cuenta con 2 mil 600 hectáreas de bosque que manejan de acuerdo con lo establecido en su plan de manejo, sustentado por estudios de impacto ambiental y por inventarios de masa forestal, autorizado por la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) por un periodo de 8 años, su actual permiso entró en vigor este 2016.

La autorización de su plan de manejo les permitirá cosechar 8 mil metros cúbicos de pino y otros 8 mil metros cúbicos de encino, en la primera anualidad y, para los siguientes 7 años los volúmenes serán similares. “Esta es nuestra tercera autorización de plan de manejo, los otros dos habían sido por 10 años, cada uno,” puntualiza Gerardo Martínez.

Comenta que, a pesar de que, a lo largo de los años, las reglas y la legislación forestal han cambiado, la comunidad ha hecho bien las cosas y cumplido a cabalidad con los estipulado en sus planes de manejo forestal; por ello, no han tenido ningún problema en que la autoridad les renueve sus autorizaciones para el aprovechamiento de sus recursos forestales. Asimismo, “el bosque goza de muy buena salud, gracias a que hemos reforestado, saneado el bosque y prevenido plagas.”

En esta comunidad, los 350 comuneros que la integran participan en las asambleas. Todos tienen libertad de opinar y votar. Muchos tienen otras actividades productivas distintas al aprovechamiento forestal, y aunque no trabajen en el monte tienen los mismos derechos y obligaciones que los que sí laboran en el bosque. “Cuando se ha presentado algún incendio o presencia de plaga o es necesario reforestar, todos tienen la obligación de participar en las tareas y sí lo hacen,” enfatiza.

Subraya que “en la comunidad estamos avanzando en un proceso de inserción social buscando que las mujeres y los jóvenes poco a poco tengan una mayor participación en la toma de decisiones y en las distintas actividades productivas.”

Martínez González explica que “en los 12 meses que lleva de titular del comisariado, el señor Salvador Hernández Leyva, se empezó a trabajar en la inclusión de la perspectiva de género con mayor fuerza en la comunidad, de hecho, ya hay seis señoras que participan en los trabajos del monte. Lo que sí presenta un poco de rezago, aunque eso va a cambiar, es la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las asambleas.”

Los jóvenes también participan en las labores del monte y el aprovechamiento forestal. “Les decimos que tienen que aprender a conservar porque ellos serán los responsables de cuidar el bosque en los próximos años,” destaca.

Conservación de la biodiversidad

En Santiago Xiacuí los comuneros tienen un fuerte interés en la conservación del bosque de la biodiversidad ya que la sustentabilidad de la empresa depende precisamente del mantenimiento de las funciones de los ecosistemas. Si los trabajos productivos no se realizan con mucho cuidado se estarán poniendo en riesgo las futuras cosechas y la calidad de la madera que se aprovecharán en los próximos años. Los mismos comuneros se reclaman cuando alguien tira un árbol sin las medidas y precauciones ambientales necesarias.

“Ya no nos preocupamos mucho por las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), nosotros mismos vigilamos que todos hagamos bien las cosas. Es una responsabilidad de los comuneros,” asevera el presidente del consejo de vigilancia.

Las comunidades indígenas, custodias de los bosques y la biodiversidad

Comunidades indigenas










Sinopsis:

Comunidades indigenas

  • 9 de agosto, Día internacional de los pueblos indígenas

Las comunidades locales y los pueblos indígenas de México son actores fundamentales para la conservación de la enorme riqueza cultural y natural de nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 39 por ciento de los bosques y 60 por ciento de las selvas se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.

En el marco del Día internacional de los pueblos indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, vale la pena subrayar que en México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), alrededor de 5 millones de personas pertenecientes a alguna etnia habitan en ecosistemas forestales, es decir, más de 41 por ciento de la población indígena vive y depende en gran medida de los bosques para satisfacer sus necesidades de alimentación y generación de ingresos, entre otras.

Muchas de las comunidades originarias, dueñas o legítimas poseedoras de los bosques y selvas del país, viven en condiciones de pobreza y marginación. Viven en pobreza a pesar de la gran riqueza natural que poseen. Esto se debe, entre otras cosas, a un conjunto de elementos que obstaculiza su desarrollo y a la falta de opciones para aprovechar y potenciar sus capacidades productivas.

No obstante, existen muchos ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales indígenas que a través de su arraigo a la tierra y del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales han logrado consolidar empresas comunitarias, como los ejidos de Amanalco, en Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo, en Michoacán; o el Ejido Caobas, en Quintana Roo.  Así como estos ejemplos, operan en México más de 900 comunidades forestales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex. De hecho, 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que controlan en diferentes grados los procesos productivos.

Estas empresas forestales comunitarias, además de fomentar la conservación y el uso sustentable de sus bosques, han mejorado considerablemente el nivel de vida de sus comunidades, pues destinan un promedio de 30% de sus utilidades a obra social, como la construcción de escuelas, caminos, clínicas, tiendas de abastos, centros comunitarios, entre otras obras.

A diferencia de las empresas privadas, las empresas forestales comunitarias tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y generar empleos para los miembros de la comunidad y mantener las funciones ecológicas de sus bosques. Estas empresas han avanzado significativamente y mejorado sus prácticas silvícolas, de tal manera que el Forest Stewardship Council (FSC), la más importante entidad certificadora internacional, ha certificado el buen manejo de más de 900 mil hectáreas de bosques comunitarios del país. Adicional a esa cifra, cerca de 5 millones de hectáreas de estos ecosistemas están bajo diversos esquemas de manejo forestal administrados por comunidades campesinas e indígenas, de acuerdo con el Programa Estratégico Forestal 2025 de México.

Estos modelos de producción sustentable han enfrentado en años recientes serios problemas y una serie de trabas que obstaculizan el pleno derecho de las comunidades a manejar sus territorios. Los complicados y caros procesos de tramitación de permisos de aprovechamiento forestal, la excesiva carga fiscal y regulatoria, la persecución de autoridades de inspección y vigilancia; junto con una orientación equivocada de los programas de subsidio, son causantes del debilitamiento de diversas iniciativas comunitarios vinculadas al aprovechamiento de los bosques.

A propósito de la conmemoración del décimo aniversario de la Declaratoria de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en cuya elaboración México participó, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a promover decididamente el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas del país. Es urgente hacer una revisión crítica de la intervención gubernamental en las zonas rurales e indígenas, pues a lo largo de los años se ha puesto énfasis en el desarrollo de programas asistenciales y subsidio al consumo, lo que ha resultado contraproducente y ha generado graves daños a las economías locales.

“Llegamos a los 10 años de esta declaratoria y nos encontramos con la ausencia de un compromiso gubernamental para el impulso a la producción rural campesina. La política pública hacia las regiones campesinas ha provocado el despojo de tierras, favoreciendo el desarrollo e inversión de grandes proyectos agroindustriales privados sobre territorios indígenas y campesinos. Esto no sólo contraviene los principios de la Declaratoria, sino que además ha roto el tejido social de las comunidades, destruido sus recursos naturales y sus modos de vida tradicionales y mermado su calidad de vida”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del CCMSS.

De acuerdo con el artículo 29 de la Declaratoria de ONU, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”. Esto además es congruente con lo que señala el artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Estos principios y derechos, entre otros, claramente están siendo infringidos en México, donde los pueblos indígenas hoy enfrentan fuertes presiones para obligarlos a ceder sus territorios a mega-proyectos como las plantaciones de palma africana y el cultivo de la soya en Campeche; los desarrollos mineros en Guerrero y los desarrollos turísticos en las costas del Pacífico.

Es urgente instrumentar cambios profundos en la intervención gubernamental orientada a las comunidades campesinas e indígenas, y tomar las medidas necesarias para asegurar la alineación de la inversión pública hacia el campo ya que hasta ahora ésta se ha quedado en los discursos y en la retórica. Hoy cada dependencia opera de manera aislada, sectorialmente, sin la voluntad de coordinar acciones, sin un enfoque de desarrollo territorial y con programas claramente contradictorios que resultan nocivas para las comunidades y sus territorios.

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Comunidad indígena de Oaxaca conserva su bosque para mantener viva su cultura e identidad











Sinopsis:

La comunidad indígena de Santa Cruz Tepetotutla, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, conserva más de 9 mil hectáreas de bosques comunitarios. “Nosotros amamos nuestro espacio, valoramos los beneficios que nos ofrecen los recursos naturales y con el ánimo de retener a nuestros hijos en nuestro territorio, decidimos emprender un programa de conservación voluntaria del bosque,” asegura Pedro Osorio Hernández, que actualmente es guía de ecoturismo en la comunidad y ha sido presidente de bienes comunales.

Conservar el bosque no significa que uno no pueda entrar ni tocarlo, se trata de hacer actividades productivas sustentables que no le generen impactos negativos.  Por ejemplo, explica Pedro, “nosotros producimos miel, café y madera, pero además hacemos conservas y mermeladas y recolectamos leña, frutos y hongos del bosque sin dañarlo.” Asimismo, cuentan con rutas de senderismo y actividades de ecoturismo que generan ingresos y empleos para la comunidad.

Esta comunidad indígena ve en el manejo sustentable de su territorio una oportunidad de conservar su identidad cultural a través del manejo de sus recursos naturales. “La conservación le da un valor agregado a nuestro espacio, y eso es bueno porque queremos generar ingresos y empleos sustentables para mantener viva nuestra cultura y biodiversidad,” destaca.

Pedro Osorio plantea que para Santa Cruz Tepetotutla “es un gran orgullo, conservar nuestro bosque con actividades sustentables, porque somos comunidades marginadas y si no generamos empleos en nuestra comunidad tendríamos que migrar a otros espacios, y como no tenemos estudios ni recursos, nos es muy complicada la vida en otros lados.”

En cambio, “en nuestro territorio nosotros somos autoridades y tenemos control de nuestros recursos. No nos discriminamos en nuestra propia comunidad, como sí ocurre cuando tenemos que migrar a buscar trabajo,” subraya.

Llevar a cabo actividades de conservación del territorio, ha sido una decisión colectiva de mucha importancia. Santa Cruz Tepetotutla, comunidad indígena chinanteca, también decidió formalizar su decisión de destinar una importante área de su territorio a la conservación y gestionó su registro ante la CONANP como una Área Destinada Voluntariamente a  la Conservación (ADVC).  Este registro ha convertido a este territorio comunitario en una “Área Protegida” formalmente, pero con la diferencia de que esta es propiedad de la comunidad y es administrada por los comuneros.  Así Santa Cruz se suma a las 385 ADVC que se tienen registradas en México con una superficie que supera ya las 400 mil hectáreas.

En esta Área de Conservación Voluntaria no solo se trata de mantener en pie su bosques y biodiversidad para la provisión de servicios ecosistémicos, como la recarga de mantos acuíferos, generación de aire limpio, captura de carbono, belleza escénica, entre muchos otros; sino que “al conservar nuestro espacio conservamos nuestra cultura, tradiciones, fiestas y gastronomía. A eso nos referimos con conservación, al manejo integrado del territorio para que se mantenga, para que contribuya al bienestar de la sociedad actual y para dejarlo como legado para nuestros hijos y nietos.”

La comunidad de Santa Cruz tiene una población de 700 habitantes y una superficie de 11 mil hectáreas, de las cuales 9 mil 570 están destinadas a la conservación. Sin embargo, no son los únicos que creen en este mecanismo de conservación activa de sus bosques y recursos naturales, junto con otras tres comunidades conforman un corredor regional de bosques destinados a la conservación de más de 26 mil hectáreas. Este corredor lo integran, además de Santa Cruz, San Antonio del Barrio, San Antonio Analco y San Pedro Tlatepusco.

Esta iniciativa comunitaria lleva operando ya más de 10 años y ha contado con el apoyo decidido de Geo Conservación una asociación civil comprometida con el desarrollo sustentable de las comunidades oaxaqueñas y que es parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Iniciativas como estas existen pocas, pero nos muestran la importancia del papel que juegan las comunidades locales en la conservación del capital natural y la importancia de generar políticas públicas que favorezcan el desarrollo comunitario e impulsen la gestión sustentable de los territorios comunitarios.

La Certificación de Manejo Forestal y los ejidos en México

certificacion FSC Mexico










Sinopsis:

Los ejidos y comunidades en México han avanzado de manera significativa en el proceso de certificación del manejo de sus bosques. Bajo el estándar del Forest Stewardship Council (FSC) se han certificados ya casi 900,000 hectáreas de bosques y selvas.  Esta certificación garantiza que las empresas forestales llevan a cabo sus labores de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de forma sustentable; con las medidas de seguridad apropiadas para los trabajadores; con prácticas de rendición de cuentas a sus asambleas y con un alto nivel de organización y gobernanza interna.

De acuerdo con el representante del FSC en México, Alfonso Argüelles, la certificación de empresas forestales comunitarias se concentra principalmente en los estados de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Jalisco y Puebla, además de algunos casos notables en Hidalgo, Michoacán y el Estado de México. Cabe señalar que “México es el país con la mayor superficie de bosques comunitarios certificados en el mundo”.

La madera proveniente de una empresa forestal certificada bajo el estándar del FSC da certeza de que es de origen legal y de que su extracción no degrada los bosques de donde se obtuvo, “porque la certificación implica que la empresa comunitaria realiza trabajos de reforestación, monitoreo de plagas y enfermedades en el arbolado; emplea técnicas de cosecha eficientes para no causar afectaciones al bosque y promueve la conservación de la biodiversidad,” asegura.

Alfonso Argüelles explica que la certificación de buen manejo forestal del FSC no busca que “ las empresas forestales comunitarias sean súper rentables, busca, en realidad, que sean solventes, que no dependan de apoyos externos para su continuidad, es decir, que sean viables, que garanticen la seguridad de sus trabajadores y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los bosques que se manejan.”

Además de la certificación del manejo forestal, el representante del FSC en México comenta que “se tienen 138 certificados de cadena de custodia, esto quiere decir que 138 empresas se han comprometido a vigilar la trazabilidad de la madera que proviene del bosque certificado y el  rastreo del origen legal de la madera y productos forestales que emplean en sus operaciones.”

En los años anteriores la certificación de empresas forestales comunitarias fue impulsada de manera importante por la Comisión Nacional Forestal, y sin duda, “los recortes presupuestales que se registraron para este año 2017, van a afectar el crecimiento de la superficie de bosques y selvas certificadas,” lamenta Alfonso Arguelles. Sin embargo, plantea que la certificación, con o sin impulso gubernamental seguirá avanzando dado que el mercado forestal, cada vez más, exige que los productos forestales provengan de bosques certificados.

Detalla que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, “considera a la certificación como voluntaria. Lo mejor sería que la Ley forestal contemplara un mandato  claro para que las instituciones gubernamentales adoptaran una política de compras que obligara a adquirir  productos certificados.  Esto sería un motor para avanzar en la certificación de la producción forestal, fortalecer a las empresas forestales comunitarias que hacen bien las cosas y contribuir a frenar la comercialización de madera ilegal.”

El Forest Stewardship Council es una organización de la sociedad civil de tipo global, democrática que opera en más de 80 países y ha otorgado la certificación en casi 200 millones de hectáreas. Arguelles añade que la Asamblea de miembros del FSC se conforma a través de tres Cámaras: una social, otra económica y una más ambiental. “Con esto se genera un equilibrio de peso ponderado entre los miembros según sus intereses y según su proveniencia.”

La certificación del manejo forestal está creciendo con enorme rapidez en el mundo pues ha demostrado que abre las puertas para nuevos mercados, además de promover la adopción de prácticas responsables en el ámbito silvícola, ambiental, laboral, administrativo y comercial.

Más de 30,000 empresas del sector forestal en el mundo se han comprometido con el FSC para generar cadenas de suministro que garanticen a los consumidores que los productos que detentan el sello FSC realmente provienen de bosques certificados.

En México se tiene hoy día la oportunidad de aprovechar la herramienta certificación para impulsar procesos de mejora en el manejo del bosque y para reconocer el esfuerzo de las comunidades y ejidos con bosques bien manejados.  Sin embargo, se requiere que el gobierno y de las grandes empresas se comprometan con la sustentabilidad y establezcan políticas estrictas de adquisiciones que establezca la obligatoriedad de comprar productos certificados provenientes de comunidades certificadas.

 

Impulsar el empoderamiento de las comunidades rurales, la mejor herramienta para detener la degradación y desertificación











Sinopsis:

Las principales causas de desertificación se asocian con la deforestación, la agricultura industrial de monocultivos y con un uso intensivo de pesticidas; además del cambio de uso del suelo y las prácticas de ganadería extensiva, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, la falta de planificación y ordenamiento territorial y el abandono de los conocimientos tradicionales para el uso y conservación de los recursos naturales propician la degradación de los suelos y aceleran la desertificación.

En el marco de la conmemoración del Día mundial de combate a la desertificación y la sequía, la FAO refirió que “tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. Sin embargo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afecta a la productividad de la tierra y contribuye, en consecuencia, al fenómeno de la migración y abandono de las tierras.”

Por lo tanto, la propia FAO recomienda “la creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, permanecer en sus hogares y tener medios de vida más resilientes, esto es un componente crucial para poder equilibrar el fenómeno migratorio frente a los efectos de la degradación de la tierra.”

En México la degradación de la cubierta vegetal, con grados que van de ligeros a extremos, asciende a 105 millones 799 mil de hectáreas, es decir, el 54 por ciento del territorio nacional. De estos, 39 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera; 7 millones 837 mil (4% del país) tienen degradación moderada; 52 millones 900 mil hectáreas (27% del país) con degradación severa y 5. Millones 878 mil hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.

Las comunidades y ejidos, con una alta proporción de población indígena, cuentan con la titularidad de la tierra, pero la carencia de instrumentos de política pública de fomento al desarrollo de capacidades para el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, ha impedido su desarrollo y ha provocado deforestación y la degradación de los bosques, las selvas y los suelos.

Actualmente, hay muchas opciones tecnológicas y de conocimiento que pueden dar respuestas al problema de la degradación de los suelos y la desertificación, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos. Esto puede lograrse, según nos señala la FAO, “mediante una mejor integración de los sistemas de cultivo, de ganadería, de los bosques, y un uso más eficiente de recursos limitados como el agua y los nutrientes del suelo.”

No obstante, para tomar estas medidas en la escala pertinente y facilitar su adopción, es necesario que se tomen en cuenta las aportaciones y el conocimiento de las comunidades, así como contar con datos científicos sólidos.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al desarrollo de capacidades para el manejo integrado de los territorios, que permitan el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos a las comunidades rurales.

Asimismo, se requiere estimular los programas de restauración y regeneración de suelos, bosques y selvas degradadas. Está ampliamente demostrado que cuando las comunidades rurales y los pueblos indígenas cuentan con una gobernanza sólida, se detiene la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.

La historia de una comunidad donde la gente no tiene que emigrar gracias al bosque

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Sinopsis:

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Prácticamente todos los países en desarrollo comparten el fenómeno de la migración. La necesidad de buscar fuentes de empleo para subsistir, orilla cada año a millones de personas a perseguir oportunidades más allá de sus fronteras. Pero existe otra cara de este fenómeno que si bien no implica dejar el país de origen, en cambio si exige dejar a la familia, alejarse de los usos y costumbres, y enfrentar condiciones hostiles o por lo menos ajenas. Se trata de la migración obligada de la población rural a las ciudades, que ocurre ante la imposibilidad de encontrar sustento en sus pueblos y comunidades.

Las consecuencias de la migración son significativas pues se debilita el tejido social en las comunidades rurales, en la calidad de vida, y va en contra del patrimonio biocultural, que se sostiene tanto en las tradiciones y hábitos originales de dichos grupos, como en los recursos naturales y la biodiversidad del entorno que habitan.

La comunidad donde todos viven del bosque

Sin embargo existen también comunidades rurales en la que las personas no tiene que emigrar a las ciudades, para poder subsistir de forma digna, en compañía de su familia y rodeados de su tierra.

El ejido Ingenio El Rosario está ubicado en la región de Cofre de Perote, en Veracruz. Sus 132 pobladores viven de las poco más de 500 hectáreas de bosque que colectivamente, y por ley, poseen. Gracias a la implementación de Plan de Manejo Forestal, en El Rosario no falta el empleo. Y es que sus habitantes no solo están abocados a las labores que demanda el cultivo anual de hasta 6 mil metros cúbicos de madera, también dedican gran empeño en las tareas de conservación –gracias a lo cual su aprovechamiento del bosque es completamente sustentable–.

Pedro Miguel Cortés, Presidente del Comisariado Ejidal y cuyo conocimiento del bosque lo heredó de su padre y su abuelo, tiene claro lo que este representa en la vida de su comunidad:

Para mi el bosque significa todo, por que de él yo me sostengo y sostengo a mi familia. […] Nosotros gracias al bosque no hemos tenido que emigrar a otras ciudades. Esto es importante por que así no tenemos que olvidarnos de nuestras raíces; aquí nacimos, aquí crecimos y pues ahí estamos hasta hoy.

Lecciones desde El Rosario

El cuidado del bosque a cargo de los habitantes de El Rosario, tiene repercusiones que van mucho más allá de sus límites. De entrada, desde aquí se abastece de agua a los alrededores, a la cuenca de Coatepec. Así, otros poblados, incluidos la ciudad de Coatepec y la industria regional, se benefician significativamente de la labor que estos ejidatarios cumplen.

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La importancia del caso de El Rosario, es que a pesar de ser un pequeño asentamiento, también representa una prueba fehaciente y replicable, de una premisa que muchos siguen considerando hipotética: la posibilidad de que las comunidades rurales de México, y del mundo, funjan como guardianes activos de la biodiversidad, de los bosques y selvas, a la par que acceden a condiciones de vida dignas, en sintonía con sus tradiciones y su identidad cultural.

Por ejemplo, los miembros de este ejido no solo demuestran tener un profundo conocimiento del bosque que habitan, de cada planta y cada animal con quienes comparten el territorio, también evidencian un respeto dechado por el entorno: están plenamente conscientes que sus futuros, el del bosque y el de la comunidad, son interdependientes. Y cuando el conocimiento del bosque se suma a un arraigo genuino, transgeneracional, y se complementa con el desarrollo de habilidades técnicas, gestión y gobernanza, entonces estamos frente a un modelo de conservación, y desarrollo, simplemente inmejorable.    

En cuanto a consejos que los habitantes de El Rosario podrían compartir con otras comunidades cuyo sustento depende de los recursos naturales de su entorno, Pedro Miguel Cortés enfatiza en los ritmos del aprovechamiento y las labores de conservación, y restitución, de los mismos. “Les diría que aprovechen sus recursos adecuadamente, con conciencia. Si no, en un abrir y cerrar de ojos esto se termina. Una cosa es mantenerse bien y otra es agarrar negocio.”

San Pedro El Alto, Oaxaca: gigante ejemplar del manejo forestal comunitario











Sinopsis:

 

 

Desde que la comunidad tomó el control sobre el manejo de su bosque las cosas cambiaron radicalmente para la población y para el bosque mismo. Luego del periodo de concesiones forestales, en el que el Gobierno federal cedía los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales a particulares y empresas paraestatales, y gracias a un proceso de movilización de las comunidades y ejidos dueños de los recursos forestales, en 1984 la comunidad de San Pedro El Alto logró apropiarse del manejo y aprovechamiento de su bosque.

El camino no fue sencillo para esta comunidad, de alrededor de 1800 habitantes, ubicada en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, pues en un principio no tenían las capacidades técnicas, económicas ni de organización suficientes para emprender el manejo y aprovechamiento de su bosque. Después de muchos años de trabajo, ellos han logrado niveles de desarrollo sobresalientes y poseen un bosque ejemplar, que crece a un ritmo que desearía cualquier empresa forestal de México y del mundo. Todo gracias al compromiso comunitario con el bosque, el apego a la tierra, arduos años de trabajo y un buen acompañamiento técnico.

El primer año en que la comunidad tuvo el control del manejo del bosque, solicitaron una autorización para aprovechar mil metros cúbicos de madera. “Pedimos este volumen tan bajo para hacer pruebas y para que los comuneros entendieran mejor de qué se trataba el aprovechamiento forestal y ver cómo podríamos organizarnos,” platica el ingeniero Raúl Hernández Cortés, asesor técnico de San Pedro El Alto.

En los años sucesivos, sus volúmenes de aprovechamiento de madera se incrementaron paulatinamente, a la par de sus capacidades de organización y manejo del bosque. En 1989, lograron abrir su primer aserradero llamado Paraje pueblo viejo, con el que pretendían generar mejores ingresos por la venta de su madera. “Pasamos de venderla en rollo o trozas, a tablas aserradas,” precisa.

Especialización en el manejo forestal al estilo finlandés

En 1990, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre México y Finlandia para dar acompañamiento técnico en temas de manejo y aprovechamiento forestal a los ejidos y comunidades mexicanas. Es en ese marco, un grupo de cinco ingenieros forestales de la Universidad de Helsinki llegó a San Pedro El Alto para dar capacitación a la comunidad en el desarrollo de su empresa forestal comunitaria.

En 1995, cuando el convenio de colaboración concluyó, varios comuneros de San Pedro que fueron capacitados por los finlandeses, ya contaban con los conocimientos necesarios para guiar los trabajos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de forma sustentable. En ese mismo año, la comunidad elaboró su segundo plan de manejo, junto con el ingeniero Raúl Hernández, quien desde entonces y hasta el día de hoy trabaja en la empresa forestal.

De las 30 mil hectáreas de bosque con las que cuenta esta comunidad zapoteca, solo 10 mil hectáreas se aprovechan, el resto están destinadas voluntariamente a la conservación. “En nuestros planes de manejo solo aprovechamos 8 mil hectáreas en un periodo de 10 años,” refiere el asesor técnico.

Añade que San Pedro tiene un potencial productivo para aprovechar de manera sustentable alrededor de 450 mil metros cúbicos de madera por año, de los cuales, durante la última década solo sacaron 50 mil metros por anualidad.

Apenas en 2017, con la renovación de su plan de manejo, decidieron duplicar su producción al pasar de 50 mil a 100 mil metros cúbicos de madera por año, en una escala más cercana a los que obtienen los ejidos forestales más grandes del país, como El Largo, de Chihuahua.

“La decisión de incrementar el volumen de producción la tenemos perfectamente justificada en el plan de manejo, acorde con los lineamientos de la ciencia forestal y en cumplimiento de toda la normatividad aplicable. Seguimos llevando a cabo prácticas de conservación de la biodiversidad, de saneamiento y regeneración del bosque. Nuestro bosque está perfectamente sano y esto lo hace aún más productivo,” destaca.

San Pedro El Alto ha hecho las cosas tan bien que en 1998 fueron galardonados con el premio nacional al Mérito Forestal y en la ceremonia de entrega del premio recibieron la visita del presidente en turno de Finlandia, quien los reconoció por sus avances en materia forestal a pesar de que el acompañamiento de los expertos fineses había terminado tres años atrás.

Beneficios sociales de la apropiación del bosque

A partir de que la comunidad recuperó el control del manejo de su bosque comenzaron a generar ingresos con la venta de la madera que cosechan. Esos recursos los emplean, en gran medida, en el mantenimiento y regeneración del bosque; y en el pago de los salarios de los trabajadores de las tareas de aprovechamiento, reforestación, aserrío y administrativas. Además, invierten alrededor de un 30 por ciento de sus utilidades en obras y programas sociales al interior de la comunidad. Las utilidades restantes se reparten equitativamente entre los 470 comuneros (152 mujeres y 352 hombres).

El 60 por ciento de la madera que produce la empresa forestal comunitaria se vende en rollo y el otro 40 por ciento se vende aserrada y estufada.

Con la venta de la madera también han avanzado en la diversificación productiva de la comunidad, con la finalidad de generar empleos para todos sus habitantes. Cuentan con una empresa comunitaria que produce agua embotellada, en la que trabajan únicamente mujeres. También operan una tienda comunal que vende productos de primera necesidad a bajo costo y una farmacia comunitaria que oferta los medicamentos al 50 por ciento de su valor comercial.  Se cuenta con una gasolinera propiedad de la comunidad, que abastece la demanda regional de combustible, pero que abastece también las necesidades de sus actividades de transporte de los productos forestales.

Con las utilidades de la empresa forestal comunitaria la comunidad ha adquirido tres ambulancias y dos autobuses escolares que pasan a recoger a los niños de las rancherías para llevarlos a la escuela.

Constantino Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales de San Pedro el Alto explica que “las escuelas también han sido equipadas con los recursos del aprovechamiento forestal. Tenemos un centro de salud en el que no se cobra la atención médica a los miembros de la comunidad y se les regalan los medicamentos a todos los trabajadores y sus familias. Esto a pesar de que todos los trabajadores están asegurados ante el IMSS, porque así lo mandata la ley y es un requisito para la certificación del manejo forestal, sin embargo, no hay centros de atención médica del seguro social cerca de la comunidad, por eso en San Pedro El Algo decidió la asamblea construir y operar uno propio.”

Subraya que las empresas comunitarias no tienen los mismos fines que una empresa privada, en donde una sola persona o un grupo pequeño de personas son dueños y no invierten en el desarrollo de la comunidad. “Nosotros si invertimos en infraestructura y obra social, de hecho, con dinero del aprovechamiento se construyó el palacio de gobierno municipal.”

En San Pedro también se ofrecen becas a los niños y jóvenes estudiantes con buen promedio y se asignan pensiones a personas de más de 60 años.

Crecimiento transparente y sustentable

Esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca fue una de las primeras en obtener su certificación en manejo forestal comunitario bajo los lineamientos del Forest Stewardship Council (FSC), en el año 2001 y desde entonces siguen certificados.

La certificación les ha permitido llevar un mejor control y organización de todas sus operaciones. Son más eficientes. Cuentan con una comisión revisora que rinde informes periódicos a la asamblea sobre todas las operaciones económicas. “Así no hay riesgo de que alguien se lleve dinero. Toda la asamblea sabe cuánto se gana y cuánto se gasta y en que se gasa,” asegura el presidente de bienes comunales. No obstante, desearían que sus productos tuvieran un mejor precio y un mercado más amplio.

Lo más importante, subraya Constantino Cruz, “es que pasamos de ser peones, cuando se concesionaba nuestro bosque, a administradores de nuestros recursos forestales y con esto, la gente de San Pedro El Alto tiene un buen nivel de vida.”

Fortalecer a las comunidades forestales: la mejor forma de proteger el clima y el ambiente

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente










Sinopsis:

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente

  • Reconocer los derechos de las comunidades sobre el territorio garantiza el mejor cuidado de estos ecosistemas
  • Nuestro país tiene la oportunidad de cuadruplicar la superficie forestal en la que se hace aprovechamiento comunitario
  • Empresas forestales comunitarias de México son ejemplo mundial de buen manejo

En un contexto en el que el gobierno del país más poderoso del mundo y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero está decidido a no asumir su responsabilidad para enfrentar el cambio climático global, es imperativo garantizar los derechos sobre los bosques y selvas a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan y que dependen de ellos para su subsistencia, pues está demostrado que cuando las comunidades locales y pueblos indígenas tienen plenas facultades para manejar sus recursos forestales, se frena la deforestación y se garantiza su conservación y de la biodiversidad asociada, así como los beneficios que los bosques nos proveen.

México es un país de eminente vocación forestal, que cuenta con más 690 millones de hectáreas de bosques y selvas (INEGI, 2016), de las cuales 80 % son propiedad de ejidos y comunidades, muchos de ellos indígenas. Sin embargo, no obstante que la titularidad de los derechos de la tierra pone en ventaja a estos grupos sociales si los comparamos con países con gran riqueza forestal como Indonesia, la República Democrática del Congo, o los países amazónicos, en los que la titularidad de los bosques y selvas es de los gobiernos; la falta de alineación de los instrumentos de política pública con el marco legal e institucional, aunado a una política de subsidios equivocada y contraproducente, ha estancado el desarrollo de estas comunidades rurales y del sector forestal nacional.

Hoy en día, alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques son manejadas por empresas forestales comunitarias en nuestro país. De acuerdo con datos de Programa Estratégico Forestal 2025 de México, esa cifra podría crecer hasta alcanzar 21.6 millones de hectáreas de bosques y selvas, que podrían ser incorporadas a esquemas de manejo forestal. Para ello, es fundamental que las políticas públicas y el marco legal se orienten claramente al desarrollo de capacidades productivas y empresariales de las empresas forestales comunitarias, así como al fortalecimiento de la gobernanza y reconocimiento del liderazgo comunitario en los territorios forestales.

Los obstáculos que enfrentan las comunidades y ejidos para manejar y aprovechar de forma sustentable sus recursos forestales, como la sobrerregulación; una tramitología compleja y onerosa; la circulación de productos forestales de origen ilegal -entre 28 y 60% del volumen del mercado- la falta de incentivos para la generación de capacidades productivas, y la marginación impuesta a las comunidades respecto a los procesos de planeación de su territorio, propician el desinterés de los dueños de la tierra en el manejo y conservación de los bosques y selvas.

Asimismo, cierto tipo de políticas públicas e incentivos económicos propician el cambio de uso de suelo para desarrollar otras actividades productivas que les puedan ser más rentables, tales como el uso de sus tierras para la ganadería y agricultura a costa de la deforestación. Otras amenazas sobre los territorios también propician de manera creciente la pérdida de los bosques y la erosión de las estructuras comunitarias, tales como la minería y otras formas de industria extractiva.

Pese a esta situación, muchas empresas forestales comunitarias mexicanas son un ejemplo a seguir en el mundo, ya que mediante la gestión sustentable de los recursos forestales generan beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales, y conservan la cobertura forestal y la biodiversidad.

En numerosas comunidades del país este ejemplo incluye un manejo integrado del territorio, es decir que abordan simultáneamente el aprovechamiento forestal, la producción de alimentos con sistemas agroecológicos, el monitoreo de la calidad del agua y la conservación voluntaria de atributos de alto valor de conservación dentro de sus territorios. Prácticamente todos los ejidos y comunidades que aprovechan sus bosques han establecido medidas para proteger cuerpos de agua, biodiversidad, sitios arqueológicos o con valor ritual o paisajístico, y otros atributos de importancia ambiental o cultural. Además, estas comunidades han alcanzado altos niveles de gobernanza interna y organización comunitaria, y generan empleos e ingresos para las familias, gracias a lo cual se reduce la presión para el cambio de uso de suelo o el abandono de las parcelas.

“La mejor forma de conmemorar el medio ambiente es tomando todas las medidas necesarias para reconocer, valorar y apoyar a las comunidades que viven en los bosques y cuidan de ellos. Cada día hay más evidencias de que los ecosistemas mejor conservados son aquellos que están en manos de comunidades y ejidos. Un ecosistema que es aprovechado de forma racional y con visión de largo plazo por sus legítimos dueños, no sólo les asegura una vida digna, sino que además garantiza la conservación de la biodiversidad, nos provee de agua, captura carbono y ayuda a regular el clima. No hay más que ver las cifras y las experiencias en diversas partes del mundo”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México tiene la enorme oportunidad de fortalecer a estas comunidades, darles certidumbre jurídica y garantizar sus derechos, con una política clara y decidida de apoyo al manejo forestal comunitario.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, cuyo lema para este 2017 es “Conectar a las personas con la naturaleza. En la ciudad y en el campo”, el CCMSS hace un llamado a reconocer el loable trabajo que realizan las y los campesinos para proveer alimentos, propiciar la recarga de los mantos acuíferos, generar aire limpio y fresco, la captura carbono y la conservación de la flora y fauna.

 

Recomendaciones

La mejor estrategia para garantizar los beneficios que los bosques nos brindan es fortalecer desde todos los frentes el manejo forestal y la gobernanza comunitarias y el desarrollo de capacidades productivas:

– Desde el marco legal, mediante leyes que realmente coloquen en el centro del manejo de los bosques el hecho de que estos son propiedad de las comunidades.

– Desde la elaboración y aplicación de políticas públicas, tales como: una política de compras verdes, un combate integral al mercado ilegal de madera y materias primas forestales; un apoyo decidido de las capacidades técnicas, de gestión y gobernanza de las comunidades; un régimen fiscal diferenciado, considerando que las comunidades forestales no son entidades de lucro y que dejan muchos beneficios tangibles e intangibles en sus comunidades y para la sociedad en general.

– En la mejor coordinación interinstitucional y en todos los niveles de gobierno.

– En la asignación de recursos, pues no hay política que funcione sin un presupuesto claro y orientado a la consolidación de procesos de desarrollo.

– Con el reconocimiento, valoración y visibilización de los enormes e invaluables beneficios que estas comunidades nos proveen a quienes vivimos en ámbitos urbanos.

 

 Descarga el documento:

Día Mundial del Medio Ambienta 2017

 

*Fotografia principal: Archivo CCMSS

Con ingenio, el ejido El Rosario conserva y maneja de forma sustentable sus bosques











Sinopsis:

En el ejido Ingenio El Rosario, en la región de Cofre de Perote, Veracruz, la mayor parte de la población tiene empleo, las familias están juntas porque no tienen que salir a buscar trabajo a otra parte. Con las labores de manejo y aprovechamiento de su bosque, el Ejido genera ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de su población.

En las 511 hectáreas de bosque que posee el ejido y que tiene en propiedad colectiva y uso común se realizan trabajos continuos de manejo de sus recursos forestales, como brechas corta fuego, pre aclareos, podas, reforestaciones, control de plagas, trazado de caminos y labores de aprovechamiento del arbolado, esto de acuerdo con su “Programa de Manejo Forestal” y la autorización de aprovechamiento otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El ejido tiene un permiso para cosechar cerca de 6 mil metros cúbicos de madera por año. Entre las especies que aprovechan se encuentran los pinos patula, ayacahuite y ailes.

La madera que cosechan la venden en rollo y por ella obtienen ingresos de alrededor de 6 millones de pesos. Con estos ingresos el ejido cubre el pago a los ejidatarios -trabajadores que participan en las labores de aprovechamiento forestal y en los trabajos de restauración del bosque-. Asimismo, otra parte de los ingresos se invierten en obras de mejoramiento de la infraestructura y servicios del ejido y, finalmente, con los recursos restantes, se realiza un pequeño reparto de utilidades.

José Luis Rangel, asesor técnico del ejido, destaca que el bosque de Ingenio El Rosario, gracias a su buen manejo y conservación, tiene un incremento medio anual de 4 metros cúbicos por hectárea.  Es decir, cuatro veces mayor que la media nacional.

En El Rosario se tiene una gran tradición forestal, pues llevan más de 30 años de manejo y aprovechamiento sustentable de su bosque, esto a pesar de las vedas forestales que han sufrido, como la de 1982 a 1989, periodo en el que por decreto presidencial no pudieron aprovechar sus recursos forestales a pesar de que esa era su única fuente de ingresos. “Nos las tuvimos que arreglar como pudimos para subsistir,” acota el asesor técnico.

Adicionalmente, el ejido enfrenta el problema de la sobrerregulación que se ha impuesto a los productores forestales. Para poder realizar un aprovechamiento forestal legal, tienen que cumplir con múltiples tramites que incluyen estudios, pago de derechos y cumplimiento de complicados requisitos que le quitan a la actividad sus posibilidades de ser competitiva frente a las importaciones y a la producción de madera de plantaciones comerciales.

“A veces, tenemos que hacer dos viajes por semana a las oficinas gubernamentales de Jalapa, que nos quedan a dos horas de distancia, hasta que nos dan los documentos. Esto representa gastos de transportación y la pérdida de tiempo, porque esos días ya no podemos trabajar en el bosque,” explica José Luis.

Entre más tiempo se retrasa la emisión de los permisos y autorizaciones los compradores les bajan el precio de compra de la madera, porque también a ellos les generan gastos estos contratiempos.

Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

Jaime Crespo Báez, ex comisariado ejidal y coordinador de los trabajos de manejo forestal en el Ingenio El Rosario, comenta que los periodos de veda que han enfrentados fueron muy complicados y lamenta que “pareciera que a las autoridades les importa más una lagartija que la gente que vive en los bosques.”

Explica que el ejido es un ejemplo de buen manejo y aprovechamiento forestal, no solo por la buena conservación del arbolado, pues también se llevan a cabo trabajos de conservación de suelos, de agua y de biodiversidad.

“Mucho antes de que se pusieran de moda estas medidas de conservación de la flora y la fauna, el ejido ya realizaba un cuidado muy especial de los animales, sus madrigueras, los nidos y las plantas que crecen en el bosque,” recalca.

José Luis Rangel, resalta que cuando se lleva a cabo la cosecha de madera, los trabajos se realizan con mucha atención, vigilando que se haga el menor maltrato posible del bosque, los derribos se hacen buscando no afectar a los otros árboles que están en pie; los carriles de arrime se trazan de tal forma que no generen afectaciones y al terminar los trabajos de cosecha se deja completamente limpia la zona del aprovechamiento, para que las coronas y ramas no sean un foco de infección de plagas ni se propaguen los incendios.

Además de todo lo anterior, refiere el ex comisariado que el ejido ha creado una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) con la cual se reforzarán las actividades de conservación del territorio ejidal.

Jaime Crespo detalla que el Ejido participa en el Programa de Pago por Servicios Ambientales por los que recibe anualmente una pequeña compensación por cada hectárea de bosque que se encuentra bajo el esquema en conservación. “Ese dinero en realidad no nos alcanza para realizar los trabajos necesarios para garantizar la conservación, como son las brechas cortafuego, la señalética, las obras de retención del suelo; sin embargo, el ejido está comprometido con la conservación e invierte recursos adicionales para financiar los trabajos que requiere el bosque.

“Nosotros creemos que los servicios ambientales que presta el bosque del ejido son muy importantes pues aseguran la infiltración que permite el abasto de agua potable a la ciudad de Coatepec y el abasto al comercio y a la industria regional.  Creemos que ellos –los usuarios del agua-, deberían también preocuparse por la conservación del bosque y contribuir para sufragar los costos del buen manejo y la conservación. Pero esto no es así, ellos solo pagan por los costos de conducción del agua, pero nunca pagan los costos de conservación de las cuencas de abasto,” subraya.

Jaime Crespo, quien ha acudido a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para mostrar las ventajas del manejo forestal comunitario, refiere con tristeza que “los beneficiarios de los servicios ambientales, como las empresas, las ciudades y los productores de cítricos y de ganado; son quienes nos tachan de tala montes y depredadores del bosque. Lo dicen sin conocimiento de causa.”

Del tepetate al verdor de un bosque: Manejo forestal comunitario en Acolihuía

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Sinopsis:

Del calor abrazador y la aridez de los suelos de tepetate, un ejido del estado de Puebla logró el verdor y la frescura de un bosque joven en terrenos que durante décadas fueron degradados por actividades de ganadería intensiva.

Además, gracias a sus actividades de manejo y aprovechamiento forestal en su bosque natural han generado ingresos para el mejoramiento de la infraestructura del ejido en beneficio de todos los habitantes.

En el ejido Acolihuia, perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla, llevan más de 28 años manejando su bosque bajo un esquema de manejo forestal comunitario, los 384 ejidatarios se organizan en 32 grupos, conformados por 12 personas cada uno, para realizar trabajos de mantenimiento en el monte.

En este ejido no hay problemas de tala ilegal ni de incendios. Todos los días del año hay, al menos, una cuadrilla que da rondines de vigilancia en el bosque y realiza trabajos de reforestación, poda, chapeo y pre-aclareo que permiten una regeneración más rápida de las zonas intervenidas del bosque. Asimismo, con estos trabajos previenen la generación y propagación de incendios forestales.

En Acolihuia cuentan con 32 cuadrillas, una para cada día del mes, que realizan las actividades de cuidado del bosque que les son asignadas por el comisariado ejidal. Además, la denominada “cuadrilla 32”, se encarga de vigilar que los otros grupos cumplan con sus deberes en el monte y rinde informes de desempeño toda la asamblea.

En las 477 hectáreas de bosque natural con las que cuenta este ejido, se pueden apreciar sectores con distintos grados de crecimiento del arbolado, pues a lo largo de casi tres décadas han intervenido algunas áreas para la extracción de madera que venden en rollo a aserraderos de la región. Esto, siempre de acuerdo con las especificaciones técnicas de sus planes de manejo y autorizaciones de aprovechamiento aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Todas las áreas intervenidas ya se encuentran en proceso de regeneración gracias a las actividades de reforestación y seguimiento del crecimiento de los árboles que realizan los ejidatarios y el técnico forestal. De hecho, las zonas que fueron cosechadas hace 15 años o más, parece que nunca fueron intervenidas por las excelentes tasas de crecimiento del arbolado.

Rogelio Carmona Lozada, presidente del comisariado de Acolihuia, refiere que su permiso de aprovechamiento vigente, que va en la octava anualidad, les permite extraer 4 mil 500 metros cúbicos de madera por año, con un valor aproximado de 5 millones de pesos. Los ingresos obtenidos por la venta de la madera se reparten, por igual, entre todos los ejidatarios, y una parte de esos recursos se destinan a obras para el mejoramiento del propio ejido.

“Ocupamos dinero para reparación de caminos, alumbrado y mejoramiento de escuelas,” acota Rogelio Carmona.

Explica que no han podido avanzar hacia la construcción y puesta en marcha de un aserradero, en el cual pudiesen transformar las trozas de madera en tablas o tarimas y obtener aún mejores ingresos. Esto, por la desventaja competitiva en la que se encuentran; ya que en el mercado circula mucha madera de origen ilegal que se vende a un precio hasta 35 por ciento más bajo y así, resulta inviable vender la madera aserrada.

Los planes de manejo forestal comunitario cuentan con estudios de impacto ambiental y con base en la densidad y características del bosque se determinan las tasas de intensidad de corta. Además, cuando se llevan a cabo los trabajos de aprovechamiento de la madera, no se tiran todos los árboles, se dejan en pie aquellos que tienen nidos y madrigueras de la fauna silvestre.

“Ponemos algunos troncos y ramas que les pueden servir de refugio a los animales que transitan por este bosque y no permitimos que se pongan cercas en los predios para no obstruir el paso de los animales. Con esto contribuimos a la conservación de la biodiversidad,” detalla Carlos Pérez Sebastián, asesor técnico del Ejido Acolihuia.

Añade que además de conservar el bosque con el manejo forestal comunitario, el ejido coadyuva en la provisión de servicios ambientales como la infiltración de agua para la recarga de los mantos acuíferos, la captura de carbono, la purificación del aire y la belleza escénica.

Regeneración y recuperación de suelos

El ejido cuenta con otro polígono de 550 hectáreas, que hasta hace 10 años se encontraban en terribles condiciones de degradación, producto de prácticas insostenibles de pastoreo intensivo. Cabe mencionar, que el municipio de Chignahuapan es líder en el estado de Puebla en la producción de ovinos.

Sin embargo, no sin resistencia y gracias a los beneficios que los ejidatarios han obtenido del manejo y aprovechamiento forestal sustentable, decidieron emprender un proyecto de recuperación de esas tierras degradadas. Desde el año 2007 comenzaron sus actividades de reforestación con distintas variedades de pinos que son resistentes a la sequía y que no requieren de tantos nutrientes del suelo para crecer.

Al día de hoy, en las zonas del predio en las que los árboles han logrado un mejor crecimiento, de  cuatro metros, el suelo presenta síntomas de recuperación, la propia sombra que generan los árboles permite la retención de humedad y regula la temperatura. En contraste, a unos cuantos kilómetros, en las áreas de este polígono degradado que aún no han sido reforestadas se aprecia un paisaje de desolación, “árido, con suelos de tepetale,” refiere el ingeniero forestal, Carlos Pérez.

Los planes a corto y mediano plazo del ejido Acolihuia son seguir incorporando áreas de regeneración, para que las siguientes generaciones puedan manejar y aprovechar esos bosques que ellos mismos han sembrado.

Fotografías: Archivo CCMSS

Los bosques requieren la innovación de los jóvenes; es necesario mejorar sus espacios de participación











Sinopsis:

Los jóvenes son agentes muy capaces de detonar el desarrollo en el medio rural, sin embargo, suelen estar marginados de las actividades productivas, de la toma de decisiones y del acceso a los recursos, particularmente a la tierra. Esta falta de oportunidades los orilla a la migración en busca de mejores condiciones de empleo y desarrollo en otros lugares: a las ciudades. Aunque muchas de las veces, tampoco encuentran las oportunidades en esos sitios.

De acuerdo con datos de la Comisión Forestal para América del Norte (COFAN) de la FAO, en el sector forestal, a nivel mundial, tanto los jóvenes como las mujeres carecen de espacios de participación activa en las actividades productivas y en la toma de decisiones, lo cual limita el desarrollo del sector y desaprovecha el bono poblacional de los países. No obstante, que la población rural se está envejeciendo.

El estudio desarrollado conjuntamente ente la Sagarpa y la FAO, titulado Envejecimiento de la población rural en México, refiere que las personas que participan en actividades de silvicultura y recolección tienen en promedio una edad de 49.9 años, lo cual puede significarles limitaciones en el uso de tecnologías y mecanismos innovadores para el desempeño de sus actividades.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010, México cuenta con alrededor de 35 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, de los cuales un 12 por ciento vive en zonas rurales; aunque cada vez más se va reduciendo el tamaño de la población rural por la migración de este sector de la población hacia las ciudades, lo cual desvincula a los jóvenes de su relación con el medio ambiente.

Si bien es cierto que en los últimos años se han incrementado las oportunidades de empleo en el sector rural para los jóvenes y las mujeres, muchos de estos empleos suelen ser mal remunerados, lo cual le impide las personas acceder a mejores condiciones de vida y desarrollo.

La misma COFAN destaca que “las reformas institucionales relacionadas con la tenencia de tierras forestales, el acceso a los mercados y la capacidad de desarrollo en el ámbito de la ordenación forestal sostenible no pueden ser fructíferas sin una plena participación de las mujeres y los jóvenes.” Esto es uno de los grandes pendientes en países como México.

En un documento emanado de la 28 reunión de la COFAN celebrada en Campeche, México, en 2016, se establece que “las iniciativas educativas para la juventud, la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con el sector forestal y la participación de los jóvenes sobre temas forestales son aún inexistentes o, en el mejor de los casos, muy limitadas.” Por lo que es indispensable redoblar esfuerzos para “llegar a los jóvenes y lograr su participación para garantizar que la generación siguiente contribuya a un sector forestal sostenible y capaz de satisfacer las necesidades del futuro.”

La importancia de que los jóvenes participen en los debates relativos al manejo, conservación y aprovechamiento de los bosques radica en que ellos serán los principales afectados por los efectos causados por la degradación forestal.

La degradación de los bosques pone en peligro la seguridad alimentaria y las condiciones generales de vida de todas las personas, particularmente los sectores de la población más vulnerables, quienes viven en los estos ecosistemas y dependen de ellos para su subsistencia. “Los jóvenes serán los más expuestos a los efectos a largo plazo de la degradación forestal, debido a su mayor esperanza de vida. Tendrán que vivir durante bastante tiempo con las consecuencias del deterioro de los bosques que puedan heredar.”

Es necesario abatir las brechas de género que permean al sector forestal, y para ello, una buena medida, es la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas que incidan sobre los bosques. De acuerdo con Eva Müller, directora de la División de Políticas y Recursos Forestales de la FAO, se debe “mejorar la coordinación entre los ministerios técnicos y los grupos de la sociedad civil que representan a las mujeres y los jóvenes, para fomentar una mejor comprensión de los derechos, las necesidades, las prioridades y las capacidades de los hombres, las mujeres y los jóvenes en el sector forestal.”

La COFAN recomienda que los jóvenes no deben ser testigos pasivos de las prácticas forestales. “Se encuentran en condiciones de inventar y desarrollar nuevas formas de actuación y activismo y de crear respuestas eficaces para las cuestiones que generan preocupación.”

Sin embargo, para lograr una mayor vinculación e interés de la juventud en los temas forestales, es necesario reforzar los programas educativos e incluir estas temáticas en programas escolares, para que comprendan la importancia que tienen los bosques para su vida diaria y para el futuro del planeta.

Si bien es cierto que las escuelas han incluido en sus programas educativos asignaturas relacionadas con el medio ambiente y los bosques, la falta de conocimientos especializados de los profesores puede suponer una barrera para transmitir los mensajes y conocimientos apropiados sobre el tema. “Esta es un área en la que los técnicos forestales pueden ofrecer sus conocimientos especializados de una forma más dinámica, colaborando con las escuelas y organizando visitas a las aulas o excursiones sobre el terreno,” refiere el documento de la COFAN titulado “Genero, Juventud y Enseñanza” de 2016.

 

Las mujeres rurales y los bosques

paisajes bioculturales










Sinopsis:

 

paisajes bioculturales

Las mujeres juegan un rol preponderante en la conservación de los bosques y de la biodiversidad, a pesar de que su participación en la toma de decisiones en el sector forestal, a nivel mundial, está restringida y de que no reciben la remuneración adecuada por su trabajo.

El estudio de la FAO titulado: Los bosques, la seguridad alimentaria y el género, resalta que “las mujeres son actores eficaces y agentes de cambio en la mitigación y adaptación al cambio climático, pues poseen un gran cúmulo de conocimientos y competencias que se pueden utilizar en la mitigación del cambio climático, la reducción de catástrofes y las estrategias de adaptación” si se las empodera en el diseño de estrategias y toma de decisiones en el manejo sustentable de los bosques.

Además, generalmente son ellas quienes administran los alimentos y otros recursos, como la leña, que obtienen de los bosques. “Como responsables de la gestión de los recursos naturales, las mujeres influyen en la cantidad total de diversidad genética conservada y utilizada, asimismo, trabajan para contrarrestar la disminución de la biodiversidad causada en parte por los hombres a favor de monocultivos orientados a la ganancia en efectivo.”

Por ello, recomienda el estudio que “los programas y políticas forestales que tienen como objetivo ser socialmente sensibles deben tener en cuenta las dimensiones de género del uso de los recursos, necesidades, acceso, conocimientos y estrategias para abordar el cambio climático.”

En México 14 millones de mujeres viven en el medio rural, y de ellas, 3.5 millones son indígenas que padecen una serie de inequidades que hace más complejas sus actividades de generación de ingresos, alimentos y manutención de sus hogares y familias.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en el medio rural mexicano, “la participación de las mujeres en las actividades del campo, además de sus funciones reproductivas, en la producción de bienes y servicios y en la contribución al ingreso familiar, muestra una tendencia creciente a asumir la jefatura de los hogares a raíz de la emigración masculina, del abandono del hogar por fallecimiento o separación conyugal, por la incorporación a labores remuneradas de mujeres en los rangos de mayor edad. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, pero también propician situaciones de mayor inequidad al asumir más responsabilidades en la supervivencia del hogar, sin dejar de realizar las tareas domésticas.”

Tenencia de la tierra y toma de decisiones 

En este sentido, la FAO subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los procesos de gestión y toma de decisiones en materia forestal aumentar la concienciación de las funciones de las mujeres y los hombres en la gestión sostenible de bosques y árboles, lo cual coadyuvará a gestionar de mejor forma los conflictos causados por la competencia entre los distintos usos de los bosques y sus productos, y garantizar que se mantengan los derechos tradicionales e indígenas de mujeres y hombres sobre el uso de los ecosistemas forestales.

Asimismo, es fundamental garantizar que mujeres y hombres reciban capacitación, y tengan acceso a información y otros servicios externos para incrementar la productividad mediante la utilización de tecnologías nuevas y mejoradas, y aumentar la capacidad de las comunidades para sacar el máximo provecho de las funciones complementarias de mujeres y hombres.

Con una perspectiva de igualdad de género en el sector forestal se potenciarían las actividades de regeneración de los bosques, conservación de la biodiversidad, protección de las cuencas hidrográficas y la asignación de permisos de aprovechamiento de los bosques.

Las mujeres, en comparación con los hombres, generalmente se encuentran en desventaja en cuanto al acceso a los recursos forestales y a las oportunidades económicas en el sector forestal debido factores como los bajos niveles de alfabetización, educación, capacidades físicas y competencias técnicas; además de menor acceso a los servicios de extensionismo y crédito para emprender proyectos productivos; limitaciones de tiempo y movilidad, acceso limitado a los mercados y a la información relacionada con el mercado; discriminación en la propiedad convencional de los bosques y árboles y productos arbóreos y de los regímenes de tenencia; menor participación en las instituciones rurales, como los comisariados ejidales y de bienes comunales.

Sobre la tenencia de la tierra, la misma FAO precisa que en el objetivo de desarrollo sustentable número 5, se reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que ello les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.

En esta materia, un estudio que recoge datos de seis países americanos halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México, con un 32.2 %; en Paraguay del 29.7 %; en 20 por ciento en Nicaragua y el 14 por ciento en Honduras.

De igual forma, en México en noviembre de 2016 el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres a contar con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y las comunidades.

Con una modificación al Artículo 37 de la Ley Agraria, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran los comisariados ejidales y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60 por ciento de candidatos de un mismo género, para que las mujeres puedan aspirar a cualquiera de los puestos. Lo mismo que en las comisiones y los secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal o de bienes comunales, se procura la integración de las mujeres.

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué?

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué?










Sinopsis:

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué? 
Cuando los bosques son debidamente gestionados por sus comunidades y adecuados a programas de conservación, esto trae consecuencias importantes a nivel nacional y global. A grandes rasgos, esta es la premisa que guía el manejo forestal comunitario en México desde hace más de tres décadas.

Hasta ahora se han registrado cientos de casos exitosos. Nos referimos a comunidades rurales que activan su economía con ingresos provenientes de los recursos forestales, y simultáneamente fabrican una serie de beneficios ambientales para el mundo y mantienen sus ecosistemas en buenas condiciones.

Una piedra angular dentro de este esquema –comunidades viviendo de sus bosques y protegiéndolos–, es la tenencia de la tierra, o mejor dicho su reconocimiento. Recordemos que  en el caso de México, aproximadamente el 80% de sus bosques y selvas son de propiedad social.

 

Regular a favor de las comunidades: la clave para la conservación medioambiental

comunidades forestales mexico
 

El régimen de tenencia comunitaria en México asombra a muchas otras naciones, ya que de algún modo antecede a una tendencia en boga. Actualmente, los países forestalmente más importantes han reformado sus políticas públicas en favor de las comunidades rurales forestales, proporcionándoles una mayor accesibilidad a los recursos del bosque y reconociéndolos como agentes decisivos de restauración y conservación. Pero la clave está en que esta tenencia se reconozca de forma activa dentro del marco legal.

¿Por qué es tan importante facilitar a estos grupos al aprovechamiento de su territorio? Es indiscutible que ellos, mejor que nadie, conocen dichas tierras. Esto resulta de haberlas habitado, y por lo tanto de haberse familiarizado con sus recursos y particularidades, desde hace generaciones. Pero para que este conocimiento se pueda aprovechar en favor de la conservación del territorio, estos grupos deben tener la posibilidad de vivir de sus bosques. De lo contrario, lo más probable es que, entendiblemente, terminen vendiendo o subarrendando sus tierras para actividades agrícolas a gran escala, industriales o inmobiliarias.

Por lo anterior las políticas públicas deben garantizar dichas facilidades, evitar una    sobrerregulación para que las comunidades puedan implementar planes de gestión y en cambio promover la capacitación y fortalecer la gobernanza entre estos grupos.

Mucho se ha dicho sobre la importancia del manejo forestal comunitario como instrumento para retrasar el cambio climático. La posibilidad de frenar la emisión de gases mediante el aumento de secuestro de carbono en los bosques y la restauración de tierras degradadas está ya plenamente comprobado. En el caso de México, la sobrerregulación dificulta esta labor y, según estudios detallados sobre el tema, amenaza la posibilidad de cumplir con las metas climáticas.

 

Generar incentivos para la conservación y aprovechamiento

 

Los beneficios que provee el bosque son múltiples, pero quizá los más importantes tienen que ver con la provisión de agua en cantidad y calidad, la captura de carbono y otros contaminantes, la prevención de la erosión de la tierra, la modulación del impacto climático y los relacionados a fines culturales.

Una manera de reconocer los trabajos de conservación de los dueños de estos bosques ha sido el pagos por servicios ambientales (PSA). Este esquema premia las acciones de protección, lo cual se traduce en recompensar el no tocar los bosques, en lugar de  incentivar a las comunidades para que implementen planes de aprovechamiento, restauración y conservación.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha trabajado en un esquema alternativo de PSA. Este “Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales para el Manejo Integrado del Territorio (PASMIT)” se lleva implementando desde hace cinco años en la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo, en el Estado de México. Hasta ahora el programa ha logrado capacitar a  ejidos de la zona para que lleven a cabo proyectos de manejo y protección de los recursos naturales, a través de prácticas forestales y también agrícolas sostenibles. Al mismo tiempo, las comunidades han tenido la oportunidad de mejorar la calidad de sus parcelas y ofrecer al público una serie de servicios ambientales, así como productos orgánicos frescos.

México posee todas las bases necesarias para detonar un futuro sostenible, pues, nos encontramos ante uno de los retos nacionales más ambiciosos en cuanto a flujos económicos refiere: la posibilidad de establecer una economía basada esencialmente en insumos nacionales que, al mismo tiempo, fortalezcan la calidad de vida.

 

*Imágenes: 1) Creative Commons; 2) Pronatura – video ; 3) Wikimedia Commons

PRONUNCIAMIENTO PARA EXIGIR UN PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY FORESTAL!

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Sinopsis:

 

Un grupo amplio de comunidades y organizaciones que trabajamos en torno al manejo sustentable de los bosques, y que participamos en instancias tales como el Consejo Nacional Forestal, varios Consejos Estatales Forestales, Comités de Recursos Naturales y Uniones Regionales estamos preocupados porque legisladores del Partido Verde y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pretenden aprobar en este periodo de sesiones una iniciativa de Ley Forestal que no resuelve los problemas que enfrentamos en el sector y que no incorpora ninguna de las propuestas que se han hecho por diversas organizaciones.

Quienes hacemos este pronunciamiento estamos solicitando que no se apruebe el actual borrador de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que se abra una discusión en la que participemos comunidades forestales, academia, organizaciones civiles y todos los interesados.

El martes 7 de febrero entregaremos a legisladores y funcionarios del sector el Pronunciamiento, nos daría mucho gusto contar con su respaldo en esta petición.

PRONUNCIAMIENTO

A los Legisladores del H. Congreso de la Unión

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR

Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros

A los consejos estatales forestales

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las Organizaciones Indígenas y Campesinas

A las Organizaciones de la Sociedad Civil

A la Opinión Pública en General

 

Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016.

Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.

Consideramos necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

Cabe destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada.

El 20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión.

Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.

Este Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.

Consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles.

En cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente.

El pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso.

Atentamente

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental, CEMDA; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO.

FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO 

SI TE PARECE RAZONABLE SUSCRIBIR NUESTROS PLANTEAMIENTOS, ENVÍA TU SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CORREO: gsuarez@ccmss.org.mx

PREFERENTEMENTE ANTES DEL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2017

 

(Actualización al 10 de febrero de 2017)

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

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Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

¿Cuánto carbono almacenan los bosques comunitarios en México?

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Manejo forestal comunitario en Oaxaca: el bosque protegido por comunidades y ejidos











Sinopsis:
Foto: Consuelo Pagaza

Foto: Consuelo Pagaza

El estado de Oaxaca es una de las entidades de la República mexicana con mayor riqueza biocultural. A lo largo de los siglos, las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado esos terrenos han procurado la conservación de la biodiversidad a través de su manejo y uso sustentable.

De acuerdo con datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Oaxaca cuenta con 1,310 núcleos agrarios, con   una superficie de 4.8 millones de hectáreas, de las cuales 3.1 millones de ha. presentan cobertura forestal, es decir, el 65 por ciento de la entidad esta cubierta por bosques y selvas. Además, el estado cuenta con 23 de los 32 tipos de vegetaciones reconocidas en el país. Toda esta riqueza natural es producto de su geografía y la interacción y manejo de las comunidades locales con la biodiversidad.

De esta gran riqueza forestal que posee el estado dependen más de 700 mil personas, que obtienen sus ingresos y alimentos mediante actividades de manejo del bosque.

El 80 por ciento de los bosques oaxaqueños son propiedad de más de mil 600 pequeños productores, 860 grupos comunitarios y 760 poblados. La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades indígenas, que ancestralmente han vivido e interactuado en esos parajes forestales.

A través del manejo forestal comunitario, muchos de estos grupos poseedores de terrenos forestales han logrado consolidar empresas, con una gobernanza sólida, que dan mantenimiento a los bosques y extraen productos forestales maderables y no maderables de forma sustentable. Muchas de estas empresas forestales operan desde hace más de 20 años bajo esquemas sostenibles que han sido evaluados bajo los estándares internacionales de manejo forestal, del Forest Stewarship Council (FSC).

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Al día de hoy, Oaxaca posee una superficie certificada bajo el estándar del FSC en manejo forestal de 74 mil 752 hectáreas, y otras 25 mil 712 hectáreas se encuentran en una etapa avanzada del proceso de certificación, lo cual garantiza que realizan un manejo sostenible de sus recursos forestales.

Más allá de solo producir madera en rollo, las empresas forestales comunitarias de Oaxaca han desarrollado proyectos que dan valor agregado a la madera cosechada, a través de la operación de aserraderos, carpinterías y mueblerías. Esto ha permitido posicionar a la entidad como el cuarto productor nacional forestal.

En 2014 el estado produjo 372 mil 495 metros cúbicos de productos forestales, de los cuales 302 mil 646 corresponden a escuadría de pino y, en menor medida, de encino. También se produjeron 15 mil 600 metros cúbicos de celulósicos; 19 mil 400 metros cúbicos de leña y 2 mil 614 metros de postes, polines y morillos.

El valor de la producción forestal de Oaxaca, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico del sector Forestal de la CONAFOR de 2014, fue de 302 millones 646 mil 834 pesos, lo cual representó el 6 por ciento del valor de la producción nacional.

No sin esfuerzo y anteponiéndose a la sobre regulación del sector forestal en México, que dificultan el emprendimiento de actividades de manejo y aprovechamiento forestal sustentable; algunas comunidades y ejidos forestales de Oaxaca, como Pueblos mancomunados de Ixtlán, San Pedro el Alto, La Trinidad Ixtlán, San Mateo Capulapam, Santiago Xiacuil, Santiago Comaltepec, entre otros; han logrado diversificar sus actividades productivas con los recursos obtenidos por el manejo de sus bosques, como la puesta en marcha de purificadoras y embotelladoras de agua, proyectos de ecoturismo, tiendas de abarrotes, restaurantes, papelerías, etcétera.

Además, financian obra pública en sus respectivas comunidades y apoyan la preparación académica de jóvenes y niños para que, más tarde, se desempeñen en las labores del manejo forestal.

Estas comunidades forestales de Oaxaca realizan actividades de conservación de la biodiversidad respaldadas con un Plan de Manejo y estudios de impacto ambiental que incorporan buenas prácticas de conservación de la biodiversidad, como no destruir nidos y madrigueras, ni cosechar árboles que puedan afectar el tránsito de las distintas especies de fauna que habitan esos bosques.

En Santiago Xiacuí, Oaxaca, relata Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de esa comunidad, que más allá de la vigilancia y las auditorías que realiza la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) y auditores del FSC, los mismos comuneros vigilan que todos los trabajos en el bosque se lleven a cabo “como se debe, sin dañar la vegetación ni a los animales”.

Enfatiza que la gente es consciente de todo lo que les provee el bosque y por ello deben conservarlo en las mejores condiciones.

Adicionalmente, y como prueba del compromiso con la diversidad biológica oaxaqueña, las comunidades forestales han mejorado sus programas de manejo para incorporar un conjunto de prácticas de conservación al aprovechamiento forestal a nivel de sitio, de rodal y de paisaje. Además, se han acordado establecer 136 áreas de conservación voluntarias designadas bajo esta categoría por los propios comuneros y ejidatarios, que suman 129 mil hectáreas de bosque. Esta superficie los coloca como el estado del país con mayor extensión de bosques bajo esta categoría de conservación.

El manejo forestal comunitario que se realiza en Oaxaca no es único, ya que existen muchos casos de éxito documentados en esta materia en otras entidades, como Estado de México, Quintana Roo, Campeche, Durango y Chihuahua.

Manejo Forestal Comunitario en México: un modelo emergente de manejo sustentable de ecosistemas forestales

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario










Sinopsis:

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario

Autores: Gerardo Segura, Leticia Merino-Pérez, David B. Bray, Alberto Cárdenas Jiménez 

La aparición en los últimos 25 años de un número apreciable de casos de bosques templados y tropicales manejados por las comunidades en tierras de propiedad común en México ofrece un ejemplo único en el mundo de cómo las comunidades pueden alcanzar un tipo de ordenación de los ecosistemas más integrado, que favorece además la evolución socioeconómica en las poblaciones rurales indígenas y no indígenas de escasos recursos.

Como resultado de las reformas agrarias que surgieron a partir de la Revolución Mexicana, en los primeros decenios del siglo XX buena parte de los derechos sobre las tierras forestales fueron transferidos a las comunidades rurales, y se estima que a final de los años setenta un 80% de la superficie forestal total del país estaba bajo el control comunitario.

A través de la historia, las comunidades y sus empresas forestales tuvieron que librar diversas batallas para obtener el control de sus derechos de propiedad y del aprovechamiento de su base de recursos forestales, gracias a lo cual se han adaptado las formas tradicionales de organización social a las modernas condiciones socioeconómicas, dando así lugar a una nueva forma de capital social. Este proceso ha conducido a la creación a unas 290-470 empresas forestales comunitarias con diferentes niveles de integración vertical, que manejan sus bosques con fines de producción maderera comercial y son en su mayoría muy rentables. El nivel de madurez de muchas de esas comunidades les permite manejar sus bosques con un enfoque más orientado al ecosistema, que va más allá de la producción maderera para explorar nuevas oportunidades de mercado con objeto de diversificar la producción de los ecosistemas forestales con bienes y servicios más beneficiosos para el medio ambiente.

En el contexto mundial actual, que muestra una considerable tendencia a transferir los derechos sobre las tierras forestales a las comunidades locales, el caso de la silvicultura comunitaria en México representa un modelo de eficacia comprobada de aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales, que merece una mayor atención y un análisis más a fondo pues aporta una importante contribución a la comunidad internacional.

 

Introducción

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El régimen de tenencia comunitaria de la mayor parte de los terrenos forestales de México representa un caso único en el mundo en el que los derechos de propiedad de los recursos forestales fueron transferidos a las comunidades rurales durante buena parte del S XX como resultado de la reforma agraria que surgió a partir de la Revolución Mexicana. En la actualidad una extensión considerable de estos bosques de propiedad comunal son manejados con fines productivos por comunidades locales con diferentes niveles de integración y madurez, permitiendo demostrar que este tipo de actividad puede ser un motor de desarrollo regional que genera riqueza económica y bienestar social, además de asegurar la conservación de los bosques y de otros importantes beneficios ambientales asociados a los ecosistemas forestales.

En el contexto internacional actual que muestra una tendencia importante de los gobiernos de muchos países para transferir derechos de propiedad y usufructo de los terrenos forestales a comunidades locales, las experiencias de manejo comunitarios de bosques en México surgen como una contribución importante a la comunidad internacional para explorar nuevos esquemas de desarrollo regional y conservación de los ecosistemas forestales, principalmente en países en desarrollo.

El presente trabajo tiene el objetivo de hacer una revisión general del desarrollo del manejo forestal comunitario en México haciendo una análisis del contexto social y político en el que este modelo ha evolucionado, e identificando su potencial como instrumento para promover el desarrollo sustentable y la conservación de los ecosistemas forestales.

 

Tenencia de la Tierra y Condiciones Socioeconómicas de las Comunidades Forestales en México

atlas propiedad social en mexico

A lo largo del siglo XX la reforma agraria fue sin duda la acción social hacia el campo más importante que llevó a cabo el estado mexicano. Como resultado de la dotación agraria, 53% del territorio continental del país es de propiedad social. En las regiones forestales, diversas fuentes estiman que alrededor del 80% de esta extensión está en manos de ejidos y comunidades agrarias (INEGI, 1997; Procuraduría Agraria 2000), 40% de las cuales fueron transferidas a estos grupos entre 1950 y 1980.

Desde los años 70´s mucho se ha debatido en torno a los impactos del tipo de tenencia en el deterioro de los bosques. En México este debate cobró notoriedad en los años 1990, exponiéndose con beligerancia en distintos medios de opinión, a la propiedad social como la causa última de la pérdida acelerada y el deterioro de superficies forestales. El análisis de las dinámicas de deterioro forestal revela procesos más complejos, en los que sumada a diversos factores, la propiedad social representa en muchos casos retos indudables, a la vez que ofrece también oportunidades y recursos para promover el desarrollo regional y la conservación de los ecosistemas forestales. Más allá de esta polémica, en las condiciones sociales y políticas actuales del campo mexicano, el carácter social de la propiedad de los bosques es un hecho histórico y actual, un punto de partida fundamental para las políticas que buscan incidir en las prácticas de uso de los recursos forestales y en las condiciones de los bosques.

Irónicamente, y principalmente en los últimos 10 años, diez de los países con mayor cobertura forestal del mundo han diseñado o reformado esquemas legales para devolver o fortalecer derechos de propiedad y acceso a los recursos forestales en favor de comunidades locales y grupos indígenas (White and Martin, 2002). Estas políticas han propiciado que en las últimas dos décadas, principalmente en países latinoamericanos, cerca de 200 millones de hectáreas hayan sido transferidas en propiedad o usufructo a comunidades.

Otro punto de partida son las condiciones sociales de los pobladores de los bosques. En México existen 8,420 comunidades forestales con una población estimada de entre 13 y 15 millones de habitantes de la cual un alto porcentaje pertenece a grupos indígenas. Las regiones forestales se encuentran entre las de mayor marginalidad y pobreza en el país en donde más del 50% de su población vive en condiciones de extrema pobreza. La pobreza ha sido una constante en la historia de estas regiones, tradicionalmente aisladas y con fuertes restricciones naturales para la producción agropecuaria y forestal.

 

Evolución del marco institucional y las políticas públicas y sus impactos en el uso de los recursos forestales

Las políticas públicas son un elemento crucial en el uso de los recursos naturales puesto que influyen de manera determinante en los marcos de incentivos y construcción de reglas de uso de los recursos que definen las opciones de los usuarios. Es común que las políticas tengan efectos inesperados, aunque con frecuencia contundentes, en las prácticas de uso de los recursos y en sus condiciones.

La acción política relacionada con el sector forestal se ha caracterizado por la desarticulación y aún la contradicción entre los lineamientos y acciones de distintos temas. Las “señales” que los usuarios de los recursos recibieron de las políticas de dotación de terrenos nacionales, o de reconocimiento de derechos comunales, resultaban opuestas a las políticas de concesiones o vedas forestales, vigentes en las mismas áreas donde se el reparto agrario se llevaba a cabo (Merino 1997, Merino et al. 2000). Otra constante en política hacia el campo ha sido el desconocimiento del carácter forestal de gran parte del territorio del país.

Es en este contexto que durante la mayor parte del sigo XX, las comunidades forestales mexicanas tuvieron derechos limitados sobre el acceso a sus áreas boscosas derivados de políticas en las que el gobierno ejercía control sobre los recursos forestales a través concesiones a empresas privadas y paraestatales. A partir de fines de la década de los 70´s, se dieron cambios importantes en las políticas forestales que junto con movimientos sociales condujeron a nuevos esquemas para permitir que las comunidades manejaran y administraran sus recursos forestales con fines de producción comercial maderable (Bray and Wexler 1996). Este importante período de apoyo al manejo comunitario se debilitó hacia mediados de la década de los 80´s, y no es hasta avanzada la década de los 90´s que un nuevo impulso gubernamental a este sector se reestablece. En 1997 la recientemente creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), puso en marcha proyectos como el de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf) y el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) con los que se buscaba impulsar una nueva política de estímulos al sector forestal. Sin embargo, durante la gestión de Semarnap los escasos recursos con que operaron estos programas limitaron sus alcances.

En la actual administración se han dado importantes cambios en las políticas de apoyo al sector de medio ambiente y recursos naturales en el que el manejo y la conservación de los recursos forestales ha tomado el carácter de prioridad nacional. En consistencia con estas políticas, en 2001 se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como organismo público descentralizado para dar un nuevo impulso al Sector Forestal con base en esquemas de manejo forestal sustentable. La CONAFOR ha reconocido la gran relevancia del manejo forestal comunitario dirigiendo una buena parte de sus esfuerzos a reorientar y fortalecer programas y proyectos existentes como el Prodefor y el Procymaf que están dirigidos a fortalecer la gestión de los productores forestales rurales. Durante sus primeros años de operación, la CONAFOR ha incrementado los alcances y los recursos presupuestales de estos programas a niveles que no tienen precedente la historia de la gestión gubernamental en México.

En este contexto, dichos programas han avanzado en su concepción y en campo. Han buscado fortalecer una estrategia de promoción del uso sustentable de los recursos forestales, dentro de una política que reconoce el valor de los recursos del país y las tendencias del deterioro de éstos como resultado de políticas inadecuadas, manejando como punto de partida la idea de que la situación de los recursos forestales está asociada a la problemática social y económica de las áreas rurales.

 

El Manejo Forestal Comunitario en México como un Modelo de de Desarrollo Rural Sustentable

En la actualidad las áreas boscosas manejadas por comunidades a través de Empresas Forestales Comunitarias (EFC), tanto en bosques tropicales como templados, representan una escala y nivel de madurez único en el mundo. El concepto de manejo forestal comunitario, en el ámbito internacional generalmente se refiere al manejo para uso de productos no maderables o al aprovechamiento de productos maderables para el consumo doméstico (Arnold 1998). En el caso de México, el concepto es diferente en el sentido de que la propiedad es auténticamente social y el manejo esta más orientado a una producción comercial de productos maderables para el que las comunidades han constituido EFC´s que invierten en procesos de transformación y comercialización de productos terminados.

El surgimiento del sector de Empresas Forestales Comunitarias en México es el resultado de un largo proceso de apropiación social que se sustenta en una combinación de políticas públicas, una tradición de activismo rural y el capital social que poseen las mismas comunidades rurales. Aunque el proceso de apropiación inicia después de la Revolución de 1910, no es sino hasta mediados de la década de los 70´s que las condiciones se vuelven propicias para que los esquemas tradicionales de gobierno de las comunidades permitieran la construcción de capacidades de organización y la habilidad de responder a condiciones externas propicias para la consolidación de empresas sociales (Fox 1995, 1996).

En la actualidad no existe un consenso sobre el número de comunidades que activamente manejan sus bosques como principal actividad económica, en contraste con aquellas que venden su madera en pié a empresas privadas. Sin embargo, algunas fuentes estiman que éstas oscilan entre 288 y 740 (Bray et al. 2002), representando alrededor del 5% de las comunidades forestales del país. Estas comunidades han constituido EFC´s con diferentes niveles de integración vertical, muchas de las cuales operan desde mediados de los 80´s (Alatorre 2000). Esta cifra y el área que representa puede parecer pequeña, sin embargo es muy superior a la que se observa en otros países del mundo (Bray et al 2002).

La transición de esquemas de concesiones privadas en bosques comunitarios a un manejo controlado por las comunidades ha permitido mejorar las condiciones de equidad social de beneficios económicos. En muchas de las comunidades que manejan sus bosques los ingresos asociados a la producción forestal han incrementado considerablemente y están siendo invertidos en obras sociales (e.g. escuelas, clínicas de salud, infraestructura de caminos y agua potable) así como en la generación de empleos (Merino 1997, Alatorre 2000). Las EFC´s más avanzadas han logrado consolidar procesos productivos y están demostrando capacidades cada vez mas desarrolladas para el aprovechamiento maderable con fines comerciales, mejorando sus esquemas gerenciales y de rendición de cuentas, y tomando a la vez medidas serias para asegurar el mantenimiento de la productividad forestal, la conservación de la biodiversidad y la protección de otros bienes y servicios ambientales de interés público (Bray et. al 2002, Klooster 2000).

Algunas de las EFC´s más avanzadas han logrado acceder a mercados nacionales e internacionales más competitivos, y están empezando a invertir en procesos productivos verticales que den mayor valor agregado a sus productos forestales, y a diversificar el uso de sus recursos en proyectos de inversión que incluyen actividades como el embotellamiento de agua de manantial, el ecoturismo comunitario y la producción y comercialización de productos forestales no maderables (SEMARNAT/PROCYMAF, 2000). Un estudio reciente de EFC´s en el estado de Oaxaca que evalúa la eficiencia de diferentes esquemas de organización productiva en relación a niveles de integración vertical, muestra que la mayoría de estas empresas son altamente rentables en todos los niveles y que la integración vertical esta relacionada con la extensión del área forestal que es manejada por la comunidad (Antinori 2000).

Un indicador de la evolución del sector forestal comunitario en México que revela su contribución a un manejo forestal más sustentable ha sido la importante extensión de bosques comunitarios que han sido certificadas por organismos externos bajo el esquema del Forest Stewardship Council (FSC). Actualmente un total de 21 comunidades, abarcando más de 510,000 ha han sido certificadas bajo este esquema y 200,000 has mas han sido evaluadas y están en proceso de certificarse. El volumen de madera certificada proveniente de estas áreas representa ya el 10% de la producción maderable de bosque nativo a nivel nacional. México reporta las cifras más altas de certificación de bosques comunitarios en el mundo.

Estas experiencias revelan el potencial de la gestión comunitaria de los bosques, no solo para conservación de los recursos, sino también en su aportación a la gobernabilidad de regiones caracterizadas por su marginalidad y aislamiento. Si bien la tenencia comunal ha sido una factor estructural importante que ha brindado oportunidades para detonar procesos de autogestión y desarrollo rural que contribuyen a la sustantabilidad y conservación de los bosques, es claro que ésta condición no resulta en si misma suficiente. Las comunidades que han tenido éxito en este proceso han basado su desarrollo en el fortalecimiento de estructuras de gobernabilidad tradicionales creando capacidades de auto-regulación y organización que responden a esfuerzos externos de organización (Fox 1995). Otro elemento importante en este proceso ha sido la necesidad de que las instituciones externas, sociales y de gobierno, se articulen con las instituciones comunitarias locales propiciando el desarrollo conjunto de estrategias basadas en el uso forestal del suelo y la valoración económica y social de los bosques.

 

Conclusiones

El modelo de manejo comunitario de bosque en México representa una oportunidad importante a nivel internacional para estudiar las ventajas sociales, económicas y ecológicas de los procesos de devolución de derechos de propiedad a comunidades locales. Este modelo puede convertirse en una alternativa viable para promover el desarrollo regional en el que pueden confluir valores de equidad, conservación ambiental y rentabilidad económica, contribuyendo a enfrentar el problema de la pobreza de las zonas rurales del mundo.

Las experiencias mexicanas de manejo comunitario, sin embargo, debe ser analizada en un contexto más amplio en el que las condiciones de los bosques, tanto de México como del mundo han sufrido transformaciones de peso en los últimos diez años. En este contexto, el sector forestal debe enfrentar nuevos eventos y procesos, entre los mas significativos se encuentran: las nuevas amenazas ambientales, vinculadas al cambio climático; el incremento en la demanda nacional de productos forestales y la tensión entre el uso de los bosque nativos y las plantaciones comerciales; el incremento de la influencia de los mercados internacionales y la globalización; la demanda emergente de servicios ambientales y el desarrollo de nuevos mercados para éstos; y la creciente preocupación internacional sobre las condiciones de gobernabilidad necesarias para asegurar el uso sustentable de los bosques (White, et al. 2002).

Para asumir exitosamente estos cambios el sector y la política forestal requieren avanzar en la resolución de viejos y nuevos retos. Ello requiere de una atención estratégica y ambiciosa por parte de los gobiernos locales y la comunidad internacional. Dentro de las prioridades para fomentar y fortalecer estos retos se requiere: avanzar en la definición clara de derechos de propiedad, respetando las condiciones de la propiedad comunitaria; identificación y promoción de esquemas y modelos de manejo forestal comunitario exitosos; recursos para incrementar las capacidades técnicas y el fortalecimiento del capital social de los productores; fortalecer esquemas de mercado y financiamiento para promover el desarrollo comunitario; y diseñar un marco normativo de incentivos a los productores para hacer un manejo integral y diversificado de sus recursos naturales a favor del desarrollo sustentable y la conservación.

El diseño de una política acorde con estos retos, representa una tarea por demás compleja, puesto que además de la diversidad de condiciones existentes en las áreas forestales del país, los bosques mexicanos son también recursos complejos, bienes comunes, que proveen servicios públicos y valores privados. Se trata en consecuencia de sistemas cuya gestión requiere de la conjunción de perspectivas, voluntades y capacidades.

Referencias

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Merino Pérez, Leticia; Gérez Patricia; Madrid Sergio, (2000). “Políticas, Instituciones Comunitarias y Uso de los Recursos Comunes en México”. En: Sociedad Derecho y Medio Ambiente. Primer informe del programa de investigación sobre aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental en México. CONACYT, UNAM, SEMARNAP.

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White, A. and Martin, A. 2002. Who owns the world´s forests?. Forest tenure and public forests in transition. Forest Trends. 30 pp.


1 Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Av. Progreso No. 5. Col. Del Carmen Coyoacán. 04100, México D.F. Tel. (55) 5628-0600, ext. 15571. E-mail: gsegura@conafor.gob.mx.

 

*Fotografías: Consuelo Pagaza para CCMSS / Imagen 2: Más de México