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Los bosques requieren la innovación de los jóvenes; es necesario mejorar sus espacios de participación











Sinopsis:

Los jóvenes son agentes muy capaces de detonar el desarrollo en el medio rural, sin embargo, suelen estar marginados de las actividades productivas, de la toma de decisiones y del acceso a los recursos, particularmente a la tierra. Esta falta de oportunidades los orilla a la migración en busca de mejores condiciones de empleo y desarrollo en otros lugares, a las ciudades. Aunque muchas de las veces, tampoco las encuentran las oportunidades en esos sitios.

De acuerdo con datos de la Comisión Forestal para América del Norte (COFAN) de la FAO, en el sector forestal, a nivel mundial, tanto los jóvenes como las mujeres carecen de espacios de participación activa en las actividades productivas y en la toma de decisiones, lo cual limita el desarrollo del sector y desaprovecha el bono poblacional de los países. No obstante, que la población rural se está envejeciendo.

El estudio desarrollado conjuntamente ente la Sagarpa y la FAO, titulado Envejecimiento de la población rural en México, refiere que las personas que participan en actividades de silvicultura y recolección tienen en promedio una edad de 49.9 años, lo cual puede significarles limitaciones en el uso de tecnologías y mecanismos innovadores para el desempeño de sus actividades.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010, México cuenta con alrededor de 35 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, de los cuales un 12 por ciento vive en zonas rurales; aunque cada vez más se va reduciendo el tamaño de la población rural por la migración de este sector de la población hacia las ciudades, lo cual desvincula a los jóvenes de su relación con el medio ambiente.

Si bien es cierto que en los últimos años se han incrementado las oportunidades de empleo en el sector rural para los jóvenes y las mujeres, muchos de estos empleos suelen ser mal remunerados, lo cual le impide las personas acceder a mejores condiciones de vida y desarrollo.

La misma COFAN destaca que “las reformas institucionales relacionadas con la tenencia de tierras forestales, el acceso a los mercados y la capacidad de desarrollo en el ámbito de la ordenación forestal sostenible no pueden ser fructíferas sin una plena participación de las mujeres y los jóvenes.” Esto es uno de los grandes pendientes en países como México.

En un documento emanado de la 28 reunión de la COFAN celebrada en Campeche, México, en 2016, se establece que “las iniciativas educativas para la juventud, la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con el sector forestal y la participación de los jóvenes sobre temas forestales son aún inexistentes o, en el mejor de los casos, muy limitadas.” Por lo que es indispensable redoblar esfuerzos para “llegar a los jóvenes y lograr su participación para garantizar que la generación siguiente contribuya a un sector forestal sostenible y capaz de satisfacer las necesidades del futuro.”

La importancia de que los jóvenes participen en los debates relativos al manejo, conservación y aprovechamiento de los bosques radica en que ellos serán los principales afectados por los efectos causados por la degradación forestal.

La degradación de los bosques pone en peligro la seguridad alimentaria y las condiciones generales de vida de todas las personas, particularmente los sectores de la población más vulnerables, quienes viven en los estos ecosistemas y dependen de ellos para su subsistencia. “Los jóvenes serán los más expuestos a los efectos a largo plazo de la degradación forestal, debido a su mayor esperanza de vida. Tendrán que vivir durante bastante tiempo con las consecuencias del deterioro de los bosques que puedan heredar.”

Es necesario abatir las brechas de género que permean al sector forestal, y para ello, una buena medida, es la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas que incidan sobre los bosques. De acuerdo con Eva Müller, directora de la División de Políticas y Recursos Forestales de la FAO, se debe “mejorar la coordinación entre los ministerios técnicos y los grupos de la sociedad civil que representan a las mujeres y los jóvenes, para fomentar una mejor comprensión de los derechos, las necesidades, las prioridades y las capacidades de los hombres, las mujeres y los jóvenes en el sector forestal.”

La COFAN recomienda que los jóvenes no deben ser testigos pasivos de las prácticas forestales. “Se encuentran en condiciones de inventar y desarrollar nuevas formas de actuación y activismo y de crear respuestas eficaces para las cuestiones que generan preocupación.”

Sin embargo, para lograr una mayor vinculación e interés de la juventud en los temas forestales, es necesario reforzar los programas educativos e incluir estas temáticas en programas escolares, para que comprendan la importancia que tienen los bosques para su vida diaria y para el futuro del planeta.

Si bien es cierto que las escuelas han incluido en sus programas educativos asignaturas relacionadas con el medio ambiente y los bosques, la falta de conocimientos especializados de los profesores puede suponer una barrera para transmitir los mensajes y conocimientos apropiados sobre el tema. “Esta es un área en la que los técnicos forestales pueden ofrecer sus conocimientos especializados de una forma más dinámica, colaborando con las escuelas y organizando visitas a las aulas o excursiones sobre el terreno,” refiere el documento de la COFAN titulado “Genero, Juventud y Enseñanza” de 2016.

 

Las mujeres rurales y los bosques

paisajes bioculturales










Sinopsis:

 

paisajes bioculturales

Las mujeres juegan un rol preponderante en la conservación de los bosques y de la biodiversidad, a pesar de que su participación en la toma de decisiones en el sector forestal, a nivel mundial, está restringida y de que no reciben la remuneración adecuada por su trabajo.

El estudio de la FAO titulado: Los bosques, la seguridad alimentaria y el género, resalta que “las mujeres son actores eficaces y agentes de cambio en la mitigación y adaptación al cambio climático, pues poseen un gran cúmulo de conocimientos y competencias que se pueden utilizar en la mitigación del cambio climático, la reducción de catástrofes y las estrategias de adaptación” si se las empodera en el diseño de estrategias y toma de decisiones en el manejo sustentable de los bosques.

Además, generalmente son quienes administran los alimentos y otros recursos, como la leña, que obtienen de los bosques. “Como responsables de la gestión de los recursos naturales, las mujeres influyen en la cantidad total de diversidad genética conservada y utilizada, asimismo, trabajan para contrarrestar la disminución de la biodiversidad causada en parte por los hombres a favor de monocultivos orientados a la ganancia en efectivo.”

Por ello, recomienda el estudio que “los programas y políticas forestales que tienen como objetivo ser socialmente sensibles deben tener en cuenta las dimensiones de género del uso de los recursos, necesidades, acceso, conocimientos y estrategias para abordar el cambio climático.”

En México 14 millones de mujeres viven en el medio rural, y de ellas, 3.5 millones son indígenas que padecen una serie de inequidades que hace más complejas sus actividades de generación de ingresos, alimentos y manutención de sus hogares y familias.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en el medio rural mexicano, “la participación de las mujeres en las actividades del campo, además de sus funciones reproductivas, en la producción de bienes y servicios y en la contribución al ingreso familiar, muestra una tendencia creciente a asumir la jefatura de los hogares a raíz de la emigración masculina, del abandono del hogar por fallecimiento o separación conyugal, por la incorporación a labores remuneradas de mujeres en los rangos de mayor edad. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, pero también propician situaciones de mayor inequidad al asumir más responsabilidades en la supervivencia del hogar, sin dejar de realizar las tareas domésticas.”

 

Tenencia de la tierra y toma de decisiones 

En este sentido, la FAO subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los procesos de gestión y toma de decisiones en materia forestal aumentar la concienciación de las funciones de las mujeres y los hombres en la gestión sostenible de bosques y árboles, lo cual coadyuvará a gestionar de mejor forma los conflictos causados por la competencia entre los distintos usos de los bosques y sus productos, y garantizar que se mantengan los derechos tradicionales e indígenas de mujeres y hombres sobre el uso de los ecosistemas forestales.

Asimismo, es fundamental garantizar que mujeres y hombres reciban capacitación, y tengan acceso a información y otros servicios externos para incrementar la productividad mediante la utilización de tecnologías nuevas y mejoradas, y aumentar la capacidad de las comunidades para sacar el máximo provecho de las funciones complementarias de mujeres y hombres.

Con una perspectiva de igualdad de género en el sector forestal se potenciarían las actividades de regeneración de los bosques, conservación de la biodiversidad, protección de las cuencas hidrográficas y la asignación de permisos de aprovechamiento de los bosques.

Las mujeres, en comparación con los hombres, generalmente se encuentran en desventaja en cuanto al acceso a los recursos forestales y a las oportunidades económicas en el sector forestal debido factores como los bajos niveles de alfabetización, educación, capacidades físicas y competencias técnicas; además de menor acceso a los servicios de extensionismo y crédito para emprender proyectos productivos; limitaciones de tiempo y movilidad, acceso limitado a los mercados y a la información relacionada con el mercado; discriminación en la propiedad convencional de los bosques y árboles y productos arbóreos y de los regímenes de tenencia; menor participación en las instituciones rurales, como los comisariados ejidales y de bienes comunales.

Sobre la tenencia de la tierra, la misma FAO precisa que en el Objetivo de desarrollo sustentable número 5, se reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que ello les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.

En esta materia, un estudio que recoge datos de seis países americanos halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México, con un 32.2 %; en Paraguay del 29.7 %; en 20 por ciento en Nicaragua y el 14 por ciento en Honduras.

De igual forma, en México en noviembre de 2016 el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres a contar con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y las comunidades.

Con una modificación al Artículo 37 de la Ley Agraria, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran los comisariados ejidales y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60 por ciento de candidatos de un mismo género, para que las mujeres puedan aspirar a cualquiera de los puestos. Lo mismo que en las comisiones y los secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal o de bienes comunales, se procura la integración de las mujeres.

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué?

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué?










Sinopsis:

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué? 
Cuando los bosques son debidamente gestionados por sus comunidades y adecuados a programas de conservación, esto trae consecuencias importantes a nivel nacional y global. A grandes rasgos, esta es la premisa que guía el manejo forestal comunitario en México desde hace más de tres décadas.

Hasta ahora se han registrado cientos de casos exitosos. Nos referimos a comunidades rurales que activan su economía con ingresos provenientes de los recursos forestales, y simultáneamente fabrican una serie de beneficios ambientales para el mundo y mantienen sus ecosistemas en buenas condiciones.

Una piedra angular dentro de este esquema –comunidades viviendo de sus bosques y protegiéndolos–, es la tenencia de la tierra, o mejor dicho su reconocimiento. Recordemos que  en el caso de México, aproximadamente el 80% de sus bosques y selvas son de propiedad social.

 

Regular a favor de las comunidades: la clave para la conservación medioambiental

comunidades forestales mexico
 

El régimen de tenencia comunitaria en México asombra a muchas otras naciones, ya que de algún modo antecede a una tendencia en boga. Actualmente, los países forestalmente más importantes han reformado sus políticas públicas en favor de las comunidades rurales forestales, proporcionándoles una mayor accesibilidad a los recursos del bosque y reconociéndolos como agentes decisivos de restauración y conservación. Pero la clave está en que esta tenencia se reconozca de forma activa dentro del marco legal.

¿Por qué es tan importante facilitar a estos grupos al aprovechamiento de su territorio? Es indiscutible que ellos, mejor que nadie, conocen dichas tierras. Esto resulta de haberlas habitado, y por lo tanto de haberse familiarizado con sus recursos y particularidades, desde hace generaciones. Pero para que este conocimiento se pueda aprovechar en favor de la conservación del territorio, estos grupos deben tener la posibilidad de vivir de sus bosques. De lo contrario, lo más probable es que, entendiblemente, terminen vendiendo o subarrendando sus tierras para actividades agrícolas a gran escala, industriales o inmobiliarias.

Por lo anterior las políticas públicas deben garantizar dichas facilidades, evitar una    sobrerregulación para que las comunidades puedan implementar planes de gestión y en cambio promover la capacitación y fortalecer la gobernanza entre estos grupos.

Mucho se ha dicho sobre la importancia del manejo forestal comunitario como instrumento para retrasar el cambio climático. La posibilidad de frenar la emisión de gases mediante el aumento de secuestro de carbono en los bosques y la restauración de tierras degradadas está ya plenamente comprobado. En el caso de México, la sobrerregulación dificulta esta labor y, según estudios detallados sobre el tema, amenaza la posibilidad de cumplir con las metas climáticas.

 

Generar incentivos para la conservación y aprovechamiento

 

Los beneficios que provee el bosque son múltiples, pero quizá los más importantes tienen que ver con la provisión de agua en cantidad y calidad, la captura de carbono y otros contaminantes, la prevención de la erosión de la tierra, la modulación del impacto climático y los relacionados a fines culturales.

Una manera de reconocer los trabajos de conservación de los dueños de estos bosques ha sido el pagos por servicios ambientales (PSA). Este esquema premia las acciones de protección, lo cual se traduce en recompensar el no tocar los bosques, en lugar de  incentivar a las comunidades para que implementen planes de aprovechamiento, restauración y conservación.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha trabajado en un esquema alternativo de PSA. Este “Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales para el Manejo Integrado del Territorio (PASMIT)” se lleva implementando desde hace cinco años en la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo, en el Estado de México. Hasta ahora el programa ha logrado capacitar a  ejidos de la zona para que lleven a cabo proyectos de manejo y protección de los recursos naturales, a través de prácticas forestales y también agrícolas sostenibles. Al mismo tiempo, las comunidades han tenido la oportunidad de mejorar la calidad de sus parcelas y ofrecer al público una serie de servicios ambientales, así como productos orgánicos frescos.

México posee todas las bases necesarias para detonar un futuro sostenible, pues, nos encontramos ante uno de los retos nacionales más ambiciosos en cuanto a flujos económicos refiere: la posibilidad de establecer una economía basada esencialmente en insumos nacionales que, al mismo tiempo, fortalezcan la calidad de vida.

 

*Imágenes: 1) Creative Commons; 2) Pronatura – video ; 3) Wikimedia Commons

PRONUNCIAMIENTO PARA EXIGIR UN PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY FORESTAL!

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Sinopsis:

Un grupo amplio de comunidades y organizaciones que trabajamos en torno al manejo sustentable de los bosques, y que participamos en instancias tales como el Consejo Nacional Forestal, varios Consejos Estatales Forestales, Comités de Recursos Naturales y Uniones Regionales estamos preocupados porque legisladores del Partido Verde y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pretenden aprobar en este periodo de sesiones una iniciativa de Ley Forestal que no resuelve los problemas que enfrentamos en el sector y que no incorpora ninguna de las propuestas que se han hecho por diversas organizaciones.

Quienes hacemos este pronunciamiento estamos solicitando que no se apruebe el actual borrador de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que se abra una discusión en la que participemos comunidades forestales, academia, organizaciones civiles y todos los interesados.

El martes 7 de febrero entregaremos a legisladores y funcionarios del sector el Pronunciamiento, nos daría mucho gusto contar con su respaldo en esta petición.

PRONUNCIAMIENTO

A los Legisladores del H. Congreso de la Unión

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR

Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros

A los consejos estatales forestales

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las Organizaciones Indígenas y Campesinas

A las Organizaciones de la Sociedad Civil

A la Opinión Pública en General

 

Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016.

Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.

Consideramos necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

Cabe destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada.

El 20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión.

Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.

Este Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.

Consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles.

En cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente.

El pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso.

Atentamente

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental, CEMDA; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO.

FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO 

SI TE PARECE RAZONABLE SUSCRIBIR NUESTROS PLANTEAMIENTOS, ENVÍA TU SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CORREO: gsuarez@ccmss.org.mx

PREFERENTEMENTE ANTES DEL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2017

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

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Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Manejo forestal comunitario en Oaxaca: el bosque protegido por comunidades y ejidos











Sinopsis:
Foto: Consuelo Pagaza

Foto: Consuelo Pagaza

El estado de Oaxaca es una de las entidades de la República mexicana con mayor riqueza biocultural. A lo largo de los siglos, las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado esos terrenos han procurado la conservación de la biodiversidad a través de su manejo y uso sustentable.

De acuerdo con datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Oaxaca cuenta con 1,310 núcleos agrarios, con   una superficie de 4.8 millones de hectáreas, de las cuales 3.1 millones de ha. presentan cobertura forestal, es decir, el 65 por ciento de la entidad esta cubierta por bosques y selvas. Además, el estado cuenta con 23 de los 32 tipos de vegetaciones reconocidas en el país. Toda esta riqueza natural es producto de su geografía y la interacción y manejo de las comunidades locales con la biodiversidad.

De esta gran riqueza forestal que posee el estado dependen más de 700 mil personas, que obtienen sus ingresos y alimentos mediante actividades de manejo del bosque.

El 80 por ciento de los bosques oaxaqueños son propiedad de más de mil 600 pequeños productores, 860 grupos comunitarios y 760 poblados. La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades indígenas, que ancestralmente han vivido e interactuado en esos parajes forestales.

A través del manejo forestal comunitario, muchos de estos grupos poseedores de terrenos forestales han logrado consolidar empresas, con una gobernanza sólida, que dan mantenimiento a los bosques y extraen productos forestales maderables y no maderables de forma sustentable. Muchas de estas empresas forestales operan desde hace más de 20 años bajo esquemas sostenibles que han sido evaluados bajo los estándares internacionales de manejo forestal, del Forest Stewarship Council (FSC).

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Al día de hoy, Oaxaca posee una superficie certificada bajo el estándar del FSC en manejo forestal de 74 mil 752 hectáreas, y otras 25 mil 712 hectáreas se encuentran en una etapa avanzada del proceso de certificación, lo cual garantiza que realizan un manejo sostenible de sus recursos forestales.

Más allá de solo producir madera en rollo, las empresas forestales comunitarias de Oaxaca han desarrollado proyectos que dan valor agregado a la madera cosechada, a través de la operación de aserraderos, carpinterías y mueblerías. Esto ha permitido posicionar a la entidad como el cuarto productor nacional forestal.

En 2014 el estado produjo 372 mil 495 metros cúbicos de productos forestales, de los cuales 302 mil 646 corresponden a escuadría de pino y, en menor medida, de encino. También se produjeron 15 mil 600 metros cúbicos de celulósicos; 19 mil 400 metros cúbicos de leña y 2 mil 614 metros de postes, polines y morillos.

El valor de la producción forestal de Oaxaca, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico del sector Forestal de la CONAFOR de 2014, fue de 302 millones 646 mil 834 pesos, lo cual representó el 6 por ciento del valor de la producción nacional.

No sin esfuerzo y anteponiéndose a la sobre regulación del sector forestal en México, que dificultan el emprendimiento de actividades de manejo y aprovechamiento forestal sustentable; algunas comunidades y ejidos forestales de Oaxaca, como Pueblos mancomunados de Ixtlán, San Pedro el Alto, La Trinidad Ixtlán, San Mateo Capulapam, Santiago Xiacuil, Santiago Comaltepec, entre otros; han logrado diversificar sus actividades productivas con los recursos obtenidos por el manejo de sus bosques, como la puesta en marcha de purificadoras y embotelladoras de agua, proyectos de ecoturismo, tiendas de abarrotes, restaurantes, papelerías, etcétera.

Además, financian obra pública en sus respectivas comunidades y apoyan la preparación académica de jóvenes y niños para que, más tarde, se desempeñen en las labores del manejo forestal.

Estas comunidades forestales de Oaxaca realizan actividades de conservación de la biodiversidad respaldadas con un Plan de Manejo y estudios de impacto ambiental que incorporan buenas prácticas de conservación de la biodiversidad, como no destruir nidos y madrigueras, ni cosechar árboles que puedan afectar el tránsito de las distintas especies de fauna que habitan esos bosques.

En Santiago Xiacuí, Oaxaca, relata Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de esa comunidad, que más allá de la vigilancia y las auditorías que realiza la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) y auditores del FSC, los mismos comuneros vigilan que todos los trabajos en el bosque se lleven a cabo “como se debe, sin dañar la vegetación ni a los animales”.

Enfatiza que la gente es consciente de todo lo que les provee el bosque y por ello deben conservarlo en las mejores condiciones.

Adicionalmente, y como prueba del compromiso con la diversidad biológica oaxaqueña, las comunidades forestales han mejorado sus programas de manejo para incorporar un conjunto de prácticas de conservación al aprovechamiento forestal a nivel de sitio, de rodal y de paisaje. Además, se han acordado establecer 136 áreas de conservación voluntarias designadas bajo esta categoría por los propios comuneros y ejidatarios, que suman 129 mil hectáreas de bosque. Esta superficie los coloca como el estado del país con mayor extensión de bosques bajo esta categoría de conservación.

El manejo forestal comunitario que se realiza en Oaxaca no es único, ya que existen muchos casos de éxito documentados en esta materia en otras entidades, como Estado de México, Quintana Roo, Campeche, Durango y Chihuahua.