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Impulsar el empoderamiento de las comunidades rurales, la mejor herramienta para detener la degradación y desertificación











Sinopsis:

Las principales causas de desertificación se asocian con la deforestación, la agricultura industrial de monocultivos y con un uso intensivo de pesticidas; además del cambio de uso del suelo y las prácticas de ganadería extensiva, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, la falta de planificación y ordenamiento territorial y el abandono de los conocimientos tradicionales para el uso y conservación de los recursos naturales propician la degradación de los suelos y aceleran la desertificación.

En el marco de la conmemoración del Día mundial de combate a la desertificación y la sequía, la FAO refiere que “tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. Sin embargo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afecta a la productividad de la tierra y contribuye, en consecuencia, al fenómeno de la migración y abandono de las tierras.”

Por lo tanto, la propia FAO recomienda “la creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, permanecer en sus hogares y tener medios de vida más resilientes, esto es un componente crucial para poder equilibrar el fenómeno migratorio frente a los efectos de la degradación de la tierra.”

En México la degradación de la cubierta vegetal, con grados que van de ligeros a extremos, asciende a 105 millones 799 mil de hectáreas, es decir, el 54 por ciento del territorio nacional. De estos, 39 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera; 7 millones 837 mil (4% del país) tienen degradación moderada; 52 millones 900 mil hectáreas (27% del país) con degradación severa y 5. Millones 878 mil hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.

Las comunidades y ejidos, con una alta proporción de población indígena, cuentan con la titularidad de la tierra, pero la carencia de instrumentos de política pública de fomento al desarrollo de capacidades para el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, ha impedido su desarrollo y ha provocado deforestación y la degradación de los bosques, las selvas y los suelos.

Actualmente, hay muchas opciones tecnológicas y de conocimiento que pueden dar respuestas al problema de la degradación de los suelos y la desertificación, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos. Esto puede lograrse, según nos señala la FAO, “mediante una mejor integración de los sistemas de cultivo, de ganadería, de los bosques, y un uso más eficiente de recursos limitados como el agua y los nutrientes del suelo.”

No obstante, para tomar estas medidas en la escala pertinente y facilitar su adopción, es necesario que se tomen en cuenta las aportaciones y el conocimiento de las comunidades, así como contar con datos científicos sólidos.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al desarrollo de capacidades para el manejo integrado de los territorios, que permitan el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos a las comunidades rurales.

Asimismo, se requiere estimular los programas de restauración y regeneración de suelos, bosques y selvas degradadas. Está ampliamente demostrado que cuando las comunidades rurales y los pueblos indígenas cuentan con una gobernanza sólida, se detiene la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.

La historia de un pueblo en México donde nadie tiene que emigrar gracias al bosque

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Sinopsis:

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Prácticamente todos los países en desarrollo comparten el fenómeno de la migración. La necesidad de buscar fuentes de empleo para subsistir, orilla cada año a millones de personas a perseguir oportunidades más allá de sus fronteras. Pero existe otra cara de este fenómeno que si bien no implica dejar el país de origen, en cambio si exige dejar a la familia, alejarse de los usos y costumbres, y enfrentar condiciones hostiles o por lo menos ajenas. Se trata de la migración obligada de la población rural a las ciudades, que ocurre ante la imposibilidad de encontrar sustento en sus pueblos y comunidades.

Las consecuencias de esta última faceta de la migración son significativas. No solo se debilita el tejido social en las comunidades rurales, también tiene repercusiones en la identidad cultural, en la calidad de vida, y en contra del patrimonio biocultural, que se sostiene tanto en las tradiciones y hábitos originales de dichos grupos, como en los recursos naturales y la biodiversidad del entorno que habitan.

La comunidad donde todos viven del bosque

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Pareciera difícil creer que existen en México comunidades rurales en la que nadie tiene que emigrar a las ciudades, y mucho menos a Estados Unidos, para poder subsistir de forma digna, en compañía de su familia y rodeados de su tierra. La realidad es que estos casos si existen, y no solo eso, además estas personas viven de los recursos naturales del entorno, mismo que conservan de manera ejemplar.

El ejido Ingenio El Rosario está ubicado en la región de Cofre de Perote, en Veracruz. Sus 132 pobladores viven de las poco más de 500 hectáreas de bosque que colectivamente, y por ley, poseen. Gracias a la implementación de Plan de Manejo Forestal, en El Rosario no falta el empleo. Y es que sus habitantes no solo están abocados a las labores que demanda el cultivo anual de hasta 6 mil metros cúbicos de madera, también dedican gran empeño en las tareas de conservación –gracias a lo cual su aprovechamiento del bosque es completamente sustentable–.

Pedro Miguel Cortés, Presidente del Comisariado Ejidal y cuyo conocimiento del bosque lo heredó de su padre y su abuelo, tiene claro lo que este representa en la vida de su comunidad:

Para mi el bosque significa todo, por que de él yo me sostengo y sostengo a mi familia. […] Nosotros gracias al bosque no hemos tenido que emigrar a otras ciudades. Esto es importante por que así no tenemos que olvidarnos de nuestras raíces; aquí nacimos, aquí crecimos y pues ahí estamos hasta hoy.

Lecciones desde El Rosario

El cuidado del bosque a cargo de los habitantes de El Rosario, tiene repercusiones que van mucho más allá de sus confines. De entrada, desde aquí se abastece de agua a los alrededores, a la cuenca de Coatepec. Así, otros poblados, incluidos la ciudad de Coatepec y la industria regional, se benefician significativamente de la labor que estos ejidatarios cumplen.

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La importancia del caso de El Rosario, y cabe mencionar que existen otros similares en México, es que a pesar de ser un pequeño asentamiento, también representa una prueba fehaciente y replicable, de una premisa que muchos siguen considerando hipotética: la posibilidad de que las comunidades rurales de México, y del mundo, funjan como guardianes activos de la biodiversidad, de los bosques y selvas, a la par que acceden a condiciones de vida dignas, en sintonía con sus tradiciones y su identidad cultural.

Por ejemplo, los miembros de este ejido no solo demuestran tener un profundo conocimiento del bosque que habitan, de cada planta y cada animal con quienes comparten el territorio, también evidencian un respeto dechado por el entorno: están plenamente conscientes que sus futuros, el del bosque y el de la comunidad, son interdependientes. Y cuando el conocimiento del bosque se suma a un arraigo genuino, transgeneracional, y se complementa con el desarrollo de habilidades técnicas, gestión y gobernanza, entonces estamos frente a un modelo de conservación, y desarrollo, simplemente inmejorable.    

En cuanto a consejos que los habitantes de El Rosario podrían compartir con otras comunidades cuyo sustento depende de los recursos naturales de su entorno, Pedro Miguel Cortés enfatiza en los ritmos del aprovechamiento y las labores de conservación, y restitución, de los mismos. “Les diría que aprovechen sus recursos adecuadamente, con conciencia. Si no, en un abrir y cerrar de ojos esto se termina. Una cosa es mantenerse bien y otra es agarrar negocio.”

San Pedro El Alto, Oaxaca: gigante ejemplar del manejo forestal comunitario











Sinopsis:

 

 

Desde que la comunidad tomó el control sobre el manejo de su bosque las cosas cambiaron radicalmente para la población y para el bosque mismo. Luego del periodo de concesiones forestales, en el que el Gobierno federal cedía los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales a particulares y empresas paraestatales, y gracias a un proceso de movilización de las comunidades y ejidos dueños de los recursos forestales, en 1984 la comunidad de San Pedro El Alto logró apropiarse del manejo y aprovechamiento de su bosque.

El camino no fue sencillo para esta comunidad, de alrededor de 1800 habitantes, ubicada en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, pues en un principio no tenían las capacidades técnicas, económicas ni de organización suficientes para emprender el manejo y aprovechamiento de su bosque. Después de muchos años de trabajo, ellos han logrado niveles de desarrollo sobresalientes y poseen un bosque ejemplar, que crece a un ritmo que desearía cualquier empresa forestal de México y del mundo. Todo gracias al compromiso comunitario con el bosque, el apego a la tierra, arduos años de trabajo y un buen acompañamiento técnico.

El primer año en que la comunidad tuvo el control del manejo del bosque, solicitaron una autorización para aprovechar mil metros cúbicos de madera. “Pedimos este volumen tan bajo para hacer pruebas y para que los comuneros entendieran mejor de qué se trataba el aprovechamiento forestal y ver cómo podríamos organizarnos,” platica el ingeniero Raúl Hernández Cortés, asesor técnico de San Pedro El Alto.

En los años sucesivos, sus volúmenes de aprovechamiento de madera se incrementaron paulatinamente, a la par de sus capacidades de organización y manejo del bosque. En 1989, lograron abrir su primer aserradero llamado Paraje pueblo viejo, con el que pretendían generar mejores ingresos por la venta de su madera. “Pasamos de venderla en rollo o trozas, a tablas aserradas,” precisa.

Especialización en el manejo forestal al estilo finlandés

En 1990, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre México y Finlandia para dar acompañamiento técnico en temas de manejo y aprovechamiento forestal a los ejidos y comunidades mexicanas. Es en ese marco, un grupo de cinco ingenieros forestales de la Universidad de Helsinki llegó a San Pedro El Alto para dar capacitación a la comunidad en el desarrollo de su empresa forestal comunitaria.

En 1995, cuando el convenio de colaboración concluyó, varios comuneros de San Pedro que fueron capacitados por los finlandeses, ya contaban con los conocimientos necesarios para guiar los trabajos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de forma sustentable. En ese mismo año, la comunidad elaboró su segundo plan de manejo, junto con el ingeniero Raúl Hernández, quien desde entonces y hasta el día de hoy trabaja en la empresa forestal.

De las 30 mil hectáreas de bosque con las que cuenta esta comunidad zapoteca, solo 10 mil hectáreas se aprovechan, el resto están destinadas voluntariamente a la conservación. “En nuestros planes de manejo solo aprovechamos 8 mil hectáreas en un periodo de 10 años,” refiere el asesor técnico.

Añade que San Pedro tiene un potencial productivo para aprovechar de manera sustentable alrededor de 450 mil metros cúbicos de madera por año, de los cuales, durante la última década solo sacaron 50 mil metros por anualidad.

Apenas en 2017, con la renovación de su plan de manejo, decidieron duplicar su producción al pasar de 50 mil a 100 mil metros cúbicos de madera por año, en una escala más cercana a los que obtienen los ejidos forestales más grandes del país, como El Largo, de Chihuahua.

“La decisión de incrementar el volumen de producción la tenemos perfectamente justificada en el plan de manejo, acorde con los lineamientos de la ciencia forestal y en cumplimiento de toda la normatividad aplicable. Seguimos llevando a cabo prácticas de conservación de la biodiversidad, de saneamiento y regeneración del bosque. Nuestro bosque está perfectamente sano y esto lo hace aún más productivo,” destaca.

San Pedro El Alto ha hecho las cosas tan bien que en 1998 fueron galardonados con el premio nacional al Mérito Forestal y en la ceremonia de entrega del premio recibieron la visita del presidente en turno de Finlandia, quien los reconoció por sus avances en materia forestal a pesar de que el acompañamiento de los expertos fineses había terminado tres años atrás.

Beneficios sociales de la apropiación del bosque

A partir de que la comunidad recuperó el control del manejo de su bosque comenzaron a generar ingresos con la venta de la madera que cosechan. Esos recursos los emplean, en gran medida, en el mantenimiento y regeneración del bosque; y en el pago de los salarios de los trabajadores de las tareas de aprovechamiento, reforestación, aserrío y administrativas. Además, invierten alrededor de un 30 por ciento de sus utilidades en obras y programas sociales al interior de la comunidad. Las utilidades restantes se reparten equitativamente entre los 470 comuneros (152 mujeres y 352 hombres).

El 60 por ciento de la madera que produce la empresa forestal comunitaria se vende en rollo y el otro 40 por ciento se vende aserrada y estufada.

Con la venta de la madera también han avanzado en la diversificación productiva de la comunidad, con la finalidad de generar empleos para todos sus habitantes. Cuentan con una empresa comunitaria que produce agua embotellada, en la que trabajan únicamente mujeres. También operan una tienda comunal que vende productos de primera necesidad a bajo costo y una farmacia comunitaria que oferta los medicamentos al 50 por ciento de su valor comercial.  Se cuenta con una gasolinera propiedad de la comunidad, que abastece la demanda regional de combustible, pero que abastece también las necesidades de sus actividades de transporte de los productos forestales.

Con las utilidades de la empresa forestal comunitaria la comunidad ha adquirido tres ambulancias y dos autobuses escolares que pasan a recoger a los niños de las rancherías para llevarlos a la escuela.

Constantino Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales de San Pedro el Alto explica que “las escuelas también han sido equipadas con los recursos del aprovechamiento forestal. Tenemos un centro de salud en el que no se cobra la atención médica a los miembros de la comunidad y se les regalan los medicamentos a todos los trabajadores y sus familias. Esto a pesar de que todos los trabajadores están asegurados ante el IMSS, porque así lo mandata la ley y es un requisito para la certificación del manejo forestal, sin embargo, no hay centros de atención médica del seguro social cerca de la comunidad, por eso en San Pedro El Algo decidió la asamblea construir y operar uno propio.”

Subraya que las empresas comunitarias no tienen los mismos fines que una empresa privada, en donde una sola persona o un grupo pequeño de personas son dueños y no invierten en el desarrollo de la comunidad. “Nosotros si invertimos en infraestructura y obra social, de hecho, con dinero del aprovechamiento se construyó el palacio de gobierno municipal.”

En San Pedro también se ofrecen becas a los niños y jóvenes estudiantes con buen promedio y se asignan pensiones a personas de más de 60 años.

Crecimiento transparente y sustentable

Esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca fue una de las primeras en obtener su certificación en manejo forestal comunitario bajo los lineamientos del Forest Stewardship Council (FSC), en el año 2001 y desde entonces siguen certificados.

La certificación les ha permitido llevar un mejor control y organización de todas sus operaciones. Son más eficientes. Cuentan con una comisión revisora que rinde informes periódicos a la asamblea sobre todas las operaciones económicas. “Así no hay riesgo de que alguien se lleve dinero. Toda la asamblea sabe cuánto se gana y cuánto se gasta y en que se gasa,” asegura el presidente de bienes comunales. No obstante, desearían que sus productos tuvieran un mejor precio y un mercado más amplio.

Lo más importante, subraya Constantino Cruz, “es que pasamos de ser peones, cuando se concesionaba nuestro bosque, a administradores de nuestros recursos forestales y con esto, la gente de San Pedro El Alto tiene un buen nivel de vida.”

Fortalecer a las comunidades forestales: la mejor forma de proteger el clima y el ambiente

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente










Sinopsis:

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente

  • Reconocer los derechos de las comunidades sobre el territorio garantiza el mejor cuidado de estos ecosistemas
  • Nuestro país tiene la oportunidad de cuadruplicar la superficie forestal en la que se hace aprovechamiento comunitario
  • Empresas forestales comunitarias de México son ejemplo mundial de buen manejo

En un contexto en el que el gobierno del país más poderoso del mundo y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero está decidido a no asumir su responsabilidad para enfrentar el cambio climático global, es imperativo garantizar los derechos sobre los bosques y selvas a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan y que dependen de ellos para su subsistencia, pues está demostrado que cuando las comunidades locales y pueblos indígenas tienen plenas facultades para manejar sus recursos forestales, se frena la deforestación y se garantiza su conservación y de la biodiversidad asociada, así como los beneficios que los bosques nos proveen.

México es un país de eminente vocación forestal, que cuenta con más 690 millones de hectáreas de bosques y selvas (INEGI, 2016), de las cuales 80 % son propiedad de ejidos y comunidades, muchos de ellos indígenas. Sin embargo, no obstante que la titularidad de los derechos de la tierra pone en ventaja a estos grupos sociales si los comparamos con países con gran riqueza forestal como Indonesia, la República Democrática del Congo, o los países amazónicos, en los que la titularidad de los bosques y selvas es de los gobiernos; la falta de alineación de los instrumentos de política pública con el marco legal e institucional, aunado a una política de subsidios equivocada y contraproducente, ha estancado el desarrollo de estas comunidades rurales y del sector forestal nacional.

Hoy en día, alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques son manejadas por empresas forestales comunitarias en nuestro país. De acuerdo con datos de Programa Estratégico Forestal 2025 de México, esa cifra podría crecer hasta alcanzar 21.6 millones de hectáreas de bosques y selvas, que podrían ser incorporadas a esquemas de manejo forestal. Para ello, es fundamental que las políticas públicas y el marco legal se orienten claramente al desarrollo de capacidades productivas y empresariales de las empresas forestales comunitarias, así como al fortalecimiento de la gobernanza y reconocimiento del liderazgo comunitario en los territorios forestales.

Los obstáculos que enfrentan las comunidades y ejidos para manejar y aprovechar de forma sustentable sus recursos forestales, como la sobrerregulación; una tramitología compleja y onerosa; la circulación de productos forestales de origen ilegal -entre 28 y 60% del volumen del mercado- la falta de incentivos para la generación de capacidades productivas, y la marginación impuesta a las comunidades respecto a los procesos de planeación de su territorio, propician el desinterés de los dueños de la tierra en el manejo y conservación de los bosques y selvas.

Asimismo, cierto tipo de políticas públicas e incentivos económicos propician el cambio de uso de suelo para desarrollar otras actividades productivas que les puedan ser más rentables, tales como el uso de sus tierras para la ganadería y agricultura a costa de la deforestación. Otras amenazas sobre los territorios también propician de manera creciente la pérdida de los bosques y la erosión de las estructuras comunitarias, tales como la minería y otras formas de industria extractiva.

Pese a esta situación, muchas empresas forestales comunitarias mexicanas son un ejemplo a seguir en el mundo, ya que mediante la gestión sustentable de los recursos forestales generan beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales, y conservan la cobertura forestal y la biodiversidad.

En numerosas comunidades del país este ejemplo incluye un manejo integrado del territorio, es decir que abordan simultáneamente el aprovechamiento forestal, la producción de alimentos con sistemas agroecológicos, el monitoreo de la calidad del agua y la conservación voluntaria de atributos de alto valor de conservación dentro de sus territorios. Prácticamente todos los ejidos y comunidades que aprovechan sus bosques han establecido medidas para proteger cuerpos de agua, biodiversidad, sitios arqueológicos o con valor ritual o paisajístico, y otros atributos de importancia ambiental o cultural. Además, estas comunidades han alcanzado altos niveles de gobernanza interna y organización comunitaria, y generan empleos e ingresos para las familias, gracias a lo cual se reduce la presión para el cambio de uso de suelo o el abandono de las parcelas.

“La mejor forma de conmemorar el medio ambiente es tomando todas las medidas necesarias para reconocer, valorar y apoyar a las comunidades que viven en los bosques y cuidan de ellos. Cada día hay más evidencias de que los ecosistemas mejor conservados son aquellos que están en manos de comunidades y ejidos. Un ecosistema que es aprovechado de forma racional y con visión de largo plazo por sus legítimos dueños, no sólo les asegura una vida digna, sino que además garantiza la conservación de la biodiversidad, nos provee de agua, captura carbono y ayuda a regular el clima. No hay más que ver las cifras y las experiencias en diversas partes del mundo”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México tiene la enorme oportunidad de fortalecer a estas comunidades, darles certidumbre jurídica y garantizar sus derechos, con una política clara y decidida de apoyo al manejo forestal comunitario.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, cuyo lema para este 2017 es “Conectar a las personas con la naturaleza. En la ciudad y en el campo”, el CCMSS hace un llamado a reconocer el loable trabajo que realizan las y los campesinos para proveer alimentos, propiciar la recarga de los mantos acuíferos, generar aire limpio y fresco, la captura carbono y la conservación de la flora y fauna.

 

Recomendaciones

La mejor estrategia para garantizar los beneficios que los bosques nos brindan es fortalecer desde todos los frentes el manejo forestal y la gobernanza comunitarias y el desarrollo de capacidades productivas:

– Desde el marco legal, mediante leyes que realmente coloquen en el centro del manejo de los bosques el hecho de que estos son propiedad de las comunidades.

– Desde la elaboración y aplicación de políticas públicas, tales como: una política de compras verdes, un combate integral al mercado ilegal de madera y materias primas forestales; un apoyo decidido de las capacidades técnicas, de gestión y gobernanza de las comunidades; un régimen fiscal diferenciado, considerando que las comunidades forestales no son entidades de lucro y que dejan muchos beneficios tangibles e intangibles en sus comunidades y para la sociedad en general.

– En la mejor coordinación interinstitucional y en todos los niveles de gobierno.

– En la asignación de recursos, pues no hay política que funcione sin un presupuesto claro y orientado a la consolidación de procesos de desarrollo.

– Con el reconocimiento, valoración y visibilización de los enormes e invaluables beneficios que estas comunidades nos proveen a quienes vivimos en ámbitos urbanos.

 

 Descarga el documento:

Día Mundial del Medio Ambienta 2017

 

*Fotografia principal: Archivo CCMSS

Con ingenio, el ejido El Rosario conserva y maneja de forma sustentable sus bosques











Sinopsis:

En el ejido Ingenio El Rosario, en la región de Cofre de Perote, Veracruz, la mayor parte de la población tiene empleo, las familias están juntas porque no tienen que salir a buscar trabajo a otra parte. Con las labores de manejo y aprovechamiento de su bosque, el Ejido genera ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de su población.

En las 511 hectáreas de bosque que posee el ejido y que tiene en propiedad colectiva y uso común se realizan trabajos continuos de manejo de sus recursos forestales, como brechas corta fuego, pre aclareos, podas, reforestaciones, control de plagas, trazado de caminos y labores de aprovechamiento del arbolado, esto de acuerdo con su “Programa de Manejo Forestal” y la autorización de aprovechamiento otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El ejido tiene un permiso para cosechar cerca de 6 mil metros cúbicos de madera por año. Entre las especies que aprovechan se encuentran los pinos patula, ayacahuite y ailes.

La madera que cosechan la venden en rollo y por ella obtienen ingresos de alrededor de 6 millones de pesos. Con estos ingresos el ejido cubre el pago a los ejidatarios -trabajadores que participan en las labores de aprovechamiento forestal y en los trabajos de restauración del bosque-. Asimismo, otra parte de los ingresos se invierten en obras de mejoramiento de la infraestructura y servicios del ejido y, finalmente, con los recursos restantes, se realiza un pequeño reparto de utilidades.

José Luis Rangel, asesor técnico del ejido, destaca que el bosque de Ingenio El Rosario, gracias a su buen manejo y conservación, tiene un incremento medio anual de 4 metros cúbicos por hectárea.  Es decir, cuatro veces mayor que la media nacional.

En El Rosario se tiene una gran tradición forestal, pues llevan más de 30 años de manejo y aprovechamiento sustentable de su bosque, esto a pesar de las vedas forestales que han sufrido, como la de 1982 a 1989, periodo en el que por decreto presidencial no pudieron aprovechar sus recursos forestales a pesar de que esa era su única fuente de ingresos. “Nos las tuvimos que arreglar como pudimos para subsistir,” acota el asesor técnico.

Adicionalmente, el ejido enfrenta el problema de la sobrerregulación que se ha impuesto a los productores forestales. Para poder realizar un aprovechamiento forestal legal, tienen que cumplir con múltiples tramites que incluyen estudios, pago de derechos y cumplimiento de complicados requisitos que le quitan a la actividad sus posibilidades de ser competitiva frente a las importaciones y a la producción de madera de plantaciones comerciales.

“A veces, tenemos que hacer dos viajes por semana a las oficinas gubernamentales de Jalapa, que nos quedan a dos horas de distancia, hasta que nos dan los documentos. Esto representa gastos de transportación y la pérdida de tiempo, porque esos días ya no podemos trabajar en el bosque,” explica José Luis.

Entre más tiempo se retrasa la emisión de los permisos y autorizaciones los compradores les bajan el precio de compra de la madera, porque también a ellos les generan gastos estos contratiempos.

Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

Jaime Crespo Báez, ex comisariado ejidal y coordinador de los trabajos de manejo forestal en el Ingenio El Rosario, comenta que los periodos de veda que han enfrentados fueron muy complicados y lamenta que “pareciera que a las autoridades les importa más una lagartija que la gente que vive en los bosques.”

Explica que el ejido es un ejemplo de buen manejo y aprovechamiento forestal, no solo por la buena conservación del arbolado, pues también se llevan a cabo trabajos de conservación de suelos, de agua y de biodiversidad.

“Mucho antes de que se pusieran de moda estas medidas de conservación de la flora y la fauna, el ejido ya realizaba un cuidado muy especial de los animales, sus madrigueras, los nidos y las plantas que crecen en el bosque,” recalca.

José Luis Rangel, resalta que cuando se lleva a cabo la cosecha de madera, los trabajos se realizan con mucha atención, vigilando que se haga el menor maltrato posible del bosque, los derribos se hacen buscando no afectar a los otros árboles que están en pie; los carriles de arrime se trazan de tal forma que no generen afectaciones y al terminar los trabajos de cosecha se deja completamente limpia la zona del aprovechamiento, para que las coronas y ramas no sean un foco de infección de plagas ni se propaguen los incendios.

Además de todo lo anterior, refiere el ex comisariado que el ejido ha creado una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) con la cual se reforzarán las actividades de conservación del territorio ejidal.

Jaime Crespo detalla que el Ejido participa en el Programa de Pago por Servicios Ambientales por los que recibe anualmente una pequeña compensación por cada hectárea de bosque que se encuentra bajo el esquema en conservación. “Ese dinero en realidad no nos alcanza para realizar los trabajos necesarios para garantizar la conservación, como son las brechas cortafuego, la señalética, las obras de retención del suelo; sin embargo, el ejido está comprometido con la conservación e invierte recursos adicionales para financiar los trabajos que requiere el bosque.

“Nosotros creemos que los servicios ambientales que presta el bosque del ejido son muy importantes pues aseguran la infiltración que permite el abasto de agua potable a la ciudad de Coatepec y el abasto al comercio y a la industria regional.  Creemos que ellos –los usuarios del agua-, deberían también preocuparse por la conservación del bosque y contribuir para sufragar los costos del buen manejo y la conservación. Pero esto no es así, ellos solo pagan por los costos de conducción del agua, pero nunca pagan los costos de conservación de las cuencas de abasto,” subraya.

Jaime Crespo, quien ha acudido a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para mostrar las ventajas del manejo forestal comunitario, refiere con tristeza que “los beneficiarios de los servicios ambientales, como las empresas, las ciudades y los productores de cítricos y de ganado; son quienes nos tachan de tala montes y depredadores del bosque. Lo dicen sin conocimiento de causa.”

Del tepetate al verdor de un bosque: Manejo forestal comunitario en Acolihuía

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Sinopsis:

Del calor abrazador y la aridez de los suelos de tepetate, un ejido del estado de Puebla logró el verdor y la frescura de un bosque joven en terrenos que durante décadas fueron degradados por actividades de ganadería intensiva.

Además, gracias a sus actividades de manejo y aprovechamiento forestal en su bosque natural han generado ingresos para el mejoramiento de la infraestructura del ejido en beneficio de todos los habitantes.

En el ejido Acolihuia, perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla, llevan más de 28 años manejando su bosque bajo un esquema de manejo forestal comunitario, los 384 ejidatarios se organizan en 32 grupos, conformados por 12 personas cada uno, para realizar trabajos de mantenimiento en el monte.

En este ejido no hay problemas de tala ilegal ni de incendios. Todos los días del año hay, al menos, una cuadrilla que da rondines de vigilancia en el bosque y realiza trabajos de reforestación, poda, chapeo y pre-aclareo que permiten una regeneración más rápida de las zonas intervenidas del bosque. Asimismo, con estos trabajos previenen la generación y propagación de incendios forestales.

En Acolihuia cuentan con 32 cuadrillas, una para cada día del mes, que realizan las actividades de cuidado del bosque que les son asignadas por el comisariado ejidal. Además, la denominada “cuadrilla 32”, se encarga de vigilar que los otros grupos cumplan con sus deberes en el monte y rinde informes de desempeño toda la asamblea.

En las 477 hectáreas de bosque natural con las que cuenta este ejido, se pueden apreciar sectores con distintos grados de crecimiento del arbolado, pues a lo largo de casi tres décadas han intervenido algunas áreas para la extracción de madera que venden en rollo a aserraderos de la región. Esto, siempre de acuerdo con las especificaciones técnicas de sus planes de manejo y autorizaciones de aprovechamiento aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Todas las áreas intervenidas ya se encuentran en proceso de regeneración gracias a las actividades de reforestación y seguimiento del crecimiento de los árboles que realizan los ejidatarios y el técnico forestal. De hecho, las zonas que fueron cosechadas hace 15 años o más, parece que nunca fueron intervenidas por las excelentes tasas de crecimiento del arbolado.

Rogelio Carmona Lozada, presidente del comisariado de Acolihuia, refiere que su permiso de aprovechamiento vigente, que va en la octava anualidad, les permite extraer 4 mil 500 metros cúbicos de madera por año, con un valor aproximado de 5 millones de pesos. Los ingresos obtenidos por la venta de la madera se reparten, por igual, entre todos los ejidatarios, y una parte de esos recursos se destinan a obras para el mejoramiento del propio ejido.

“Ocupamos dinero para reparación de caminos, alumbrado y mejoramiento de escuelas,” acota Rogelio Carmona.

Explica que no han podido avanzar hacia la construcción y puesta en marcha de un aserradero, en el cual pudiesen transformar las trozas de madera en tablas o tarimas y obtener aún mejores ingresos. Esto, por la desventaja competitiva en la que se encuentran; ya que en el mercado circula mucha madera de origen ilegal que se vende a un precio hasta 35 por ciento más bajo y así, resulta inviable vender la madera aserrada.

Los planes de manejo forestal comunitario cuentan con estudios de impacto ambiental y con base en la densidad y características del bosque se determinan las tasas de intensidad de corta. Además, cuando se llevan a cabo los trabajos de aprovechamiento de la madera, no se tiran todos los árboles, se dejan en pie aquellos que tienen nidos y madrigueras de la fauna silvestre.

“Ponemos algunos troncos y ramas que les pueden servir de refugio a los animales que transitan por este bosque y no permitimos que se pongan cercas en los predios para no obstruir el paso de los animales. Con esto contribuimos a la conservación de la biodiversidad,” detalla Carlos Pérez Sebastián, asesor técnico del Ejido Acolihuia.

Añade que además de conservar el bosque con el manejo forestal comunitario, el ejido coadyuva en la provisión de servicios ambientales como la infiltración de agua para la recarga de los mantos acuíferos, la captura de carbono, la purificación del aire y la belleza escénica.

Regeneración y recuperación de suelos

El ejido cuenta con otro polígono de 550 hectáreas, que hasta hace 10 años se encontraban en terribles condiciones de degradación, producto de prácticas insostenibles de pastoreo intensivo. Cabe mencionar, que el municipio de Chignahuapan es líder en el estado de Puebla en la producción de ovinos.

Sin embargo, no sin resistencia y gracias a los beneficios que los ejidatarios han obtenido del manejo y aprovechamiento forestal sustentable, decidieron emprender un proyecto de recuperación de esas tierras degradadas. Desde el año 2007 comenzaron sus actividades de reforestación con distintas variedades de pinos que son resistentes a la sequía y que no requieren de tantos nutrientes del suelo para crecer.

Al día de hoy, en las zonas del predio en las que los árboles han logrado un mejor crecimiento, de entre 4 y cuatro metros, el suelo presenta síntomas de recuperación, la propia sombra que generan los árboles permite la retención de humedad y regula la temperatura. En contraste, a unos cuantos kilómetros, en las áreas de este polígono degradado que aún no han sido reforestadas se aprecia un paisaje de desolación, “árido, con suelos de tepetale,” refiere el ingeniero forestal, Carlos Pérez.

Los planes a corto y mediano plazo del ejido Acolihuia son seguir incorporando áreas de regeneración, para que las siguientes generaciones puedan manejar y aprovechar esos bosques que ellos mismos han sembrado.

Fotografías: Archivo CCMSS

Los bosques requieren la innovación de los jóvenes; es necesario mejorar sus espacios de participación











Sinopsis:

Los jóvenes son agentes muy capaces de detonar el desarrollo en el medio rural, sin embargo, suelen estar marginados de las actividades productivas, de la toma de decisiones y del acceso a los recursos, particularmente a la tierra. Esta falta de oportunidades los orilla a la migración en busca de mejores condiciones de empleo y desarrollo en otros lugares, a las ciudades. Aunque muchas de las veces, tampoco las encuentran las oportunidades en esos sitios.

De acuerdo con datos de la Comisión Forestal para América del Norte (COFAN) de la FAO, en el sector forestal, a nivel mundial, tanto los jóvenes como las mujeres carecen de espacios de participación activa en las actividades productivas y en la toma de decisiones, lo cual limita el desarrollo del sector y desaprovecha el bono poblacional de los países. No obstante, que la población rural se está envejeciendo.

El estudio desarrollado conjuntamente ente la Sagarpa y la FAO, titulado Envejecimiento de la población rural en México, refiere que las personas que participan en actividades de silvicultura y recolección tienen en promedio una edad de 49.9 años, lo cual puede significarles limitaciones en el uso de tecnologías y mecanismos innovadores para el desempeño de sus actividades.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010, México cuenta con alrededor de 35 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, de los cuales un 12 por ciento vive en zonas rurales; aunque cada vez más se va reduciendo el tamaño de la población rural por la migración de este sector de la población hacia las ciudades, lo cual desvincula a los jóvenes de su relación con el medio ambiente.

Si bien es cierto que en los últimos años se han incrementado las oportunidades de empleo en el sector rural para los jóvenes y las mujeres, muchos de estos empleos suelen ser mal remunerados, lo cual le impide las personas acceder a mejores condiciones de vida y desarrollo.

La misma COFAN destaca que “las reformas institucionales relacionadas con la tenencia de tierras forestales, el acceso a los mercados y la capacidad de desarrollo en el ámbito de la ordenación forestal sostenible no pueden ser fructíferas sin una plena participación de las mujeres y los jóvenes.” Esto es uno de los grandes pendientes en países como México.

En un documento emanado de la 28 reunión de la COFAN celebrada en Campeche, México, en 2016, se establece que “las iniciativas educativas para la juventud, la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con el sector forestal y la participación de los jóvenes sobre temas forestales son aún inexistentes o, en el mejor de los casos, muy limitadas.” Por lo que es indispensable redoblar esfuerzos para “llegar a los jóvenes y lograr su participación para garantizar que la generación siguiente contribuya a un sector forestal sostenible y capaz de satisfacer las necesidades del futuro.”

La importancia de que los jóvenes participen en los debates relativos al manejo, conservación y aprovechamiento de los bosques radica en que ellos serán los principales afectados por los efectos causados por la degradación forestal.

La degradación de los bosques pone en peligro la seguridad alimentaria y las condiciones generales de vida de todas las personas, particularmente los sectores de la población más vulnerables, quienes viven en los estos ecosistemas y dependen de ellos para su subsistencia. “Los jóvenes serán los más expuestos a los efectos a largo plazo de la degradación forestal, debido a su mayor esperanza de vida. Tendrán que vivir durante bastante tiempo con las consecuencias del deterioro de los bosques que puedan heredar.”

Es necesario abatir las brechas de género que permean al sector forestal, y para ello, una buena medida, es la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas que incidan sobre los bosques. De acuerdo con Eva Müller, directora de la División de Políticas y Recursos Forestales de la FAO, se debe “mejorar la coordinación entre los ministerios técnicos y los grupos de la sociedad civil que representan a las mujeres y los jóvenes, para fomentar una mejor comprensión de los derechos, las necesidades, las prioridades y las capacidades de los hombres, las mujeres y los jóvenes en el sector forestal.”

La COFAN recomienda que los jóvenes no deben ser testigos pasivos de las prácticas forestales. “Se encuentran en condiciones de inventar y desarrollar nuevas formas de actuación y activismo y de crear respuestas eficaces para las cuestiones que generan preocupación.”

Sin embargo, para lograr una mayor vinculación e interés de la juventud en los temas forestales, es necesario reforzar los programas educativos e incluir estas temáticas en programas escolares, para que comprendan la importancia que tienen los bosques para su vida diaria y para el futuro del planeta.

Si bien es cierto que las escuelas han incluido en sus programas educativos asignaturas relacionadas con el medio ambiente y los bosques, la falta de conocimientos especializados de los profesores puede suponer una barrera para transmitir los mensajes y conocimientos apropiados sobre el tema. “Esta es un área en la que los técnicos forestales pueden ofrecer sus conocimientos especializados de una forma más dinámica, colaborando con las escuelas y organizando visitas a las aulas o excursiones sobre el terreno,” refiere el documento de la COFAN titulado “Genero, Juventud y Enseñanza” de 2016.

 

Las mujeres rurales y los bosques

paisajes bioculturales










Sinopsis:

 

paisajes bioculturales

Las mujeres juegan un rol preponderante en la conservación de los bosques y de la biodiversidad, a pesar de que su participación en la toma de decisiones en el sector forestal, a nivel mundial, está restringida y de que no reciben la remuneración adecuada por su trabajo.

El estudio de la FAO titulado: Los bosques, la seguridad alimentaria y el género, resalta que “las mujeres son actores eficaces y agentes de cambio en la mitigación y adaptación al cambio climático, pues poseen un gran cúmulo de conocimientos y competencias que se pueden utilizar en la mitigación del cambio climático, la reducción de catástrofes y las estrategias de adaptación” si se las empodera en el diseño de estrategias y toma de decisiones en el manejo sustentable de los bosques.

Además, generalmente son quienes administran los alimentos y otros recursos, como la leña, que obtienen de los bosques. “Como responsables de la gestión de los recursos naturales, las mujeres influyen en la cantidad total de diversidad genética conservada y utilizada, asimismo, trabajan para contrarrestar la disminución de la biodiversidad causada en parte por los hombres a favor de monocultivos orientados a la ganancia en efectivo.”

Por ello, recomienda el estudio que “los programas y políticas forestales que tienen como objetivo ser socialmente sensibles deben tener en cuenta las dimensiones de género del uso de los recursos, necesidades, acceso, conocimientos y estrategias para abordar el cambio climático.”

En México 14 millones de mujeres viven en el medio rural, y de ellas, 3.5 millones son indígenas que padecen una serie de inequidades que hace más complejas sus actividades de generación de ingresos, alimentos y manutención de sus hogares y familias.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en el medio rural mexicano, “la participación de las mujeres en las actividades del campo, además de sus funciones reproductivas, en la producción de bienes y servicios y en la contribución al ingreso familiar, muestra una tendencia creciente a asumir la jefatura de los hogares a raíz de la emigración masculina, del abandono del hogar por fallecimiento o separación conyugal, por la incorporación a labores remuneradas de mujeres en los rangos de mayor edad. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, pero también propician situaciones de mayor inequidad al asumir más responsabilidades en la supervivencia del hogar, sin dejar de realizar las tareas domésticas.”

 

Tenencia de la tierra y toma de decisiones 

En este sentido, la FAO subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los procesos de gestión y toma de decisiones en materia forestal aumentar la concienciación de las funciones de las mujeres y los hombres en la gestión sostenible de bosques y árboles, lo cual coadyuvará a gestionar de mejor forma los conflictos causados por la competencia entre los distintos usos de los bosques y sus productos, y garantizar que se mantengan los derechos tradicionales e indígenas de mujeres y hombres sobre el uso de los ecosistemas forestales.

Asimismo, es fundamental garantizar que mujeres y hombres reciban capacitación, y tengan acceso a información y otros servicios externos para incrementar la productividad mediante la utilización de tecnologías nuevas y mejoradas, y aumentar la capacidad de las comunidades para sacar el máximo provecho de las funciones complementarias de mujeres y hombres.

Con una perspectiva de igualdad de género en el sector forestal se potenciarían las actividades de regeneración de los bosques, conservación de la biodiversidad, protección de las cuencas hidrográficas y la asignación de permisos de aprovechamiento de los bosques.

Las mujeres, en comparación con los hombres, generalmente se encuentran en desventaja en cuanto al acceso a los recursos forestales y a las oportunidades económicas en el sector forestal debido factores como los bajos niveles de alfabetización, educación, capacidades físicas y competencias técnicas; además de menor acceso a los servicios de extensionismo y crédito para emprender proyectos productivos; limitaciones de tiempo y movilidad, acceso limitado a los mercados y a la información relacionada con el mercado; discriminación en la propiedad convencional de los bosques y árboles y productos arbóreos y de los regímenes de tenencia; menor participación en las instituciones rurales, como los comisariados ejidales y de bienes comunales.

Sobre la tenencia de la tierra, la misma FAO precisa que en el Objetivo de desarrollo sustentable número 5, se reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que ello les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.

En esta materia, un estudio que recoge datos de seis países americanos halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México, con un 32.2 %; en Paraguay del 29.7 %; en 20 por ciento en Nicaragua y el 14 por ciento en Honduras.

De igual forma, en México en noviembre de 2016 el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres a contar con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y las comunidades.

Con una modificación al Artículo 37 de la Ley Agraria, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran los comisariados ejidales y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60 por ciento de candidatos de un mismo género, para que las mujeres puedan aspirar a cualquiera de los puestos. Lo mismo que en las comisiones y los secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal o de bienes comunales, se procura la integración de las mujeres.

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué?

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué?










Sinopsis:

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué? 
Cuando los bosques son debidamente gestionados por sus comunidades y adecuados a programas de conservación, esto trae consecuencias importantes a nivel nacional y global. A grandes rasgos, esta es la premisa que guía el manejo forestal comunitario en México desde hace más de tres décadas.

Hasta ahora se han registrado cientos de casos exitosos. Nos referimos a comunidades rurales que activan su economía con ingresos provenientes de los recursos forestales, y simultáneamente fabrican una serie de beneficios ambientales para el mundo y mantienen sus ecosistemas en buenas condiciones.

Una piedra angular dentro de este esquema –comunidades viviendo de sus bosques y protegiéndolos–, es la tenencia de la tierra, o mejor dicho su reconocimiento. Recordemos que  en el caso de México, aproximadamente el 80% de sus bosques y selvas son de propiedad social.

 

Regular a favor de las comunidades: la clave para la conservación medioambiental

comunidades forestales mexico
 

El régimen de tenencia comunitaria en México asombra a muchas otras naciones, ya que de algún modo antecede a una tendencia en boga. Actualmente, los países forestalmente más importantes han reformado sus políticas públicas en favor de las comunidades rurales forestales, proporcionándoles una mayor accesibilidad a los recursos del bosque y reconociéndolos como agentes decisivos de restauración y conservación. Pero la clave está en que esta tenencia se reconozca de forma activa dentro del marco legal.

¿Por qué es tan importante facilitar a estos grupos al aprovechamiento de su territorio? Es indiscutible que ellos, mejor que nadie, conocen dichas tierras. Esto resulta de haberlas habitado, y por lo tanto de haberse familiarizado con sus recursos y particularidades, desde hace generaciones. Pero para que este conocimiento se pueda aprovechar en favor de la conservación del territorio, estos grupos deben tener la posibilidad de vivir de sus bosques. De lo contrario, lo más probable es que, entendiblemente, terminen vendiendo o subarrendando sus tierras para actividades agrícolas a gran escala, industriales o inmobiliarias.

Por lo anterior las políticas públicas deben garantizar dichas facilidades, evitar una    sobrerregulación para que las comunidades puedan implementar planes de gestión y en cambio promover la capacitación y fortalecer la gobernanza entre estos grupos.

Mucho se ha dicho sobre la importancia del manejo forestal comunitario como instrumento para retrasar el cambio climático. La posibilidad de frenar la emisión de gases mediante el aumento de secuestro de carbono en los bosques y la restauración de tierras degradadas está ya plenamente comprobado. En el caso de México, la sobrerregulación dificulta esta labor y, según estudios detallados sobre el tema, amenaza la posibilidad de cumplir con las metas climáticas.

 

Generar incentivos para la conservación y aprovechamiento

 

Los beneficios que provee el bosque son múltiples, pero quizá los más importantes tienen que ver con la provisión de agua en cantidad y calidad, la captura de carbono y otros contaminantes, la prevención de la erosión de la tierra, la modulación del impacto climático y los relacionados a fines culturales.

Una manera de reconocer los trabajos de conservación de los dueños de estos bosques ha sido el pagos por servicios ambientales (PSA). Este esquema premia las acciones de protección, lo cual se traduce en recompensar el no tocar los bosques, en lugar de  incentivar a las comunidades para que implementen planes de aprovechamiento, restauración y conservación.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha trabajado en un esquema alternativo de PSA. Este “Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales para el Manejo Integrado del Territorio (PASMIT)” se lleva implementando desde hace cinco años en la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo, en el Estado de México. Hasta ahora el programa ha logrado capacitar a  ejidos de la zona para que lleven a cabo proyectos de manejo y protección de los recursos naturales, a través de prácticas forestales y también agrícolas sostenibles. Al mismo tiempo, las comunidades han tenido la oportunidad de mejorar la calidad de sus parcelas y ofrecer al público una serie de servicios ambientales, así como productos orgánicos frescos.

México posee todas las bases necesarias para detonar un futuro sostenible, pues, nos encontramos ante uno de los retos nacionales más ambiciosos en cuanto a flujos económicos refiere: la posibilidad de establecer una economía basada esencialmente en insumos nacionales que, al mismo tiempo, fortalezcan la calidad de vida.

 

*Imágenes: 1) Creative Commons; 2) Pronatura – video ; 3) Wikimedia Commons

PRONUNCIAMIENTO PARA EXIGIR UN PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY FORESTAL!

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Sinopsis:

 

Un grupo amplio de comunidades y organizaciones que trabajamos en torno al manejo sustentable de los bosques, y que participamos en instancias tales como el Consejo Nacional Forestal, varios Consejos Estatales Forestales, Comités de Recursos Naturales y Uniones Regionales estamos preocupados porque legisladores del Partido Verde y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pretenden aprobar en este periodo de sesiones una iniciativa de Ley Forestal que no resuelve los problemas que enfrentamos en el sector y que no incorpora ninguna de las propuestas que se han hecho por diversas organizaciones.

Quienes hacemos este pronunciamiento estamos solicitando que no se apruebe el actual borrador de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que se abra una discusión en la que participemos comunidades forestales, academia, organizaciones civiles y todos los interesados.

El martes 7 de febrero entregaremos a legisladores y funcionarios del sector el Pronunciamiento, nos daría mucho gusto contar con su respaldo en esta petición.

PRONUNCIAMIENTO

A los Legisladores del H. Congreso de la Unión

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR

Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros

A los consejos estatales forestales

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las Organizaciones Indígenas y Campesinas

A las Organizaciones de la Sociedad Civil

A la Opinión Pública en General

 

Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016.

Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.

Consideramos necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

Cabe destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada.

El 20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión.

Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.

Este Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.

Consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles.

En cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente.

El pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso.

Atentamente

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental, CEMDA; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO.

FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO 

SI TE PARECE RAZONABLE SUSCRIBIR NUESTROS PLANTEAMIENTOS, ENVÍA TU SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CORREO: gsuarez@ccmss.org.mx

PREFERENTEMENTE ANTES DEL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2017

 

(Actualización al 10 de febrero de 2017)

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

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Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

¿Cuánto carbono almacenan los bosques comunitarios en México?

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Manejo forestal comunitario en Oaxaca: el bosque protegido por comunidades y ejidos











Sinopsis:
Foto: Consuelo Pagaza

Foto: Consuelo Pagaza

El estado de Oaxaca es una de las entidades de la República mexicana con mayor riqueza biocultural. A lo largo de los siglos, las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado esos terrenos han procurado la conservación de la biodiversidad a través de su manejo y uso sustentable.

De acuerdo con datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Oaxaca cuenta con 1,310 núcleos agrarios, con   una superficie de 4.8 millones de hectáreas, de las cuales 3.1 millones de ha. presentan cobertura forestal, es decir, el 65 por ciento de la entidad esta cubierta por bosques y selvas. Además, el estado cuenta con 23 de los 32 tipos de vegetaciones reconocidas en el país. Toda esta riqueza natural es producto de su geografía y la interacción y manejo de las comunidades locales con la biodiversidad.

De esta gran riqueza forestal que posee el estado dependen más de 700 mil personas, que obtienen sus ingresos y alimentos mediante actividades de manejo del bosque.

El 80 por ciento de los bosques oaxaqueños son propiedad de más de mil 600 pequeños productores, 860 grupos comunitarios y 760 poblados. La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades indígenas, que ancestralmente han vivido e interactuado en esos parajes forestales.

A través del manejo forestal comunitario, muchos de estos grupos poseedores de terrenos forestales han logrado consolidar empresas, con una gobernanza sólida, que dan mantenimiento a los bosques y extraen productos forestales maderables y no maderables de forma sustentable. Muchas de estas empresas forestales operan desde hace más de 20 años bajo esquemas sostenibles que han sido evaluados bajo los estándares internacionales de manejo forestal, del Forest Stewarship Council (FSC).

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Al día de hoy, Oaxaca posee una superficie certificada bajo el estándar del FSC en manejo forestal de 74 mil 752 hectáreas, y otras 25 mil 712 hectáreas se encuentran en una etapa avanzada del proceso de certificación, lo cual garantiza que realizan un manejo sostenible de sus recursos forestales.

Más allá de solo producir madera en rollo, las empresas forestales comunitarias de Oaxaca han desarrollado proyectos que dan valor agregado a la madera cosechada, a través de la operación de aserraderos, carpinterías y mueblerías. Esto ha permitido posicionar a la entidad como el cuarto productor nacional forestal.

En 2014 el estado produjo 372 mil 495 metros cúbicos de productos forestales, de los cuales 302 mil 646 corresponden a escuadría de pino y, en menor medida, de encino. También se produjeron 15 mil 600 metros cúbicos de celulósicos; 19 mil 400 metros cúbicos de leña y 2 mil 614 metros de postes, polines y morillos.

El valor de la producción forestal de Oaxaca, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico del sector Forestal de la CONAFOR de 2014, fue de 302 millones 646 mil 834 pesos, lo cual representó el 6 por ciento del valor de la producción nacional.

No sin esfuerzo y anteponiéndose a la sobre regulación del sector forestal en México, que dificultan el emprendimiento de actividades de manejo y aprovechamiento forestal sustentable; algunas comunidades y ejidos forestales de Oaxaca, como Pueblos mancomunados de Ixtlán, San Pedro el Alto, La Trinidad Ixtlán, San Mateo Capulapam, Santiago Xiacuil, Santiago Comaltepec, entre otros; han logrado diversificar sus actividades productivas con los recursos obtenidos por el manejo de sus bosques, como la puesta en marcha de purificadoras y embotelladoras de agua, proyectos de ecoturismo, tiendas de abarrotes, restaurantes, papelerías, etcétera.

Además, financian obra pública en sus respectivas comunidades y apoyan la preparación académica de jóvenes y niños para que, más tarde, se desempeñen en las labores del manejo forestal.

Estas comunidades forestales de Oaxaca realizan actividades de conservación de la biodiversidad respaldadas con un Plan de Manejo y estudios de impacto ambiental que incorporan buenas prácticas de conservación de la biodiversidad, como no destruir nidos y madrigueras, ni cosechar árboles que puedan afectar el tránsito de las distintas especies de fauna que habitan esos bosques.

En Santiago Xiacuí, Oaxaca, relata Gerardo Martínez González, presidente del consejo de vigilancia del comisariado de esa comunidad, que más allá de la vigilancia y las auditorías que realiza la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) y auditores del FSC, los mismos comuneros vigilan que todos los trabajos en el bosque se lleven a cabo “como se debe, sin dañar la vegetación ni a los animales”.

Enfatiza que la gente es consciente de todo lo que les provee el bosque y por ello deben conservarlo en las mejores condiciones.

Adicionalmente, y como prueba del compromiso con la diversidad biológica oaxaqueña, las comunidades forestales han mejorado sus programas de manejo para incorporar un conjunto de prácticas de conservación al aprovechamiento forestal a nivel de sitio, de rodal y de paisaje. Además, se han acordado establecer 136 áreas de conservación voluntarias designadas bajo esta categoría por los propios comuneros y ejidatarios, que suman 129 mil hectáreas de bosque. Esta superficie los coloca como el estado del país con mayor extensión de bosques bajo esta categoría de conservación.

El manejo forestal comunitario que se realiza en Oaxaca no es único, ya que existen muchos casos de éxito documentados en esta materia en otras entidades, como Estado de México, Quintana Roo, Campeche, Durango y Chihuahua.

Manejo Forestal Comunitario en México: un modelo emergente de manejo sustentable de ecosistemas forestales

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario










Sinopsis:

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario

Autores: Gerardo Segura, Leticia Merino-Pérez, David B. Bray, Alberto Cárdenas Jiménez 

La aparición en los últimos 25 años de un número apreciable de casos de bosques templados y tropicales manejados por las comunidades en tierras de propiedad común en México ofrece un ejemplo único en el mundo de cómo las comunidades pueden alcanzar un tipo de ordenación de los ecosistemas más integrado, que favorece además la evolución socioeconómica en las poblaciones rurales indígenas y no indígenas de escasos recursos.

Como resultado de las reformas agrarias que surgieron a partir de la Revolución Mexicana, en los primeros decenios del siglo XX buena parte de los derechos sobre las tierras forestales fueron transferidos a las comunidades rurales, y se estima que a final de los años setenta un 80% de la superficie forestal total del país estaba bajo el control comunitario.

A través de la historia, las comunidades y sus empresas forestales tuvieron que librar diversas batallas para obtener el control de sus derechos de propiedad y del aprovechamiento de su base de recursos forestales, gracias a lo cual se han adaptado las formas tradicionales de organización social a las modernas condiciones socioeconómicas, dando así lugar a una nueva forma de capital social. Este proceso ha conducido a la creación a unas 290-470 empresas forestales comunitarias con diferentes niveles de integración vertical, que manejan sus bosques con fines de producción maderera comercial y son en su mayoría muy rentables. El nivel de madurez de muchas de esas comunidades les permite manejar sus bosques con un enfoque más orientado al ecosistema, que va más allá de la producción maderera para explorar nuevas oportunidades de mercado con objeto de diversificar la producción de los ecosistemas forestales con bienes y servicios más beneficiosos para el medio ambiente.

En el contexto mundial actual, que muestra una considerable tendencia a transferir los derechos sobre las tierras forestales a las comunidades locales, el caso de la silvicultura comunitaria en México representa un modelo de eficacia comprobada de aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales, que merece una mayor atención y un análisis más a fondo pues aporta una importante contribución a la comunidad internacional.

 

Introducción

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El régimen de tenencia comunitaria de la mayor parte de los terrenos forestales de México representa un caso único en el mundo en el que los derechos de propiedad de los recursos forestales fueron transferidos a las comunidades rurales durante buena parte del S XX como resultado de la reforma agraria que surgió a partir de la Revolución Mexicana. En la actualidad una extensión considerable de estos bosques de propiedad comunal son manejados con fines productivos por comunidades locales con diferentes niveles de integración y madurez, permitiendo demostrar que este tipo de actividad puede ser un motor de desarrollo regional que genera riqueza económica y bienestar social, además de asegurar la conservación de los bosques y de otros importantes beneficios ambientales asociados a los ecosistemas forestales.

En el contexto internacional actual que muestra una tendencia importante de los gobiernos de muchos países para transferir derechos de propiedad y usufructo de los terrenos forestales a comunidades locales, las experiencias de manejo comunitarios de bosques en México surgen como una contribución importante a la comunidad internacional para explorar nuevos esquemas de desarrollo regional y conservación de los ecosistemas forestales, principalmente en países en desarrollo.

El presente trabajo tiene el objetivo de hacer una revisión general del desarrollo del manejo forestal comunitario en México haciendo una análisis del contexto social y político en el que este modelo ha evolucionado, e identificando su potencial como instrumento para promover el desarrollo sustentable y la conservación de los ecosistemas forestales.

 

Tenencia de la Tierra y Condiciones Socioeconómicas de las Comunidades Forestales en México

atlas propiedad social en mexico

A lo largo del siglo XX la reforma agraria fue sin duda la acción social hacia el campo más importante que llevó a cabo el estado mexicano. Como resultado de la dotación agraria, 53% del territorio continental del país es de propiedad social. En las regiones forestales, diversas fuentes estiman que alrededor del 80% de esta extensión está en manos de ejidos y comunidades agrarias (INEGI, 1997; Procuraduría Agraria 2000), 40% de las cuales fueron transferidas a estos grupos entre 1950 y 1980.

Desde los años 70´s mucho se ha debatido en torno a los impactos del tipo de tenencia en el deterioro de los bosques. En México este debate cobró notoriedad en los años 1990, exponiéndose con beligerancia en distintos medios de opinión, a la propiedad social como la causa última de la pérdida acelerada y el deterioro de superficies forestales. El análisis de las dinámicas de deterioro forestal revela procesos más complejos, en los que sumada a diversos factores, la propiedad social representa en muchos casos retos indudables, a la vez que ofrece también oportunidades y recursos para promover el desarrollo regional y la conservación de los ecosistemas forestales. Más allá de esta polémica, en las condiciones sociales y políticas actuales del campo mexicano, el carácter social de la propiedad de los bosques es un hecho histórico y actual, un punto de partida fundamental para las políticas que buscan incidir en las prácticas de uso de los recursos forestales y en las condiciones de los bosques.

Irónicamente, y principalmente en los últimos 10 años, diez de los países con mayor cobertura forestal del mundo han diseñado o reformado esquemas legales para devolver o fortalecer derechos de propiedad y acceso a los recursos forestales en favor de comunidades locales y grupos indígenas (White and Martin, 2002). Estas políticas han propiciado que en las últimas dos décadas, principalmente en países latinoamericanos, cerca de 200 millones de hectáreas hayan sido transferidas en propiedad o usufructo a comunidades.

Otro punto de partida son las condiciones sociales de los pobladores de los bosques. En México existen 8,420 comunidades forestales con una población estimada de entre 13 y 15 millones de habitantes de la cual un alto porcentaje pertenece a grupos indígenas. Las regiones forestales se encuentran entre las de mayor marginalidad y pobreza en el país en donde más del 50% de su población vive en condiciones de extrema pobreza. La pobreza ha sido una constante en la historia de estas regiones, tradicionalmente aisladas y con fuertes restricciones naturales para la producción agropecuaria y forestal.

 

Evolución del marco institucional y las políticas públicas y sus impactos en el uso de los recursos forestales

Las políticas públicas son un elemento crucial en el uso de los recursos naturales puesto que influyen de manera determinante en los marcos de incentivos y construcción de reglas de uso de los recursos que definen las opciones de los usuarios. Es común que las políticas tengan efectos inesperados, aunque con frecuencia contundentes, en las prácticas de uso de los recursos y en sus condiciones.

La acción política relacionada con el sector forestal se ha caracterizado por la desarticulación y aún la contradicción entre los lineamientos y acciones de distintos temas. Las “señales” que los usuarios de los recursos recibieron de las políticas de dotación de terrenos nacionales, o de reconocimiento de derechos comunales, resultaban opuestas a las políticas de concesiones o vedas forestales, vigentes en las mismas áreas donde se el reparto agrario se llevaba a cabo (Merino 1997, Merino et al. 2000). Otra constante en política hacia el campo ha sido el desconocimiento del carácter forestal de gran parte del territorio del país.

Es en este contexto que durante la mayor parte del sigo XX, las comunidades forestales mexicanas tuvieron derechos limitados sobre el acceso a sus áreas boscosas derivados de políticas en las que el gobierno ejercía control sobre los recursos forestales a través concesiones a empresas privadas y paraestatales. A partir de fines de la década de los 70´s, se dieron cambios importantes en las políticas forestales que junto con movimientos sociales condujeron a nuevos esquemas para permitir que las comunidades manejaran y administraran sus recursos forestales con fines de producción comercial maderable (Bray and Wexler 1996). Este importante período de apoyo al manejo comunitario se debilitó hacia mediados de la década de los 80´s, y no es hasta avanzada la década de los 90´s que un nuevo impulso gubernamental a este sector se reestablece. En 1997 la recientemente creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), puso en marcha proyectos como el de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf) y el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) con los que se buscaba impulsar una nueva política de estímulos al sector forestal. Sin embargo, durante la gestión de Semarnap los escasos recursos con que operaron estos programas limitaron sus alcances.

En la actual administración se han dado importantes cambios en las políticas de apoyo al sector de medio ambiente y recursos naturales en el que el manejo y la conservación de los recursos forestales ha tomado el carácter de prioridad nacional. En consistencia con estas políticas, en 2001 se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como organismo público descentralizado para dar un nuevo impulso al Sector Forestal con base en esquemas de manejo forestal sustentable. La CONAFOR ha reconocido la gran relevancia del manejo forestal comunitario dirigiendo una buena parte de sus esfuerzos a reorientar y fortalecer programas y proyectos existentes como el Prodefor y el Procymaf que están dirigidos a fortalecer la gestión de los productores forestales rurales. Durante sus primeros años de operación, la CONAFOR ha incrementado los alcances y los recursos presupuestales de estos programas a niveles que no tienen precedente la historia de la gestión gubernamental en México.

En este contexto, dichos programas han avanzado en su concepción y en campo. Han buscado fortalecer una estrategia de promoción del uso sustentable de los recursos forestales, dentro de una política que reconoce el valor de los recursos del país y las tendencias del deterioro de éstos como resultado de políticas inadecuadas, manejando como punto de partida la idea de que la situación de los recursos forestales está asociada a la problemática social y económica de las áreas rurales.

 

El Manejo Forestal Comunitario en México como un Modelo de de Desarrollo Rural Sustentable

En la actualidad las áreas boscosas manejadas por comunidades a través de Empresas Forestales Comunitarias (EFC), tanto en bosques tropicales como templados, representan una escala y nivel de madurez único en el mundo. El concepto de manejo forestal comunitario, en el ámbito internacional generalmente se refiere al manejo para uso de productos no maderables o al aprovechamiento de productos maderables para el consumo doméstico (Arnold 1998). En el caso de México, el concepto es diferente en el sentido de que la propiedad es auténticamente social y el manejo esta más orientado a una producción comercial de productos maderables para el que las comunidades han constituido EFC´s que invierten en procesos de transformación y comercialización de productos terminados.

El surgimiento del sector de Empresas Forestales Comunitarias en México es el resultado de un largo proceso de apropiación social que se sustenta en una combinación de políticas públicas, una tradición de activismo rural y el capital social que poseen las mismas comunidades rurales. Aunque el proceso de apropiación inicia después de la Revolución de 1910, no es sino hasta mediados de la década de los 70´s que las condiciones se vuelven propicias para que los esquemas tradicionales de gobierno de las comunidades permitieran la construcción de capacidades de organización y la habilidad de responder a condiciones externas propicias para la consolidación de empresas sociales (Fox 1995, 1996).

En la actualidad no existe un consenso sobre el número de comunidades que activamente manejan sus bosques como principal actividad económica, en contraste con aquellas que venden su madera en pié a empresas privadas. Sin embargo, algunas fuentes estiman que éstas oscilan entre 288 y 740 (Bray et al. 2002), representando alrededor del 5% de las comunidades forestales del país. Estas comunidades han constituido EFC´s con diferentes niveles de integración vertical, muchas de las cuales operan desde mediados de los 80´s (Alatorre 2000). Esta cifra y el área que representa puede parecer pequeña, sin embargo es muy superior a la que se observa en otros países del mundo (Bray et al 2002).

La transición de esquemas de concesiones privadas en bosques comunitarios a un manejo controlado por las comunidades ha permitido mejorar las condiciones de equidad social de beneficios económicos. En muchas de las comunidades que manejan sus bosques los ingresos asociados a la producción forestal han incrementado considerablemente y están siendo invertidos en obras sociales (e.g. escuelas, clínicas de salud, infraestructura de caminos y agua potable) así como en la generación de empleos (Merino 1997, Alatorre 2000). Las EFC´s más avanzadas han logrado consolidar procesos productivos y están demostrando capacidades cada vez mas desarrolladas para el aprovechamiento maderable con fines comerciales, mejorando sus esquemas gerenciales y de rendición de cuentas, y tomando a la vez medidas serias para asegurar el mantenimiento de la productividad forestal, la conservación de la biodiversidad y la protección de otros bienes y servicios ambientales de interés público (Bray et. al 2002, Klooster 2000).

Algunas de las EFC´s más avanzadas han logrado acceder a mercados nacionales e internacionales más competitivos, y están empezando a invertir en procesos productivos verticales que den mayor valor agregado a sus productos forestales, y a diversificar el uso de sus recursos en proyectos de inversión que incluyen actividades como el embotellamiento de agua de manantial, el ecoturismo comunitario y la producción y comercialización de productos forestales no maderables (SEMARNAT/PROCYMAF, 2000). Un estudio reciente de EFC´s en el estado de Oaxaca que evalúa la eficiencia de diferentes esquemas de organización productiva en relación a niveles de integración vertical, muestra que la mayoría de estas empresas son altamente rentables en todos los niveles y que la integración vertical esta relacionada con la extensión del área forestal que es manejada por la comunidad (Antinori 2000).

Un indicador de la evolución del sector forestal comunitario en México que revela su contribución a un manejo forestal más sustentable ha sido la importante extensión de bosques comunitarios que han sido certificadas por organismos externos bajo el esquema del Forest Stewardship Council (FSC). Actualmente un total de 21 comunidades, abarcando más de 510,000 ha han sido certificadas bajo este esquema y 200,000 has mas han sido evaluadas y están en proceso de certificarse. El volumen de madera certificada proveniente de estas áreas representa ya el 10% de la producción maderable de bosque nativo a nivel nacional. México reporta las cifras más altas de certificación de bosques comunitarios en el mundo.

Estas experiencias revelan el potencial de la gestión comunitaria de los bosques, no solo para conservación de los recursos, sino también en su aportación a la gobernabilidad de regiones caracterizadas por su marginalidad y aislamiento. Si bien la tenencia comunal ha sido una factor estructural importante que ha brindado oportunidades para detonar procesos de autogestión y desarrollo rural que contribuyen a la sustantabilidad y conservación de los bosques, es claro que ésta condición no resulta en si misma suficiente. Las comunidades que han tenido éxito en este proceso han basado su desarrollo en el fortalecimiento de estructuras de gobernabilidad tradicionales creando capacidades de auto-regulación y organización que responden a esfuerzos externos de organización (Fox 1995). Otro elemento importante en este proceso ha sido la necesidad de que las instituciones externas, sociales y de gobierno, se articulen con las instituciones comunitarias locales propiciando el desarrollo conjunto de estrategias basadas en el uso forestal del suelo y la valoración económica y social de los bosques.

 

Conclusiones

El modelo de manejo comunitario de bosque en México representa una oportunidad importante a nivel internacional para estudiar las ventajas sociales, económicas y ecológicas de los procesos de devolución de derechos de propiedad a comunidades locales. Este modelo puede convertirse en una alternativa viable para promover el desarrollo regional en el que pueden confluir valores de equidad, conservación ambiental y rentabilidad económica, contribuyendo a enfrentar el problema de la pobreza de las zonas rurales del mundo.

Las experiencias mexicanas de manejo comunitario, sin embargo, debe ser analizada en un contexto más amplio en el que las condiciones de los bosques, tanto de México como del mundo han sufrido transformaciones de peso en los últimos diez años. En este contexto, el sector forestal debe enfrentar nuevos eventos y procesos, entre los mas significativos se encuentran: las nuevas amenazas ambientales, vinculadas al cambio climático; el incremento en la demanda nacional de productos forestales y la tensión entre el uso de los bosque nativos y las plantaciones comerciales; el incremento de la influencia de los mercados internacionales y la globalización; la demanda emergente de servicios ambientales y el desarrollo de nuevos mercados para éstos; y la creciente preocupación internacional sobre las condiciones de gobernabilidad necesarias para asegurar el uso sustentable de los bosques (White, et al. 2002).

Para asumir exitosamente estos cambios el sector y la política forestal requieren avanzar en la resolución de viejos y nuevos retos. Ello requiere de una atención estratégica y ambiciosa por parte de los gobiernos locales y la comunidad internacional. Dentro de las prioridades para fomentar y fortalecer estos retos se requiere: avanzar en la definición clara de derechos de propiedad, respetando las condiciones de la propiedad comunitaria; identificación y promoción de esquemas y modelos de manejo forestal comunitario exitosos; recursos para incrementar las capacidades técnicas y el fortalecimiento del capital social de los productores; fortalecer esquemas de mercado y financiamiento para promover el desarrollo comunitario; y diseñar un marco normativo de incentivos a los productores para hacer un manejo integral y diversificado de sus recursos naturales a favor del desarrollo sustentable y la conservación.

El diseño de una política acorde con estos retos, representa una tarea por demás compleja, puesto que además de la diversidad de condiciones existentes en las áreas forestales del país, los bosques mexicanos son también recursos complejos, bienes comunes, que proveen servicios públicos y valores privados. Se trata en consecuencia de sistemas cuya gestión requiere de la conjunción de perspectivas, voluntades y capacidades.

Referencias

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Merino Pérez, Leticia; Gérez Patricia; Madrid Sergio, (2000). “Políticas, Instituciones Comunitarias y Uso de los Recursos Comunes en México”. En: Sociedad Derecho y Medio Ambiente. Primer informe del programa de investigación sobre aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental en México. CONACYT, UNAM, SEMARNAP.

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White, A. and Martin, A. 2002. Who owns the world´s forests?. Forest tenure and public forests in transition. Forest Trends. 30 pp.


1 Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Av. Progreso No. 5. Col. Del Carmen Coyoacán. 04100, México D.F. Tel. (55) 5628-0600, ext. 15571. E-mail: gsegura@conafor.gob.mx.

 

*Fotografías: Consuelo Pagaza para CCMSS / Imagen 2: Más de México