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Tag Archives: Política pública

El medio ambiente: invisible

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Sinopsis:

 

  • Aunque los temas ambientales son transversales e indispensables en la agenda de desarrollo y crecimiento económico, fueron abordados por los candidatos como un tema accesorio
  • Se relegó la urgencia de fortalecer la institucionalidad ambiental y de decir cómo enfrentar los impactos de los megaproyectos y las amenazas a la biodiversidad
  • Nuevamente, las organizaciones de la sociedad civil demandan a los candidatos diálogo y compromiso, aún están a tiempo

Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en torno a la campaña “10 propuestas para proteger la riqueza natural de México” lamentaron la superficialidad con que se trataron los temas ambientales por parte de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, en el debate que tuvo lugar en Mérida, en el que  la sustentabilidad sería uno de los temas a tratar.

Durante el debate, los candidatos se refirieron a los temas ambientales como cuestiones accesorias, como una categoría marginal, desvinculada de otros temas  clave como la pobreza y la desigualdad, mencionaron las organizaciones.

Esto contrasta con las plataformas del tema ambiental presentadas por las tres coaliciones la semana pasada, en las que se incorporan algunas de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia que a lo largo de la campaña se han estado reuniendo con los equipo para hablar sobre este tema y sobre lo limitado de las plataformas originales registradas ante el INE. Si bien sus nuevos programas no abordan todos los temas, sin duda dan muestra de apertura y escucha a la sociedad.

Este cambio, sin embargo, no se reflejó en el brevísimo tiempo que durante el tercer debate se asignó al tema de cambio climático y la sostenibilidad. Había un desencuentro entre lo que las coaliciones han recogido en su plataforma sobre el tema y lo que los candidatos expusieron, como si no estuvieran al tanto de sus propios planteamientos.

“Estamos a tiempo, quedan casi tres semanas en las que los candidatos tienen la oportunidad de aceptar un piso mínimo de compromisos en el tema ambiental, que realmente contribuyan para remediar la aguda degradación de los ecosistemas y para planear con una visión de futuro, con una visión que logre articular de manera coherente todos los temas que ayer se trataron de manera compartimentada: pobreza, ciencia y tecnología, salud, desigualdad, sostenibilidad y cambio climático”, expresaron las organizaciones.

Las 31 organizaciones de #10porMéxicoNatural mantienen la petición a las coaliciones, más aún, a los aspirantes a la presidencia, a entablar un diálogo sobre el tema, a jerarquizar la agenda del tema, considerando que la viabilidad del desarrollo económico futuro depende de los cimientos del país, es decir, depende de su riqueza natural y su gente.

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10 propuestas para proteger la riqueza natural de México son producto del análisis de un grupo de expertos, de reconocida trayectoria por su compromiso con la conservación de la naturaleza, conscientes de que esta tarea ya no puede atribuirse exclusivamente a los gobiernos, sino que exige un esfuerzo de colaboración de todos los sectores de la sociedad.

La iniciativa cuenta con el apoyo y endoso de las siguientes organizaciones de la sociedad civil:  Alternare, A.C., Amigos de Sian Ka’an, A.C., Biocenosis, A.C., Cartocrítica, Comunidad y Biodiversidad A.C., Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Estudios Rurales y Asesoría, Fondo de Conservación el Triunfo, A.C., Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Fondo Noroeste, A.C., Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, A.C., Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C., Geo Conservación, A.C., Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A.C., Kew Royal Botanic Gardens, Fundación Comunitaria Oaxaqueña, A.C., Natura Mexicana, A.C., Niparajá, A.C., Pronatura México A.C., Pronatura Veracruz, A.C., Pronatura Noroeste, A.C., Pronatura Península de Yucatán, A.C., Pronatura Sur, A.C., Pronatura Noreste, A.C., Proyecto Mixteca Sustentable, Trópica Rural Latinoamericana y WRI México.

Contacto: 10pormxnatural@gmail.com

www.10pormxnatural.org

Las propuestas mínimas en materia ambiental que tienen que suscribir los candidatos a la presidencia











Sinopsis:

Ante las limitaciones que las plataformas electorales de los 4 candidatos a la presidencia presentan en materia de política ambiental, los autores y autoras de la Agenda ambiental 2018, diagnósticos y propuestas del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI- UNAM), en el cual colabora el CCMSS, llamaron a darle mayor prioridad a este tema, mediante la incorporación en sus plataformas, por ahora, y en su programa de gobierno, a quienes resulten ganadores, estos compromisos mínimos con el medio ambiente.

Como parte de las propuestas de la Agenda mínima ambiental que los candidatos a ocupar la presidencia deberían integrar a sus proyectos de gobierno en caso de ganar la Presidencia del país, para el sector forestal se propone:

  1. Establecer, en el Plan Nacional de Desarrollo y en toda la política pública derivada del mismo, el manejo forestal comunitario como eje y prioridad para el desarrollo y la conservación de las regiones forestales, considerando el respeto de los derechos, la participación de los dueños de los bosques, los jóvenes y mujeres, así como el aliento a iniciativas de generación local de valor.
  2. Gestión territorial descentralizada, basada en el desarrollo de capacidades regionales, el ordenamiento concertado del uso sustentable del territorio y la concurrencia de la acción institucional y de los dueños de las tierras forestales.
  3. Reestructurar la conducción del sector, con apertura y participación, presupuesto suficiente orientado a fomentar la producción sustentable, regulación eficaz y expedita, con acompañamiento de calidad. Orientar los apoyos hacia el desarrollo de bienes públicos, como son: investigación, un sistema de créditos, infraestructura, compras gubernamentales y vinculación con mercados.
  4. Combate a las extracciones forestales ilegales, mediante: la remoción de obstáculos regulatorios a extracciones regulares, el control de la cadena productiva y la creación de un sello que certifique la legal procedencia de los productos forestales.

Consulta el documento completo con las 53 propuestas en 10 ejes temáticos del sector ambiental: agua, bosques, biodiversidad, política ambiental, ciudades, política ambiental, costas y mares, energía, minería, agricultura y suelos.

Candidatos a la presidencia deben comprometerse con las comunidades forestales para la conservación de bosques y selvas











Sinopsis:

 

Día del mundial del medio ambiente

En el marco del Día mundial del Medio Ambiente y ante un escenario de cambio de gobierno, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a los aspirantes a la Presidencia de la República a expresar claramente su compromiso con las comunidades rurales que protegen y utilizan de manera sustentable los bosques y selvas. En este sentido, solicita a los candidatos impulsar, en caso de llegar a la Presidencia, un Plan Nacional de Desarrollo y política pública derivada del mismo que tengan como eje, en lo que respecta a la política forestal, el fortalecimiento del manejo forestal comunitario.

De esta forma, miles de familias que habitan en las regiones forestales podrán mejorar sus condiciones de vida y conservar, en el largo plazo, los bosques, selvas y la biodiversidad que se encuentra en sus territorios.

Las comunidades forestales viven una situación paradójica: son dueños de una gran riqueza natural pero viven en condición de pobreza económica. El país presenta un gran potencial productivo de más de 21 millones de hectáreas de bosques y selvas para la generación de productos forestales maderables y no maderables.

“Pese a este enorme potencial, la excesiva regulación, la falta de estímulos para el desarrollo de capacidades productivas, la carencia de investigación científica y la escasa inversión pública en el sector, mantienen estancada la producción forestal, al tiempo que la balanza comercial presenta un déficit de más de 7 mil millones de dólares. Es urgente revertir esta situación, por ello, le pedimos a los candidatos priorizar el manejo forestal comunitario, pues es la mejor estrategia para conservar los bosques y garantizar una vida digna a quienes los habitan”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.

Aunado a ello, el marco legal privilegia otras actividades que causan severas afectaciones ambientales y sociales, cuyas consecuencias se resienten desproporcionadamente sobre las comunidades rurales. Tal es el caso de las normas que regulan la extracción de bienes minerales del subsuelo, incluyendo metales, no metales e hidrocarburos. Tanto la Ley Minera como la Ley de Hidrocarburos dan preferencia a estas actividades por encima de otro tipo de aprovechamientos que se desarrollan en territorios rurales.

Un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible indica que de los 11,843 núcleos agrarios que tienen superficie forestal, 42% tiene alguna concesión minera en su territorio. La mayor parte de los integrantes de las poblaciones que habitan estos núcleos agrarios no cuenta con información sobre los permisos otorgados para el desarrollo de actividades extractivas.

“El 44% de los proyectos mineros en fases de exploración y desarrollo en México se encuentran en bosques y selvas. La falta de información previa al otorgamiento de los permisos, las promesas de gasto social corporativo incumplidas y las afectaciones sociales y ambientales que se manifiestan a lo largo del desarrollo de proyectos extractivos han dado lugar a más de un centenar de conflictos socioambientales a lo largo y ancho del territorio mexicano”, explicó Francisco Cravioto, coordinador de incidencia en políticas públicas del CCMSS

Frente a estas amenazas, el manejo forestal comunitario ha demostrado ser un modelo exitoso en México y el mundo para la conservación activa de los bosques, selvas y toda la biodiversidad asociada a estos ecosistemas. Gracias a estas labores de conservación es posible brindar servicios ambientales vitales como la captura de carbono, la generación de oxígeno, la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura y la conservación de suelos.

Asimismo, la apropiación de los procesos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales permite la cohesión comunitaria y el fortalecimiento de la gobernanza interna para la toma de decisiones en las comunidades forestales. Estas características les permiten generar ingresos, definir su propio desarrollo y defender sus territorios y bosques ante amenazas como la instauración de megaproyectos energéticos, turísticos y extractivistas que causan severas afectaciones ambientales.

Ambientalistas dialogan con Silvia Garza, del equipo de Ricardo Anaya, sobre 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México











Sinopsis:

  • Reiteramos la invitación al candidato presidencial de México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, para comprometerse públicamente con las 10 propuestas que buscan desarrollar una agenda de política pública para lograr la prosperidad y el bienestar social, a través de un uso sustentable de los recursos naturales.
  • La convocatoria a todos los candidatos para dialogar sobre el tema medio ambiental se mantiene abierta.

CIUDAD DE MÉXICO. – Este martes, como parte del diálogo en materia ambiental con los candidatos presidenciales, las organizaciones ambientalistas que impulsan las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México sostuvieron un encuentro con Silvia Garza, encargada de temas ambientales de la campaña del Frente por México, que encabeza el candidato Ricardo Anaya Cortés.

Como parte de este diálogo, las organizaciones manifestaron a Silvia Garza que es importante que de manera pública el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, se comprometa con la agenda que estas 10 propuestas delinean. Esto, dijeron, reforzaría y daría continuidad al diálogo que con esta reunión da inicio.

Las organizaciones de la sociedad civil imprimieron un sentido de urgencia a la adopción de estos 10 puntos, por la acelerada degradación de los recursos naturales en México, a lo que se suman los efectos del cambio climático. Considerando las tendencias de crecimiento demográfico y la progresiva demanda de alimentos, energía y otros recursos vitales, como el agua, es crítico que los candidatos presidenciales se comprometan con la integración de una agenda de conservación del patrimonio natural de los mexicanos que sea transversal en las políticas públicas del siguiente gobierno.

Estas organizaciones de conservación indicaron que las prioridades enunciadas en la iniciativa son esenciales para lograr un uso sustentable de los recursos naturales, como la única vía para lograr la prosperidad y el bienestar de los mexicanos, con una visión de largo plazo.

Propusieron, entre otras cosas, el desarrollo de instrumentos de política fiscal y económica para atender los compromisos climáticos de México en el Acuerdo de París, el desarrollo de soluciones naturales climáticas con co-beneficios para el ambiente y las comunidades, el establecimiento de la “jerarquía de la mitigación” para reducir el impacto de los megaproyectos de infraestructura, incorporación de un enfoque ambiental transversal en la política agrícola, ganadera y pesquera, formulación e implementación un modelo de desarrollo turístico sostenible, así como el diseño de un marco jurídico y un programa de incentivos correspondiente para favorecer el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes.

Otros temas de conversación fueron la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la administración del agua; protección de los mares mexicanos; consolidación de las áreas naturales protegidas y la canalización de recursos para la implementación de los planes de manejo de las mismas; así como alcanzar las metas de tasa cero de deforestación y reducción del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, así como un 35% de energía limpias en la generación de electricidad para el 2024, según los compromisos que México asumió con el Acuerdo de París.

Las organizaciones ambientalistas insistieron en que hoy, y de manera conjunta, la sociedad y el gobierno, pueden trabajar de la mano y liderar a la generación que todavía puede transformar una realidad de deterioro y degradación del capital natural de México, asegurando un futuro en el que la naturaleza y la humanidad convivan armónicamente.

Las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México fueron enviadas desde finales de abril a los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez; a José Antonio Meade, de Todos por México; a Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia; y Ricardo Anaya, de Por México al Frente.

Dado que los candidatos tienen programado asistir al tercer debate presidencial, organizado por el Instituto Nacional Electoral, el 12 de junio en Mérida, Yucatán, donde se abordarán, entre otros, los temas de desarrollo sustentable y cambio climático, las organizaciones de conservación reiteran la invitación para comenzar, con cada uno de ellos, un diálogo sobre las 10 propuestas, a fin de asegurar que acuden al debate oficial con el conocimiento de las prioridades ambientales por atender en el siguiente sexenio y construir una Agenda Ambiental Nacional 2018-2024.

Al respecto, Silvia Garza, resaltó la importancia de poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia nacional y promover un gran pacto con las organizaciones de la sociedad civil para incluir elementos de estas diez propuestas en su planeación.

Las organizaciones estuvieron representadas en este diálogo por Isabel Studer, directora ejecutiva de The Nature Conservancy, Lorenzo J. de Rosenzweig P., director general de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Andrew Rhodes, director general de Sistema Pronatura, Juan Manuel Labougle, director técnico de Conservation International, y Francisco Cravioto, coordinador de incidencia del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.

10 propuestas para proteger la riqueza natural de México son producto del análisis de un grupo de expertos, de reconocida trayectoria por su compromiso con la conservación de la naturaleza, conscientes de que esta tarea ya no puede atribuirse exclusivamente a los gobiernos, sino que exige un esfuerzo de colaboración de todos los sectores de la sociedad.

La iniciativa cuenta con el apoyo y endoso de las siguientes organizaciones de la sociedad civil:  Alternare, A.C., Amigos de Sian Ka’an, A.C., Biocenosis, A.C., Cartocrítica, Comunidad y Biodiversidad A.C., Estudios Rurales y Asesoría, Fondo de Conservación el Triunfo, A.C., Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Fondo Noroeste, A.C., Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, A.C., Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C., Geo Conservación, A.C., Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A.C., Kew Royal Botanic Gardens, Fundación Comunitaria Oaxaqueña, A.C., Natura Mexicana, A.C., Niparajá, A.C., Pronatura México A.C., Pronatura Veracruz, A.C., Pronatura Noroeste, A.C., Pronatura Península de Yucatán, A.C., Pronatura Sur, A.C., Pronatura Noreste, A.C., Proyecto Mixteca Sustentable, Trópica Rural Latinoamericana y WRI México.

Contacto: 10pormxnatural@gmail.com

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Agenda Ambiental 2018 de la UNAM o por qué el medio ambiente debe estar en las campañas electorales











Sinopsis:

El patrimonio natural de México se encuentra en un proceso de deterioro grave. La presión sobre los recursos y los territorios es cada vez mayor, y la legislación coadyuva que se privilegie el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, de actividades extractivas de recursos y los cambios de uso del suelo. Mientras que, las actividades de manejo sostenible de los recursos naturales, como el manejo forestal comunitario, enfrentan una regulación excesiva que orilla a los dueños de los recursos y los territorios, principalmente comunidades y ejidos, a optar por otros esquemas productivos que erosionan el suelo y depredan los recursos como la agricultura de monocultivos, el “rentismo” o la ganadería expansiva.

Ante este panorama, y en vísperas de las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) elaboró la Agenda Ambiental 2018, un documento que analiza el estado de los recursos naturales y la política ambiental del país. Además, propone una serie de medidas que podrían ayudar a superar grandes problemáticas que enfrenta el país en materia ambiental.

El documento, coordinado por la dra. Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del consejo directivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explica que en este proyecto participaron más de 40 especialistas de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro Geo), y de organizaciones de la sociedad civil como el CCMSS, entre otros.

La Agenda Ambiental aborda el tema de la gestión y problemática del agua, la biodiversidad, los bosques, el proceso de transición energética, las ciudades, los mares y costas, la minería, agricultura y los derechos humanos asociados a la gestión ambiental.

Los bosques, retos y propuestas

En el diagnóstico del sector forestal, se destaca un panorama de estancamiento productivo que se traduce en un déficit de la balanza comercial de productos forestales del país de 7 mil millones de dólares. De los 20 millones de metros cúbicos de madera que se consumen en México, solo se producen 7 millones.

Este déficit productivo se debe, entre otras cosas, a la excesiva carga regulatoria, “la complejidad de la tramitación de permisos y autorizaciones asociados al manejo forestal genera tiempos y costos excesivos que desincentivan a los productores legales y favorecen la ilegalidad”.

Así mismo, el sector carece de infraestructura suficiente para llevar a cabo las labores de aprovechamiento, transporte, transformación y comercialización de la producción forestal; presenta una limitada investigación científica y una reducida inversión en la generación de capacidades técnicas”, plantea el diagnóstico elaborado por el dr. Gonzalo Chapela, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y miembro del CCMSS, en colaboración con Sergio Madrid, director ejecutivo del CCMSS y la Dra. Leticia Merino.

La sobrerregulación que obstaculiza el aprovechamiento y manejo legal de los recursos forestales por parte de los dueños de los territorios forestales, principalmente comunidades y ejidos, abre las puertas al clandestinaje y la tala ilegal. “Al menos el 70 por ciento de la madera que se consume en México (14 millones de metros cúbicos de 21 millones) tiene origen ilegal” indica el análisis.

La corrupción, la falta de supervisión de los canales de comercialización y la aplicación discrecional de la regulación incentivan estas prácticas ilegales que tienen fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales, refiere el diagnostico.

Es imperativo que el sector forestal supere estos retos que lo mantienen estancado y en un proceso de deterioro y pérdida de la cobertura forestal. “Los bosques, selvas y vegetación de otros tipos abarcan más del 60 por ciento del territorio del país; representan el sustento de decenas de miles de familias, albergan una altísima diversidad biológica y prestan servicios ambientales fundamentales (captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos, hábitat para la biodiversidad)”, detalla el documento.

El análisis propone que la política forestal tenga como “ejes centrales el manejo forestal comunitario sustentable y con visión ecosistémica, paisajística y territorial; la integración de redes locales y regionales de valor; y la intervención gubernamental con enfoque territorial”.

Igual de importante, es “mejorar la regulación y la aplicación de las normas, el fortalecimiento de las empresas sociales, el control de los canales de comercialización y la demanda, la diferenciación en el mercado de productos de origen legal”. Las compras de gobierno de productos forestales de origen legal, procedentes, preferentemente de comunidades, podrían ser un aliciente para reactivar la producción legal.

Es bien conocido que las comunidades forestales del país a lo largo de los siglos han resguardado la diversidad biológica a través de sus labores de manejo y aprovechamiento sustentable. El manejo de los bosques y selvas por comunidades, ejidos y pueblos indígenas juega un papel central para la conservación de estos recursos, pues realizan labores de control de plagas y de incendios, realizan recorridos de vigilancia y de mantenimiento de los bosques. “Alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir 25% de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, bajo esquemas como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

Desafortunadamente, estas labores de manejo y conservación no son valoradas ni retribuidas a las comunidades como se debería. Las compensaciones que reciben a manera de pagos por servicios ambientales, son escasos en comparación con la importancia que tiene la provisión de agua de calidad, la captura de carbono, la retención de los suelos y la conservación de la biodiversidad.

Por ello, también se propone dar visibilidad, apoyo e incentivos a las iniciativas comunitarias de conservación; mejorar la ejecución de los programas de pagos por servicios ambientales y generar figuras de conservación como “paisajes bioculturales” con presencia de actividades productivas sustentables”, como la apicultura.

Tala ilegal estanca al sector forestal y merma a las comunidades: Dr. Torres Rojo











Sinopsis:

La tala ilegal en México está creciendo y si no corregimos el rumbo, podemos llegar a volúmenes de 8 millones de metros cúbico por año de madera de origen ilícito, que significaría un volumen por encima de la producción legal, que en 2017 fue de 7 millones de metros cúbicos de madera, afirma el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ex titular de la Comisión nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo.

Puntualiza que “entre los principales factores que propician la tala ilegal en nuestro país se encuentran la inseguridad, la pobreza, la falta de regulación de los mercados, la sobrerregulación de la producción legal y los altos costos de transacción. Muchos de esos factores son externos al propio sector forestal, pero lo afectan de manera directa”.

Detalla que la tala ilegal es uno de los principales factores que mantienen el estancamiento del sector forestal en México, ya que la comercialización de estos productos de origen ilícito limita la competitividad de los productores legales.

Para que una comunidad o ejido pueda aprovechar sus recursos forestales requiere del cumplimiento de hasta 50 trámites en distintas ventanillas que pueden ascender hasta a 500 mil pesos entre gastos de gestión, de elaboración de planes y estudios técnicos, de manifestaciones de impacto ambiental, entre otros.

Además, las empresas forestales comunitarias deben cumplir con el pago de impuestos, pago de salarios, renta o adquisición de maquinaria para el manejo del bosque, entre otros gastos operativos. Por todo esto, la madera de origen legal, en comparación con de origen ilegal, ya sea producida en México o importada, no tiene posibilidad de competencia.

Torres Rojo señala que los factores macro que propician el estancamiento de México en el sector forestal son el mercado de madera ilegal, la falta de acceso a mercados y el marco legal que genera altos costos de transacción. Mientras que a nivel micro, dice, la falta de generación y transferencia de tecnología, la falta de cadenas de valor y el nulo financiamiento en el sector también son limitantes para que el país repunte en la producción forestal, no solo de materia prima, sino de todos los derivados, como celulósicos, muebles, tableros, molduras, entre otros.

Plantea que “necesitamos meterle dinero a las cadenas de valor más que al bosque, porque si no hay mercado para la producción, será imposible incrementar los volúmenes que se extraen. Añade que “México es deficitario en productos celulósicos, si bien cubrimos la demanda de madera en rollo y de tabla, somos deficitarios en celulósicos, que es el principal producto que importamos”.

En su ponencia durante el Foro Internacional Forestal 2018, que se llevo a cabo en la ciudad de Durango, el ex titula de la Conafor recomendó buscar alternativas para reactivar la productividad del sector forestal para que los propietarios de los bosques y selvas puedan generar ingresos; por ejemplo, la provisión de servicios ecosistémicos y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Detallo que aun hace falta trabajar en generar una verdadera economía del manejo de la biodiversidad.

Refiere que, de acuerdo con estudios que comparan el costo de los beneficios ambientales derivados del manejo de los bosques y otros ecosistemas, como la captura de carbono, la mitigación de los efectos del cambio climático, infiltración del agua, retención de suelo, conservación de la biodiversidad, belleza escénica, regulación de la temperatura; “el valor promedio de estos servicios ambientales debería ser de 8 mil pesos por hectárea por año. Este valor es incluso mayor al que se obtiene por la mera extracción de madera por hectárea”.

En México los bosques y selvas son de las comunidades y ejidos, ellos poseen más del 70 por ciento de los recursos forestales, por ello es importante el fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias, que además de producir madera conservan de forma voluntaria grandes extensiones de sus bosques, pro esto “las comunidades son muy importantes para el fortalecimiento del sector forestal”, acota.

Torres Rojo explica que “las empresas forestales comunitarias tienen la ventaja de que son muy flexibles pueden aguantar altas y bajas de producción y recursos, en cambio una empresa privada tiene que liquidar a toda su gente en caso de crisis. Lo que sí se debe fortalecer es la gobernanza interna, en profesionalizar su operación y hacer más eficiente su trabajo”.

Fuerte estancamiento del sector forestal: León Jorge Castaños

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Sinopsis:

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Al sector forestal en México no se le valora como debería. Basta decir que más del 70 por ciento del territorio nacional cuenta con cobertura forestal, sin embargo, y a pesar de esta enorme riqueza natural, la superficie bajo manejo es de apenas 8 millones de hectáreas y el valor de la producción forestal no alcanza ni el 0.3% del PIB. La balanza comercial del país en este rubro es sumamente deficitaria, pues de los 20 millones de metros cúbicos de productos forestales que se consumen en el mercado interno, solo se producen 7 millones, lo cual equivale a un déficit de alrededor de 7 mil millones de pesos.

En el plano ambiental, la tasa anual de deforestación es de 155 mil hectáreas de bosques y selvas en los últimos 5 años. Los principales factores que originan la pérdida de cobertura forestal son contradicciones en la política pública y el avance de la agricultura industrial, los desarrollos turísticos, los megaproyectos de infraestructura, la minería y el desarrollo urbano. Prácticamente todas estas actividades extractivas cuentan con una regulación mucho más laxa que la del manejo y aprovechamiento forestal sustentable, esto propicia que los dueños de los terrenos forestales opten por rentar sus tierras o cambiar el uso del suelo para sembrar o pastorear.

De acuerdo con el Ingeniero León Jorge Castaños, productor forestal y ex funcionario del sector ambiental en México, el sector forestal mexicano se encuentra estancado, entre otras cosas, por una excesiva regulación para la gestión y aprovechamiento de los recursos forestales; un servicio público ineficiente; una deficiente operatividad institucional; falta de investigación y transferencia de tecnología; falta de organización comunitaria y regional; y una falta de verdadera cultura forestal. “Pensamos que el país es un país agrícola y no forestal”, remarca.

Otro elemento que debemos considerar es que en México los recursos forestales son de propiedad colectiva. El 70 por ciento de los bosques y selvas son propiedad de comunidades y ejidos, muchos de ellos indígenas, que viven en condiciones de pobreza en medio de una gran riqueza natural.

Vaivenes en la política forestal

El ingeniero León Jorge Castaños refiere que a finales de la década de los 70, luego de un proceso de reclamo de las comunidades forestales por recuperar el control en el manejo de sus bosques que lograron ganar, “el eje de la política forestal del país era el impulso al aprovechamiento forestal por manos campesinas”. De hecho, resalta que hace 32 años, en 1985, se logró la más alta producción forestal en México, con un volumen de 11 millones de metros cúbicos de madera.

En su ponencia durante el Foro Internacional Forestal, celebrado en Durango en abril de este año, el experto en gestión forestal señaló que “la década de los 80 fue de un gran auge del manejo forestal comunitario, que permitió la reactivación del sector forestal y generó desarrollo en las comunidades que comenzaron a manejar sus recursos”. Sin embargo, lamenta, “con la entrada de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector forestal mexicano fue uno de los más afectados pues no había suficiente infraestructura para competir con mercados como el de Estados Unidos o Canadá, además la política se centró en reforestaciones y se desmantelaron muchas instituciones de fomento a la producción forestal”.

El ingeniero Castaños detalla que “el marco legal y la política pública del sector forestal ha dado muchos vaivenes, pues la Ley Forestal de 1994 dio marcha atrás a la generación de capacidades productivas en los ejidos y comunidades que se había logrado en toda la década de los 80, y, en contraparte, se privilegió la reforestación y el asistencialismo. Pero, gracias a la aparición de nuevos actores en el sector forestal, como las organizaciones de la sociedad civil se logró un resurgir del manejo forestal sustentable con programas como el Procymaf, Prodefor, Prodeplan. No obstante, “por la carencia de una actitud decidida de impulso a la producción campesina, el sector se ha estancado los últimos 15 años”, lamenta.

Expone que, en la actual administración, que ya va de salida, “la apuesta fue el incremento de la producción forestal y la productividad, sin embargo, no se lograron los resultados esperados, pues se pretendía pasar de 5 millones de metros cúbicos a 11 millones, y la producción forestal en 2017 fue de casi 7 millones de metros cúbicos de madera”.

Estancamiento y potencial productivo

León Jorge destaca el valioso papel que juegan los ejidos y comunidades en el sector forestal, pues son dueños del 70 por ciento de los bosques y selvas del país, y producen el 75 por ciento de la madera. “Necesitamos fortalecer sus capacidades de organización y gestión”, subraya.

Además, añade que “hace falta desarrollar mercados e industria, porque tenemos un gran potencial para incrementar la producción, pero no podemos hacerlo por la falta de estos elementos”.

Indica que se están dando permisos de aprovechamiento forestal pero no se aprovechan esos volúmenes por falta de mercado y capacidades. Al menos 5 millones de metros cúbicos de madera que tienen permiso para ser aprovechados no se cosechan. El porcentaje de aprovechamiento en ejidos y comunidades del total que tienen autorizado es de alrededor del 60%, es decir, no aprovechan otro 40%. Mientras que los productores privados y de plantaciones forestales extraen entre el 70 y el 80 %.

Comenta que la inversión publica en el sector forestal claramente ha privilegiado la restauración y la conservación, pues en el último sexenio se destinó a estos conceptos el 75 por ciento del presupuesto de la Conafor; mientras que, al manejo y aprovechamiento forestal sustentable, solo el 25 por ciento.

Otro elemento que contribuye al estancamiento productivo, precisa León Jorge Castaños, es la tala ilegal que participa en el mercado con alrededor de 3.3 millones de metros cúbicos de madera anuales.

Hacia el futuro, plantea que tenemos que fortalecer las capacidades productivas y de conservación de los ejidos y las comunidades dueñas de los recursos forestales; así como explorar sistemas de producción y manejo con enfoque de paisaje, que nos permitan incrementar la productividad al tiempo de garantizar la conservación de los bosques y selvas.

Por otra parte, “tenemos enfrente grandes amenazas a los bosques como la tala ilegal, la minería, el turismo de gran escala, la industria inmobiliaria, la agroindustria y la inseguridad. Hay gran potencial, pero los retos son grandes”, concluye.

Organizaciones ambientalistas presentan 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México











Sinopsis:

 Boletín de prensa

  • Exhortan a los candidatos a la Presidencia a un diálogo urgente para analizar la crisis ambiental del país.
  • Hay una ruta: el uso sustentable de los recursos naturales para lograr la prosperidad y el bienestar social, señalan 31 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.
  • La invitación al diálogo ya fue enviada a Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

CIUDAD DE MÉXICO. – Los cinco candidatos a la Presidencia fueron exhortados hoy a entablar un diálogo urgente con líderes de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales basado en el documento 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México en el que se señala que el uso sustentable de los recursos naturales es la única vía para lograr la prosperidad y el bienestar de la población con una visión de largo plazo.

Si consideramos los efectos del cambio climático, el deterioro acelerado de los recursos naturales, como los bosques, el agua, la biodiversidad terrestre y marina, así como el crecimiento demográfico, es claro que nos acercamos, cada vez más, a un punto de no retorno, con serios impactos sociales y económicos, alertaron los ambientalistas en conferencia de prensa en la que presentaron el documento firmado por 31 organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México fueron enviadas la semana pasada a los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez; y a Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, de Todos por México, y Ricardo Anaya, de Por México al Frente.

Los candidatos tienen programado asistir al tercer debate presidencial, organizado por el Instituto Nacional Electoral, el 12 de junio en Mérida, Yucatán, donde se abordarán, entre otros, los temas de desarrollo sustentable y cambio climático.

Para las OSC es importante que las reuniones con los candidatos se realicen antes de esa fecha con el fin de asegurar que acudan al debate oficial con el conocimiento de las prioridades ambientales por atender en el siguiente sexenio y construir una Agenda Ambiental Nacional 2018-2024. Con este objetivo, proponen una reunión de una hora con cada uno, abierta a los medios de comunicación, con una agenda establecida por cada uno de ellos.

Las organizaciones ambientalistas pidieron a los candidatos aprovechar la oportunidad de asumir el compromiso de liderar a la generación que puede transformar esta crisis, revirtiendo las tendencias de deterioro ambiental y asegurando un futuro en el que la naturaleza y la humanidad convivan armónicamente.

El documento es producto del análisis de un grupo de expertos, de reconocida trayectoria por su compromiso con la conservación de la naturaleza, conscientes de que esta tarea ya no puede atribuirse exclusivamente a los gobiernos, sino que exige un esfuerzo de colaboración de todos los sectores de la sociedad.

Las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México contemplan el establecimiento de un mecanismo para garantizar el abastecimiento de agua y determinar precios justos; proteger de la explotación comercial al menos el 30% de los mares mexicanos; fortalecer el ordenamiento ecológico de las áreas naturales protegidas; así como alcanzar una tasa cero de deforestación y reducir el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y proteger el patrimonio natural de las ciudades. También se buscará que para 2024 el 35% de las energías generadas sean limpias.

Otros puntos a lograr son el establecimiento de la “jerarquía de la mitigación” para reducir el impacto de los megaproyectos, incorporar un enfoque ambiental transversal en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, formular y aplicar a nivel nacional un modelo de desarrollo turístico sostenible, y diseñar el marco jurídico y el programa de incentivos correspondiente para favorecer el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Lorenzo de Rosenzweig, director de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.; Juan Bezaury, director de política ambiental The Nature Conservancy, Programa México; Jorge Rickards, director de World Wildlife Fund México; Andrew Rhodes, Director General del Sistema de Pronatura, A.C.; Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Tatiana Ramos, directora de Conservation International, México; y Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C..

La iniciativa cuenta con el apoyo y endoso de las siguientes organizaciones de la sociedad civil:  Alternare, A.C., Amigos de Sian Ka’an, A.C., Biocenosis, A.C., Cartocrítica, Estudios Rurales y Asesoría, Fondo de Conservación el Triunfo, A.C., Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Fondo Noroeste, A.C., Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, A.C., Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C., Geo Conservación, A.C., Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A.C., Kew Royal Botanic Gardens, Fundación Comunitaria Oaxaqueña, A.C., Natura Mexicana, A.C., Niparajá, A.C., Pronatura Veracruz, A.C., Pronatura Noroeste, A.C., Pronatura Península de Yucatán, A.C., Pronatura Sur, A.C., Pronatura Noreste, A.C., Proyecto Mixteca Sustentable y Trópica Rural Latinoamericana.

Contacto:

10pormxnatural@gmail.com

www.10pormxnatural.org

Se aprueba en la Cámara de Diputados nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable











Sinopsis:

Ciudad de México a 27 de abril de 2018

  • La ley aprobada es positiva para comunidades forestales
  • Hay temas pendientes para trabajar con la próxima legislatura
  • Necesario revisar proceso legislativo para que no se omita el derecho a la consulta sobre nuevas leyes

 

Con 211 votos a favor, 13 abstenciones y 85 en contra, la tarde de este 26 de abril se aprobó la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Al respecto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) manifestó que el saldo de este proceso legislativo es positivo y generará beneficios para las comunidades forestales que aprovechan sosteniblemente sus bosques.

“Reconocemos la apertura de los legisladores en ambas cámaras para incorporar la mayoría de las propuestas hechas por sociedad civil, a fin de transformar el dictamen original en una buena iniciativa que realmente es útil para conservar los bosques y para proteger a las comunidades y ejidos que los habitan y manejan”, afirmó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Gonzalo Chapela, integrante del consejo del CCMSS, señaló que la ley incluye un total de 156 cambios con respecto a la iniciativa originalmente presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Estos cambios fueron impulsados a partir de un proceso que contempló la participación y presión por parte de comunidades forestales, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Gracias a esta labor, se trastoca el espíritu original de la Ley, generando oportunidades regulatorias que facilitarán e impulsarán el aprovechamiento sostenible de bienes forestales por parte de comunidades.

“Existe todo un cuerpo de investigación que señala que el manejo forestal comunitario es uno de los métodos más eficientes de lograr la conservación de los bosques y selvas al tiempo que se atienden las necesidades económicas y organizativas de las poblaciones que habitan estos territorios. Gracias a la aprobación de la nueva Ley Forestal, se ha definido y se le ha dado prioridad al manejo forestal comunitario como criterio obligatorio para la política pública” señaló Chapela.

Otro punto importante a destacar en la nueva ley es que se disminuyen los costos económicos y de transacción en materia regulatoria de las actividades de aprovechamiento forestal. Estos criterios permitirán a las comunidades que aprovechan bosques y selvas atender problemas como incendios y plagas con mayor celeridad. Asimismo, recompensa el cumplimiento y buen desempeño de comunidades al mediano plazo, aligerando la carga de trámites en que deben incurrir para continuar operando.

A pesar de los logros obtenidos, la organización señaló que existen temas pendientes que deben ser tratados por la próxima legislatura. “Existen algunas incongruencias y redundancias entre las atribuciones de Conafor y Semarnat que deben ser corregidos más adelante, procurando fortalecer al segundo ente que es cabeza del sector”, señaló Raúl Benet, asesor del CCMSS. Otro de los vacíos identificados en la ley aprobada versa sobre la explotación de bienes no maderables de ecosistemas forestales.

La organización señaló que es urgente para el Congreso de la Unión que el proceso legislativo contemple el derecho de las poblaciones indígenas y equiparables a ser consultadas antes de la aprobación de normas que les afectan. Establecieron que, al no cumplir el Congreso con este derecho, se genera una imposición de un marco legal sobre los pueblos, independientemente de si la norma en cuestión es positiva o no.

El siguiente paso es trabajar en los vacíos y los temas que la ley no aborda y consolidar un buen reglamento para que la ley impacte positivamente, y a la brevedad posible, el estado de los bosques y de las comunidades forestales” estableció Madrid.

 

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:  Gerardo Suárez, gsuarez@ccmss.org.mx y cel. 5530798674 o Cecilia Navarro, bcecilia.navarro@gmail.com y cel. 5554540678.

Aprueba el Senado una ley forestal de avanzada.











Sinopsis:

Después de un año y medio de debates y análisis, en el que participaron organizaciones civiles y académicos, conjuntamente con funcionarios de la Comisión Nacional Forestal y representantes de las comisiones de medio ambiente tanto de la cámara de Diputados como de la de Senadores, además de una participación destacada de varios Senadores de diversos partidos, este martes 17 de abril, el pleno del Senado aprobó la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible celebra que en la nueva ley se hayan incluido puntos tan importantes como un Programa de manejo forestal comunitario como un instrumento de política, así como una obligación de fomento por parte del estado mexicano. Este tema es muy importante porque la mayor parte de los bosques y selvas mexicanos pertenecen a comunidades indígenas, ejidos y comunidades agrarias, y la mejor estrategia para promover la conservación de los bosques y el bienestar de sus comunidades es a través de un manejo sustentable de sus recursos por parte de las comunidades. Por el mismo motivo es muy importante que se haya establecido en la nueva ley las provisiones para el desarrollo de todo un sistema de salvaguardas sociales y ambientales que en la ley anterior estaba restringido sólo a servicios ambientales. Este sistema, que aún hay que detallar en el reglamento, permitirá establecer las bases para instrumentar el derecho a la Consulta Indígena, que hasta la fecha ha carecido de un marco legal y un protocolo efectivo que garantice su legitimidad y representatividad.

Durante estos meses, diversas organizaciones comunitarias y de productores, así como de  la sociedad civil y académicos habían planteado la necesidad de mantener un órgano de participación social fuerte y con atribuciones de vigilancia y supervisión, y esta demanda de las organizaciones fue finalmente atendida por los legisladores, restituyendo al Consejo Nacional Forestal y a los Consejos Estatales sus funciones de vigilancia y supervisión de la política forestal y estableciendo la obligatoriedad por parte del gobierno de consultar a dicho órgano para todos los asuntos de política forestal. El Consejo Nacional Forestal se constituye así como un consejo de participación social de avanzada, con atribuciones obligatorias, vinculantes, y se sientan las bases para que otros sectores cuenten con órganos de participación que permitan la vigilancia y la supervisión de las políticas por parte de la sociedad civil. Algo similar ocurre con el Comité Mixto del Fondo Forestal, al que se logró restituir de las funciones que se habían perdido en la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados. En una siguiente oportunidad habría que dotar a este Comité Mixto de mayor transparencia y representatividad.

Un asunto crucial que había sido señalado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible como un serio riesgo de corrupción, opacidad y conflictos de interés, era la transferencia de atribuciones de los actos de autoridad de la Semarnat a la Conafor. En la minuta que había sido aprobada, la Semarnat perdía la autoridad de emitir y revocar permisos de aprovechamiento forestal, y se le transfería dicha autoridad a la Conafor. Señalamos en su momento que se perderían los necesarios pesos y contrapesos entre las funciones de autorización y de fomento, y por otro lado señalamos que con este nuevo recorte a la institución ambiental se reforzaba la política de desmantelamiento de la Semarnat como cabeza del sector forestal, como antes ocurrió con la pesca. Es conocido que la Semarnat ha jugado un papel inhibitorio en el fomento al manejo forestal, y eso debe ser corregido, pero no quitándole sus funciones y otorgándoselas a una Comisión que dudosamente tendría la capacidad de mejorar esa situación y manejar de manera eficiente dichas autorizaciones, y con el grave riesgo de consolidar prácticas obscuras y abrir espacios a la corrupción y el conflicto de interés. La ley aprobada recupera las funciones de la Semarnat y desecha la intención de transferirlas a la Conafor. Es necesario y urgente fortalecer las capacidades de la Semarnat para dejar de ser un cuello de botella en las autorizaciones y actos de autoridad, pero el haberlas transferido a la Conafor habría sido un error de graves consecuencias.

Muchos otros temas propuestos en el seno del Consejo Nacional Forestal por las organizaciones y académicos, incluyendo al Colegio de Ingenieros Forestales, a la Red Mocaf, a Reforestamos México, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al CCMSS, fueron incluidos en la nueva ley. Se logró un gran énfasis en los derechos de las comunidades indígenas y en los derechos comunitarios y ejidales, un abordaje profundo de la participación de mujeres y jóvenes en las actividades forestales, una mejor regulación, más ágil y eficiente, un enfoque ecosistémico integrado, un mayor fomento y apertura a la asistencia forestal, y varios temas de avanzada, tales como un enfoque de manejo integrado de los agentes disruptivos, como el fuego y las plagas.

Reconocemos la apertura tanto de la Comisión Nacional Forestal como de los legisladores y los equipos técnicos de las comisiones para alcanzar esta nueva ley, y particularmente resaltamos y agradecemos el papel que jugó la Senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, a lo largo de todo el proceso, y particularmente la brillante defensa que hizo durante la sesión de aprobación de la ley en el Senado. Gracias a ella se logró obtener un cien por ciento de votos a favor del manejo forestal comunitario y de las demás propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. También reconocemos la apertura de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de su equipo técnico, que tuvieron la sensibilidad y la sensatez de escuchar a las organizaciones e integrar sus demandas.

Resaltamos la importancia de que este tipo de leyes sean consultadas ampliamente, y celebramos que esta ley finalmente siente bases para establecer un marco de leyes reglamentarias que permitan la implementación del Convenio 169 de la OIT en materia de consulta libre, previa e informada.

Finalmente señalamos que si bien hizo falta una consulta más amplia, el proceso de esta ley muestra la importancia, utilidad y viabilidad de la participación de la sociedad, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en la creación de un marco jurídico más legítimo, sólido y útil para enfrentar los retos y problemas que enfrenta nuestra nación, en particular en el ámbito rural.

Como toda ley, seguramente se abrirán debates y se generarán situaciones imprevistas, y habrá que revisarla y actualizarla, pero consideramos que constituye un avance sin precedentes. El nuevo reto es trabajar en el reglamento de la ley, que permita aterrizarla de manera efectiva.

CCMSS Abril 17, 2018.

Manejo forestal sustentable: la solución ignorada para el desarrollo rural y la mitigación de cambio climático

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Sinopsis:

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La forma más eficaz de combatir el cambio climático es a través de esquemas de recuperación y manejo comunitario de los ecosistemas forestales para que estos se conserven a futuro. Los bosques son una solución, probada y natural, para la mitigación de las emisiones de bióxido de carbono; y en nuestro país absorben el 20 por ciento de las emisiones totales de CO2.

José Carlos Fernández, especialista forestal de la FAO y del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (ONUREDD), planteó la necesidad de revisar la política forestal del país con el fin de hacer adecuaciones que permitan aprovechar el potencial que tiene los bosques para contribuir en el tema del cambio climático.

Detalló algunos de los factores que han impedido el crecimiento del sector forestal como son: la falta de armonización de las políticas públicas y de los subsidios; la falta de un reconocimiento claro del valor de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques; y la falta de un compromiso publico por el manejo forestal sustentable”.

Durante su participación en el Conversatorio “El sector forestal y el cambio climático en el plan de gobierno que México necesita”, coordinado por la organización POLEA A.C. en la Cámara de Diputados, explicó que  la gestión sustentable de los recursos forestales es una estrategia de doble propósito que muy poco hemos aprovechado en México, pues al tiempo que proveen servicios ambientales de calidad, como la captura de carbono y la infiltración de agua para la recarga de mantos acuíferos; con el desarrollo de cadenas productivas locales, basadas en el manejo y aprovechamiento de los bosques y selvas, las comunidades dueñas de dichos recursos forestales podrían acceder a un mejor nivel de vida.

Estudios internacionales han comprobado que la mejor forma de conservar los bosques en el largo plazo es a través de esquemas de manejo y aprovechamiento sustentable por parte de las comunidades que los habitan, quienes, además, dependen en gran medida de estos ecosistemas para satisfacer sus necesidades de ingreso, alimentación y energía.

La importancia del impulso al manejo forestal comunitario para propiciar un escenario de desarrollo de las comunidades rurales y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos del cambio climático debe expresarse claramente en las agendas de los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República para el próximo sexenio y traducirse en políticas públicas y presupuestos acorde con la importancia que amerita el tema.

México es un país de vocación forestal, pues posee 138 millones de hectáreas con cobertura vegetal (que equivalen al 70 por ciento de la superficie nacional), de las cuales 66 millones de hectáreas son superficie arbolada.

De acuerdo con datos del Programa Nacional Forestal 2014-2018, solo 7.4 millones de hectáreas se encuentran incorporadas a un régimen de producción forestal, siendo que el país tiene un potencial de más de 15 millones de hectáreas para la producción; es decir, puede duplicar la superficie bajo manejo y aprovechamiento, sin comprometer su capacidad de absorción de carbono, por el contrario, la renovación del a cobertura vegetal permitirá una mayor capacidad de absorción de bióxido de carbono.

En el diseño presupuestario de la federación se evidencia claramente que los bosques y el sector ambiental no son una prioridad, puesto que en los últimos tres años se ha reducido el monto asignado a este sector en más del 50 por ciento. Esto, a pesar de que México se ha distinguido como un país protagónico en materia climática al suscribir convenios y compromisos de reducción de emisiones, de conservación y uso sustentable de la biodiversidad, entre otros.

El 56% de los bosques y selvas del país son propiedad de ejidos y comunidades, sin embargo, una regulación excesiva al aprovechamiento forestal, la falta de inversión en bienes públicos y la falta de transferencia de capacidades técnicas han obstaculizado el avance las comunidades.

Es urgente una revisión a fondo de la estrategia gubernamental de intervención en las regiones forestales de tal manera que se puedan acelerar los procesos de apropiación de los procesos productivos y se fortalezcan las capacidades comunitarias de manejo sustentable de bosques. Solo así se podrá aprovechar el potencial que tienen los bosques para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

Contradicciones en política pública impiden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero











Sinopsis:

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Existe una contradicción evidente entre los compromisos internacionales en materia de cambio climático contraídos por México y las políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano que afectan al sector forestal.

México presenta un enorme potencial productivo y de captura de carbono, puesto que el 60 por ciento de la superficie nacional corresponde a ecosistemas forestales. No obstante, la intervención gubernamental en las regiones forestales ha sido errática y ineficaz para detener los procesos de deforestación impulsados por los grandes desarrollos y proyectos vinculados con la minería, el turismo y la agroindustria.

La administración gubernamental saliente se planteó reactivar la producción forestal para que las comunidades rurales encontraran alternativas de empleo alrededor del manejo del bosque, sin embargo, sus metas no se cumplieron; en cambio, tuvieron enormes avances las concesiones mineras sobre territorios forestales así como la siembra y cultivo del aguacate, el agave, la soya y la palma africana sobre terrenos que pocos años antes estuvieron cubiertos por bosques.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de México, elaborado y recientemente actualizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los bosques y selvas del territorio mexicano absorben 148 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que representa un 20 por ciento de las emisiones totales del país.

 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de México, actualizadas a 2015, suman 685 millones 959 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Por lo cual, descontando el volumen mitigado por los bosques y selvas, las emisiones netas generadas en nuestro país ascienden a 535 millones toneladas.

Por esta razón, la directora general del INECC, María Amparo Martínez Arrollo, señala que el manejo y conservación de los bosques y selvas debe de ser un eje rector de la política ambiental, debido a su importancia en términos de mitigación del cambio climático.

De acuerdo con la más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones, las actividades económicas que generan más emisiones de gases de efecto invernadero en el país son el sector energético con el 64 % –incluye actividades de quema de combustible y transporte—, con 480 millones de toneladas de CO2e; y en segundo lugar se encuentra el sector ganadero, que emite 71 millones de toneladas, lo cual representa el 10 por ciento de las emisiones totales del país.

Cabe señalar que la ganadería es uno de los principales factores que propician el cambio de uso de suelo en los territorios forestales, poniendo en riesgo la capacidad de mitigación de emisiones de México. Existe una abierta contradicción en política pública en tanto que las actividades ganaderas reciben una cantidad mayor de apoyos gubernamentales comparados con los que se ofrecen para incentivar el manejo y aprovechamiento forestal sustentable.

Ante las disparidades existentes entre los diferentes programas de incentivos gubernamentales, no sorprende que los propietarios de terrenos forestales opten por implementar otro tipo de actividades productivas distintas a la silvicultura sostenible, como son la agricultura y la ganadería, en detrimento de la conservación de bosques y selvas.

A pesar de los beneficios en términos ambientales y sociales que representa el manejo sustentable de los recursos forestales no existe un esquema de compensación apropiado para las comunidades que gestionan y conservan los bosques. La administración gubernamental en los últimos años eliminó, dentro de los ejes de política forestal, el impulso al manejo forestal comunitario. Un eje de política que permitió que en el pasado que mas de 900 ejidos y comunidades integraran su propia empresa forestal y se pudiera avanzar en una estrategia que logró poner bajo protección y manejo sustentable a mas de 8 millones de hectáreas de selvas y bosques.

Las actividades de conservación que realizan miles de ejidos y comunidades en sus territorios genera servicios ecosistémicos de calidad, como la absorción de carbono, la recarga de mantos freáticos, la conservación del suelo y la biodiversidad, la regulación de la temperatura e incluso la preservación de la belleza escénica. Por ello resulta de enorme importancia que las políticas forestales en México incluyan al manejo forestal comunitario como uno de los elementos fundamentales.

Los defensores ambientales en México, en riesgo eminente











Sinopsis:

En México se ha vivido una escalada en el número conflictos entre comunidades que defienden sus territorios y grandes inversionistas que desean implantar megaproyectos energéticos y agropecuarios insostenibles. Una serie de reformas estructurales en el marco legal del país, como la energética ha abierto la puerta a que se liciten territorios para la extracción de hidrocarburos y minerales, así como para la generación de energía eólica y solar; esto en detrimento de la soberanía de las comunidades dueñas de dichos territorios.

Ante estas amenazas a los territorios, las comunidades se han organizado para hacer frente a estos embates que ya han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país y en el mundo. Esta defensa de los recursos naturales y sus territorios les ha costado la vida a cientos de mujeres y hombre defensores ambientales en México.

Nuestro país se sitúa como uno de los tres países más peligrosos para los defensores ambientales por el alto número de agresiones, amenazas y muertes de las que han sido víctimas las personas que deciden defender sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales.

Además de sus valiosas contribuciones en la provisión de alimento y generación de ingresos, las mujeres rurales tienen una participación destacada en los movimientos de defensa de sus territorios. Cada vez más asumen roles de dirigencia y coordinación de los grupos de defensa de los recursos y los territorios.

En México, como en muchas partes del mundo, los territorios forestales están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía e hidrocarburos. Así como por la agricultura comercial de monocultivos y la ganadería extensiva.

Un informe de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), destaca las declaraciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, sobre que “quienes defienden la tierra y el medio ambiente enfrentan riesgos específicos y más elevados, debido a que tocan intereses de las empresas”.  Se destaca que  para procurar la seguridad de estos actores se necesitan acciones coordinadas de parte de empresas, inversionistas, y los estados nacionales y extranjeros y sus embajadas, para exigir que en todo proyecto que tenga que ver con los territorios rurales, se garantice que las comunidades puedan dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso y acceso a su tierra y sus recursos naturales.[1]

 

Agresiones a defensores de los bosques y el ambiente

De acuerdo con datos de la organización Global Witness, durante 2017 en América Latina se mantuvo como el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. En el caso de México, “ahora se caracteriza como un lugar mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente (anteriormente, México ocupaba el puesto 14)”.[2]

Por su parte, la organización Front Line Defenders documentó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países. El 80 por ciento de dichos asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.[3]

Lo más alarmante es que “el análisis sobre el trabajo que realizaban las personas asesinadas arrojó que el 67 por ciento defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas”. La impunidad es uno de los principales alicientes para que este tipo de prácticas de hostigamiento y asesinato se sigan cometiendo en México y en el mundo.

2017 fue un año negro. En el país se registraron más asesinatos de defensores ambientales que nunca. El propio reporte de Gobal Witness subraya que “la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.[4]

Acciones de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra los hombres. De hecho, el 23 por ciento de los llamados urgentes emitidos por Front Line Defenders en 2017 estuvieron relacionados con amenazas o intimidación a las defensoras por su trabajo, en comparación con el 10 por ciento de sus contrapartes masculinos. En algunos casos se trataba de amenazas de violencia sexual.

Las personas defensoras comunitarias e indígenas, particularmente las mujeres defensoras de derechos humanos se ven especialmente afectadas por procesos judiciales o detenciones, debido a que muchas veces realizan su labor de defensa de derechos humanos de forma voluntaria, y no pueden generar ingresos durante el desarrollo de estos procesos judiciales, lo que les afecta a ellos y a sus familias.[5]

El uso excesivo de la fuerza, los procesos de criminalización, la apertura de expedientes judiciales a través de detenciones arbitrarias e ilegales en marchas o en bloqueos de rutas, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas telefónicas, las calumnias, las campañas de desprestigio y los asesinatos, son las principales formas de agresión de las defensoras ambientales. Además, en el caso de las mujeres, se acentúan acciones que van encaminadas a deslegitimar su participación política y su aparición en el espacio público.

Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente pueden definirse como “aquellas personas o comunidades que trabajan por la promoción y protección de los derechos humanos asociados a la tierra y el territorio, incluyendo la defensa de los recursos naturales y el medioambiente, y todo aquello que permite la satisfacción de varios otros derechos y necesidades, como el alimento, la vivienda, el trabajo; y las relaciones sociales y significados culturalmente otorgados a los mismos”.[6] Organismos y organizaciones internacionales han reiterado que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente son un grupo especialmente vulnerable tanto en México como a nivel global.

Los proyectos económicos que están impactando más en el tejido social comunitario y donde se documentan un mayor número de abusos y violaciones a los derechos humanos serían los proyectos de extracción de bienes naturales (minería y explotación de bosques), de generación de energía (hidroeléctricos, eólicos, gasoductos y minería de carbón), de infraestructura y turísticos.

En vez de impulsar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de capacidades locales y opciones productivas sustentables en los territorios forestales, como el modelo de manejo forestal comunitario; que ha demostrado generar enormes beneficios, tanto ambientales como sociales, a través del fortalecimiento de la gobernanza interna y el desarrollo de cadenas de valor; el modelo de país vigente fomenta las inversiones de proyectos privados que van en detrimento de las comunidades y la sustentabilidad ambiental.

Esto es claramente regresivo y contrario a los compromisos adquiridos internacionalmente como el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica, solo por citar algunos.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura, y de que dicha garantía de protección sea una prioridad, pero la realidad es que el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para desempeñar estas actividades de activismo ambiental y de procuración del respeto a los derechos humanos.

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Iniciativa de ONU para proteger a defensores ambientales

Este 6 de marzo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó en Ginebra, Suiza, la Iniciativa Derechos Ambientales de las Naciones Unidas, que tendrá la función de ayudar a “las personas a comprender mejor sus derechos y a defenderlos, y asistirá a los Estados a salvaguardar los derechos ambientales”.

Además, a través de esta iniciativa insta a todos los gobiernos a priorizar la protección de los defensores del medio ambiente y a llevar ante la justicia de forma rápida y definitiva a los que atacan o amenazan a los defensores. La tolerancia a la intimidación de los defensores del medio ambiente socava los derechos humanos básicos y el estado de derecho ambiental”.[7]

Uno de los actores clave en la protección y respeto a los derechos humanos de los defensores ambientales es el sector privado, ya que al tener intereses en el aprovechamiento de los recursos y territorios las empresas entran en conflicto con las comunidades dueñas de dichos territorios, por ello, el PNUMA hace un llamado al sector privado para que “vaya más allá de los estándares mínimos de respeto a las comunidades y el ambiente y se convierta en un defensor de los derechos de todos a un medio ambiente limpio y saludable”.

Al respecto, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra`ad Al Hussein, subraya que “los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar los abusos cometidos por las empresas dentro de sus territorios y las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los demás”.

Otro de los instrumentos que podría contribuir a detener las agresiones y asesinatos en contra de las defensoras y defensores ambientales es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado apenas el domingo 4 de marzo (2018) en San José, Costa Rica. Este documento que es el primero de su tipo en la región y en el mundo, tiene la misión de garantizar la participación ciudadana y la labor de los defensores de los derechos ambientales.

Para poder detener las agresiones contra defensores ambientales las autoridades deben terminar con la impunidad que gozan los agresores.

Referencias:

[1] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017. Disponible en: https://goo.gl/vgwe1u

[2] Global Witness, Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. Disponible en: https://goo.gl/4FvH9Z

[3] Front Line Defenders. Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo 2017, Irlanda, 2018. Disponible en: https://goo.gl/Ksk3Ae 

[4] Global Witnes, México debe actuar urgentemente para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. Disponible en: https://goo.gl/kNh4Fw

[5] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Defender la Vida, personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo, México, 2017.

[6] Ibíd.

[7] PNUMA, ONU lanza iniciativa para proteger a los defensores del medio ambiente, 6 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/onu-lanza-iniciativa-para-proteger-los-defensores-del-medio

Fallas transversales de la política ambiental en México (Video)











Sinopsis:

La Doctora Leticia Merino, integrante del consejo directivo del CCMSS y coordinadora del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, explica que la política ambiental en México adolece fallas estructurales de consideración. La permean problemáticas como la centralización, ausencia de participación social, falta de acceso a información ambiental relevante, sectorialización, falta de transversalidad y desigualdad en el acceso a beneficios ambientales.

Este análisis forma parte de la Agenda Ambiental 2018 de la UNAM, que es un diagnóstico sobre 8 grandes temas: agua, ciudades, costas y mares, agricultura y suelos, biodiversidad, bosques, minería y energía; elaborado por 40 especialistas e instituciones, incluido el CCMSS, y se puede consultar aquí:

Agenda Ambiental.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL REITERAN LLAMADO  A LOS SENADORES A CONSULTAR Y MEJORAR LA LEY FORESTAL











Sinopsis:

Ciudad de México, 22 de marzo de 2018

  • A 17 meses de presentada la iniciativa de reforma de la Ley Forestal, reiteramos la necesidad de una consulta pública e incluyente, de la ley forestal y de la Ley de Biodiversidad.
  • Alertamos sobre los retrocesos en la propuesta de ley
  • Alertamos sobre los riesgos de despojo detrás de la transmisión de autorizaciones y de la definición de los derechos de propiedad sobre los recursos genéticos y los servicios ambientales.
  • Ante la falta de avances en el Sector Forestal la ley debe contemplar una política de largo plazo, basada en el Manejo Forestal Comunitario
  • Entre los temas a incluir están: fortalecer la participación social, el fomento al Manejo Forestal Comunitario, la mejora en la regulación, la descentralización y mejorar la transparencia en el uso de recursos
  • Deben revisarse conjuntamente las leyes de Biodiversidad y Forestal, en tanto que obran sobre los mismos territorios y afectan a las mismas comunidades

A seis semanas de concluir el último periodo ordinario del LXIII Legislatura y a 17 meses de presentada la iniciativa, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) recordamos a los Senadores que aún no se realiza la Consulta de la nueva Ley Forestal que se encuentra en discusión en el Senado y hacemos un llamado a cumplir con lo establecido en la propia ley que se quiere reformar, en materia de participación y salvaguardas. Llamamos la atención a que, en proceso similar referente a la Ley de Biodiversidad, la Comisión de Asuntos Indígenas se pronunció claramente por la realización de consulta para consentimiento libre, previo e informado, culturalmente adecuado y de buena fe, en los términos del artículo sexto de la Convención 169 de la OIT: “…debe someterse a consulta con los pueblos y comunidades Indígenas de México, en los términos que establece el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, con el objeto de obtener su consentimiento previo, libre e informado”.

En septiembre de 2016 fue presentada en la Cámara de Diputados, una iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y promulgar una nueva. Esa iniciativa fue elaborada de manera cerrada y, hasta la fecha, no ha sido objeto de consulta pública, a pesar de las reiteradas demandas de la sociedad para llevar a cabo un proceso transparente, incluyente e informado, que enriqueciera un proyecto para la necesaria reforma de la ley vigente.

Con modificaciones mínimas, la Iniciativa fue aprobada por los diputados en marzo de 2017 y enviada para su revisión a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), de Estudios Legislativos Primera y, a solicitud, a la Comisión de Desarrollo Rural.

En medio de una fuerte presión por parte de los organismos de la sociedad, en abril de 2017 fue suspendida la discusión para dictamen de la minuta y en el siguiente periodo de sesiones, de septiembre a diciembre de 2017, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó un dictamen que algunas de las propuestas relevantes de las organizaciones sociales, aún contiene retrocesos importantes respecto a la ley vigente y carece de algunas mejoras necesarias.

En diciembre de 2017 se agotó el periodo de sesiones y quedaron pendientes los resolutivos de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; al iniciarse el periodo de sesiones, esta comisión aprobó el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con adiciones.

En febrero de 2018, la Comisión de Asentamientos Humanos y Ordenación Territorial aprobó el dictamen de la COMARNAT, con adiciones, entre las que está la transmisión de las autorizaciones de aprovechamiento forestal. De manera paralela, en la Cámara de Diputados se encuentra en revisión la minuta de la Ley General de Biodiversidad, que fue aprobada en diciembre de 2018 por el pleno del Senado de la República, proceso en el que ha sido objeto de señalamientos diversos e importantes por parte de las comisiones de Cambio Climático y de Asuntos Indígenas, entre otros, la deficiencia en el proceso de consulta.

Las organizaciones firmantes queremos llamar la atención de los senadores para hacer una revisión cuidadosa del proyecto de dictamen, dado que existen cuestiones de peso que requieren discusión y enmienda: Hacemos hincapié en que el senado de la República no ha dado respuestas a las reiteradas solicitudes de consulta sobre la reforma a la Ley Forestal aún cuando ha habido tiempo de sobra para hacerlo y ni siquiera ha obtenido respuesta la solicitud formal hecha al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el 2 de enero de 2018.

IMPORTANTES DEFICIENCIAS QUE LOS SENADORES AÚN PUEDEN SOLVENTAR

  • Hay un retroceso inaceptable respecto de la ley vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad. Específicamente, a) el dictamen aprobado suprime facultades sustanciales del Consejo Nacional Forestal (CONAF) y los consejos estatales, quitándoles potestad para conocer de los cambios en políticas públicas y ejercer un papel de vigilancia y supervisión; b) se pierde la oportunidad de mejora del diseño del Fondo Forestal Mexicano, en el sentido de asignar a su Comité Mixto sólo funciones formales de asesoría y consulta, sin efectos concretos, cuando se ha propuesto otorgarle el carácter de órgano de gobierno. Así, la CONAFOR operaría el Fondo, bajo los lineamientos y supervisión del Comité Mixto y se evitaría el manejo discrecional y opaco de los recursos del Fondo.
  • La transferencia de atribuciones de autoridad de la SEMARNAT hacia la CONAFOR requiere, al menos, de una reflexión abierta que no ha tenido lugar, mientras que diversos actores del sector forestal han señalado riesgos e inconvenientes de concentrar los actos de autoridad en la CONAFOR, los que incluyen la contribución al debilitamiento de la cabeza de sector, que ya carece de capacidad para conducir la política en materia de agua, pesca e hidrocarburos y, por otra parte, la falta de contrapesos en la definición y el ejercicio de las políticas del sector. Sin esos equilibrios, existe un claro riesgo de que funcionarios de la CONAFOR incurran en conflictos de interés y en opacidad, abriéndose un terreno fértil para la corrupción. Tomando en cuenta que la SEMARNAT ha mostrado ineficacia e ineficiencia en sus funciones de regulación, la discusión debe clarificar si se trata de suprimir a la autoridad o de superar sus limitaciones.
  • La negativa reiterada a establecer un programa para el manejo forestal comunitario resulta incongruente con las múltiples definiciones y criterios que establecen una política de largo plazo para impulsar el manejo forestal comunitario y con el hecho de que ya existen, en la ley, disposiciones para dotar de recursos a las actividades de plantaciones comerciales y de restauración. Por otro lado, no se sostiene el argumento de que el programa requerido implique recursos adicionales, ya que se trata de una redistribución de los recursos disponibles, tal como la SHCP ha impuesto mediante la inserción de un artículo transitorio que especifica que no se destinarán recursos adicionales para la aplicación de la eventual nueva Ley.
  • Se ha planteado la propuesta de un diseño institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades de las regiones forestales y con una serie de dispositivos para mejorar la gestión forestal y acercarla a los productores. El dictamen aprobado por la COMARNAT ha suprimido completamente todo este tema.
  • Han quedado sin incluir diversas medidas para la mejora regulatoria y de la gestión, como son la adecuada regulación de los aserraderos móviles, la clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o vegetación secundaria, la definición de preferencia forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas y varios otros conceptos que están siendo desechados por falta de comprensión y sin argumentos que solamente pueden procesarse mediante una discusión abierta y fundamentada.
  • La transmisión de las autorizaciones de aprovechamiento forestal, se incluye sin suficiente claridad en cuanto a su sentido y alcances y podría implicar el soporte para el despojo de los recursos forestales de las comunidades o el fomento de la venta en pie de los recursos forestales comunitarios a los industriales de la madera, regresando en los hechos a la época del derecho de monte y fortaleciendo la tendencia hacia el rentismo. Si bien en muchos casos la gestión de los bosques es llevada a cabo por terceros mediante diversos mecanismos legales y no legales, consideramos que es necesario y urgente que de manera abierta se consideren esas implicaciones y se corrija la formulación de esa adición para acotarla y clarificarla, e impedir así que se convierta en un banderazo de salida para la compra venta de permisos de aprovechamiento forestal y la exclusión de los dueños de los bosques respecto de la gestión de sus bosques y sus beneficios..

Por lo anterior, reiteramos la necesidad de revisar abierta y cuidadosamente los aspectos que mencionamos mediante una consulta pública abierta, incluyente y de altura técnica y conceptual, que conduzca a una mejor ley que demanda un sector con grandes potenciales, pero que enfrenta múltiples y graves carencias.

Contactos:

Red MOCAF: Gustavo Sánchez V., cel. 5544889920; correo svallegustavo@gmail.com

CEMDA: Juan Carlos Carrillo, cel. 5545401573; correo jcarrillo@cemda.org.mx

CCMSS: Cecilia Navarro, cel. 55540678; bcecilia.navarro@gmail.com

 

Los bosques y sus habitantes, pobremente abordados en la agenda de los candidatos 2018











Sinopsis:

 

21 de marzo, Día Internacional de los Bosques

Este 2018, México enfrenta un proceso electoral que será crucial para el país. Las elecciones federales para elegir presidente de la República y renovar congreso, así como los procesos electorales estatales y municipales, representan una nueva oportunidad para enmendar la política pública y resolver problemas de gran relevancia para el desarrollo del país.

En lo que se refiere al tema forestal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible revisó los documentos de plataforma electoral y planes de gobierno de los tres candidatos a la presidencia procedentes de partidos políticos: Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PES, PT); José Antonio Meade Kuribreña, de la coalición “Todos por México” (PRI, PVEM, PANAL), y Ricardo Anaya Cortés, de la coalición “Por México al frente” (PAN-PRD-MC). En nuestra revisión encontramos que ninguna de estas plataformas contiene planteamientos sólidos y contundentes que permitan revertir los problemas que enfrentan las regiones forestales del país, a pesar de la  enorme importancia que tienen estas regiones en términos  productivos, ambientales, de combate al cambio climático y de provisión de servicios ecosistémicos indispensables, como la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad, entre otros.

Las tres coaliciones reconocen que es necesario modificar la situación del sector forestal -que enfrenta desigualdad, pobreza, deterioro ambiental, tala ilegal-, y si bien dos de ellas presentan algunas propuestas para dinamizar este sector, en general presentan omisiones importantes y no hacen un planteamiento integral que permita generar desarrollo para las regiones forestales y mejorar las condiciones de vida de los dueños de los territorios.

En este Día Internacional de los Bosques, el CCMSS ofrece en este documento un análisis rápido de lo que cada coalición expresa sobre el tema en su plataforma registrada ante el INE, explicamos sus principales deficiencias y llamamos a darle mayor prioridad al tema y a adoptar propuestas específicas para atender los problemas que enfrentan los ecosistemas forestales y sus dueños:

Consulta aquí el documento

 

 

Las mujeres de los bosques, una agenda pendiente











Sinopsis:

Históricamente, las mujeres han desempeñado un papel de suma importancia en el manejo, conservación y defensa de los recursos naturales y sus territorios. Sin embargo, en muchos casos, esa importante labor ha sido invisibilizada por cuestiones culturales y estructuras de organización patriarcal. Además, esto ha sido fomentado por políticas públicas que no se han orientado a abordar y, menos aún, a reducir la brecha de género.

Las mujeres han sido cruciales para la conservación de los bosques. Asimismo, las plantas que nos comemos hoy en día son producto de largos procesos de manejo y domesticación que ellas han desempeñado.[1]

Cuando las mujeres tienen una mayor participación en los comités de toma de decisiones y actividades de manejo forestal comunitario, mejora la gobernabilidad de los bosques y la sostenibilidad de los recursos.[2] Sin embargo, aún persiste una enorme brecha de género que restringe una mayor participación de las mujeres en esto ámbitos.

El manejo forestal comunitario es un esquema de gestión de los recursos naturales por parte de los legítimos dueños de los bosques que, cuando cuenta con una gobernanza interna sólida, permite una mayor integración de las mujeres en actividades productivas y en la toma de decisiones. Bajo el contexto de una sociedad dónde la inequidad es el común denominador el Consejo Civil considera importante impulsar este esquema y fomentar el desarrollo de cadenas locales de producción, que permitan la creación de espacios de trabajo para las personas que carecen de derechos agrarios y que, por ello, suelen ser marginadas en los procesos de toma de decisiones y goce de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos naturales.

En México, en el medio rural habitan alrededor de 27.5 millones de personas, de las cuales el 50.4 por ciento (13.9 millones) son mujeres. No obstante, la proporción igualitaria en la composición de la población, a penas el 26 por ciento de las personas con derechos a la propiedad ejidal son mujeres[3]. Estas cifras evidencian claramente un desbalance en el acceso a la tierra, que deriva en un acceso y participación restringidos en la toma de decisiones y goce de los beneficios derivados del manejo de los recursos.

Si bien en algunas comunidades agrarias indígenas (o tierras comunales), el padrón de miembros es relativamente más inclusivo puesto que el 32 por ciento de los titulares de derechos agrarios son mujeres, en los ejidos es significativamente más excluyente. En algunas regiones, hasta fechas muy recientes, los hombres prohibían a las mujeres entrar a las asambleas y ejercer actos de posesión efectivos sobre las tierras.

Hoy en día, la participación de las mujeres en la mayoría de los órganos de decisión de los ejidos y en los núcleos agrarios indígenas es muy escasa y limitada. Si bien cerca del 26 por ciento de los titulares de derechos en los ejidos son mujeres, sólo 15 por ciento de los puestos de órganos de representación vigentes son ocupados por mujeres, y menos del 8% de los presidentes de comisariados ejidales o presidentes de los consejos de vigilancia son mujeres[4].

En algunas regiones la proporción de mujeres en posiciones de decisión dentro de las estructuras de gobernanza ejidales y comunitarias son menos excluyentes, por ejemplo, algunas comunidades de la Selva Lacandona, donde las mujeres participan de manera crucial en la toma de decisiones. No obstante, este parece ser un proceso aislado. En general el avance en la participación de las mujeres en la toma de decisiones al interior de los ejidos y comunidades es lento y marginal. En Chiapas y Oaxaca, regiones con marcada presencia indígena, sólo el 3 y el 2 por ciento,[5] respectivamente, de las presidencias de los comisariados están en manos de las mujeres.

Esta disparidad tiene importantes consecuencias en términos de acceso desigual a desarrollo de capacidades, beneficios, subsidios e ingresos derivados del manejo de los bosques. Pese a que las mujeres intervienen de muchas maneras en el manejo de los territorios forestales, tanto los ingresos derivados de la comercialización de los productos del bosque, como el acceso a los subsidios del sector forestal y muchos otros beneficios, le corresponden mayoritariamente a los ‘dueños o legítimos propietarios’, es decir, son los hombres quienes en términos generales se llevan al menos tres cuartas partes de los beneficios económicos derivados del bosque.

En promedio, en el país las mujeres rurales trabajan 89 horas semanales, 31 horas más que los hombres[6], pero gran parte del trabajo no se contabiliza, ya que se desarrolla dentro del hogar, en tareas como el manejo de cultivos y animales de traspatio para la subsistencia y en el cuidado de terceras personas, como sus hijos, sin percibir remuneración.[7]

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en las comunidades que habitan en territorios forestales, las mujeres obtienen la mitad de sus ingresos de los bosques, mientras que los hombres obtienen solo una tercera parte.

En este mismo sentido, datos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en inglés) indican que el ingreso proveniente de las actividades forestales es una quinta parte del total de los ingresos de las familias que viven dentro o cerca de los bosques. Los hombres contribuyen más que las mujeres porque sus actividades generan un ingreso; mientras que las mujeres están más involucradas en actividades de subsistencia y trabajo no remunerado. Aunque las actividades forestales de hombres y mujeres contribuyen a los ingresos de los hogares, hay considerables diferencias de género en el aprovechamiento de los productos forestales.[8]

El CIFOR también destaca que “los bosques han sido considerados frecuentemente un sector dominado por los hombres, lo que ha dificultado que las mujeres participen en el manejo de los bosques y la toma de decisiones.

Refiere que “estudios recientes sugieren que la participación de las mujeres se da más a menudo cuando hay menos instituciones exclusivas, más nivel de educación en las familias, y una menor desigualdad económica entre los géneros”. Aumentar la participación de las mujeres en los comités de toma de decisiones de las instituciones de forestería comunitaria ha demostrado que mejora la gobernabilidad de los bosques y la sostenibilidad de los recursos.[9]

Recomendaciones de política pública

Si bien las actividades típicamente maderables, como el abasto de madera en rollo y la transformación de madera aserrada, están principalmente en manos de los hombres (aunque hay importantes casos de mujeres al frente de aserraderos e industria forestal), muchos de los emprendimientos, tanto tradicionales como innovadores o alternativos que ocurren en los territorios forestales, están en manos de jóvenes y mujeres: extraen pigmentos, recolectan agua, semillas y leña, obtienen productos forestales no maderables (medicamentos, forraje y alimentos); emprenden iniciativas como el manejo integrado del paisaje, la producción de árboles para la reforestación; el ecoturismo o turismo alternativo; el aprovechamiento, envasado y comercialización de productos no maderables como hongos, pimienta, miel, resinas e insumos para artesanías; la crianza de peces, entre otras actividades; se organizan grupos de mujeres o de jóvenes, por lo general a través de acuerdos formales o informales con las asambleas de ejidatarios.

Es cada vez más común, aunque sigue siendo muy marginal, observar a mujeres en actividades de limpia, saneamiento y restauración en terrenos forestales, así como en actividades de aserrío y conducción de la industria forestal. En etapas más avanzadas en la cadena de valor, como en el acabado de muebles, sí es común ver a mujeres, pero su participación es marginal, hay una brecha muy grande, en comparación con la proporción de hombres que participa en las actividades forestales.

Frente a este escenario, el CCMSS considera necesario, que nuestro país debe mejorar su marco normativo y el diseño de los subsidios que se aplican en el sector forestal y rural en general. Los subsidios aplicados a través de las reglas de operación de programas de las dependencias federales como Sagarpa, Conafor, Semarnat y Sedesol, así como de agencias estatales y municipales, deben tener una fuerte y creciente orientación de fomento y prelación, incluyendo acciones afirmativas específicas que promuevan la igualdad de género.

En 2016 se emitieron y publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios federales, que se fundamentan en los artículos 1º y 4º de la Constitución y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en México tiene rango constitucional desde las reformas constitucionales del 2011. Es necesario vigilar y aplicar de forma eficiente estos criterios para propiciar una mayor participación de las mujeres.

Concretamente, y a manera de ejemplo, las reglas de operación de Conafor 2017 incluyen apoyos a actividades dirigidas a sectores distintos a los ‘dueños y legítimos poseedores’ de los territorios forestales, y se pudo favorecer mediante criterios de prelación la canalización de subsidios a proyectos y actividades que demuestren participación mayoritaria de mujeres, tanto en proyectos dirigidos a ejidatarios y comuneros, como en la apertura de opciones para avecindados, jóvenes y mujeres. También se hizo explícita la participación de las mujeres en actividades de restauración, combate y prevención de incendios en los predios forestales. Es un buen avance, pero es necesario ir más allá.

Para las Reglas de Operación 2018 de la Conafor, se han incluido entre los beneficiarios del programa, figuras diferentes a ejidos y comunidades, de conformidad con el artículo segundo de la Constitución (comunidades indígenas y equiparables). Asimismo, se homologaron criterios en población objetivo conforme a una revisión jurídica (definiendo qué tipo de beneficiarios entra en cada figura). Finalmente, se propuso la integración del término usufructuario a fin de no restringir el acceso a las mujeres y jóvenes que no pueden acreditar la posesión legal de los terrenos forestales.

Se debe avanzar de manera decidida y significativa en la incorporación de instrumentos de política pública que fomenten la igualdad de género en las estructuras de toma de decisiones, con medidas afirmativas, como el condicionamiento de subsidios para el fomento a la participación de mujeres en los órganos directivos de los ejidos y comunidades.

Estas medidas deben ser acompañadas de estrategias efectivas para el desarrollo de capacidades de gestión, administración y liderazgo, además de capacidades técnicas; si bien la realidad muestra que es un mito que tales capacidades existan solo en los hombres y no en las mujeres.

 

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Referencias

[1] CCMSS, Revalorizar a las comunidades locales y el conocimiento tradicional para la conservación de los bosques tropicales. 2018. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/revalorizar-las-comunidades-locales-conocimiento-tradicional-la-conservacion-los-bosques-tropicales/

[2] CIFOR, Fact sheet No. 11, Bosques y género. Lo que deberían saber los formuladores de políticas, 2013. Disponible en: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/factsheet/4178-factsheet.pdf

[3] Registro Nacional Agrario, Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[4] RAN: Integrantes de Órganos de Representación de Núcleos Agrarios Inscritos en el SIMCR al 31 de dic de 2016. Tomado en noviembre de 2017 de: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[5]  Elaboración propia a partir de la estadística del RAN: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero

[6] Kánter Coronel Irma del Rosario y Ponce Sernicharo Gabriela, Al día: Las cifras hablan Número 62, “Día internacional de las mujeres rurales”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 2016.

[7] Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Proyecto México para la Reducción de Emisiones por deforestación y degradación (M-REDD+), The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC. 2017.

[8] CIFOR, Fact sheet No. 11, Bosques y género. Lo que deberían saber los formuladores de políticas, 2013.

[9] Ibíd.

Revalorizar a las comunidades locales y el conocimiento tradicional para la conservación de los bosques tropicales











Sinopsis:

El conocimiento tradicional es fundamental para lograr la conservación de los bosques tropicales. Estas prácticas ancestrales de las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado los bosques, desde hace siglos, han sido esenciales para el desarrollo de las civilizaciones. Su aportación es tan importante que, gracias a sus prácticas de manejo y domesticación de las plantas, podemos alimentarnos.

Las plantas que nos comemos son especies domesticadas por estas comunidades y de no ser por sus importantes labores de selección y manejo a lo largo de la historia, particularmente desempeñadas por las mujeres, no tendríamos estos alimentos a la mano, explica el Dr. José Sarukhán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El especialista lamenta que el conocimiento tradicional esté “tan subvalorado”, si bien es cierto que hay algunas áreas en donde el conocimiento científico ha avanzado, el conocimiento y las prácticas de las comunidades locales, heredado ancestralmente, es la base de lo que hoy conocemos como método científico.

En el marco de la presentación del libro “La Conservación del Bosque Tropical, Procesos a largo plazo de la evolución humana, adaptaciones culturales y patrones de consumo”, la directora y representante en México de la UNESCO, Nuria Sanz, refiere que “los bosques tropicales, por muy prístinos que nos parezcan, como los conocemos actualmente, son resultado de la interacción de las comunidades humanas que los han habitado”.

Comenta que en el mundo hay 75 millones de hectáreas de bosques tropicales y que en estos ecosistemas habitan 800 millones de personas, que dependen de ellos, en gran medida, para subsistir.

Sugiere desvelar algunos mitos, como el hecho de que la Amazonía es un ecosistema prácticamente sin presencia humana. Cuando en realidad cientos de grupos étnicos habitan y han manejado de forma ordenada este importante bosque tropical, y ha sido “la interacción de estas comunidades lo que ha permitido su conservación y adaptación”. Asimismo, subraya que una evidencia que ha arrojado el libro es que “las selvas tropicales son paisajes antropomofizados desde el Pleistoceno en casi la totalidad de los continentes”.

En este sentido, resalta que “las comunidades y pueblos indígenas son socios indispensables para la gestión y conservación de los bosques”.

En su intervención, el doctor Sarukhán plantea que conservación no significa no tocar, pues las comunidades que han habitado los bosques son verdaderos jardineros de la selva.

En el caso de México, por sus condiciones particulares de tenencia de la tierra, en la que las comunidades y ejidos son dueños de los territorios forestales, es necesario impulsar estrategias de conservación activa, de uso y manejo sustentable para que las comunidades que habiten los territorios forestales puedan generar un mayor valor y mejorar sus condiciones de vida.

“Debemos hacer que la producción de miel, café, cacao y otros productos que generan las comunidades que habitan las selvas de nuestro país, logren alcanzar en el mercado su verdadero valor. Estos productos, que son sustentables y coadyuvan a la conservación del ecosistema, son productos con un alto valor cultural y esa característica debe ser reconocida en el mercado”, plantea el coordinador de la Conabio.

Añade que las políticas públicas y las inversiones del gasto deberían orientarse en convertir a las comunidades locales en empresarios, respetando sus usos y costumbres, y no orillarlos a convertirse en dependientes de los subsidios de gobierno.

Argumenta que “la importancia de conservar estos ecosistemas radica en que los bosques tropicales albergan entre el 50 y 75 por ciento de las especies. Es decir, son el reservorio de biodiversidad en el planeta. Cuando se pierde un área relativamente pequeña de selva, se pierden sistemas ecológicos completos, porque muchas especies ocupan pequeños espacios en su ciclo de vida”.

Además de la pérdida de biodiversidad, y servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, la infiltración de agua, regulación de la temperatura; “si no conservamos los bosques tropicales estaremos creando alteraciones en los sistemas ecológicos y tendremos mayor presencia de enfermedades severas como el SARS o el ébola que son producto de la pérdida de ecosistemas forestales”.

Los suelos forestales, un recurso indispensable en el abandono











Sinopsis:

Con respecto a la conservación de los suelos, discursivamente parece que México está muy bien, pero la realidad es que los estudios muestran que entre el 45 y 76 por ciento de los suelos están degradados. Hay muchas causas de pérdida de la soberanía alimentaria, pero una muy grave y severa es la degradación de los suelos y las políticas y programas gubernamentales atienden este tema de manera muy deficiente.

La investigadora del Centro Geo y de la UNAM, Helena Cotler Ávalos, acusa que “en la propia Comisión Nacional Forestal (Conafor) la gerencia de suelos ya desapareció; y en Sagarpa los programas -que destinan solo entre 1 y 2 por ciento del presupuesto de la dependencia a este componente-, están hechos para desarrollar infraestructura hidráulica, es decir, sistemas de riego. Es un tema abandonado que no se ha visibilizado y no se ha construido un interés público al respecto a pesar de su inminente importancia”.

La especialista en suelos y ecosistemas forestales explica que “siempre que se habla de bosques, se habla de los recursos maderables, de la superficie arbórea y no de los suelos, cuando estos son el soporte de esa vegetación. Es indispensable que se vea al ecosistema forestal de manera integral, tomando en cuenta los suelos y considerando, entonces, que todas aquellas acciones que estemos realizando en los suelos van a repercutir en la capacidad de soporte, de retención de humedad, de biodiversidad, de almacenamiento de carbono en los bosques.

Demanda que “todo esto tiene que estar reflejado en los instrumentos de política pública, de tal manera que las acciones que realicemos vayan en el sentido de mejorar los servicios ecosistémicos en las regiones forestales”.

Los programas relativos a la conservación y restauración de suelos que se derivan de la política forestal han propiciado que se tenga un abanico de acciones muy reducido. Lamenta que solo contamos con un manual, donde predominan prácticas mecánicas de retención de sedimentos y no de conservación de suelos. Estas prácticas se están realizando de manera uniforme por todo el país sin importar las condiciones ecosistémicas.

Refiere que “tenemos zanjas desde Chihuahua hasta Chiapas, y sin importar que ecosistema forestal estemos interviniendo. Se están impulsando acciones por receta, como si todo el territorio tuviera las mismas condiciones edáficas y climáticas, al mismo tiempo, muchas prácticas que realizaban las comunidades para la conservación de suelos se están dejando de lado”.

La doctora Helena Cotler acusa que no se está reconociendo el conocimiento comunitario en términos del manejo forestal integral. “Más bien, se les está imponiendo cierto tipo de prácticas; asimismo, muchas comunidades se oponen a este tipo de prácticas estandarizadas y no les dan seguimiento, porque consideran que estuvo bien mientras les dieron un subsidio económico, pero que no le ven, realmente, ningún sentido”.

Con esta visión simplista de un recurso tan valioso como lo es el suelo “se está erosionando el conocimiento de las comunidades a través de la implementación de prácticas uniformes, homogeneizantes en todo el país. En vez de estar reforzando el conocimiento del ecosistema, de su integridad y conservación. Lo que se están haciendo, son prácticas sin ningún sentido”.

Detalla que, con base en datos recabados en un estudio sobre el impacto negativo de las zanjas en los suelos forestales en el Eje neo-volcánico, en suelos andosoles muy profundos y con bastante materia orgánica, la Conafor sí reconoció que eran problemáticos y en 2015 modificó las reglas de operación de sus programas para evitar la construcción de zanjas en el Eje neo-volcánico.

Pero las acciones deben ir más allá, plantea que se tiene que modificar ese manual de conservación de suelos. “No tiene que haber solo un manual, tiene que haber un abanico de prácticas en función de las condiciones ambientales y el conocimiento local de las comunidades que manejan esos ecosistemas”.

Por otra parte, señala que hay muchas iniciativas del sector privado para incidir en la restauración de los ecosistemas forestales, en las que “implementan acciones de conservación como reforestación o zanjas en las propias Áreas Naturales Protegidas, y en vez de generar mejoras en los ecosistemas, le provocan más impactos negativos. Ya nos hemos acercado con varias de estas empresas y hemos obtenido respuestas tímidas al respecto, porque siguen con este tipo de prácticas que son nocivas a la infiltración, a la captura de carbono y a la erosión de suelos”.

Comparte que junto con un grupo de investigadores se encuentra trabajando en un “índice de valoración económica de las afectaciones ambientales que generan este tipo de acciones. Recomienda que “si alguna empresa quiere invertir en acciones de conservación debería acercarse al consejo consultivo del as áreas naturales protegidas, a expertos para que les asesoren correctamente.

Posicionamiento de las organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad ante la reforma de la Ley Forestal











Sinopsis:

  • Reiteramos la necesidad de una consulta pública e incluyente
  • Alertamos sobre los retrocesos en la propuesta de ley
  • Ante la falta de avances en el Sector Forestal la ley debe contemplar una política de largo plazo, basada en el Manejo Forestal Comunitario
  • Entre los temas a incluir están: fortalecer la participación social, el fomento al Manejo Forestal Comunitario, la mejora en la regulación, la descentralización y mejorar la transparencia en el uso de recursos

En septiembre de 2016 fue presentada en la Cámara de Diputados, una iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y promulgar una nueva. Esa iniciativa fue elaborada de manera cerrada y, hasta la fecha, no ha sido objeto de consulta pública, a pesar de las reiteradas demandas de la sociedad para llevar a cabo un proceso transparente, incluyente e informado, que enriqueciera un proyecto para la necesaria reforma de la ley vigente.

Con modificaciones mínimas, la Iniciativa fue aprobada por los diputados en marzo de 2017 y turnada para su revisión a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), de Estudios Legislativos Primera y, a solicitud, a la Comisión de Desarrollo Rural.

En medio de una fuerte presión por parte de los organismos de la sociedad, en abril de 2017 fue suspendida la discusión para dictamen de la minuta y en el siguiente periodo de sesiones, de septiembre a diciembre de 2017, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó un dictamen que si bien incorpora algunas de las propuestas de las organizaciones sociales, aún contiene retrocesos importantes respecto a la ley vigente y ausencia de mejoras necesarias.

En diciembre de 2017 se agotó el periodo de sesiones y quedaron pendientes los resolutivos de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, antes de pasar a debate y votación en el Pleno de la Cámara de Senadores. Hacemos hincapié en que el Senado de la República no ha dado respuestas a las reiteradas solicitudes de consulta sobre la reforma a la Ley Forestal aún cuando ha habido tiempo de sobra para hacerlo.

En los primeros días del mes de febrero iniciará un nuevo periodo de sesiones del Senado. Las organizaciones firmantes queremos llamar la atención de los senadores para hacer una revisión cuidadosa del proyecto de dictamen, dado que existen cuestiones de peso que requieren discusión y enmienda:

  • Hay un retroceso inaceptable respecto de la ley vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad. Específicamente, a) el dictamen aprobado suprime facultades sustanciales del Consejo Nacional Forestal (CONAF) y los consejos estatales, quitándoles potestad para conocer de los cambios en políticas públicas y ejercer un papel de vigilancia y supervisión; b) se pierde la oportunidad de mejora del diseño del Fondo Forestal Mexicano, en el sentido de asignar a su Comité Mixto sólo funciones formales de asesoría y consulta, sin efectos concretos, cuando se ha propuesto otorgarle el carácter de órgano de gobierno. Así, la CONAFOR operaría el Fondo, bajo los lineamientos y supervisión del Comité Mixto y se evitaría el manejo discrecional y opaco de los recursos del Fondo..
  • La transferencia de atribuciones de autoridad de la SEMARNAT hacia la CONAFOR requiere, al menos, de una reflexión abierta que no ha tenido lugar, mientras que diversos actores del sector forestal han señalado riesgos e inconvenientes de concentrar los actos de autoridad en la CONAFOR, los que incluyen la contribución al debilitamiento de la cabeza de sector, que ya carece de capacidad para conducir la política en materia de agua, pesca e hidrocarburos y, por otra parte, la falta de contrapesos en la definición y el ejercicio de las políticas del sector. Sin esos equilibrios, existe un claro riesgo de que funcionarios de la CONAFOR incurran en conflictos de interés y en opacidad, abriéndose un terreno fértil para la corrupción. Tomando en cuenta que la SEMARNAT ha mostrado ineficacia e ineficiencia en sus funciones de regulación, la discusión debe clarificar si se trata de suprimir a la autoridad o de superar sus limitaciones.
  • La negativa reiterada a establecer un programa para el manejo forestal comunitario resulta incongruente con las múltiples definiciones y criterios que establecen una política de largo plazo para impulsar el manejo forestal comunitario y con el hecho de que ya existen, en la ley, disposiciones para dotar de recursos a las actividades de plantaciones comerciales y de restauración. Por otro lado, no se sostiene el argumento de que el programa requerido implique recursos adicionales, ya que se trata de una redistribución de los recursos disponibles, tal como la SHCP ha impuesto mediante la inserción de un artículo transitorio que especifica que no se destinarán recursos adicionales para la aplicación de la eventual nueva Ley.
  • Se ha planteado la propuesta de un diseño institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades de las regiones forestales y con una serie de dispositivos para mejorar la gestión forestal y acercarla a los productores. El dictamen aprobado por la COMARNAT ha suprimido completamente todo este tema.
  • Han quedado sin incluir diversas medidas para la mejora regulatoria y de la gestión, como son la regulación de los aserraderos móviles, la clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o vegetación secundaria, la definición de preferencia forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas y varios otros conceptos que están siendo desechados por falta de comprensión y sin argumentos que solamente pueden procesarse mediante una discusión abierta y fundamentada.

Por lo anterior, reiteramos la necesidad de una consulta pública  abierta, incluyente y de altura técnica y conceptual, que conduzca a una mejor ley que demanda un sector con grandes potenciales, pero que enfrenta múltiples y graves carencias.

Los bosques de nuestro país absorben el equivalente a todas las emisiones de CO2 del sector transporte; apoyar a las comunidades que los manejan es prioritario para combatir el cambio climático











Sinopsis:

Los ecosistemas forestales capturan anualmente 170 mega-toneladas de dióxido de carbono que es la misma cantidad que el sector de autotransporte de todo el pais emite a la atmósfera, de acuerdo con el estudio “Adapting REDD+ policy to sink conditions”.  Cabe señalar que el sector del autotransporte es una de los principales fuente de emisiones de CO2 en México, con el 23 por ciento.

Sin embargo, hoy en día los ecosistemas forestales se encuentran bajo fuertes amenazas por el avance de la ganadería, la minería y la agroindustria que demanda grandes extensiones de tierra.

En México, más del 60% de los territorios forestales son de propiedad social, y la protección y conservación de los bosques y selvas, y los enormes beneficios que nos brindan, entre ellos la captura de carbono, dependen del trabajo que realizan las comunidades y ejidos forestales a través de sus actividades de manejo.

Se trata de un enorme aporte de las comunidades y ejidos de nuestro país al combate al cambio climático que hasta ahora no ha sido reconocido ni valorado adecuadamente, subrayó el CCMSS.

En el marco del Día internacional para la reducción de emisiones, el CCMSS llama a impulsar el manejo forestal comunitario para la hacer frente al cambio climático y a las amenazas que se ciernen sobre los bosques y lograr así las metas climáticas a las que se ha comprometido México.

El estudio de la doctora Margaret Skutsch, del Instituto de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, titulado “Adapting REDD+ policy to sink conditions” (2017), arroja datos valiosos para entender el importante papel que juegan los bosques y selvas para la mitigación de las concentraciones de carbón en la atmósfera.

La doctora Skutsch recomienda que para incrementar los reservorios de carbono en los ecosistemas forestales manejados se impulsen políticas públicas que fomenten la conservación del arbolado sano y la remoción de árboles enfermos, viejos o de dimensiones menores, para propiciar el crecimiento de ejemplares nuevos y vigorosos que permitan una mayor absorción de carbono; se invierta en programas de Pago por Servicios Ambientales para la regeneración de bosques talados y degradados; así como en la conformación de brigadas contra incendios.

Mientras que para los bosques degradados que no están destinados a la producción de productos maderables, el análisis considera necesario detener el cambio de uso de suelo generado por el avance de los cultivos agroindustriales y la ganadería extensiva.

En este rubro el estudio recomienda inversiones en la conformación de grupos de vigilancia, labores de regeneración y mejoramiento de la masa forestal. En particular, el impulso a proyectos de producción de carbón vegetal puede propiciar un mejoramiento de la cobertura forestal para una mayor absorción de carbono, y generar ingresos para los dueños de esos terrenos forestales.

Para mantener la capacidad de captura de carbono de los bosques y selvas, México tiene una enorme oportunidad, las empresas forestales operadas por ejidos y comunidades -alrededor de 990-.

Con sus actividades de manejo, aprovechamiento de madera y otros productos forestales como resinas, semillas y plantas, propician la regeneración de la cobertura forestal y dan mantenimiento al bosque a través de actividades de reforestación, saneamiento, aclareo y apertura de caminos y brechas corta fuego; de esta manera aseguran la conservación de los bosques a lo largo del tiempo, al tiempo de generar empleos e ingresos para sus comunidades.

No obstante, las políticas públicas hacia las regiones forestales no les son hoy en día favorables; diversos factores, como la sobrerregulación, la falta de inversiones para el desarrollo de capacidades locales y un sistema sólido y confiable de extensionismo forestal, frenan el desarrollo de las iniciativas comunitarias.

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:

Gerardo Suárez, gsuarez@ccmss.org.mx y cel. 5530798674 o

Cecilia Navarro, bcecilia.navarro@gmail.com y cel. 5554540678.

Apostar por el manejo forestal comunitario para conservar los bosques y dignificar a las comunidades: Dr. José Sarukhán











Sinopsis:

 

México debería apostar por el impulso a las comunidades forestales, que son dueñas de la mayor parte de los territorios forestales de este país. Con ello lograríamos alcanzar las metas climáticas a las que se comprometió el país, como llegar a la deforestación cero y, al mismo tiempo, beneficiar a las personas que manejan, cuidan y mejoran los ecosistemas boscosos y selváticos, propone el Doctor José Sarukhán Kermes, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

El especialista, galardonado con el Premio Internacional Tyler (2017) por sus contribuciones en el campo del a biodiversidad, enfatiza que “México es un país de vocación forestal y no agrícola, y en consecuencia se deben hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la conservación de este importante patrimonio forestal; y una de las mejores estrategias para lograrlo es el manejo forestal comunitario”.

El doctor Sarukhán resalta que el trabajo de las comunidades en el manejo de sus recursos forestales es crucial, “porque ellos son los manejadores, los cuidadores, los mejoradores de esos sistemas forestales, particularmente cuando constituyen cooperativas, sociedades de producción o empresas sociales los beneficios son mayores”.

Detalla que en el país tenemos muchos ejemplos exitosos de empresas forestales comunitarias con reconocimientos internacionales por sus contribuciones a la conservación y labores de manejo. Estas empresas comunitarias generan beneficios a sus comunidades, y esto es enormemente importante y por ello, deberían replicarse en muchos otros lugares que tienen potencial para ello.

De acuerdo con un análisis del Consejo Civil Mexicano, existen en México  11 mil 843 ejidos y comunidades que cuentan con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva en sus territorios. Estas comunidades llevan a cabo una importante labor de protección y conservación de los recursos forestales que de otra manera ya hubieran sido destruidos por la tala ilegal, los incendios y el cambio de uso de suelo.

 

 

El titular de la CONABIO plantea que “una de las cosas que habría que hacer para impulsar al sector forestal en el país es promover una buena asesoría técnica a las comunidades dueñas de recursos forestales. Que tengan estímulos de tipo financiero para poner que ellas pongan en marcha sus propias empresas comunitarias”. Añade que “quizá algunos de estos emprendimientos van a fallar, pero habría que ver por qué; quizá algunos por falta de capacitación, entrenamiento o problemas de mercado, pero habría que solventar esos obstáculos”.

Refiere que “el impulso al manejo forestal comunitario es una forma muchísimo más digna y adecuada para asegurar que nuestro patrimonio natural, de zonas boscosas y selváticas pueda mantenerse en beneficio de todo el país, y particularmente, para que se beneficien las comunidades que cuidan y manejan los bosques”.

“Hay que darles los apoyos necesarios a estas comunidades forestales, porque ellos, saben responder a estos desafíos. Yo no creo que se requieran enormes cantidades de dinero para llevar a cabo este tipo de acciones. Es necesario que apostemos por convertirlos en empresarios y que puedan avanzar, como se hace en muchos otros lados. Esto no se ha hecho en México”, concluye.

Impulso a las comunidades forestales e inversiones con visión de territorio para lograr un mejoramiento ambiental











Sinopsis:

El trabajo que realizan las comunidades y ejidos de nuestro país, en cuanto al manejo y aprovechamiento los recursos naturales, es fundamental para asegurar la conservación y restauración de esos importantes ecosistemas, y al mismo tiempo, esas actividades de manejo sustentable les permiten mejorar sus condiciones de vida, señala María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Explica que en el contexto que vivimos de cambio climático, muchas de las actividades productivas “tradicionales” que se desarrollan en el medio rural deberán cambiar, deberán adaptarse porque, así como el entorno es distinto, las necesidades también se han transformado.

María Amparo Martínez plantea que “la contaminación que llega a los bosques proveniente de las ciudades cercanas impacta el paisaje, esto implica la necesidad de desarrollar  un tratamiento distinto a los recursos”.

En este sentido, destaca que es necesario que las comunidades diversifiquen sus  actividades productivas, a la par de aprender nuevas técnicas sustentables para la conservación y restauración de los ecosistemas, alineadas a los instrumentos de política internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris.

Señala que no podemos seguir impulsando sistemas productivos que degradan el medio ambiente como la ganadería extensiva o la agricultura demandante de grandes cantidades de agua y agroquímicos. Debemos, en cambio, impulsar los esfuerzos de comunidades rurales vinculadas a la agroforestería, a la producción de mieles y a la silvicultura comunitaria, deben fomentarse porque éstas sí contribuyen a la provisión de servicios ecosistémicos y a la conservación de la biodiversidad.

 

Comenta que en términos de inversiones en el sector ambiental “siempre diremos que hacen falta recursos, pero más bien tenemos un enorme potencial en gastar de forma más óptima los recursos con los que contamos”.

Resalta la necesidad de fijar un componente de transversalidad que nos permita hacer sinergias y encontrar los puentes en la asignación de esos recursos para lograr un mejoramiento ambiental. Realizar asignaciones del presupuesto de forma holística “siempre será más sustentable que hacer grandes inversiones en un único aspecto o sector, para ello, requerimos analizar todas las actividades que se realizan en un territorio, de manera que podamos optimizar los recursos”.

Sobre las actividades extractivas, como la minería, que son una seria amenaza para la integridad de los territorios y la biodiversidad, la directora del INECC indica que, en las Áreas Naturales Protegidas, al menos en la parte legal están reguladas; lo que debemos garantizar es que esta legislación se cumpla.

Apunta que con el sector industrial se deben establecer las acciones necesarias para garantizar la restauración de las zonas en las que trabajan, y procurar que los beneficios que se deriven de esas acciones repercutan positivamente en la vida de las comunidades dueñas de esos territorios.

Posicionamiento sobre la situación de la nueva Ley forestal











Sinopsis:

El pasado mes de septiembre la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones importantes la minuta de una nueva Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, para que esta ley quede formalmente aprobada se requieren, aún, de los dictámenes de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y el debate y votación en el pleno de las dos Cámaras.

En una revisión detallada de la última versión del dictamen, el Consejo Civil Mexicano ha encontrado que aún existen enormes problemas en temas cruciales. Particularmente grave es el tratamiento a la participación social, pues le suprime al Consejo Nacional Forestal, los Consejos Forestales Estatales y al Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano, su capacidad de iniciativa, supervisión y vigilancia y los deja solamente como órganos de consulta y asesoramiento, sin una fuerza efectiva; así, serán simples ornamentos o instrumentos de legitimación y maquillaje de políticas y prácticas discrecionales. Un principio constitucional básico, es la no regresividad en los derechos de la sociedad, y este dictamen pretende regresar el marco legal a una época donde la sociedad estaba proscrita de participar en el diseño, ejecución, supervisión y vigilancia de la política pública. Eso nos parece inaceptable.

En estrecha relación con ese tema, desde que surgió la iniciativa de ley, muchas organizaciones respaldadas por más de 30 mil firmas de ciudadanos, exigimos que se abriera un proceso de consulta dirigido a todas las personas y organizaciones relacionadas con el sector forestal, para conocer propuestas e inquietudes, y tener la oportunidad de enriquecer la iniciativa con los puntos de vista de los destinatarios de la ley. Hasta el día de hoy, ese proceso de consulta no se ha abierto. Si bien hubo valiosos espacios de análisis y diálogo, estos fueron entre algunos especialistas y organizaciones, por un lado, y legisladores y funcionarios por otro; pero estos espacios no sustituyen la necesidad de una consulta amplia, pública e incluyente. Los legisladores en su conjunto, con señaladas excepciones, siguen despreciando la oportunidad de legitimar su trabajo legislativo y hacerlo mucho más sólido y valioso, al mantener los oídos sordos a la sociedad. La consulta pública no es sólo un ejercicio básico de democracia, es también la oportunidad de construir un marco legal basado en la situación real y las necesidades de los ciudadanos y de concertar compromisos de los diversos agentes, en este caso los que actúan en el sector forestal.

En ese contexto de erosión del marco de transparencia y participación de los Consejos Forestales, nos parece sumamente riesgoso otro asunto crucial de la ley: la transferencia de las atribuciones de autoridad de la SEMARNAT a la CONAFOR. El dictamen aprobado confiere a la Comisión Nacional Forestal la función de aprobar o cancelar programas de manejo, permisos de aprovechamiento y otros actos de autoridad. Esta función de otorgar o rechazar permisos hasta ahora se mantenía en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo el precepto de mantener controles y contrapesos entre las funciones de fomento y las de autorización. La transferencia de actos de autoridad a la CONAFOR, sin órganos de transparencia y supervisión fuertes y efectivos, y tomando en cuenta la gran discrecionalidad y corrupción que ha caracterizado a muchos funcionarios públicos, significa también una grave regresión en términos de institucionalidad democrática. Poner los subsidios para el fomento de la actividad forestal en las mismas manos que la autoridad para aprovechar los bosques, en ausencia de mecanismos de vigilancia y contraloría social, significa finiquitar los intentos de mejorar y democratizar la gobernanza forestal.

El arreglo institucional actual, en el que la SEMARNAT autoriza y la CONAFOR fomenta, es considerado por algunos actores como un obstáculo para el buen desempeño de la actividad forestal, pues los criterios de la SEMARNAT por lo general no consideran prioritario el aprovechamiento sustentable como una estrategia viable de conservación de los recursos naturales y, por el contrario, priorizan una conservación y restauración pasiva. Estableciendo todo tipo de trabas y trámites engorrosos al aprovechamiento sustentable. Sin duda la sobre-regulación y la tramitología excesiva, lenta y a veces discrecional, ejercida desde la SEMARNAT es un factor que frena el desarrollo del sector. Frente a este hecho, consideramos que la vía correcta y de largo plazo para superar las deficiencias actuales no es hacer cambios estructurales por motivos coyunturales, sino reformar a fondo a la SEMARNAT para corregir su orientación, su operación y mejorar sus capacidades.

Pretender resolver la carga burocrática mediante la disolución de los contrapesos institucionales y a la vez eliminando las atribuciones de vigilancia del Consejo Nacional Forestal, parecen la garantía de una nueva etapa de discrecionalidad y corrupción que no pueden sino generar más degradación y deforestación, pobreza en las comunidades y acumulación de riqueza en manos de una élite del sector forestal que controla en su interés amplios espacios del presupuesto y la toma de decisiones

Las empresas forestales comunitarias de México son un ejemplo único en el mundo y con un enorme potencial











Sinopsis:

En México hay alrededor de 990 comunidades que cuentan con empresas forestales comunitarias. Unas 25 de ellas, con niveles de estructura y desarrollo muy avanzadas. Estas empresas comunitarias cuentan con aserraderos, producen triplay, generan productos de exportación. El resto, quizá con una menor integración, son una fuente importante de ingresos y empleos para las propias comunidades, destaca el investigador de la Universidad Internacional de Florida, David Barton Bray.

Explica que las empresas forestales comunitarias de México son un elemento que debería visibilizarse mucho más, “porque son un caso único en el mundo”. Ya que en México el 60 por ciento de los bosques están en manos de las comunidades, y “gracias a sus esfuerzos en acción colectiva, luchas sociales, apoyos institucionales y algunos estímulos de los mercados, sus empresas forestales comunitarias contribuyen de manera significativa a la conservación de los territorios forestales y al bienestar de cientos de comunidades campesinas”.

El Dr. Bray plantea que estas comunidades forestales tienen el potencial de cubrir la demanda interna de productos forestales del país (alrededor de 20 millones de metros cúbicos de madera). Hoy día, de los 15 millones de hectáreas de bosques y selvas con potencial productivo, solo 6 millones están bajo aprovechamiento, así que hay en México la posibilidad de incorporar 9 millones de hectáreas a esquemas de manejo productivo. Sin embargo, para que esto suceda es necesario que se incrementen los apoyos y esfuerzos institucionales para el fortalecimiento de este esquema comunitario de gestión de los recursos forestales.

En términos de la evolución de la política forestal, subraya el investigador, “en los últimos 40 años en México, en diferentes momentos, el gobierno sí ha apoyado a las empresas forestales comunitarias. Algunas veces de forma más decidida y otras veces en menor grado”.

David Bray, al referirse al papel de Estado, señala que “sí fue importante el estímulo al desarrollo forestal comunitario en determinados momentos; claro que eso hay que contextualizarlo con la acción colectiva y el vigor empresarial de las propias comunidades, que han logrado erigir al sector forestal mexicano; pero, en términos generales, el apoyo ha sido insuficiente, dada la importancia de estas empresas comunitarias para producir madera, conservar los bosques y el desarrollo social”.

Bajo la administración gubernamental actual, “el apoyo al modelo de manejo forestal comunitario ha sido claramente menor, en comparación con otras administraciones, pero espero que esto cambie y se recobre la importancia que, en verdad, tiene el sector comunitario”.

Barton Bray menciona que “el gobierno actual sí ha puesto empeño y ha intentado incrementar la producción, aunque no sé qué tanto lo ha logrado; las estadísticas disponibles no reflejan que la producción maderable haya cambiado”.

Además de recursos, “siempre se requiere de asistencia técnica y capacitación, por la rotación de los liderazgos en los ejidos y comunidades. También se requiere de un extensionismo forestal estable, en el que se pueda confiar”, añade.

Por otra parte, comenta que “el impacto del crimen organizado es algo que está pesando en las comunidades forestales. Se requiere más protección para las EFC, que no están supeditadas a esa condición de hostigamiento y que merma sus actividades”.

El investigador, con más de 25 años de experiencia en el tema de la silvicultura comunitaria, siguiere que “claramente México puede cubrir su demanda interna de madera a través de la producción comunitaria, y esto se puede obtener con una política forestal que claramente se comprometa con el modelo comunitario de manejo de bosques, con campañas de promoción de consumo de madera producida internamente y fortalecimiento de las empresas sociales”.

En relación con la producción y tráfico de madera ilegal en el país, refiere que “por ser ilegal, no hay números confiables de la magnitud del problema. La evidencia apunta a que el problema de la tala ilegal, no está en las comunidades que cuentan con un permiso de aprovechamiento. En realidad, la tala ilegal se da en lugares y regiones dónde los dueños de los bosques han perdido el control de sus territorios. En lugares donde los dueños de la tierra, no han logrado organizar el manejo y aprovechamiento del bosque debido a diversos factores, por ejemplo, lo complicado y complejo del proceso para obtener de un permiso de aprovechamiento.

Amenaza la minería a las comunidades forestales (Análisis del CCMSS)











Sinopsis:

  • De los 11,843 núcleos agrarios que tienen área forestal, 42% tiene alguna concesión en su territorio.
  • Investigación de CCMSS y Cartocrítica muestra que las concesiones mineras se traslapan con tierras bajo aprovechamiento forestal, con ANP e incluso con bosques certificados por FSC debido a su buen manejo.
  • 44% de los proyectos mineros en exploración y desarrollo en México se encuentran en bosques y selvas.
  • En Sinaloa y Jalisco más del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras.

Las concesiones mineras otorgadas a empresas tanto nacionales como internacionales se empalman con al menos 42% de los núcleos agrarios forestales que hay en nuestro país.

Este es uno de los hallazgos encontrados por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), que, con apoyo de Cartocrítica, hizo un análisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras (de ahora en adelante concesiones) vigentes a diciembre de 2015. Esta revisión evidencia la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y sus territorios.

“Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades en una posición de vulnerabilidad. Si de por sí, la intervención gubernamental errática y contradictoria en las regiones forestales ha debilitado las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales, la minería como actividad preferente desestima y complica las estrategias de vida en las regiones”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.

La dimensión de la minería en los bosques

En México hay 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras. Si bien las concesiones mineras no necesariamente implican un proyecto minero en producción, el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio atenta en sí mismo contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando las estrategias de manejo y uso por parte de la población local.

Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas. En los casos de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa más de 40% de la superficie forestal de cada estado.

Avance imparable

Los medios de vida de cientos de comunidades se verían afectados si las concesiones otorgadas pasaran a una fase de producción. De los 11,843 núcleos agrarios forestales que tiene nuestro país, 4,997, (42%), tienen una fracción de su territorio concesionado, situación que afecta a cerca de 8 millones de hectáreas de los bosques y selvas de propiedad social. En estados como Sinaloa y Jalisco más del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras.

Los derechos que tienen las comunidades y ejidos sobre la tierra están establecidos en diferentes instrumentos legales nacionales e internacionales, entre ellos: a) la Ley Agraria, que reconoce la propiedad que tienen los ejidos y comunidades sobre su territorio; b) el artículo 2° Constitucional, que establece la libre determinación de los pueblos indígenas; y c) el artículo 6° del Convenio de la OIT, que establece la necesidad de consultar a los pueblos indígenas ante medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarles directamente.

No obstante, en las regiones forestales los derechos de las comunidades están siendo violentados pues los proyectos extractivistas avanzan y se les niega el derecho a otorgar (o no) su consentimiento libre, previo e informado sobre los mismos. Existen múltiples ejemplos de lo anterior: la disputa entre el pueblo Wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp por una mina que afecta un sitio sagrado de su territorio; la disputa entre las comunidades de la Sierra Norte de Puebla y la minera Almaden Minerals, entre muchos más.

En México contamos con un marco legal que obliga a las autoridades a respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Sin embargo, mineras y gobierno impulsan proyectos mineros sin importar que se vulneren los derechos de las comunidades locales.

Políticas públicas encontradas: conservación y aprovechamiento forestal vs. minería

El análisis de capas de información evidencia que el gobierno continúa impulsando políticas públicas desarticuladas sin un planteamiento de desarrollo regional, sectorizadas, en la que cada institución avanza en sus propias metas sin una estrategia integral que permita avanzar hacia la sustentabilidad. Las concesiones mineras se traslapan con las Áreas Naturales Protegidas (ANP), con predios que reciben un Pago por Servicios Ambientales (PSA) y con predios que tienen aprovechamiento forestal maderable (AFM).

En el caso de las políticas de conservación y protección forestal, encontramos que 434,483 hectáreas de bosques inscritos en el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) también están concesionadas a la minería. Jalisco y Sinaloa tienen concesiones en más del 40% de la superficie que está en el PSA. Mientras tanto, en las ANP hay cerca de 4 millones de hectáreas que se traslapan con concesiones mineras y se tienen registrados al menos 42 proyectos extractivos en las ANP.

Las concesiones mineras sobre territorios forestales son un tema de enorme relevancia tanto por los riesgos de afectación de derechos a los propietarios como por sus posibles impactos sobre las actividades económicas de las comunidades. En México hay 12.6 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal; sin embargo, cerca de 3 millones de hectáreas, es decir, 23% se empalman con concesiones mineras. Los estados con mayor afectación son: Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua. Existen 72 proyectos mineros que ya están en fase de exploración, desarrollo o explotación en áreas de aprovechamiento forestal maderable.

En Chihuahua y Durango, estados que ocupan los primeros lugares por su producción forestal maderable con actividades productivas administradas por empresas ejidales, existe una fuerte sobreposición entre la superficie bajo “programa de aprovechamiento forestal” y la superficie concesionada a mineras. En Chihuahua esa sobreposición representa 22% y en Durango, 24%. La presión de la minería en estas entidades es muy fuerte, por sus importantes yacimientos de metales preciosos como oro, plata y cobre.

Muchos de los ejidos forestales afectados llevan más de 25 años aprovechando de manera sustentable sus bosques. Incluso, algunos de los ejidos afectados tienen un manejo forestal sobresaliente por el que lograron obtener la certificación FSC. Esta certificación se otorga a empresas, ejidos o comunidades que realizan un manejo forestal bajo estándares internacionales, tomando en consideración aspectos ambientales, sociales y económicos.

Más cifras confirman la falta de alineación de las políticas públicas: en una misma área, unas instituciones promueven la conservación y el uso sustentable y otras promueven actividades extractivistas. Los datos hablan por sí solos: se traslapan 3,742 concesiones en áreas de aprovechamiento forestal maderable; 2,521 en ANP federales y 1,243 en áreas con PSA.

En la opacidad

Llama la atención la poca o nula información que el gobierno da sobre estos temas. Los bosques y selvas de México son mayoritariamente propiedad de ejidos y comunidades. Sus territorios han sido titulados y respaldados por múltiples decretos presidenciales, son sus legítimos dueños y, sin embargo, más de 8 millones de hectáreas de sus tierras fueron concesionados a la minería. La mayoría de estos ejidos y comunidades desconocen su situación o encuentran trabas para acceder a información sobre las concesiones otorgadas en su territorio.

Si bien los datos generales de una concesión pueden ser consultados, para acceder a más información se cobran derechos. Esto genera una relación asimétrica, al poner la información al servicio de quien puede pagarla.

De acuerdo con un diagnóstico de transparencia elaborado en 2015 por Fundar y otras organizaciones, entre las causas de la opacidad sobre las concesiones mineras están: la confidencialidad, la inexistencia de datos económicos de los concesionarios, la dispersión de la información y la asimetría en el acceso a la información.

Conclusión

La minería es una actividad de alto impacto que representa un enorme riesgo para las comunidades y ejidos forestales de México. Aunque no todas las concesiones tienen un proyecto de explotación inmediato, sí abren la posibilidad de coartar en el mediano o largo plazo los derechos y medios de vida de los campesinos que habitan esos territorios. Los bosques y selvas se conservan gracias al esfuerzo y el trabajo de estos ejidos y comunidades. Es necesario que los logros alcanzados en los pasados 30 años no sufran un retroceso ante la presión de la minería.

Actualmente existen múltiples conflictos socioambientales en México por proyectos mineros, de infraestructura y de hidrocarburos, entre otros. Es evidente que el trabajo y los derechos de las comunidades y ejidos son poco valorados, lo cual está generando un clima de enfrentamiento, además de procesos de degradación de los ecosistemas forestales. El Consejo Civil Mexicano hace un llamado a las organizaciones sociales a impulsar una estrategia de defensa de los territorios forestales comunitarios poniendo especial atención a:

  1. Establecer mecanismos que le permitan a los ejidos y comunidades forestales acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones informadas sobre su territorio.
  2. Avanzar hacia la modificación del artículo 6° de la Ley minera de tal manera que se elimine el carácter preferente de la actividad minera.
  3. Generar en las instituciones gubernamentales el compromiso de impulsar políticas públicas y actos de autoridad para las regiones forestales de manera articulada y coordinada, siguiendo principios de respeto a los derechos de las comunidades, sustentabilidad ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.
  4. La obligatoriedad del cumplimiento del principio de “consentimiento, libre, previo e informado” para la realización de cualquier proyecto extractivo en territorios ejidales y comunitarios.

Este documento fue elaborado por Sergio Madrid Zubirán, Marcela Ximena Ortiz Aranda y Ariadna Ortega, con información y apoyo de Cartocrítica.

Consulta el documento aquí

 

Para mayor información y confirmaciones, contactar a:  Gerardo Suárez: gsuarez@ccmss.org.mx

Una plataforma que impulsa a comunidades mayas para el manejo de sus recursos forestales











Sinopsis:

 

Los bosques y selvas comunitarios proveen enormes beneficios a las sociedades rurales en México. A través del manejo y el aprovechamiento forestal, cientos de comunidades rurales han mejorado sus niveles de vida y conservado un preciado patrimonio natural. A pesar de las bondades de este esquema, las comunidades dueñas de los bosques y selvas del país enfrentan una serie de obstáculos que ralentizan, y en el peor de los casos frenan, el desarrollo de emprendimientos productivos basados en el manejo y aprovechamiento forestal, tales como la excesiva y rígida regulación que permea al sector, y como la falta de una inversión por parte del Estado en bienes públicos que favorezcan su crecimiento.

De acuerdo con estimaciones del investigador Frederick Cubbage, en México operan alrededor de 990 empresas forestales comunitarias con distintos niveles de desarrollo, pero este número podría ser mucho mayor, por lo menos el doble, puesto que hay más de 12 mil comunidades y ejidos que cuentan con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas, lo que representa una superficie de 97 millones de hectáreas de cobertura bajo propiedad social, esto equivale al 70 porciento de la cobertura forestal del país.

El mecanismo de la Plataforma Forestal

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible desarrolla una estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de ejidos dueños de selvas para aumentar el control de sus recursos forestales y con ello mejorar la gestión de los territorios comunitarios.  Se trata de una estrategia que puesta por la propiedad social, el manejo comunitario de la selva y la conservación activa de los paisajes forestales. Apuesta por el desarrollo de capacidades locales para el control de los medios de producción y por la participación de jóvenes, mujeres y personas con y sin derechos agrarios.

Esta Estrategia trabaja con ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que cuentan con Programas de Manejo Forestal, pero que carecen de capacidades técnicas, organizativas y económicas para liderar una gestión forestal.

En el estado de Quintana Roo la propiedad de la tierra es mayoritariamente ejidal. La entidad cuenta con 2.8 millones de hectáreas de selva que pertenecientes a 275 ejidos, la gran mayoría de ellos, con población indígena maya que vive en condiciones de pobreza en medio de una gran riqueza natural. Partiendo de las realidades regionales, el CCMSS diseñó un mecanismo financiero denominado “Plataforma Forestal”, que funciona como instrumento promotor de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario. Mediante este instrumento financiero se da un soporte económico a los ejidos para la operación de actividades que mejoran sus capacidades para la gestión forestal en el marco de planes anuales de trabajo. A su vez, la Estrategia cuenta con un equipo técnico de calidad que acompaña y asiste técnicamente a los ejidos a lo largo de la operación de sus planes forestales anuales.

Con una convocatoria abierta a lo largo del año, los ejidos interesados en participar en la Plataforma Forestal presentan su candidatura a través de una carta de intención elaborada por el propio ejido, comprometiéndose a trabajar bajo una serie de principios de rendición de cuentas y transparencia, inclusión social, gestión colectiva y beneficio común, y cumplimiento a la normatividad ambiental.

El mecanismo de la Plataforma Forestal cuenta con un fondo que es gobernado por un Comité Técnico conformado por representantes de la CONABIO, la CONAFOR y la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo y del CCMSS. Este Comité colabora con la revisión y calificación de las propuestas de los ejidos, crea sinergias con los programas gubernamentales para potenciar las iniciativas ejidales y dar transparencia a la operación de la Plataforma Forestal.

“Se trata de un instrumento que busca cambiar aquellas formas viciadas de acceder a recursos públicos donde las necesidades del ejido las determina la institución gubernamental bajo un nivel nacional y el prestador de servicios técnicos según sus capacidades y habilidades de gestionar los mayores recursos económicos posibles”, refiere Sara Cuervo, coordinadora del CCMSS en la Península de Yucatán.

La Plataforma Forestal dispone de unos componentes de financiamiento que fueron diseñados considerando las debilidades y carencias que presentan los ejidos en la región y que al ser estimuladas puedan abrirse nuevos escenarios de crecimiento y participación local con una menor dependencia de intermediarios y de prestadores de servicios técnicos.

En Quintana Roo, y más concretamente en el municipio de José María Morelos, el sector forestal presenta una tendencia de estancamiento. En los últimos años la producción maderable ha caído en un 50 por ciento y solo se produce un 20 por ciento de los volúmenes autorizados para el aprovechamiento forestal.

Muchos de los ejidos dueños de terrenos forestales tienen inactivos sus o programas de manejo forestal autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat). Además, la mayoría de estos instrumentos de manejo presentan deficiencias serias en su elaboración que impiden el crecimiento exitoso de iniciativas productivas y comerciales.

La totalidad de estos ejidos carecen de capital para llevar a cabo sus actividades de aprovechamiento forestal, inclinándose por un esquema “rentista” de sus recursos forestales, es decir, venden la madera en un eslabón inicial de la cadena condenando el emprendimiento a ingresos muy bajos, participaciones locales reducidas y prácticas poco sostenibles en las labores del aprovechamiento forestal al haber cedido el control de sus recursos.

Sara María Cuervo, indica que la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario pretende mostrar en la región escenarios de manejo forestal distintos, en los que los ejidos y las personas locales logren roles más dignificantes basados en una participación efectiva y un beneficio real para las familias. Las actividades para lograr lo anterior se dinamizan a través del fortalecimiento permanente de capacidades locales para la gestión forestal, la aplicación de prácticas de aprovechamiento de bajo impacto, el desarrollo de iniciativas que diversifiquen la producción y aumenten su valor y la inclusión de jóvenes y mujeres en el manejo forestal comunitario.

Comenta que de los 9 ejidos que participan en el mecanismo, y que son dueños de alrededor de 24 mil hectáreas de selva bajo manejo, ya hay experiencias reveladoras que nos demuestran que abandonar el esquema rentista es posible, que se requiere de mayor participación de la gente local y de una intervención más inteligente.

Los ejidos que participan en la Plataforma forestal reciben acompañamiento técnico para la elaboración de planes forestales ejidales, en los que se describen las actividades que llevarán a cabo durante el año con el respaldo del financiamiento que este mecanismo les ofrece. Son los propios ejidos los que deciden en sus asambleas en qué quieren trabajar e invertir los recursos, siempre y cuando las actividades estén acordes a su nivel de desarrollo y contribuyan al control comunitario de sus recursos forestales.

A lo largo de la operación de los planes ejidales se evalúa el desempeño de los ejidos y se establecen acuerdos de mejora. Estas evaluaciones sirven de insumo al Comité Técnico de la Plataforma Forestal para dar un seguimiento de los procesos comunitarios y tomar decisiones inteligentes considerando áreas de oportunidad que permita contar con más y mejores experiencias de manejo forestal comunitario en la región.

Inclusión en el manejo forestal

La inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades para la gestión forestal en los ejidos es un elemento transversal de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario, además de contar en la Plataforma Forestal con actividades específicas que promueven que las estructuras ejidales faciliten la participación de mujeres y jóvenes en actividades de la operación forestal. A través de formaciones con enfoques técnicos y de desarrollo humano, jóvenes y mujeres de los ejidos están enriqueciendo las iniciativas forestales comunitarias y construyendo escenarios para una participación más efectiva.

Las directivas ejidales se ven fortalecidas con la participación activa de jóvenes del propio ejido en tareas como la operación de controles administrativos de la operación forestal y de inventarios de la madera, la generación de reportes a las asambleas ejidales, la cubicación de la madera en rollo y el llenado de la documentación legal, entre otras.

Las habilidades y visión de los jóvenes dinamizan las operaciones forestales de los ejidos, al mismo tiempo, los jóvenes encuentran espacios de participación, inicialmente muy operativos y con miras de lograr incidir en la toma de decisiones del ejido; cosa que generalmente no ocurre, porque tradicionalmente solo los titulares de derechos agrarios tienen voz en la toma de decisiones y goce pleno de los recursos.

Asimismo, la estrategia fomenta la participación activa de mujeres a través de la conformación de grupos de trabajo que puedan emprender iniciativas productivas que se inserten en el proceso de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de los ejidos, como la conformación de viveros comunitarios para la producción de planta forestal de calidad que se empleará en las reforestaciones de los ejidos.

Las mujeres que deciden integrarse a estos grupos de trabajo reciben capacitaciones técnicas y talleres para fortalecer los procesos de organización, liderazgo y autogestión.

Más allá de la participación en actividades productivas, se pretende que las mujeres desempeñen un rol más protagónico en la toma de decisiones, que se respeten sus puntos de vista y se valore su valiosa aportación en la vida comunitaria.

Algunos resultados

Con la puesta en marcha de la Plataforma Forestal se ha logrado que 9 ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que son dueños de una superficie forestal de 24 mil hectáreas, estén tomando decisiones más acertadas para la gestión de los paisajes forestales y el mejoramiento del entorno comunitario.

Más de 1,300 ejidatarios participan y reciben beneficios y co-beneficios de la apropiación del proceso de manejo y aprovechamiento de su selva. Como ejemplo, el Ejido San Felipe Oriente ha logrado avanzar de manera importante en la consolidación de su Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña) mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva de carbón vegetal con hornos metálicos, la apertura de nuevos canales comerciales y la integración de un colectivo de mujeres que realiza el proceso de envasado de un producto diferenciado.

Asimismo, Ejidos como Dziuché, Puerto Arturo y Rancho Viejo han reactivado sus planes de manejo forestal y en 2017 comenzaron con sus labores de producción de madera en rollo, dejando beneficios considerables a las familias locales. Consideran que un siguiente paso es diversificar su producción y hacerse cargo de nuevos eslabones de la cadena de valor para así generar mayores beneficios a los ejidatarios y más empleos para toda la población local.

Durante 2016, a través de la Plataforma Forestal se canalizaron 1.8 millones de pesos a los ejidos para que pudiesen llevar a cabo sus planes forestales ejidales y se logró la alineación de otros 3.5 millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional Forestal que fueron dotados directamente a los ejidos.

También se ha logrado la participación activa de jóvenes en las actividades de aprovechamiento forestal en todos los ejidos que forman parte de la Plataforma Forestal. Asimismo, tres colectivos de mujeres han establecido viveros comunitarios para la producción de planta nativa que se venderá a los ejidos para las tareas de enriquecimiento de las áreas de selva aprovechadas.

Cuando las comunidades manejan sus bosques hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo











Sinopsis:

Prácticamente ya no quedan bosques primarios ni en México ni en el mundo. La gran mayoría de los ecosistemas forestales presentan una cobertura secundaria, es decir, han sido intervenidos y aprovechados, y estos se han regenerado.

En nuestro país, como en la mayoría de los países, los bosques están habitados, y muchas familias dependen de ellos para obtener alimentos, medicamentos, combustible y otros productos que son fundamentales para su economía y subsistencia. Por ello, “cuando hablemos de conservación de los bosques es indispensable que se tomen en cuenta a los dueños de los bosques y a las personas que los habitan”, subraya la Doctora Patricia Gerez, especialista en manejo forestal comunitario.

Como parte de su ponencia en el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, plantea que “está demostrado que cuando las comunidades manejan sus bosques y selvas hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo y en un mejor estado que un bosque sin intervención”.

En este sentido, cuestiona que las políticas públicas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no parecieran ser las más adecuadas para propiciar una mejor gestión de los recursos forestales, incrementar la producción de productos forestales y detener la deforestación y degradación de los bosques y selvas.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, detalla que se invierten muchos recursos públicos en programas de reforestación y regeneración de bosques, pero que estos carecen de seguimiento y medición del impacto. Asimismo, tampoco se han detenido los procesos de deforestación y degradación ni se ha incrementado la superficie bajo manejo para la producción de productos forestales.

En contraparte, indica que “son las propias comunidades las que destinan voluntariamente grandes extensiones de sus bosques a la conservación; y muchas otras que perdieron sus bosques los están recuperando con reforestaciones y el aprovechamiento de esa madera para elaborar muebles”.

Patricia Gerez destaca que la estrategia de la Conafor para incrementar la producción de madera se centra solo en pequeñas áreas del país consideradas con un alto potencial productivo y no atiende a muchas otras regiones que, si bien no tienen el potencial de zonas de Durango, Oaxaca, Guerrero o Jalisco; podrían contribuir a incrementar la producción y mejorar la economía de todas las familias que son dueñas de esos recursos.

Señala que de las 6.4 millones de hectáreas de bosques y selvas con las que cuenta el país, 15 millones de hectáreas tienen potencial productivo, pero que solo 7.4 millones están bajo un esquema de manejo y aprovechamiento.

La excesiva regulación impuesta por la autoridad para el manejo de los recursos forestales y la marginación a los pequeños propietarios comunitarios para acceder a apoyos, acompañamiento técnico para fortalecer sus capacidades productivas y de generación de valor agregado, han obstaculizado la expansión de la superficie forestal bajo manejo.

Asimismo, añade, hay una enorme rigidez de la autoridad, como para permitir poner en marcha sistemas de manejo y aprovechamiento forestales más flexibles. No obstante, “la mayor parte de la madera que se produce en México proviene de aprovechamientos no regulados o ilegales. Pero las principales causas de deforestación no provienen de estos aprovechamientos no regulados, sino de la ganadería extensiva, la construcción de grandes desarrollos turísticos y la agricultura industrial. Además de otras amenazas como la minería y el fraking”.

Además de reforestar, “las comunidades también protegen sus manantiales y zonas de recarga de acuíferos; le dan un uso diversificado a sus tierras y economía. ¿Por qué no apostar por una política forestal de producción y conservación centrada en las comunidades y ejidos? Si ellos son los dueños de los bosques: hasta un 80 por ciento de esas comunidades son indígenas que presentan severas carencias”.

Impulsar el empoderamiento de las comunidades rurales, la mejor herramienta para detener la degradación y desertificación











Sinopsis:

Las principales causas de desertificación se asocian con la deforestación, la agricultura industrial de monocultivos y con un uso intensivo de pesticidas; además del cambio de uso del suelo y las prácticas de ganadería extensiva, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, la falta de planificación y ordenamiento territorial y el abandono de los conocimientos tradicionales para el uso y conservación de los recursos naturales propician la degradación de los suelos y aceleran la desertificación.

En el marco de la conmemoración del Día mundial de combate a la desertificación y la sequía, la FAO refirió que “tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. Sin embargo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afecta a la productividad de la tierra y contribuye, en consecuencia, al fenómeno de la migración y abandono de las tierras.”

Por lo tanto, la propia FAO recomienda “la creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, permanecer en sus hogares y tener medios de vida más resilientes, esto es un componente crucial para poder equilibrar el fenómeno migratorio frente a los efectos de la degradación de la tierra.”

En México la degradación de la cubierta vegetal, con grados que van de ligeros a extremos, asciende a 105 millones 799 mil de hectáreas, es decir, el 54 por ciento del territorio nacional. De estos, 39 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera; 7 millones 837 mil (4% del país) tienen degradación moderada; 52 millones 900 mil hectáreas (27% del país) con degradación severa y 5. Millones 878 mil hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.

Las comunidades y ejidos, con una alta proporción de población indígena, cuentan con la titularidad de la tierra, pero la carencia de instrumentos de política pública de fomento al desarrollo de capacidades para el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, ha impedido su desarrollo y ha provocado deforestación y la degradación de los bosques, las selvas y los suelos.

Actualmente, hay muchas opciones tecnológicas y de conocimiento que pueden dar respuestas al problema de la degradación de los suelos y la desertificación, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos. Esto puede lograrse, según nos señala la FAO, “mediante una mejor integración de los sistemas de cultivo, de ganadería, de los bosques, y un uso más eficiente de recursos limitados como el agua y los nutrientes del suelo.”

No obstante, para tomar estas medidas en la escala pertinente y facilitar su adopción, es necesario que se tomen en cuenta las aportaciones y el conocimiento de las comunidades, así como contar con datos científicos sólidos.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al desarrollo de capacidades para el manejo integrado de los territorios, que permitan el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos a las comunidades rurales.

Asimismo, se requiere estimular los programas de restauración y regeneración de suelos, bosques y selvas degradadas. Está ampliamente demostrado que cuando las comunidades rurales y los pueblos indígenas cuentan con una gobernanza sólida, se detiene la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.

Los bosques requieren la innovación de los jóvenes; es necesario mejorar sus espacios de participación











Sinopsis:

Los jóvenes son agentes muy capaces de detonar el desarrollo en el medio rural, sin embargo, suelen estar marginados de las actividades productivas, de la toma de decisiones y del acceso a los recursos, particularmente a la tierra. Esta falta de oportunidades los orilla a la migración en busca de mejores condiciones de empleo y desarrollo en otros lugares: a las ciudades. Aunque muchas de las veces, tampoco encuentran las oportunidades en esos sitios.

De acuerdo con datos de la Comisión Forestal para América del Norte (COFAN) de la FAO, en el sector forestal, a nivel mundial, tanto los jóvenes como las mujeres carecen de espacios de participación activa en las actividades productivas y en la toma de decisiones, lo cual limita el desarrollo del sector y desaprovecha el bono poblacional de los países. No obstante, que la población rural se está envejeciendo.

El estudio desarrollado conjuntamente ente la Sagarpa y la FAO, titulado Envejecimiento de la población rural en México, refiere que las personas que participan en actividades de silvicultura y recolección tienen en promedio una edad de 49.9 años, lo cual puede significarles limitaciones en el uso de tecnologías y mecanismos innovadores para el desempeño de sus actividades.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010, México cuenta con alrededor de 35 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, de los cuales un 12 por ciento vive en zonas rurales; aunque cada vez más se va reduciendo el tamaño de la población rural por la migración de este sector de la población hacia las ciudades, lo cual desvincula a los jóvenes de su relación con el medio ambiente.

Si bien es cierto que en los últimos años se han incrementado las oportunidades de empleo en el sector rural para los jóvenes y las mujeres, muchos de estos empleos suelen ser mal remunerados, lo cual le impide las personas acceder a mejores condiciones de vida y desarrollo.

La misma COFAN destaca que “las reformas institucionales relacionadas con la tenencia de tierras forestales, el acceso a los mercados y la capacidad de desarrollo en el ámbito de la ordenación forestal sostenible no pueden ser fructíferas sin una plena participación de las mujeres y los jóvenes.” Esto es uno de los grandes pendientes en países como México.

En un documento emanado de la 28 reunión de la COFAN celebrada en Campeche, México, en 2016, se establece que “las iniciativas educativas para la juventud, la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con el sector forestal y la participación de los jóvenes sobre temas forestales son aún inexistentes o, en el mejor de los casos, muy limitadas.” Por lo que es indispensable redoblar esfuerzos para “llegar a los jóvenes y lograr su participación para garantizar que la generación siguiente contribuya a un sector forestal sostenible y capaz de satisfacer las necesidades del futuro.”

La importancia de que los jóvenes participen en los debates relativos al manejo, conservación y aprovechamiento de los bosques radica en que ellos serán los principales afectados por los efectos causados por la degradación forestal.

La degradación de los bosques pone en peligro la seguridad alimentaria y las condiciones generales de vida de todas las personas, particularmente los sectores de la población más vulnerables, quienes viven en los estos ecosistemas y dependen de ellos para su subsistencia. “Los jóvenes serán los más expuestos a los efectos a largo plazo de la degradación forestal, debido a su mayor esperanza de vida. Tendrán que vivir durante bastante tiempo con las consecuencias del deterioro de los bosques que puedan heredar.”

Es necesario abatir las brechas de género que permean al sector forestal, y para ello, una buena medida, es la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas que incidan sobre los bosques. De acuerdo con Eva Müller, directora de la División de Políticas y Recursos Forestales de la FAO, se debe “mejorar la coordinación entre los ministerios técnicos y los grupos de la sociedad civil que representan a las mujeres y los jóvenes, para fomentar una mejor comprensión de los derechos, las necesidades, las prioridades y las capacidades de los hombres, las mujeres y los jóvenes en el sector forestal.”

La COFAN recomienda que los jóvenes no deben ser testigos pasivos de las prácticas forestales. “Se encuentran en condiciones de inventar y desarrollar nuevas formas de actuación y activismo y de crear respuestas eficaces para las cuestiones que generan preocupación.”

Sin embargo, para lograr una mayor vinculación e interés de la juventud en los temas forestales, es necesario reforzar los programas educativos e incluir estas temáticas en programas escolares, para que comprendan la importancia que tienen los bosques para su vida diaria y para el futuro del planeta.

Si bien es cierto que las escuelas han incluido en sus programas educativos asignaturas relacionadas con el medio ambiente y los bosques, la falta de conocimientos especializados de los profesores puede suponer una barrera para transmitir los mensajes y conocimientos apropiados sobre el tema. “Esta es un área en la que los técnicos forestales pueden ofrecer sus conocimientos especializados de una forma más dinámica, colaborando con las escuelas y organizando visitas a las aulas o excursiones sobre el terreno,” refiere el documento de la COFAN titulado “Genero, Juventud y Enseñanza” de 2016.

 

Las mujeres rurales y los bosques

paisajes bioculturales










Sinopsis:

 

paisajes bioculturales

Las mujeres juegan un rol preponderante en la conservación de los bosques y de la biodiversidad, a pesar de que su participación en la toma de decisiones en el sector forestal, a nivel mundial, está restringida y de que no reciben la remuneración adecuada por su trabajo.

El estudio de la FAO titulado: Los bosques, la seguridad alimentaria y el género, resalta que “las mujeres son actores eficaces y agentes de cambio en la mitigación y adaptación al cambio climático, pues poseen un gran cúmulo de conocimientos y competencias que se pueden utilizar en la mitigación del cambio climático, la reducción de catástrofes y las estrategias de adaptación” si se las empodera en el diseño de estrategias y toma de decisiones en el manejo sustentable de los bosques.

Además, generalmente son ellas quienes administran los alimentos y otros recursos, como la leña, que obtienen de los bosques. “Como responsables de la gestión de los recursos naturales, las mujeres influyen en la cantidad total de diversidad genética conservada y utilizada, asimismo, trabajan para contrarrestar la disminución de la biodiversidad causada en parte por los hombres a favor de monocultivos orientados a la ganancia en efectivo.”

Por ello, recomienda el estudio que “los programas y políticas forestales que tienen como objetivo ser socialmente sensibles deben tener en cuenta las dimensiones de género del uso de los recursos, necesidades, acceso, conocimientos y estrategias para abordar el cambio climático.”

En México 14 millones de mujeres viven en el medio rural, y de ellas, 3.5 millones son indígenas que padecen una serie de inequidades que hace más complejas sus actividades de generación de ingresos, alimentos y manutención de sus hogares y familias.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, en el medio rural mexicano, “la participación de las mujeres en las actividades del campo, además de sus funciones reproductivas, en la producción de bienes y servicios y en la contribución al ingreso familiar, muestra una tendencia creciente a asumir la jefatura de los hogares a raíz de la emigración masculina, del abandono del hogar por fallecimiento o separación conyugal, por la incorporación a labores remuneradas de mujeres en los rangos de mayor edad. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, pero también propician situaciones de mayor inequidad al asumir más responsabilidades en la supervivencia del hogar, sin dejar de realizar las tareas domésticas.”

Tenencia de la tierra y toma de decisiones 

En este sentido, la FAO subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los procesos de gestión y toma de decisiones en materia forestal aumentar la concienciación de las funciones de las mujeres y los hombres en la gestión sostenible de bosques y árboles, lo cual coadyuvará a gestionar de mejor forma los conflictos causados por la competencia entre los distintos usos de los bosques y sus productos, y garantizar que se mantengan los derechos tradicionales e indígenas de mujeres y hombres sobre el uso de los ecosistemas forestales.

Asimismo, es fundamental garantizar que mujeres y hombres reciban capacitación, y tengan acceso a información y otros servicios externos para incrementar la productividad mediante la utilización de tecnologías nuevas y mejoradas, y aumentar la capacidad de las comunidades para sacar el máximo provecho de las funciones complementarias de mujeres y hombres.

Con una perspectiva de igualdad de género en el sector forestal se potenciarían las actividades de regeneración de los bosques, conservación de la biodiversidad, protección de las cuencas hidrográficas y la asignación de permisos de aprovechamiento de los bosques.

Las mujeres, en comparación con los hombres, generalmente se encuentran en desventaja en cuanto al acceso a los recursos forestales y a las oportunidades económicas en el sector forestal debido factores como los bajos niveles de alfabetización, educación, capacidades físicas y competencias técnicas; además de menor acceso a los servicios de extensionismo y crédito para emprender proyectos productivos; limitaciones de tiempo y movilidad, acceso limitado a los mercados y a la información relacionada con el mercado; discriminación en la propiedad convencional de los bosques y árboles y productos arbóreos y de los regímenes de tenencia; menor participación en las instituciones rurales, como los comisariados ejidales y de bienes comunales.

Sobre la tenencia de la tierra, la misma FAO precisa que en el objetivo de desarrollo sustentable número 5, se reconoce la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y otras formas de propiedad, ya que ello les permite gozar de derechos humanos críticos como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, a un trabajo decente y un hogar seguro.

En esta materia, un estudio que recoge datos de seis países americanos halló que el porcentaje de propietarias mujeres es mayor en México, con un 32.2 %; en Paraguay del 29.7 %; en 20 por ciento en Nicaragua y el 14 por ciento en Honduras.

De igual forma, en México en noviembre de 2016 el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres a contar con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y las comunidades.

Con una modificación al Artículo 37 de la Ley Agraria, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran los comisariados ejidales y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60 por ciento de candidatos de un mismo género, para que las mujeres puedan aspirar a cualquiera de los puestos. Lo mismo que en las comisiones y los secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal o de bienes comunales, se procura la integración de las mujeres.

Reimaginando las regulaciones forestales desde una óptica participativa

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Sinopsis:

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Los bosques del mundo tienen una función crucial para el planeta. Su protagonismo en la captación de carbono, la conservación de la biodiversidad y el servicio de cuencas hidrográficas es algo que hoy alguien difícilmente cuestionaría. Sin embargo, el papel que juegan los bosques no termina ahí, ya que existen 1,600 millones de personas que dependen de sus recursos para subsistir.

De lo anterior se desprende que gobiernos alrededor del mundo enfrenten un reto doble, y de monumental relevancia, para diseñar políticas más efectivas en materia forestal. Y es que no solo se trata de cómo conservar los bosques , sino cómo facilitar su aprovechamiento por parte de la población que depende de ellos –lo cual obviamente tiene que ocurrir dentro de un marco de sostenibilidad–.

Ante este desafío se consideraba, hasta hace poco, que la mejor respuesta eran las políticas orientadas a reforzar la regulación, tanto en cantidad como en intensidad. Pero a partir de la experiencia obtenida tras aplicar esta directriz en diversos países, hoy podemos concluir que lo que los bosques necesitan son regulaciones más inteligentes y, sobretodo, participativas.

El análisis “Repensando las regulaciones forestales”, elaborado en 2016 por la Rights and Resources Initiative (RRI), concluyó que, por un lado, la mayoría de países acusan una excesiva regulación y, por otro, las leyes forestales debieran reformarse para así obtener mejores resultados que los hasta ahora conseguidos.

En este proceso de reimaginar las regulaciones forestales para, posteriormente, adecuar el marco jurídico, existe un aspecto clave: no solo es prioritario tomar en cuenta en el contenido de las regulaciones a las comunidades que habitan, y en casos como México incluso poseen legalmente, los bosques; su inclusión debiera ocurrir desde el proceso mismo de la elaboración de dichas reformas.

La forma en que se escriben las regulaciones reviste igual importancia, mientras que el proceso es al menos tan importante como el contenido de las propias regulaciones. Al establecer procesos más positivos y colaborativos, los gobiernos y las partes interesadas podrían desarrollar de forma conjunta marcos regulatorios más resilientes, de acuerdo a una visión en común sobre lo que es importante y el modo de velar por el disfrute a largo plazo de los bosques por parte de la sociedad, al igual que su debida protección.

El análisis incluye una serie de “principios para repensar las regulaciones gubernamentales”, los cuales debieran ser considerados al momento de diseñar una reforma a las leyes forestales. A continuación los enlistamos brevemente:

  1. Las regulaciones forestales establecidas mediante la colaboración eficaz y significativa de los ciudadanos y las partes interesadas son más perdurables.
  1. El gobierno debe hacer únicamente lo que ningún otro actor puede hacer: Establecer condiciones favorables para todos los titulares de derechos y facilitar procesos para velar por la rendición de cuentas.
  2. El reconocimiento y el mantenimiento de los derechos consuetudinarios locales a la tierra es un aspecto fundamental.
  1. Una regulación eficaz se centra en los resultados públicos más importantes y diseña otras regulaciones, según corresponda.
  1. Se debe reconocer y abordar la necesidad de adaptar las regulaciones de manera continua.

Consulta el análisis completo aquí

*Imagen: Servindi

PRONUNCIAMIENTO PARA EXIGIR UN PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY FORESTAL!

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Sinopsis:

 

Un grupo amplio de comunidades y organizaciones que trabajamos en torno al manejo sustentable de los bosques, y que participamos en instancias tales como el Consejo Nacional Forestal, varios Consejos Estatales Forestales, Comités de Recursos Naturales y Uniones Regionales estamos preocupados porque legisladores del Partido Verde y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pretenden aprobar en este periodo de sesiones una iniciativa de Ley Forestal que no resuelve los problemas que enfrentamos en el sector y que no incorpora ninguna de las propuestas que se han hecho por diversas organizaciones.

Quienes hacemos este pronunciamiento estamos solicitando que no se apruebe el actual borrador de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que se abra una discusión en la que participemos comunidades forestales, academia, organizaciones civiles y todos los interesados.

El martes 7 de febrero entregaremos a legisladores y funcionarios del sector el Pronunciamiento, nos daría mucho gusto contar con su respaldo en esta petición.

PRONUNCIAMIENTO

A los Legisladores del H. Congreso de la Unión

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR

Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros

A los consejos estatales forestales

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las Organizaciones Indígenas y Campesinas

A las Organizaciones de la Sociedad Civil

A la Opinión Pública en General

 

Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016.

Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.

Consideramos necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

Cabe destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada.

El 20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión.

Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.

Este Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.

Consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles.

En cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente.

El pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso.

Atentamente

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental, CEMDA; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO.

FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO 

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PREFERENTEMENTE ANTES DEL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2017

 

(Actualización al 10 de febrero de 2017)

Empoderar a comunidades locales y pueblos indígenas forestales para lograr metas climáticas











Sinopsis:

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Un estudio realizado por distintas organizaciones internacionales señala que garantizar la legal posesión de sus tierras a las comunidades locales y pueblos indígenas forestales es fundamental para garantizar la conservación de estos importantes ecosistemas, que albergan una gran cantidad de carbono y coadyuvan a mitigar los efectos del cambio climático y lograr las metas climáticas a las que se han comprometido la gran mayoría de los países.

Asimismo, resalta que es indispensable que se incentive la inversión en el desarrollo de capacidades y proyectos productivos que permitan el desarrollo y bienestar de estas comunidades, que durante siglos han resguardado los bosques tropicales del mundo; mismos que proveen bienes y servicios ambientales para toda la población.

Paradójicamente, las personas que habitan los territorios con mayor riqueza natural, son las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; no obstante, esta tendencia se podía revertir mediante el empoderamiento y reconocimiento de su conocimiento y trabajo a favor de la conservación de los bosques.

¿Cuánto carbono almacenan los bosques comunitarios en México?

México es uno de los países con mayores reservas de carbono almacenados en sus bosques de propiedad social (comunidades y ejidos), muchos de ellos indígenas. La particularidad del país de contar con titulación y certificación de las tierras comunitarias en más de un 96.9 por ciento de los cien millones de hectáreas de propiedad social, le brinda ventajas con respecto a otras naciones en las que no ha sido reconocida la legal tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales y los pueblos originarios; esto para el emprendimiento de acciones y proyectos productivos para su desarrollo y bienestar.

La certeza en la tenencia de la tierra, particularmente en territorios forestales, propicia la generación de bienes y servicios ambientales y permiten la conservación activa de los bosques en el largo plazo, refiere el documento denominado: Hacia una referencia mundial del carbono almacenado en tierras colectivas, elaborado por el Rights and Resources Institute (RRI), el Woods Hole Research Center (WHRC) y el World Resources Institute (WRI).

Sin embargo, más allá de contar con la legal posesión de la tierra, las comunidades locales y pueblos indígenas de nuestro país padecen de serias presiones sobre sus territorios por la falta de recursos, financiamiento y asistencia técnica para el emprendimiento de proyectos de conservación activa de sus bosques, aunado al expansionismo de proyectos extractivistas insostenibles como la minería, el fracking, la ganadería extensiva y la agricultura intensiva que emplea prácticas insostenibles para la producción de comodities.

De acuerdo con datos del estudio, México cuenta con 4 mil 339 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus bosques, de las cuales el 51 por ciento, es decir, 2 mil 195 millones de toneladas se encuentran almacenadas en los bosques tropicales en propiedad de comunidades locales y pueblos indígenas.

Este volumen de almacenamiento de carbono en los bosques tropicales de propiedad colectiva del país representa más del 50 por ciento del carbono almacenado en los bosques de toda Mesoamérica.

Asimismo, este trabajo de investigación, publicado en noviembre de 2016, enfatiza que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan al menos un 24 por ciento de la totalidad del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, mismo que asciende a más de 54 mil 546 millones de toneladas, que equivalen a más de 250 veces el dióxido de carbono que generó el transporte aéreo mundial en el año 2015.

La importancia y urgencia de reconocer la legal tenencia de la tierra de las comunidades y pueblos indígenas radica en que estos grupos sociales han demostrado ser los mejores aliados para la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo y de no hacerlo corremos el riesgo de la pérdida de más especies y bosques que serían catastróficas para el planeta.

Al menos una décima parte de todo el carbono que capturan los bosques tropicales se encuentra en tierras forestales colectivas que carecen de reconocimiento oficial de los respectivos gobiernos nacionales, y al estar en esta condición se ponen unas 22 mil 322 toneladas de carbono en peligro de ser sujetas de presiones externas que provocan la deforestación o la degradación de los bosques que las contienen.

Los resultados del estudio, que toma datos de 37 países de América, África y Asia, representan solo una pequeña fracción del carbono forestal gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales, ya que solo representa el 10 por ciento de las tierras que éstas comunidades reclaman consuetudinariamente.

El trabajo de investigación también precisa que para incrementar de manera radical y eficiente el uso sostenible y la protección de los bosques tropicales y el carbono que capturan, se debe instar a los gobiernos y a la comunidad internacional a respaldar las iniciativas de las organizaciones de los pueblos que viven en y de los bosques para documentar y garantizar sus derechos forestales colectivos, mediante el incremento de las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica.

Además, es necesario otorgar un papel protagónico a los dueños de los bosques incorporando su participación en el diseño y ejecución de acciones comunitarias en las contribuciones determinadas a nivel nacional, como las Estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así como procurar el reparto equitativo de los incentivos generados por las actividades que realizan estas comunidades en la conservación activa de los bosques.

Si bien las inversiones en mecanismos de financiamiento relacionados con el clima, como el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde para el Clima (GEF), están aumentando, los compromisos hacia los derechos indígenas y comunitarios siguen siendo insuficientes, como quedó patente en un análisis reciente de las presentaciones de los países seleccionados por el Fondo de Carbono.

Fuente: Rights and Resources Institute

Fuente: Rights and Resources Institute

Una propuesta para enfrentar la sobrerregulación que afecta al sector forestal en México











Sinopsis:

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México es un país mega diverso, que alberga alrededor del 10 por ciento de las especies del mundo y que cuenta con una superficie forestal de más de 138 millones de hectáreas que equivalen al 70 por ciento del territorio nacional; esta cantidad de bosques es muy superior a la de países como Finlandia, pero nuestra producción forestal es 10 veces menor a la del país nórdico.[1]

En el año 2000 el gobierno mexicano, asistido por el gobierno finlandés, preparó el Programa Estrategia Forestal 2025 (PEF-2025) que planteaba una ruta para el crecimiento del sector forestal. Sin embargo, 16 años más tarde, nos encontramos que la producción maderable ha venido descendiendo y al día de hoy solo se produce el 30 por ciento de la demanda interna de productos forestales, que ronda los 17 millones de metros cúbicos de madera; el resto, se importa de países como Chile, China, Perú y Estados Unidos; generando un déficit de la balanza comercial de más de 6,000 millones de dólares.

La caída de la producción maderable no es lo más grave que le sucede al sector forestal; sino que, los dueños de los territorios forestales han visto frenado su desarrollo; han retrocedido en sus capacidades de control de sus territorios forestales y de los procesos productivos. Todo esto tiene impactos importantes en las condiciones del bosque, que hoy día están inmersos en un fuerte proceso de deterioro debido al avance de las plagas, la tala ilegal y a la falta de un manejo adecuado.

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento y desarrollo del sector, que se identificaba en el PEF-2025 era la compleja regulación que pesa sobre la gestión forestal. Para poder aprovechar los recursos naturales de sus bosques, las comunidades y ejidos deben cumplir con alrededor de 50 requisitos ante la autoridad,[2] además, estos requisitos y trámites implican gastos de cientos de miles de pesos y les puede tomar hasta un par de años obtener la autorización del plan de manejo y aprovechamiento de su bosque por las demoras en los resolutivos de las distintas ventanillas gubernamentales. Y si el resolutivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es negativo, el ejido o comunidad deberá realizar nuevamente todo el proceso y tramitología para solicitar la autorización de su plan de manejo forestal, lo cual implica más tiempo y gasto de recursos, mientras su operación productiva se encuentra detenida. Además, cuando el dueño de la tierra ya cuenta con su autorización la historia de los requisitos no acaba; al contrario, el proceso tramitológico se puede complicar aún más con la tramitación de la documentación para el transporte, los permisos de cortas sanitarias, o permisos para realizar cualquier cambio en la estrategia de manejo.

La complejidad del esquema regulatorio para la gestión de los bosques tiene impactos muy importantes en el sector forestal ya que los dueños de los terrenos forestales, que son mayoritariamente comunidades con altos niveles de marginación, difícilmente pueden mantener los costos que conlleva el cumplimiento de los requisitos, tramites y pago de derechos y, por ello optan por suspender el aprovechamiento comercial del bosque y buscar alternativas de ingreso en la venta de madera ilegal o el cambio de uso de suelo.

Por lo anterior, es de gran relevancia avanzar hacia un proceso que permita simplificar todo el sistema de gestión de permisos y autorizaciones. De esta forma también se garantiza la conservación de los bosques a lo largo del tiempo, ya que las comunidades al obtener incentivos económicos que contribuyan a su bienestar, son los más interesados en conservarlos.

Distintas organizaciones, instituciones y centros de investigación como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el World Resourses Institute (WRI), Reforestamos México, Rights and Resourses Initiavie (RRI), entre muchos otros; han documentado que la sobrerregulación y centralización en la gestión de forestal que priva en el país, representa un freno para el desarrollo del sector y de las personas que habitan y dependen de los bosques.

En su más reciente estudio, Ocho puntos para alcanzar las metas climáticas de México (2016),[3] el World Resources Institute (WRI) destaca que es necesario “Tomar acción (bajo el liderazgo de la Conafor, la Semarnat y otras) para reducir la complejidad del marco legal del sector forestal al armonizar las leyes, regulaciones y metas federales relacionadas con el manejo forestal sostenible.” Esto para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal y reactivar la productividad forestal para garantizar su conservación a largo plazo.

El propio Plan Nacional Forestal 2014-2018 (PNF) detalla en la parte de diagnóstico que “la compleja y engorrosa” legislación forestal en México propicia que “los productos forestales nacionales compiten en desventaja en los mercados, debido a los altos costos de transacción y la baja productividad.” (…)

La propuesta del CCMSS para abatir la sobrerregulación

El CCMSS con base en el trabajo que desempeña en campo, en la industria y en el mercado; colaborando día a día con los ejidos forestales de Campeche, Quintana Roo y el Estado de México, ha podido documentar que el estancamiento de la productividad forestal del país tiene diversos orígenes pero que, en particular, el sistema regulatorio, tan complejo, contribuye de manera importante a mantener al sector forestal en un deprimido y bajo nivel de competitividad. Por esto, el hecho de trasladar las atribuciones de Semarnat a la Conafor en materia forestal, como plantea la iniciativa de reforma de Ley de Desarrollo Forestal que se dictamina en la Cámara de Diputados, no resolverá el problema, pues no hay ninguna innovación regulatoria que contribuyan a que la nueva administración de Conafor opere de manera diferente a como opera hasta el día de hoy la Semarnat.

La alternativa que plantea el CCMSS es que la nueva Ley Forestal establezca un mandato preciso a la Semarnat para que, en un periodo de dos a cuatro años, avance en un proceso de descentralización de funciones y las transfiera hacia los gobiernos de los estados, incluyendo el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento forestal sustentable, tal y como hoy sucede con la Protectora de bosques (Probosque), en el Estado de México.  De esa forma, la Semarnat se quedaría con la función normativa y de supervisión de las entidades estatales.  Estas entidades, con el conocimiento cercano de su realidad forestal, podrán realizar un buen trabajo y operarán en un terreno sin corrupción, ya que tendrían a una entidad federal (Semarant) supervisando su desempeño.

En la actual operación de Probosque esto sucede así. Este órgano público descentralizado y sectorizado a la Secretaría del medio ambiente del Estado de México, tiene entre sus funciones y facultades la de “promover la organización productiva de los poseedores y propietarios forestales en el ámbito municipal, regional y estatal; así como gestionar la asesoría técnica y capacitación necesarias para el mejoramiento de sus procesos productivos.” [4]

Asimismo, producto del Convenio de asunción de funciones signado entre la Semarnat y el Estado de México, el Probosque ejerce “la atribución de otorgar, modificar, negar, suspender, anular y revocar las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, bajo los lineamientos que establece la Semarnat.”[5]

Además, la Semarnat supervisa, a través de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, y con el apoyo de su Delegación Federal en la entidad el desarrollo y ejecución de las funciones y atribuciones transferidas al Estado de México. Esta función de vigilancia coadyuvará a eliminar la corrupción y arbitrariedad que padecen los ejidos y comunidades a la hora de tramitar sus autorizaciones para el aprovechamiento y manejo de sus recursos forestales, y al solicitar la documentación para el transporte y comercialización de su producción forestal.

El Consejo Civil plantea la necesidad de replicar la experiencia de Probosque en los estados de importancia forestal, al menos 10 estados en una primera fase, para que posteriormente se puede avanzarse a todos los estados.

Este proceso de descentralizción deberá estar acompañado de un mandato de ley que permita avanzar en la generación de capacidades locales, operar los programas de manejo forestal regionales y contar con un esquema que exente de la obligatoriedad de gestionar autorizaciones de manejo forestal a aquellos dueños de bosque que hayan cumplido cabalmente con la aplicación de sus planes de manejo por más de 20 años.

Se debe recompensar el bien actuar de las empresas forestales comunitarias y no ponerles trabas, que en muchas ocasiones las obligan a detener su operación forestal hasta por dos años, lo cual no solo implica la pérdida de empleos en las actividades de monte, sino en aserraderos y centros de transformación. Esto genera presiones para el cambio de uso de suelo y fomenta la migración de la población rural.

Esperamos que esta coyuntura de la discusión una nueva Ley de desarrollo forestal sustentable, permita avanzar hacia una ley forestal que realmente contribuya a alcanzar una mejor gestión forestal en favor de los ejidos y comunidades forestales quienes han demostrado ser la piedra angular para la conservación de los bosques y selvas del país.

 

 

Consulta y descarga el documento completo aquí: Nota Informativa 49 – Una propuesta para enfrentar la sobre regulación que afecta al sector forestal en México

 

 

 

Referencias:

[1] Reforestamos México e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Índice de competitividad forestal estatal (2014). Disponible en http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/07/Indice_Forestal_2014.pdf

[2] Fernández, Eugenio y Noé Mendoza, Sobrerregulación Forestal. Un obstáculo para el desarrollo sustentable de México (2014), CCMSS. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/Sobrerregulacion-Mendoza-FernandezVazquez-CCMSS.pdf

[3] World Resourses Institute (WRI) México, Ocho puntos para alcanzar las metas climáticas de México. Disponible en: http://wrimexico.org/sites/default/files/WRI_OCN_Mexico_ExecSum_final_es-MX_Hi.pdf

[4] Protectora de Bosques del Estado de México. Disponible en: http://probosque.edomex.gob.mx/index.php/acerca-de/funciones

[5] Convenio específico para la asunción de funciones en materia forestal entre Semarnat y Gobierno del Estado de México (2003). Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=692662&fecha=08/07/2003

Indispensable asegurar a las comunidades indígenas sus derechos de tenencia de la tierra para garantizar la conservación de los bosques y combatir el cambio climático











Sinopsis:

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El 11 de octubre de 2016 se reunieron expertos de diversos países en Washington, Estados Unidos, para abordar el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios para la conservación de los bosques, este evento representó una oportunidad única para que los participantes se reunieran y elaboraran estrategias sobre el papel del financiamiento del desarrollo en la consecución de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales para abordar la reducción de la pobreza, administrar la tierra, combatir la deforestación y el cambio climático.

En el foro denominado Asegurando los derechos de tenencia de la tierra para proteger los bosques y combatir el cambio climático: Explorando el papel de las finanzas para el desarrollo, representantes del Land Rights Now (LRN), institución co-organizadora del evento, señalaron que el objetivo central del evento fue el llamar a la Acción Global sobre los Derechos de las Tierras Indígenas y Comunitarias para duplicar el área de tierra reconocida como propiedad o controlada por los pueblos indígenas y las comunidades locales para el año 2020. En el evento se profundizó en cómo se puede orientar, coordinar y mejorar el financiamiento para el desarrollo y para ayudar a alcanzar este objetivo.

Kysseline Chérestal, Consejera de Política de Tierras en la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y miembro del Grupo de Dirección de LRN, expuso una visión general de la campaña de LRN, que se trata de un mecanismo coordinador para impulsar una acción conjunta para promover un mayor reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva.

En este sentido, el análisis elaborado por la RRI de 2015: ¿Quién posee la tierra del mundo? Demostró que, a nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen propiedad legal sólo del 10 por ciento de su tierra, a pesar de tener derechos consuetudinarios sobre más del 50 por ciento de las tierras del mundo. Esta brecha extraordinaria pone en riesgo su bienestar económico y social y los sitúa en primera línea para hacer frente a las crisis ambientales que resultan del cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, las mujeres son el sector de la población que se ven más afectadas adversamente en estas situaciones.

En su oportunidad, las presentaciones de los participantes de Kenya, Camerún, Perú y México dieron urgencia a la necesidad de otorgar más financiamiento que sitúe la tenencia de la tierra en el centro de su enfoque para aliviar las presiones externas y apoyar los medios de subsistencia derivados de los bosques y otros ecosistemas naturales.

Mientras que los presentadores del Perú destacaron que asegurar la tenencia colectiva de la tierra debe ser un objetivo en sí mismo y un primer paso para garantizar que las comunidades forestales puedan construir economías locales sostenibles.

El evento se desarrolló en dos paneles de expertos, el primer panel, denominado “El caso de los derechos de tenencia colectiva de la tierra” abordó los desafíos que dificultan el reconocimiento más amplio de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y exploró las mejores prácticas para apoyar la tenencia colectiva en proyectos y políticas de desarrollo.

Roberto Espinoza, Asesor Climático de la Asociación Paraguaya de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que “donde haya personas con derechos, habrá bosques vivos para siempre y para todos” y alentó a que mediante mecanismos de donación específicos, a través del marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se provean fondos directamente a los grupos indígenas y comunitarios para incrementar la gobernabilidad territorial, manejo y titulación de tierras indígenas.

Helen Ding, Economista Ambiental del World Resourses Institute (WRI) compartió nuevas investigaciones de un informe del WRI sobre los costos y beneficios de asegurar y mantener la tenencia de la tierra.

Indicó que los datos del estudio demuestran que los bosques indígenas autóctonos aseguran beneficios globales de biocombustibles en Bolivia, Brasil y Colombia que ascienden a un total de entre 25 a 34 mil millones de dólares en los próximos 20 años.

Yator Kiptum, del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, cuya comunidad forestal experimentó desalojos forzosos como resultado de un programa financiado por el Banco Mundial en Kenia, enfatizó que los derechos no deben estar en conflicto con la conservación, y pidió a las instituciones de financiamiento del desarrollo apoyar leyes y políticas que promuevan los derechos de los pueblos indígenas forestales a poseer y ocupar sus tierras ancestrales en bosques/áreas protegidas.

En tanto que Klaus Deininger, Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, promocionó el potencial del Marco de Evaluación de la Gobernabilidad de la Tierra (LGAF, por sus siglas en inglés) como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo financiero para ayudar a los diseñadores de políticas a generar y monitorear las reformas agrarias a nivel nacional.

En el segundo panel, titulado: Experiencias en el Manejo de Bosques y Otros Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se destacó la experiencia indígena y local en silvicultura y mitigación/adaptación al cambio climático y ofreció recomendaciones de la comunidad.

En su ponencia, Raúl Benet, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) de México, instó a los actores de las instituciones de financiación del desarrollo a transferir fondos de la reforestación a iniciativas forestales comunitarias que respalden los derechos a la tierra y eleven las voces comunitarias en la formulación de políticas públicas.

Cécile Ndjebet, Observadora de las Mujeres del Fondo Forestal para el Carbono y Presidenta de la Red Africana de Mujeres para la Gestión Comunitaria de Bosques (REFACOF), subrayó la necesidad de un enfoque de género para las cuestiones forestales y de tenencia de la tierra. Pidió mayor oportunidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.

Mientras que Henderson Rengifo, Presidente de AIDESEP del Perú, enfatizó la necesidad de apoyar no solo los derechos de tenencia indígena, sino también de las economías indígenas de “vida plena y buen vivir”, que implican una producción diversificada, un equilibrio holístico entre comunidad, naturaleza y cultura, respeto a la reciprocidad y participación equitativa en los beneficios entre todos los actores involucrados.

Por último, Gerardo Segura, del Banco Mundial, describió el papel actual del financiamiento del Banco Mundial en el apoyo a la gestión indígena y comunitaria de los recursos, así como sus planes para el apoyo continuo a través del Plan de Acción Forestal.

Algunas de las recomendaciones generadas por los participantes del Foro para avanzar en el reconocimiento de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y pueblos indígenas fueron las siguientes:

Agenda de financiamiento de desarrollo:

– Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deben crear y aumentar las contribuciones a las ventanillas de financiación para canalizar la inversión directa a las comunidades indígenas (por ejemplo, el Mecanismo de Subvenciones Dedicado, o DGM), centrándose en las contribuciones de las mujeres, así como en grupos indígenas que puedan liderar sus propias iniciativas de conservación de tierras, bosques y clima.

-IFD para cambiar los incentivos internos orientados en financiar factores impulsores de la deforestación y la apropiación de tierras, a incentivos que apoyen los derechos y economías de las tierras indígenas y comunitarias.

– Instituciones financieras de desarrollo (IFD)para trabajar juntos para aumentar la coherencia y la coordinación del apoyo de los donantes a las economías indígenas.

– IFD para proporcionar más apoyo y enfocarlo en la adaptación al clima y el papel de las mujeres en el logro de la resiliencia al cambio climático.

– IFD para llevar a cabo investigaciones futuras sobre los beneficios de asegurar los derechos de tenencia de indígenas y comunidades para informar su propia política y práctica.

Políticas

– IFD para abordar las salvaguardas las lagunas en la política de desarrollo de préstamos y préstamos a través de intermediarios financieros mediante la aplicación de salvaguardas fuertes de tenencia de tierras, bosques y climáticas entre los instrumentos de préstamo.

– IFD para fortalecer y alinear salvaguardas entre los distintos sectores e instituciones para proteger los derechos indígenas y comunitarios de la tierra.

– IFD para la evaluación de los distintas leyes y marcos normativos, a través de los sectores e instituciones sobre la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios existentes como parte del diseño de un proyecto.

 Diseño e implementación de proyectos:

– IFD para trabajar en incrementar el apoyo a la gobernabilidad territorial.

– IFD para incrementar el apoyo financiero para el fortalecimiento de las cuestiones de gobernanza en la tenencia de la tierra.

 – IFD para apoyar a los gobiernos a asegurar la titulación de tierras indígenas y el apoyo a las economías indígenas para que se integren en los planes y políticas nacionales.

– IFD para incorporar las voces indígenas y comunitarias en el diseño de proyectos, particularmente las de las mujeres.

– Mecanismos de rendición de cuentas para incrementar la capacidad de abordar el daño relacionado con la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios.

Posicionamiento del CCMSS ante la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica











Sinopsis:

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Del 2 al 17 de diciembre se llevará a cabo en Cancún la décimo tercera reunión de las partes de la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Esta cumbre reúne a representantes de 196 países y tiene entre otros objetivos el de establecer medidas estratégicas para el logro de Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y para integrar la biodiversidad en todos los sectores.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) considera de enorme importancia que se incluya en los acuerdos de esta COP, el reconocimiento explícito del manejo forestal comunitario y sustentable como un instrumento y mecanismo eficaz para la conservación de la biodiversidad y el logro de las metas de Aichi.

Esta cumbre es una oportunidad para mostrar al mundo la importancia que tiene el manejo activo y sustentable de los bosques y la gobernanza de los territorios forestales para la conservación de la biodiversidad, y para poner en la agenda de los tomadores de decisiones la importancia de priorizar, mediante políticas públicas y financiamiento, el desarrollo de esquemas de manejo sustentable de los territorios forestales comunitarios.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es un compromiso mundial de cumplimiento obligatorio (vinculante) en el que participan 196 países, incluido México, y que fue originalmente acordado en la Cumbre de Río de 1992.  Éste busca conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y garantizar el acceso equitativo a los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos. Es considerado uno de los principales instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible, ya que el ámbito al que se refiere abarca la conservación y el uso de los ecosistemas, las especies de animales, plantas, hongos, microorganismos y toda forma de vida, además de la diversidad genética.

Tal vez el principio rector más importante de este convenio es que el uso de los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos debe realizarse en beneficio de los seres humanos y debe llevarse a cabo de manera tal que no provoque la pérdida o deterioro de la diversidad biológica. El CDB aborda el ecosistema de manera integral, y se basa en el principio precautorio.

México es uno de los países del mundo con mayor diversidad biológica, y la biodiversidad mexicana tiene una singularidad muy importante: Cuando se considera la diversidad de ecosistemas, México aparece entre los cinco países más biodiversos del mundo. Y esto tiene implicaciones para el manejo y la conservación de la biodiversidad. El establecimiento de áreas naturales protegidas puede proteger a las especies que habitan en determinada área pero además deben de ponerse en marcha otras estrategias adicionales dado que en un territorio donde los ecosistemas cambian continua y significativamente formando mosaicos complejos a lo largo del territorio, los  esfuerzos de conservación deben basarse en una visión que contemple de manera integral la complejidad del territorio en su conjunto y debe considerar el manejo y el aprovechamiento de los recursos forestales como un elemento importante de la estrategia de conservación.

Otra particularidad de México en términos de su biodiversidad, es el hecho de que diversas culturas indígenas han habitado este territorio de manera ininterrumpida desde hace varios miles de años. Según el censo de población y vivienda 2010, la población indígena en México es de 15.7 millones de personas de al menos 67 grupos indígenas. La mayoría de las comunidades indígenas se asientan en regiones forestales ricas en biodiversidad. Actualmente, al menos la mitad de la superficie del país pertenece a núcleos agrarios ejidales o comunales. Cerca del ochenta por ciento de los bosques y selvas son de propiedad ejidal o comunal.

A lo largo de los siglos, y mediante su interacción y manejo, las comunidades han conformado de manera importante el entorno natural. Esto ha provocado una inmensa diversidad de variedades de especies utilizadas para todas las actividades humanas, y particularmente la alimentación. Como resultado de esta interacción y manejo del territorio por parte de las comunidades, Mesoamérica es uno de los grandes centros de origen y diversificación de los alimentos del mundo. La diversidad de variedades de maíz y frijol constituyen una fracción muy significativa de la base alimentaria del planeta, además de una cantidad importante de otros cereales, frutas y hortalizas (calabaza, amaranto, aguacate, tomate, chile, etc.).  El territorio mesoamericano es el reservorio natural de la diversidad genética de estas y muchas otras especies que tienen importancia mundial.

En el ámbito forestal, la biodiversidad de México también destaca por diversos motivos. En primer lugar, más de la mitad de su territorio está cubierta por selvas y bosques. Tenemos diversas formas de selva húmeda, de selva seca, de matorral, de bosque templado, de bosque mesófilo de montaña, además de los manglares y muchos otros ecosistemas catalogados como forestales. La riqueza de especies forestales de México es particularmente notable. México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas más de encino, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría de ellas utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos territorios, y muchas de ellas con un valor importante en el mercado. Una fracción muy significativa del territorio de México es eminentemente forestal.

Toda esta biodiversidad no sería posible de entender si no se considera el papel que han jugado las comunidades en su gestación, y el que juegan actualmente en su manejo y conservación.

El CCMSS, considera que la intervención gubernamental en las regiones forestales debe tomar en cuenta el derecho de las comunidades a poseer de manera legal y plena su territorio, y que debe respetarse su derecho a mantener el control sobre el manejo de dichos territorios. Consideramos equivocada la política gubernamental que establece pesadas regulaciones que atentan contra los derechos de acceso a los recursos por parte de las comunidades locales y que desestimulan a los dueños de los terrenos forestales a optar por la vía legal en el aprovechamiento de sus bosques.

El CCMSS considera fundamental la revisión de la política forestal que opera la actual administración de tal manera que se pueda avanzar hacia una simplificación de la gestión forestal que favorezca el manejo y la conservación de la biodiversidad.

Existe abundante evidencia científica y empírica que muestra que la cobertura forestal y los atributos ambientales, incluyendo la biodiversidad, la infiltración de agua y la captura de carbono, se encuentran en buen estado en los ejidos y comunidades que hacen un aprovechamiento activo de sus bosques. Los motivos que explican por qué resulta efectivo el manejo son bastante sencillos. Las actividades de sanidad, manejo del fuego, vigilancia, cuidado, protección y restauración necesarias para que un bosque se conserve sano tienen un costo y requieren de la participación de una gran cantidad de personas que tengan un interés y capacidad para el cuidado y vigilancia del bosque. Y las personas que habitan en los territorios tienen necesidades y son quienes conocen y viven del territorio. Si el bosque no rinde beneficios se abandona, lo que implica que se quemará, se plagará, se talará de manera perjudicial, o bien el bosque se sustituye por tierras que tengan otro valor productivo, como la ganadería, que en la mayor parte del país es la principal causa de deforestación.

No obstante, la regulación mexicana impone a las iniciativas de manejo y aprovechamiento forestal un complejo esquema de trámites, requisitos y pagos de derechos que favorece su desarrollo.  Las comunidades forestales en México que han tenido planes de manejo forestal y operan sus propias empresas forestales, invierten sistemáticamente en el bienestar de sus bosques. Dentro de los planes de manejo, invariablemente existen atributos de valor especial o zonas que son destinadas a la conservación, además de que se establecen compromisos de restauración, atención a plagas e incendios, vigilancia, etc. En estos casos, las comunidades tienen recursos y estímulos para invertir en el cuidado de sus bosques.

En México existen cerca de mil empresas forestales comunitarias, y cada día más de ellas cuentan con certificación de buen manejo forestal bajo los mismos estándares de cuidado que se observan en países como Suecia o Finlandia, por mencionar algunos ejemplos.

Además de producir madera, las comunidades y ejidos que habitan y manejan los territorios forestales conservan y producen, de manera sustentable, productos como miel, pimienta, carbón, café, resina, ocote, cacao, mezcal, fibras, plantas medicinales, semillas, hongos y un sinnúmero de productos que conforman una parte sustantiva de la biodiversidad.

Por todo lo anterior existe un sólido fundamento histórico, legal y funcional que sustenta la noción de que la mejor forma de conservar la biodiversidad y contribuir a mejorar las condiciones en las que viven las poblaciones rurales, es mediante el manejo activo de sus bosques.

Cualquier decisión que tome la Convención para la Diversidad Biológica tiene que considerar los derechos, las capacidades y las oportunidades que significan las comunidades locales para la conservación y manejo de la biodiversidad.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estará organizando y participando en actividades dentro y en torno a la COP 13, como un Side Event en el que se compartirán experiencias exitosas que muestran la importancia del manejo forestal comunitario e indígena en la conservación de la biodiversidad en México y Centroamérica.

Descarga el documento en PDF aquí.

Manejo forestal comunitario en el Nevado de Toluca como parte fundamental de la estrategia de conservación del bosque











Sinopsis:

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El primero de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan de Manejo del Área de Conservación de Flora y Fauna Nevado de Toluca. El Plan de Manejo incluye un diagnóstico detallado de la situación de deterioro a la que lo han llevado ocho décadas de abandono y mal manejo del Parque Nacional. Como resultado de una política prohibicionista, sectorizada y carente de una visión integral del territorio, que no ha permitido a los ejidos y comunidades contar con programas de aprovechamiento basados en modelos silvícolas sustentables, hay extensas zonas plagadas con muérdago y descortezadores, además de tala clandestina, cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería y asentamientos humanos desordenados, y otros impactos negativos.

El plan de manejo de la nueva Área de Protección de Flora y Fauna, busca abordar las causas de la deforestación mediante una propuesta integral que incluye la delimitación de zonas de protección, de uso restringido, de preservación, de recuperación, zonas de aprovechamiento para usos forestales y agropecuarios y zonas de uso público de turismo sustentable.

Reconoce también zonas de asentamientos humanos que existen en la región desde tiempos ancestrales y otras de origen más reciente. Todos estos usos de suelo ocurren actualmente, y el plan de manejo busca armonizarlos en una estrategia de sustentabilidad. Es importante aclarar que el Plan de Manejo del Parque establece zonas para diferentes actividades, pero no constituye en sí una autorización para el aprovechamiento de los recursos. Esta autorización debe provenir de un estudio y un plan de aprovechamiento específico que se elabora para cada caso, para cada ejido o comunidad y que debe basarse en estudios detallados de biodiversidad, tasas de crecimiento, tipos de suelo, pendientes, etc. Así como de la definición de un modelo silvícola apropiado que incluya las medidas de restauración, cuidado y vigilancia necesarias para preservar el bosque.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), así como otras instituciones civiles y académicas, han documentado y respaldado en todo el país iniciativas de manejo forestal comunitario como una estrategia fundamental para la conservación de los ecosistemas forestales. Más de 2,400 ejidos y comunidades llevan a cabo manejo forestal en el país, y cerca de mil cuentan con empresas forestales comunitarias.

Los Parques Nacionales y áreas protegidas deben contar con planes de manejo que permitan a las comunidades y ejidos el aprovechamiento forestal sustentable, por lo que la inclusión de esta categoría en varias sub zonas dentro del Plan del Nevado de Toluca parece un acierto.

La Unión de Ejidos Emiliano Zapata en la región de Amanalco, que incluye varios ejidos dentro del área del Nevado de Toluca, tiene cerca de 35 años llevando a cabo un aprovechamiento forestal basado en planes de manejo. La región manejada por los ejidos de esta Unión, donde se lleva a cabo aprovechamiento maderable, tiene actualmente una tasa de deforestación cero, es decir, en la zona bajo su manejo no existe deforestación, pese a que se extraen productos forestales maderables.

Esto se logra mediante la implementación de un modelo silvícola que incluye el conocimiento y observancia de la tasas de incremento de la masa forestal, la implementación de actividades de silvicultura, como podas y aclareos, además de la instrumentación de programas de manejo del fuego, control y combate de plagas, restauración de suelos, promoción del renuevo natural y respaldo con reforestación cuando es necesario, además de vigilancia y de promoción de actividades agrícolas sustentables, como la agricultura orgánica en las zonas aledañas al bosque.

El aprovechamiento forestal permite a las comunidades tener empleos e ingresos, y comprometerse con las actividades necesarias para la conservación a largo plazo del recurso forestal.

El manejo integrado de varios ejidos de la cuenca de Amanalco a manos de la Unión de Ejidos, ha permitido recuperar servicios ambientales fundamentales, como la infiltración de agua y recarga de los acuíferos, recuperación de suelos y reversión de procesos de erosión, e incremento de la biomasa y la captura de carbono en los bosques.

El Manejo Forestal Sustentable incluye acciones de conservación y protección de los altos valores de conservación, es decir: hábitat para la biodiversidad, zonas de provisión de agua, sitios de valor cultural, ecosistemas frágiles, etc., y se basa en programas autorizados y auditados por las autoridades forestales.

La re-categorización del Nevado de Toluca y la publicación de su plan de manejo es sólo el primer paso; hay mucho más que las instituciones tendrán que hacer para garantizar un manejo forestal sustentable:

1.     Probosque, que es la institución que aprueba los Planes de Manejo Forestal en el Estado de México, tendrá que analizar cada uno de los planes que le presenten los ejidos y comunidades a partir de la zonificación establecida en el Plan de Manejo del APFF, utilizando criterios científicos y aplicando las mejores prácticas conocidas.

2.     Conafor debe promover que se elaboren PMF de la mayor calidad, ya que tiene recursos para financiar su elaboración y puede apoyar a las comunidades para que fortalezcan sus capacidades técnicas, financieras, gerenciales y comerciales. Además, tiene la oportunidad de promover la certificación internacional de mejores prácticas, como FSC con la que actualmente cuentan varios de los ejidos de la región de Amanalco.

3.     Semarnat debe agilizar y optimizar sus procesos de autorización en todas las etapas del proceso forestal.

4.     Profepa debe centrarse en evitar la tala y el comercio ilegal, que le hace una competencia desleal a los ejidos y comunidades que cumplen con toda la normatividad y protegen los bosques.

Y las organizaciones de la sociedad civil pueden acompañar los procesos comunitarios para impulsar el uso de mejores prácticas, las certificaciones de buen manejo forestal y apoyar la inserción de las EFC en los mercados.

Presentan propuestas para avanzar hacia una mejor ley forestal 











Sinopsis:

Representantes del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal participaron en la sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, con el objeto de presentar una serie de propuestas para enriquecer el proyecto de la nueva Ley Forestal Integral que presentó la Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso, documento que ya se encuentra en proceso de dictamen.

En la sesión, el presidente del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal (CONAF) Carlos González Vicente, junto con Emilio Cruz, de Reforestamos México y Raúl Benet Keil, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), ambos miembros de dicho Comité; expusieron que es necesario que se integren las aportaciones generadas en el Consejo, puesto que son producto de más de tres años de trabajo, de consulta a productores, responsables técnicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de los diversos órdenes de gobierno y, expertos en legislación.

Lo anterior, con la finalidad de tener un diagnóstico más certero del marco legal y regulatorio del sector forestal y una propuesta de ley integral que permita al sector forestal superar la situación de marginación y atraso en la que se encuentra.

Destacaron la necesidad de fortalecer la competitividad de las empresas forestales, particularmente las conformadas por comunidades y ejidos, que abarcan más del 80 por ciento del territorio forestal del país.

González Vicente destacó que la efectividad y competitividad de las empresas forestales mexicanas es indispensable para proveer bienes útiles y estratégicos que actualmente se importan de diversos países, y señaló que el 82 por ciento de la materia prima forestal que se utiliza actualmente en México es importada. “Cuando el 100 por ciento podría producirse en México e incluso existe un gran potencial para la exportación.”

Refirió que entre uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector es la excesiva y acuciante regulación. Por ello, destacó la importancia de que la nueva ley atienda de manera efectiva los temas de competitividad y certeza jurídica para los productores forestales; además de reducir de manera significativa la carga regulatoria innecesaria.

Por su parte, Emilio Cruz, de Reforestamos México, subrayó la necesidad de que la nueva ley forestal atienda plena y efectivamente el tema de la legalidad en el sector forestal. “Porque mucha de la madera que se comercializa en el país es de origen ilegal, lo que perjudica severamente a los bosques y a las comunidades. Se requiere un Registro Forestal Nacional que sea efectivo, confiable y transparente, que permita rastrear los productos forestales mediante un sistema efectivo de trazabilidad como el que existe en otros países.”

En cuanto a las labores de vigilancia, indicó que es necesario que la nueva ley proporcione elementos sólidos para enfrentar la ilegalidad en donde realmente ocurre, que en su mayor parte no es en los bosques, sino en los puertos y las madererías. Además, los esfuerzos de vigilancia se deberían enfocar en un 80 por ciento a los establecimientos que comercializan o importan los productos forestales, ya que ahí es donde radica el principal problema de ilegalidad.

Raúl Benet, del CCMSS, detalló que la sostenibilidad de los bosques y selvas está estrechamente vinculada al manejo forestal que realizan las comunidades y ejidos, y que su éxito depende de poder llegar a los mercados de manera competitiva.

Enumeró un cúmulo de obstáculos legales y regulatorios impuesto por la ley forestal vigente, que han sido identificados por todos actores involucrados como el principal lastre que enfrenta el sector forestal sustentable.

Para superarlos, dijo que algunos de los temas han sido propuestos por el Consejo Nacional Forestal para que la nueva ley corrija.

Raúl Benet también señaló la necesidad de reformular en la nueva ley la definición y la atención al tema de los terrenos que son agrícolas pero que tienen cobertura forestal temporal, que se conocen como “acahuales,” tierras de descanso o barbechos; porque son millones los campesinos que actualmente sufren por un mal concepto legal sobre estas tierras, además que la forma equivocada en cómo están descritas en la ley provoca un grave deterioro ambiental.

Añadió que es contraproducente e injusto exigir a los ejidos y comunidades forestales que además de tener un plan de manejo aprobado, conforme a los lineamientos de sustentabilidad, deban de contar con otras autorizaciones costosas y redundantes, como la manifestación de impacto ambiental.

Es muy pertinente, dijo, que la nueva ley incluya mecanismos para transparentar y volver más eficientes y sencillos los procesos de autorización de todas las etapas del aprovechamiento forestal, reconociendo la capacidad de las comunidades y ejidos de llevar a cabo un manejo sustentable de sus bosques, y estableciendo mecanismos flexibles que permitan reconocer las buenas prácticas y la certificación forestal como criterios válidos para para la obtención de permisos de aprovechamiento para las comunidades y sus empresas forestales comunitarias.

En la sesión también estuvo presente Dante Pérez, quien, como representante de la Comisiona Nacional Forestal (CONAFOR) ante el Consejo Nacional Forestal, respaldó plenamente las intervenciones y propuestas antes señaladas, y entregó formalmente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados los puntos destacados por los miembros del Comité de Legislación.

Para finalizar la sesión, la diputada Alma Lucía Arzaluz, responsable de la iniciativa de la nueva ley forestal, a nombre de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, estableció el compromiso de considerar los puntos presentados por el CONAF y agradeció a los presentes por su participación, invitándolos a nuevas sesiones para profundizar, aclarar y delinear, de manera puntual, algunos de los puntos propuestos para ser incluidos en la nueva ley.

Necesario fortalecer a comunidades rurales ante presiones extractivistas











Sinopsis:

México tiene una enorme riqueza en activos naturales, pero tiene un enorme reto para garantizar su sostenibilidad. Esto implica la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas y visiones que nos permitan tomar decisiones y generar políticas públicas para garantizar una gobernanza efectiva de los territorios y los recursos, planteó Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) que se imparte en la UNAM.

Durante su intervención en la apertura de los trabajos del seminario que se lleva a cabo en la Universidad, la especialista destacó que “las comunidades rurales son elementos clave para la gestión y conservación de recursos como el agua y los bosques; puesto que tenemos ejemplos exitosos de emprendimientos sociales en la materia desde los años 80 y 90.”

“Solo la sociedad civil, somos quienes podemos plantar cara contra las iniciativas extractivistas y privatizadoras de bienes de uso común, como el agua,” enfatizó Ugo Mattei, investigador y profesor de la Universidad de Turín, Italia.

Soluciones integrales e interdisciplinarias

En la primera sesión del SUSMAI, que centró la discusión en el tema de la defensa del acceso social al agua, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para asegurar un libre acceso al agua es necesario romper con una tradición de más de 30 años de un paradigma economicista de gestión de los recursos, en el que todo gira en torno de las reglas del mercado, porque “esto ha generado el desconocimiento de los derechos de los pueblos, el desmantelamiento de las instituciones sociales y el expansionismo de la privatización de bienes de uso común como el agua.”

“Desafortunadamente, México es emblemático en sus transformaciones jurídicas a favor de la acumulación y el extractivismo como la ley minera, la de inversión extranjera; las reformas privatizadoras, como la energética,” lamentó el investigador.

Otro de los retos para generar soluciones que nos permitan garantizar el acceso al agua, tal cual se establece en el artículo cuarto de la Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”; “es necesario que la academia trabaje de manera interdisciplinaria, y parece que los especialistas de las distintas áreas del conocimiento se están comenzando a entender mutuamente y están comenzando a generar paradigmas teóricos y soluciones de forma conjunta”, resaltó Luis Zambrano, titular del Instituto de Biología de la UNAM.

Explicó que “la fragmentación del conocimiento generó efectos en otros niveles, como la segmentación de las relaciones personales y la separación de las personas mismas. Para atender los problemas sociales y locales es necesario juntar diversas áreas del conocimiento y generar confianza entre estas para poder actuar con un enfoque integral.”

Visión de cuenca y gestión integrada del territorio

Por su parte, Raúl Pineda, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) subrayó la importancia de atender las problemáticas socio-ambientales desde una visión de cuenca, con delimitaciones marcadas por las propias dinámicas naturales.

Precisó que “la cuenca nos ofrece una visión integrada de las presiones sobre los territorios y sus recursos: como el agua.”

Desde un enfoque de cuenca, agregó, “podremos encontrar mejores soluciones para la gestión de los recursos y el desarrollo de las comunidades que las habitan, además todos habitamos una cuenca.”

Garantizar el acceso al agua

Para garantizar la disponibilidad y acceso al agua es necesario prestar particular atención a las dos industrias más perversas: la minería y el fracking, aseveró Marisa Mazarí, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Comentó que es contradictorio que se quieran cumplir con metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y al mismo tiempo se brinden tantas facilidades para la extracción minera y la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Sobre este tema, Ugo Mattei detalló que “privilegiar la privatización de los recursos es uno de los más grandes errores. El agua es un bien común que no se puede comercializar, ni gobernarse de acuerdo con las reglas del mercado. Porque desde una visión privada y de mercado, si yo vendiera agua, tendría que hacer todo lo posible por vender la mayor cantidad al menor costo de producción y eso es insustentable con el agua”.

*Fotografía: Arturo Campos Cedillo

¿Qué nos dejó la Expo Forestal 2016 en beneficio del aprovechamiento forestal sustentable en México?











Sinopsis:

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En la celebración de la Expo Forestal 2016, uno de los eventos más importantes del sector en México, el gobierno federal hizo dos anuncios que podrían tener repercusiones favorables o contraproducentes para la productividad forestal del país. Por un lado, la discusión en el congreso de una iniciativa de reforma a la ley general de desarrollo forestal sustentable, y por otro, la firma de un convenio para el aprovechamiento forestal sustentable en Áreas Naturales Protegidas.

Durante la inauguración del evento, el Secretario de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, habló sobre la discusión en el Congreso de una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual, entre otras cosas, contempla transferir de la Semarnat a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la responsabilidad de la emisión de autorizaciones para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, con lo cual, explicó el funcionario, se simplificarían los trámites y se reducirían los tiempos para la expedición de dichas autorizaciones de manejo y aprovechamiento.

Esta propuesta, admitió, pretende eliminar la sobrerregulación que permea al sector; agilizar los procedimientos para la transportación de los productos forestales y modernizar a las instituciones: ceder a la Conafor muchas de las funciones de autoridad relacionadas con temas forestales.

En su intervención también destacó que “México es un país con un potencial forestal como ningún otro en el mundo, y este sector puede ser un eje para el desarrollo;” también precisó que “tenemos que dejar el modelo agotado del conservar sin tocar y avanzar en el aprovechamiento forestal sustentable.”

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Aprovechamiento forestal en ANP

Durante la inauguración de la Expo Forestal el 12 de octubre, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración denominado: Estrategia nacional para el desarrollo forestal en Áreas Naturales Protegidas, entre la Conafor y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), que tiene como objetivo incentivar el manejo y aprovechamiento forestal en ANPs terrestres con cobertura forestal y, de esta forma, contribuir a reducir el déficit que presenta México en este sector.

El titular de la Conamp, Alejandro Del Mazo Maza, explicó que la estrategia permite desarrollar un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, tanto maderables como no maderables; y esto lo hacemos porque hay muchos bosques que requieren del manejo, porque les significa un beneficio para evitar incendios, evitar la presencia de plagas y conservar la biodiversidad.

Se hizo un análisis de criterio de qué es lo que ya se hace en muchas de las ANPs y el potencial que tienen muchas de ellas para el manejo forestal y la generación de ingresos para las comunidades que las habitan. Derivado del análisis, en este primer año de prueba piloto de la estrategia se contempla un plan de acción conjunta mediante la coordinación entre instituciones y diversas organizaciones, con recomendaciones y líneas estratégicas sobre manejo de fuego, aspectos fitosanitarios, restauración ecológica, investigación y planeación, monitoreo, desarrollo y fortalecimiento de empresas forestales comunitarias y grupos de trabajo; comercialización, certificación y etiquetado de productos forestales; restauración y monitoreo de ecosistemas forestales y pago por servicios ambientales en las ANP.

De acuerdo con un comunicado de la Conamp, en una primera fase, la Estrategia se implementará en las Áreas Naturales Protegidas: Reservas de la Biosfera Calakmul, Campeche; Mariposa Monarca, Michoacán; La Sepultura, Chiapas; y Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca; y en las Áreas de Protección de Flora y Fauna Papigochic-Tutuaca, Chihuahua.

Estas “ANP fueron seleccionadas por tener las mejores condiciones para la coordinación institucional y por requerir medidas eficaces para asegurar que las actividades forestales sean las apropiadas y, sobre todo, sustentables.”

Algunos de los principios generales para el aprovechamiento forestal compatible con la conservación de la biodiversidad, refiere el comunicado, destacan que los programas de manejo forestal deben incorporar explícitamente los objetivos de conservación de la biodiversidad en las operaciones forestales y se deben proteger los hábitats, así como sus componentes para prevenir, mitigar o remediar impactos ambientales sobre la vegetación residual, suelo y cuerpos de agua.

Esta estrategia para el aprovechamiento forestal sustentable en ANPs pretende mitigar los muy probables impactos negativos que traerá el recorte presupuestal del próximo año, que ascienden a más del 25 por ciento a la Conamp y 62 por ciento a la Conafor, y que se verán reflejados en una mucho menor asignación de recursos a los distintos programas de ambas dependencias, admitió en entrevista Alejandro Del Mazo.

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Integración de la Biodiversidad al manejo forestal sustentable en México

Por su parte, el Doctor José Sarukhán, titular de la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (Conabio), resaltó en su conferencia magistral que “México es un país eminentemente forestal y no agrícola, que tiene la mayor cantidad de especies de pino, sin ser centro de origen de los pinos y que estas especies crecen a tasas impresionantes, incluso mayores que en los países nórdicos.

Subrayó que el país ha avanzado mucho en el manejo forestal comunitario, pues es la nación con el mayor número de empresas forestales comunitarias y que algunas regiones como la sierra de Oaxaca, las comunidades han logrado consolidar el modelo de aprovechamiento forestal sustentable con buenas prácticas de integración y conservación de la biodiversidad en la que se procura afectar en lo más mínimo los hábitats de las especies y estableciendo áreas de conservación; con lo cual, han alcanzado mejores niveles de bienestar comunitario.

Asimismo, subrayó la importancia de la puesta en marcha del Sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad, que permite identificar la presencia de especies y conocerlas de mejor forma. Esto ayuda a sensibilizar a las personas para procurar su conservación.

En su ponencia, Sarukhán Kermez, resaltó la necesidad de fortalecer a las empresas forestales comunitarias y combatir la sobrerregulación en el sector forestal, porque “no hay otra forma de detener el clandestinaje y la tala ilegal.

Apuntó que la sobrerregulación no ha limitado la ilegalidad en el sector forestal, puesto que “creo que el 50 por ciento de la madera que se comercializa se extrae de forma clandestina.” Lo que se debe hacer, precisó, es dar incentivos para promover el aprovechamiento forestal sustentable y reactivar la producción.

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Hacia un mercado forestal certificado vs el clandestinaje

En el marco de la Expo Forestal, celebrada en Guadalajara, Jalisco, también trascendió la firma de la Alianza Estratégica para el Desarrollo de la Cadena de Suministro del Forest Stewardship Council (FSC), entre el director de la Unión de Organizaciones de Forestaría Comunal (UNOFOC), Ramiro Robledo Márquez; el presidente de Maderas y Más, Vinicio López Terrones; el director de Reforestamos México, Ernesto Herrera Guerra y el presidente de la Alianza de Ejidos y Comunidades Forestales Certificadas de México (ECOFORCE).

Esta Alianza tiene la finalidad de reducir la tala ilegal en bosques y selvas mediante la certificación y el comercio de madera proveniente de fuentes sustentables, porque permite que productores de madera incrementen la comercialización de sus productos certificados.

Asimismo, se pretende fomentar el consumo de productos maderables certificados en las industrias que emplean insumos forestales maderables y no maderables; fortalecer la iniciativa comercial de desarrollo de cadena de suministro y reforzar las capacidades productivas y comerciales de los ejidos.

El representante nacional de la certificadora FSC, Luis Alfonso Argüelles Suárez, detalló que en México existen cinco entidades certificadoras que impulsan el manejo de una etiqueta forestal que incluye un código de rastreo para que el consumidor conozca el manejo de la madera durante todo su proceso.

En México ya hay más de un millón de hectáreas de bosque certificadas bajo el estándar internacional del FSC en manejo forestal comunitario. Esta superficie ubica al país a la cabeza en este rubro a nivel mundial.

Certificación de manejo forestal comunitario en México (Nota Informativa 47)











Sinopsis:

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  • México es líder mundial en superficie de bosque certificada en manejo forestal comunitario
  • En México operan tres diferentes esquemas de certificación forestal y en conjunto suman una superficie certificada de 2 millones 192 mil ha (ATP, NMX 143, FSC).
  • México es el país con mayor superficie forestal comunitaria certificada bajo los requisitos del FSC.
    Adicionalmente, más de 2 millones 400 mil ha de superficie forestal se encuentran en proceso de certificación (ATP, NMX 143, FSC).
  • La certificación de manejo forestal y de cadena de custodia son dos mecanismos claves que contribuyen a la conservación de los ecosistemas forestales y permiten impulsar el manejo sostenible de los bosques y selvas.
  • Promover el consumo de madera y productos forestales certificados desde el sector público es indispensable para coadyuvar a la conservación activa de los bosques y selvas mexicanos.

El manejo forestal comunitario es un modelo de administración de bosques y selvas que han generado   las comunidades y ejidos que cuentan con superficie forestal y que a partir de las décadas de los 70 y 80, luego de la reforma agraria y la publicación de la Ley Forestal en México de 1986, comenzaron a desarrollar programas de manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

De acuerdo con datos del estudio realizado por Frederick W. Cabbage, Community Forestry Enterprises in Mexico: Sustainability and Competitiveness, al día de hoy operan más de 992 Empresas Forestales Comunitarias en nuestro país, con diferentes niveles de organización y apropiación del proceso productivo.

La consolidación de este esquema organizativo para el aprovechamiento de los recursos forestales por parte de las comunidades y ejidos forestales, quienes poseen más del 50 por ciento de la superficie forestal de México (hasta un 60 por ciento de los bosques y selvas), se debe a los buenos resultados que se han podido documentar al respecto, puesto que las EFC han logrado generar ingresos netos, empleos para los miembros de las comunidades y el mantenimiento de sus bosques en óptimas condiciones.

Algunas de estas comunidades y ejidos forestales han avanzado considerablemente en los aspectos silvícolas, ambientales, sociales y económicos, logrando la certificación en manejo forestal bajo alguno de los tres esquemas de Certificación reconocidos en México: las Auditorías Técnicas Preventivas; la certificación Bosques sustentables (NMX 143); y la certificación internacional del Forest Stwardship Council (FSC).

Consulta y descarga el documento completo en: Nota Informativa 47 – México es líder mundial en superficie de bosque certificada en manejo forestal comunitario

Llegó la temporada de incendios; es urgente impulsar el manejo del fuego

Foto de Eugenio Fernández Vázquez










Sinopsis:

Foto de Eugenio Fernández VázquezCon la llegada del calor, y hasta que vuelvan las lluvias, ya entrado el verano, México vivirá la temporada anual de incendios. En muchos ecosistemas, sobre todo en los bosques templados, el fuego es parte de la dinámica ecológica, y un incendio de baja intensidad y controlado hoy es la forma natural de prevenir un incendio muy severo en el futuro. Urge una estrategia nacional de manejo del fuego que no sólo incorpore a los tres órdenes de gobierno y a los dueños de terrenos forestales, sino que mire más allá del bosque e involucre al sector agropecuario.

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¿Cuál es el “trato fiscal preferencial” para el campo recién anunciado?











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monedasEn su mensaje en cadena nacional del 4 de enero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “a partir del primer día de este año las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya cuentan con un trato fiscal preferencial”. Se refería a la medida anunciada al respecto en el Diario Oficial de la Federación el primer día del 2015, pero se trata apenas de una “deducción adicional en el impuesto sobre la renta… por la adquisición de maquinaria y equipo” para las actividades primarias.

Esta deducción sobre el ISR aplicable solamente a la compra de bienes nuevos de activo fijo para actividades primarias en los tres estados significa apenas un primer paso para dar cumplimiento a la promesa hecha por el presidente Peña Nieto en el marco de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Entonces, anunció diez medidas sobre seguridad pública y prometió publicar “un decreto que le dará un trato fiscal diferenciado a los productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca” vinculados al campo. (más…)

¿Cómo mitigar el cambio climático desde paisajes complejos?

paisajes complejos-agrícolas forestales-cambio climatico










Sinopsis:

paisajes complejos-agrícolas forestales-cambio climatico
 

La revista académica Global Environmental Change preparó un número especial sobre el gobierno de los paisajes agrícolas y forestales para la mitigación del cambio climático. La publicación del artículo introductorio, que firman Agrawal, Wollenberg y Persha, nos permite echar un vistazo a sus artículos siguientes, basados en intervenciones para mejorar las condiciones forestales, reducir la deforestación y, por ende, influir en el almacenamiento de carbono en los paisajes agrícolas y forestales.

Además de presentar los distintos artículos que se han publicado, Agrawal y sus colegas repasaron 123 estudios sobre intervenciones para influir en las dinámicas de cambio de uso de suelo. Su análisis se concentra en describir las intervenciones de política pública que se han intentado y los efectos que han conseguido. (más…)

La deforestación en América Latina va a la baja, ¿qué provocó este cambio?

Foto: Eugenio Fernández Vázquez










Sinopsis:

Foto: Eugenio Fernández VázquezEl último reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) trajo, entre la cauda de datos negativos sobre el aumento de temperaturas globales y de emisiones de gases de efecto invernadero, una buena noticia: el campo y los bosques redujeron en forma importante su contribución al calentamiento global. El IPCC explicó que esto se debió a que bajaron las tasas de deforestación en el mundo y a procesos de recuperación de tierras que antes estaban deforestadas. Pero, ¿qué hay detrás de estos procesos de conservación y de reforestación? En términos de carbono es una buena noticia, pero, ¿lo es también en términos de biodiversidad, de servicios ambientales, de bienestar social? Al menos en América Latina, la respuesta es ambigua, aunque esperanzadora.

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Bray y Wexler: la historia de la política forestal mexicana en dos textos clave











Sinopsis:

Presentamos dos nuevas adquisiciones del Acervo del Consejo Civil, que hasta ahora no se podían conseguir en línea, a pesar de su relevancia y de ser una referencia importante para entender la evolución de la política forestal mexicana en las últimas tres décadas. Se trata de dos textos de David Barton Bray y Matthew B. Wexler publicados en 1996, analizando la legislación y la política forestal mexicanas a la luz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había entrado en vigor apenas dos años antes de la aparición de los artículos.

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Gerardo Segura describe el Procymaf, sus principios y lecciones

Silvicultor en Amanalco










Sinopsis:

Silvicultor en AmanalcoLa Revista Mexicana de Sociología dedica el número especial con el que conmemora sus primeros 75 años a Elinor Ostrom. Entre los artículos del volumen hay uno de especial interés para el mundo forestal, el de Gerardo Segura Warnholtz, en el que recoge la experiencia del Programa de Conservación y Manejo de Recursos Forestales (Procymaf), que estuvo a su cargo por varios años. En ese texto, el doctor Segura presenta muchas de las lecciones aprendidas con ese piloto que tanto impacto tuvo en los bosques de México, y reseña algunos de los retos para el futuro.

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