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Aprueba el Senado una ley forestal de avanzada.











Sinopsis:

Después de un año y medio de debates y análisis, en el que participaron organizaciones civiles y académicos, conjuntamente con funcionarios de la Comisión Nacional Forestal y representantes de las comisiones de medio ambiente tanto de la cámara de Diputados como de la de Senadores, además de una participación destacada de varios Senadores de diversos partidos, este martes 17 de abril, el pleno del Senado aprobó la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible celebra que en la nueva ley se hayan incluido puntos tan importantes como un Programa de manejo forestal comunitario como un instrumento de política, así como una obligación de fomento por parte del estado mexicano. Este tema es muy importante porque la mayor parte de los bosques y selvas mexicanos pertenecen a comunidades indígenas, ejidos y comunidades agrarias, y la mejor estrategia para promover la conservación de los bosques y el bienestar de sus comunidades es a través de un manejo sustentable de sus recursos por parte de las comunidades. Por el mismo motivo es muy importante que se haya establecido en la nueva ley las provisiones para el desarrollo de todo un sistema de salvaguardas sociales y ambientales que en la ley anterior estaba restringido sólo a servicios ambientales. Este sistema, que aún hay que detallar en el reglamento, permitirá establecer las bases para instrumentar el derecho a la Consulta Indígena, que hasta la fecha ha carecido de un marco legal y un protocolo efectivo que garantice su legitimidad y representatividad.

Durante estos meses, diversas organizaciones comunitarias y de productores, así como de  la sociedad civil y académicos habían planteado la necesidad de mantener un órgano de participación social fuerte y con atribuciones de vigilancia y supervisión, y esta demanda de las organizaciones fue finalmente atendida por los legisladores, restituyendo al Consejo Nacional Forestal y a los Consejos Estatales sus funciones de vigilancia y supervisión de la política forestal y estableciendo la obligatoriedad por parte del gobierno de consultar a dicho órgano para todos los asuntos de política forestal. El Consejo Nacional Forestal se constituye así como un consejo de participación social de avanzada, con atribuciones obligatorias, vinculantes, y se sientan las bases para que otros sectores cuenten con órganos de participación que permitan la vigilancia y la supervisión de las políticas por parte de la sociedad civil. Algo similar ocurre con el Comité Mixto del Fondo Forestal, al que se logró restituir de las funciones que se habían perdido en la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados. En una siguiente oportunidad habría que dotar a este Comité Mixto de mayor transparencia y representatividad.

Un asunto crucial que había sido señalado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible como un serio riesgo de corrupción, opacidad y conflictos de interés, era la transferencia de atribuciones de los actos de autoridad de la Semarnat a la Conafor. En la minuta que había sido aprobada, la Semarnat perdía la autoridad de emitir y revocar permisos de aprovechamiento forestal, y se le transfería dicha autoridad a la Conafor. Señalamos en su momento que se perderían los necesarios pesos y contrapesos entre las funciones de autorización y de fomento, y por otro lado señalamos que con este nuevo recorte a la institución ambiental se reforzaba la política de desmantelamiento de la Semarnat como cabeza del sector forestal, como antes ocurrió con la pesca. Es conocido que la Semarnat ha jugado un papel inhibitorio en el fomento al manejo forestal, y eso debe ser corregido, pero no quitándole sus funciones y otorgándoselas a una Comisión que dudosamente tendría la capacidad de mejorar esa situación y manejar de manera eficiente dichas autorizaciones, y con el grave riesgo de consolidar prácticas obscuras y abrir espacios a la corrupción y el conflicto de interés. La ley aprobada recupera las funciones de la Semarnat y desecha la intención de transferirlas a la Conafor. Es necesario y urgente fortalecer las capacidades de la Semarnat para dejar de ser un cuello de botella en las autorizaciones y actos de autoridad, pero el haberlas transferido a la Conafor habría sido un error de graves consecuencias.

Muchos otros temas propuestos en el seno del Consejo Nacional Forestal por las organizaciones y académicos, incluyendo al Colegio de Ingenieros Forestales, a la Red Mocaf, a Reforestamos México, al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al CCMSS, fueron incluidos en la nueva ley. Se logró un gran énfasis en los derechos de las comunidades indígenas y en los derechos comunitarios y ejidales, un abordaje profundo de la participación de mujeres y jóvenes en las actividades forestales, una mejor regulación, más ágil y eficiente, un enfoque ecosistémico integrado, un mayor fomento y apertura a la asistencia forestal, y varios temas de avanzada, tales como un enfoque de manejo integrado de los agentes disruptivos, como el fuego y las plagas.

Reconocemos la apertura tanto de la Comisión Nacional Forestal como de los legisladores y los equipos técnicos de las comisiones para alcanzar esta nueva ley, y particularmente resaltamos y agradecemos el papel que jugó la Senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, a lo largo de todo el proceso, y particularmente la brillante defensa que hizo durante la sesión de aprobación de la ley en el Senado. Gracias a ella se logró obtener un cien por ciento de votos a favor del manejo forestal comunitario y de las demás propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. También reconocemos la apertura de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de su equipo técnico, que tuvieron la sensibilidad y la sensatez de escuchar a las organizaciones e integrar sus demandas.

Resaltamos la importancia de que este tipo de leyes sean consultadas ampliamente, y celebramos que esta ley finalmente siente bases para establecer un marco de leyes reglamentarias que permitan la implementación del Convenio 169 de la OIT en materia de consulta libre, previa e informada.

Finalmente señalamos que si bien hizo falta una consulta más amplia, el proceso de esta ley muestra la importancia, utilidad y viabilidad de la participación de la sociedad, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en la creación de un marco jurídico más legítimo, sólido y útil para enfrentar los retos y problemas que enfrenta nuestra nación, en particular en el ámbito rural.

Como toda ley, seguramente se abrirán debates y se generarán situaciones imprevistas, y habrá que revisarla y actualizarla, pero consideramos que constituye un avance sin precedentes. El nuevo reto es trabajar en el reglamento de la ley, que permita aterrizarla de manera efectiva.

CCMSS Abril 17, 2018.

Manejo forestal sustentable: la solución ignorada para el desarrollo rural y la mitigación de cambio climático

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Sinopsis:

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La forma más eficaz de combatir el cambio climático es a través de esquemas de recuperación y manejo comunitario de los ecosistemas forestales para que estos se conserven a futuro. Los bosques son una solución, probada y natural, para la mitigación de las emisiones de bióxido de carbono; y en nuestro país absorben el 20 por ciento de las emisiones totales de CO2.

José Carlos Fernández, especialista forestal de la FAO y del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (ONUREDD), planteó la necesidad de revisar la política forestal del país con el fin de hacer adecuaciones que permitan aprovechar el potencial que tiene los bosques para contribuir en el tema del cambio climático.

Detalló algunos de los factores que han impedido el crecimiento del sector forestal como son: la falta de armonización de las políticas públicas y de los subsidios; la falta de un reconocimiento claro del valor de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques; y la falta de un compromiso publico por el manejo forestal sustentable”.

Durante su participación en el Conversatorio “El sector forestal y el cambio climático en el plan de gobierno que México necesita”, coordinado por la organización POLEA A.C. en la Cámara de Diputados, explicó que  la gestión sustentable de los recursos forestales es una estrategia de doble propósito que muy poco hemos aprovechado en México, pues al tiempo que proveen servicios ambientales de calidad, como la captura de carbono y la infiltración de agua para la recarga de mantos acuíferos; con el desarrollo de cadenas productivas locales, basadas en el manejo y aprovechamiento de los bosques y selvas, las comunidades dueñas de dichos recursos forestales podrían acceder a un mejor nivel de vida.

Estudios internacionales han comprobado que la mejor forma de conservar los bosques en el largo plazo es a través de esquemas de manejo y aprovechamiento sustentable por parte de las comunidades que los habitan, quienes, además, dependen en gran medida de estos ecosistemas para satisfacer sus necesidades de ingreso, alimentación y energía.

La importancia del impulso al manejo forestal comunitario para propiciar un escenario de desarrollo de las comunidades rurales y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos del cambio climático debe expresarse claramente en las agendas de los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República para el próximo sexenio y traducirse en políticas públicas y presupuestos acorde con la importancia que amerita el tema.

México es un país de vocación forestal, pues posee 138 millones de hectáreas con cobertura vegetal (que equivalen al 70 por ciento de la superficie nacional), de las cuales 66 millones de hectáreas son superficie arbolada.

De acuerdo con datos del Programa Nacional Forestal 2014-2018, solo 7.4 millones de hectáreas se encuentran incorporadas a un régimen de producción forestal, siendo que el país tiene un potencial de más de 15 millones de hectáreas para la producción; es decir, puede duplicar la superficie bajo manejo y aprovechamiento, sin comprometer su capacidad de absorción de carbono, por el contrario, la renovación del a cobertura vegetal permitirá una mayor capacidad de absorción de bióxido de carbono.

En el diseño presupuestario de la federación se evidencia claramente que los bosques y el sector ambiental no son una prioridad, puesto que en los últimos tres años se ha reducido el monto asignado a este sector en más del 50 por ciento. Esto, a pesar de que México se ha distinguido como un país protagónico en materia climática al suscribir convenios y compromisos de reducción de emisiones, de conservación y uso sustentable de la biodiversidad, entre otros.

El 56% de los bosques y selvas del país son propiedad de ejidos y comunidades, sin embargo, una regulación excesiva al aprovechamiento forestal, la falta de inversión en bienes públicos y la falta de transferencia de capacidades técnicas han obstaculizado el avance las comunidades.

Es urgente una revisión a fondo de la estrategia gubernamental de intervención en las regiones forestales de tal manera que se puedan acelerar los procesos de apropiación de los procesos productivos y se fortalezcan las capacidades comunitarias de manejo sustentable de bosques. Solo así se podrá aprovechar el potencial que tienen los bosques para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

Fallas transversales de la política ambiental en México (Video)











Sinopsis:

La Doctora Leticia Merino, integrante del consejo directivo del CCMSS y coordinadora del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, explica que la política ambiental en México adolece fallas estructurales de consideración. La permean problemáticas como la centralización, ausencia de participación social, falta de acceso a información ambiental relevante, sectorialización, falta de transversalidad y desigualdad en el acceso a beneficios ambientales.

Este análisis forma parte de la Agenda Ambiental 2018 de la UNAM, que es un diagnóstico sobre 8 grandes temas: agua, ciudades, costas y mares, agricultura y suelos, biodiversidad, bosques, minería y energía; elaborado por 40 especialistas e instituciones, incluido el CCMSS, y se puede consultar aquí:

Agenda Ambiental.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL REITERAN LLAMADO  A LOS SENADORES A CONSULTAR Y MEJORAR LA LEY FORESTAL











Sinopsis:

Ciudad de México, 22 de marzo de 2018

  • A 17 meses de presentada la iniciativa de reforma de la Ley Forestal, reiteramos la necesidad de una consulta pública e incluyente, de la ley forestal y de la Ley de Biodiversidad.
  • Alertamos sobre los retrocesos en la propuesta de ley
  • Alertamos sobre los riesgos de despojo detrás de la transmisión de autorizaciones y de la definición de los derechos de propiedad sobre los recursos genéticos y los servicios ambientales.
  • Ante la falta de avances en el Sector Forestal la ley debe contemplar una política de largo plazo, basada en el Manejo Forestal Comunitario
  • Entre los temas a incluir están: fortalecer la participación social, el fomento al Manejo Forestal Comunitario, la mejora en la regulación, la descentralización y mejorar la transparencia en el uso de recursos
  • Deben revisarse conjuntamente las leyes de Biodiversidad y Forestal, en tanto que obran sobre los mismos territorios y afectan a las mismas comunidades

A seis semanas de concluir el último periodo ordinario del LXIII Legislatura y a 17 meses de presentada la iniciativa, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) recordamos a los Senadores que aún no se realiza la Consulta de la nueva Ley Forestal que se encuentra en discusión en el Senado y hacemos un llamado a cumplir con lo establecido en la propia ley que se quiere reformar, en materia de participación y salvaguardas. Llamamos la atención a que, en proceso similar referente a la Ley de Biodiversidad, la Comisión de Asuntos Indígenas se pronunció claramente por la realización de consulta para consentimiento libre, previo e informado, culturalmente adecuado y de buena fe, en los términos del artículo sexto de la Convención 169 de la OIT: “…debe someterse a consulta con los pueblos y comunidades Indígenas de México, en los términos que establece el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, con el objeto de obtener su consentimiento previo, libre e informado”.

En septiembre de 2016 fue presentada en la Cámara de Diputados, una iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y promulgar una nueva. Esa iniciativa fue elaborada de manera cerrada y, hasta la fecha, no ha sido objeto de consulta pública, a pesar de las reiteradas demandas de la sociedad para llevar a cabo un proceso transparente, incluyente e informado, que enriqueciera un proyecto para la necesaria reforma de la ley vigente.

Con modificaciones mínimas, la Iniciativa fue aprobada por los diputados en marzo de 2017 y enviada para su revisión a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), de Estudios Legislativos Primera y, a solicitud, a la Comisión de Desarrollo Rural.

En medio de una fuerte presión por parte de los organismos de la sociedad, en abril de 2017 fue suspendida la discusión para dictamen de la minuta y en el siguiente periodo de sesiones, de septiembre a diciembre de 2017, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó un dictamen que algunas de las propuestas relevantes de las organizaciones sociales, aún contiene retrocesos importantes respecto a la ley vigente y carece de algunas mejoras necesarias.

En diciembre de 2017 se agotó el periodo de sesiones y quedaron pendientes los resolutivos de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; al iniciarse el periodo de sesiones, esta comisión aprobó el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con adiciones.

En febrero de 2018, la Comisión de Asentamientos Humanos y Ordenación Territorial aprobó el dictamen de la COMARNAT, con adiciones, entre las que está la transmisión de las autorizaciones de aprovechamiento forestal. De manera paralela, en la Cámara de Diputados se encuentra en revisión la minuta de la Ley General de Biodiversidad, que fue aprobada en diciembre de 2018 por el pleno del Senado de la República, proceso en el que ha sido objeto de señalamientos diversos e importantes por parte de las comisiones de Cambio Climático y de Asuntos Indígenas, entre otros, la deficiencia en el proceso de consulta.

Las organizaciones firmantes queremos llamar la atención de los senadores para hacer una revisión cuidadosa del proyecto de dictamen, dado que existen cuestiones de peso que requieren discusión y enmienda: Hacemos hincapié en que el senado de la República no ha dado respuestas a las reiteradas solicitudes de consulta sobre la reforma a la Ley Forestal aún cuando ha habido tiempo de sobra para hacerlo y ni siquiera ha obtenido respuesta la solicitud formal hecha al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el 2 de enero de 2018.

IMPORTANTES DEFICIENCIAS QUE LOS SENADORES AÚN PUEDEN SOLVENTAR

  • Hay un retroceso inaceptable respecto de la ley vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad. Específicamente, a) el dictamen aprobado suprime facultades sustanciales del Consejo Nacional Forestal (CONAF) y los consejos estatales, quitándoles potestad para conocer de los cambios en políticas públicas y ejercer un papel de vigilancia y supervisión; b) se pierde la oportunidad de mejora del diseño del Fondo Forestal Mexicano, en el sentido de asignar a su Comité Mixto sólo funciones formales de asesoría y consulta, sin efectos concretos, cuando se ha propuesto otorgarle el carácter de órgano de gobierno. Así, la CONAFOR operaría el Fondo, bajo los lineamientos y supervisión del Comité Mixto y se evitaría el manejo discrecional y opaco de los recursos del Fondo.
  • La transferencia de atribuciones de autoridad de la SEMARNAT hacia la CONAFOR requiere, al menos, de una reflexión abierta que no ha tenido lugar, mientras que diversos actores del sector forestal han señalado riesgos e inconvenientes de concentrar los actos de autoridad en la CONAFOR, los que incluyen la contribución al debilitamiento de la cabeza de sector, que ya carece de capacidad para conducir la política en materia de agua, pesca e hidrocarburos y, por otra parte, la falta de contrapesos en la definición y el ejercicio de las políticas del sector. Sin esos equilibrios, existe un claro riesgo de que funcionarios de la CONAFOR incurran en conflictos de interés y en opacidad, abriéndose un terreno fértil para la corrupción. Tomando en cuenta que la SEMARNAT ha mostrado ineficacia e ineficiencia en sus funciones de regulación, la discusión debe clarificar si se trata de suprimir a la autoridad o de superar sus limitaciones.
  • La negativa reiterada a establecer un programa para el manejo forestal comunitario resulta incongruente con las múltiples definiciones y criterios que establecen una política de largo plazo para impulsar el manejo forestal comunitario y con el hecho de que ya existen, en la ley, disposiciones para dotar de recursos a las actividades de plantaciones comerciales y de restauración. Por otro lado, no se sostiene el argumento de que el programa requerido implique recursos adicionales, ya que se trata de una redistribución de los recursos disponibles, tal como la SHCP ha impuesto mediante la inserción de un artículo transitorio que especifica que no se destinarán recursos adicionales para la aplicación de la eventual nueva Ley.
  • Se ha planteado la propuesta de un diseño institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades de las regiones forestales y con una serie de dispositivos para mejorar la gestión forestal y acercarla a los productores. El dictamen aprobado por la COMARNAT ha suprimido completamente todo este tema.
  • Han quedado sin incluir diversas medidas para la mejora regulatoria y de la gestión, como son la adecuada regulación de los aserraderos móviles, la clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o vegetación secundaria, la definición de preferencia forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas y varios otros conceptos que están siendo desechados por falta de comprensión y sin argumentos que solamente pueden procesarse mediante una discusión abierta y fundamentada.
  • La transmisión de las autorizaciones de aprovechamiento forestal, se incluye sin suficiente claridad en cuanto a su sentido y alcances y podría implicar el soporte para el despojo de los recursos forestales de las comunidades o el fomento de la venta en pie de los recursos forestales comunitarios a los industriales de la madera, regresando en los hechos a la época del derecho de monte y fortaleciendo la tendencia hacia el rentismo. Si bien en muchos casos la gestión de los bosques es llevada a cabo por terceros mediante diversos mecanismos legales y no legales, consideramos que es necesario y urgente que de manera abierta se consideren esas implicaciones y se corrija la formulación de esa adición para acotarla y clarificarla, e impedir así que se convierta en un banderazo de salida para la compra venta de permisos de aprovechamiento forestal y la exclusión de los dueños de los bosques respecto de la gestión de sus bosques y sus beneficios..

Por lo anterior, reiteramos la necesidad de revisar abierta y cuidadosamente los aspectos que mencionamos mediante una consulta pública abierta, incluyente y de altura técnica y conceptual, que conduzca a una mejor ley que demanda un sector con grandes potenciales, pero que enfrenta múltiples y graves carencias.

Contactos:

Red MOCAF: Gustavo Sánchez V., cel. 5544889920; correo svallegustavo@gmail.com

CEMDA: Juan Carlos Carrillo, cel. 5545401573; correo jcarrillo@cemda.org.mx

CCMSS: Cecilia Navarro, cel. 55540678; bcecilia.navarro@gmail.com

 

Posicionamiento de las organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad ante la reforma de la Ley Forestal











Sinopsis:

  • Reiteramos la necesidad de una consulta pública e incluyente
  • Alertamos sobre los retrocesos en la propuesta de ley
  • Ante la falta de avances en el Sector Forestal la ley debe contemplar una política de largo plazo, basada en el Manejo Forestal Comunitario
  • Entre los temas a incluir están: fortalecer la participación social, el fomento al Manejo Forestal Comunitario, la mejora en la regulación, la descentralización y mejorar la transparencia en el uso de recursos

En septiembre de 2016 fue presentada en la Cámara de Diputados, una iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y promulgar una nueva. Esa iniciativa fue elaborada de manera cerrada y, hasta la fecha, no ha sido objeto de consulta pública, a pesar de las reiteradas demandas de la sociedad para llevar a cabo un proceso transparente, incluyente e informado, que enriqueciera un proyecto para la necesaria reforma de la ley vigente.

Con modificaciones mínimas, la Iniciativa fue aprobada por los diputados en marzo de 2017 y turnada para su revisión a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), de Estudios Legislativos Primera y, a solicitud, a la Comisión de Desarrollo Rural.

En medio de una fuerte presión por parte de los organismos de la sociedad, en abril de 2017 fue suspendida la discusión para dictamen de la minuta y en el siguiente periodo de sesiones, de septiembre a diciembre de 2017, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó un dictamen que si bien incorpora algunas de las propuestas de las organizaciones sociales, aún contiene retrocesos importantes respecto a la ley vigente y ausencia de mejoras necesarias.

En diciembre de 2017 se agotó el periodo de sesiones y quedaron pendientes los resolutivos de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, antes de pasar a debate y votación en el Pleno de la Cámara de Senadores. Hacemos hincapié en que el Senado de la República no ha dado respuestas a las reiteradas solicitudes de consulta sobre la reforma a la Ley Forestal aún cuando ha habido tiempo de sobra para hacerlo.

En los primeros días del mes de febrero iniciará un nuevo periodo de sesiones del Senado. Las organizaciones firmantes queremos llamar la atención de los senadores para hacer una revisión cuidadosa del proyecto de dictamen, dado que existen cuestiones de peso que requieren discusión y enmienda:

  • Hay un retroceso inaceptable respecto de la ley vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad. Específicamente, a) el dictamen aprobado suprime facultades sustanciales del Consejo Nacional Forestal (CONAF) y los consejos estatales, quitándoles potestad para conocer de los cambios en políticas públicas y ejercer un papel de vigilancia y supervisión; b) se pierde la oportunidad de mejora del diseño del Fondo Forestal Mexicano, en el sentido de asignar a su Comité Mixto sólo funciones formales de asesoría y consulta, sin efectos concretos, cuando se ha propuesto otorgarle el carácter de órgano de gobierno. Así, la CONAFOR operaría el Fondo, bajo los lineamientos y supervisión del Comité Mixto y se evitaría el manejo discrecional y opaco de los recursos del Fondo..
  • La transferencia de atribuciones de autoridad de la SEMARNAT hacia la CONAFOR requiere, al menos, de una reflexión abierta que no ha tenido lugar, mientras que diversos actores del sector forestal han señalado riesgos e inconvenientes de concentrar los actos de autoridad en la CONAFOR, los que incluyen la contribución al debilitamiento de la cabeza de sector, que ya carece de capacidad para conducir la política en materia de agua, pesca e hidrocarburos y, por otra parte, la falta de contrapesos en la definición y el ejercicio de las políticas del sector. Sin esos equilibrios, existe un claro riesgo de que funcionarios de la CONAFOR incurran en conflictos de interés y en opacidad, abriéndose un terreno fértil para la corrupción. Tomando en cuenta que la SEMARNAT ha mostrado ineficacia e ineficiencia en sus funciones de regulación, la discusión debe clarificar si se trata de suprimir a la autoridad o de superar sus limitaciones.
  • La negativa reiterada a establecer un programa para el manejo forestal comunitario resulta incongruente con las múltiples definiciones y criterios que establecen una política de largo plazo para impulsar el manejo forestal comunitario y con el hecho de que ya existen, en la ley, disposiciones para dotar de recursos a las actividades de plantaciones comerciales y de restauración. Por otro lado, no se sostiene el argumento de que el programa requerido implique recursos adicionales, ya que se trata de una redistribución de los recursos disponibles, tal como la SHCP ha impuesto mediante la inserción de un artículo transitorio que especifica que no se destinarán recursos adicionales para la aplicación de la eventual nueva Ley.
  • Se ha planteado la propuesta de un diseño institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades de las regiones forestales y con una serie de dispositivos para mejorar la gestión forestal y acercarla a los productores. El dictamen aprobado por la COMARNAT ha suprimido completamente todo este tema.
  • Han quedado sin incluir diversas medidas para la mejora regulatoria y de la gestión, como son la regulación de los aserraderos móviles, la clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o vegetación secundaria, la definición de preferencia forestal en razón de la fragilidad de los ecosistemas y varios otros conceptos que están siendo desechados por falta de comprensión y sin argumentos que solamente pueden procesarse mediante una discusión abierta y fundamentada.

Por lo anterior, reiteramos la necesidad de una consulta pública  abierta, incluyente y de altura técnica y conceptual, que conduzca a una mejor ley que demanda un sector con grandes potenciales, pero que enfrenta múltiples y graves carencias.

Posicionamiento sobre la situación de la nueva Ley forestal











Sinopsis:

El pasado mes de septiembre la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones importantes la minuta de una nueva Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, para que esta ley quede formalmente aprobada se requieren, aún, de los dictámenes de las comisiones de Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y el debate y votación en el pleno de las dos Cámaras.

En una revisión detallada de la última versión del dictamen, el Consejo Civil Mexicano ha encontrado que aún existen enormes problemas en temas cruciales. Particularmente grave es el tratamiento a la participación social, pues le suprime al Consejo Nacional Forestal, los Consejos Forestales Estatales y al Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano, su capacidad de iniciativa, supervisión y vigilancia y los deja solamente como órganos de consulta y asesoramiento, sin una fuerza efectiva; así, serán simples ornamentos o instrumentos de legitimación y maquillaje de políticas y prácticas discrecionales. Un principio constitucional básico, es la no regresividad en los derechos de la sociedad, y este dictamen pretende regresar el marco legal a una época donde la sociedad estaba proscrita de participar en el diseño, ejecución, supervisión y vigilancia de la política pública. Eso nos parece inaceptable.

En estrecha relación con ese tema, desde que surgió la iniciativa de ley, muchas organizaciones respaldadas por más de 30 mil firmas de ciudadanos, exigimos que se abriera un proceso de consulta dirigido a todas las personas y organizaciones relacionadas con el sector forestal, para conocer propuestas e inquietudes, y tener la oportunidad de enriquecer la iniciativa con los puntos de vista de los destinatarios de la ley. Hasta el día de hoy, ese proceso de consulta no se ha abierto. Si bien hubo valiosos espacios de análisis y diálogo, estos fueron entre algunos especialistas y organizaciones, por un lado, y legisladores y funcionarios por otro; pero estos espacios no sustituyen la necesidad de una consulta amplia, pública e incluyente. Los legisladores en su conjunto, con señaladas excepciones, siguen despreciando la oportunidad de legitimar su trabajo legislativo y hacerlo mucho más sólido y valioso, al mantener los oídos sordos a la sociedad. La consulta pública no es sólo un ejercicio básico de democracia, es también la oportunidad de construir un marco legal basado en la situación real y las necesidades de los ciudadanos y de concertar compromisos de los diversos agentes, en este caso los que actúan en el sector forestal.

En ese contexto de erosión del marco de transparencia y participación de los Consejos Forestales, nos parece sumamente riesgoso otro asunto crucial de la ley: la transferencia de las atribuciones de autoridad de la SEMARNAT a la CONAFOR. El dictamen aprobado confiere a la Comisión Nacional Forestal la función de aprobar o cancelar programas de manejo, permisos de aprovechamiento y otros actos de autoridad. Esta función de otorgar o rechazar permisos hasta ahora se mantenía en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo el precepto de mantener controles y contrapesos entre las funciones de fomento y las de autorización. La transferencia de actos de autoridad a la CONAFOR, sin órganos de transparencia y supervisión fuertes y efectivos, y tomando en cuenta la gran discrecionalidad y corrupción que ha caracterizado a muchos funcionarios públicos, significa también una grave regresión en términos de institucionalidad democrática. Poner los subsidios para el fomento de la actividad forestal en las mismas manos que la autoridad para aprovechar los bosques, en ausencia de mecanismos de vigilancia y contraloría social, significa finiquitar los intentos de mejorar y democratizar la gobernanza forestal.

El arreglo institucional actual, en el que la SEMARNAT autoriza y la CONAFOR fomenta, es considerado por algunos actores como un obstáculo para el buen desempeño de la actividad forestal, pues los criterios de la SEMARNAT por lo general no consideran prioritario el aprovechamiento sustentable como una estrategia viable de conservación de los recursos naturales y, por el contrario, priorizan una conservación y restauración pasiva. Estableciendo todo tipo de trabas y trámites engorrosos al aprovechamiento sustentable. Sin duda la sobre-regulación y la tramitología excesiva, lenta y a veces discrecional, ejercida desde la SEMARNAT es un factor que frena el desarrollo del sector. Frente a este hecho, consideramos que la vía correcta y de largo plazo para superar las deficiencias actuales no es hacer cambios estructurales por motivos coyunturales, sino reformar a fondo a la SEMARNAT para corregir su orientación, su operación y mejorar sus capacidades.

Pretender resolver la carga burocrática mediante la disolución de los contrapesos institucionales y a la vez eliminando las atribuciones de vigilancia del Consejo Nacional Forestal, parecen la garantía de una nueva etapa de discrecionalidad y corrupción que no pueden sino generar más degradación y deforestación, pobreza en las comunidades y acumulación de riqueza en manos de una élite del sector forestal que controla en su interés amplios espacios del presupuesto y la toma de decisiones

Las empresas forestales comunitarias de México son un ejemplo único en el mundo y con un enorme potencial











Sinopsis:

En México hay alrededor de 990 comunidades que cuentan con empresas forestales comunitarias. Unas 25 de ellas, con niveles de estructura y desarrollo muy avanzadas. Estas empresas comunitarias cuentan con aserraderos, producen triplay, generan productos de exportación. El resto, quizá con una menor integración, son una fuente importante de ingresos y empleos para las propias comunidades, destaca el investigador de la Universidad Internacional de Florida, David Barton Bray.

Explica que las empresas forestales comunitarias de México son un elemento que debería visibilizarse mucho más, “porque son un caso único en el mundo”. Ya que en México el 60 por ciento de los bosques están en manos de las comunidades, y “gracias a sus esfuerzos en acción colectiva, luchas sociales, apoyos institucionales y algunos estímulos de los mercados, sus empresas forestales comunitarias contribuyen de manera significativa a la conservación de los territorios forestales y al bienestar de cientos de comunidades campesinas”.

El Dr. Bray plantea que estas comunidades forestales tienen el potencial de cubrir la demanda interna de productos forestales del país (alrededor de 20 millones de metros cúbicos de madera). Hoy día, de los 15 millones de hectáreas de bosques y selvas con potencial productivo, solo 6 millones están bajo aprovechamiento, así que hay en México la posibilidad de incorporar 9 millones de hectáreas a esquemas de manejo productivo. Sin embargo, para que esto suceda es necesario que se incrementen los apoyos y esfuerzos institucionales para el fortalecimiento de este esquema comunitario de gestión de los recursos forestales.

En términos de la evolución de la política forestal, subraya el investigador, “en los últimos 40 años en México, en diferentes momentos, el gobierno sí ha apoyado a las empresas forestales comunitarias. Algunas veces de forma más decidida y otras veces en menor grado”.

David Bray, al referirse al papel de Estado, señala que “sí fue importante el estímulo al desarrollo forestal comunitario en determinados momentos; claro que eso hay que contextualizarlo con la acción colectiva y el vigor empresarial de las propias comunidades, que han logrado erigir al sector forestal mexicano; pero, en términos generales, el apoyo ha sido insuficiente, dada la importancia de estas empresas comunitarias para producir madera, conservar los bosques y el desarrollo social”.

Bajo la administración gubernamental actual, “el apoyo al modelo de manejo forestal comunitario ha sido claramente menor, en comparación con otras administraciones, pero espero que esto cambie y se recobre la importancia que, en verdad, tiene el sector comunitario”.

Barton Bray menciona que “el gobierno actual sí ha puesto empeño y ha intentado incrementar la producción, aunque no sé qué tanto lo ha logrado; las estadísticas disponibles no reflejan que la producción maderable haya cambiado”.

Además de recursos, “siempre se requiere de asistencia técnica y capacitación, por la rotación de los liderazgos en los ejidos y comunidades. También se requiere de un extensionismo forestal estable, en el que se pueda confiar”, añade.

Por otra parte, comenta que “el impacto del crimen organizado es algo que está pesando en las comunidades forestales. Se requiere más protección para las EFC, que no están supeditadas a esa condición de hostigamiento y que merma sus actividades”.

El investigador, con más de 25 años de experiencia en el tema de la silvicultura comunitaria, siguiere que “claramente México puede cubrir su demanda interna de madera a través de la producción comunitaria, y esto se puede obtener con una política forestal que claramente se comprometa con el modelo comunitario de manejo de bosques, con campañas de promoción de consumo de madera producida internamente y fortalecimiento de las empresas sociales”.

En relación con la producción y tráfico de madera ilegal en el país, refiere que “por ser ilegal, no hay números confiables de la magnitud del problema. La evidencia apunta a que el problema de la tala ilegal, no está en las comunidades que cuentan con un permiso de aprovechamiento. En realidad, la tala ilegal se da en lugares y regiones dónde los dueños de los bosques han perdido el control de sus territorios. En lugares donde los dueños de la tierra, no han logrado organizar el manejo y aprovechamiento del bosque debido a diversos factores, por ejemplo, lo complicado y complejo del proceso para obtener de un permiso de aprovechamiento.

Retos para el manejo y conservación de los ecosistemas forestales en Latinoamérica (Casos colombiano y mexicano)











Sinopsis:

El reconocimiento de las contribuciones de las comunidades para la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de servicios ecosistémicos es esencial para reducir brechas de desigualdad social, favorecer la conservación de la biodiversidad en el largo plazo y alcanzar las metas climáticas.

En el mundo, el 61% de los bosques y selvas son de propiedad gubernamental y solo el 24 % esta bajo la titularidad o uso de comunidades.

Sin embargo, en América latina las comunidades locales y pueblos indígenas son dueñas del 32 % de los ecosistemas forestales, un porcentaje por encima de la media global y esto ha sido resultado de luchas sociales que han devuelto a las comunidades la titularidad de sus territorios.

De acuerdo con Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia, los gobiernos deben reconocer las contribuciones de las comunidades y pueblos indígenas que manejan los bosques y no obstaculizarlos, como suele ocurrir en muchas partes del mundo.

En su ponencia magistral durante el V Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (V CISEN), celebrado en Oaxaca, México, indica que, en Colombia el gobierno está apostando por un esquema de manejo integrado de los territorios forestales, con un enfoque inclusivo de las comunidades negras e indígenas.

En este escenario de postconflicto, detalla, es necesario trabajar en esquemas diversificados de intervención y gestión de los ecosistemas forestales. Los esquemas que limitan el acceso a los recursos naturales o que expulsan a las familias de sus territorios no son favorables para recobrar la paz.

En este sentido, propone que la conservación tiene que verse como una oportunidad para fortalecer la gobernanza local, a través de esquemas y categorías diferenciadas de manejo de los territorios; respetando los conocimientos y derechos de las comunidades.

Colombia tiene una tasa de deforestación de 128 mil hectáreas anuales, sin embargo, en este 2017 se espera que la deforestación alcance las 200 mil hectáreas. Este crecimiento en la degradación de los bosques, explica Biggite Baptiste, se debe a problemas de gobernabilidad, vacíos legales y de intervención para el manejo y conservación de los territorios forestales, que deberán ser abordados lo más pronto posible.

Sobrerregulación, obstáculo de comunidades mexicanas

Por su parte, Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, resalta que en México existe un limitado reconocimiento y apoyo a los esfuerzos e iniciativas de manejo sustentable y conservación de los bosques.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, subraya que “un ejemplo de ello es la comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, que cuenta con todas las estrellas posibles en materia de conservación y certificación internacional de manejo forestal y tardó más de dos años en lograr que la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) le otorgara la renovación de su permiso de aprovechamiento forestal, lo cual ocasionó que cientos de familias vieran mermada su principal fuente de ingresos”. Lamenta que este tipo de casos se repite en distintas regiones del país.

Explica que “esto se debe a la terrible sobrerregulación que padecen las comunidades en materia forestal, porque deben cumplir múltiples y complejos trámites para obtener una autorización para la gestión de sus recursos forestales. En contraparte las plantaciones forestales comerciales tienen una regulación más simplificada”.

La especialista apunta que las comunidades y ejidos son dueños del 60 % de los bosques y selvas de México; y el 34 % de estos núcleos agrarios lleva a cabo importantes actividades de conservación y manejo de sus territorios algunos con un mayor grado de consolidación y otros con algunos problemas, pero todos ellos conservan estos ecosistemas y generan importantes servicios ambientales, que generalmente no les son retribuidos.

Leticia Merino comenta que “es necesario hacer una revisión profunda del modelo de país que queremos, porque el sistema actual en México es profundamente clasista y racista en detrimento de las comunidades y requerimos de mecanismos alternativos para la gestión ambiental de la tierra y el bosque”.

Plantea que “se requiere de una presencia local, informada y fortalecida para propiciar un manejo y conservación diversificado de los territorios forestales, y no a control remoto, como se hace actualmente, con políticas públicas que fomentan la centralización”.

Cuando las comunidades manejan sus bosques hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo











Sinopsis:

Prácticamente ya no quedan bosques primarios ni en México ni en el mundo. La gran mayoría de los ecosistemas forestales presentan una cobertura secundaria, es decir, han sido intervenidos y aprovechados, y estos se han regenerado.

En nuestro país, como en la mayoría de los países, los bosques están habitados, y muchas familias dependen de ellos para obtener alimentos, medicamentos, combustible y otros productos que son fundamentales para su economía y subsistencia. Por ello, “cuando hablemos de conservación de los bosques es indispensable que se tomen en cuenta a los dueños de los bosques y a las personas que los habitan”, subraya la Doctora Patricia Gerez, especialista en manejo forestal comunitario.

Como parte de su ponencia en el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, plantea que “está demostrado que cuando las comunidades manejan sus bosques y selvas hay una mayor probabilidad de que estos se conserven a lo largo del tiempo y en un mejor estado que un bosque sin intervención”.

En este sentido, cuestiona que las políticas públicas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no parecieran ser las más adecuadas para propiciar una mejor gestión de los recursos forestales, incrementar la producción de productos forestales y detener la deforestación y degradación de los bosques y selvas.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, detalla que se invierten muchos recursos públicos en programas de reforestación y regeneración de bosques, pero que estos carecen de seguimiento y medición del impacto. Asimismo, tampoco se han detenido los procesos de deforestación y degradación ni se ha incrementado la superficie bajo manejo para la producción de productos forestales.

En contraparte, indica que “son las propias comunidades las que destinan voluntariamente grandes extensiones de sus bosques a la conservación; y muchas otras que perdieron sus bosques los están recuperando con reforestaciones y el aprovechamiento de esa madera para elaborar muebles”.

Patricia Gerez destaca que la estrategia de la Conafor para incrementar la producción de madera se centra solo en pequeñas áreas del país consideradas con un alto potencial productivo y no atiende a muchas otras regiones que, si bien no tienen el potencial de zonas de Durango, Oaxaca, Guerrero o Jalisco; podrían contribuir a incrementar la producción y mejorar la economía de todas las familias que son dueñas de esos recursos.

Señala que de las 6.4 millones de hectáreas de bosques y selvas con las que cuenta el país, 15 millones de hectáreas tienen potencial productivo, pero que solo 7.4 millones están bajo un esquema de manejo y aprovechamiento.

La excesiva regulación impuesta por la autoridad para el manejo de los recursos forestales y la marginación a los pequeños propietarios comunitarios para acceder a apoyos, acompañamiento técnico para fortalecer sus capacidades productivas y de generación de valor agregado, han obstaculizado la expansión de la superficie forestal bajo manejo.

Asimismo, añade, hay una enorme rigidez de la autoridad, como para permitir poner en marcha sistemas de manejo y aprovechamiento forestales más flexibles. No obstante, “la mayor parte de la madera que se produce en México proviene de aprovechamientos no regulados o ilegales. Pero las principales causas de deforestación no provienen de estos aprovechamientos no regulados, sino de la ganadería extensiva, la construcción de grandes desarrollos turísticos y la agricultura industrial. Además de otras amenazas como la minería y el fraking”.

Además de reforestar, “las comunidades también protegen sus manantiales y zonas de recarga de acuíferos; le dan un uso diversificado a sus tierras y economía. ¿Por qué no apostar por una política forestal de producción y conservación centrada en las comunidades y ejidos? Si ellos son los dueños de los bosques: hasta un 80 por ciento de esas comunidades son indígenas que presentan severas carencias”.

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué?

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué?










Sinopsis:

Las comunidades forestales de México están listas para cuidar sus bosques ¿y luego qué? 
Cuando los bosques son debidamente gestionados por sus comunidades y adecuados a programas de conservación, esto trae consecuencias importantes a nivel nacional y global. A grandes rasgos, esta es la premisa que guía el manejo forestal comunitario en México desde hace más de tres décadas.

Hasta ahora se han registrado cientos de casos exitosos. Nos referimos a comunidades rurales que activan su economía con ingresos provenientes de los recursos forestales, y simultáneamente fabrican una serie de beneficios ambientales para el mundo y mantienen sus ecosistemas en buenas condiciones.

Una piedra angular dentro de este esquema –comunidades viviendo de sus bosques y protegiéndolos–, es la tenencia de la tierra, o mejor dicho su reconocimiento. Recordemos que  en el caso de México, aproximadamente el 80% de sus bosques y selvas son de propiedad social.

 

Regular a favor de las comunidades: la clave para la conservación medioambiental

comunidades forestales mexico
 

El régimen de tenencia comunitaria en México asombra a muchas otras naciones, ya que de algún modo antecede a una tendencia en boga. Actualmente, los países forestalmente más importantes han reformado sus políticas públicas en favor de las comunidades rurales forestales, proporcionándoles una mayor accesibilidad a los recursos del bosque y reconociéndolos como agentes decisivos de restauración y conservación. Pero la clave está en que esta tenencia se reconozca de forma activa dentro del marco legal.

¿Por qué es tan importante facilitar a estos grupos al aprovechamiento de su territorio? Es indiscutible que ellos, mejor que nadie, conocen dichas tierras. Esto resulta de haberlas habitado, y por lo tanto de haberse familiarizado con sus recursos y particularidades, desde hace generaciones. Pero para que este conocimiento se pueda aprovechar en favor de la conservación del territorio, estos grupos deben tener la posibilidad de vivir de sus bosques. De lo contrario, lo más probable es que, entendiblemente, terminen vendiendo o subarrendando sus tierras para actividades agrícolas a gran escala, industriales o inmobiliarias.

Por lo anterior las políticas públicas deben garantizar dichas facilidades, evitar una    sobrerregulación para que las comunidades puedan implementar planes de gestión y en cambio promover la capacitación y fortalecer la gobernanza entre estos grupos.

Mucho se ha dicho sobre la importancia del manejo forestal comunitario como instrumento para retrasar el cambio climático. La posibilidad de frenar la emisión de gases mediante el aumento de secuestro de carbono en los bosques y la restauración de tierras degradadas está ya plenamente comprobado. En el caso de México, la sobrerregulación dificulta esta labor y, según estudios detallados sobre el tema, amenaza la posibilidad de cumplir con las metas climáticas.

 

Generar incentivos para la conservación y aprovechamiento

 

Los beneficios que provee el bosque son múltiples, pero quizá los más importantes tienen que ver con la provisión de agua en cantidad y calidad, la captura de carbono y otros contaminantes, la prevención de la erosión de la tierra, la modulación del impacto climático y los relacionados a fines culturales.

Una manera de reconocer los trabajos de conservación de los dueños de estos bosques ha sido el pagos por servicios ambientales (PSA). Este esquema premia las acciones de protección, lo cual se traduce en recompensar el no tocar los bosques, en lugar de  incentivar a las comunidades para que implementen planes de aprovechamiento, restauración y conservación.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha trabajado en un esquema alternativo de PSA. Este “Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales para el Manejo Integrado del Territorio (PASMIT)” se lleva implementando desde hace cinco años en la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo, en el Estado de México. Hasta ahora el programa ha logrado capacitar a  ejidos de la zona para que lleven a cabo proyectos de manejo y protección de los recursos naturales, a través de prácticas forestales y también agrícolas sostenibles. Al mismo tiempo, las comunidades han tenido la oportunidad de mejorar la calidad de sus parcelas y ofrecer al público una serie de servicios ambientales, así como productos orgánicos frescos.

México posee todas las bases necesarias para detonar un futuro sostenible, pues, nos encontramos ante uno de los retos nacionales más ambiciosos en cuanto a flujos económicos refiere: la posibilidad de establecer una economía basada esencialmente en insumos nacionales que, al mismo tiempo, fortalezcan la calidad de vida.

 

*Imágenes: 1) Creative Commons; 2) Pronatura – video ; 3) Wikimedia Commons

Reimaginando las regulaciones forestales desde una óptica participativa

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Sinopsis:

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Los bosques del mundo tienen una función crucial para el planeta. Su protagonismo en la captación de carbono, la conservación de la biodiversidad y el servicio de cuencas hidrográficas es algo que hoy alguien difícilmente cuestionaría. Sin embargo, el papel que juegan los bosques no termina ahí, ya que existen 1,600 millones de personas que dependen de sus recursos para subsistir.

De lo anterior se desprende que gobiernos alrededor del mundo enfrenten un reto doble, y de monumental relevancia, para diseñar políticas más efectivas en materia forestal. Y es que no solo se trata de cómo conservar los bosques , sino cómo facilitar su aprovechamiento por parte de la población que depende de ellos –lo cual obviamente tiene que ocurrir dentro de un marco de sostenibilidad–.

Ante este desafío se consideraba, hasta hace poco, que la mejor respuesta eran las políticas orientadas a reforzar la regulación, tanto en cantidad como en intensidad. Pero a partir de la experiencia obtenida tras aplicar esta directriz en diversos países, hoy podemos concluir que lo que los bosques necesitan son regulaciones más inteligentes y, sobretodo, participativas.

El análisis “Repensando las regulaciones forestales”, elaborado en 2016 por la Rights and Resources Initiative (RRI), concluyó que, por un lado, la mayoría de países acusan una excesiva regulación y, por otro, las leyes forestales debieran reformarse para así obtener mejores resultados que los hasta ahora conseguidos.

En este proceso de reimaginar las regulaciones forestales para, posteriormente, adecuar el marco jurídico, existe un aspecto clave: no solo es prioritario tomar en cuenta en el contenido de las regulaciones a las comunidades que habitan, y en casos como México incluso poseen legalmente, los bosques; su inclusión debiera ocurrir desde el proceso mismo de la elaboración de dichas reformas.

La forma en que se escriben las regulaciones reviste igual importancia, mientras que el proceso es al menos tan importante como el contenido de las propias regulaciones. Al establecer procesos más positivos y colaborativos, los gobiernos y las partes interesadas podrían desarrollar de forma conjunta marcos regulatorios más resilientes, de acuerdo a una visión en común sobre lo que es importante y el modo de velar por el disfrute a largo plazo de los bosques por parte de la sociedad, al igual que su debida protección.

El análisis incluye una serie de “principios para repensar las regulaciones gubernamentales”, los cuales debieran ser considerados al momento de diseñar una reforma a las leyes forestales. A continuación los enlistamos brevemente:

  1. Las regulaciones forestales establecidas mediante la colaboración eficaz y significativa de los ciudadanos y las partes interesadas son más perdurables.
  1. El gobierno debe hacer únicamente lo que ningún otro actor puede hacer: Establecer condiciones favorables para todos los titulares de derechos y facilitar procesos para velar por la rendición de cuentas.
  2. El reconocimiento y el mantenimiento de los derechos consuetudinarios locales a la tierra es un aspecto fundamental.
  1. Una regulación eficaz se centra en los resultados públicos más importantes y diseña otras regulaciones, según corresponda.
  1. Se debe reconocer y abordar la necesidad de adaptar las regulaciones de manera continua.

Consulta el análisis completo aquí

*Imagen: Servindi

Una propuesta para enfrentar la sobrerregulación que afecta al sector forestal en México











Sinopsis:

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México es un país mega diverso, que alberga alrededor del 10 por ciento de las especies del mundo y que cuenta con una superficie forestal de más de 138 millones de hectáreas que equivalen al 70 por ciento del territorio nacional; esta cantidad de bosques es muy superior a la de países como Finlandia, pero nuestra producción forestal es 10 veces menor a la del país nórdico.[1]

En el año 2000 el gobierno mexicano, asistido por el gobierno finlandés, preparó el Programa Estrategia Forestal 2025 (PEF-2025) que planteaba una ruta para el crecimiento del sector forestal. Sin embargo, 16 años más tarde, nos encontramos que la producción maderable ha venido descendiendo y al día de hoy solo se produce el 30 por ciento de la demanda interna de productos forestales, que ronda los 17 millones de metros cúbicos de madera; el resto, se importa de países como Chile, China, Perú y Estados Unidos; generando un déficit de la balanza comercial de más de 6,000 millones de dólares.

La caída de la producción maderable no es lo más grave que le sucede al sector forestal; sino que, los dueños de los territorios forestales han visto frenado su desarrollo; han retrocedido en sus capacidades de control de sus territorios forestales y de los procesos productivos. Todo esto tiene impactos importantes en las condiciones del bosque, que hoy día están inmersos en un fuerte proceso de deterioro debido al avance de las plagas, la tala ilegal y a la falta de un manejo adecuado.

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento y desarrollo del sector, que se identificaba en el PEF-2025 era la compleja regulación que pesa sobre la gestión forestal. Para poder aprovechar los recursos naturales de sus bosques, las comunidades y ejidos deben cumplir con alrededor de 50 requisitos ante la autoridad,[2] además, estos requisitos y trámites implican gastos de cientos de miles de pesos y les puede tomar hasta un par de años obtener la autorización del plan de manejo y aprovechamiento de su bosque por las demoras en los resolutivos de las distintas ventanillas gubernamentales. Y si el resolutivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es negativo, el ejido o comunidad deberá realizar nuevamente todo el proceso y tramitología para solicitar la autorización de su plan de manejo forestal, lo cual implica más tiempo y gasto de recursos, mientras su operación productiva se encuentra detenida. Además, cuando el dueño de la tierra ya cuenta con su autorización la historia de los requisitos no acaba; al contrario, el proceso tramitológico se puede complicar aún más con la tramitación de la documentación para el transporte, los permisos de cortas sanitarias, o permisos para realizar cualquier cambio en la estrategia de manejo.

La complejidad del esquema regulatorio para la gestión de los bosques tiene impactos muy importantes en el sector forestal ya que los dueños de los terrenos forestales, que son mayoritariamente comunidades con altos niveles de marginación, difícilmente pueden mantener los costos que conlleva el cumplimiento de los requisitos, tramites y pago de derechos y, por ello optan por suspender el aprovechamiento comercial del bosque y buscar alternativas de ingreso en la venta de madera ilegal o el cambio de uso de suelo.

Por lo anterior, es de gran relevancia avanzar hacia un proceso que permita simplificar todo el sistema de gestión de permisos y autorizaciones. De esta forma también se garantiza la conservación de los bosques a lo largo del tiempo, ya que las comunidades al obtener incentivos económicos que contribuyan a su bienestar, son los más interesados en conservarlos.

Distintas organizaciones, instituciones y centros de investigación como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el World Resourses Institute (WRI), Reforestamos México, Rights and Resourses Initiavie (RRI), entre muchos otros; han documentado que la sobrerregulación y centralización en la gestión de forestal que priva en el país, representa un freno para el desarrollo del sector y de las personas que habitan y dependen de los bosques.

En su más reciente estudio, Ocho puntos para alcanzar las metas climáticas de México (2016),[3] el World Resources Institute (WRI) destaca que es necesario “Tomar acción (bajo el liderazgo de la Conafor, la Semarnat y otras) para reducir la complejidad del marco legal del sector forestal al armonizar las leyes, regulaciones y metas federales relacionadas con el manejo forestal sostenible.” Esto para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal y reactivar la productividad forestal para garantizar su conservación a largo plazo.

El propio Plan Nacional Forestal 2014-2018 (PNF) detalla en la parte de diagnóstico que “la compleja y engorrosa” legislación forestal en México propicia que “los productos forestales nacionales compiten en desventaja en los mercados, debido a los altos costos de transacción y la baja productividad.” (…)

La propuesta del CCMSS para abatir la sobrerregulación

El CCMSS con base en el trabajo que desempeña en campo, en la industria y en el mercado; colaborando día a día con los ejidos forestales de Campeche, Quintana Roo y el Estado de México, ha podido documentar que el estancamiento de la productividad forestal del país tiene diversos orígenes pero que, en particular, el sistema regulatorio, tan complejo, contribuye de manera importante a mantener al sector forestal en un deprimido y bajo nivel de competitividad. Por esto, el hecho de trasladar las atribuciones de Semarnat a la Conafor en materia forestal, como plantea la iniciativa de reforma de Ley de Desarrollo Forestal que se dictamina en la Cámara de Diputados, no resolverá el problema, pues no hay ninguna innovación regulatoria que contribuyan a que la nueva administración de Conafor opere de manera diferente a como opera hasta el día de hoy la Semarnat.

La alternativa que plantea el CCMSS es que la nueva Ley Forestal establezca un mandato preciso a la Semarnat para que, en un periodo de dos a cuatro años, avance en un proceso de descentralización de funciones y las transfiera hacia los gobiernos de los estados, incluyendo el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento forestal sustentable, tal y como hoy sucede con la Protectora de bosques (Probosque), en el Estado de México.  De esa forma, la Semarnat se quedaría con la función normativa y de supervisión de las entidades estatales.  Estas entidades, con el conocimiento cercano de su realidad forestal, podrán realizar un buen trabajo y operarán en un terreno sin corrupción, ya que tendrían a una entidad federal (Semarant) supervisando su desempeño.

En la actual operación de Probosque esto sucede así. Este órgano público descentralizado y sectorizado a la Secretaría del medio ambiente del Estado de México, tiene entre sus funciones y facultades la de “promover la organización productiva de los poseedores y propietarios forestales en el ámbito municipal, regional y estatal; así como gestionar la asesoría técnica y capacitación necesarias para el mejoramiento de sus procesos productivos.” [4]

Asimismo, producto del Convenio de asunción de funciones signado entre la Semarnat y el Estado de México, el Probosque ejerce “la atribución de otorgar, modificar, negar, suspender, anular y revocar las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, bajo los lineamientos que establece la Semarnat.”[5]

Además, la Semarnat supervisa, a través de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, y con el apoyo de su Delegación Federal en la entidad el desarrollo y ejecución de las funciones y atribuciones transferidas al Estado de México. Esta función de vigilancia coadyuvará a eliminar la corrupción y arbitrariedad que padecen los ejidos y comunidades a la hora de tramitar sus autorizaciones para el aprovechamiento y manejo de sus recursos forestales, y al solicitar la documentación para el transporte y comercialización de su producción forestal.

El Consejo Civil plantea la necesidad de replicar la experiencia de Probosque en los estados de importancia forestal, al menos 10 estados en una primera fase, para que posteriormente se puede avanzarse a todos los estados.

Este proceso de descentralizción deberá estar acompañado de un mandato de ley que permita avanzar en la generación de capacidades locales, operar los programas de manejo forestal regionales y contar con un esquema que exente de la obligatoriedad de gestionar autorizaciones de manejo forestal a aquellos dueños de bosque que hayan cumplido cabalmente con la aplicación de sus planes de manejo por más de 20 años.

Se debe recompensar el bien actuar de las empresas forestales comunitarias y no ponerles trabas, que en muchas ocasiones las obligan a detener su operación forestal hasta por dos años, lo cual no solo implica la pérdida de empleos en las actividades de monte, sino en aserraderos y centros de transformación. Esto genera presiones para el cambio de uso de suelo y fomenta la migración de la población rural.

Esperamos que esta coyuntura de la discusión una nueva Ley de desarrollo forestal sustentable, permita avanzar hacia una ley forestal que realmente contribuya a alcanzar una mejor gestión forestal en favor de los ejidos y comunidades forestales quienes han demostrado ser la piedra angular para la conservación de los bosques y selvas del país.

 

 

Consulta y descarga el documento completo aquí: Nota Informativa 49 – Una propuesta para enfrentar la sobre regulación que afecta al sector forestal en México

 

 

 

Referencias:

[1] Reforestamos México e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Índice de competitividad forestal estatal (2014). Disponible en http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/07/Indice_Forestal_2014.pdf

[2] Fernández, Eugenio y Noé Mendoza, Sobrerregulación Forestal. Un obstáculo para el desarrollo sustentable de México (2014), CCMSS. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/Sobrerregulacion-Mendoza-FernandezVazquez-CCMSS.pdf

[3] World Resourses Institute (WRI) México, Ocho puntos para alcanzar las metas climáticas de México. Disponible en: http://wrimexico.org/sites/default/files/WRI_OCN_Mexico_ExecSum_final_es-MX_Hi.pdf

[4] Protectora de Bosques del Estado de México. Disponible en: http://probosque.edomex.gob.mx/index.php/acerca-de/funciones

[5] Convenio específico para la asunción de funciones en materia forestal entre Semarnat y Gobierno del Estado de México (2003). Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=692662&fecha=08/07/2003

Indispensable asegurar a las comunidades indígenas sus derechos de tenencia de la tierra para garantizar la conservación de los bosques y combatir el cambio climático











Sinopsis:

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El 11 de octubre de 2016 se reunieron expertos de diversos países en Washington, Estados Unidos, para abordar el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios para la conservación de los bosques, este evento representó una oportunidad única para que los participantes se reunieran y elaboraran estrategias sobre el papel del financiamiento del desarrollo en la consecución de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales para abordar la reducción de la pobreza, administrar la tierra, combatir la deforestación y el cambio climático.

En el foro denominado Asegurando los derechos de tenencia de la tierra para proteger los bosques y combatir el cambio climático: Explorando el papel de las finanzas para el desarrollo, representantes del Land Rights Now (LRN), institución co-organizadora del evento, señalaron que el objetivo central del evento fue el llamar a la Acción Global sobre los Derechos de las Tierras Indígenas y Comunitarias para duplicar el área de tierra reconocida como propiedad o controlada por los pueblos indígenas y las comunidades locales para el año 2020. En el evento se profundizó en cómo se puede orientar, coordinar y mejorar el financiamiento para el desarrollo y para ayudar a alcanzar este objetivo.

Kysseline Chérestal, Consejera de Política de Tierras en la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y miembro del Grupo de Dirección de LRN, expuso una visión general de la campaña de LRN, que se trata de un mecanismo coordinador para impulsar una acción conjunta para promover un mayor reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva.

En este sentido, el análisis elaborado por la RRI de 2015: ¿Quién posee la tierra del mundo? Demostró que, a nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen propiedad legal sólo del 10 por ciento de su tierra, a pesar de tener derechos consuetudinarios sobre más del 50 por ciento de las tierras del mundo. Esta brecha extraordinaria pone en riesgo su bienestar económico y social y los sitúa en primera línea para hacer frente a las crisis ambientales que resultan del cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, las mujeres son el sector de la población que se ven más afectadas adversamente en estas situaciones.

En su oportunidad, las presentaciones de los participantes de Kenya, Camerún, Perú y México dieron urgencia a la necesidad de otorgar más financiamiento que sitúe la tenencia de la tierra en el centro de su enfoque para aliviar las presiones externas y apoyar los medios de subsistencia derivados de los bosques y otros ecosistemas naturales.

Mientras que los presentadores del Perú destacaron que asegurar la tenencia colectiva de la tierra debe ser un objetivo en sí mismo y un primer paso para garantizar que las comunidades forestales puedan construir economías locales sostenibles.

El evento se desarrolló en dos paneles de expertos, el primer panel, denominado “El caso de los derechos de tenencia colectiva de la tierra” abordó los desafíos que dificultan el reconocimiento más amplio de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y exploró las mejores prácticas para apoyar la tenencia colectiva en proyectos y políticas de desarrollo.

Roberto Espinoza, Asesor Climático de la Asociación Paraguaya de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que “donde haya personas con derechos, habrá bosques vivos para siempre y para todos” y alentó a que mediante mecanismos de donación específicos, a través del marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se provean fondos directamente a los grupos indígenas y comunitarios para incrementar la gobernabilidad territorial, manejo y titulación de tierras indígenas.

Helen Ding, Economista Ambiental del World Resourses Institute (WRI) compartió nuevas investigaciones de un informe del WRI sobre los costos y beneficios de asegurar y mantener la tenencia de la tierra.

Indicó que los datos del estudio demuestran que los bosques indígenas autóctonos aseguran beneficios globales de biocombustibles en Bolivia, Brasil y Colombia que ascienden a un total de entre 25 a 34 mil millones de dólares en los próximos 20 años.

Yator Kiptum, del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, cuya comunidad forestal experimentó desalojos forzosos como resultado de un programa financiado por el Banco Mundial en Kenia, enfatizó que los derechos no deben estar en conflicto con la conservación, y pidió a las instituciones de financiamiento del desarrollo apoyar leyes y políticas que promuevan los derechos de los pueblos indígenas forestales a poseer y ocupar sus tierras ancestrales en bosques/áreas protegidas.

En tanto que Klaus Deininger, Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, promocionó el potencial del Marco de Evaluación de la Gobernabilidad de la Tierra (LGAF, por sus siglas en inglés) como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo financiero para ayudar a los diseñadores de políticas a generar y monitorear las reformas agrarias a nivel nacional.

En el segundo panel, titulado: Experiencias en el Manejo de Bosques y Otros Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se destacó la experiencia indígena y local en silvicultura y mitigación/adaptación al cambio climático y ofreció recomendaciones de la comunidad.

En su ponencia, Raúl Benet, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) de México, instó a los actores de las instituciones de financiación del desarrollo a transferir fondos de la reforestación a iniciativas forestales comunitarias que respalden los derechos a la tierra y eleven las voces comunitarias en la formulación de políticas públicas.

Cécile Ndjebet, Observadora de las Mujeres del Fondo Forestal para el Carbono y Presidenta de la Red Africana de Mujeres para la Gestión Comunitaria de Bosques (REFACOF), subrayó la necesidad de un enfoque de género para las cuestiones forestales y de tenencia de la tierra. Pidió mayor oportunidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.

Mientras que Henderson Rengifo, Presidente de AIDESEP del Perú, enfatizó la necesidad de apoyar no solo los derechos de tenencia indígena, sino también de las economías indígenas de “vida plena y buen vivir”, que implican una producción diversificada, un equilibrio holístico entre comunidad, naturaleza y cultura, respeto a la reciprocidad y participación equitativa en los beneficios entre todos los actores involucrados.

Por último, Gerardo Segura, del Banco Mundial, describió el papel actual del financiamiento del Banco Mundial en el apoyo a la gestión indígena y comunitaria de los recursos, así como sus planes para el apoyo continuo a través del Plan de Acción Forestal.

Algunas de las recomendaciones generadas por los participantes del Foro para avanzar en el reconocimiento de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y pueblos indígenas fueron las siguientes:

Agenda de financiamiento de desarrollo:

– Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deben crear y aumentar las contribuciones a las ventanillas de financiación para canalizar la inversión directa a las comunidades indígenas (por ejemplo, el Mecanismo de Subvenciones Dedicado, o DGM), centrándose en las contribuciones de las mujeres, así como en grupos indígenas que puedan liderar sus propias iniciativas de conservación de tierras, bosques y clima.

-IFD para cambiar los incentivos internos orientados en financiar factores impulsores de la deforestación y la apropiación de tierras, a incentivos que apoyen los derechos y economías de las tierras indígenas y comunitarias.

– Instituciones financieras de desarrollo (IFD)para trabajar juntos para aumentar la coherencia y la coordinación del apoyo de los donantes a las economías indígenas.

– IFD para proporcionar más apoyo y enfocarlo en la adaptación al clima y el papel de las mujeres en el logro de la resiliencia al cambio climático.

– IFD para llevar a cabo investigaciones futuras sobre los beneficios de asegurar los derechos de tenencia de indígenas y comunidades para informar su propia política y práctica.

Políticas

– IFD para abordar las salvaguardas las lagunas en la política de desarrollo de préstamos y préstamos a través de intermediarios financieros mediante la aplicación de salvaguardas fuertes de tenencia de tierras, bosques y climáticas entre los instrumentos de préstamo.

– IFD para fortalecer y alinear salvaguardas entre los distintos sectores e instituciones para proteger los derechos indígenas y comunitarios de la tierra.

– IFD para la evaluación de los distintas leyes y marcos normativos, a través de los sectores e instituciones sobre la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios existentes como parte del diseño de un proyecto.

 Diseño e implementación de proyectos:

– IFD para trabajar en incrementar el apoyo a la gobernabilidad territorial.

– IFD para incrementar el apoyo financiero para el fortalecimiento de las cuestiones de gobernanza en la tenencia de la tierra.

 – IFD para apoyar a los gobiernos a asegurar la titulación de tierras indígenas y el apoyo a las economías indígenas para que se integren en los planes y políticas nacionales.

– IFD para incorporar las voces indígenas y comunitarias en el diseño de proyectos, particularmente las de las mujeres.

– Mecanismos de rendición de cuentas para incrementar la capacidad de abordar el daño relacionado con la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios.

Presentan propuestas para avanzar hacia una mejor ley forestal 











Sinopsis:

Representantes del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal participaron en la sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, con el objeto de presentar una serie de propuestas para enriquecer el proyecto de la nueva Ley Forestal Integral que presentó la Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso, documento que ya se encuentra en proceso de dictamen.

En la sesión, el presidente del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal (CONAF) Carlos González Vicente, junto con Emilio Cruz, de Reforestamos México y Raúl Benet Keil, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), ambos miembros de dicho Comité; expusieron que es necesario que se integren las aportaciones generadas en el Consejo, puesto que son producto de más de tres años de trabajo, de consulta a productores, responsables técnicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de los diversos órdenes de gobierno y, expertos en legislación.

Lo anterior, con la finalidad de tener un diagnóstico más certero del marco legal y regulatorio del sector forestal y una propuesta de ley integral que permita al sector forestal superar la situación de marginación y atraso en la que se encuentra.

Destacaron la necesidad de fortalecer la competitividad de las empresas forestales, particularmente las conformadas por comunidades y ejidos, que abarcan más del 80 por ciento del territorio forestal del país.

González Vicente destacó que la efectividad y competitividad de las empresas forestales mexicanas es indispensable para proveer bienes útiles y estratégicos que actualmente se importan de diversos países, y señaló que el 82 por ciento de la materia prima forestal que se utiliza actualmente en México es importada. “Cuando el 100 por ciento podría producirse en México e incluso existe un gran potencial para la exportación.”

Refirió que entre uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector es la excesiva y acuciante regulación. Por ello, destacó la importancia de que la nueva ley atienda de manera efectiva los temas de competitividad y certeza jurídica para los productores forestales; además de reducir de manera significativa la carga regulatoria innecesaria.

Por su parte, Emilio Cruz, de Reforestamos México, subrayó la necesidad de que la nueva ley forestal atienda plena y efectivamente el tema de la legalidad en el sector forestal. “Porque mucha de la madera que se comercializa en el país es de origen ilegal, lo que perjudica severamente a los bosques y a las comunidades. Se requiere un Registro Forestal Nacional que sea efectivo, confiable y transparente, que permita rastrear los productos forestales mediante un sistema efectivo de trazabilidad como el que existe en otros países.”

En cuanto a las labores de vigilancia, indicó que es necesario que la nueva ley proporcione elementos sólidos para enfrentar la ilegalidad en donde realmente ocurre, que en su mayor parte no es en los bosques, sino en los puertos y las madererías. Además, los esfuerzos de vigilancia se deberían enfocar en un 80 por ciento a los establecimientos que comercializan o importan los productos forestales, ya que ahí es donde radica el principal problema de ilegalidad.

Raúl Benet, del CCMSS, detalló que la sostenibilidad de los bosques y selvas está estrechamente vinculada al manejo forestal que realizan las comunidades y ejidos, y que su éxito depende de poder llegar a los mercados de manera competitiva.

Enumeró un cúmulo de obstáculos legales y regulatorios impuesto por la ley forestal vigente, que han sido identificados por todos actores involucrados como el principal lastre que enfrenta el sector forestal sustentable.

Para superarlos, dijo que algunos de los temas han sido propuestos por el Consejo Nacional Forestal para que la nueva ley corrija.

Raúl Benet también señaló la necesidad de reformular en la nueva ley la definición y la atención al tema de los terrenos que son agrícolas pero que tienen cobertura forestal temporal, que se conocen como “acahuales,” tierras de descanso o barbechos; porque son millones los campesinos que actualmente sufren por un mal concepto legal sobre estas tierras, además que la forma equivocada en cómo están descritas en la ley provoca un grave deterioro ambiental.

Añadió que es contraproducente e injusto exigir a los ejidos y comunidades forestales que además de tener un plan de manejo aprobado, conforme a los lineamientos de sustentabilidad, deban de contar con otras autorizaciones costosas y redundantes, como la manifestación de impacto ambiental.

Es muy pertinente, dijo, que la nueva ley incluya mecanismos para transparentar y volver más eficientes y sencillos los procesos de autorización de todas las etapas del aprovechamiento forestal, reconociendo la capacidad de las comunidades y ejidos de llevar a cabo un manejo sustentable de sus bosques, y estableciendo mecanismos flexibles que permitan reconocer las buenas prácticas y la certificación forestal como criterios válidos para para la obtención de permisos de aprovechamiento para las comunidades y sus empresas forestales comunitarias.

En la sesión también estuvo presente Dante Pérez, quien, como representante de la Comisiona Nacional Forestal (CONAFOR) ante el Consejo Nacional Forestal, respaldó plenamente las intervenciones y propuestas antes señaladas, y entregó formalmente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados los puntos destacados por los miembros del Comité de Legislación.

Para finalizar la sesión, la diputada Alma Lucía Arzaluz, responsable de la iniciativa de la nueva ley forestal, a nombre de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, estableció el compromiso de considerar los puntos presentados por el CONAF y agradeció a los presentes por su participación, invitándolos a nuevas sesiones para profundizar, aclarar y delinear, de manera puntual, algunos de los puntos propuestos para ser incluidos en la nueva ley.

Necesario fortalecer a comunidades rurales ante presiones extractivistas











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México tiene una enorme riqueza en activos naturales, pero tiene un enorme reto para garantizar su sostenibilidad. Esto implica la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas y visiones que nos permitan tomar decisiones y generar políticas públicas para garantizar una gobernanza efectiva de los territorios y los recursos, planteó Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) que se imparte en la UNAM.

Durante su intervención en la apertura de los trabajos del seminario que se lleva a cabo en la Universidad, la especialista destacó que “las comunidades rurales son elementos clave para la gestión y conservación de recursos como el agua y los bosques; puesto que tenemos ejemplos exitosos de emprendimientos sociales en la materia desde los años 80 y 90.”

“Solo la sociedad civil, somos quienes podemos plantar cara contra las iniciativas extractivistas y privatizadoras de bienes de uso común, como el agua,” enfatizó Ugo Mattei, investigador y profesor de la Universidad de Turín, Italia.

Soluciones integrales e interdisciplinarias

En la primera sesión del SUSMAI, que centró la discusión en el tema de la defensa del acceso social al agua, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para asegurar un libre acceso al agua es necesario romper con una tradición de más de 30 años de un paradigma economicista de gestión de los recursos, en el que todo gira en torno de las reglas del mercado, porque “esto ha generado el desconocimiento de los derechos de los pueblos, el desmantelamiento de las instituciones sociales y el expansionismo de la privatización de bienes de uso común como el agua.”

“Desafortunadamente, México es emblemático en sus transformaciones jurídicas a favor de la acumulación y el extractivismo como la ley minera, la de inversión extranjera; las reformas privatizadoras, como la energética,” lamentó el investigador.

Otro de los retos para generar soluciones que nos permitan garantizar el acceso al agua, tal cual se establece en el artículo cuarto de la Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”; “es necesario que la academia trabaje de manera interdisciplinaria, y parece que los especialistas de las distintas áreas del conocimiento se están comenzando a entender mutuamente y están comenzando a generar paradigmas teóricos y soluciones de forma conjunta”, resaltó Luis Zambrano, titular del Instituto de Biología de la UNAM.

Explicó que “la fragmentación del conocimiento generó efectos en otros niveles, como la segmentación de las relaciones personales y la separación de las personas mismas. Para atender los problemas sociales y locales es necesario juntar diversas áreas del conocimiento y generar confianza entre estas para poder actuar con un enfoque integral.”

Visión de cuenca y gestión integrada del territorio

Por su parte, Raúl Pineda, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) subrayó la importancia de atender las problemáticas socio-ambientales desde una visión de cuenca, con delimitaciones marcadas por las propias dinámicas naturales.

Precisó que “la cuenca nos ofrece una visión integrada de las presiones sobre los territorios y sus recursos: como el agua.”

Desde un enfoque de cuenca, agregó, “podremos encontrar mejores soluciones para la gestión de los recursos y el desarrollo de las comunidades que las habitan, además todos habitamos una cuenca.”

Garantizar el acceso al agua

Para garantizar la disponibilidad y acceso al agua es necesario prestar particular atención a las dos industrias más perversas: la minería y el fracking, aseveró Marisa Mazarí, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Comentó que es contradictorio que se quieran cumplir con metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y al mismo tiempo se brinden tantas facilidades para la extracción minera y la explotación de yacimientos de hidrocarburos.

Sobre este tema, Ugo Mattei detalló que “privilegiar la privatización de los recursos es uno de los más grandes errores. El agua es un bien común que no se puede comercializar, ni gobernarse de acuerdo con las reglas del mercado. Porque desde una visión privada y de mercado, si yo vendiera agua, tendría que hacer todo lo posible por vender la mayor cantidad al menor costo de producción y eso es insustentable con el agua”.

*Fotografía: Arturo Campos Cedillo

¿Qué nos dejó la Expo Forestal 2016 en beneficio del aprovechamiento forestal sustentable en México?











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En la celebración de la Expo Forestal 2016, uno de los eventos más importantes del sector en México, el gobierno federal hizo dos anuncios que podrían tener repercusiones favorables o contraproducentes para la productividad forestal del país. Por un lado, la discusión en el congreso de una iniciativa de reforma a la ley general de desarrollo forestal sustentable, y por otro, la firma de un convenio para el aprovechamiento forestal sustentable en Áreas Naturales Protegidas.

Durante la inauguración del evento, el Secretario de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, habló sobre la discusión en el Congreso de una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual, entre otras cosas, contempla transferir de la Semarnat a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la responsabilidad de la emisión de autorizaciones para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, con lo cual, explicó el funcionario, se simplificarían los trámites y se reducirían los tiempos para la expedición de dichas autorizaciones de manejo y aprovechamiento.

Esta propuesta, admitió, pretende eliminar la sobrerregulación que permea al sector; agilizar los procedimientos para la transportación de los productos forestales y modernizar a las instituciones: ceder a la Conafor muchas de las funciones de autoridad relacionadas con temas forestales.

En su intervención también destacó que “México es un país con un potencial forestal como ningún otro en el mundo, y este sector puede ser un eje para el desarrollo;” también precisó que “tenemos que dejar el modelo agotado del conservar sin tocar y avanzar en el aprovechamiento forestal sustentable.”

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Aprovechamiento forestal en ANP

Durante la inauguración de la Expo Forestal el 12 de octubre, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración denominado: Estrategia nacional para el desarrollo forestal en Áreas Naturales Protegidas, entre la Conafor y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), que tiene como objetivo incentivar el manejo y aprovechamiento forestal en ANPs terrestres con cobertura forestal y, de esta forma, contribuir a reducir el déficit que presenta México en este sector.

El titular de la Conamp, Alejandro Del Mazo Maza, explicó que la estrategia permite desarrollar un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, tanto maderables como no maderables; y esto lo hacemos porque hay muchos bosques que requieren del manejo, porque les significa un beneficio para evitar incendios, evitar la presencia de plagas y conservar la biodiversidad.

Se hizo un análisis de criterio de qué es lo que ya se hace en muchas de las ANPs y el potencial que tienen muchas de ellas para el manejo forestal y la generación de ingresos para las comunidades que las habitan. Derivado del análisis, en este primer año de prueba piloto de la estrategia se contempla un plan de acción conjunta mediante la coordinación entre instituciones y diversas organizaciones, con recomendaciones y líneas estratégicas sobre manejo de fuego, aspectos fitosanitarios, restauración ecológica, investigación y planeación, monitoreo, desarrollo y fortalecimiento de empresas forestales comunitarias y grupos de trabajo; comercialización, certificación y etiquetado de productos forestales; restauración y monitoreo de ecosistemas forestales y pago por servicios ambientales en las ANP.

De acuerdo con un comunicado de la Conamp, en una primera fase, la Estrategia se implementará en las Áreas Naturales Protegidas: Reservas de la Biosfera Calakmul, Campeche; Mariposa Monarca, Michoacán; La Sepultura, Chiapas; y Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca; y en las Áreas de Protección de Flora y Fauna Papigochic-Tutuaca, Chihuahua.

Estas “ANP fueron seleccionadas por tener las mejores condiciones para la coordinación institucional y por requerir medidas eficaces para asegurar que las actividades forestales sean las apropiadas y, sobre todo, sustentables.”

Algunos de los principios generales para el aprovechamiento forestal compatible con la conservación de la biodiversidad, refiere el comunicado, destacan que los programas de manejo forestal deben incorporar explícitamente los objetivos de conservación de la biodiversidad en las operaciones forestales y se deben proteger los hábitats, así como sus componentes para prevenir, mitigar o remediar impactos ambientales sobre la vegetación residual, suelo y cuerpos de agua.

Esta estrategia para el aprovechamiento forestal sustentable en ANPs pretende mitigar los muy probables impactos negativos que traerá el recorte presupuestal del próximo año, que ascienden a más del 25 por ciento a la Conamp y 62 por ciento a la Conafor, y que se verán reflejados en una mucho menor asignación de recursos a los distintos programas de ambas dependencias, admitió en entrevista Alejandro Del Mazo.

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Integración de la Biodiversidad al manejo forestal sustentable en México

Por su parte, el Doctor José Sarukhán, titular de la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (Conabio), resaltó en su conferencia magistral que “México es un país eminentemente forestal y no agrícola, que tiene la mayor cantidad de especies de pino, sin ser centro de origen de los pinos y que estas especies crecen a tasas impresionantes, incluso mayores que en los países nórdicos.

Subrayó que el país ha avanzado mucho en el manejo forestal comunitario, pues es la nación con el mayor número de empresas forestales comunitarias y que algunas regiones como la sierra de Oaxaca, las comunidades han logrado consolidar el modelo de aprovechamiento forestal sustentable con buenas prácticas de integración y conservación de la biodiversidad en la que se procura afectar en lo más mínimo los hábitats de las especies y estableciendo áreas de conservación; con lo cual, han alcanzado mejores niveles de bienestar comunitario.

Asimismo, subrayó la importancia de la puesta en marcha del Sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad, que permite identificar la presencia de especies y conocerlas de mejor forma. Esto ayuda a sensibilizar a las personas para procurar su conservación.

En su ponencia, Sarukhán Kermez, resaltó la necesidad de fortalecer a las empresas forestales comunitarias y combatir la sobrerregulación en el sector forestal, porque “no hay otra forma de detener el clandestinaje y la tala ilegal.

Apuntó que la sobrerregulación no ha limitado la ilegalidad en el sector forestal, puesto que “creo que el 50 por ciento de la madera que se comercializa se extrae de forma clandestina.” Lo que se debe hacer, precisó, es dar incentivos para promover el aprovechamiento forestal sustentable y reactivar la producción.

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Hacia un mercado forestal certificado vs el clandestinaje

En el marco de la Expo Forestal, celebrada en Guadalajara, Jalisco, también trascendió la firma de la Alianza Estratégica para el Desarrollo de la Cadena de Suministro del Forest Stewardship Council (FSC), entre el director de la Unión de Organizaciones de Forestaría Comunal (UNOFOC), Ramiro Robledo Márquez; el presidente de Maderas y Más, Vinicio López Terrones; el director de Reforestamos México, Ernesto Herrera Guerra y el presidente de la Alianza de Ejidos y Comunidades Forestales Certificadas de México (ECOFORCE).

Esta Alianza tiene la finalidad de reducir la tala ilegal en bosques y selvas mediante la certificación y el comercio de madera proveniente de fuentes sustentables, porque permite que productores de madera incrementen la comercialización de sus productos certificados.

Asimismo, se pretende fomentar el consumo de productos maderables certificados en las industrias que emplean insumos forestales maderables y no maderables; fortalecer la iniciativa comercial de desarrollo de cadena de suministro y reforzar las capacidades productivas y comerciales de los ejidos.

El representante nacional de la certificadora FSC, Luis Alfonso Argüelles Suárez, detalló que en México existen cinco entidades certificadoras que impulsan el manejo de una etiqueta forestal que incluye un código de rastreo para que el consumidor conozca el manejo de la madera durante todo su proceso.

En México ya hay más de un millón de hectáreas de bosque certificadas bajo el estándar internacional del FSC en manejo forestal comunitario. Esta superficie ubica al país a la cabeza en este rubro a nivel mundial.

Mineras en ANP: hay concesiones sobre 10% de la superficie protegida











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chica-minasMéxico concesionó gran parte de sus áreas naturales protegidas a las empresas mineras, con el riesgo que ello implica para la biodiversidad que esas zonas debían salvaguardar. Un estudio recién publicado por la revista académica Environmental Science and Policy muestra que 75 por ciento de las áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biosfera, 47 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento de los santuarios y 15 de los parques nacionales tienen una concesión minera dentro de sus límites. En total, hay 1609 concesiones mineras en áreas naturales protegidas de México.

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Pagos por servicios ambientales en la Ciudad de México: insuficientes y mal comunicados











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Ajusco, por Pulpolux con licencia Creative CommonsLa Ciudad de México, aunque desde el mapa parece una sola mancha gris, tiene una enorme superficie forestal y rural. Esta área, llamada “suelo de conservación”, es crucial para el bienestar de la urbe, porque regula los cauces de agua y evita inundaciones, porque provee de agua potable a quienes habitan el Distrito Federal y ofrece un espacio de recreación. Sin embargo, está permanentemente amenazada por el descuido de sus bosques y por los asentamientos irregulares. Hablamos con Lucía Almeida Leñero, del Laboratorio de Ecosistemas de Montaña de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que dirigió una investigación sobre el tema que acaba de publicarse en la revista Land Use Policy.

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Simplificación de trámites debe servir primero a los productores nacionales

Foto de Palomaleca










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Foto de PalomalecaLa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) busca reducir los trámites y requisitos para la importación de madera de Estados Unidos y Canadá, según reporta hoy el diario Reforma y puede constatarse en el portal de la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria. Eso no es necesariamente malo, pero tratándose de un sector sujeto a una regulación tan excesiva como el forestal, la prioridad debería ser simplificar los trámites que afectan a los productores nacionales, y dejar para después los que afectan a importadores y productores de otros países.

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La reforma energética: ¿qué pasa con los bosques y selvas?

Foto: Presidencia de la República










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Foto: Presidencia de la RepúblicaEl  Diario Oficial de la Federación publicó en el 2014 la legislación secundaria que complementa la Reforma Energética. Aquí presentamos una primera síntesis de las novedades que trajo en materia forestal, que iremos afinando y actualizando conforme se vayan resolviendo dudas o apareciendo nuevos elementos.

Quizá la más importante modificación de la Reforma en lo que toca a los bosques y selvas mexicanos fue la aparición de un nuevo actor: la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (ANSIPASH), un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta nueva entidad ahora queda a cargo de la aprobación de las manifestaciones de impacto ambiental de los aprovechamientos forestales en selvas tropicales y de especies de difícil regeneración y tiene facultades para autorizar cambios de uso de suelo forestal. Esto supone una larga serie de moficiaciones al interior del sector ambiental, pues hay entidades que pierden gran parte de sus facultades y tareas cuyos responsables no están del todo claros hasta el momento.

Manifestaciones de impacto ambiental

La Ley de la ANSIPASH, publicada con la primera batería de reformas, estableció entre las facultades de la nueva entidad las de “expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia ambiental” (artículo 5-XVIII), entre ellos “autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental (…) de aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales” (artículo 7-I). La Ley no menciona las áreas naturales protegidas.

Esta segunda batería de reformas que complementa y aterriza la primera incluye cambios a reglamentos de Semarnat en ese mismo sentido. Las reformas recién publicadas al reglamento interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales modifican el artículo 28 de dicho documento y establecen que “las atribuciones contenidas en el presente artículo no son de la competencia de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental cuando se trate de proyectos, obras o actividades del Sector Hidrocarburos, cuyos trámites, gestión, regulación, supervisión y demás actos administrativos corresponden a la Agencia”, conforme a lo previsto en el artículo 7-I de la Ley de la ANSIPASH. De igual forma, el reglamento interior de la ANSIPASH atribuye a la Unidad de Gestión Industrial la “evaluación del impacto ambiental para las obras y actividades del Sector previstos en el artículo 7-I de la Ley de la ANSIPASH (artículo 12-I-c) y a la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial “la evaluación de impacto ambiental de obras y actividades del Sector [de Hidrocarburos], incluidos los estudios de riesgo que se integren a las manifestaciones correspondientes” (artículo 14-V-e). “Sector”, según la Ley y su Reglamento, se refiere a la exploración, extracción, refinamiento, transformación, transporte y almacenamiento de gas, pretróleo y otros energéticos  (artículo 3-XI de la Ley de la ANSIPASH).

El reglamento de la ANSIPASH, sin embargo, no atribuye explícitamente la autorización de manifestaciones de impacto ambiental de aprovechamientos forestales en selvas tropicales y de especies de difícil regeneración, ni de las obras y actividades en humedales y demás ecosistemas mencionados en la fracción primera del artículo 7 de la ley de la Agencia. De hecho, los términos “selva”, “área natural protegida” o “aprovechamiento forestal” no aparecen en ningún momento en el reglamento de la nueva entidad.

Cambios de uso de suelo

La Ley de la ANSIPASH otorga a esta nueva entidad las “autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, en términos del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de su Reglamento” (artículo 7-VII). El reglamento interno de la ANSIPASH, establece que la Unidad de Gestión Industrial, a través de su Dirección General de Gestión de Operación Integral, podrá “autorizar, por excepción, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la ejecución de obras e instalaciones en las materias competencia de la Agencia” (artículos 12-I-a y 30-I).

Por otra parte, la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial queda a cargo de la “expedición, modificación, suspensión, revocación o anulación, total o parcial, de los permisos, licencias y autorizaciones” para “el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que se solicite para las obras correspondientes a instalaciones de expendio de servicio al público de petrolíferos” y para “la evaluación de impacto ambiental de obras y actividades del Sector, incluidos los estudios de riesgo que se integren a las manifestaciones correspondientes” (artículo 14-V-d).

La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, a través de su Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral queda a cargo de “supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan respecto del cumplimiento por parte de los Regulados a las disposiciones jurídicas aplicables al Sector, así como el cumplimiento de las autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para lo cual podrá ordenar visitas, certificaciones, auditorías, revisión de escritorio o gabinete y, en general cualquier actuación o diligencia que resulte aplicable” (artículo 36-VII). En las modificaciones al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por su parte, se establecen los trámites y requisitos para poder llevar a cabo esos cambios de uso de suelo.

El reglamento de la ANSIPASH no atribuye explícitamente a nadie al interior de dicha agencia la facultad de autorizar o revocar los cambios de uso de suelo forestal por supuestos ajenos al sector de los hidrocarburos. Como decíamos antes, no se menciona el término “area natural protegida”.

Cambios en materia de ordenamientos ecológicos

En el decreto que modifica el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de ordenamientos ecológicos se establece que los ordenamientos regionales no afectan al sector de los hidrocarburos, por considerar al sector hidrocarburos materia exclusiva de la Federación (artículo 58-IV y otras disposiciones en el mismo sentido).

Bray y Wexler: la historia de la política forestal mexicana en dos textos clave











Sinopsis:

Presentamos dos nuevas adquisiciones del Acervo del Consejo Civil, que hasta ahora no se podían conseguir en línea, a pesar de su relevancia y de ser una referencia importante para entender la evolución de la política forestal mexicana en las últimas tres décadas. Se trata de dos textos de David Barton Bray y Matthew B. Wexler publicados en 1996, analizando la legislación y la política forestal mexicanas a la luz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había entrado en vigor apenas dos años antes de la aparición de los artículos.

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