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Fallas transversales de la política ambiental en México (Video)











Sinopsis:

La Doctora Leticia Merino, integrante del consejo directivo del CCMSS y coordinadora del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, explica que la política ambiental en México adolece fallas estructurales de consideración. La permean problemáticas como la centralización, ausencia de participación social, falta de acceso a información ambiental relevante, sectorialización, falta de transversalidad y desigualdad en el acceso a beneficios ambientales.

Este análisis forma parte de la Agenda Ambiental 2018 de la UNAM, que es un diagnóstico sobre 8 grandes temas: agua, ciudades, costas y mares, agricultura y suelos, biodiversidad, bosques, minería y energía; elaborado por 40 especialistas e instituciones, incluido el CCMSS, y se puede consultar aquí:

Agenda Ambiental.

Revalorizar a las comunidades locales y el conocimiento tradicional para la conservación de los bosques tropicales











Sinopsis:

El conocimiento tradicional es fundamental para lograr la conservación de los bosques tropicales. Estas prácticas ancestrales de las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado los bosques, desde hace siglos, han sido esenciales para el desarrollo de las civilizaciones. Su aportación es tan importante que, gracias a sus prácticas de manejo y domesticación de las plantas, podemos alimentarnos.

Las plantas que nos comemos son especies domesticadas por estas comunidades y de no ser por sus importantes labores de selección y manejo a lo largo de la historia, particularmente desempeñadas por las mujeres, no tendríamos estos alimentos a la mano, explica el Dr. José Sarukhán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El especialista lamenta que el conocimiento tradicional esté “tan subvalorado”, si bien es cierto que hay algunas áreas en donde el conocimiento científico ha avanzado, el conocimiento y las prácticas de las comunidades locales, heredado ancestralmente, es la base de lo que hoy conocemos como método científico.

En el marco de la presentación del libro “La Conservación del Bosque Tropical, Procesos a largo plazo de la evolución humana, adaptaciones culturales y patrones de consumo”, la directora y representante en México de la UNESCO, Nuria Sanz, refiere que “los bosques tropicales, por muy prístinos que nos parezcan, como los conocemos actualmente, son resultado de la interacción de las comunidades humanas que los han habitado”.

Comenta que en el mundo hay 75 millones de hectáreas de bosques tropicales y que en estos ecosistemas habitan 800 millones de personas, que dependen de ellos, en gran medida, para subsistir.

Sugiere desvelar algunos mitos, como el hecho de que la Amazonía es un ecosistema prácticamente sin presencia humana. Cuando en realidad cientos de grupos étnicos habitan y han manejado de forma ordenada este importante bosque tropical, y ha sido “la interacción de estas comunidades lo que ha permitido su conservación y adaptación”. Asimismo, subraya que una evidencia que ha arrojado el libro es que “las selvas tropicales son paisajes antropomofizados desde el Pleistoceno en casi la totalidad de los continentes”.

En este sentido, resalta que “las comunidades y pueblos indígenas son socios indispensables para la gestión y conservación de los bosques”.

En su intervención, el doctor Sarukhán plantea que conservación no significa no tocar, pues las comunidades que han habitado los bosques son verdaderos jardineros de la selva.

En el caso de México, por sus condiciones particulares de tenencia de la tierra, en la que las comunidades y ejidos son dueños de los territorios forestales, es necesario impulsar estrategias de conservación activa, de uso y manejo sustentable para que las comunidades que habiten los territorios forestales puedan generar un mayor valor y mejorar sus condiciones de vida.

“Debemos hacer que la producción de miel, café, cacao y otros productos que generan las comunidades que habitan las selvas de nuestro país, logren alcanzar en el mercado su verdadero valor. Estos productos, que son sustentables y coadyuvan a la conservación del ecosistema, son productos con un alto valor cultural y esa característica debe ser reconocida en el mercado”, plantea el coordinador de la Conabio.

Añade que las políticas públicas y las inversiones del gasto deberían orientarse en convertir a las comunidades locales en empresarios, respetando sus usos y costumbres, y no orillarlos a convertirse en dependientes de los subsidios de gobierno.

Argumenta que “la importancia de conservar estos ecosistemas radica en que los bosques tropicales albergan entre el 50 y 75 por ciento de las especies. Es decir, son el reservorio de biodiversidad en el planeta. Cuando se pierde un área relativamente pequeña de selva, se pierden sistemas ecológicos completos, porque muchas especies ocupan pequeños espacios en su ciclo de vida”.

Además de la pérdida de biodiversidad, y servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, la infiltración de agua, regulación de la temperatura; “si no conservamos los bosques tropicales estaremos creando alteraciones en los sistemas ecológicos y tendremos mayor presencia de enfermedades severas como el SARS o el ébola que son producto de la pérdida de ecosistemas forestales”.

Los suelos forestales, un recurso indispensable en el abandono











Sinopsis:

Con respecto a la conservación de los suelos, discursivamente parece que México está muy bien, pero la realidad es que los estudios muestran que entre el 45 y 76 por ciento de los suelos están degradados. Hay muchas causas de pérdida de la soberanía alimentaria, pero una muy grave y severa es la degradación de los suelos y las políticas y programas gubernamentales atienden este tema de manera muy deficiente.

La investigadora del Centro Geo y de la UNAM, Helena Cotler Ávalos, acusa que “en la propia Comisión Nacional Forestal (Conafor) la gerencia de suelos ya desapareció; y en Sagarpa los programas -que destinan solo entre 1 y 2 por ciento del presupuesto de la dependencia a este componente-, están hechos para desarrollar infraestructura hidráulica, es decir, sistemas de riego. Es un tema abandonado que no se ha visibilizado y no se ha construido un interés público al respecto a pesar de su inminente importancia”.

La especialista en suelos y ecosistemas forestales explica que “siempre que se habla de bosques, se habla de los recursos maderables, de la superficie arbórea y no de los suelos, cuando estos son el soporte de esa vegetación. Es indispensable que se vea al ecosistema forestal de manera integral, tomando en cuenta los suelos y considerando, entonces, que todas aquellas acciones que estemos realizando en los suelos van a repercutir en la capacidad de soporte, de retención de humedad, de biodiversidad, de almacenamiento de carbono en los bosques.

Demanda que “todo esto tiene que estar reflejado en los instrumentos de política pública, de tal manera que las acciones que realicemos vayan en el sentido de mejorar los servicios ecosistémicos en las regiones forestales”.

Los programas relativos a la conservación y restauración de suelos que se derivan de la política forestal han propiciado que se tenga un abanico de acciones muy reducido. Lamenta que solo contamos con un manual, donde predominan prácticas mecánicas de retención de sedimentos y no de conservación de suelos. Estas prácticas se están realizando de manera uniforme por todo el país sin importar las condiciones ecosistémicas.

Refiere que “tenemos zanjas desde Chihuahua hasta Chiapas, y sin importar que ecosistema forestal estemos interviniendo. Se están impulsando acciones por receta, como si todo el territorio tuviera las mismas condiciones edáficas y climáticas, al mismo tiempo, muchas prácticas que realizaban las comunidades para la conservación de suelos se están dejando de lado”.

La doctora Helena Cotler acusa que no se está reconociendo el conocimiento comunitario en términos del manejo forestal integral. “Más bien, se les está imponiendo cierto tipo de prácticas; asimismo, muchas comunidades se oponen a este tipo de prácticas estandarizadas y no les dan seguimiento, porque consideran que estuvo bien mientras les dieron un subsidio económico, pero que no le ven, realmente, ningún sentido”.

Con esta visión simplista de un recurso tan valioso como lo es el suelo “se está erosionando el conocimiento de las comunidades a través de la implementación de prácticas uniformes, homogeneizantes en todo el país. En vez de estar reforzando el conocimiento del ecosistema, de su integridad y conservación. Lo que se están haciendo, son prácticas sin ningún sentido”.

Detalla que, con base en datos recabados en un estudio sobre el impacto negativo de las zanjas en los suelos forestales en el Eje neo-volcánico, en suelos andosoles muy profundos y con bastante materia orgánica, la Conafor sí reconoció que eran problemáticos y en 2015 modificó las reglas de operación de sus programas para evitar la construcción de zanjas en el Eje neo-volcánico.

Pero las acciones deben ir más allá, plantea que se tiene que modificar ese manual de conservación de suelos. “No tiene que haber solo un manual, tiene que haber un abanico de prácticas en función de las condiciones ambientales y el conocimiento local de las comunidades que manejan esos ecosistemas”.

Por otra parte, señala que hay muchas iniciativas del sector privado para incidir en la restauración de los ecosistemas forestales, en las que “implementan acciones de conservación como reforestación o zanjas en las propias Áreas Naturales Protegidas, y en vez de generar mejoras en los ecosistemas, le provocan más impactos negativos. Ya nos hemos acercado con varias de estas empresas y hemos obtenido respuestas tímidas al respecto, porque siguen con este tipo de prácticas que son nocivas a la infiltración, a la captura de carbono y a la erosión de suelos”.

Comparte que junto con un grupo de investigadores se encuentra trabajando en un “índice de valoración económica de las afectaciones ambientales que generan este tipo de acciones. Recomienda que “si alguna empresa quiere invertir en acciones de conservación debería acercarse al consejo consultivo del as áreas naturales protegidas, a expertos para que les asesoren correctamente.

Retos para el manejo y conservación de los ecosistemas forestales en Latinoamérica (Casos colombiano y mexicano)











Sinopsis:

El reconocimiento de las contribuciones de las comunidades para la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de servicios ecosistémicos es esencial para reducir brechas de desigualdad social, favorecer la conservación de la biodiversidad en el largo plazo y alcanzar las metas climáticas.

En el mundo, el 61% de los bosques y selvas son de propiedad gubernamental y solo el 24 % esta bajo la titularidad o uso de comunidades.

Sin embargo, en América latina las comunidades locales y pueblos indígenas son dueñas del 32 % de los ecosistemas forestales, un porcentaje por encima de la media global y esto ha sido resultado de luchas sociales que han devuelto a las comunidades la titularidad de sus territorios.

De acuerdo con Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia, los gobiernos deben reconocer las contribuciones de las comunidades y pueblos indígenas que manejan los bosques y no obstaculizarlos, como suele ocurrir en muchas partes del mundo.

En su ponencia magistral durante el V Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (V CISEN), celebrado en Oaxaca, México, indica que, en Colombia el gobierno está apostando por un esquema de manejo integrado de los territorios forestales, con un enfoque inclusivo de las comunidades negras e indígenas.

En este escenario de postconflicto, detalla, es necesario trabajar en esquemas diversificados de intervención y gestión de los ecosistemas forestales. Los esquemas que limitan el acceso a los recursos naturales o que expulsan a las familias de sus territorios no son favorables para recobrar la paz.

En este sentido, propone que la conservación tiene que verse como una oportunidad para fortalecer la gobernanza local, a través de esquemas y categorías diferenciadas de manejo de los territorios; respetando los conocimientos y derechos de las comunidades.

Colombia tiene una tasa de deforestación de 128 mil hectáreas anuales, sin embargo, en este 2017 se espera que la deforestación alcance las 200 mil hectáreas. Este crecimiento en la degradación de los bosques, explica Biggite Baptiste, se debe a problemas de gobernabilidad, vacíos legales y de intervención para el manejo y conservación de los territorios forestales, que deberán ser abordados lo más pronto posible.

Sobrerregulación, obstáculo de comunidades mexicanas

Por su parte, Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, resalta que en México existe un limitado reconocimiento y apoyo a los esfuerzos e iniciativas de manejo sustentable y conservación de los bosques.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, subraya que “un ejemplo de ello es la comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, que cuenta con todas las estrellas posibles en materia de conservación y certificación internacional de manejo forestal y tardó más de dos años en lograr que la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) le otorgara la renovación de su permiso de aprovechamiento forestal, lo cual ocasionó que cientos de familias vieran mermada su principal fuente de ingresos”. Lamenta que este tipo de casos se repite en distintas regiones del país.

Explica que “esto se debe a la terrible sobrerregulación que padecen las comunidades en materia forestal, porque deben cumplir múltiples y complejos trámites para obtener una autorización para la gestión de sus recursos forestales. En contraparte las plantaciones forestales comerciales tienen una regulación más simplificada”.

La especialista apunta que las comunidades y ejidos son dueños del 60 % de los bosques y selvas de México; y el 34 % de estos núcleos agrarios lleva a cabo importantes actividades de conservación y manejo de sus territorios algunos con un mayor grado de consolidación y otros con algunos problemas, pero todos ellos conservan estos ecosistemas y generan importantes servicios ambientales, que generalmente no les son retribuidos.

Leticia Merino comenta que “es necesario hacer una revisión profunda del modelo de país que queremos, porque el sistema actual en México es profundamente clasista y racista en detrimento de las comunidades y requerimos de mecanismos alternativos para la gestión ambiental de la tierra y el bosque”.

Plantea que “se requiere de una presencia local, informada y fortalecida para propiciar un manejo y conservación diversificado de los territorios forestales, y no a control remoto, como se hace actualmente, con políticas públicas que fomentan la centralización”.

Ejidos mayas apuestan por el control de sus selvas para el bienestar comunitario











Sinopsis:

La selva de la Península de Yucatán representa un invaluable tesoro en aspectos culturales y ambientales. Miles de vestigios arqueológicos de una cultura vigente y vitales servicios ecosistémicos proveídos al patrimonio global, son sólo algunos elementos fecundos en este territorio. A pesar de todo esto, las comunidades dueñas de estas tierras viven con altos niveles de marginación, pobreza y exclusión, y han sido despojadas, entre los subsidios mal dirigidos, los partidos políticos y las religiones que dividen, de herramientas imprescindibles como la organización, la auto-gestión y el reconocimiento del bien colectivo.

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en acuerdo con ejidos del municipio de José María Morelos, puso en marcha una estrategia para mejorar el entorno comunitario a través del impulso al manejo forestal. Esta estrategia brinda acompañamiento técnico de calidad y a través de un mecanismo financiero dota de recursos económicos y alinea recursos públicos a los ejidos para facilitar la gestión de sus selvas, considerando de manera fundamental el fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales, el avance en el proceso productivo del aprovechamiento forestal y la inclusión de jóvenes en iniciativas comunitarias de organización, manejo y transformación.

A través de este mecanismo financiero, denominado Plataforma Forestal, los ejidos participantes trabajan en el desarrollo de planes forestales ejidales en los que establecen actividades que contribuyen a retomar el control de la gestión de sus recursos forestales y territorios.

Esta Plataforma Forestal tiene sus orígenes en 2015, pero opera formalmente desde 2016, en una primera etapa en el municipio de José María Morelos, Q. Roo, con ejidos que son dueños de territorios forestales y que por diversos factores han abandonado sus planes de manejo forestal o se han insertado en un esquema “rentista” de su selva, es decir, rentan sus derechos de aprovechamiento a compradores que no tienen mayores consideraciones sobre el cuidado y manejo sostenible de la selva, la conservación de la biodiversidad, ni el desarrollo de capacidades locales en las comunidades.

Recobrar la confianza para retomar el control

Dos de los nueve ejidos de José María Morelos que participan en el mecanismo de la Plataforma Forestal, son Dziuché y Puerto Arturo, que están apostando por recobrar el control de su gestión forestal.

En el ejido Dziuché contaban con un Plan de Manejo Forestal que estaba autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin embargo, la complejidad de los trámites y requisitos que se requieren completar desmotivó a la comunidad y la asamblea ejidal decidió abandonar las actividades del aprovechamiento.

Luego de casi diez años de inactividad del aprovechamiento forestal, el ejido decidió participar en la Plataforma Forestal, mecanismo desarrollado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, para promover en los ejidos el retomar el control en la gestión de sus recursos naturales. En este 2017, Dziuché estableció su oficina forestal ejidal, conformó un expediente con toda la documentación legal del ejido y de su plan forestal, comenzó la operación de controles administrativos y de inventarios de volúmenes de madera y facilitó la participación de jóvenes del ejido en las actividades de la operación forestal.

“Se está trabajando también en asambleas ejidales con rendición de cuentas, que fomenten la transparencia, para recuperar la confianza de los ejidatarios y que vean que el aprovechamiento forestal es una buena oportunidad para generar ingresos y empleos”, explica Alberto Burgos Mendoza, actual presidente del comisariado ejidal de Dziuché.

Añade que “lo importante no es que vendamos la madera en pie, sino que la propia gente del ejido haga los trabajos del aprovechamiento y que después le demos más valor aserrando la madera”.

Para la reactivación del plan de manejo forestal, el ejido se apoya en un grupo de jóvenes del mismo ejido que “han ayudado bastante en la conformación de la oficina forestal y en la formalización de los controles”, ellos llevan a cabo la administración de las salidas de madera, ayudan al comisariado en el llenado de las remisiones forestales y llevan un inventario.

Junto con los técnicos forestales, “los jóvenes colaboran en las labores de monteo, hacen un inventario de todos los árboles que hay en la zona que se está aprovechando y marcan los que se van a tumbar”.

En este primer año en que se retomaron las actividades de aprovechamiento forestal en Dziuché “tuvimos que vender la madera en pie. Como no teníamos capital en el ejido para empezar con las labores, que en promedio son de unos 200 mil pesos, que se utilizan para las brechas del área, el monteo, el mantenimiento del camino, la renta de la maquinaria para el arrastre, el combustible, entre otras cosas”, refiere el presidente del comisariado ejidal.

Plantea que algunos ejidos prefieren recibir el pago de derecho de monte, por poco que este sea, sin la necesidad de hacer actividades en el bosque, , “varios de ellos  están contentos de seguir vendiendo en pie y recibir sus dos o tres mil pesos al año, pero no se trata de eso; se trata de que el ejido haga todos los trabajos de aprovechamiento, que todos esos empleos que se generan sean para los miembros del ejido, y para que más jóvenes y mujeres se involucren”.

En el ejido no hay muchas oportunidades laborales, los jóvenes tienen que salir de la comunidad en busca de trabajo o para continuar con sus estudios, y aunque vayan a escuelas públicas sus familias no pueden costeárselos, ya que, “en promedio, en un día de escuela se gastan cien pesos en transporte, alimentos y materiales para las clases; y de dónde sacará esa familia ese dinero si no tiene trabajo”, cuestiona.

El ejido acaba de renovar el contrato de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con la Conafor para la conservación de una superficie de 3 mil hectáreas por un periodo de 5 años, cuyos recursos se repartirán entre los 473 ejidatarios. “Estos recursos también sirven, pero no se desarrollan proyectos que generen más ingresos”, apunta Burgos Mendoza. Actualmente, la asamblea del ejido Dziuché discute el destinar el 40 por ciento del PSA para comprar un tractor de uso común que les permita hacer el arrastre de su madera en el área con aprovechamiento forestal.

Más allá de las ganancias, una empresa forestal comunitaria se valora por los empleos que genera para la comunidad y el mantenimiento que le da al bosque. “Es una lástima que no contemos ni con un tractor, que la gente, para hacer sus milpas, tengan que contratar a alguien para que les barbeche la tierra. No nos hemos podido poner de acuerdo para adquirir el tractor y que el dinero que se gasta en renta de maquinaria para la agricultura o las actividades del aprovechamiento forestal se quedaran en el propio ejido”, reprocha Alberto Burgos.

El plan de manejo y aprovechamiento forestal de Dziuché contempla 5 mil hectáreas de selva, de las cuales pueden aprovechar superficies de 500 hectáreas cada dos años. “Tenemos la intención de hacer una modificación al plan de manejo para que se aprovechen 250 hectáreas cada año, y así no tener que parar por completo durante todo un año las actividades del aprovechamiento. La intención es que la gente no pierda interés, que sigamos especializándonos y que nosotros, como ejido, hagamos esta labor de conservación activa del bosque” detalla.

Nuestro monte, lleno de especies de flora y fauna, es como un banco que no hemos querido aprovechar adecuadamente, tenemos un enorme potencial y aunque no tenemos caoba, tenemos otras especies con buen mercado, los compradores vienen al ejido a buscar la madera, no hay ni necesidad de salir a buscar mercados.

En su permiso de aprovechamiento cuentan con volúmenes de especies como el ciricote, tzalam, chakte viga, chacaj rojo, zapote, chechen, entre otras. Y luego de los procesos de aprovechamiento realizan reforestaciones en las que introducen especies como la caoba, el cedro y el ramón. Hay que mejorar el bosque con especies de mayor valor comercial que puedan seguir manejando las futuras generaciones, como los hijos de estos jóvenes que se están incorporando a las tareas del aprovechamiento”.

Diversificación productiva a buen puerto

Por su parte, el ejido Puerto Arturo, también del municipio de José María Morelos, lleva alrededor de una década aprovechando su selva, pero únicamente extrayendo palizada, es decir árboles de diámetros pequeños, menores a 20 centímetros. Estos palos se utilizan para la construcción de palapas o como tutores para actividades de producción agrícola.

El ejido comercializa 20 mil piezas de palizada por año. “Estos diámetros menores son muy comunes en nuestro monte porque son zonas de cobertura que hace 20 o 30 años eran zonas de cultivo agrícola. Antes, la gente sembraba en un lado y al siguiente año tiraba monte en otro lado y movía sus cultivos de acá para allá”, comenta Luis Contreras, presidente del comisariado ejidal de Puerto Arturo.

Este tipo de vegetación secundaria denominada en la región como guamiles, tiene mucho potencial puesto que es muy usada por los desarrollos turísticos de todo el Caribe. Además de la palizada se podrían ocupar las puntas y ramas para hacer carbón vegetal, con lo cual se generarían más empleos e ingresos para todos los miembros del ejido.

Así como Dziuché, el ejido Puerto Arturo participa en el mecanismo de la Plataforma Forestal desde hace dos años, en el primer año fortalecieron su organización interna con mejoras en sus asambleas ejidales y la instalación de su oficina forestal. Además de la conformación de un fondo ejidal forestal, de un peso por un peso, para re-invertir en el proyecto forestal. Al igual que en Dziuché, un grupo de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participa en las labores de la gestión administrativa del aprovechamiento forestal ejidal.

El presidente del comisariado explica que el desinterés que tenía el ejido en el manejo de su selva se debe, en parte, a que es un ejido con una intensa producción agrícola, gracias a las condiciones del suelo del ejido, y a que cuentan con sistemas de riego, producen cacahuate, sandía, pepino, maíz, calabaza, limón, naranja, entre otros cultivos. “En temporada de cosecha los coches no pueden pasar porque la gente utiliza la carretera como patio de secado, esto da trabajo a muchas personas del ejido y los alrededores”, resalta.

Sin embargo, desde que Luis tomó el cargo de comisariado ejidal, ha promovido la activción del aprovechamiento forestal, “porque pueden generarse más empleos y recursos para el desarrollo del ejido. Por lo pronto, lo que ya hicimos es construir una casa ejidal de cemento y con loza, porque era una palapa abierta y no había suficientes condiciones para desarrollar las asambleas”.

“Aunque en este 2017 es el primer año que comenzamos a aprovechar el bosque con diámetros mayores, ya no solo palizada, los mismos ejidatarios ya vieron que se generaron empleos por la apertura de caminos y carriles de arrastre de la madera. La meta es que podamos avanzar a la transformación de la madera en rollo a tablas”, comenta Francisco Javier Pat Cel, miembro del consejo de vigilancia del ejido Puerto Arturo.

Explica que en Puerto Arturo “el monte está parcelado internamente, y dependiendo de dónde sea el área de aprovechamiento en cada anualidad y dependiendo de la persona que sea dueña del predio, se llevan a cabo los trabajos. Si el dueño del terreno está interesado en participar en los trabajos del aprovechamiento puede hacerlo y recibe ingresos por su trabajo y su madera, además se le da una cuota de derechos al ejido porque lo que se aprovecha en cada terreno”.

Las utilidades obtenidas por la venta de la madera se dividen, una parte para el dueño del terreno y otra parte para el ejido. Asimismo, con la venta de la madera se pagan los jornales y los gastos originados durante los trabajos de corta y reforestación.

El ejido Puerto Arturo tiene una superficie de 8 mil 400 hectáreas, de las cuales 2,500 están consideradas en su plan de manejo forestal. Otras 3 mil 600 se incorporaron al programa de Pago por Servicios Ambientales, “aunque no tengamos servicios ambientales, el propio ejido ha destinado un área a la conservación voluntaria y está certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)”, resalta Francisco Pat.

El comisariado ejidal subraya la importancia de la selva, “no solo para la producción de madera, sino para la conservación de los animales, para los apicultores y para toda la gente que dependemos de ella”.

Sobre la importancia del manejo forestal comunitario para garantizar el agua que todos necesitamos

importancia del manejo forestal comunitario para garantizar el agua-pago por servicios ambientales mexico










Sinopsis:

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El futuro del agua está mucho más relacionado a los bosques de lo que la mayoría pensamos. Los árboles, son íntimos promotores de una serie de beneficios relacionados a su conservación y mejoramiento. Al mismo tiempo, quienes habitan territorios forestales, poseen los conocimientos y capacidades para hacerla más perdurable.

En un planeta donde poco más del 97% del agua es salada –y por tanto el agua dulce representa un recurso limitado–, el  manejo adecuado de servicios ambientales hidrológicos es prioritario. Especialistas alrededor del mundo coinciden que, será el agua, particularmente su ciclo hidrológico, el más afectado por el cambio climático y el más inmediato. Incluso la UNESCO estima que para el año 2030, la población mundial crecerá a un número tal, que padecerá un déficit del 40% de agua. De manera que la conservación de este recurso –”el desafío del siglo”– debería comenzar a tomar importancia, especialmente en las estrategias para aprovecharla de forma sustentable.

Partiendo de este inquietud, resulta pertinente que los países reconozcan al bosque y a sus comunidades como una estrategia, no solo para retrasar los efectos del cambio climático, también para conservar en buen estado los acuíferos y las cuencas hidrológicas de las naciones.

En México, se han detectado 37 regiones hidrológicas en todo el territorio. 31 de ellas (84%) son consideradas Reservas Potenciales de Agua (RPA). Esto quiere decir que un 84% de los ecosistemas acuíferos mexicanos se consideran de alto valor, y por ello han sido destinados a reservas nacionales. Un aspecto sorprendente es que más de la mitad de ellas se encuentran en terrenos de propiedad social; territorios donde comunidades y ejidos han mejorado los servicios ambientales, y cuya presencia de estos últimos se considera clave para la alimentación, desarrollo y, a grandes rasgos, bienestar social de los pueblos indígenas y locales.

importancia del manejo forestal comunitario para garantizar el agua

Por todo esto, mejorar resultados en el manejo sostenible de las cuencas, ya no es cuestionable. Sin embargo, para lograrlo, se necesita alejarse cada vez más de esquemas prohibitivos en territorios de propiedad social. Diversos estudios sugieren que el buen manejo de estos paisajes está íntimamente relacionado a regulaciones más participativas y empáticas con las necesidades de las comunidades; con mecanismos que incentiven a los pueblos a procurar su entorno –por ejemplo, los pagos por servicios ambientales hidrológicos operados en la Cuenca Amanalco, donde se paga por un buen manejo del territorio, y no solo por el hecho de reforestar el paisaje– y con la creación de estrategias de conservación de paisajes completos –agricultura, ganadería y silvicultura comunitaria–.

La estrecha relación entre bosque, agua y manejo comunitario, se evidencia aún más cuando se habla  de beneficios ambientales específicos. Por ejemplo, filtración y provisión de agua en calidad, regulación de flujos pluviales que corren rápidamente aguas abajo, conservación de manantiales, reducción del riesgo de inundaciones, o regulación de la erosión del suelo. La presencia de estos servicios hidrológicos en el bosque, ha sido también sustancial para la generación de otro tipo de servicios, como son los de regulación (de clima, de aire y agua), suministro (de alimentos y agua potable) y culturales.

archivo ccmss- cuenca amanalco valle de bravo

Un buen manejo forestal sustentable permite construir un paisaje hidrológico saludable. Con abastecimiento de agua limpia y una tierra rica en nutrientes. Los ecosistemas hidrológicos son responsables de proporcionar agua a las comunidades, pero también a ciudades aledañas –como es el caso de la Cuenca Amanalco, que abastece más del 15% del agua que consume la Ciudad de México–. Y dado que la mayor cantidad de estás aguas no habitan en ríos y lagos sino en el subsuelo, los resultados de un bosque y suelo sano afectan directamente la calidad de estos servicios.

Hay que reconocer que a estas alturas, el fluir del agua ya no depende solo de causas naturales, sino de su buen manejo comunitario y sostenible.

*Fotografías: 1) Dominio Público; 2) globalcreativa – flickr / Creative Commons 3) Cuenca Amanalco, archivo CCMSS

Datos fundamentales de la propiedad social en México

atlas propiedad social en mexico










Sinopsis:

 

Mucho se ha dicho sobre la importancia que han tenido los bosques mexicanos para la conservación de su biodiversidad, una de las más ricas del planeta. Se sabe que poco más de la mitad del territorio corresponde a áreas forestales, y que de estas, el 80% se encuentra bajo un régimen de propiedad social. Estos datos evidencian una premisa expuesta en las agendas ambientales globales: los bosques son de quienes los cuidan y trabajan.

Numerosas investigaciones advierten una problemática que ocurre de manera frecuente, a propósito de esta sentencia. Y es que la tenencia de la tierra no encuentre un lugar en las métricas para generar regulaciones forestales. En México, la normatividad forestal es difusa con respecto a los derechos a la tierra y, por tanto, el aprovechamiento y buen manejo de los recursos naturales se vuelve un gran reto para las comunidades forestales. Los dueños de los bosques se enfrentan a regulaciones complicadas, pero también a programas inoportunos para generar desarrollo sustentable, que básicamente se apoyan del “no hacer” en el bosque.

La productividad, manejo y mejora de los recursos que provee el sector forestal ha sido desde siempre la labor de las comunidades indígenas y locales. De su labor colectiva se desprende el potencial que pueden o no tener los servicios ambientales. Lo anterior ha sido confirmado por diversos estudios. El más concreto es el Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México, realizado por el Registro Agrario Nacional (RAN), en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA por sus siglas en inglés).

 

Este dinámico Atlas ofrece un panorama estadístico y visual sobre la importancia de la tierra como motor de desarrollo económico, y su impacto en la mejora de los servicios ambientales. Con el fin de ilustrarte cuantitativamente qué significa la propiedad social para un país forestal como México, compartimos en breve una lista derivadas del Atlas; 10 datos fundamentales sobre la importancia de la propiedad social en este país:

1. Siendo uno de los 15 países más extensos del Mundo, México cuenta con 26 millones de personas pertenecientes a la comunidad rural. Si esta población formara otro país, se encontraría entre las 50 más pobladas del planeta, lo que nos da una idea de la magnitud de las necesidades rurales que los recursos naturales deben cubrir.

2. La propiedad social se compone de diversos núcleos agrarios, y a su vez por dos regímenes importantes: el ejido y la comunidad. El hecho de que más de la mitad de la superficie mexicana se encuentre distribuida en unos 30,000 ejidos, hace de la tenencia de la tierra un  modelo único en el mundo.

3. Actualmente existen 29,441 ejidos y 2,344 comunidades en el territorio nacional (un 53 % de la superficie total del país, que bien podría formar un país de la extinción de Bolivia o Egipto).

4. Resulta interesante recordar que las zonas con más biodiversidad del mundo concentran el mayor número de lenguas indígenas. En México existen hablantes de 11 familias lingüísticas indoamericanas, de las cuales 10 se encuentran dentro de la propiedad social del país.

5. Existen 11,107 núcleos agrarios forestales a nivel nacional.

6. 124 de estos núcleos se consideran de alto potencial en cuanto a servicios ambientales refiere.

7. Este hecho demanda a la política pública, una capacitación, asesoría y financiamiento más comprometidos con la gestión de sus recursos.

8. La Península de Yucatán es la más fértil en cuanto a servicios ambientales en calidad “prioritaria” refiere (un 43% de la suma total de los NA). Dichos núcleos agrarios son considerados prácticamente forestales (91 % de ellos).

9. El manejo efectivo de los núcleos agrarios forestales, tiene gran impacto por su potencial para contribuir a la conservación de la biodiversidad, la retención y captura de carbono (asociado al cambio climático) y la regulación de condiciones hidrológicas en cuencas.

10. México es uno de los países más megadiversos del planeta con un territorio agropecuario también extenso. En este sentido, el manejo sustentable, las estrategias para el desarrollo rural y la conservación resultan de importancia crucial para su buen desarrollo.

 

Lee aquí el Atlas de la propiedad social completo. 

 

*Imágenes: 1) Atlas de la propiedad social en México; 2) Nacho Doce/Reuters

PRONUNCIAMIENTO PARA EXIGIR UN PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY FORESTAL!

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Sinopsis:

 

Un grupo amplio de comunidades y organizaciones que trabajamos en torno al manejo sustentable de los bosques, y que participamos en instancias tales como el Consejo Nacional Forestal, varios Consejos Estatales Forestales, Comités de Recursos Naturales y Uniones Regionales estamos preocupados porque legisladores del Partido Verde y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pretenden aprobar en este periodo de sesiones una iniciativa de Ley Forestal que no resuelve los problemas que enfrentamos en el sector y que no incorpora ninguna de las propuestas que se han hecho por diversas organizaciones.

Quienes hacemos este pronunciamiento estamos solicitando que no se apruebe el actual borrador de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que se abra una discusión en la que participemos comunidades forestales, academia, organizaciones civiles y todos los interesados.

El martes 7 de febrero entregaremos a legisladores y funcionarios del sector el Pronunciamiento, nos daría mucho gusto contar con su respaldo en esta petición.

PRONUNCIAMIENTO

A los Legisladores del H. Congreso de la Unión

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR

Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros

A los consejos estatales forestales

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las Organizaciones Indígenas y Campesinas

A las Organizaciones de la Sociedad Civil

A la Opinión Pública en General

 

Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016.

Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.

Consideramos necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

Cabe destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada.

El 20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión.

Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.

Este Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.

Consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles.

En cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente.

El pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso.

Atentamente

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental, CEMDA; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO.

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PREFERENTEMENTE ANTES DEL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2017

 

(Actualización al 10 de febrero de 2017)

Pagos por servicios ambientales en la Ciudad de México: insuficientes y mal comunicados











Sinopsis:

Ajusco, por Pulpolux con licencia Creative CommonsLa Ciudad de México, aunque desde el mapa parece una sola mancha gris, tiene una enorme superficie forestal y rural. Esta área, llamada “suelo de conservación”, es crucial para el bienestar de la urbe, porque regula los cauces de agua y evita inundaciones, porque provee de agua potable a quienes habitan el Distrito Federal y ofrece un espacio de recreación. Sin embargo, está permanentemente amenazada por el descuido de sus bosques y por los asentamientos irregulares. Hablamos con Lucía Almeida Leñero, del Laboratorio de Ecosistemas de Montaña de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que dirigió una investigación sobre el tema que acaba de publicarse en la revista Land Use Policy.

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