ACERVO

Tag Archives: servicios ambientales

Gobernanza y transparencia, pilares del manejo forestal comunitario en el ejido Chavarria Viejo











Sinopsis:

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer la gobernanza de los ejidos y comunidades. Cuando hay una buena gestión de los comisariados ejidales la gente confía, se pueden emprender proyectos productivos y se puede invertir en bienes para la producción.

En las comunidades y ejidos es muy complicado que los compañeros se organicen, se tiene que hacer mucho trabajo para poder llegar a acuerdos, además es importante que los acuerdos se respeten. “Gracias al trabajo que hemos hecho de fortalecimiento de la gobernanza en el ejido, hemos podido avanzar en consolidar nuestras empresas sociales”, explica Miguel Ángel Alvarado Huizar, presidente del comisariado ejidal del Ejido Chavarría Viejo.

Este ejido que se ubica en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, tiene una larga tradición forestal, como todo el municipio. En Pueblo Nuevo se produce el 30 por ciento de la madera de todo el estado de Durango. El manejo y aprovechamiento forestal es la principal actividad productiva en Chavarría Viejo.

Miguel Alvarado detalla que “el componente más importante que hay que desarrollar para poder avanzar en el desarrollo forestal es la organización, la gobernanza. Creo que a partir de los esfuerzos de organización que ha hecho el ejido, hemos logrado convertirnos en un ejemplo, porque así los ejidatarios hemos podido recobrar el control del manejo y aprovechamiento de nuestro bosque”.

De acuerdo con el índice de Desarrollo Forestal de la Conafor, las empresas forestales comunitarias se clasifican en cuatro categorías: Tipo I, aquellas con bosques comerciales pero que no aprovechan; Tipo II, aquellas que venden madera desde en pie dejando al contratistas externos la responsabilidad del manejo del bosque; Tipo III, aquellas que cuentan con equipo y hacen la extracción de madera por cuenta propia y el Tipo IV, aquellas que tienen aserraderos, o venden su madera con algún otro valor agregado.

El ejido Chavaria Viejo no se ha quedado en las etapas iniciales del proceso de apropiación de los procesos productivos y ha logrado avanzar sustantivamente y posicionarse en la categoría Tipo IV. A partir de la cohesión, la transparencia y la formulación y respeto de acuerdos en las asambleas, el ejido ha retomado el control del proceso de manejo de su bosque y han avanzado a la generación de valor agregado de su producción de madera. Esto propicia la creación de empleos y más ingresos para las familias del ejido.

“Además de la empresa forestal ejidal que se encarga de cosechar el bosque, decidimos crear una sociedad de producción rural, con otra administración, que se encarga de darle el valor agregado a la madera: se trata de un aserradero. Y también creamos otra empresa comunitaria que se encarga de aprovechar los productos secundarios del aprovechamiento forestal, de esta forma le restamos la carga fiscal al ejido, porque nos cobran impuestos como si fuésemos una empresa privada, pero nosotros somos un grupo de trabajo comunitario”, comenta el presidente del comisariado ejidal de Chavarría Viejo.

Anteriormente, solo comercializaban la madera en rollo, los fustes; las puntas y ramas solo se desechaban, pero hoy día el ejido las aprovecha para generar astilla para celulosa. “Con estas actividades generamos empleo, derrama económica, conservamos el bosque y mejoramos los servicios ambientales, como la recarga de los mantos freáticos”, enfatiza Miguel Ángel.

El ejido Chavarría Viejo goza de una riqueza natural envidiable, pues cuenta con una extensión de 9 mil hectáreas de bosque, de las cuales 6 mil se encuentran dentro del plan de manejo y aprovechamiento forestal. “Tenemos autorización de aprovechar 25 mil metros cúbicos anualmente, de las variedades de pino y encino”. Sin embargo, para aprovechar de mejor forma su riqueza natural y belleza escénica, Miguel Ángel señala que el ejido está invirtiendo en el desarrollo de un parque ecoturísitico, que ya prácticamente se encuentra terminado.

Enfatiza que “cada empresa del ejido tiene su propia administración y hay una rendición de cuentas muy precisa, transparente y rigurosa, para que haya confianza por parte de todos los ejidatarios”.

Así han alcanzado grandes logros, no solo en lo económico, “es muy satisfactorio ver el desarrollo del ejido, lograr una mejor organización y generar confianza”. El ejido Chavarría Viejo fundado hace 55 años, está integrado por 93 ejidatarios y cuenta con una población de mil habitantes y, desde su origen, se caracteriza por su tradición forestal.

Ahí la economía y la vida dependen del bosque, “por eso lo cuidamos. Algunos pensarán que sacarle al bosque trocería lo afecta y que en unos años se acabará, pero eso es totalmente falso. Nosotros solo sacamos lo que el mismo bosque está produciendo, sin afectarlo. Estamos cosechando solo lo que el bosque puede producir, en términos de regeneración”.

Desde hace cinco años la directiva ejidal se ha enfocado en el fortalecimiento de la gobernanza interna. Hicimos modificaciones a los reglamentos internos y trabajamos en asambleas para que “los compañeros tomen conciencia de la importancia de modernizar nuestra industria forestal, de invertir en material de trabajo, que más adelante no traiga más ingresos y generación de más empleos para nuestra gente”, puntualiza Alvarado Huizar.

Todo esto suena muy bien, pero no ha sido fácil, “ha sido una intensa labor de empuje, empezando en pequeño, pero dando resultados constantes. Aunque aun falta mucho por hacer, necesitamos avanzar más en la transformación de la madera, darle más valor agregado, en vez de vender tablas podríamos vender molduras, muebles; podríamos vender casas prefabricadas de madera; para allá va encaminado el plan de desarrollo del ejido” y la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para lograr el objetivo, insiste Miguel Alvarado.

Los demás ejidos del municipio de Pueblo Nuevo, en el que se ubica Chavarría Viejo, también están trabajando en el fortalecimiento de sus procesos de toma de decisiones, de transparencia en el uso de los recursos y están apostando por invertir en el desarrollo de sus ejidos.  De hecho, comenta el presidente del comisariado ejidal que realizan jornadas de intercambio y talleres entre los distintos ejidos para encontrar alternativas a los problemas que se presentan en el manejo forestal.

A nivel estado, en el municipio de Pueblo Nuevo se produce casi el 30 por ciento de la madera de todo Durango. “Hay ejidos que ya les estamos entrando a esto, le estamos apostando a la industria, pero es una situación compleja, desde la organización primero, luego, diseñar cómo lo vamos a hacer, en procesos participativos de todos los compañeros. Siempre buscando que el ejemplo sean los resultados; solo así podremos convencer a los demás ejidatarios que la industrialización y el desarrollo productivo son benéficos para el ejido, asegura Miguel Ángel Alvarado.

Desarrollo incluyente

En la actualidad, ya no hay tierra para repartir y un derecho ejidal es indivisible, no se pueden heredar fracciones de derechos, “la ley contempla que al ser ejidatario tienes ciertos derechos sobre el territorio y los recursos, pero también como avecindado o hijo de ejidatario tienes otros derechos”, refiere el presidente del comisariado ejidal de Chavarría Viejo.

Añade que cuando un ejidatario tiene varios hijos, solo le puede heredar el derecho a uno. En ese momento los demás hijos desaparecen de la ley agraria, “hay vacíos en esta legislación, pero nosotros los estamos llenando con clausulas en los reglamentos internos”.

En el tema de gobernanza, explica que “estamos trabajando en la modificación de los reglamentos internos, así logramos que todos los ejidatarios, hijos de ejidatarios y avecindados puedan gozar del derecho a las plazas de trabajo que se generan a partir del manejo y aprovechamiento forestal y las otras empresas ejidales”. Es decir, prioritariamente los ejidatarios son los que tienen el derecho a trabajar, luego le siguen sus hijos, hermanos o familiares y avecindados; “si no se consigue que alguien del ejido cubra los puestos de trabajo, entonces se abre ese espectro para que se contrate a personas de fuera del ejido, de las comunidades vecinas”.

Además, los hijos de ejidatarios y avecindados tienen derecho a un pedazo de tierra para sembrar y para que construyan su casa, “porque en el ejido no tenemos el territorio parcelado, íntegramente es uso común. Así, la asamblea le asigna un pedacito de tierra a la persona que quiera hacer su casa o un solar y tienen derecho a ser trabajadores del ejido.

Los trabajadores de las empresas ejidales tienen todas las prestaciones de ley, seguro social, Infonavit, todo lo que contempla la ley. “Nosotros tenemos cerca de 160 trabajadores en las empresas del ejido. Estamos hablando de que hay sustento para 160 familias, estos trabajadores no son ejidatarios, porque el 70 por ciento de los ejidatarios son adultos mayores que ya no trabajan”, asegura con un tono orgulloso, Miguel Alvarado Huizar.

El núcleo ejidal lo componen 60 hombres y 33 mujeres. “Sí hay participación de las mujeres, aunque insuficiente”. Las mujeres participan en labores de cosecha, de aserradero, en actividades de administración. Por ejemplo, “la empresa de ecoturismo que se llama La Pirámide, esta compuesta por 12 trabajadores, 9 mujeres y 3 hombres”.

Apoyos y créditos para el desarrollo forestal comunitario

Para fortalecer el crecimiento del sector forestal en el país, por un lado, se requieren más apoyos de gobierno, acceso al crédito para proyectos productivos. “Necesitamos dinero más barato y que no haya tantas trabas burocráticas para obtener un crédito. Si las comunidades y ejidos no tenemos mucho el ímpetu por emprender proyectos productivos, menos si hay muchas trabas para hacerlo”, plantea.

Destaca que los apoyos de gobierno son muy importantes para poder avanzar en infraestructura y capital de trabajo, y “como ejido hemos sabido aprovecharlos como se debe: dando buenos resultados. Por ejemplo, logramos que la adquisición de uno de los aserraderos más modernos del país”. El aserradero se estrenó en febrero de 2018 y es una necesidad para poder generar un mayor valor a la madera y tener mejor capacidad de procesamiento.

Desde la experiencia de su ejido, Miguel Ángel subraya que “se puede vivir muy dignamente del bosque y sin que los ecosistemas se deterioren; por el contrario, además de madera, producimos servicios ambientales: agua, aire, realmente lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar nuestros recursos para generar ingresos para las familias y conservar estos bosques”.

Este ejido ejemplar, perteneciente a Durango, estado que encabeza la producción forestal de México, cuenta con la certificación de manejo forestal de FSC desde hace 6 años. Con esta certificación independiente el ejido busca garantizar que el aprovechamiento del recurso forestal cumple con los estándares internacionales de buen manejo de bosques y las actividades de corte, extracción, industrialización, administración y seguridad de sus trabajadores cumplen con el marco legal mexicano.  Hace un mes, el ejido inició su tercer ciclo de certificación, que les ha servido para generar confianza hacia el interior del ejido, hacer más eficientes los procesos y tener todo en regla.

“Hemos puesto todo nuestro empeño en mostrar que ha sido la mejor decisión del Estado mexicano el haber puesto en las manos de los ejidatarios las tierras forestales; el haber puesto la tierra, en las manos de quienes trabajan”, concluye.

Ambientalistas dialogan con Silvia Garza, del equipo de Ricardo Anaya, sobre 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México











Sinopsis:

  • Reiteramos la invitación al candidato presidencial de México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, para comprometerse públicamente con las 10 propuestas que buscan desarrollar una agenda de política pública para lograr la prosperidad y el bienestar social, a través de un uso sustentable de los recursos naturales.
  • La convocatoria a todos los candidatos para dialogar sobre el tema medio ambiental se mantiene abierta.

CIUDAD DE MÉXICO. – Este martes, como parte del diálogo en materia ambiental con los candidatos presidenciales, las organizaciones ambientalistas que impulsan las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México sostuvieron un encuentro con Silvia Garza, encargada de temas ambientales de la campaña del Frente por México, que encabeza el candidato Ricardo Anaya Cortés.

Como parte de este diálogo, las organizaciones manifestaron a Silvia Garza que es importante que de manera pública el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, se comprometa con la agenda que estas 10 propuestas delinean. Esto, dijeron, reforzaría y daría continuidad al diálogo que con esta reunión da inicio.

Las organizaciones de la sociedad civil imprimieron un sentido de urgencia a la adopción de estos 10 puntos, por la acelerada degradación de los recursos naturales en México, a lo que se suman los efectos del cambio climático. Considerando las tendencias de crecimiento demográfico y la progresiva demanda de alimentos, energía y otros recursos vitales, como el agua, es crítico que los candidatos presidenciales se comprometan con la integración de una agenda de conservación del patrimonio natural de los mexicanos que sea transversal en las políticas públicas del siguiente gobierno.

Estas organizaciones de conservación indicaron que las prioridades enunciadas en la iniciativa son esenciales para lograr un uso sustentable de los recursos naturales, como la única vía para lograr la prosperidad y el bienestar de los mexicanos, con una visión de largo plazo.

Propusieron, entre otras cosas, el desarrollo de instrumentos de política fiscal y económica para atender los compromisos climáticos de México en el Acuerdo de París, el desarrollo de soluciones naturales climáticas con co-beneficios para el ambiente y las comunidades, el establecimiento de la “jerarquía de la mitigación” para reducir el impacto de los megaproyectos de infraestructura, incorporación de un enfoque ambiental transversal en la política agrícola, ganadera y pesquera, formulación e implementación un modelo de desarrollo turístico sostenible, así como el diseño de un marco jurídico y un programa de incentivos correspondiente para favorecer el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes.

Otros temas de conversación fueron la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la administración del agua; protección de los mares mexicanos; consolidación de las áreas naturales protegidas y la canalización de recursos para la implementación de los planes de manejo de las mismas; así como alcanzar las metas de tasa cero de deforestación y reducción del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, así como un 35% de energía limpias en la generación de electricidad para el 2024, según los compromisos que México asumió con el Acuerdo de París.

Las organizaciones ambientalistas insistieron en que hoy, y de manera conjunta, la sociedad y el gobierno, pueden trabajar de la mano y liderar a la generación que todavía puede transformar una realidad de deterioro y degradación del capital natural de México, asegurando un futuro en el que la naturaleza y la humanidad convivan armónicamente.

Las 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México fueron enviadas desde finales de abril a los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez; a José Antonio Meade, de Todos por México; a Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia; y Ricardo Anaya, de Por México al Frente.

Dado que los candidatos tienen programado asistir al tercer debate presidencial, organizado por el Instituto Nacional Electoral, el 12 de junio en Mérida, Yucatán, donde se abordarán, entre otros, los temas de desarrollo sustentable y cambio climático, las organizaciones de conservación reiteran la invitación para comenzar, con cada uno de ellos, un diálogo sobre las 10 propuestas, a fin de asegurar que acuden al debate oficial con el conocimiento de las prioridades ambientales por atender en el siguiente sexenio y construir una Agenda Ambiental Nacional 2018-2024.

Al respecto, Silvia Garza, resaltó la importancia de poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia nacional y promover un gran pacto con las organizaciones de la sociedad civil para incluir elementos de estas diez propuestas en su planeación.

Las organizaciones estuvieron representadas en este diálogo por Isabel Studer, directora ejecutiva de The Nature Conservancy, Lorenzo J. de Rosenzweig P., director general de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Andrew Rhodes, director general de Sistema Pronatura, Juan Manuel Labougle, director técnico de Conservation International, y Francisco Cravioto, coordinador de incidencia del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.

10 propuestas para proteger la riqueza natural de México son producto del análisis de un grupo de expertos, de reconocida trayectoria por su compromiso con la conservación de la naturaleza, conscientes de que esta tarea ya no puede atribuirse exclusivamente a los gobiernos, sino que exige un esfuerzo de colaboración de todos los sectores de la sociedad.

La iniciativa cuenta con el apoyo y endoso de las siguientes organizaciones de la sociedad civil:  Alternare, A.C., Amigos de Sian Ka’an, A.C., Biocenosis, A.C., Cartocrítica, Comunidad y Biodiversidad A.C., Estudios Rurales y Asesoría, Fondo de Conservación el Triunfo, A.C., Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Fondo Noroeste, A.C., Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, A.C., Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C., Geo Conservación, A.C., Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A.C., Kew Royal Botanic Gardens, Fundación Comunitaria Oaxaqueña, A.C., Natura Mexicana, A.C., Niparajá, A.C., Pronatura México A.C., Pronatura Veracruz, A.C., Pronatura Noroeste, A.C., Pronatura Península de Yucatán, A.C., Pronatura Sur, A.C., Pronatura Noreste, A.C., Proyecto Mixteca Sustentable, Trópica Rural Latinoamericana y WRI México.

Contacto: 10pormxnatural@gmail.com

www.10pormxnatural.org

Tala ilegal estanca al sector forestal y merma a las comunidades: Dr. Torres Rojo











Sinopsis:

La tala ilegal en México está creciendo y si no corregimos el rumbo, podemos llegar a volúmenes de 8 millones de metros cúbico por año de madera de origen ilícito, que significaría un volumen por encima de la producción legal, que en 2017 fue de 7 millones de metros cúbicos de madera, afirma el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ex titular de la Comisión nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo.

Puntualiza que “entre los principales factores que propician la tala ilegal en nuestro país se encuentran la inseguridad, la pobreza, la falta de regulación de los mercados, la sobrerregulación de la producción legal y los altos costos de transacción. Muchos de esos factores son externos al propio sector forestal, pero lo afectan de manera directa”.

Detalla que la tala ilegal es uno de los principales factores que mantienen el estancamiento del sector forestal en México, ya que la comercialización de estos productos de origen ilícito limita la competitividad de los productores legales.

Para que una comunidad o ejido pueda aprovechar sus recursos forestales requiere del cumplimiento de hasta 50 trámites en distintas ventanillas que pueden ascender hasta a 500 mil pesos entre gastos de gestión, de elaboración de planes y estudios técnicos, de manifestaciones de impacto ambiental, entre otros.

Además, las empresas forestales comunitarias deben cumplir con el pago de impuestos, pago de salarios, renta o adquisición de maquinaria para el manejo del bosque, entre otros gastos operativos. Por todo esto, la madera de origen legal, en comparación con de origen ilegal, ya sea producida en México o importada, no tiene posibilidad de competencia.

Torres Rojo señala que los factores macro que propician el estancamiento de México en el sector forestal son el mercado de madera ilegal, la falta de acceso a mercados y el marco legal que genera altos costos de transacción. Mientras que a nivel micro, dice, la falta de generación y transferencia de tecnología, la falta de cadenas de valor y el nulo financiamiento en el sector también son limitantes para que el país repunte en la producción forestal, no solo de materia prima, sino de todos los derivados, como celulósicos, muebles, tableros, molduras, entre otros.

Plantea que “necesitamos meterle dinero a las cadenas de valor más que al bosque, porque si no hay mercado para la producción, será imposible incrementar los volúmenes que se extraen. Añade que “México es deficitario en productos celulósicos, si bien cubrimos la demanda de madera en rollo y de tabla, somos deficitarios en celulósicos, que es el principal producto que importamos”.

En su ponencia durante el Foro Internacional Forestal 2018, que se llevo a cabo en la ciudad de Durango, el ex titula de la Conafor recomendó buscar alternativas para reactivar la productividad del sector forestal para que los propietarios de los bosques y selvas puedan generar ingresos; por ejemplo, la provisión de servicios ecosistémicos y la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Detallo que aun hace falta trabajar en generar una verdadera economía del manejo de la biodiversidad.

Refiere que, de acuerdo con estudios que comparan el costo de los beneficios ambientales derivados del manejo de los bosques y otros ecosistemas, como la captura de carbono, la mitigación de los efectos del cambio climático, infiltración del agua, retención de suelo, conservación de la biodiversidad, belleza escénica, regulación de la temperatura; “el valor promedio de estos servicios ambientales debería ser de 8 mil pesos por hectárea por año. Este valor es incluso mayor al que se obtiene por la mera extracción de madera por hectárea”.

En México los bosques y selvas son de las comunidades y ejidos, ellos poseen más del 70 por ciento de los recursos forestales, por ello es importante el fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias, que además de producir madera conservan de forma voluntaria grandes extensiones de sus bosques, pro esto “las comunidades son muy importantes para el fortalecimiento del sector forestal”, acota.

Torres Rojo explica que “las empresas forestales comunitarias tienen la ventaja de que son muy flexibles pueden aguantar altas y bajas de producción y recursos, en cambio una empresa privada tiene que liquidar a toda su gente en caso de crisis. Lo que sí se debe fortalecer es la gobernanza interna, en profesionalizar su operación y hacer más eficiente su trabajo”.

Fallas transversales de la política ambiental en México (Video)











Sinopsis:

La Doctora Leticia Merino, integrante del consejo directivo del CCMSS y coordinadora del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, explica que la política ambiental en México adolece fallas estructurales de consideración. La permean problemáticas como la centralización, ausencia de participación social, falta de acceso a información ambiental relevante, sectorialización, falta de transversalidad y desigualdad en el acceso a beneficios ambientales.

Este análisis forma parte de la Agenda Ambiental 2018 de la UNAM, que es un diagnóstico sobre 8 grandes temas: agua, ciudades, costas y mares, agricultura y suelos, biodiversidad, bosques, minería y energía; elaborado por 40 especialistas e instituciones, incluido el CCMSS, y se puede consultar aquí:

Agenda Ambiental.

Revalorizar a las comunidades locales y el conocimiento tradicional para la conservación de los bosques tropicales











Sinopsis:

El conocimiento tradicional es fundamental para lograr la conservación de los bosques tropicales. Estas prácticas ancestrales de las comunidades locales y pueblos indígenas que han habitado los bosques, desde hace siglos, han sido esenciales para el desarrollo de las civilizaciones. Su aportación es tan importante que, gracias a sus prácticas de manejo y domesticación de las plantas, podemos alimentarnos.

Las plantas que nos comemos son especies domesticadas por estas comunidades y de no ser por sus importantes labores de selección y manejo a lo largo de la historia, particularmente desempeñadas por las mujeres, no tendríamos estos alimentos a la mano, explica el Dr. José Sarukhán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El especialista lamenta que el conocimiento tradicional esté “tan subvalorado”, si bien es cierto que hay algunas áreas en donde el conocimiento científico ha avanzado, el conocimiento y las prácticas de las comunidades locales, heredado ancestralmente, es la base de lo que hoy conocemos como método científico.

En el marco de la presentación del libro “La Conservación del Bosque Tropical, Procesos a largo plazo de la evolución humana, adaptaciones culturales y patrones de consumo”, la directora y representante en México de la UNESCO, Nuria Sanz, refiere que “los bosques tropicales, por muy prístinos que nos parezcan, como los conocemos actualmente, son resultado de la interacción de las comunidades humanas que los han habitado”.

Comenta que en el mundo hay 75 millones de hectáreas de bosques tropicales y que en estos ecosistemas habitan 800 millones de personas, que dependen de ellos, en gran medida, para subsistir.

Sugiere desvelar algunos mitos, como el hecho de que la Amazonía es un ecosistema prácticamente sin presencia humana. Cuando en realidad cientos de grupos étnicos habitan y han manejado de forma ordenada este importante bosque tropical, y ha sido “la interacción de estas comunidades lo que ha permitido su conservación y adaptación”. Asimismo, subraya que una evidencia que ha arrojado el libro es que “las selvas tropicales son paisajes antropomofizados desde el Pleistoceno en casi la totalidad de los continentes”.

En este sentido, resalta que “las comunidades y pueblos indígenas son socios indispensables para la gestión y conservación de los bosques”.

En su intervención, el doctor Sarukhán plantea que conservación no significa no tocar, pues las comunidades que han habitado los bosques son verdaderos jardineros de la selva.

En el caso de México, por sus condiciones particulares de tenencia de la tierra, en la que las comunidades y ejidos son dueños de los territorios forestales, es necesario impulsar estrategias de conservación activa, de uso y manejo sustentable para que las comunidades que habiten los territorios forestales puedan generar un mayor valor y mejorar sus condiciones de vida.

“Debemos hacer que la producción de miel, café, cacao y otros productos que generan las comunidades que habitan las selvas de nuestro país, logren alcanzar en el mercado su verdadero valor. Estos productos, que son sustentables y coadyuvan a la conservación del ecosistema, son productos con un alto valor cultural y esa característica debe ser reconocida en el mercado”, plantea el coordinador de la Conabio.

Añade que las políticas públicas y las inversiones del gasto deberían orientarse en convertir a las comunidades locales en empresarios, respetando sus usos y costumbres, y no orillarlos a convertirse en dependientes de los subsidios de gobierno.

Argumenta que “la importancia de conservar estos ecosistemas radica en que los bosques tropicales albergan entre el 50 y 75 por ciento de las especies. Es decir, son el reservorio de biodiversidad en el planeta. Cuando se pierde un área relativamente pequeña de selva, se pierden sistemas ecológicos completos, porque muchas especies ocupan pequeños espacios en su ciclo de vida”.

Además de la pérdida de biodiversidad, y servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, la infiltración de agua, regulación de la temperatura; “si no conservamos los bosques tropicales estaremos creando alteraciones en los sistemas ecológicos y tendremos mayor presencia de enfermedades severas como el SARS o el ébola que son producto de la pérdida de ecosistemas forestales”.

Los suelos forestales, un recurso indispensable en el abandono











Sinopsis:

Con respecto a la conservación de los suelos, discursivamente parece que México está muy bien, pero la realidad es que los estudios muestran que entre el 45 y 76 por ciento de los suelos están degradados. Hay muchas causas de pérdida de la soberanía alimentaria, pero una muy grave y severa es la degradación de los suelos y las políticas y programas gubernamentales atienden este tema de manera muy deficiente.

La investigadora del Centro Geo y de la UNAM, Helena Cotler Ávalos, acusa que “en la propia Comisión Nacional Forestal (Conafor) la gerencia de suelos ya desapareció; y en Sagarpa los programas -que destinan solo entre 1 y 2 por ciento del presupuesto de la dependencia a este componente-, están hechos para desarrollar infraestructura hidráulica, es decir, sistemas de riego. Es un tema abandonado que no se ha visibilizado y no se ha construido un interés público al respecto a pesar de su inminente importancia”.

La especialista en suelos y ecosistemas forestales explica que “siempre que se habla de bosques, se habla de los recursos maderables, de la superficie arbórea y no de los suelos, cuando estos son el soporte de esa vegetación. Es indispensable que se vea al ecosistema forestal de manera integral, tomando en cuenta los suelos y considerando, entonces, que todas aquellas acciones que estemos realizando en los suelos van a repercutir en la capacidad de soporte, de retención de humedad, de biodiversidad, de almacenamiento de carbono en los bosques.

Demanda que “todo esto tiene que estar reflejado en los instrumentos de política pública, de tal manera que las acciones que realicemos vayan en el sentido de mejorar los servicios ecosistémicos en las regiones forestales”.

Los programas relativos a la conservación y restauración de suelos que se derivan de la política forestal han propiciado que se tenga un abanico de acciones muy reducido. Lamenta que solo contamos con un manual, donde predominan prácticas mecánicas de retención de sedimentos y no de conservación de suelos. Estas prácticas se están realizando de manera uniforme por todo el país sin importar las condiciones ecosistémicas.

Refiere que “tenemos zanjas desde Chihuahua hasta Chiapas, y sin importar que ecosistema forestal estemos interviniendo. Se están impulsando acciones por receta, como si todo el territorio tuviera las mismas condiciones edáficas y climáticas, al mismo tiempo, muchas prácticas que realizaban las comunidades para la conservación de suelos se están dejando de lado”.

La doctora Helena Cotler acusa que no se está reconociendo el conocimiento comunitario en términos del manejo forestal integral. “Más bien, se les está imponiendo cierto tipo de prácticas; asimismo, muchas comunidades se oponen a este tipo de prácticas estandarizadas y no les dan seguimiento, porque consideran que estuvo bien mientras les dieron un subsidio económico, pero que no le ven, realmente, ningún sentido”.

Con esta visión simplista de un recurso tan valioso como lo es el suelo “se está erosionando el conocimiento de las comunidades a través de la implementación de prácticas uniformes, homogeneizantes en todo el país. En vez de estar reforzando el conocimiento del ecosistema, de su integridad y conservación. Lo que se están haciendo, son prácticas sin ningún sentido”.

Detalla que, con base en datos recabados en un estudio sobre el impacto negativo de las zanjas en los suelos forestales en el Eje neo-volcánico, en suelos andosoles muy profundos y con bastante materia orgánica, la Conafor sí reconoció que eran problemáticos y en 2015 modificó las reglas de operación de sus programas para evitar la construcción de zanjas en el Eje neo-volcánico.

Pero las acciones deben ir más allá, plantea que se tiene que modificar ese manual de conservación de suelos. “No tiene que haber solo un manual, tiene que haber un abanico de prácticas en función de las condiciones ambientales y el conocimiento local de las comunidades que manejan esos ecosistemas”.

Por otra parte, señala que hay muchas iniciativas del sector privado para incidir en la restauración de los ecosistemas forestales, en las que “implementan acciones de conservación como reforestación o zanjas en las propias Áreas Naturales Protegidas, y en vez de generar mejoras en los ecosistemas, le provocan más impactos negativos. Ya nos hemos acercado con varias de estas empresas y hemos obtenido respuestas tímidas al respecto, porque siguen con este tipo de prácticas que son nocivas a la infiltración, a la captura de carbono y a la erosión de suelos”.

Comparte que junto con un grupo de investigadores se encuentra trabajando en un “índice de valoración económica de las afectaciones ambientales que generan este tipo de acciones. Recomienda que “si alguna empresa quiere invertir en acciones de conservación debería acercarse al consejo consultivo del as áreas naturales protegidas, a expertos para que les asesoren correctamente.

Retos para el manejo y conservación de los ecosistemas forestales en Latinoamérica (Casos colombiano y mexicano)











Sinopsis:

El reconocimiento de las contribuciones de las comunidades para la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de servicios ecosistémicos es esencial para reducir brechas de desigualdad social, favorecer la conservación de la biodiversidad en el largo plazo y alcanzar las metas climáticas.

En el mundo, el 61% de los bosques y selvas son de propiedad gubernamental y solo el 24 % esta bajo la titularidad o uso de comunidades.

Sin embargo, en América latina las comunidades locales y pueblos indígenas son dueñas del 32 % de los ecosistemas forestales, un porcentaje por encima de la media global y esto ha sido resultado de luchas sociales que han devuelto a las comunidades la titularidad de sus territorios.

De acuerdo con Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia, los gobiernos deben reconocer las contribuciones de las comunidades y pueblos indígenas que manejan los bosques y no obstaculizarlos, como suele ocurrir en muchas partes del mundo.

En su ponencia magistral durante el V Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (V CISEN), celebrado en Oaxaca, México, indica que, en Colombia el gobierno está apostando por un esquema de manejo integrado de los territorios forestales, con un enfoque inclusivo de las comunidades negras e indígenas.

En este escenario de postconflicto, detalla, es necesario trabajar en esquemas diversificados de intervención y gestión de los ecosistemas forestales. Los esquemas que limitan el acceso a los recursos naturales o que expulsan a las familias de sus territorios no son favorables para recobrar la paz.

En este sentido, propone que la conservación tiene que verse como una oportunidad para fortalecer la gobernanza local, a través de esquemas y categorías diferenciadas de manejo de los territorios; respetando los conocimientos y derechos de las comunidades.

Colombia tiene una tasa de deforestación de 128 mil hectáreas anuales, sin embargo, en este 2017 se espera que la deforestación alcance las 200 mil hectáreas. Este crecimiento en la degradación de los bosques, explica Biggite Baptiste, se debe a problemas de gobernabilidad, vacíos legales y de intervención para el manejo y conservación de los territorios forestales, que deberán ser abordados lo más pronto posible.

Sobrerregulación, obstáculo de comunidades mexicanas

Por su parte, Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, resalta que en México existe un limitado reconocimiento y apoyo a los esfuerzos e iniciativas de manejo sustentable y conservación de los bosques.

La especialista y socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, subraya que “un ejemplo de ello es la comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, que cuenta con todas las estrellas posibles en materia de conservación y certificación internacional de manejo forestal y tardó más de dos años en lograr que la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) le otorgara la renovación de su permiso de aprovechamiento forestal, lo cual ocasionó que cientos de familias vieran mermada su principal fuente de ingresos”. Lamenta que este tipo de casos se repite en distintas regiones del país.

Explica que “esto se debe a la terrible sobrerregulación que padecen las comunidades en materia forestal, porque deben cumplir múltiples y complejos trámites para obtener una autorización para la gestión de sus recursos forestales. En contraparte las plantaciones forestales comerciales tienen una regulación más simplificada”.

La especialista apunta que las comunidades y ejidos son dueños del 60 % de los bosques y selvas de México; y el 34 % de estos núcleos agrarios lleva a cabo importantes actividades de conservación y manejo de sus territorios algunos con un mayor grado de consolidación y otros con algunos problemas, pero todos ellos conservan estos ecosistemas y generan importantes servicios ambientales, que generalmente no les son retribuidos.

Leticia Merino comenta que “es necesario hacer una revisión profunda del modelo de país que queremos, porque el sistema actual en México es profundamente clasista y racista en detrimento de las comunidades y requerimos de mecanismos alternativos para la gestión ambiental de la tierra y el bosque”.

Plantea que “se requiere de una presencia local, informada y fortalecida para propiciar un manejo y conservación diversificado de los territorios forestales, y no a control remoto, como se hace actualmente, con políticas públicas que fomentan la centralización”.

Ejidos mayas apuestan por el control de sus selvas para el bienestar comunitario











Sinopsis:

La selva de la Península de Yucatán representa un invaluable tesoro en aspectos culturales y ambientales. Miles de vestigios arqueológicos de una cultura vigente y vitales servicios ecosistémicos proveídos al patrimonio global, son sólo algunos elementos fecundos en este territorio. A pesar de todo esto, las comunidades dueñas de estas tierras viven con altos niveles de marginación, pobreza y exclusión, y han sido despojadas, entre los subsidios mal dirigidos, los partidos políticos y las religiones que dividen, de herramientas imprescindibles como la organización, la auto-gestión y el reconocimiento del bien colectivo.

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en acuerdo con ejidos del municipio de José María Morelos, puso en marcha una estrategia para mejorar el entorno comunitario a través del impulso al manejo forestal. Esta estrategia brinda acompañamiento técnico de calidad y a través de un mecanismo financiero dota de recursos económicos y alinea recursos públicos a los ejidos para facilitar la gestión de sus selvas, considerando de manera fundamental el fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales, el avance en el proceso productivo del aprovechamiento forestal y la inclusión de jóvenes en iniciativas comunitarias de organización, manejo y transformación.

A través de este mecanismo financiero, denominado Plataforma Forestal, los ejidos participantes trabajan en el desarrollo de planes forestales ejidales en los que establecen actividades que contribuyen a retomar el control de la gestión de sus recursos forestales y territorios.

Esta Plataforma Forestal tiene sus orígenes en 2015, pero opera formalmente desde 2016, en una primera etapa en el municipio de José María Morelos, Q. Roo, con ejidos que son dueños de territorios forestales y que por diversos factores han abandonado sus planes de manejo forestal o se han insertado en un esquema “rentista” de su selva, es decir, rentan sus derechos de aprovechamiento a compradores que no tienen mayores consideraciones sobre el cuidado y manejo sostenible de la selva, la conservación de la biodiversidad, ni el desarrollo de capacidades locales en las comunidades.

Recobrar la confianza para retomar el control

Dos de los nueve ejidos de José María Morelos que participan en el mecanismo de la Plataforma Forestal, son Dziuché y Puerto Arturo, que están apostando por recobrar el control de su gestión forestal.

En el ejido Dziuché contaban con un Plan de Manejo Forestal que estaba autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin embargo, la complejidad de los trámites y requisitos que se requieren completar desmotivó a la comunidad y la asamblea ejidal decidió abandonar las actividades del aprovechamiento.

Luego de casi diez años de inactividad del aprovechamiento forestal, el ejido decidió participar en la Plataforma Forestal, mecanismo desarrollado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, para promover en los ejidos el retomar el control en la gestión de sus recursos naturales. En este 2017, Dziuché estableció su oficina forestal ejidal, conformó un expediente con toda la documentación legal del ejido y de su plan forestal, comenzó la operación de controles administrativos y de inventarios de volúmenes de madera y facilitó la participación de jóvenes del ejido en las actividades de la operación forestal.

“Se está trabajando también en asambleas ejidales con rendición de cuentas, que fomenten la transparencia, para recuperar la confianza de los ejidatarios y que vean que el aprovechamiento forestal es una buena oportunidad para generar ingresos y empleos”, explica Alberto Burgos Mendoza, actual presidente del comisariado ejidal de Dziuché.

Añade que “lo importante no es que vendamos la madera en pie, sino que la propia gente del ejido haga los trabajos del aprovechamiento y que después le demos más valor aserrando la madera”.

Para la reactivación del plan de manejo forestal, el ejido se apoya en un grupo de jóvenes del mismo ejido que “han ayudado bastante en la conformación de la oficina forestal y en la formalización de los controles”, ellos llevan a cabo la administración de las salidas de madera, ayudan al comisariado en el llenado de las remisiones forestales y llevan un inventario.

Junto con los técnicos forestales, “los jóvenes colaboran en las labores de monteo, hacen un inventario de todos los árboles que hay en la zona que se está aprovechando y marcan los que se van a tumbar”.

En este primer año en que se retomaron las actividades de aprovechamiento forestal en Dziuché “tuvimos que vender la madera en pie. Como no teníamos capital en el ejido para empezar con las labores, que en promedio son de unos 200 mil pesos, que se utilizan para las brechas del área, el monteo, el mantenimiento del camino, la renta de la maquinaria para el arrastre, el combustible, entre otras cosas”, refiere el presidente del comisariado ejidal.

Plantea que algunos ejidos prefieren recibir el pago de derecho de monte, por poco que este sea, sin la necesidad de hacer actividades en el bosque, , “varios de ellos  están contentos de seguir vendiendo en pie y recibir sus dos o tres mil pesos al año, pero no se trata de eso; se trata de que el ejido haga todos los trabajos de aprovechamiento, que todos esos empleos que se generan sean para los miembros del ejido, y para que más jóvenes y mujeres se involucren”.

En el ejido no hay muchas oportunidades laborales, los jóvenes tienen que salir de la comunidad en busca de trabajo o para continuar con sus estudios, y aunque vayan a escuelas públicas sus familias no pueden costeárselos, ya que, “en promedio, en un día de escuela se gastan cien pesos en transporte, alimentos y materiales para las clases; y de dónde sacará esa familia ese dinero si no tiene trabajo”, cuestiona.

El ejido acaba de renovar el contrato de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con la Conafor para la conservación de una superficie de 3 mil hectáreas por un periodo de 5 años, cuyos recursos se repartirán entre los 473 ejidatarios. “Estos recursos también sirven, pero no se desarrollan proyectos que generen más ingresos”, apunta Burgos Mendoza. Actualmente, la asamblea del ejido Dziuché discute el destinar el 40 por ciento del PSA para comprar un tractor de uso común que les permita hacer el arrastre de su madera en el área con aprovechamiento forestal.

Más allá de las ganancias, una empresa forestal comunitaria se valora por los empleos que genera para la comunidad y el mantenimiento que le da al bosque. “Es una lástima que no contemos ni con un tractor, que la gente, para hacer sus milpas, tengan que contratar a alguien para que les barbeche la tierra. No nos hemos podido poner de acuerdo para adquirir el tractor y que el dinero que se gasta en renta de maquinaria para la agricultura o las actividades del aprovechamiento forestal se quedaran en el propio ejido”, reprocha Alberto Burgos.

El plan de manejo y aprovechamiento forestal de Dziuché contempla 5 mil hectáreas de selva, de las cuales pueden aprovechar superficies de 500 hectáreas cada dos años. “Tenemos la intención de hacer una modificación al plan de manejo para que se aprovechen 250 hectáreas cada año, y así no tener que parar por completo durante todo un año las actividades del aprovechamiento. La intención es que la gente no pierda interés, que sigamos especializándonos y que nosotros, como ejido, hagamos esta labor de conservación activa del bosque” detalla.

Nuestro monte, lleno de especies de flora y fauna, es como un banco que no hemos querido aprovechar adecuadamente, tenemos un enorme potencial y aunque no tenemos caoba, tenemos otras especies con buen mercado, los compradores vienen al ejido a buscar la madera, no hay ni necesidad de salir a buscar mercados.

En su permiso de aprovechamiento cuentan con volúmenes de especies como el ciricote, tzalam, chakte viga, chacaj rojo, zapote, chechen, entre otras. Y luego de los procesos de aprovechamiento realizan reforestaciones en las que introducen especies como la caoba, el cedro y el ramón. Hay que mejorar el bosque con especies de mayor valor comercial que puedan seguir manejando las futuras generaciones, como los hijos de estos jóvenes que se están incorporando a las tareas del aprovechamiento”.

Diversificación productiva a buen puerto

Por su parte, el ejido Puerto Arturo, también del municipio de José María Morelos, lleva alrededor de una década aprovechando su selva, pero únicamente extrayendo palizada, es decir árboles de diámetros pequeños, menores a 20 centímetros. Estos palos se utilizan para la construcción de palapas o como tutores para actividades de producción agrícola.

El ejido comercializa 20 mil piezas de palizada por año. “Estos diámetros menores son muy comunes en nuestro monte porque son zonas de cobertura que hace 20 o 30 años eran zonas de cultivo agrícola. Antes, la gente sembraba en un lado y al siguiente año tiraba monte en otro lado y movía sus cultivos de acá para allá”, comenta Luis Contreras, presidente del comisariado ejidal de Puerto Arturo.

Este tipo de vegetación secundaria denominada en la región como guamiles, tiene mucho potencial puesto que es muy usada por los desarrollos turísticos de todo el Caribe. Además de la palizada se podrían ocupar las puntas y ramas para hacer carbón vegetal, con lo cual se generarían más empleos e ingresos para todos los miembros del ejido.

Así como Dziuché, el ejido Puerto Arturo participa en el mecanismo de la Plataforma Forestal desde hace dos años, en el primer año fortalecieron su organización interna con mejoras en sus asambleas ejidales y la instalación de su oficina forestal. Además de la conformación de un fondo ejidal forestal, de un peso por un peso, para re-invertir en el proyecto forestal. Al igual que en Dziuché, un grupo de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participa en las labores de la gestión administrativa del aprovechamiento forestal ejidal.

El presidente del comisariado explica que el desinterés que tenía el ejido en el manejo de su selva se debe, en parte, a que es un ejido con una intensa producción agrícola, gracias a las condiciones del suelo del ejido, y a que cuentan con sistemas de riego, producen cacahuate, sandía, pepino, maíz, calabaza, limón, naranja, entre otros cultivos. “En temporada de cosecha los coches no pueden pasar porque la gente utiliza la carretera como patio de secado, esto da trabajo a muchas personas del ejido y los alrededores”, resalta.

Sin embargo, desde que Luis tomó el cargo de comisariado ejidal, ha promovido la activción del aprovechamiento forestal, “porque pueden generarse más empleos y recursos para el desarrollo del ejido. Por lo pronto, lo que ya hicimos es construir una casa ejidal de cemento y con loza, porque era una palapa abierta y no había suficientes condiciones para desarrollar las asambleas”.

“Aunque en este 2017 es el primer año que comenzamos a aprovechar el bosque con diámetros mayores, ya no solo palizada, los mismos ejidatarios ya vieron que se generaron empleos por la apertura de caminos y carriles de arrastre de la madera. La meta es que podamos avanzar a la transformación de la madera en rollo a tablas”, comenta Francisco Javier Pat Cel, miembro del consejo de vigilancia del ejido Puerto Arturo.

Explica que en Puerto Arturo “el monte está parcelado internamente, y dependiendo de dónde sea el área de aprovechamiento en cada anualidad y dependiendo de la persona que sea dueña del predio, se llevan a cabo los trabajos. Si el dueño del terreno está interesado en participar en los trabajos del aprovechamiento puede hacerlo y recibe ingresos por su trabajo y su madera, además se le da una cuota de derechos al ejido porque lo que se aprovecha en cada terreno”.

Las utilidades obtenidas por la venta de la madera se dividen, una parte para el dueño del terreno y otra parte para el ejido. Asimismo, con la venta de la madera se pagan los jornales y los gastos originados durante los trabajos de corta y reforestación.

El ejido Puerto Arturo tiene una superficie de 8 mil 400 hectáreas, de las cuales 2,500 están consideradas en su plan de manejo forestal. Otras 3 mil 600 se incorporaron al programa de Pago por Servicios Ambientales, “aunque no tengamos servicios ambientales, el propio ejido ha destinado un área a la conservación voluntaria y está certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)”, resalta Francisco Pat.

El comisariado ejidal subraya la importancia de la selva, “no solo para la producción de madera, sino para la conservación de los animales, para los apicultores y para toda la gente que dependemos de ella”.

Sobre la importancia del manejo forestal comunitario para garantizar el agua que todos necesitamos

importancia del manejo forestal comunitario para garantizar el agua-pago por servicios ambientales mexico










Sinopsis:

importancia del manejo forestal comunitario para garantizar el agua-pago por servicios ambientales mexico

El futuro del agua está mucho más relacionado a los bosques de lo que la mayoría pensamos. Los árboles, son íntimos promotores de una serie de beneficios relacionados a su conservación y mejoramiento. Al mismo tiempo, quienes habitan territorios forestales, poseen los conocimientos y capacidades para hacerla más perdurable.

En un planeta donde poco más del 97% del agua es salada –y por tanto el agua dulce representa un recurso limitado–, el  manejo adecuado de servicios ambientales hidrológicos es prioritario. Especialistas alrededor del mundo coinciden que, será el agua, particularmente su ciclo hidrológico, el más afectado por el cambio climático y el más inmediato. Incluso la UNESCO estima que para el año 2030, la población mundial crecerá a un número tal, que padecerá un déficit del 40% de agua. De manera que la conservación de este recurso –”el desafío del siglo”– debería comenzar a tomar importancia, especialmente en las estrategias para aprovecharla de forma sustentable.

Partiendo de este inquietud, resulta pertinente que los países reconozcan al bosque y a sus comunidades como una estrategia, no solo para retrasar los efectos del cambio climático, también para conservar en buen estado los acuíferos y las cuencas hidrológicas de las naciones.

En México, se han detectado 37 regiones hidrológicas en todo el territorio. 31 de ellas (84%) son consideradas Reservas Potenciales de Agua (RPA). Esto quiere decir que un 84% de los ecosistemas acuíferos mexicanos se consideran de alto valor, y por ello han sido destinados a reservas nacionales. Un aspecto sorprendente es que más de la mitad de ellas se encuentran en terrenos de propiedad social; territorios donde comunidades y ejidos han mejorado los servicios ambientales, y cuya presencia de estos últimos se considera clave para la alimentación, desarrollo y, a grandes rasgos, bienestar social de los pueblos indígenas y locales.

importancia del manejo forestal comunitario para garantizar el agua

Por todo esto, mejorar resultados en el manejo sostenible de las cuencas, ya no es cuestionable. Sin embargo, para lograrlo, se necesita alejarse cada vez más de esquemas prohibitivos en territorios de propiedad social. Diversos estudios sugieren que el buen manejo de estos paisajes está íntimamente relacionado a regulaciones más participativas y empáticas con las necesidades de las comunidades; con mecanismos que incentiven a los pueblos a procurar su entorno –por ejemplo, los pagos por servicios ambientales hidrológicos operados en la Cuenca Amanalco, donde se paga por un buen manejo del territorio, y no solo por el hecho de reforestar el paisaje– y con la creación de estrategias de conservación de paisajes completos –agricultura, ganadería y silvicultura comunitaria–.

La estrecha relación entre bosque, agua y manejo comunitario, se evidencia aún más cuando se habla  de beneficios ambientales específicos. Por ejemplo, filtración y provisión de agua en calidad, regulación de flujos pluviales que corren rápidamente aguas abajo, conservación de manantiales, reducción del riesgo de inundaciones, o regulación de la erosión del suelo. La presencia de estos servicios hidrológicos en el bosque, ha sido también sustancial para la generación de otro tipo de servicios, como son los de regulación (de clima, de aire y agua), suministro (de alimentos y agua potable) y culturales.

archivo ccmss- cuenca amanalco valle de bravo

Un buen manejo forestal sustentable permite construir un paisaje hidrológico saludable. Con abastecimiento de agua limpia y una tierra rica en nutrientes. Los ecosistemas hidrológicos son responsables de proporcionar agua a las comunidades, pero también a ciudades aledañas –como es el caso de la Cuenca Amanalco, que abastece más del 15% del agua que consume la Ciudad de México–. Y dado que la mayor cantidad de estás aguas no habitan en ríos y lagos sino en el subsuelo, los resultados de un bosque y suelo sano afectan directamente la calidad de estos servicios.

Hay que reconocer que a estas alturas, el fluir del agua ya no depende solo de causas naturales, sino de su buen manejo comunitario y sostenible.

*Fotografías: 1) Dominio Público; 2) globalcreativa – flickr / Creative Commons 3) Cuenca Amanalco, archivo CCMSS

Datos fundamentales de la propiedad social en México

atlas propiedad social en mexico










Sinopsis:

 

Mucho se ha dicho sobre la importancia que han tenido los bosques mexicanos para la conservación de su biodiversidad, una de las más ricas del planeta. Se sabe que poco más de la mitad del territorio corresponde a áreas forestales, y que de estas, el 80% se encuentra bajo un régimen de propiedad social. Estos datos evidencian una premisa expuesta en las agendas ambientales globales: los bosques son de quienes los cuidan y trabajan.

Numerosas investigaciones advierten una problemática que ocurre de manera frecuente, a propósito de esta sentencia. Y es que la tenencia de la tierra no encuentre un lugar en las métricas para generar regulaciones forestales. En México, la normatividad forestal es difusa con respecto a los derechos a la tierra y, por tanto, el aprovechamiento y buen manejo de los recursos naturales se vuelve un gran reto para las comunidades forestales. Los dueños de los bosques se enfrentan a regulaciones complicadas, pero también a programas inoportunos para generar desarrollo sustentable, que básicamente se apoyan del “no hacer” en el bosque.

La productividad, manejo y mejora de los recursos que provee el sector forestal ha sido desde siempre la labor de las comunidades indígenas y locales. De su labor colectiva se desprende el potencial que pueden o no tener los servicios ambientales. Lo anterior ha sido confirmado por diversos estudios. El más concreto es el Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México, realizado por el Registro Agrario Nacional (RAN), en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA por sus siglas en inglés).

 

Este dinámico Atlas ofrece un panorama estadístico y visual sobre la importancia de la tierra como motor de desarrollo económico, y su impacto en la mejora de los servicios ambientales. Con el fin de ilustrarte cuantitativamente qué significa la propiedad social para un país forestal como México, compartimos en breve una lista derivadas del Atlas; 10 datos fundamentales sobre la importancia de la propiedad social en este país:

1. Siendo uno de los 15 países más extensos del Mundo, México cuenta con 26 millones de personas pertenecientes a la comunidad rural. Si esta población formara otro país, se encontraría entre las 50 más pobladas del planeta, lo que nos da una idea de la magnitud de las necesidades rurales que los recursos naturales deben cubrir.

2. La propiedad social se compone de diversos núcleos agrarios, y a su vez por dos regímenes importantes: el ejido y la comunidad. El hecho de que más de la mitad de la superficie mexicana se encuentre distribuida en unos 30,000 ejidos, hace de la tenencia de la tierra un  modelo único en el mundo.

3. Actualmente existen 29,441 ejidos y 2,344 comunidades en el territorio nacional (un 53 % de la superficie total del país, que bien podría formar un país de la extinción de Bolivia o Egipto).

4. Resulta interesante recordar que las zonas con más biodiversidad del mundo concentran el mayor número de lenguas indígenas. En México existen hablantes de 11 familias lingüísticas indoamericanas, de las cuales 10 se encuentran dentro de la propiedad social del país.

5. Existen 11,107 núcleos agrarios forestales a nivel nacional.

6. 124 de estos núcleos se consideran de alto potencial en cuanto a servicios ambientales refiere.

7. Este hecho demanda a la política pública, una capacitación, asesoría y financiamiento más comprometidos con la gestión de sus recursos.

8. La Península de Yucatán es la más fértil en cuanto a servicios ambientales en calidad “prioritaria” refiere (un 43% de la suma total de los NA). Dichos núcleos agrarios son considerados prácticamente forestales (91 % de ellos).

9. El manejo efectivo de los núcleos agrarios forestales, tiene gran impacto por su potencial para contribuir a la conservación de la biodiversidad, la retención y captura de carbono (asociado al cambio climático) y la regulación de condiciones hidrológicas en cuencas.

10. México es uno de los países más megadiversos del planeta con un territorio agropecuario también extenso. En este sentido, el manejo sustentable, las estrategias para el desarrollo rural y la conservación resultan de importancia crucial para su buen desarrollo.

 

Lee aquí el Atlas de la propiedad social completo. 

 

*Imágenes: 1) Atlas de la propiedad social en México; 2) Nacho Doce/Reuters

PRONUNCIAMIENTO PARA EXIGIR UN PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY FORESTAL!

firma_pronunciamiento_leyforestal










Sinopsis:

 

Un grupo amplio de comunidades y organizaciones que trabajamos en torno al manejo sustentable de los bosques, y que participamos en instancias tales como el Consejo Nacional Forestal, varios Consejos Estatales Forestales, Comités de Recursos Naturales y Uniones Regionales estamos preocupados porque legisladores del Partido Verde y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pretenden aprobar en este periodo de sesiones una iniciativa de Ley Forestal que no resuelve los problemas que enfrentamos en el sector y que no incorpora ninguna de las propuestas que se han hecho por diversas organizaciones.

Quienes hacemos este pronunciamiento estamos solicitando que no se apruebe el actual borrador de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que se abra una discusión en la que participemos comunidades forestales, academia, organizaciones civiles y todos los interesados.

El martes 7 de febrero entregaremos a legisladores y funcionarios del sector el Pronunciamiento, nos daría mucho gusto contar con su respaldo en esta petición.

PRONUNCIAMIENTO

A los Legisladores del H. Congreso de la Unión

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al Director General de la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR

Al Consejo Nacional Forestal y sus miembros

A los consejos estatales forestales

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A las Organizaciones Indígenas y Campesinas

A las Organizaciones de la Sociedad Civil

A la Opinión Pública en General

 

Un grupo amplio y plural de organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil; de académicos; técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo forestal sustentable y las comunidades forestales, expresamos nuestra preocupación por los contenidos y el procedimiento que se sigue en la H. Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de septiembre de 2016.

Al respecto señalamos que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo. También destacamos que en las regiones forestales la actividad de silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad.

Consideramos necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, esa reforma debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

Cabe destacar que en la legislatura pasada fue generada una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, producto de amplios análisis y propuestas llevadas a cabo por el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y aprobadas por el mismo, así como procesada en diferentes foros, la cual no fue dictaminada.

El 20 de septiembre pasado el Partido Verde Ecologista de México presentó una nueva iniciativa que, de aprobarse, abrogaría la ley actual; esta iniciativa omite la gran mayoría de los aportes y consensos alcanzados en los trabajos y consultas mencionadas anteriormente; es decir, no es producto de un proceso amplio de participación y discusión.

Desde la fecha en que se presentó la Iniciativa no se ha realizado un solo foro público de discusión al respecto ni se ha proporcionado información sobre su proceso de dictamen, a pesar de solicitudes de diversas organizaciones y particularmente del Comité de Legislación del CONAF, que es el órgano establecido por la Ley como el espacio de consulta y participación especializado para conocer y opinar sobre proyectos de tan alta importancia.

Este Comité solicitó al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H Cámara de Diputados (COMARNAT), el 27 de octubre de 2016, incorporar las propuestas aprobadas por el pleno del CONAF y abrir un proceso amplio y plural de discusión y concertación. A la fecha la Comisión no ha dado respuesta a las solicitudes ni ha integrado las propuestas del Comité del CONAF ni de las organizaciones de la sociedad al proyecto legislativo.

Consideramos que el dictamen de la iniciativa debe seguir un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permita a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles.

En cuanto a los contenidos de la Iniciativa, identificamos cuatro problemas principales: a) un enfoque que deja de lado la prioridad del fomento al manejo forestal sustentable en manos de las comunidades; b) el riesgo de regresividad en materia de derechos de indígenas y campesinos relativos a los servicios ambientales; c) falta de alineación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y otros procesos legislativos, como las iniciativas de ley en materia de aguas y biodiversidad y; d) ausencia de numerosos cambios propuestos por el CONAF y otros actores: mejora regulatoria; promoción de la legalidad y transparencia; promoción de la competitividad; arquitectura institucional; descentralización y mejora de los servicios técnicos, entre otros aspectos importantes. Sin estos elementos la reforma propuesta tiene escaso sentido y resulta contraproducente.

El pueblo de México ha perdido en buena parte la confianza en los legisladores y servidores públicos, precisamente por la frecuencia de este tipo de procesos poco incluyentes; la sociedad está indignada de que se legisle a sus espaldas y sin consultar ni pedir opinión a los sectores interesados y a los directamente afectados o que no sean tomadas en cuenta sus propuestas. El caso de la ley forestal no es aislado y este tratamiento se ha convertido en un patrón inaceptable que debe evitarse en beneficio de la restauración de una convivencia social y política debilitada y dañada, particularmente en una coyuntura de grandes riesgos frente al cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y de los servidores públicos del sector ambiental para no pasar por alto la necesidad de un proceso público e incluyente para reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y proponemos una convocatoria conjunta del H. Congreso de la Unión; el poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada a este mismo proceso.

Atentamente

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF; Reforestamos México; Centro Mexicano de derecho Ambiental, CEMDA; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO.

FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO 

SI TE PARECE RAZONABLE SUSCRIBIR NUESTROS PLANTEAMIENTOS, ENVÍA TU SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CORREO: gsuarez@ccmss.org.mx

PREFERENTEMENTE ANTES DEL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2017

 

(Actualización al 10 de febrero de 2017)

Pagos por servicios ambientales en la Ciudad de México: insuficientes y mal comunicados











Sinopsis:

Ajusco, por Pulpolux con licencia Creative CommonsLa Ciudad de México, aunque desde el mapa parece una sola mancha gris, tiene una enorme superficie forestal y rural. Esta área, llamada “suelo de conservación”, es crucial para el bienestar de la urbe, porque regula los cauces de agua y evita inundaciones, porque provee de agua potable a quienes habitan el Distrito Federal y ofrece un espacio de recreación. Sin embargo, está permanentemente amenazada por el descuido de sus bosques y por los asentamientos irregulares. Hablamos con Lucía Almeida Leñero, del Laboratorio de Ecosistemas de Montaña de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que dirigió una investigación sobre el tema que acaba de publicarse en la revista Land Use Policy.

(más…)