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Presentan organizaciones mayas una plataforma de comercialización de productos comunitarios











Sinopsis:

Playa del Carmen, Q. R.- El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en colaboración con las cooperativas Carbón de Leña Verde y Usaec apicultores, presentaron este 30 de noviembre en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Plataforma de Cooperación Comercial (Placco), iniciativa que crea vínculos comerciales entre organizaciones comunitarias y la industria turística de la Riviera Maya y Cancún, a fin de promover que las familias campesinas que habitan regiones forestales de la Península de Yucatán obtengan mayores beneficios por sus productos.

Con esta iniciativa, el CCMSS y las cooperativas Caleña y Usaec dieron a conocer el lanzamiento de un centro de distribución (Cedis) ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, el cual ya está operando para abastecer a los hoteles y restaurantes de la Riviera Maya de carbón vegetal, miel multifloral y madera, provenientes de selvas legalmente aprovechadas en los municipios de José María Morelos, Quintana Roo, y Calakmul, Campeche.

Los participantes explicaron que a través de la Placco se tejerán alianzas entre las organizaciones comunitarias y el sector privado, a fin de ofrecer productos competitivos y rentables y mejorar los beneficios que los productores campesinos perciben por la venta de sus productos.

“Con la apertura del centro de distribución y la presentación de la Plataforma de Cooperación Comercial buscamos promover y difundir el valor de la producción comunitaria y su impacto en las economías locales y el patrimonio natural del país. Los hoteles, restaurantes y consumidores finales que adquieran la miel, el carbón o la madera ofertada mediante la Placco pueden tener la certeza de que su compra hará la diferencia, no sólo porque contribuirá de manera directa al buen vivir de la gente, sino también porque contribuye al manejo sostenible de las selvas de la Península de Yucatán”, afirmó Sara Cuervo, coordinadora de la oficina del CCMSS en la Península de Yucatán.

“Hay pocas experiencias de este tipo, en las que las comunidades que son dueñas de las selvas se organizan para llegar hasta los consumidores finales con sus productos, y con ello cambiar el escenario de inequidad definido por la lógica del mercado. El manejo y cuidado de las selvas implica acciones en campo para su mantenimiento y conservación, como las reforestaciones, por ejemplo; además, implica procesos locales para la toma de decisiones y el cumplimento de acuerdos, y la habilidad de que sus dueños, o sea las comunidades y ejidos, vivan dignamente del control de sus territorios y sus recursos naturales”, destacó Sergio Madrid, director del CCMSS.

“En repetidas ocasiones se ha escuchado de esfuerzos emprendidos en el estado de Quintana Roo para generar vínculos entre la industria turística y las organizaciones rurales sin resultados visibles. Sin embargo, el crecimiento constante del desarrollo turístico en Quintana Roo conlleva al consumo de una gran variedad de productos, lo que representa una oportunidad grandiosa para los productores locales, si existiesen los estímulos para incentivar al sector privado.”

Añadió que, además de iniciativas como esta Plataforma, se requiere el desarrollo de políticas públicas que estimulen este tipo de sinergias. La experiencia del CCMSS en Playa del Carmen y en la Península es un caso de éxito que nos ha dado muy buenos aprendizajes que pueden ser aprovechados por las instituciones gubernamentales y otras organizaciones”.

También estuvo presente en el lanzamiento Anastacio Oliveros, presidente de la cooperativa Usaec, quien explicó que la miel multifloral que se comercializa a través de esta Plataforma proviene de una producción orgánica y de un manejo sostenible de aproximadamente 7,500 hectáreas de tierra.

Indicó que para que la apicultura se desarrolle bien es necesario conservar las selvas y mantener una agricultura de bajo impacto, como la milpa o los huertos familiares. Dice que el emprendimiento comercial de Usaec Apicultores es la distribución de miel de alta calidad en presentaciones de 1 onza, 350 gr, 1 kg, garrafas de 5 y 7 kg y cubetas de 25 kg bajo la marca “Reselva”.

Por parte de Caleña, Nicolás May, coordinador de producción de esta cooperativa, explicó que el carbón que ofertan bajo la marca “El brasero del Oriente”, tiene un origen legal y se procesa siguiendo principios de inclusión social: en Caleña son socios y trabajan jóvenes, no ejidatarios y mujeres del ejido donde surge la Cooperativa.

Comentó que este ejido cuenta con un programa de manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de 627 hectáreas de selva, el cual cuenta con la autorización de la Semarnat y cuya aplicación asegura no sólo la conservación del monte sino también su mejoramiento, pues para la producción de carbón seleccionan los árboles muertos, enfermos o aquellos que se quedaron suprimidos, y además todos los años hacen reforestaciones y revisan cómo vienen la regeneración de estas áreas. Mencionó que Caleña vende carbón en presentaciones de 3 y 18 kg, y que un colectivo de nueve mujeres del ejido se encarga del proceso de clasificación y envasado.

Los organizadores del evento de lanzamiento de la Plataforma de Cooperación Comercial dieron las gracias al hotel Paradisus de Playa del Carmen, por facilitar el espacio para celebrar el evento y formalizar públicamente su intención de compra de la miel y el carbón ofertados a través de la Plataforma.

Las cooperativas que hoy día están haciendo el lanzamiento de la Placco tienen ya acuerdos comerciales con el hotel Rosewodd Mayakoba y el corporativo Grupo Karisma, además de los restaurantes Ipanema’s y Harrys Grill. Además, hay más de seis corporativos hoteleros y cafés en los que se han presentado propuestas comerciales.

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Galería 

Información adicional:

Para mayor información sobre esta iniciativa escribir a ventas@ccmss.org.mx

Para más información contactar a Cecilia Navarro, en el correo bcecilia.navarro@gmail.com o el tel. 55 54540678.

Quienes somos:

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociación civil no lucrativa formada por personas y organizaciones; lleva 24 años trabajando directamente en campo con comunidades de diversos estados del país para impulsar el manejo forestal comunitario. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones de vida y de participación de las comunidades rurales que viven en regiones forestales.

USAEC SC de RL de CV es una organización de 51 apicultores (40 hombres y 11 mujeres) con presencia en 9 comunidades del municipio de Calakmul, Campeche (Álvaro Obregón, Conhuás, El Refugio, Km. 120, La Virgencita de la Candelaria, Manuel Castilla Brito, Nuevo Becal, Puebla de Morelia y Xpujil). Destinan 7,406 hectáreas de sus tierras a la apicultura. Cuenta con un fondo revolvente propio y una línea de crédito multianual para el acopio de miel. A finales de 2016, 36% de los socios de USAEC ingresaron al padrón de producción de miel orgánica y para el 2017 esta cifra aumentó al 80%. El emprendimiento comercial de USAEC es la distribución de miel de alta calidad en presentaciones de 30 gr, 1 kg y cubetas de 25 kg.

U Lool Che SC de RL de CV, es una organización integrada por 115 apicultores con presencia en 21 comunidades de los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Destinan 14,813 hectáreas a la actividad apícola. Cuenta con un fondo revolvente propio y una línea de crédito para operar durante la temporada de acopio. A finales de 2016, 40% de sus agremiados ingresaron al padrón de producción orgánica y en 2017 esta cifra aumentó a un 60%. Tiene la capacidad de acopiar 145 toneladas de miel de alta calidad. En 2107 U Lool Che ha puesto en marcha la operación de un taller de estampado de cera para proveer de esta materia prima a sus socios. Este taller es operado por hombres y mujeres jóvenes que han encontrado en esta actividad una alternativa de trabajo y de crecimiento personal, considerando que el destino de los jóvenes en la región es la de salir de sus comunidades para buscar el sustento.

Carbón de Leña Verde SC de RL de CV, Caleña, es una organización de 24 productores ejidatarios del ejido San Felipe Oriente, de José María Morelos, Quintana Roo (15 hombres y 9 mujeres). El ejido cuenta con un programa de manejo forestal especial para el aprovechamiento de leña y producción de carbón vegetal, y lleva a cabo todos los procedimientos requeridos por la autoridad ambiental para asegurar la sostenibilidad ambiental de su proceso. Además de la producción de carbón, la organización hace reforestaciones anuales y lleva a cabo actividades de monitoreo de la regeneración de las áreas de selva intervenidas. En esta cooperativa participa un colectivo de nueve mujeres que asisten el proceso de envasado del carbón vegetal en presentaciones de 3 kg y 18 kg bajo la marca comercial “El Brasero del Oriente”.

En Playa de Carmen opera un centro de distribución de productos comunitarios de la selva

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Sinopsis:

Este 30 de noviembre, ejidos y organizaciones sociales en coordinación con la oficina del CCMSS en Península de Yucatán, presentarán en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Plataforma de Cooperación Comercial (PLACCO) que busca vincular la producción local comunitaria  con la demanda de la industria turística de la Riviera Maya y Cancún. Esta Plataforma promueve y facilita mejores arreglos comerciales y el fortalecimiento de los emprendimientos campesinos de Quintana Roo.

Al lanzamiento de esta plataforma asistirán representantes de las cooperativas rurales Carbón de Leña Verde (Caleña) y Union de Sociedades Apícolas Ecológicas de Calakmul (Usaec), del CCMSS, el secretario de ecología y medio ambiente del gobierno del estado, Alfredo Arellano Guillermo, representantes del sector turismo y de la industria hotelera y restaurantera, entre otros.

El evento se llevará a cabo el 30 de noviembre de 2017, entre las 16:00 y 17:30 horas, en el Hotel Paradisus de Playa del Carmen, Quintana Roo (5a Avenida, esquina calle 112).

La plataforma contará con un centro de distribución ubicado en Playa del Carmen, para los productos obtenidos del manejo sustentable de las selvas de Quintana Roo y Campeche, por parte de comunidades y ejidos.

Las organizaciones rurales que participan inicialmente en la plataforma de cooperación comercial son:

USAEC SC de RL de CV es una organización de 51 apicultores (40 hombres y 11 mujeres) con presencia en 9 comunidades del municipio de Calakmul, Campeche. Destinan 7,406 hectáreas de sus tierras a la apicultura. Cuenta con un fondo revolvente propio y una línea de crédito multianual para el acopio de miel. A finales de 2016, 36% de los socios de USAEC ingresaron al padrón de producción de miel orgánica y para el 2017 esta cifra aumentó al 80%. El emprendimiento comercial de USAEC es la distribución de miel de alta calidad en presentaciones de 30 gr, 1 kg y cubetas de 25 kg.

Carbón de Leña Verde SC de RL de CV, Caleña, es una organización de 15 productores ejidatarios del ejido San Felipe Oriente, de José María Morelos, Quintana Roo. El ejido cuenta con un programa de manejo forestal especial para el aprovechamiento de leña y producción de carbón vegetal, y lleva a cabo todos los procedimientos requeridos por la autoridad ambiental para asegurar la sostenibilidad ambiental de su proceso. Además de la producción de carbón, la organización hace reforestaciones anuales y lleva a cabo actividades de monitoreo de la regeneración de las áreas de selva intervenidas. En esta cooperativa participa un colectivo de nueve mujeres que asisten el proceso de envasado del carbón vegetal en presentaciones de 3 kg y 18 kg bajo la marca comercial “El Brasero del Oriente”.

Para mayor información sobre el lanzamiento de la plataforma o sobre cómo acceder a los productos elaborados por las comunidades, escribir a: ventas@ccmss.org.mx

Ejidos mayas apuestan por el control de sus selvas para el bienestar comunitario











Sinopsis:

La selva de la Península de Yucatán representa un invaluable tesoro en aspectos culturales y ambientales. Miles de vestigios arqueológicos de una cultura vigente y vitales servicios ecosistémicos proveídos al patrimonio global, son sólo algunos elementos fecundos en este territorio. A pesar de todo esto, las comunidades dueñas de estas tierras viven con altos niveles de marginación, pobreza y exclusión, y han sido despojadas, entre los subsidios mal dirigidos, los partidos políticos y las religiones que dividen, de herramientas imprescindibles como la organización, la auto-gestión y el reconocimiento del bien colectivo.

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, en acuerdo con ejidos del municipio de José María Morelos, puso en marcha una estrategia para mejorar el entorno comunitario a través del impulso al manejo forestal. Esta estrategia brinda acompañamiento técnico de calidad y a través de un mecanismo financiero dota de recursos económicos y alinea recursos públicos a los ejidos para facilitar la gestión de sus selvas, considerando de manera fundamental el fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales, el avance en el proceso productivo del aprovechamiento forestal y la inclusión de jóvenes en iniciativas comunitarias de organización, manejo y transformación.

A través de este mecanismo financiero, denominado Plataforma Forestal, los ejidos participantes trabajan en el desarrollo de planes forestales ejidales en los que establecen actividades que contribuyen a retomar el control de la gestión de sus recursos forestales y territorios.

Esta Plataforma Forestal tiene sus orígenes en 2015, pero opera formalmente desde 2016, en una primera etapa en el municipio de José María Morelos, Q. Roo, con ejidos que son dueños de territorios forestales y que por diversos factores han abandonado sus planes de manejo forestal o se han insertado en un esquema “rentista” de su selva, es decir, rentan sus derechos de aprovechamiento a compradores que no tienen mayores consideraciones sobre el cuidado y manejo sostenible de la selva, la conservación de la biodiversidad, ni el desarrollo de capacidades locales en las comunidades.

Recobrar la confianza para retomar el control

Dos de los nueve ejidos de José María Morelos que participan en el mecanismo de la Plataforma Forestal, son Dziuché y Puerto Arturo, que están apostando por recobrar el control de su gestión forestal.

En el ejido Dziuché contaban con un Plan de Manejo Forestal que estaba autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin embargo, la complejidad de los trámites y requisitos que se requieren completar desmotivó a la comunidad y la asamblea ejidal decidió abandonar las actividades del aprovechamiento.

Luego de casi diez años de inactividad del aprovechamiento forestal, el ejido decidió participar en la Plataforma Forestal, mecanismo desarrollado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, para promover en los ejidos el retomar el control en la gestión de sus recursos naturales. En este 2017, Dziuché estableció su oficina forestal ejidal, conformó un expediente con toda la documentación legal del ejido y de su plan forestal, comenzó la operación de controles administrativos y de inventarios de volúmenes de madera y facilitó la participación de jóvenes del ejido en las actividades de la operación forestal.

“Se está trabajando también en asambleas ejidales con rendición de cuentas, que fomenten la transparencia, para recuperar la confianza de los ejidatarios y que vean que el aprovechamiento forestal es una buena oportunidad para generar ingresos y empleos”, explica Alberto Burgos Mendoza, actual presidente del comisariado ejidal de Dziuché.

Añade que “lo importante no es que vendamos la madera en pie, sino que la propia gente del ejido haga los trabajos del aprovechamiento y que después le demos más valor aserrando la madera”.

Para la reactivación del plan de manejo forestal, el ejido se apoya en un grupo de jóvenes del mismo ejido que “han ayudado bastante en la conformación de la oficina forestal y en la formalización de los controles”, ellos llevan a cabo la administración de las salidas de madera, ayudan al comisariado en el llenado de las remisiones forestales y llevan un inventario.

Junto con los técnicos forestales, “los jóvenes colaboran en las labores de monteo, hacen un inventario de todos los árboles que hay en la zona que se está aprovechando y marcan los que se van a tumbar”.

En este primer año en que se retomaron las actividades de aprovechamiento forestal en Dziuché “tuvimos que vender la madera en pie. Como no teníamos capital en el ejido para empezar con las labores, que en promedio son de unos 200 mil pesos, que se utilizan para las brechas del área, el monteo, el mantenimiento del camino, la renta de la maquinaria para el arrastre, el combustible, entre otras cosas”, refiere el presidente del comisariado ejidal.

Plantea que algunos ejidos prefieren recibir el pago de derecho de monte, por poco que este sea, sin la necesidad de hacer actividades en el bosque, , “varios de ellos  están contentos de seguir vendiendo en pie y recibir sus dos o tres mil pesos al año, pero no se trata de eso; se trata de que el ejido haga todos los trabajos de aprovechamiento, que todos esos empleos que se generan sean para los miembros del ejido, y para que más jóvenes y mujeres se involucren”.

En el ejido no hay muchas oportunidades laborales, los jóvenes tienen que salir de la comunidad en busca de trabajo o para continuar con sus estudios, y aunque vayan a escuelas públicas sus familias no pueden costeárselos, ya que, “en promedio, en un día de escuela se gastan cien pesos en transporte, alimentos y materiales para las clases; y de dónde sacará esa familia ese dinero si no tiene trabajo”, cuestiona.

El ejido acaba de renovar el contrato de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con la Conafor para la conservación de una superficie de 3 mil hectáreas por un periodo de 5 años, cuyos recursos se repartirán entre los 473 ejidatarios. “Estos recursos también sirven, pero no se desarrollan proyectos que generen más ingresos”, apunta Burgos Mendoza. Actualmente, la asamblea del ejido Dziuché discute el destinar el 40 por ciento del PSA para comprar un tractor de uso común que les permita hacer el arrastre de su madera en el área con aprovechamiento forestal.

Más allá de las ganancias, una empresa forestal comunitaria se valora por los empleos que genera para la comunidad y el mantenimiento que le da al bosque. “Es una lástima que no contemos ni con un tractor, que la gente, para hacer sus milpas, tengan que contratar a alguien para que les barbeche la tierra. No nos hemos podido poner de acuerdo para adquirir el tractor y que el dinero que se gasta en renta de maquinaria para la agricultura o las actividades del aprovechamiento forestal se quedaran en el propio ejido”, reprocha Alberto Burgos.

El plan de manejo y aprovechamiento forestal de Dziuché contempla 5 mil hectáreas de selva, de las cuales pueden aprovechar superficies de 500 hectáreas cada dos años. “Tenemos la intención de hacer una modificación al plan de manejo para que se aprovechen 250 hectáreas cada año, y así no tener que parar por completo durante todo un año las actividades del aprovechamiento. La intención es que la gente no pierda interés, que sigamos especializándonos y que nosotros, como ejido, hagamos esta labor de conservación activa del bosque” detalla.

Nuestro monte, lleno de especies de flora y fauna, es como un banco que no hemos querido aprovechar adecuadamente, tenemos un enorme potencial y aunque no tenemos caoba, tenemos otras especies con buen mercado, los compradores vienen al ejido a buscar la madera, no hay ni necesidad de salir a buscar mercados.

En su permiso de aprovechamiento cuentan con volúmenes de especies como el ciricote, tzalam, chakte viga, chacaj rojo, zapote, chechen, entre otras. Y luego de los procesos de aprovechamiento realizan reforestaciones en las que introducen especies como la caoba, el cedro y el ramón. Hay que mejorar el bosque con especies de mayor valor comercial que puedan seguir manejando las futuras generaciones, como los hijos de estos jóvenes que se están incorporando a las tareas del aprovechamiento”.

Diversificación productiva a buen puerto

Por su parte, el ejido Puerto Arturo, también del municipio de José María Morelos, lleva alrededor de una década aprovechando su selva, pero únicamente extrayendo palizada, es decir árboles de diámetros pequeños, menores a 20 centímetros. Estos palos se utilizan para la construcción de palapas o como tutores para actividades de producción agrícola.

El ejido comercializa 20 mil piezas de palizada por año. “Estos diámetros menores son muy comunes en nuestro monte porque son zonas de cobertura que hace 20 o 30 años eran zonas de cultivo agrícola. Antes, la gente sembraba en un lado y al siguiente año tiraba monte en otro lado y movía sus cultivos de acá para allá”, comenta Luis Contreras, presidente del comisariado ejidal de Puerto Arturo.

Este tipo de vegetación secundaria denominada en la región como guamiles, tiene mucho potencial puesto que es muy usada por los desarrollos turísticos de todo el Caribe. Además de la palizada se podrían ocupar las puntas y ramas para hacer carbón vegetal, con lo cual se generarían más empleos e ingresos para todos los miembros del ejido.

Así como Dziuché, el ejido Puerto Arturo participa en el mecanismo de la Plataforma Forestal desde hace dos años, en el primer año fortalecieron su organización interna con mejoras en sus asambleas ejidales y la instalación de su oficina forestal. Además de la conformación de un fondo ejidal forestal, de un peso por un peso, para re-invertir en el proyecto forestal. Al igual que en Dziuché, un grupo de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participa en las labores de la gestión administrativa del aprovechamiento forestal ejidal.

El presidente del comisariado explica que el desinterés que tenía el ejido en el manejo de su selva se debe, en parte, a que es un ejido con una intensa producción agrícola, gracias a las condiciones del suelo del ejido, y a que cuentan con sistemas de riego, producen cacahuate, sandía, pepino, maíz, calabaza, limón, naranja, entre otros cultivos. “En temporada de cosecha los coches no pueden pasar porque la gente utiliza la carretera como patio de secado, esto da trabajo a muchas personas del ejido y los alrededores”, resalta.

Sin embargo, desde que Luis tomó el cargo de comisariado ejidal, ha promovido la activción del aprovechamiento forestal, “porque pueden generarse más empleos y recursos para el desarrollo del ejido. Por lo pronto, lo que ya hicimos es construir una casa ejidal de cemento y con loza, porque era una palapa abierta y no había suficientes condiciones para desarrollar las asambleas”.

“Aunque en este 2017 es el primer año que comenzamos a aprovechar el bosque con diámetros mayores, ya no solo palizada, los mismos ejidatarios ya vieron que se generaron empleos por la apertura de caminos y carriles de arrastre de la madera. La meta es que podamos avanzar a la transformación de la madera en rollo a tablas”, comenta Francisco Javier Pat Cel, miembro del consejo de vigilancia del ejido Puerto Arturo.

Explica que en Puerto Arturo “el monte está parcelado internamente, y dependiendo de dónde sea el área de aprovechamiento en cada anualidad y dependiendo de la persona que sea dueña del predio, se llevan a cabo los trabajos. Si el dueño del terreno está interesado en participar en los trabajos del aprovechamiento puede hacerlo y recibe ingresos por su trabajo y su madera, además se le da una cuota de derechos al ejido porque lo que se aprovecha en cada terreno”.

Las utilidades obtenidas por la venta de la madera se dividen, una parte para el dueño del terreno y otra parte para el ejido. Asimismo, con la venta de la madera se pagan los jornales y los gastos originados durante los trabajos de corta y reforestación.

El ejido Puerto Arturo tiene una superficie de 8 mil 400 hectáreas, de las cuales 2,500 están consideradas en su plan de manejo forestal. Otras 3 mil 600 se incorporaron al programa de Pago por Servicios Ambientales, “aunque no tengamos servicios ambientales, el propio ejido ha destinado un área a la conservación voluntaria y está certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)”, resalta Francisco Pat.

El comisariado ejidal subraya la importancia de la selva, “no solo para la producción de madera, sino para la conservación de los animales, para los apicultores y para toda la gente que dependemos de ella”.

Una plataforma que impulsa a comunidades mayas para el manejo de sus recursos forestales











Sinopsis:

 

Los bosques y selvas comunitarios proveen enormes beneficios a las sociedades rurales en México. A través del manejo y el aprovechamiento forestal, cientos de comunidades rurales han mejorado sus niveles de vida y conservado un preciado patrimonio natural. A pesar de las bondades de este esquema, las comunidades dueñas de los bosques y selvas del país enfrentan una serie de obstáculos que ralentizan, y en el peor de los casos frenan, el desarrollo de emprendimientos productivos basados en el manejo y aprovechamiento forestal, tales como la excesiva y rígida regulación que permea al sector, y como la falta de una inversión por parte del Estado en bienes públicos que favorezcan su crecimiento.

De acuerdo con estimaciones del investigador Frederick Cubbage, en México operan alrededor de 990 empresas forestales comunitarias con distintos niveles de desarrollo, pero este número podría ser mucho mayor, por lo menos el doble, puesto que hay más de 12 mil comunidades y ejidos que cuentan con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas, lo que representa una superficie de 97 millones de hectáreas de cobertura bajo propiedad social, esto equivale al 70 porciento de la cobertura forestal del país.

El mecanismo de la Plataforma Forestal

En este contexto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible desarrolla una estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de ejidos dueños de selvas para aumentar el control de sus recursos forestales y con ello mejorar la gestión de los territorios comunitarios.  Se trata de una estrategia que puesta por la propiedad social, el manejo comunitario de la selva y la conservación activa de los paisajes forestales. Apuesta por el desarrollo de capacidades locales para el control de los medios de producción y por la participación de jóvenes, mujeres y personas con y sin derechos agrarios.

Esta Estrategia trabaja con ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que cuentan con Programas de Manejo Forestal, pero que carecen de capacidades técnicas, organizativas y económicas para liderar una gestión forestal.

En el estado de Quintana Roo la propiedad de la tierra es mayoritariamente ejidal. La entidad cuenta con 2.8 millones de hectáreas de selva que pertenecientes a 275 ejidos, la gran mayoría de ellos, con población indígena maya que vive en condiciones de pobreza en medio de una gran riqueza natural. Partiendo de las realidades regionales, el CCMSS diseñó un mecanismo financiero denominado “Plataforma Forestal”, que funciona como instrumento promotor de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario. Mediante este instrumento financiero se da un soporte económico a los ejidos para la operación de actividades que mejoran sus capacidades para la gestión forestal en el marco de planes anuales de trabajo. A su vez, la Estrategia cuenta con un equipo técnico de calidad que acompaña y asiste técnicamente a los ejidos a lo largo de la operación de sus planes forestales anuales.

Con una convocatoria abierta a lo largo del año, los ejidos interesados en participar en la Plataforma Forestal presentan su candidatura a través de una carta de intención elaborada por el propio ejido, comprometiéndose a trabajar bajo una serie de principios de rendición de cuentas y transparencia, inclusión social, gestión colectiva y beneficio común, y cumplimiento a la normatividad ambiental.

El mecanismo de la Plataforma Forestal cuenta con un fondo que es gobernado por un Comité Técnico conformado por representantes de la CONABIO, la CONAFOR y la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo y del CCMSS. Este Comité colabora con la revisión y calificación de las propuestas de los ejidos, crea sinergias con los programas gubernamentales para potenciar las iniciativas ejidales y dar transparencia a la operación de la Plataforma Forestal.

“Se trata de un instrumento que busca cambiar aquellas formas viciadas de acceder a recursos públicos donde las necesidades del ejido las determina la institución gubernamental bajo un nivel nacional y el prestador de servicios técnicos según sus capacidades y habilidades de gestionar los mayores recursos económicos posibles”, refiere Sara Cuervo, coordinadora del CCMSS en la Península de Yucatán.

La Plataforma Forestal dispone de unos componentes de financiamiento que fueron diseñados considerando las debilidades y carencias que presentan los ejidos en la región y que al ser estimuladas puedan abrirse nuevos escenarios de crecimiento y participación local con una menor dependencia de intermediarios y de prestadores de servicios técnicos.

En Quintana Roo, y más concretamente en el municipio de José María Morelos, el sector forestal presenta una tendencia de estancamiento. En los últimos años la producción maderable ha caído en un 50 por ciento y solo se produce un 20 por ciento de los volúmenes autorizados para el aprovechamiento forestal.

Muchos de los ejidos dueños de terrenos forestales tienen inactivos sus o programas de manejo forestal autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat). Además, la mayoría de estos instrumentos de manejo presentan deficiencias serias en su elaboración que impiden el crecimiento exitoso de iniciativas productivas y comerciales.

La totalidad de estos ejidos carecen de capital para llevar a cabo sus actividades de aprovechamiento forestal, inclinándose por un esquema “rentista” de sus recursos forestales, es decir, venden la madera en un eslabón inicial de la cadena condenando el emprendimiento a ingresos muy bajos, participaciones locales reducidas y prácticas poco sostenibles en las labores del aprovechamiento forestal al haber cedido el control de sus recursos.

Sara María Cuervo, indica que la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario pretende mostrar en la región escenarios de manejo forestal distintos, en los que los ejidos y las personas locales logren roles más dignificantes basados en una participación efectiva y un beneficio real para las familias. Las actividades para lograr lo anterior se dinamizan a través del fortalecimiento permanente de capacidades locales para la gestión forestal, la aplicación de prácticas de aprovechamiento de bajo impacto, el desarrollo de iniciativas que diversifiquen la producción y aumenten su valor y la inclusión de jóvenes y mujeres en el manejo forestal comunitario.

Comenta que de los 9 ejidos que participan en el mecanismo, y que son dueños de alrededor de 24 mil hectáreas de selva bajo manejo, ya hay experiencias reveladoras que nos demuestran que abandonar el esquema rentista es posible, que se requiere de mayor participación de la gente local y de una intervención más inteligente.

Los ejidos que participan en la Plataforma forestal reciben acompañamiento técnico para la elaboración de planes forestales ejidales, en los que se describen las actividades que llevarán a cabo durante el año con el respaldo del financiamiento que este mecanismo les ofrece. Son los propios ejidos los que deciden en sus asambleas en qué quieren trabajar e invertir los recursos, siempre y cuando las actividades estén acordes a su nivel de desarrollo y contribuyan al control comunitario de sus recursos forestales.

A lo largo de la operación de los planes ejidales se evalúa el desempeño de los ejidos y se establecen acuerdos de mejora. Estas evaluaciones sirven de insumo al Comité Técnico de la Plataforma Forestal para dar un seguimiento de los procesos comunitarios y tomar decisiones inteligentes considerando áreas de oportunidad que permita contar con más y mejores experiencias de manejo forestal comunitario en la región.

Inclusión en el manejo forestal

La inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades para la gestión forestal en los ejidos es un elemento transversal de la estrategia de Impulso al Manejo Forestal Comunitario, además de contar en la Plataforma Forestal con actividades específicas que promueven que las estructuras ejidales faciliten la participación de mujeres y jóvenes en actividades de la operación forestal. A través de formaciones con enfoques técnicos y de desarrollo humano, jóvenes y mujeres de los ejidos están enriqueciendo las iniciativas forestales comunitarias y construyendo escenarios para una participación más efectiva.

Las directivas ejidales se ven fortalecidas con la participación activa de jóvenes del propio ejido en tareas como la operación de controles administrativos de la operación forestal y de inventarios de la madera, la generación de reportes a las asambleas ejidales, la cubicación de la madera en rollo y el llenado de la documentación legal, entre otras.

Las habilidades y visión de los jóvenes dinamizan las operaciones forestales de los ejidos, al mismo tiempo, los jóvenes encuentran espacios de participación, inicialmente muy operativos y con miras de lograr incidir en la toma de decisiones del ejido; cosa que generalmente no ocurre, porque tradicionalmente solo los titulares de derechos agrarios tienen voz en la toma de decisiones y goce pleno de los recursos.

Asimismo, la estrategia fomenta la participación activa de mujeres a través de la conformación de grupos de trabajo que puedan emprender iniciativas productivas que se inserten en el proceso de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de los ejidos, como la conformación de viveros comunitarios para la producción de planta forestal de calidad que se empleará en las reforestaciones de los ejidos.

Las mujeres que deciden integrarse a estos grupos de trabajo reciben capacitaciones técnicas y talleres para fortalecer los procesos de organización, liderazgo y autogestión.

Más allá de la participación en actividades productivas, se pretende que las mujeres desempeñen un rol más protagónico en la toma de decisiones, que se respeten sus puntos de vista y se valore su valiosa aportación en la vida comunitaria.

Algunos resultados

Con la puesta en marcha de la Plataforma Forestal se ha logrado que 9 ejidos del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que son dueños de una superficie forestal de 24 mil hectáreas, estén tomando decisiones más acertadas para la gestión de los paisajes forestales y el mejoramiento del entorno comunitario.

Más de 1,300 ejidatarios participan y reciben beneficios y co-beneficios de la apropiación del proceso de manejo y aprovechamiento de su selva. Como ejemplo, el Ejido San Felipe Oriente ha logrado avanzar de manera importante en la consolidación de su Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña) mediante el fortalecimiento de su capacidad productiva de carbón vegetal con hornos metálicos, la apertura de nuevos canales comerciales y la integración de un colectivo de mujeres que realiza el proceso de envasado de un producto diferenciado.

Asimismo, Ejidos como Dziuché, Puerto Arturo y Rancho Viejo han reactivado sus planes de manejo forestal y en 2017 comenzaron con sus labores de producción de madera en rollo, dejando beneficios considerables a las familias locales. Consideran que un siguiente paso es diversificar su producción y hacerse cargo de nuevos eslabones de la cadena de valor para así generar mayores beneficios a los ejidatarios y más empleos para toda la población local.

Durante 2016, a través de la Plataforma Forestal se canalizaron 1.8 millones de pesos a los ejidos para que pudiesen llevar a cabo sus planes forestales ejidales y se logró la alineación de otros 3.5 millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional Forestal que fueron dotados directamente a los ejidos.

También se ha logrado la participación activa de jóvenes en las actividades de aprovechamiento forestal en todos los ejidos que forman parte de la Plataforma Forestal. Asimismo, tres colectivos de mujeres han establecido viveros comunitarios para la producción de planta nativa que se venderá a los ejidos para las tareas de enriquecimiento de las áreas de selva aprovechadas.

Para recuperar tejido social y detener deforestación, impulso al manejo forestal comunitario: Leticia Merino

Recuperar tejido social y detener deforestación manejo forestal comunitario sustentabilidad México










Sinopsis:

Recuperar tejido social y detener deforestación manejo forestal comunitario sustentabilidad México

El manejo forestal comunitario es una opción viable para recuperar el tejido social, impulsar el desarrollo de las personas más pobres y detener la degradación y perdida de los bosques.

La doctora Leticia Merino, socia fundadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, explica que si no atendemos la desigualdad tan grande que se vive en el país, no tendremos sostenibilidad como nación; y agrega que el manejo forestal comunitario es una opción viable para atender este desafío en las regiones forestales del país.

La especialista expone que México es un país eminentemente forestal, que por políticas públicas erróneas ha perdido una gran cantidad de sus recursos forestales. De hecho, puntualiza que “hasta la década de los 80 se desmontaron muchos bosques, pues hasta hubo una Comisión Nacional de Desmontes para orientar al país a una vocación agrícola”.

Asimismo, el gobierno concesionaba a privados la facultad del aprovechamiento de los bosques y se lo impedía a los legítimos dueños de los bosques, que son las comunidades y ejidos. Está política de concesiones generó enormes problemas de degradación y deforestación.

La también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, refiere que “México es el primer país en el que se reconoce la propiedad colectiva de la tierra. Desde los 30 y 40 y, luego en los años 70, se dotó de tierras a las comunidades y ejidos, muchos de ellos forestales, puesto que el país cuenta con más de 138 millones de hectáreas de bosques y selvas. Sin embargo, estas comunidades no gozan de su pleno derecho para manejar y aprovechar sus recursos naturales”.

No obstante, subraya que “desde hace 30 años hay experiencias exitosas de manejo forestal comunitario, es decir que las propias comunidades se organizan para desarrollar proyectos de manejo y aprovechamiento de sus recursos forestales, para producir madera, o una enorme gama de productos forestales no maderables, como resinas, hojas de palma, hongos, plantas medicinales, alimentos, entre otros.

Multiplicar estas experiencias ha sido complicado debido a los limitados recursos que existen para el acompañamiento técnico, el desarrollo de capacidades y los recursos necesarios para la capitalización de sus empresas comunitarias”; sin embargo, hoy día operan varios cientos de empresas forestales comunitarias repartidas en todas las regiones forestales del país.

Recuperar tejido social y detener deforestacion manejo forestal comunitario sustentabilidad Mexico

Leticia Merino plantea que “los bosques comunitarios bien manejados son una oportunidad de captura de carbono, de provisión de servicios ambientales, de mitigación del cambio climático y reducción de la deforestación. Asimismo, los beneficios del control comunitario son una fuente de gobernabilidad y desarrollo. Esto contribuye a mejorar la seguridad con el fortalecimiento del tejido social a través de la generación de oportunidades de empleo para los jóvenes”.

Aunque existe un nivel de organización importante en el campo forestal mexicano, hay presiones sobre los bosques, como el cambio de uso de suelo para la ganadería extensiva, agricultura industrial, el desarrollo de complejos turísticos, la minería y el fracking; que sólo se pueden enfrentar cuando hay incentivos productivos y organización comunitaria. Asevera que “la presión disminuye sobre los recursos forestales donde hay actividad forestal comunitaria que genera economía”.

Lamenta que para algunos sectores en México la producción forestal comunitaria ha sido considerada como no viable y se ha preferido invertir en Pago por Servicios Ambientales: “se invierte más en reforestar sin dar ningún tipo de seguimiento, que en desarrollo de capacidades productivas”.

Por si fuera poco, “este gobierno desapareció la Gerencia de Silvicultura Comunitaria de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), cuando lo que se requiere son políticas públicas de impulso decidido al manejo forestal comunitario. Pasar de conservación pasiva a manejo sustentable comunitario”.

archivo ccmss- cuenca amanalco valle de bravo

En un contexto de modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la doctora Merino sugiere que es necesario quitar el exceso de regulación que permea al sector forestal. Se debe desregular, pero paulatinamente y con un acompañamiento para el desarrollo de capacidades productivas, si no ocurrirá lo mismo que hace varias décadas cuando se optó por un modelo de aprovechamiento forestal muy laxo en el que avanzo la deforestación y tala ilegal.

Asimismo, detalla que se requiere una descentralización de la gestión forestal, porque es muy complicado para una dependencia, como la Conafor, que todas las gestiones se lleven a cabo en una sola ciudad. El Estado de México es la única entidad del país que lleva a cabo esa gestión otorgamiento de permisos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales. Se debe dar un proceso paulatino de soltar atribuciones, al tiempo de generar capacidades.

La doctora Leticia Merino concluye que “en donde hay conflictos hay deterioro del bosque. La violencia y crimen organizado debilitan el manejo y protección de los bosques. Se requiere un debate de país para ver a qué país aspiramos y qué camino debemos tomar”.

El Brasero de Oriente, iniciativa campesina de manejo y aprovechamiento sustentable de carbón vegetal en San Felipe Oriente











Sinopsis:

Cuando el cielo apenas empieza a clarear en el Ejido San Felipe Oriente del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, un grupo de hombres sale de sus casas, equipados con cascos, machetes, guantes y algunos víveres para adentrarse en la selva, su lugar de trabajo.

En un área que ya tienen delimitada, cosechan los árboles que fueron marcados y que corresponden con lo especificado en su Programa de Manejo y Aprovechamiento Forestal autorizado previamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este aprovechamiento forestal tiene una lógica, y busca que el corte del arbolado redunde en un mejoramiento de la calidad de la selva; se trata, en realidad, del “cultivo del bosque”.  Así se busca hacer aclareos donde la densidad es muy alta y los árboles destinados al aprovechamiento son ejemplares que presentan malformaciones, están sámagos o porosos, o bien, presentan problemas de plaga.

Posteriormente, trozan los troncos y ramas para poder fabricar el carbón vegetal en hornos metálicos y hornos tradicionales, estos últimos compuestos de arcilla y hojas de palma. Si fabrican el carbón en un horno metálico el proceso de transformación de la madera en carbón tarda aproximadamente 72 horas. En los hornos tradicionales el proceso tarda hasta 7 días y deben vigilar ese horno constantemente para evitar que se generen huecos o hundimientos en la arcilla que estropearían todo el proceso.

Producir carbón vegetal es un trabajo duro que no siempre es bien remunerado, pero es la fuente de ingreso de muchas familias que viven de los bosques y selvas. Por si fuera poco, este producto enfrenta una competencia desleal en el mercado ya que circulan grandes volúmenes de carbón producido de forma ilegal y que se vende a un precio más barato puesto que no paga impuestos, ni invierte en la reforestación del bosque, no elabora estudios ni planes técnicos de manejo forestal, como sí lo hacen los miembros de San Felipe Oriente.

Muchas comunidades rurales, como San Felipe Oriente no quieren vivir de las dadivas de los gobiernos. Lo que demandan es la eliminación de barreras que les permita el desarrollo de sus capacidades productivas; que les permitan emplearse y generar ingresos para sus familias. En San Felipe, un grupo de ejidatarios lleva 6 años trabajando de forma constante fortaleciendo su proyecto de producción de carbón ecológico: la Cooperativa Carbón de Leña Verde (Caleña).

El camino ha sido duro, pues han sorteado todo tipo obstáculos, como el limitado capital de trabajo,  la competencia desleal, la complejidad en la tramitología para el otorgamiento  de permisos de aprovechamiento forestal, y la limitada infraestructura para la producción, almacenamiento y envasado de su producto. Sin embargo, “lo que nos ha mantenido a flote ha sido la necesidad y ganas de trabajar”.

Hace seis años, un grupo de 15 ejidatarios decidió emprender el proyecto de producir carbón con el objeto de generar ingresos para sus familias a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se trata de aprovechar una parte de toda esta riqueza que les da la selva y contribuir a que ésta se mantenga en buenas condiciones en el largo plazo.

Desde el inicio les fue complicado convencer a la asamblea ejidal de que el proyecto sería benéfico para todos en San Felipe Oriente. Muchos ejidatarios decidieron no participar en el proyecto, así que lograron llegar a un acuerdo con la asamblea en el que la Cooperativa aportaría un porcentaje de las ventas al fondo ejidal en retribución por la materia prima extraída del bosque para la elaboración del carbón.

Los primeros intentos fueron fallidos, pues si bien lograron producir carbón, no encontraron un mercado donde venderlo. Así que desistieron y abandonaron su autorización de aprovechamiento. “Fue hasta 2014, cuando con asesoría del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), se encontró un mercado para poder vender, entonces se decidió retomar estos trabajos, ya con una mejor organización”, refiere Nicolás May Rosel, ejidatario de San Felipe Oriente y coordinador de producción de la Cooperativa Caleña.

En la región no hay muchas oportunidades de empleo para la generación de ingresos. Nicolás comenta que “en el ejido la gente se puede dedicar a la agricultura de temporal o a criar algunas cabezas de ganado. Sin embargo, los que se dedican a la agricultura están teniendo problemas, porque en los últimos 4 años las cosechas se han perdido ya sea por sequía o por exceso de lluvia. Por eso decidieron apostar por otro tipo de emprendimiento productivo: la producción de carbón vegetal.

Gestión del territorio y oportunidades

De las 15 personas que comenzaron con la iniciativa de producir carbón en el ejido, ahora son 50 los ejidatarios que trabajan en la Cooperativa. Además de otros 10 repobladores, es decir habitantes del ejido que no cuentan con títulos ni derechos agrarios.

San Felipe Oriente es un ejido de 4,762 hectáreas, que cuando fue atendido por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) decidió no repartir todo el terreno y dejar un 20 por ciento de la superficie sin repartir. De esta forma, explica Nicolás May, se puede asignar título y tierra a las siguientes generaciones de ejidatarios, como ocurrió hace un par de años cuando se incorporó a otros 22 nuevos ejidatarios. Actualmente la asamblea la conforman 77 ejidatarios y aún queda un 10 por ciento del territorio del ejido sin repartir.

Detalla que “los criterios para que una persona se convierta en ejidatario es que sea hijo de ejidatario o bien, que esté casada o casado con algún hijo de ejidatario y que ya tengan viviendo, al menos, 3 años en el ejido”. Asimismo, se evalúa que la persona no sea conflictiva para evitar posibles conflictos.

La Cooperativa es una opción viable de ingreso para que “los compañeros ejidatarios y la gente de San Felipe no tengan que emigrar, porque como la mayoría no tienen estudios, si salen a la ciudad en busca de empleo solo pueden trabajar de ayudantes de albañilería o en otros oficios mal pagados, y en los que los discriminan. Además, se tienen que alejar de sus familias, tienen que pagar renta, alimentación y otros gastos, entonces regresan a sus casas sin dinero”.

Un claro ejemplo de esa problemática es el caso de Anastasio Yam Yam, ejidatario de San Felipe Oriente y miembro de la cooperativa Caleña desde hace 3 años, que antes de integrarse a este proyecto productivo tenía que salir a trabajar a las ciudades de Chetumal o Playa del Carmen, porque no tenía oportunidades de generar ingresos para su familia. En esas ciudades se contrataba como ayudante en trabajos de electricista, pero la pagar era muy poca y sumado a los gastos de alojamiento, alimentación y transporte no le quedaba prácticamente nada de dinero para enviar a su esposa e hijos.

Anastasio, hombre de 27 años, comenta que gracias a la iniciativa de sus compañeros de emprender el proyecto del carbón y a la invitación que le hicieron para formar parte, ahora puede pasar más tiempo con su familia y administrar mejor su tiempo. “Porque allá en la ciudad tienes que trabajar de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no te queda tiempo para hacer otra cosa, menos si estás alejado de tu casa y familia”, relata.

Con los ingresos que obtiene como socio de la Cooperativa, más lo que genera en la producción agrícola en su parcela puede dar un mejor sustento a su esposa e hijos, “además estoy cerca de ellos”, resalta.

Consolidación de la marca “Brasero de Oriente”

Antes de que los ejidatarios de San Felipe se organizaran para conformar la Cooperativa, muchos de ellos producían carbón de forma independiente y lo vendían a granel, los compradores que acudían directamente al ejido a acopiar el carbón se los pagaban a un precio muy bajo.  Ahora, ya organizados en Caleña, han logrado producir 200 toneladas anuales y buscan acopiar un mayor volumen de los ejidos y comunidades vecinas, con la intención de poder abastecer mercados más grandes y obtener mejores contratos.

Caleña vende a compradores de la Ciudad de México una parte de su producción de carbón a granel, pero en los últimos meses han iniciado un nuevo proyecto dirigido a la venta del producto  al consumidor final, principalmente restaurantes de la costa  de Quintana Roo en presentaciones de sacos de 20 kilos. Caleña además ha avanzado en la comercialización de una presentación de 3 kilos bajo la marca “Brasero de Oriente”. “Con acompañamiento técnico del Consejo Civil Mexicano se diseñó y fabricó el empaque y se están abriendo espacios para su comercialización en tiendas comerciales”, explica José Nicolás May Rosel.

Detalla que la comercialización del carbón en presentaciones de 3 kilos genera mejores utilidades, porque es un producto con mayor valor agregado, y que es administrado por un grupo de 10 mujeres del ejido.

Cuando se generó la iniciativa de lanzar la presentación de 3 kilos bajo la propuesta de que fuera administrada por las mujeres hubo algunos problemas y reticencias, pero fue gracias a la señora Deisy quien logró animar a sus compañeras hasta la generación de acuerdos para iniciar. “Ahora las mujeres también tenemos ingresos y no estamos a expensas de nuestros esposos para poder comprarnos lo que necesitemos, al contrario, además de realizar nuestras labores en el hogar y con los hijos, también aportamos a la economía de la casa”, resalta Deisy.

Precisa que “este tipo de proyectos se tienen que desarrollar en otros ejidos para que la gente pueda vivir de mejor forma, para que la gente no tenga que emigrar y para que se le dé un buen uso y cuidado al bosque; porque cuando está abandonado se deteriora”.

Impulsar el empoderamiento de las comunidades rurales, la mejor herramienta para detener la degradación y desertificación











Sinopsis:

Las principales causas de desertificación se asocian con la deforestación, la agricultura industrial de monocultivos y con un uso intensivo de pesticidas; además del cambio de uso del suelo y las prácticas de ganadería extensiva, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, la falta de planificación y ordenamiento territorial y el abandono de los conocimientos tradicionales para el uso y conservación de los recursos naturales propician la degradación de los suelos y aceleran la desertificación.

En el marco de la conmemoración del Día mundial de combate a la desertificación y la sequía, la FAO refirió que “tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. Sin embargo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afecta a la productividad de la tierra y contribuye, en consecuencia, al fenómeno de la migración y abandono de las tierras.”

Por lo tanto, la propia FAO recomienda “la creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, permanecer en sus hogares y tener medios de vida más resilientes, esto es un componente crucial para poder equilibrar el fenómeno migratorio frente a los efectos de la degradación de la tierra.”

En México la degradación de la cubierta vegetal, con grados que van de ligeros a extremos, asciende a 105 millones 799 mil de hectáreas, es decir, el 54 por ciento del territorio nacional. De estos, 39 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera; 7 millones 837 mil (4% del país) tienen degradación moderada; 52 millones 900 mil hectáreas (27% del país) con degradación severa y 5. Millones 878 mil hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.

Las comunidades y ejidos, con una alta proporción de población indígena, cuentan con la titularidad de la tierra, pero la carencia de instrumentos de política pública de fomento al desarrollo de capacidades para el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, ha impedido su desarrollo y ha provocado deforestación y la degradación de los bosques, las selvas y los suelos.

Actualmente, hay muchas opciones tecnológicas y de conocimiento que pueden dar respuestas al problema de la degradación de los suelos y la desertificación, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos. Esto puede lograrse, según nos señala la FAO, “mediante una mejor integración de los sistemas de cultivo, de ganadería, de los bosques, y un uso más eficiente de recursos limitados como el agua y los nutrientes del suelo.”

No obstante, para tomar estas medidas en la escala pertinente y facilitar su adopción, es necesario que se tomen en cuenta las aportaciones y el conocimiento de las comunidades, así como contar con datos científicos sólidos.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al desarrollo de capacidades para el manejo integrado de los territorios, que permitan el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos a las comunidades rurales.

Asimismo, se requiere estimular los programas de restauración y regeneración de suelos, bosques y selvas degradadas. Está ampliamente demostrado que cuando las comunidades rurales y los pueblos indígenas cuentan con una gobernanza sólida, se detiene la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.

San Pedro El Alto, Oaxaca: gigante ejemplar del manejo forestal comunitario











Sinopsis:

 

 

Desde que la comunidad tomó el control sobre el manejo de su bosque las cosas cambiaron radicalmente para la población y para el bosque mismo. Luego del periodo de concesiones forestales, en el que el Gobierno federal cedía los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales a particulares y empresas paraestatales, y gracias a un proceso de movilización de las comunidades y ejidos dueños de los recursos forestales, en 1984 la comunidad de San Pedro El Alto logró apropiarse del manejo y aprovechamiento de su bosque.

El camino no fue sencillo para esta comunidad, de alrededor de 1800 habitantes, ubicada en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, pues en un principio no tenían las capacidades técnicas, económicas ni de organización suficientes para emprender el manejo y aprovechamiento de su bosque. Después de muchos años de trabajo, ellos han logrado niveles de desarrollo sobresalientes y poseen un bosque ejemplar, que crece a un ritmo que desearía cualquier empresa forestal de México y del mundo. Todo gracias al compromiso comunitario con el bosque, el apego a la tierra, arduos años de trabajo y un buen acompañamiento técnico.

El primer año en que la comunidad tuvo el control del manejo del bosque, solicitaron una autorización para aprovechar mil metros cúbicos de madera. “Pedimos este volumen tan bajo para hacer pruebas y para que los comuneros entendieran mejor de qué se trataba el aprovechamiento forestal y ver cómo podríamos organizarnos,” platica el ingeniero Raúl Hernández Cortés, asesor técnico de San Pedro El Alto.

En los años sucesivos, sus volúmenes de aprovechamiento de madera se incrementaron paulatinamente, a la par de sus capacidades de organización y manejo del bosque. En 1989, lograron abrir su primer aserradero llamado Paraje pueblo viejo, con el que pretendían generar mejores ingresos por la venta de su madera. “Pasamos de venderla en rollo o trozas, a tablas aserradas,” precisa.

Especialización en el manejo forestal al estilo finlandés

En 1990, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre México y Finlandia para dar acompañamiento técnico en temas de manejo y aprovechamiento forestal a los ejidos y comunidades mexicanas. Es en ese marco, un grupo de cinco ingenieros forestales de la Universidad de Helsinki llegó a San Pedro El Alto para dar capacitación a la comunidad en el desarrollo de su empresa forestal comunitaria.

En 1995, cuando el convenio de colaboración concluyó, varios comuneros de San Pedro que fueron capacitados por los finlandeses, ya contaban con los conocimientos necesarios para guiar los trabajos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de forma sustentable. En ese mismo año, la comunidad elaboró su segundo plan de manejo, junto con el ingeniero Raúl Hernández, quien desde entonces y hasta el día de hoy trabaja en la empresa forestal.

De las 30 mil hectáreas de bosque con las que cuenta esta comunidad zapoteca, solo 10 mil hectáreas se aprovechan, el resto están destinadas voluntariamente a la conservación. “En nuestros planes de manejo solo aprovechamos 8 mil hectáreas en un periodo de 10 años,” refiere el asesor técnico.

Añade que San Pedro tiene un potencial productivo para aprovechar de manera sustentable alrededor de 450 mil metros cúbicos de madera por año, de los cuales, durante la última década solo sacaron 50 mil metros por anualidad.

Apenas en 2017, con la renovación de su plan de manejo, decidieron duplicar su producción al pasar de 50 mil a 100 mil metros cúbicos de madera por año, en una escala más cercana a los que obtienen los ejidos forestales más grandes del país, como El Largo, de Chihuahua.

“La decisión de incrementar el volumen de producción la tenemos perfectamente justificada en el plan de manejo, acorde con los lineamientos de la ciencia forestal y en cumplimiento de toda la normatividad aplicable. Seguimos llevando a cabo prácticas de conservación de la biodiversidad, de saneamiento y regeneración del bosque. Nuestro bosque está perfectamente sano y esto lo hace aún más productivo,” destaca.

San Pedro El Alto ha hecho las cosas tan bien que en 1998 fueron galardonados con el premio nacional al Mérito Forestal y en la ceremonia de entrega del premio recibieron la visita del presidente en turno de Finlandia, quien los reconoció por sus avances en materia forestal a pesar de que el acompañamiento de los expertos fineses había terminado tres años atrás.

Beneficios sociales de la apropiación del bosque

A partir de que la comunidad recuperó el control del manejo de su bosque comenzaron a generar ingresos con la venta de la madera que cosechan. Esos recursos los emplean, en gran medida, en el mantenimiento y regeneración del bosque; y en el pago de los salarios de los trabajadores de las tareas de aprovechamiento, reforestación, aserrío y administrativas. Además, invierten alrededor de un 30 por ciento de sus utilidades en obras y programas sociales al interior de la comunidad. Las utilidades restantes se reparten equitativamente entre los 470 comuneros (152 mujeres y 352 hombres).

El 60 por ciento de la madera que produce la empresa forestal comunitaria se vende en rollo y el otro 40 por ciento se vende aserrada y estufada.

Con la venta de la madera también han avanzado en la diversificación productiva de la comunidad, con la finalidad de generar empleos para todos sus habitantes. Cuentan con una empresa comunitaria que produce agua embotellada, en la que trabajan únicamente mujeres. También operan una tienda comunal que vende productos de primera necesidad a bajo costo y una farmacia comunitaria que oferta los medicamentos al 50 por ciento de su valor comercial.  Se cuenta con una gasolinera propiedad de la comunidad, que abastece la demanda regional de combustible, pero que abastece también las necesidades de sus actividades de transporte de los productos forestales.

Con las utilidades de la empresa forestal comunitaria la comunidad ha adquirido tres ambulancias y dos autobuses escolares que pasan a recoger a los niños de las rancherías para llevarlos a la escuela.

Constantino Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales de San Pedro el Alto explica que “las escuelas también han sido equipadas con los recursos del aprovechamiento forestal. Tenemos un centro de salud en el que no se cobra la atención médica a los miembros de la comunidad y se les regalan los medicamentos a todos los trabajadores y sus familias. Esto a pesar de que todos los trabajadores están asegurados ante el IMSS, porque así lo mandata la ley y es un requisito para la certificación del manejo forestal, sin embargo, no hay centros de atención médica del seguro social cerca de la comunidad, por eso en San Pedro El Algo decidió la asamblea construir y operar uno propio.”

Subraya que las empresas comunitarias no tienen los mismos fines que una empresa privada, en donde una sola persona o un grupo pequeño de personas son dueños y no invierten en el desarrollo de la comunidad. “Nosotros si invertimos en infraestructura y obra social, de hecho, con dinero del aprovechamiento se construyó el palacio de gobierno municipal.”

En San Pedro también se ofrecen becas a los niños y jóvenes estudiantes con buen promedio y se asignan pensiones a personas de más de 60 años.

Crecimiento transparente y sustentable

Esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca fue una de las primeras en obtener su certificación en manejo forestal comunitario bajo los lineamientos del Forest Stewardship Council (FSC), en el año 2001 y desde entonces siguen certificados.

La certificación les ha permitido llevar un mejor control y organización de todas sus operaciones. Son más eficientes. Cuentan con una comisión revisora que rinde informes periódicos a la asamblea sobre todas las operaciones económicas. “Así no hay riesgo de que alguien se lleve dinero. Toda la asamblea sabe cuánto se gana y cuánto se gasta y en que se gasa,” asegura el presidente de bienes comunales. No obstante, desearían que sus productos tuvieran un mejor precio y un mercado más amplio.

Lo más importante, subraya Constantino Cruz, “es que pasamos de ser peones, cuando se concesionaba nuestro bosque, a administradores de nuestros recursos forestales y con esto, la gente de San Pedro El Alto tiene un buen nivel de vida.”

Fortalecer a las comunidades forestales: la mejor forma de proteger el clima y el ambiente

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente










Sinopsis:

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente

  • Reconocer los derechos de las comunidades sobre el territorio garantiza el mejor cuidado de estos ecosistemas
  • Nuestro país tiene la oportunidad de cuadruplicar la superficie forestal en la que se hace aprovechamiento comunitario
  • Empresas forestales comunitarias de México son ejemplo mundial de buen manejo

En un contexto en el que el gobierno del país más poderoso del mundo y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero está decidido a no asumir su responsabilidad para enfrentar el cambio climático global, es imperativo garantizar los derechos sobre los bosques y selvas a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan y que dependen de ellos para su subsistencia, pues está demostrado que cuando las comunidades locales y pueblos indígenas tienen plenas facultades para manejar sus recursos forestales, se frena la deforestación y se garantiza su conservación y de la biodiversidad asociada, así como los beneficios que los bosques nos proveen.

México es un país de eminente vocación forestal, que cuenta con más 690 millones de hectáreas de bosques y selvas (INEGI, 2016), de las cuales 80 % son propiedad de ejidos y comunidades, muchos de ellos indígenas. Sin embargo, no obstante que la titularidad de los derechos de la tierra pone en ventaja a estos grupos sociales si los comparamos con países con gran riqueza forestal como Indonesia, la República Democrática del Congo, o los países amazónicos, en los que la titularidad de los bosques y selvas es de los gobiernos; la falta de alineación de los instrumentos de política pública con el marco legal e institucional, aunado a una política de subsidios equivocada y contraproducente, ha estancado el desarrollo de estas comunidades rurales y del sector forestal nacional.

Hoy en día, alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques son manejadas por empresas forestales comunitarias en nuestro país. De acuerdo con datos de Programa Estratégico Forestal 2025 de México, esa cifra podría crecer hasta alcanzar 21.6 millones de hectáreas de bosques y selvas, que podrían ser incorporadas a esquemas de manejo forestal. Para ello, es fundamental que las políticas públicas y el marco legal se orienten claramente al desarrollo de capacidades productivas y empresariales de las empresas forestales comunitarias, así como al fortalecimiento de la gobernanza y reconocimiento del liderazgo comunitario en los territorios forestales.

Los obstáculos que enfrentan las comunidades y ejidos para manejar y aprovechar de forma sustentable sus recursos forestales, como la sobrerregulación; una tramitología compleja y onerosa; la circulación de productos forestales de origen ilegal -entre 28 y 60% del volumen del mercado- la falta de incentivos para la generación de capacidades productivas, y la marginación impuesta a las comunidades respecto a los procesos de planeación de su territorio, propician el desinterés de los dueños de la tierra en el manejo y conservación de los bosques y selvas.

Asimismo, cierto tipo de políticas públicas e incentivos económicos propician el cambio de uso de suelo para desarrollar otras actividades productivas que les puedan ser más rentables, tales como el uso de sus tierras para la ganadería y agricultura a costa de la deforestación. Otras amenazas sobre los territorios también propician de manera creciente la pérdida de los bosques y la erosión de las estructuras comunitarias, tales como la minería y otras formas de industria extractiva.

Pese a esta situación, muchas empresas forestales comunitarias mexicanas son un ejemplo a seguir en el mundo, ya que mediante la gestión sustentable de los recursos forestales generan beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales, y conservan la cobertura forestal y la biodiversidad.

En numerosas comunidades del país este ejemplo incluye un manejo integrado del territorio, es decir que abordan simultáneamente el aprovechamiento forestal, la producción de alimentos con sistemas agroecológicos, el monitoreo de la calidad del agua y la conservación voluntaria de atributos de alto valor de conservación dentro de sus territorios. Prácticamente todos los ejidos y comunidades que aprovechan sus bosques han establecido medidas para proteger cuerpos de agua, biodiversidad, sitios arqueológicos o con valor ritual o paisajístico, y otros atributos de importancia ambiental o cultural. Además, estas comunidades han alcanzado altos niveles de gobernanza interna y organización comunitaria, y generan empleos e ingresos para las familias, gracias a lo cual se reduce la presión para el cambio de uso de suelo o el abandono de las parcelas.

“La mejor forma de conmemorar el medio ambiente es tomando todas las medidas necesarias para reconocer, valorar y apoyar a las comunidades que viven en los bosques y cuidan de ellos. Cada día hay más evidencias de que los ecosistemas mejor conservados son aquellos que están en manos de comunidades y ejidos. Un ecosistema que es aprovechado de forma racional y con visión de largo plazo por sus legítimos dueños, no sólo les asegura una vida digna, sino que además garantiza la conservación de la biodiversidad, nos provee de agua, captura carbono y ayuda a regular el clima. No hay más que ver las cifras y las experiencias en diversas partes del mundo”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México tiene la enorme oportunidad de fortalecer a estas comunidades, darles certidumbre jurídica y garantizar sus derechos, con una política clara y decidida de apoyo al manejo forestal comunitario.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, cuyo lema para este 2017 es “Conectar a las personas con la naturaleza. En la ciudad y en el campo”, el CCMSS hace un llamado a reconocer el loable trabajo que realizan las y los campesinos para proveer alimentos, propiciar la recarga de los mantos acuíferos, generar aire limpio y fresco, la captura carbono y la conservación de la flora y fauna.

 

Recomendaciones

La mejor estrategia para garantizar los beneficios que los bosques nos brindan es fortalecer desde todos los frentes el manejo forestal y la gobernanza comunitarias y el desarrollo de capacidades productivas:

– Desde el marco legal, mediante leyes que realmente coloquen en el centro del manejo de los bosques el hecho de que estos son propiedad de las comunidades.

– Desde la elaboración y aplicación de políticas públicas, tales como: una política de compras verdes, un combate integral al mercado ilegal de madera y materias primas forestales; un apoyo decidido de las capacidades técnicas, de gestión y gobernanza de las comunidades; un régimen fiscal diferenciado, considerando que las comunidades forestales no son entidades de lucro y que dejan muchos beneficios tangibles e intangibles en sus comunidades y para la sociedad en general.

– En la mejor coordinación interinstitucional y en todos los niveles de gobierno.

– En la asignación de recursos, pues no hay política que funcione sin un presupuesto claro y orientado a la consolidación de procesos de desarrollo.

– Con el reconocimiento, valoración y visibilización de los enormes e invaluables beneficios que estas comunidades nos proveen a quienes vivimos en ámbitos urbanos.

 

 Descarga el documento:

Día Mundial del Medio Ambienta 2017

 

*Fotografia principal: Archivo CCMSS

Del tepetate al verdor de un bosque: Manejo forestal comunitario en Acolihuía

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Sinopsis:

Del calor abrazador y la aridez de los suelos de tepetate, un ejido del estado de Puebla logró el verdor y la frescura de un bosque joven en terrenos que durante décadas fueron degradados por actividades de ganadería intensiva.

Además, gracias a sus actividades de manejo y aprovechamiento forestal en su bosque natural han generado ingresos para el mejoramiento de la infraestructura del ejido en beneficio de todos los habitantes.

En el ejido Acolihuia, perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla, llevan más de 28 años manejando su bosque bajo un esquema de manejo forestal comunitario, los 384 ejidatarios se organizan en 32 grupos, conformados por 12 personas cada uno, para realizar trabajos de mantenimiento en el monte.

En este ejido no hay problemas de tala ilegal ni de incendios. Todos los días del año hay, al menos, una cuadrilla que da rondines de vigilancia en el bosque y realiza trabajos de reforestación, poda, chapeo y pre-aclareo que permiten una regeneración más rápida de las zonas intervenidas del bosque. Asimismo, con estos trabajos previenen la generación y propagación de incendios forestales.

En Acolihuia cuentan con 32 cuadrillas, una para cada día del mes, que realizan las actividades de cuidado del bosque que les son asignadas por el comisariado ejidal. Además, la denominada “cuadrilla 32”, se encarga de vigilar que los otros grupos cumplan con sus deberes en el monte y rinde informes de desempeño toda la asamblea.

En las 477 hectáreas de bosque natural con las que cuenta este ejido, se pueden apreciar sectores con distintos grados de crecimiento del arbolado, pues a lo largo de casi tres décadas han intervenido algunas áreas para la extracción de madera que venden en rollo a aserraderos de la región. Esto, siempre de acuerdo con las especificaciones técnicas de sus planes de manejo y autorizaciones de aprovechamiento aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Todas las áreas intervenidas ya se encuentran en proceso de regeneración gracias a las actividades de reforestación y seguimiento del crecimiento de los árboles que realizan los ejidatarios y el técnico forestal. De hecho, las zonas que fueron cosechadas hace 15 años o más, parece que nunca fueron intervenidas por las excelentes tasas de crecimiento del arbolado.

Rogelio Carmona Lozada, presidente del comisariado de Acolihuia, refiere que su permiso de aprovechamiento vigente, que va en la octava anualidad, les permite extraer 4 mil 500 metros cúbicos de madera por año, con un valor aproximado de 5 millones de pesos. Los ingresos obtenidos por la venta de la madera se reparten, por igual, entre todos los ejidatarios, y una parte de esos recursos se destinan a obras para el mejoramiento del propio ejido.

“Ocupamos dinero para reparación de caminos, alumbrado y mejoramiento de escuelas,” acota Rogelio Carmona.

Explica que no han podido avanzar hacia la construcción y puesta en marcha de un aserradero, en el cual pudiesen transformar las trozas de madera en tablas o tarimas y obtener aún mejores ingresos. Esto, por la desventaja competitiva en la que se encuentran; ya que en el mercado circula mucha madera de origen ilegal que se vende a un precio hasta 35 por ciento más bajo y así, resulta inviable vender la madera aserrada.

Los planes de manejo forestal comunitario cuentan con estudios de impacto ambiental y con base en la densidad y características del bosque se determinan las tasas de intensidad de corta. Además, cuando se llevan a cabo los trabajos de aprovechamiento de la madera, no se tiran todos los árboles, se dejan en pie aquellos que tienen nidos y madrigueras de la fauna silvestre.

“Ponemos algunos troncos y ramas que les pueden servir de refugio a los animales que transitan por este bosque y no permitimos que se pongan cercas en los predios para no obstruir el paso de los animales. Con esto contribuimos a la conservación de la biodiversidad,” detalla Carlos Pérez Sebastián, asesor técnico del Ejido Acolihuia.

Añade que además de conservar el bosque con el manejo forestal comunitario, el ejido coadyuva en la provisión de servicios ambientales como la infiltración de agua para la recarga de los mantos acuíferos, la captura de carbono, la purificación del aire y la belleza escénica.

Regeneración y recuperación de suelos

El ejido cuenta con otro polígono de 550 hectáreas, que hasta hace 10 años se encontraban en terribles condiciones de degradación, producto de prácticas insostenibles de pastoreo intensivo. Cabe mencionar, que el municipio de Chignahuapan es líder en el estado de Puebla en la producción de ovinos.

Sin embargo, no sin resistencia y gracias a los beneficios que los ejidatarios han obtenido del manejo y aprovechamiento forestal sustentable, decidieron emprender un proyecto de recuperación de esas tierras degradadas. Desde el año 2007 comenzaron sus actividades de reforestación con distintas variedades de pinos que son resistentes a la sequía y que no requieren de tantos nutrientes del suelo para crecer.

Al día de hoy, en las zonas del predio en las que los árboles han logrado un mejor crecimiento, de  cuatro metros, el suelo presenta síntomas de recuperación, la propia sombra que generan los árboles permite la retención de humedad y regula la temperatura. En contraste, a unos cuantos kilómetros, en las áreas de este polígono degradado que aún no han sido reforestadas se aprecia un paisaje de desolación, “árido, con suelos de tepetale,” refiere el ingeniero forestal, Carlos Pérez.

Los planes a corto y mediano plazo del ejido Acolihuia son seguir incorporando áreas de regeneración, para que las siguientes generaciones puedan manejar y aprovechar esos bosques que ellos mismos han sembrado.

Fotografías: Archivo CCMSS

Las prácticas silvícolas comunitarias favorecen la conservación de la biodiversidad

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Sinopsis:

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El cultivo de los bosques es una actividad que se ha venido realizando a lo largo de la historia humana. Por esta razón, la relación con los bosques forma parte de la identidad cultural y las tradiciones de aquellos grupos humanos que los han habitado desde hace ya generaciones. Con el tiempo se han desarrollado metodologías y modelos precisos que buscan optimizar dicha relación, con fines económicos y sostenibles, y que además de diversas técnicas y complementos teóricos, incorporan el conocimiento ancestral acumulado por las comunidades locales.

En términos amplios, la silvicultura consiste en la intervención aplicada y estratégica en un bosque, con fines diversos, entre los que se incluyen la conservación de la biodiversidad, el suministro de servicios ambientales y el aprovechamiento de los recursos forestales. Sus técnicas, generalmente sostenibles y poco costosas, le han valido consolidarse como una alternativa decisiva para armonizar las funciones sociales, económicas y ecológicas que idealmente cumple un bosque.

Dentro del manejo forestal comunitario se aprovechan diversas prácticas silvícolas que han probado ser particularmente efectivas en lo que a cuidado de la biodiversidad se refiere. En nuestro país se reconocen legítimamente como una vía hacia la sostenibilidad total de los bosques, y una manera de incluir a las comunidades dentro de su cuidado.

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la silvicultura comunitaria, es la creación de normas, acuerdos, compromisos y, en general, una gobernanza forestal que fomente la conservación de la biodiversidad, al mismo tiempo que haga valer efectivamente el conocimiento de las comunidades sobre sus bosques y su derecho a la tierra. Se trata de una intervención forestal que involucra de manera integral a las comunidades locales.

Si consideramos que el 80% de los bosques y selvas del país responden a un régimen de propiedad social (ejidos y comunidades), y que en dicho territorio se concentra una porción significativa de la biodiversidad de México, entonces la labor de conservación que los propietarios legales de dichas tierras, es decir ejidatarios y comuneros, adquiere una relevancia contundente.

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A continuación describimos brevemente tres de las técnicas silvícolas que el manejo forestal comunitario en México aprovecha, como parte de su función de salvaguardar los bosques y la biodiversidad que estos alojan. Cabe señalar que estas técnicas han sido diseñadas considerando las propiedades de las zonas y sus especies.

 

Método de Desarrollo Silvícola (MDS)

Se trata de una técnica empleada especialmente en los bosques templados. Un método en el que se organiza la “masa forestal” por zonas, para que de esta manera se proceda a la renovación de la especie elegida. Para llevar a cabo dicha renovación es necesario realizar principalmente tres procedimientos: cortas de regeneración (que ayudan al suelo a recibir suficiente sol), de liberación (que empujan a la renovación) y aclareos (que es la corta de árboles chuecos o enfermos). Las cortas también son una técnica esencial para evitar que las plagas se propaguen y destruyan otros árboles.

Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM)

Es un método de ordenación por volumen, esto quiere decir que el silvicultor intentará mantener la misma cantidad de producto aprovechado al año. Comúnmente empleado en bosques templados, el MMOM consiste en la extracción de árboles maduros que ya han alcanzado un crecimiento máximo, pero la meta en cuanto a volumen, se completa con la extracción de árboles de otros tamaños mediante cortas de selección. Se ha comprobado que este método permite conservar la diversidad de especies del bosque y por su bajo impacto sobre el suelo, es adecuado para realizarse en zonas de pendientes muy altas.

Método de Selección con Diámetro Mínimo de Corta (MSDMC)

Una medida que se utiliza en bosques tropicales, debido al tamaño de los árboles. Consiste en la selección de un diámetro mínimo de corta, según la especie a tratar. Para lograr una práctica adecuada es necesario observar la respuesta del bosque para ajustar a tiempo el tipo de cortas y mantener una regeneración constante del recurso aprovechado.

Los bosques en México, y con ellos su enorme biodiversidad, enfrentan amenazas distintas, entre las que destacan el cambio de uso de suelo, que implica pérdida de áreas boscosas a favor de actividades comerciales o exclusivamente agrícolas, y la tala ilegal, entre otros factores que conllevan la deforestación. Por eso resulta urgente la necesidad de implementar modelos que garanticen la conservación de la biodiversidad.

En México la silvicultura comunitaria ha generado numerosos casos de éxito en materia de conservación de la biodiversidad durante las últimas tres décadas –sin dejar de mencionar los beneficios económicos y sociales que también ha proveído–. Por eso hoy, en el marco de la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica, el manejo forestal comunitario debe considerarse como un agente clave de conservación con miras al cumplimiento de las 20 metas vinculantes que se han acordado.

 

*Fotografías: CIFOR

Indispensable asegurar a las comunidades indígenas sus derechos de tenencia de la tierra para garantizar la conservación de los bosques y combatir el cambio climático











Sinopsis:

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El 11 de octubre de 2016 se reunieron expertos de diversos países en Washington, Estados Unidos, para abordar el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios para la conservación de los bosques, este evento representó una oportunidad única para que los participantes se reunieran y elaboraran estrategias sobre el papel del financiamiento del desarrollo en la consecución de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales para abordar la reducción de la pobreza, administrar la tierra, combatir la deforestación y el cambio climático.

En el foro denominado Asegurando los derechos de tenencia de la tierra para proteger los bosques y combatir el cambio climático: Explorando el papel de las finanzas para el desarrollo, representantes del Land Rights Now (LRN), institución co-organizadora del evento, señalaron que el objetivo central del evento fue el llamar a la Acción Global sobre los Derechos de las Tierras Indígenas y Comunitarias para duplicar el área de tierra reconocida como propiedad o controlada por los pueblos indígenas y las comunidades locales para el año 2020. En el evento se profundizó en cómo se puede orientar, coordinar y mejorar el financiamiento para el desarrollo y para ayudar a alcanzar este objetivo.

Kysseline Chérestal, Consejera de Política de Tierras en la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y miembro del Grupo de Dirección de LRN, expuso una visión general de la campaña de LRN, que se trata de un mecanismo coordinador para impulsar una acción conjunta para promover un mayor reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva.

En este sentido, el análisis elaborado por la RRI de 2015: ¿Quién posee la tierra del mundo? Demostró que, a nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen propiedad legal sólo del 10 por ciento de su tierra, a pesar de tener derechos consuetudinarios sobre más del 50 por ciento de las tierras del mundo. Esta brecha extraordinaria pone en riesgo su bienestar económico y social y los sitúa en primera línea para hacer frente a las crisis ambientales que resultan del cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, las mujeres son el sector de la población que se ven más afectadas adversamente en estas situaciones.

En su oportunidad, las presentaciones de los participantes de Kenya, Camerún, Perú y México dieron urgencia a la necesidad de otorgar más financiamiento que sitúe la tenencia de la tierra en el centro de su enfoque para aliviar las presiones externas y apoyar los medios de subsistencia derivados de los bosques y otros ecosistemas naturales.

Mientras que los presentadores del Perú destacaron que asegurar la tenencia colectiva de la tierra debe ser un objetivo en sí mismo y un primer paso para garantizar que las comunidades forestales puedan construir economías locales sostenibles.

El evento se desarrolló en dos paneles de expertos, el primer panel, denominado “El caso de los derechos de tenencia colectiva de la tierra” abordó los desafíos que dificultan el reconocimiento más amplio de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y exploró las mejores prácticas para apoyar la tenencia colectiva en proyectos y políticas de desarrollo.

Roberto Espinoza, Asesor Climático de la Asociación Paraguaya de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que “donde haya personas con derechos, habrá bosques vivos para siempre y para todos” y alentó a que mediante mecanismos de donación específicos, a través del marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se provean fondos directamente a los grupos indígenas y comunitarios para incrementar la gobernabilidad territorial, manejo y titulación de tierras indígenas.

Helen Ding, Economista Ambiental del World Resourses Institute (WRI) compartió nuevas investigaciones de un informe del WRI sobre los costos y beneficios de asegurar y mantener la tenencia de la tierra.

Indicó que los datos del estudio demuestran que los bosques indígenas autóctonos aseguran beneficios globales de biocombustibles en Bolivia, Brasil y Colombia que ascienden a un total de entre 25 a 34 mil millones de dólares en los próximos 20 años.

Yator Kiptum, del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, cuya comunidad forestal experimentó desalojos forzosos como resultado de un programa financiado por el Banco Mundial en Kenia, enfatizó que los derechos no deben estar en conflicto con la conservación, y pidió a las instituciones de financiamiento del desarrollo apoyar leyes y políticas que promuevan los derechos de los pueblos indígenas forestales a poseer y ocupar sus tierras ancestrales en bosques/áreas protegidas.

En tanto que Klaus Deininger, Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, promocionó el potencial del Marco de Evaluación de la Gobernabilidad de la Tierra (LGAF, por sus siglas en inglés) como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo financiero para ayudar a los diseñadores de políticas a generar y monitorear las reformas agrarias a nivel nacional.

En el segundo panel, titulado: Experiencias en el Manejo de Bosques y Otros Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se destacó la experiencia indígena y local en silvicultura y mitigación/adaptación al cambio climático y ofreció recomendaciones de la comunidad.

En su ponencia, Raúl Benet, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) de México, instó a los actores de las instituciones de financiación del desarrollo a transferir fondos de la reforestación a iniciativas forestales comunitarias que respalden los derechos a la tierra y eleven las voces comunitarias en la formulación de políticas públicas.

Cécile Ndjebet, Observadora de las Mujeres del Fondo Forestal para el Carbono y Presidenta de la Red Africana de Mujeres para la Gestión Comunitaria de Bosques (REFACOF), subrayó la necesidad de un enfoque de género para las cuestiones forestales y de tenencia de la tierra. Pidió mayor oportunidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.

Mientras que Henderson Rengifo, Presidente de AIDESEP del Perú, enfatizó la necesidad de apoyar no solo los derechos de tenencia indígena, sino también de las economías indígenas de “vida plena y buen vivir”, que implican una producción diversificada, un equilibrio holístico entre comunidad, naturaleza y cultura, respeto a la reciprocidad y participación equitativa en los beneficios entre todos los actores involucrados.

Por último, Gerardo Segura, del Banco Mundial, describió el papel actual del financiamiento del Banco Mundial en el apoyo a la gestión indígena y comunitaria de los recursos, así como sus planes para el apoyo continuo a través del Plan de Acción Forestal.

Algunas de las recomendaciones generadas por los participantes del Foro para avanzar en el reconocimiento de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y pueblos indígenas fueron las siguientes:

Agenda de financiamiento de desarrollo:

– Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deben crear y aumentar las contribuciones a las ventanillas de financiación para canalizar la inversión directa a las comunidades indígenas (por ejemplo, el Mecanismo de Subvenciones Dedicado, o DGM), centrándose en las contribuciones de las mujeres, así como en grupos indígenas que puedan liderar sus propias iniciativas de conservación de tierras, bosques y clima.

-IFD para cambiar los incentivos internos orientados en financiar factores impulsores de la deforestación y la apropiación de tierras, a incentivos que apoyen los derechos y economías de las tierras indígenas y comunitarias.

– Instituciones financieras de desarrollo (IFD)para trabajar juntos para aumentar la coherencia y la coordinación del apoyo de los donantes a las economías indígenas.

– IFD para proporcionar más apoyo y enfocarlo en la adaptación al clima y el papel de las mujeres en el logro de la resiliencia al cambio climático.

– IFD para llevar a cabo investigaciones futuras sobre los beneficios de asegurar los derechos de tenencia de indígenas y comunidades para informar su propia política y práctica.

Políticas

– IFD para abordar las salvaguardas las lagunas en la política de desarrollo de préstamos y préstamos a través de intermediarios financieros mediante la aplicación de salvaguardas fuertes de tenencia de tierras, bosques y climáticas entre los instrumentos de préstamo.

– IFD para fortalecer y alinear salvaguardas entre los distintos sectores e instituciones para proteger los derechos indígenas y comunitarios de la tierra.

– IFD para la evaluación de los distintas leyes y marcos normativos, a través de los sectores e instituciones sobre la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios existentes como parte del diseño de un proyecto.

 Diseño e implementación de proyectos:

– IFD para trabajar en incrementar el apoyo a la gobernabilidad territorial.

– IFD para incrementar el apoyo financiero para el fortalecimiento de las cuestiones de gobernanza en la tenencia de la tierra.

 – IFD para apoyar a los gobiernos a asegurar la titulación de tierras indígenas y el apoyo a las economías indígenas para que se integren en los planes y políticas nacionales.

– IFD para incorporar las voces indígenas y comunitarias en el diseño de proyectos, particularmente las de las mujeres.

– Mecanismos de rendición de cuentas para incrementar la capacidad de abordar el daño relacionado con la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios.

Los bosques y selvas en México son de propiedad social (análisis geoestadístico)











Sinopsis:

 

 

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  • La propiedad social representa el 52% de la superficie total del país, y está distribuida en más de 31 mil núcleos agrarios, de los cuales el 35% tienen al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

  • La región Norte del país concentra la mayor cantidad de superficie de núcleos agrarios con superficie de bosque.

  • En las entidades que conforman la península de Yucatán más del 75% de la superficie en propiedad social tiene al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva.

 

Autor: Ortega Espinosa Ariadna

Introducción

Este análisis tiene como finalidad cuantificar los núcleos agrarios que poseen, al menos, 200 hectáreas de bosque y/o selva; para dicho análisis es importante mencionar que no se consideró la vegetación matorral; por lo tanto, los resultados varían con lo publicado, en 2012, por el Registro Agrario Nacional (RAN), en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México, donde se afirma que hay 15 mil 584 núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques, selvas y matorral.

Para la elaboración de este trabajo se llevó a cabo un análisis geoespacial con base en la cobertura de uso de suelo y vegetación, conocida como Serie V, escala 1:250 000 (información más actual disponible), así como la capa de núcleos agrarios del RAN, actualizada a diciembre de 2014.

Los resultados del presente trabajo indican que de los más de 30 mil ejidos y comunidades certificadas por el Regisro Agrario Nacional que existen en México, 11 mil 843 cuentan con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva en todo el país.

El análisis a escala estatal demuestra que hay estados con una proporción alta de ejidos con bosques y selvas como el caso de Yucatán, dónde el 90 % de la superficie de estos predios cuenta con al menos 200 hectáreas de selva.

La propiedad social en México

México está dividido en tres grandes categorías de propiedad de la tierra: pública, privada y social.  La primera corresponde a los terrenos de propiedad del estado (federal o estatal); la segunda, es aquella que la nación otorga a particulares, y en la tercera categoría están los núcleos agrarios, divididos en dos regímenes de tenencia de la tierra: el ejido y la comunidad[1].

A continuación, se representa la distribución de la tenencia de la tierra en México, con base en datos estadísticos de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) de 2012.

Gráfica 1. Distribución de la Propiedad de la Tierra.

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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticos del SRA, 2012

La propiedad social cuenta con poco más de 100 millones de hectáreas que repartidas en 31 mil 785 núcleos agrarios (NA): 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades[2]; de los cuales, 30 mil 076 cuentan con certificado agrario emitido por el RAN, lo cual representa una superficie superior a 95 millones de hectáreas.[3] (Ver tabla 1).

Tabla 1. Distribución regional de la propiedad social certificadas por el RAN.Distri_regio_NA

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN (2014) y Regiones según CONABIO (2010)

Se estima que alrededor del 80 % de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social[4]. El  presente análisis indica que el 73 % de los NA certificados por el RAN, tiene cobertura forestal[5]. (Ver Mapa 1).

Mapa 1. Superficie forestal y no forestal en núcleos agrarios certificados por en RAN

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Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN (2014) y Serie V de INEGI

Núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selva

De acuerdo con este análisis, hay 11 mil 843 NA con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva, que cubren una superficie total de más de 34 millones de hectáreas. Los resultados indican que la región norte cuenta con la mayor cantidad de superficie boscosa, seguido de la región pacífico sur y en la tercera posición, la región de la Península de Yucatán (ver Tabla 2).

 

Tabla 2. Distribución regional de núcleos agrarios con al menos 200 Ha de bosque y/o selva

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Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN e INEGI (2014). Regiones según CONABIO (2010).

Por otra parte, el análisis estatal estima que el 90 % de la superficie total de los NA del estado de Quintana Roo tienen al menos 200 hectáreas de selva; en segundo lugar, se ubica Campeche y, por último, Yucatán con 77 % y 76 %, respectivamente. (ver tabla 3)

Lo anterior se aprecia en la tabla 3, dividida en 2 secciones, A y B, la primera sección contiene el total de NA, el número de NA con al menos 200 ha y su porcentaje sobre el total y  la sección B  la superficie total de NA, superficie de NA con más de 200 ha y su repectivo porcentaje contra el total de la superficie.

Tabla 3. Distribución estatal de núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva

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Fuente: Elaboración propia basado en procesos GIS con base en datos del RAN (2014) e INEGI (2012).

 El mapa 2 muestra la distribución nacional de los núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva, representando sólo la porción del ejido con superficie forestal.

Mapa 2. Distribución nacional de núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

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Fuente: Elaboración propia basado en procesos GIS con base a datos vectoriales del RAN (2015) e INEGI (2012).

 

Conclusiones

La propiedad social representa el 52 % de la superficie total del país, la cual esta distribuida en más de 31 mil núcleos agrarios, de los cuales el 35 % tienen al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

El análisis demuestra que la región norte concentra la mayor cantidad de superficie de núcleos agrarios con esta característica, sin embargo, a nivel estatal, las entidades que conforman la península de Yucatán son aquellos en donde más del 75 % de la superficie en propiedad social tiene al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva.

 

Notas al pie:
[1] IICA & RAN, Atlas de propiedad social y servicios ambientales en México, México 2012.

[2] Gaceta Parlamentaria, 2014.

[3]  Datos generados a partir de información vectorial del RAN, 2014.

[4] FAO. Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe, 2004.

[5] Bosque, Selva, Matorral y otro tipo de Vegetación (clasificación elaborada a partir de Serie V, INEGI).

 

Referencias bibliográficas:

RAN & IICA. 2010. Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México. disponible en:  http://www.ccmss.org.mx/descargas/Atlas_de_propiedad_social_y_servicios_ambientales_en_Mexico.pdf

Gaceta Parlamentaria, Número 4108-III,2014. Disponible en:  http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/sep/20140909-III/Iniciativa-1.html

Torres, Juan Manuel, 2004, FAO. Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina. Disponible en:  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j2215s/j2215s00.pdf

Torres, Juan Manuel, 2015, CIDE. Características de las núcleos agrarios forestales en México, disponible en: https://goo.gl/NfRN5q

Manejo Forestal Comunitario en México: un modelo emergente de manejo sustentable de ecosistemas forestales

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Sinopsis:

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario

Autores: Gerardo Segura, Leticia Merino-Pérez, David B. Bray, Alberto Cárdenas Jiménez 

La aparición en los últimos 25 años de un número apreciable de casos de bosques templados y tropicales manejados por las comunidades en tierras de propiedad común en México ofrece un ejemplo único en el mundo de cómo las comunidades pueden alcanzar un tipo de ordenación de los ecosistemas más integrado, que favorece además la evolución socioeconómica en las poblaciones rurales indígenas y no indígenas de escasos recursos.

Como resultado de las reformas agrarias que surgieron a partir de la Revolución Mexicana, en los primeros decenios del siglo XX buena parte de los derechos sobre las tierras forestales fueron transferidos a las comunidades rurales, y se estima que a final de los años setenta un 80% de la superficie forestal total del país estaba bajo el control comunitario.

A través de la historia, las comunidades y sus empresas forestales tuvieron que librar diversas batallas para obtener el control de sus derechos de propiedad y del aprovechamiento de su base de recursos forestales, gracias a lo cual se han adaptado las formas tradicionales de organización social a las modernas condiciones socioeconómicas, dando así lugar a una nueva forma de capital social. Este proceso ha conducido a la creación a unas 290-470 empresas forestales comunitarias con diferentes niveles de integración vertical, que manejan sus bosques con fines de producción maderera comercial y son en su mayoría muy rentables. El nivel de madurez de muchas de esas comunidades les permite manejar sus bosques con un enfoque más orientado al ecosistema, que va más allá de la producción maderera para explorar nuevas oportunidades de mercado con objeto de diversificar la producción de los ecosistemas forestales con bienes y servicios más beneficiosos para el medio ambiente.

En el contexto mundial actual, que muestra una considerable tendencia a transferir los derechos sobre las tierras forestales a las comunidades locales, el caso de la silvicultura comunitaria en México representa un modelo de eficacia comprobada de aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales, que merece una mayor atención y un análisis más a fondo pues aporta una importante contribución a la comunidad internacional.

 

Introducción

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El régimen de tenencia comunitaria de la mayor parte de los terrenos forestales de México representa un caso único en el mundo en el que los derechos de propiedad de los recursos forestales fueron transferidos a las comunidades rurales durante buena parte del S XX como resultado de la reforma agraria que surgió a partir de la Revolución Mexicana. En la actualidad una extensión considerable de estos bosques de propiedad comunal son manejados con fines productivos por comunidades locales con diferentes niveles de integración y madurez, permitiendo demostrar que este tipo de actividad puede ser un motor de desarrollo regional que genera riqueza económica y bienestar social, además de asegurar la conservación de los bosques y de otros importantes beneficios ambientales asociados a los ecosistemas forestales.

En el contexto internacional actual que muestra una tendencia importante de los gobiernos de muchos países para transferir derechos de propiedad y usufructo de los terrenos forestales a comunidades locales, las experiencias de manejo comunitarios de bosques en México surgen como una contribución importante a la comunidad internacional para explorar nuevos esquemas de desarrollo regional y conservación de los ecosistemas forestales, principalmente en países en desarrollo.

El presente trabajo tiene el objetivo de hacer una revisión general del desarrollo del manejo forestal comunitario en México haciendo una análisis del contexto social y político en el que este modelo ha evolucionado, e identificando su potencial como instrumento para promover el desarrollo sustentable y la conservación de los ecosistemas forestales.

 

Tenencia de la Tierra y Condiciones Socioeconómicas de las Comunidades Forestales en México

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A lo largo del siglo XX la reforma agraria fue sin duda la acción social hacia el campo más importante que llevó a cabo el estado mexicano. Como resultado de la dotación agraria, 53% del territorio continental del país es de propiedad social. En las regiones forestales, diversas fuentes estiman que alrededor del 80% de esta extensión está en manos de ejidos y comunidades agrarias (INEGI, 1997; Procuraduría Agraria 2000), 40% de las cuales fueron transferidas a estos grupos entre 1950 y 1980.

Desde los años 70´s mucho se ha debatido en torno a los impactos del tipo de tenencia en el deterioro de los bosques. En México este debate cobró notoriedad en los años 1990, exponiéndose con beligerancia en distintos medios de opinión, a la propiedad social como la causa última de la pérdida acelerada y el deterioro de superficies forestales. El análisis de las dinámicas de deterioro forestal revela procesos más complejos, en los que sumada a diversos factores, la propiedad social representa en muchos casos retos indudables, a la vez que ofrece también oportunidades y recursos para promover el desarrollo regional y la conservación de los ecosistemas forestales. Más allá de esta polémica, en las condiciones sociales y políticas actuales del campo mexicano, el carácter social de la propiedad de los bosques es un hecho histórico y actual, un punto de partida fundamental para las políticas que buscan incidir en las prácticas de uso de los recursos forestales y en las condiciones de los bosques.

Irónicamente, y principalmente en los últimos 10 años, diez de los países con mayor cobertura forestal del mundo han diseñado o reformado esquemas legales para devolver o fortalecer derechos de propiedad y acceso a los recursos forestales en favor de comunidades locales y grupos indígenas (White and Martin, 2002). Estas políticas han propiciado que en las últimas dos décadas, principalmente en países latinoamericanos, cerca de 200 millones de hectáreas hayan sido transferidas en propiedad o usufructo a comunidades.

Otro punto de partida son las condiciones sociales de los pobladores de los bosques. En México existen 8,420 comunidades forestales con una población estimada de entre 13 y 15 millones de habitantes de la cual un alto porcentaje pertenece a grupos indígenas. Las regiones forestales se encuentran entre las de mayor marginalidad y pobreza en el país en donde más del 50% de su población vive en condiciones de extrema pobreza. La pobreza ha sido una constante en la historia de estas regiones, tradicionalmente aisladas y con fuertes restricciones naturales para la producción agropecuaria y forestal.

 

Evolución del marco institucional y las políticas públicas y sus impactos en el uso de los recursos forestales

Las políticas públicas son un elemento crucial en el uso de los recursos naturales puesto que influyen de manera determinante en los marcos de incentivos y construcción de reglas de uso de los recursos que definen las opciones de los usuarios. Es común que las políticas tengan efectos inesperados, aunque con frecuencia contundentes, en las prácticas de uso de los recursos y en sus condiciones.

La acción política relacionada con el sector forestal se ha caracterizado por la desarticulación y aún la contradicción entre los lineamientos y acciones de distintos temas. Las “señales” que los usuarios de los recursos recibieron de las políticas de dotación de terrenos nacionales, o de reconocimiento de derechos comunales, resultaban opuestas a las políticas de concesiones o vedas forestales, vigentes en las mismas áreas donde se el reparto agrario se llevaba a cabo (Merino 1997, Merino et al. 2000). Otra constante en política hacia el campo ha sido el desconocimiento del carácter forestal de gran parte del territorio del país.

Es en este contexto que durante la mayor parte del sigo XX, las comunidades forestales mexicanas tuvieron derechos limitados sobre el acceso a sus áreas boscosas derivados de políticas en las que el gobierno ejercía control sobre los recursos forestales a través concesiones a empresas privadas y paraestatales. A partir de fines de la década de los 70´s, se dieron cambios importantes en las políticas forestales que junto con movimientos sociales condujeron a nuevos esquemas para permitir que las comunidades manejaran y administraran sus recursos forestales con fines de producción comercial maderable (Bray and Wexler 1996). Este importante período de apoyo al manejo comunitario se debilitó hacia mediados de la década de los 80´s, y no es hasta avanzada la década de los 90´s que un nuevo impulso gubernamental a este sector se reestablece. En 1997 la recientemente creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), puso en marcha proyectos como el de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf) y el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) con los que se buscaba impulsar una nueva política de estímulos al sector forestal. Sin embargo, durante la gestión de Semarnap los escasos recursos con que operaron estos programas limitaron sus alcances.

En la actual administración se han dado importantes cambios en las políticas de apoyo al sector de medio ambiente y recursos naturales en el que el manejo y la conservación de los recursos forestales ha tomado el carácter de prioridad nacional. En consistencia con estas políticas, en 2001 se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como organismo público descentralizado para dar un nuevo impulso al Sector Forestal con base en esquemas de manejo forestal sustentable. La CONAFOR ha reconocido la gran relevancia del manejo forestal comunitario dirigiendo una buena parte de sus esfuerzos a reorientar y fortalecer programas y proyectos existentes como el Prodefor y el Procymaf que están dirigidos a fortalecer la gestión de los productores forestales rurales. Durante sus primeros años de operación, la CONAFOR ha incrementado los alcances y los recursos presupuestales de estos programas a niveles que no tienen precedente la historia de la gestión gubernamental en México.

En este contexto, dichos programas han avanzado en su concepción y en campo. Han buscado fortalecer una estrategia de promoción del uso sustentable de los recursos forestales, dentro de una política que reconoce el valor de los recursos del país y las tendencias del deterioro de éstos como resultado de políticas inadecuadas, manejando como punto de partida la idea de que la situación de los recursos forestales está asociada a la problemática social y económica de las áreas rurales.

 

El Manejo Forestal Comunitario en México como un Modelo de de Desarrollo Rural Sustentable

En la actualidad las áreas boscosas manejadas por comunidades a través de Empresas Forestales Comunitarias (EFC), tanto en bosques tropicales como templados, representan una escala y nivel de madurez único en el mundo. El concepto de manejo forestal comunitario, en el ámbito internacional generalmente se refiere al manejo para uso de productos no maderables o al aprovechamiento de productos maderables para el consumo doméstico (Arnold 1998). En el caso de México, el concepto es diferente en el sentido de que la propiedad es auténticamente social y el manejo esta más orientado a una producción comercial de productos maderables para el que las comunidades han constituido EFC´s que invierten en procesos de transformación y comercialización de productos terminados.

El surgimiento del sector de Empresas Forestales Comunitarias en México es el resultado de un largo proceso de apropiación social que se sustenta en una combinación de políticas públicas, una tradición de activismo rural y el capital social que poseen las mismas comunidades rurales. Aunque el proceso de apropiación inicia después de la Revolución de 1910, no es sino hasta mediados de la década de los 70´s que las condiciones se vuelven propicias para que los esquemas tradicionales de gobierno de las comunidades permitieran la construcción de capacidades de organización y la habilidad de responder a condiciones externas propicias para la consolidación de empresas sociales (Fox 1995, 1996).

En la actualidad no existe un consenso sobre el número de comunidades que activamente manejan sus bosques como principal actividad económica, en contraste con aquellas que venden su madera en pié a empresas privadas. Sin embargo, algunas fuentes estiman que éstas oscilan entre 288 y 740 (Bray et al. 2002), representando alrededor del 5% de las comunidades forestales del país. Estas comunidades han constituido EFC´s con diferentes niveles de integración vertical, muchas de las cuales operan desde mediados de los 80´s (Alatorre 2000). Esta cifra y el área que representa puede parecer pequeña, sin embargo es muy superior a la que se observa en otros países del mundo (Bray et al 2002).

La transición de esquemas de concesiones privadas en bosques comunitarios a un manejo controlado por las comunidades ha permitido mejorar las condiciones de equidad social de beneficios económicos. En muchas de las comunidades que manejan sus bosques los ingresos asociados a la producción forestal han incrementado considerablemente y están siendo invertidos en obras sociales (e.g. escuelas, clínicas de salud, infraestructura de caminos y agua potable) así como en la generación de empleos (Merino 1997, Alatorre 2000). Las EFC´s más avanzadas han logrado consolidar procesos productivos y están demostrando capacidades cada vez mas desarrolladas para el aprovechamiento maderable con fines comerciales, mejorando sus esquemas gerenciales y de rendición de cuentas, y tomando a la vez medidas serias para asegurar el mantenimiento de la productividad forestal, la conservación de la biodiversidad y la protección de otros bienes y servicios ambientales de interés público (Bray et. al 2002, Klooster 2000).

Algunas de las EFC´s más avanzadas han logrado acceder a mercados nacionales e internacionales más competitivos, y están empezando a invertir en procesos productivos verticales que den mayor valor agregado a sus productos forestales, y a diversificar el uso de sus recursos en proyectos de inversión que incluyen actividades como el embotellamiento de agua de manantial, el ecoturismo comunitario y la producción y comercialización de productos forestales no maderables (SEMARNAT/PROCYMAF, 2000). Un estudio reciente de EFC´s en el estado de Oaxaca que evalúa la eficiencia de diferentes esquemas de organización productiva en relación a niveles de integración vertical, muestra que la mayoría de estas empresas son altamente rentables en todos los niveles y que la integración vertical esta relacionada con la extensión del área forestal que es manejada por la comunidad (Antinori 2000).

Un indicador de la evolución del sector forestal comunitario en México que revela su contribución a un manejo forestal más sustentable ha sido la importante extensión de bosques comunitarios que han sido certificadas por organismos externos bajo el esquema del Forest Stewardship Council (FSC). Actualmente un total de 21 comunidades, abarcando más de 510,000 ha han sido certificadas bajo este esquema y 200,000 has mas han sido evaluadas y están en proceso de certificarse. El volumen de madera certificada proveniente de estas áreas representa ya el 10% de la producción maderable de bosque nativo a nivel nacional. México reporta las cifras más altas de certificación de bosques comunitarios en el mundo.

Estas experiencias revelan el potencial de la gestión comunitaria de los bosques, no solo para conservación de los recursos, sino también en su aportación a la gobernabilidad de regiones caracterizadas por su marginalidad y aislamiento. Si bien la tenencia comunal ha sido una factor estructural importante que ha brindado oportunidades para detonar procesos de autogestión y desarrollo rural que contribuyen a la sustantabilidad y conservación de los bosques, es claro que ésta condición no resulta en si misma suficiente. Las comunidades que han tenido éxito en este proceso han basado su desarrollo en el fortalecimiento de estructuras de gobernabilidad tradicionales creando capacidades de auto-regulación y organización que responden a esfuerzos externos de organización (Fox 1995). Otro elemento importante en este proceso ha sido la necesidad de que las instituciones externas, sociales y de gobierno, se articulen con las instituciones comunitarias locales propiciando el desarrollo conjunto de estrategias basadas en el uso forestal del suelo y la valoración económica y social de los bosques.

 

Conclusiones

El modelo de manejo comunitario de bosque en México representa una oportunidad importante a nivel internacional para estudiar las ventajas sociales, económicas y ecológicas de los procesos de devolución de derechos de propiedad a comunidades locales. Este modelo puede convertirse en una alternativa viable para promover el desarrollo regional en el que pueden confluir valores de equidad, conservación ambiental y rentabilidad económica, contribuyendo a enfrentar el problema de la pobreza de las zonas rurales del mundo.

Las experiencias mexicanas de manejo comunitario, sin embargo, debe ser analizada en un contexto más amplio en el que las condiciones de los bosques, tanto de México como del mundo han sufrido transformaciones de peso en los últimos diez años. En este contexto, el sector forestal debe enfrentar nuevos eventos y procesos, entre los mas significativos se encuentran: las nuevas amenazas ambientales, vinculadas al cambio climático; el incremento en la demanda nacional de productos forestales y la tensión entre el uso de los bosque nativos y las plantaciones comerciales; el incremento de la influencia de los mercados internacionales y la globalización; la demanda emergente de servicios ambientales y el desarrollo de nuevos mercados para éstos; y la creciente preocupación internacional sobre las condiciones de gobernabilidad necesarias para asegurar el uso sustentable de los bosques (White, et al. 2002).

Para asumir exitosamente estos cambios el sector y la política forestal requieren avanzar en la resolución de viejos y nuevos retos. Ello requiere de una atención estratégica y ambiciosa por parte de los gobiernos locales y la comunidad internacional. Dentro de las prioridades para fomentar y fortalecer estos retos se requiere: avanzar en la definición clara de derechos de propiedad, respetando las condiciones de la propiedad comunitaria; identificación y promoción de esquemas y modelos de manejo forestal comunitario exitosos; recursos para incrementar las capacidades técnicas y el fortalecimiento del capital social de los productores; fortalecer esquemas de mercado y financiamiento para promover el desarrollo comunitario; y diseñar un marco normativo de incentivos a los productores para hacer un manejo integral y diversificado de sus recursos naturales a favor del desarrollo sustentable y la conservación.

El diseño de una política acorde con estos retos, representa una tarea por demás compleja, puesto que además de la diversidad de condiciones existentes en las áreas forestales del país, los bosques mexicanos son también recursos complejos, bienes comunes, que proveen servicios públicos y valores privados. Se trata en consecuencia de sistemas cuya gestión requiere de la conjunción de perspectivas, voluntades y capacidades.

Referencias

Alatorre, G. 2000. La Construcción de una Cultura Gerencial Democrática en las Empresas Foretales Comunitarias. Casa Juan Pablos, México D.F, México.

Antinori, C.M. 2000. Vertical Integration in Mexican Common Property Forests. Ph.D. dissertation. Agricultural and Resource Economics. University of California, Berkeley.

Arnold, J.E.M. 1998. Managing Forest as Common Property. FAO Forestry Paper 136. Food and Agriculture Organization., Rome.

Bray, B.B, Merino,-Pérez, L., Negreros-Castillo, P., Segura-Warnholtz, G. Torres-Rojo, J.M. and Vester, H.F.M. 2002. Mexico´s Community-Managed Forests: A Global Model for Sustainable Landscapes?. Conservation Biology. (In press.)

Bray, D.B. and M.B. Wexler. 1996. Forest Policies in Mexico. In. Changing Structures in Mexico: Political, Social and Economic Prospects. Edited by L. Randal. M.E. Sharpe, Armonk, N.Y.

Fox, J. 1996. How Does Civil SocietyThicken? The Political Construction of Social Capital in Rural Mexico. World Development Studies. 32:1, Pp. 1-30.

Fox, J. 1995. Governance and rural development in Mexico: state intervention and public accountability. The Journal of Development Studies. 32:1, Pp. 1-30.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, (1997). Conteo de Población y Vivienda, 5 de noviembre de 1995, México.

Klooster, D. 2000. Institucional choice, community, and struggle: a case stury of Forest co-management in Mexico. World Development. 28:1, Pp. 1-20.

Merino Pérez, Leticia; Gérez Patricia; Madrid Sergio, (2000). “Políticas, Instituciones Comunitarias y Uso de los Recursos Comunes en México”. En: Sociedad Derecho y Medio Ambiente. Primer informe del programa de investigación sobre aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental en México. CONACYT, UNAM, SEMARNAP.

Merino, L. 1997. El manejo forestal comunitario en México y sus perspectivas de sustentabilidad. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM. Pub. Misc. 727.

Procuraduría Agraria, (2000). Los Recursos Colectivos en México. (CD-rom). México.

Scherr, S.J., White, A., and Kaimowitz, D. 2002. Making markets work for communities. Forest Trends. 22 p.

SEMARNAP/PROCYMAF. 2000. Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (PROCYMAF). Balance de tres años de ejecución. 29 pp.

White, A., Molnar, A. Martin, A. 2002. To Johannesburg and Beyond: Strategic Options to Advance the Conservation of Natural Forests. Forest Trends. 28 pp.

White, A. and Martin, A. 2002. Who owns the world´s forests?. Forest tenure and public forests in transition. Forest Trends. 30 pp.


1 Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Av. Progreso No. 5. Col. Del Carmen Coyoacán. 04100, México D.F. Tel. (55) 5628-0600, ext. 15571. E-mail: gsegura@conafor.gob.mx.

 

*Fotografías: Consuelo Pagaza para CCMSS / Imagen 2: Más de México

Navidad sustentable: ¿dónde comprar árboles naturales en México?











Sinopsis:

Árboles de navidad en la Reserva Forestal El ManantialAhora que llegó diciembre y con él la Navidad es tiempo de celebrar, y de hacerlo en forma sustentable, apoyando a los productores nacionales y conservando el medio ambiente. Una sola decisión hace un mundo de diferencia: comprar árboles navideños naturales y mexicanos, en lugar de árboles importados y de plástico.

Comprar un árbol natural es ecológicamente mucho mejor que comprar uno de plástico. La producción de un árbol real no sólo no contamina: limpia el aire. Durante los seis o siete años que tardó su crecimiento, ese árbol fue liberando oxígeno y capturando carbono. Sus raíces y su tronco contribuyeron a mantener los suelos y filtrar el agua. Los residuos que pudo haber generado se reintegrarán al suelo y ayudarán a otros árboles y plantas a crecer. (más…)

Estudio muestra que la silvicultura no daña la selva de Quintana Roo











Sinopsis:

foto-caobas“Se puede extraer madera de las selvas de Quintana Roo sin dañar el ecosistema, siempre y cuando se tenga un área con vegetación alrededor y se permita la regeneración en el área intervenida”, explicó la doctora Mirna Valdez Hernández, investigadora del Colegio de la Frontera Sur. Así lo muestra el estudio liderado por ella que se acaba de publicar en la revista Forest Ecology and Management.

El artículo, titulado “Recuperacíon y sucesión temprana después de disturbios experimentales en bosques tropicales con estacionalidad seca en México” (Recovery and early succession after experimental disturbance in a seasonally dry tropical forest in Mexico), recoge las conclusiones de un proyecto que consistió en intervenir seis parcelas de media hectárea, en la selva de Quintana Roo, de distintas maneras. En dos se imitó la tumba, roza y quema y quedaron varias plantas quemadas sobre el terreno. En otras dos se hizo un tratamiento mecanizado y con maquinaria se retiraron troncos, ramas y demás elementos orgánicos. En otras dos, por último, se imitó el efecto de un huracán, y con un hacha se derribaron todos los árboles de las parcelas y se dejaron en el lugar.

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