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Impulsar el empoderamiento de las comunidades rurales, la mejor herramienta para detener la degradación y desertificación











Sinopsis:

Las principales causas de desertificación se asocian con la deforestación, la agricultura industrial de monocultivos y con un uso intensivo de pesticidas; además del cambio de uso del suelo y las prácticas de ganadería extensiva, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Asimismo, la falta de planificación y ordenamiento territorial y el abandono de los conocimientos tradicionales para el uso y conservación de los recursos naturales propician la degradación de los suelos y aceleran la desertificación.

En el marco de la conmemoración del Día mundial de combate a la desertificación y la sequía, la FAO refiere que “tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. Sin embargo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afecta a la productividad de la tierra y contribuye, en consecuencia, al fenómeno de la migración y abandono de las tierras.”

Por lo tanto, la propia FAO recomienda “la creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, permanecer en sus hogares y tener medios de vida más resilientes, esto es un componente crucial para poder equilibrar el fenómeno migratorio frente a los efectos de la degradación de la tierra.”

En México la degradación de la cubierta vegetal, con grados que van de ligeros a extremos, asciende a 105 millones 799 mil de hectáreas, es decir, el 54 por ciento del territorio nacional. De estos, 39 millones de hectáreas (20% del territorio nacional) presentan degradación ligera; 7 millones 837 mil (4% del país) tienen degradación moderada; 52 millones 900 mil hectáreas (27% del país) con degradación severa y 5. Millones 878 mil hectáreas (3.0% del país) con degradación extrema.

Las comunidades y ejidos, con una alta proporción de población indígena, cuentan con la titularidad de la tierra, pero la carencia de instrumentos de política pública de fomento al desarrollo de capacidades para el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, ha impedido su desarrollo y ha provocado deforestación y la degradación de los bosques, las selvas y los suelos.

Actualmente, hay muchas opciones tecnológicas y de conocimiento que pueden dar respuestas al problema de la degradación de los suelos y la desertificación, y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos climáticos. Esto puede lograrse, según nos señala la FAO, “mediante una mejor integración de los sistemas de cultivo, de ganadería, de los bosques, y un uso más eficiente de recursos limitados como el agua y los nutrientes del suelo.”

No obstante, para tomar estas medidas en la escala pertinente y facilitar su adopción, es necesario que se tomen en cuenta las aportaciones y el conocimiento de las comunidades, así como contar con datos científicos sólidos.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al desarrollo de capacidades para el manejo integrado de los territorios, que permitan el emprendimiento de proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos a las comunidades rurales.

Asimismo, se requiere estimular los programas de restauración y regeneración de suelos, bosques y selvas degradadas. Está ampliamente demostrado que cuando las comunidades rurales y los pueblos indígenas cuentan con una gobernanza sólida, se detiene la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos.

San Pedro El Alto, Oaxaca: gigante ejemplar del manejo forestal comunitario











Sinopsis:

 

 

Desde que la comunidad tomó el control sobre el manejo de su bosque las cosas cambiaron radicalmente para la población y para el bosque mismo. Luego del periodo de concesiones forestales, en el que el Gobierno federal cedía los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales a particulares y empresas paraestatales, y gracias a un proceso de movilización de las comunidades y ejidos dueños de los recursos forestales, en 1984 la comunidad de San Pedro El Alto logró apropiarse del manejo y aprovechamiento de su bosque.

El camino no fue sencillo para esta comunidad, de alrededor de 1800 habitantes, ubicada en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, pues en un principio no tenían las capacidades técnicas, económicas ni de organización suficientes para emprender el manejo y aprovechamiento de su bosque. Después de muchos años de trabajo, ellos han logrado niveles de desarrollo sobresalientes y poseen un bosque ejemplar, que crece a un ritmo que desearía cualquier empresa forestal de México y del mundo. Todo gracias al compromiso comunitario con el bosque, el apego a la tierra, arduos años de trabajo y un buen acompañamiento técnico.

El primer año en que la comunidad tuvo el control del manejo del bosque, solicitaron una autorización para aprovechar mil metros cúbicos de madera. “Pedimos este volumen tan bajo para hacer pruebas y para que los comuneros entendieran mejor de qué se trataba el aprovechamiento forestal y ver cómo podríamos organizarnos,” platica el ingeniero Raúl Hernández Cortés, asesor técnico de San Pedro El Alto.

En los años sucesivos, sus volúmenes de aprovechamiento de madera se incrementaron paulatinamente, a la par de sus capacidades de organización y manejo del bosque. En 1989, lograron abrir su primer aserradero llamado Paraje pueblo viejo, con el que pretendían generar mejores ingresos por la venta de su madera. “Pasamos de venderla en rollo o trozas, a tablas aserradas,” precisa.

Especialización en el manejo forestal al estilo finlandés

En 1990, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre México y Finlandia para dar acompañamiento técnico en temas de manejo y aprovechamiento forestal a los ejidos y comunidades mexicanas. Es en ese marco, un grupo de cinco ingenieros forestales de la Universidad de Helsinki llegó a San Pedro El Alto para dar capacitación a la comunidad en el desarrollo de su empresa forestal comunitaria.

En 1995, cuando el convenio de colaboración concluyó, varios comuneros de San Pedro que fueron capacitados por los finlandeses, ya contaban con los conocimientos necesarios para guiar los trabajos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de forma sustentable. En ese mismo año, la comunidad elaboró su segundo plan de manejo, junto con el ingeniero Raúl Hernández, quien desde entonces y hasta el día de hoy trabaja en la empresa forestal.

De las 30 mil hectáreas de bosque con las que cuenta esta comunidad zapoteca, solo 10 mil hectáreas se aprovechan, el resto están destinadas voluntariamente a la conservación. “En nuestros planes de manejo solo aprovechamos 8 mil hectáreas en un periodo de 10 años,” refiere el asesor técnico.

Añade que San Pedro tiene un potencial productivo para aprovechar de manera sustentable alrededor de 450 mil metros cúbicos de madera por año, de los cuales, durante la última década solo sacaron 50 mil metros por anualidad.

Apenas en 2017, con la renovación de su plan de manejo, decidieron duplicar su producción al pasar de 50 mil a 100 mil metros cúbicos de madera por año, en una escala más cercana a los que obtienen los ejidos forestales más grandes del país, como El Largo, de Chihuahua.

“La decisión de incrementar el volumen de producción la tenemos perfectamente justificada en el plan de manejo, acorde con los lineamientos de la ciencia forestal y en cumplimiento de toda la normatividad aplicable. Seguimos llevando a cabo prácticas de conservación de la biodiversidad, de saneamiento y regeneración del bosque. Nuestro bosque está perfectamente sano y esto lo hace aún más productivo,” destaca.

San Pedro El Alto ha hecho las cosas tan bien que en 1998 fueron galardonados con el premio nacional al Mérito Forestal y en la ceremonia de entrega del premio recibieron la visita del presidente en turno de Finlandia, quien los reconoció por sus avances en materia forestal a pesar de que el acompañamiento de los expertos fineses había terminado tres años atrás.

Beneficios sociales de la apropiación del bosque

A partir de que la comunidad recuperó el control del manejo de su bosque comenzaron a generar ingresos con la venta de la madera que cosechan. Esos recursos los emplean, en gran medida, en el mantenimiento y regeneración del bosque; y en el pago de los salarios de los trabajadores de las tareas de aprovechamiento, reforestación, aserrío y administrativas. Además, invierten alrededor de un 30 por ciento de sus utilidades en obras y programas sociales al interior de la comunidad. Las utilidades restantes se reparten equitativamente entre los 470 comuneros (152 mujeres y 352 hombres).

El 60 por ciento de la madera que produce la empresa forestal comunitaria se vende en rollo y el otro 40 por ciento se vende aserrada y estufada.

Con la venta de la madera también han avanzado en la diversificación productiva de la comunidad, con la finalidad de generar empleos para todos sus habitantes. Cuentan con una empresa comunitaria que produce agua embotellada, en la que trabajan únicamente mujeres. También operan una tienda comunal que vende productos de primera necesidad a bajo costo y una farmacia comunitaria que oferta los medicamentos al 50 por ciento de su valor comercial.  Se cuenta con una gasolinera propiedad de la comunidad, que abastece la demanda regional de combustible, pero que abastece también las necesidades de sus actividades de transporte de los productos forestales.

Con las utilidades de la empresa forestal comunitaria la comunidad ha adquirido tres ambulancias y dos autobuses escolares que pasan a recoger a los niños de las rancherías para llevarlos a la escuela.

Constantino Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales de San Pedro el Alto explica que “las escuelas también han sido equipadas con los recursos del aprovechamiento forestal. Tenemos un centro de salud en el que no se cobra la atención médica a los miembros de la comunidad y se les regalan los medicamentos a todos los trabajadores y sus familias. Esto a pesar de que todos los trabajadores están asegurados ante el IMSS, porque así lo mandata la ley y es un requisito para la certificación del manejo forestal, sin embargo, no hay centros de atención médica del seguro social cerca de la comunidad, por eso en San Pedro El Algo decidió la asamblea construir y operar uno propio.”

Subraya que las empresas comunitarias no tienen los mismos fines que una empresa privada, en donde una sola persona o un grupo pequeño de personas son dueños y no invierten en el desarrollo de la comunidad. “Nosotros si invertimos en infraestructura y obra social, de hecho, con dinero del aprovechamiento se construyó el palacio de gobierno municipal.”

En San Pedro también se ofrecen becas a los niños y jóvenes estudiantes con buen promedio y se asignan pensiones a personas de más de 60 años.

Crecimiento transparente y sustentable

Esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca fue una de las primeras en obtener su certificación en manejo forestal comunitario bajo los lineamientos del Forest Stewardship Council (FSC), en el año 2001 y desde entonces siguen certificados.

La certificación les ha permitido llevar un mejor control y organización de todas sus operaciones. Son más eficientes. Cuentan con una comisión revisora que rinde informes periódicos a la asamblea sobre todas las operaciones económicas. “Así no hay riesgo de que alguien se lleve dinero. Toda la asamblea sabe cuánto se gana y cuánto se gasta y en que se gasa,” asegura el presidente de bienes comunales. No obstante, desearían que sus productos tuvieran un mejor precio y un mercado más amplio.

Lo más importante, subraya Constantino Cruz, “es que pasamos de ser peones, cuando se concesionaba nuestro bosque, a administradores de nuestros recursos forestales y con esto, la gente de San Pedro El Alto tiene un buen nivel de vida.”

Fortalecer a las comunidades forestales: la mejor forma de proteger el clima y el ambiente

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente










Sinopsis:

©Archivo CCMSS-Mujer Otomi-Amanalco-fortalecer a comunidades forestales-roteger el clima y el ambiente

  • Reconocer los derechos de las comunidades sobre el territorio garantiza el mejor cuidado de estos ecosistemas
  • Nuestro país tiene la oportunidad de cuadruplicar la superficie forestal en la que se hace aprovechamiento comunitario
  • Empresas forestales comunitarias de México son ejemplo mundial de buen manejo

En un contexto en el que el gobierno del país más poderoso del mundo y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero está decidido a no asumir su responsabilidad para enfrentar el cambio climático global, es imperativo garantizar los derechos sobre los bosques y selvas a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan y que dependen de ellos para su subsistencia, pues está demostrado que cuando las comunidades locales y pueblos indígenas tienen plenas facultades para manejar sus recursos forestales, se frena la deforestación y se garantiza su conservación y de la biodiversidad asociada, así como los beneficios que los bosques nos proveen.

México es un país de eminente vocación forestal, que cuenta con más 690 millones de hectáreas de bosques y selvas (INEGI, 2016), de las cuales 80 % son propiedad de ejidos y comunidades, muchos de ellos indígenas. Sin embargo, no obstante que la titularidad de los derechos de la tierra pone en ventaja a estos grupos sociales si los comparamos con países con gran riqueza forestal como Indonesia, la República Democrática del Congo, o los países amazónicos, en los que la titularidad de los bosques y selvas es de los gobiernos; la falta de alineación de los instrumentos de política pública con el marco legal e institucional, aunado a una política de subsidios equivocada y contraproducente, ha estancado el desarrollo de estas comunidades rurales y del sector forestal nacional.

Hoy en día, alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques son manejadas por empresas forestales comunitarias en nuestro país. De acuerdo con datos de Programa Estratégico Forestal 2025 de México, esa cifra podría crecer hasta alcanzar 21.6 millones de hectáreas de bosques y selvas, que podrían ser incorporadas a esquemas de manejo forestal. Para ello, es fundamental que las políticas públicas y el marco legal se orienten claramente al desarrollo de capacidades productivas y empresariales de las empresas forestales comunitarias, así como al fortalecimiento de la gobernanza y reconocimiento del liderazgo comunitario en los territorios forestales.

Los obstáculos que enfrentan las comunidades y ejidos para manejar y aprovechar de forma sustentable sus recursos forestales, como la sobrerregulación; una tramitología compleja y onerosa; la circulación de productos forestales de origen ilegal -entre 28 y 60% del volumen del mercado- la falta de incentivos para la generación de capacidades productivas, y la marginación impuesta a las comunidades respecto a los procesos de planeación de su territorio, propician el desinterés de los dueños de la tierra en el manejo y conservación de los bosques y selvas.

Asimismo, cierto tipo de políticas públicas e incentivos económicos propician el cambio de uso de suelo para desarrollar otras actividades productivas que les puedan ser más rentables, tales como el uso de sus tierras para la ganadería y agricultura a costa de la deforestación. Otras amenazas sobre los territorios también propician de manera creciente la pérdida de los bosques y la erosión de las estructuras comunitarias, tales como la minería y otras formas de industria extractiva.

Pese a esta situación, muchas empresas forestales comunitarias mexicanas son un ejemplo a seguir en el mundo, ya que mediante la gestión sustentable de los recursos forestales generan beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales, y conservan la cobertura forestal y la biodiversidad.

En numerosas comunidades del país este ejemplo incluye un manejo integrado del territorio, es decir que abordan simultáneamente el aprovechamiento forestal, la producción de alimentos con sistemas agroecológicos, el monitoreo de la calidad del agua y la conservación voluntaria de atributos de alto valor de conservación dentro de sus territorios. Prácticamente todos los ejidos y comunidades que aprovechan sus bosques han establecido medidas para proteger cuerpos de agua, biodiversidad, sitios arqueológicos o con valor ritual o paisajístico, y otros atributos de importancia ambiental o cultural. Además, estas comunidades han alcanzado altos niveles de gobernanza interna y organización comunitaria, y generan empleos e ingresos para las familias, gracias a lo cual se reduce la presión para el cambio de uso de suelo o el abandono de las parcelas.

“La mejor forma de conmemorar el medio ambiente es tomando todas las medidas necesarias para reconocer, valorar y apoyar a las comunidades que viven en los bosques y cuidan de ellos. Cada día hay más evidencias de que los ecosistemas mejor conservados son aquellos que están en manos de comunidades y ejidos. Un ecosistema que es aprovechado de forma racional y con visión de largo plazo por sus legítimos dueños, no sólo les asegura una vida digna, sino que además garantiza la conservación de la biodiversidad, nos provee de agua, captura carbono y ayuda a regular el clima. No hay más que ver las cifras y las experiencias en diversas partes del mundo”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México tiene la enorme oportunidad de fortalecer a estas comunidades, darles certidumbre jurídica y garantizar sus derechos, con una política clara y decidida de apoyo al manejo forestal comunitario.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, cuyo lema para este 2017 es “Conectar a las personas con la naturaleza. En la ciudad y en el campo”, el CCMSS hace un llamado a reconocer el loable trabajo que realizan las y los campesinos para proveer alimentos, propiciar la recarga de los mantos acuíferos, generar aire limpio y fresco, la captura carbono y la conservación de la flora y fauna.

 

Recomendaciones

La mejor estrategia para garantizar los beneficios que los bosques nos brindan es fortalecer desde todos los frentes el manejo forestal y la gobernanza comunitarias y el desarrollo de capacidades productivas:

– Desde el marco legal, mediante leyes que realmente coloquen en el centro del manejo de los bosques el hecho de que estos son propiedad de las comunidades.

– Desde la elaboración y aplicación de políticas públicas, tales como: una política de compras verdes, un combate integral al mercado ilegal de madera y materias primas forestales; un apoyo decidido de las capacidades técnicas, de gestión y gobernanza de las comunidades; un régimen fiscal diferenciado, considerando que las comunidades forestales no son entidades de lucro y que dejan muchos beneficios tangibles e intangibles en sus comunidades y para la sociedad en general.

– En la mejor coordinación interinstitucional y en todos los niveles de gobierno.

– En la asignación de recursos, pues no hay política que funcione sin un presupuesto claro y orientado a la consolidación de procesos de desarrollo.

– Con el reconocimiento, valoración y visibilización de los enormes e invaluables beneficios que estas comunidades nos proveen a quienes vivimos en ámbitos urbanos.

 

 Descarga el documento:

Día Mundial del Medio Ambienta 2017

 

*Fotografia principal: Archivo CCMSS

Del tepetate al verdor de un bosque: Manejo forestal comunitario en Acolihuía

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Sinopsis:

Del calor abrazador y la aridez de los suelos de tepetate, un ejido del estado de Puebla logró el verdor y la frescura de un bosque joven en terrenos que durante décadas fueron degradados por actividades de ganadería intensiva.

Además, gracias a sus actividades de manejo y aprovechamiento forestal en su bosque natural han generado ingresos para el mejoramiento de la infraestructura del ejido en beneficio de todos los habitantes.

En el ejido Acolihuia, perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla, llevan más de 28 años manejando su bosque bajo un esquema de manejo forestal comunitario, los 384 ejidatarios se organizan en 32 grupos, conformados por 12 personas cada uno, para realizar trabajos de mantenimiento en el monte.

En este ejido no hay problemas de tala ilegal ni de incendios. Todos los días del año hay, al menos, una cuadrilla que da rondines de vigilancia en el bosque y realiza trabajos de reforestación, poda, chapeo y pre-aclareo que permiten una regeneración más rápida de las zonas intervenidas del bosque. Asimismo, con estos trabajos previenen la generación y propagación de incendios forestales.

En Acolihuia cuentan con 32 cuadrillas, una para cada día del mes, que realizan las actividades de cuidado del bosque que les son asignadas por el comisariado ejidal. Además, la denominada “cuadrilla 32”, se encarga de vigilar que los otros grupos cumplan con sus deberes en el monte y rinde informes de desempeño toda la asamblea.

En las 477 hectáreas de bosque natural con las que cuenta este ejido, se pueden apreciar sectores con distintos grados de crecimiento del arbolado, pues a lo largo de casi tres décadas han intervenido algunas áreas para la extracción de madera que venden en rollo a aserraderos de la región. Esto, siempre de acuerdo con las especificaciones técnicas de sus planes de manejo y autorizaciones de aprovechamiento aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Todas las áreas intervenidas ya se encuentran en proceso de regeneración gracias a las actividades de reforestación y seguimiento del crecimiento de los árboles que realizan los ejidatarios y el técnico forestal. De hecho, las zonas que fueron cosechadas hace 15 años o más, parece que nunca fueron intervenidas por las excelentes tasas de crecimiento del arbolado.

Rogelio Carmona Lozada, presidente del comisariado de Acolihuia, refiere que su permiso de aprovechamiento vigente, que va en la octava anualidad, les permite extraer 4 mil 500 metros cúbicos de madera por año, con un valor aproximado de 5 millones de pesos. Los ingresos obtenidos por la venta de la madera se reparten, por igual, entre todos los ejidatarios, y una parte de esos recursos se destinan a obras para el mejoramiento del propio ejido.

“Ocupamos dinero para reparación de caminos, alumbrado y mejoramiento de escuelas,” acota Rogelio Carmona.

Explica que no han podido avanzar hacia la construcción y puesta en marcha de un aserradero, en el cual pudiesen transformar las trozas de madera en tablas o tarimas y obtener aún mejores ingresos. Esto, por la desventaja competitiva en la que se encuentran; ya que en el mercado circula mucha madera de origen ilegal que se vende a un precio hasta 35 por ciento más bajo y así, resulta inviable vender la madera aserrada.

Los planes de manejo forestal comunitario cuentan con estudios de impacto ambiental y con base en la densidad y características del bosque se determinan las tasas de intensidad de corta. Además, cuando se llevan a cabo los trabajos de aprovechamiento de la madera, no se tiran todos los árboles, se dejan en pie aquellos que tienen nidos y madrigueras de la fauna silvestre.

“Ponemos algunos troncos y ramas que les pueden servir de refugio a los animales que transitan por este bosque y no permitimos que se pongan cercas en los predios para no obstruir el paso de los animales. Con esto contribuimos a la conservación de la biodiversidad,” detalla Carlos Pérez Sebastián, asesor técnico del Ejido Acolihuia.

Añade que además de conservar el bosque con el manejo forestal comunitario, el ejido coadyuva en la provisión de servicios ambientales como la infiltración de agua para la recarga de los mantos acuíferos, la captura de carbono, la purificación del aire y la belleza escénica.

Regeneración y recuperación de suelos

El ejido cuenta con otro polígono de 550 hectáreas, que hasta hace 10 años se encontraban en terribles condiciones de degradación, producto de prácticas insostenibles de pastoreo intensivo. Cabe mencionar, que el municipio de Chignahuapan es líder en el estado de Puebla en la producción de ovinos.

Sin embargo, no sin resistencia y gracias a los beneficios que los ejidatarios han obtenido del manejo y aprovechamiento forestal sustentable, decidieron emprender un proyecto de recuperación de esas tierras degradadas. Desde el año 2007 comenzaron sus actividades de reforestación con distintas variedades de pinos que son resistentes a la sequía y que no requieren de tantos nutrientes del suelo para crecer.

Al día de hoy, en las zonas del predio en las que los árboles han logrado un mejor crecimiento, de entre 4 y cuatro metros, el suelo presenta síntomas de recuperación, la propia sombra que generan los árboles permite la retención de humedad y regula la temperatura. En contraste, a unos cuantos kilómetros, en las áreas de este polígono degradado que aún no han sido reforestadas se aprecia un paisaje de desolación, “árido, con suelos de tepetale,” refiere el ingeniero forestal, Carlos Pérez.

Los planes a corto y mediano plazo del ejido Acolihuia son seguir incorporando áreas de regeneración, para que las siguientes generaciones puedan manejar y aprovechar esos bosques que ellos mismos han sembrado.

Fotografías: Archivo CCMSS

Las prácticas silvícolas comunitarias favorecen la conservación de la biodiversidad

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Sinopsis:

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El cultivo de los bosques es una actividad que se ha venido realizando a lo largo de la historia humana. Por esta razón, la relación con los bosques forma parte de la identidad cultural y las tradiciones de aquellos grupos humanos que los han habitado desde hace ya generaciones. Con el tiempo se han desarrollado metodologías y modelos precisos que buscan optimizar dicha relación, con fines económicos y sostenibles, y que además de diversas técnicas y complementos teóricos, incorporan el conocimiento ancestral acumulado por las comunidades locales.

En términos amplios, la silvicultura consiste en la intervención aplicada y estratégica en un bosque, con fines diversos, entre los que se incluyen la conservación de la biodiversidad, el suministro de servicios ambientales y el aprovechamiento de los recursos forestales. Sus técnicas, generalmente sostenibles y poco costosas, le han valido consolidarse como una alternativa decisiva para armonizar las funciones sociales, económicas y ecológicas que idealmente cumple un bosque.

Dentro del manejo forestal comunitario se aprovechan diversas prácticas silvícolas que han probado ser particularmente efectivas en lo que a cuidado de la biodiversidad se refiere. En nuestro país se reconocen legítimamente como una vía hacia la sostenibilidad total de los bosques, y una manera de incluir a las comunidades dentro de su cuidado.

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la silvicultura comunitaria, es la creación de normas, acuerdos, compromisos y, en general, una gobernanza forestal que fomente la conservación de la biodiversidad, al mismo tiempo que haga valer efectivamente el conocimiento de las comunidades sobre sus bosques y su derecho a la tierra. Se trata de una intervención forestal que involucra de manera integral a las comunidades locales.

Si consideramos que el 80% de los bosques y selvas del país responden a un régimen de propiedad social (ejidos y comunidades), y que en dicho territorio se concentra una porción significativa de la biodiversidad de México, entonces la labor de conservación que los propietarios legales de dichas tierras, es decir ejidatarios y comuneros, adquiere una relevancia contundente.

silvicultura
A continuación describimos brevemente tres de las técnicas silvícolas que el manejo forestal comunitario en México aprovecha, como parte de su función de salvaguardar los bosques y la biodiversidad que estos alojan. Cabe señalar que estas técnicas han sido diseñadas considerando las propiedades de las zonas y sus especies.

 

Método de Desarrollo Silvícola (MDS)

Se trata de una técnica empleada especialmente en los bosques templados. Un método en el que se organiza la “masa forestal” por zonas, para que de esta manera se proceda a la renovación de la especie elegida. Para llevar a cabo dicha renovación es necesario realizar principalmente tres procedimientos: cortas de regeneración (que ayudan al suelo a recibir suficiente sol), de liberación (que empujan a la renovación) y aclareos (que es la corta de árboles chuecos o enfermos). Las cortas también son una técnica esencial para evitar que las plagas se propaguen y destruyan otros árboles.

Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM)

Es un método de ordenación por volumen, esto quiere decir que el silvicultor intentará mantener la misma cantidad de producto aprovechado al año. Comúnmente empleado en bosques templados, el MMOM consiste en la extracción de árboles maduros que ya han alcanzado un crecimiento máximo, pero la meta en cuanto a volumen, se completa con la extracción de árboles de otros tamaños mediante cortas de selección. Se ha comprobado que este método permite conservar la diversidad de especies del bosque y por su bajo impacto sobre el suelo, es adecuado para realizarse en zonas de pendientes muy altas.

Método de Selección con Diámetro Mínimo de Corta (MSDMC)

Una medida que se utiliza en bosques tropicales, debido al tamaño de los árboles. Consiste en la selección de un diámetro mínimo de corta, según la especie a tratar. Para lograr una práctica adecuada es necesario observar la respuesta del bosque para ajustar a tiempo el tipo de cortas y mantener una regeneración constante del recurso aprovechado.

Los bosques en México, y con ellos su enorme biodiversidad, enfrentan amenazas distintas, entre las que destacan el cambio de uso de suelo, que implica pérdida de áreas boscosas a favor de actividades comerciales o exclusivamente agrícolas, y la tala ilegal, entre otros factores que conllevan la deforestación. Por eso resulta urgente la necesidad de implementar modelos que garanticen la conservación de la biodiversidad.

En México la silvicultura comunitaria ha generado numerosos casos de éxito en materia de conservación de la biodiversidad durante las últimas tres décadas –sin dejar de mencionar los beneficios económicos y sociales que también ha proveído–. Por eso hoy, en el marco de la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica, el manejo forestal comunitario debe considerarse como un agente clave de conservación con miras al cumplimiento de las 20 metas vinculantes que se han acordado.

 

*Fotografías: CIFOR

Indispensable asegurar a las comunidades indígenas sus derechos de tenencia de la tierra para garantizar la conservación de los bosques y combatir el cambio climático











Sinopsis:

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El 11 de octubre de 2016 se reunieron expertos de diversos países en Washington, Estados Unidos, para abordar el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios para la conservación de los bosques, este evento representó una oportunidad única para que los participantes se reunieran y elaboraran estrategias sobre el papel del financiamiento del desarrollo en la consecución de los derechos de tenencia colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales para abordar la reducción de la pobreza, administrar la tierra, combatir la deforestación y el cambio climático.

En el foro denominado Asegurando los derechos de tenencia de la tierra para proteger los bosques y combatir el cambio climático: Explorando el papel de las finanzas para el desarrollo, representantes del Land Rights Now (LRN), institución co-organizadora del evento, señalaron que el objetivo central del evento fue el llamar a la Acción Global sobre los Derechos de las Tierras Indígenas y Comunitarias para duplicar el área de tierra reconocida como propiedad o controlada por los pueblos indígenas y las comunidades locales para el año 2020. En el evento se profundizó en cómo se puede orientar, coordinar y mejorar el financiamiento para el desarrollo y para ayudar a alcanzar este objetivo.

Kysseline Chérestal, Consejera de Política de Tierras en la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) y miembro del Grupo de Dirección de LRN, expuso una visión general de la campaña de LRN, que se trata de un mecanismo coordinador para impulsar una acción conjunta para promover un mayor reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva.

En este sentido, el análisis elaborado por la RRI de 2015: ¿Quién posee la tierra del mundo? Demostró que, a nivel mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen propiedad legal sólo del 10 por ciento de su tierra, a pesar de tener derechos consuetudinarios sobre más del 50 por ciento de las tierras del mundo. Esta brecha extraordinaria pone en riesgo su bienestar económico y social y los sitúa en primera línea para hacer frente a las crisis ambientales que resultan del cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Además, las mujeres son el sector de la población que se ven más afectadas adversamente en estas situaciones.

En su oportunidad, las presentaciones de los participantes de Kenya, Camerún, Perú y México dieron urgencia a la necesidad de otorgar más financiamiento que sitúe la tenencia de la tierra en el centro de su enfoque para aliviar las presiones externas y apoyar los medios de subsistencia derivados de los bosques y otros ecosistemas naturales.

Mientras que los presentadores del Perú destacaron que asegurar la tenencia colectiva de la tierra debe ser un objetivo en sí mismo y un primer paso para garantizar que las comunidades forestales puedan construir economías locales sostenibles.

El evento se desarrolló en dos paneles de expertos, el primer panel, denominado “El caso de los derechos de tenencia colectiva de la tierra” abordó los desafíos que dificultan el reconocimiento más amplio de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y exploró las mejores prácticas para apoyar la tenencia colectiva en proyectos y políticas de desarrollo.

Roberto Espinoza, Asesor Climático de la Asociación Paraguaya de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo que “donde haya personas con derechos, habrá bosques vivos para siempre y para todos” y alentó a que mediante mecanismos de donación específicos, a través del marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se provean fondos directamente a los grupos indígenas y comunitarios para incrementar la gobernabilidad territorial, manejo y titulación de tierras indígenas.

Helen Ding, Economista Ambiental del World Resourses Institute (WRI) compartió nuevas investigaciones de un informe del WRI sobre los costos y beneficios de asegurar y mantener la tenencia de la tierra.

Indicó que los datos del estudio demuestran que los bosques indígenas autóctonos aseguran beneficios globales de biocombustibles en Bolivia, Brasil y Colombia que ascienden a un total de entre 25 a 34 mil millones de dólares en los próximos 20 años.

Yator Kiptum, del Programa de Pueblos Indígenas Sengwer, cuya comunidad forestal experimentó desalojos forzosos como resultado de un programa financiado por el Banco Mundial en Kenia, enfatizó que los derechos no deben estar en conflicto con la conservación, y pidió a las instituciones de financiamiento del desarrollo apoyar leyes y políticas que promuevan los derechos de los pueblos indígenas forestales a poseer y ocupar sus tierras ancestrales en bosques/áreas protegidas.

En tanto que Klaus Deininger, Economista Principal del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, promocionó el potencial del Marco de Evaluación de la Gobernabilidad de la Tierra (LGAF, por sus siglas en inglés) como un modelo exitoso en el ámbito del desarrollo financiero para ayudar a los diseñadores de políticas a generar y monitorear las reformas agrarias a nivel nacional.

En el segundo panel, titulado: Experiencias en el Manejo de Bosques y Otros Recursos Naturales por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se destacó la experiencia indígena y local en silvicultura y mitigación/adaptación al cambio climático y ofreció recomendaciones de la comunidad.

En su ponencia, Raúl Benet, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) de México, instó a los actores de las instituciones de financiación del desarrollo a transferir fondos de la reforestación a iniciativas forestales comunitarias que respalden los derechos a la tierra y eleven las voces comunitarias en la formulación de políticas públicas.

Cécile Ndjebet, Observadora de las Mujeres del Fondo Forestal para el Carbono y Presidenta de la Red Africana de Mujeres para la Gestión Comunitaria de Bosques (REFACOF), subrayó la necesidad de un enfoque de género para las cuestiones forestales y de tenencia de la tierra. Pidió mayor oportunidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.

Mientras que Henderson Rengifo, Presidente de AIDESEP del Perú, enfatizó la necesidad de apoyar no solo los derechos de tenencia indígena, sino también de las economías indígenas de “vida plena y buen vivir”, que implican una producción diversificada, un equilibrio holístico entre comunidad, naturaleza y cultura, respeto a la reciprocidad y participación equitativa en los beneficios entre todos los actores involucrados.

Por último, Gerardo Segura, del Banco Mundial, describió el papel actual del financiamiento del Banco Mundial en el apoyo a la gestión indígena y comunitaria de los recursos, así como sus planes para el apoyo continuo a través del Plan de Acción Forestal.

Algunas de las recomendaciones generadas por los participantes del Foro para avanzar en el reconocimiento de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades y pueblos indígenas fueron las siguientes:

Agenda de financiamiento de desarrollo:

– Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deben crear y aumentar las contribuciones a las ventanillas de financiación para canalizar la inversión directa a las comunidades indígenas (por ejemplo, el Mecanismo de Subvenciones Dedicado, o DGM), centrándose en las contribuciones de las mujeres, así como en grupos indígenas que puedan liderar sus propias iniciativas de conservación de tierras, bosques y clima.

-IFD para cambiar los incentivos internos orientados en financiar factores impulsores de la deforestación y la apropiación de tierras, a incentivos que apoyen los derechos y economías de las tierras indígenas y comunitarias.

– Instituciones financieras de desarrollo (IFD)para trabajar juntos para aumentar la coherencia y la coordinación del apoyo de los donantes a las economías indígenas.

– IFD para proporcionar más apoyo y enfocarlo en la adaptación al clima y el papel de las mujeres en el logro de la resiliencia al cambio climático.

– IFD para llevar a cabo investigaciones futuras sobre los beneficios de asegurar los derechos de tenencia de indígenas y comunidades para informar su propia política y práctica.

Políticas

– IFD para abordar las salvaguardas las lagunas en la política de desarrollo de préstamos y préstamos a través de intermediarios financieros mediante la aplicación de salvaguardas fuertes de tenencia de tierras, bosques y climáticas entre los instrumentos de préstamo.

– IFD para fortalecer y alinear salvaguardas entre los distintos sectores e instituciones para proteger los derechos indígenas y comunitarios de la tierra.

– IFD para la evaluación de los distintas leyes y marcos normativos, a través de los sectores e instituciones sobre la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios existentes como parte del diseño de un proyecto.

 Diseño e implementación de proyectos:

– IFD para trabajar en incrementar el apoyo a la gobernabilidad territorial.

– IFD para incrementar el apoyo financiero para el fortalecimiento de las cuestiones de gobernanza en la tenencia de la tierra.

 – IFD para apoyar a los gobiernos a asegurar la titulación de tierras indígenas y el apoyo a las economías indígenas para que se integren en los planes y políticas nacionales.

– IFD para incorporar las voces indígenas y comunitarias en el diseño de proyectos, particularmente las de las mujeres.

– Mecanismos de rendición de cuentas para incrementar la capacidad de abordar el daño relacionado con la tenencia de tierras y bosques indígenas y comunitarios.

Los bosques y selvas en México son de propiedad social (análisis geoestadístico)











Sinopsis:

 

 

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  • La propiedad social representa el 52% de la superficie total del país, y está distribuida en más de 31 mil núcleos agrarios, de los cuales el 35% tienen al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

  • La región Norte del país concentra la mayor cantidad de superficie de núcleos agrarios con superficie de bosque.

  • En las entidades que conforman la península de Yucatán más del 75% de la superficie en propiedad social tiene al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva.

 

Autor: Ortega Espinosa Ariadna

Introducción

Este análisis tiene como finalidad cuantificar los núcleos agrarios que poseen, al menos, 200 hectáreas de bosque y/o selva; para dicho análisis es importante mencionar que no se consideró la vegetación matorral; por lo tanto, los resultados varían con lo publicado, en 2012, por el Registro Agrario Nacional (RAN), en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México, donde se afirma que hay 15 mil 584 núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques, selvas y matorral.

Para la elaboración de este trabajo se llevó a cabo un análisis geoespacial con base en la cobertura de uso de suelo y vegetación, conocida como Serie V, escala 1:250 000 (información más actual disponible), así como la capa de núcleos agrarios del RAN, actualizada a diciembre de 2014.

Los resultados del presente trabajo indican que de los más de 30 mil ejidos y comunidades certificadas por el Regisro Agrario Nacional que existen en México, 11 mil 843 cuentan con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva en todo el país.

El análisis a escala estatal demuestra que hay estados con una proporción alta de ejidos con bosques y selvas como el caso de Yucatán, dónde el 90 % de la superficie de estos predios cuenta con al menos 200 hectáreas de selva.

La propiedad social en México

México está dividido en tres grandes categorías de propiedad de la tierra: pública, privada y social.  La primera corresponde a los terrenos de propiedad del estado (federal o estatal); la segunda, es aquella que la nación otorga a particulares, y en la tercera categoría están los núcleos agrarios, divididos en dos regímenes de tenencia de la tierra: el ejido y la comunidad[1].

A continuación, se representa la distribución de la tenencia de la tierra en México, con base en datos estadísticos de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) de 2012.

Gráfica 1. Distribución de la Propiedad de la Tierra.

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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticos del SRA, 2012

La propiedad social cuenta con poco más de 100 millones de hectáreas que repartidas en 31 mil 785 núcleos agrarios (NA): 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades[2]; de los cuales, 30 mil 076 cuentan con certificado agrario emitido por el RAN, lo cual representa una superficie superior a 95 millones de hectáreas.[3] (Ver tabla 1).

Tabla 1. Distribución regional de la propiedad social certificadas por el RAN.Distri_regio_NA

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN (2014) y Regiones según CONABIO (2010)

Se estima que alrededor del 80 % de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social[4]. El  presente análisis indica que el 73 % de los NA certificados por el RAN, tiene cobertura forestal[5]. (Ver Mapa 1).

Mapa 1. Superficie forestal y no forestal en núcleos agrarios certificados por en RAN

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Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN (2014) y Serie V de INEGI

Núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selva

De acuerdo con este análisis, hay 11 mil 843 NA con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva, que cubren una superficie total de más de 34 millones de hectáreas. Los resultados indican que la región norte cuenta con la mayor cantidad de superficie boscosa, seguido de la región pacífico sur y en la tercera posición, la región de la Península de Yucatán (ver Tabla 2).

 

Tabla 2. Distribución regional de núcleos agrarios con al menos 200 Ha de bosque y/o selva

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Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales del RAN e INEGI (2014). Regiones según CONABIO (2010).

Por otra parte, el análisis estatal estima que el 90 % de la superficie total de los NA del estado de Quintana Roo tienen al menos 200 hectáreas de selva; en segundo lugar, se ubica Campeche y, por último, Yucatán con 77 % y 76 %, respectivamente. (ver tabla 3)

Lo anterior se aprecia en la tabla 3, dividida en 2 secciones, A y B, la primera sección contiene el total de NA, el número de NA con al menos 200 ha y su porcentaje sobre el total y  la sección B  la superficie total de NA, superficie de NA con más de 200 ha y su repectivo porcentaje contra el total de la superficie.

Tabla 3. Distribución estatal de núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva

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Fuente: Elaboración propia basado en procesos GIS con base en datos del RAN (2014) e INEGI (2012).

 El mapa 2 muestra la distribución nacional de los núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva, representando sólo la porción del ejido con superficie forestal.

Mapa 2. Distribución nacional de núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

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Fuente: Elaboración propia basado en procesos GIS con base a datos vectoriales del RAN (2015) e INEGI (2012).

 

Conclusiones

La propiedad social representa el 52 % de la superficie total del país, la cual esta distribuida en más de 31 mil núcleos agrarios, de los cuales el 35 % tienen al menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas.

El análisis demuestra que la región norte concentra la mayor cantidad de superficie de núcleos agrarios con esta característica, sin embargo, a nivel estatal, las entidades que conforman la península de Yucatán son aquellos en donde más del 75 % de la superficie en propiedad social tiene al menos 200 hectáreas de bosque y/o selva.

 

Notas al pie:
[1] IICA & RAN, Atlas de propiedad social y servicios ambientales en México, México 2012.

[2] Gaceta Parlamentaria, 2014.

[3]  Datos generados a partir de información vectorial del RAN, 2014.

[4] FAO. Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe, 2004.

[5] Bosque, Selva, Matorral y otro tipo de Vegetación (clasificación elaborada a partir de Serie V, INEGI).

 

Referencias bibliográficas:

RAN & IICA. 2010. Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México. disponible en:  http://www.ccmss.org.mx/descargas/Atlas_de_propiedad_social_y_servicios_ambientales_en_Mexico.pdf

Gaceta Parlamentaria, Número 4108-III,2014. Disponible en:  http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/sep/20140909-III/Iniciativa-1.html

Torres, Juan Manuel, 2004, FAO. Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina. Disponible en:  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j2215s/j2215s00.pdf

Torres, Juan Manuel, 2015, CIDE. Características de las núcleos agrarios forestales en México, disponible en: https://goo.gl/NfRN5q

Manejo Forestal Comunitario en México: un modelo emergente de manejo sustentable de ecosistemas forestales

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario










Sinopsis:

archivo ccmss-consuelo pagaza-bosques mexico- manejo forestal comunitario

Autores: Gerardo Segura, Leticia Merino-Pérez, David B. Bray, Alberto Cárdenas Jiménez 

La aparición en los últimos 25 años de un número apreciable de casos de bosques templados y tropicales manejados por las comunidades en tierras de propiedad común en México ofrece un ejemplo único en el mundo de cómo las comunidades pueden alcanzar un tipo de ordenación de los ecosistemas más integrado, que favorece además la evolución socioeconómica en las poblaciones rurales indígenas y no indígenas de escasos recursos.

Como resultado de las reformas agrarias que surgieron a partir de la Revolución Mexicana, en los primeros decenios del siglo XX buena parte de los derechos sobre las tierras forestales fueron transferidos a las comunidades rurales, y se estima que a final de los años setenta un 80% de la superficie forestal total del país estaba bajo el control comunitario.

A través de la historia, las comunidades y sus empresas forestales tuvieron que librar diversas batallas para obtener el control de sus derechos de propiedad y del aprovechamiento de su base de recursos forestales, gracias a lo cual se han adaptado las formas tradicionales de organización social a las modernas condiciones socioeconómicas, dando así lugar a una nueva forma de capital social. Este proceso ha conducido a la creación a unas 290-470 empresas forestales comunitarias con diferentes niveles de integración vertical, que manejan sus bosques con fines de producción maderera comercial y son en su mayoría muy rentables. El nivel de madurez de muchas de esas comunidades les permite manejar sus bosques con un enfoque más orientado al ecosistema, que va más allá de la producción maderera para explorar nuevas oportunidades de mercado con objeto de diversificar la producción de los ecosistemas forestales con bienes y servicios más beneficiosos para el medio ambiente.

En el contexto mundial actual, que muestra una considerable tendencia a transferir los derechos sobre las tierras forestales a las comunidades locales, el caso de la silvicultura comunitaria en México representa un modelo de eficacia comprobada de aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales, que merece una mayor atención y un análisis más a fondo pues aporta una importante contribución a la comunidad internacional.

 

Introducción

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El régimen de tenencia comunitaria de la mayor parte de los terrenos forestales de México representa un caso único en el mundo en el que los derechos de propiedad de los recursos forestales fueron transferidos a las comunidades rurales durante buena parte del S XX como resultado de la reforma agraria que surgió a partir de la Revolución Mexicana. En la actualidad una extensión considerable de estos bosques de propiedad comunal son manejados con fines productivos por comunidades locales con diferentes niveles de integración y madurez, permitiendo demostrar que este tipo de actividad puede ser un motor de desarrollo regional que genera riqueza económica y bienestar social, además de asegurar la conservación de los bosques y de otros importantes beneficios ambientales asociados a los ecosistemas forestales.

En el contexto internacional actual que muestra una tendencia importante de los gobiernos de muchos países para transferir derechos de propiedad y usufructo de los terrenos forestales a comunidades locales, las experiencias de manejo comunitarios de bosques en México surgen como una contribución importante a la comunidad internacional para explorar nuevos esquemas de desarrollo regional y conservación de los ecosistemas forestales, principalmente en países en desarrollo.

El presente trabajo tiene el objetivo de hacer una revisión general del desarrollo del manejo forestal comunitario en México haciendo una análisis del contexto social y político en el que este modelo ha evolucionado, e identificando su potencial como instrumento para promover el desarrollo sustentable y la conservación de los ecosistemas forestales.

 

Tenencia de la Tierra y Condiciones Socioeconómicas de las Comunidades Forestales en México

atlas propiedad social en mexico

A lo largo del siglo XX la reforma agraria fue sin duda la acción social hacia el campo más importante que llevó a cabo el estado mexicano. Como resultado de la dotación agraria, 53% del territorio continental del país es de propiedad social. En las regiones forestales, diversas fuentes estiman que alrededor del 80% de esta extensión está en manos de ejidos y comunidades agrarias (INEGI, 1997; Procuraduría Agraria 2000), 40% de las cuales fueron transferidas a estos grupos entre 1950 y 1980.

Desde los años 70´s mucho se ha debatido en torno a los impactos del tipo de tenencia en el deterioro de los bosques. En México este debate cobró notoriedad en los años 1990, exponiéndose con beligerancia en distintos medios de opinión, a la propiedad social como la causa última de la pérdida acelerada y el deterioro de superficies forestales. El análisis de las dinámicas de deterioro forestal revela procesos más complejos, en los que sumada a diversos factores, la propiedad social representa en muchos casos retos indudables, a la vez que ofrece también oportunidades y recursos para promover el desarrollo regional y la conservación de los ecosistemas forestales. Más allá de esta polémica, en las condiciones sociales y políticas actuales del campo mexicano, el carácter social de la propiedad de los bosques es un hecho histórico y actual, un punto de partida fundamental para las políticas que buscan incidir en las prácticas de uso de los recursos forestales y en las condiciones de los bosques.

Irónicamente, y principalmente en los últimos 10 años, diez de los países con mayor cobertura forestal del mundo han diseñado o reformado esquemas legales para devolver o fortalecer derechos de propiedad y acceso a los recursos forestales en favor de comunidades locales y grupos indígenas (White and Martin, 2002). Estas políticas han propiciado que en las últimas dos décadas, principalmente en países latinoamericanos, cerca de 200 millones de hectáreas hayan sido transferidas en propiedad o usufructo a comunidades.

Otro punto de partida son las condiciones sociales de los pobladores de los bosques. En México existen 8,420 comunidades forestales con una población estimada de entre 13 y 15 millones de habitantes de la cual un alto porcentaje pertenece a grupos indígenas. Las regiones forestales se encuentran entre las de mayor marginalidad y pobreza en el país en donde más del 50% de su población vive en condiciones de extrema pobreza. La pobreza ha sido una constante en la historia de estas regiones, tradicionalmente aisladas y con fuertes restricciones naturales para la producción agropecuaria y forestal.

 

Evolución del marco institucional y las políticas públicas y sus impactos en el uso de los recursos forestales

Las políticas públicas son un elemento crucial en el uso de los recursos naturales puesto que influyen de manera determinante en los marcos de incentivos y construcción de reglas de uso de los recursos que definen las opciones de los usuarios. Es común que las políticas tengan efectos inesperados, aunque con frecuencia contundentes, en las prácticas de uso de los recursos y en sus condiciones.

La acción política relacionada con el sector forestal se ha caracterizado por la desarticulación y aún la contradicción entre los lineamientos y acciones de distintos temas. Las “señales” que los usuarios de los recursos recibieron de las políticas de dotación de terrenos nacionales, o de reconocimiento de derechos comunales, resultaban opuestas a las políticas de concesiones o vedas forestales, vigentes en las mismas áreas donde se el reparto agrario se llevaba a cabo (Merino 1997, Merino et al. 2000). Otra constante en política hacia el campo ha sido el desconocimiento del carácter forestal de gran parte del territorio del país.

Es en este contexto que durante la mayor parte del sigo XX, las comunidades forestales mexicanas tuvieron derechos limitados sobre el acceso a sus áreas boscosas derivados de políticas en las que el gobierno ejercía control sobre los recursos forestales a través concesiones a empresas privadas y paraestatales. A partir de fines de la década de los 70´s, se dieron cambios importantes en las políticas forestales que junto con movimientos sociales condujeron a nuevos esquemas para permitir que las comunidades manejaran y administraran sus recursos forestales con fines de producción comercial maderable (Bray and Wexler 1996). Este importante período de apoyo al manejo comunitario se debilitó hacia mediados de la década de los 80´s, y no es hasta avanzada la década de los 90´s que un nuevo impulso gubernamental a este sector se reestablece. En 1997 la recientemente creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), puso en marcha proyectos como el de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf) y el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) con los que se buscaba impulsar una nueva política de estímulos al sector forestal. Sin embargo, durante la gestión de Semarnap los escasos recursos con que operaron estos programas limitaron sus alcances.

En la actual administración se han dado importantes cambios en las políticas de apoyo al sector de medio ambiente y recursos naturales en el que el manejo y la conservación de los recursos forestales ha tomado el carácter de prioridad nacional. En consistencia con estas políticas, en 2001 se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como organismo público descentralizado para dar un nuevo impulso al Sector Forestal con base en esquemas de manejo forestal sustentable. La CONAFOR ha reconocido la gran relevancia del manejo forestal comunitario dirigiendo una buena parte de sus esfuerzos a reorientar y fortalecer programas y proyectos existentes como el Prodefor y el Procymaf que están dirigidos a fortalecer la gestión de los productores forestales rurales. Durante sus primeros años de operación, la CONAFOR ha incrementado los alcances y los recursos presupuestales de estos programas a niveles que no tienen precedente la historia de la gestión gubernamental en México.

En este contexto, dichos programas han avanzado en su concepción y en campo. Han buscado fortalecer una estrategia de promoción del uso sustentable de los recursos forestales, dentro de una política que reconoce el valor de los recursos del país y las tendencias del deterioro de éstos como resultado de políticas inadecuadas, manejando como punto de partida la idea de que la situación de los recursos forestales está asociada a la problemática social y económica de las áreas rurales.

 

El Manejo Forestal Comunitario en México como un Modelo de de Desarrollo Rural Sustentable

En la actualidad las áreas boscosas manejadas por comunidades a través de Empresas Forestales Comunitarias (EFC), tanto en bosques tropicales como templados, representan una escala y nivel de madurez único en el mundo. El concepto de manejo forestal comunitario, en el ámbito internacional generalmente se refiere al manejo para uso de productos no maderables o al aprovechamiento de productos maderables para el consumo doméstico (Arnold 1998). En el caso de México, el concepto es diferente en el sentido de que la propiedad es auténticamente social y el manejo esta más orientado a una producción comercial de productos maderables para el que las comunidades han constituido EFC´s que invierten en procesos de transformación y comercialización de productos terminados.

El surgimiento del sector de Empresas Forestales Comunitarias en México es el resultado de un largo proceso de apropiación social que se sustenta en una combinación de políticas públicas, una tradición de activismo rural y el capital social que poseen las mismas comunidades rurales. Aunque el proceso de apropiación inicia después de la Revolución de 1910, no es sino hasta mediados de la década de los 70´s que las condiciones se vuelven propicias para que los esquemas tradicionales de gobierno de las comunidades permitieran la construcción de capacidades de organización y la habilidad de responder a condiciones externas propicias para la consolidación de empresas sociales (Fox 1995, 1996).

En la actualidad no existe un consenso sobre el número de comunidades que activamente manejan sus bosques como principal actividad económica, en contraste con aquellas que venden su madera en pié a empresas privadas. Sin embargo, algunas fuentes estiman que éstas oscilan entre 288 y 740 (Bray et al. 2002), representando alrededor del 5% de las comunidades forestales del país. Estas comunidades han constituido EFC´s con diferentes niveles de integración vertical, muchas de las cuales operan desde mediados de los 80´s (Alatorre 2000). Esta cifra y el área que representa puede parecer pequeña, sin embargo es muy superior a la que se observa en otros países del mundo (Bray et al 2002).

La transición de esquemas de concesiones privadas en bosques comunitarios a un manejo controlado por las comunidades ha permitido mejorar las condiciones de equidad social de beneficios económicos. En muchas de las comunidades que manejan sus bosques los ingresos asociados a la producción forestal han incrementado considerablemente y están siendo invertidos en obras sociales (e.g. escuelas, clínicas de salud, infraestructura de caminos y agua potable) así como en la generación de empleos (Merino 1997, Alatorre 2000). Las EFC´s más avanzadas han logrado consolidar procesos productivos y están demostrando capacidades cada vez mas desarrolladas para el aprovechamiento maderable con fines comerciales, mejorando sus esquemas gerenciales y de rendición de cuentas, y tomando a la vez medidas serias para asegurar el mantenimiento de la productividad forestal, la conservación de la biodiversidad y la protección de otros bienes y servicios ambientales de interés público (Bray et. al 2002, Klooster 2000).

Algunas de las EFC´s más avanzadas han logrado acceder a mercados nacionales e internacionales más competitivos, y están empezando a invertir en procesos productivos verticales que den mayor valor agregado a sus productos forestales, y a diversificar el uso de sus recursos en proyectos de inversión que incluyen actividades como el embotellamiento de agua de manantial, el ecoturismo comunitario y la producción y comercialización de productos forestales no maderables (SEMARNAT/PROCYMAF, 2000). Un estudio reciente de EFC´s en el estado de Oaxaca que evalúa la eficiencia de diferentes esquemas de organización productiva en relación a niveles de integración vertical, muestra que la mayoría de estas empresas son altamente rentables en todos los niveles y que la integración vertical esta relacionada con la extensión del área forestal que es manejada por la comunidad (Antinori 2000).

Un indicador de la evolución del sector forestal comunitario en México que revela su contribución a un manejo forestal más sustentable ha sido la importante extensión de bosques comunitarios que han sido certificadas por organismos externos bajo el esquema del Forest Stewardship Council (FSC). Actualmente un total de 21 comunidades, abarcando más de 510,000 ha han sido certificadas bajo este esquema y 200,000 has mas han sido evaluadas y están en proceso de certificarse. El volumen de madera certificada proveniente de estas áreas representa ya el 10% de la producción maderable de bosque nativo a nivel nacional. México reporta las cifras más altas de certificación de bosques comunitarios en el mundo.

Estas experiencias revelan el potencial de la gestión comunitaria de los bosques, no solo para conservación de los recursos, sino también en su aportación a la gobernabilidad de regiones caracterizadas por su marginalidad y aislamiento. Si bien la tenencia comunal ha sido una factor estructural importante que ha brindado oportunidades para detonar procesos de autogestión y desarrollo rural que contribuyen a la sustantabilidad y conservación de los bosques, es claro que ésta condición no resulta en si misma suficiente. Las comunidades que han tenido éxito en este proceso han basado su desarrollo en el fortalecimiento de estructuras de gobernabilidad tradicionales creando capacidades de auto-regulación y organización que responden a esfuerzos externos de organización (Fox 1995). Otro elemento importante en este proceso ha sido la necesidad de que las instituciones externas, sociales y de gobierno, se articulen con las instituciones comunitarias locales propiciando el desarrollo conjunto de estrategias basadas en el uso forestal del suelo y la valoración económica y social de los bosques.

 

Conclusiones

El modelo de manejo comunitario de bosque en México representa una oportunidad importante a nivel internacional para estudiar las ventajas sociales, económicas y ecológicas de los procesos de devolución de derechos de propiedad a comunidades locales. Este modelo puede convertirse en una alternativa viable para promover el desarrollo regional en el que pueden confluir valores de equidad, conservación ambiental y rentabilidad económica, contribuyendo a enfrentar el problema de la pobreza de las zonas rurales del mundo.

Las experiencias mexicanas de manejo comunitario, sin embargo, debe ser analizada en un contexto más amplio en el que las condiciones de los bosques, tanto de México como del mundo han sufrido transformaciones de peso en los últimos diez años. En este contexto, el sector forestal debe enfrentar nuevos eventos y procesos, entre los mas significativos se encuentran: las nuevas amenazas ambientales, vinculadas al cambio climático; el incremento en la demanda nacional de productos forestales y la tensión entre el uso de los bosque nativos y las plantaciones comerciales; el incremento de la influencia de los mercados internacionales y la globalización; la demanda emergente de servicios ambientales y el desarrollo de nuevos mercados para éstos; y la creciente preocupación internacional sobre las condiciones de gobernabilidad necesarias para asegurar el uso sustentable de los bosques (White, et al. 2002).

Para asumir exitosamente estos cambios el sector y la política forestal requieren avanzar en la resolución de viejos y nuevos retos. Ello requiere de una atención estratégica y ambiciosa por parte de los gobiernos locales y la comunidad internacional. Dentro de las prioridades para fomentar y fortalecer estos retos se requiere: avanzar en la definición clara de derechos de propiedad, respetando las condiciones de la propiedad comunitaria; identificación y promoción de esquemas y modelos de manejo forestal comunitario exitosos; recursos para incrementar las capacidades técnicas y el fortalecimiento del capital social de los productores; fortalecer esquemas de mercado y financiamiento para promover el desarrollo comunitario; y diseñar un marco normativo de incentivos a los productores para hacer un manejo integral y diversificado de sus recursos naturales a favor del desarrollo sustentable y la conservación.

El diseño de una política acorde con estos retos, representa una tarea por demás compleja, puesto que además de la diversidad de condiciones existentes en las áreas forestales del país, los bosques mexicanos son también recursos complejos, bienes comunes, que proveen servicios públicos y valores privados. Se trata en consecuencia de sistemas cuya gestión requiere de la conjunción de perspectivas, voluntades y capacidades.

Referencias

Alatorre, G. 2000. La Construcción de una Cultura Gerencial Democrática en las Empresas Foretales Comunitarias. Casa Juan Pablos, México D.F, México.

Antinori, C.M. 2000. Vertical Integration in Mexican Common Property Forests. Ph.D. dissertation. Agricultural and Resource Economics. University of California, Berkeley.

Arnold, J.E.M. 1998. Managing Forest as Common Property. FAO Forestry Paper 136. Food and Agriculture Organization., Rome.

Bray, B.B, Merino,-Pérez, L., Negreros-Castillo, P., Segura-Warnholtz, G. Torres-Rojo, J.M. and Vester, H.F.M. 2002. Mexico´s Community-Managed Forests: A Global Model for Sustainable Landscapes?. Conservation Biology. (In press.)

Bray, D.B. and M.B. Wexler. 1996. Forest Policies in Mexico. In. Changing Structures in Mexico: Political, Social and Economic Prospects. Edited by L. Randal. M.E. Sharpe, Armonk, N.Y.

Fox, J. 1996. How Does Civil SocietyThicken? The Political Construction of Social Capital in Rural Mexico. World Development Studies. 32:1, Pp. 1-30.

Fox, J. 1995. Governance and rural development in Mexico: state intervention and public accountability. The Journal of Development Studies. 32:1, Pp. 1-30.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, (1997). Conteo de Población y Vivienda, 5 de noviembre de 1995, México.

Klooster, D. 2000. Institucional choice, community, and struggle: a case stury of Forest co-management in Mexico. World Development. 28:1, Pp. 1-20.

Merino Pérez, Leticia; Gérez Patricia; Madrid Sergio, (2000). “Políticas, Instituciones Comunitarias y Uso de los Recursos Comunes en México”. En: Sociedad Derecho y Medio Ambiente. Primer informe del programa de investigación sobre aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental en México. CONACYT, UNAM, SEMARNAP.

Merino, L. 1997. El manejo forestal comunitario en México y sus perspectivas de sustentabilidad. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM. Pub. Misc. 727.

Procuraduría Agraria, (2000). Los Recursos Colectivos en México. (CD-rom). México.

Scherr, S.J., White, A., and Kaimowitz, D. 2002. Making markets work for communities. Forest Trends. 22 p.

SEMARNAP/PROCYMAF. 2000. Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (PROCYMAF). Balance de tres años de ejecución. 29 pp.

White, A., Molnar, A. Martin, A. 2002. To Johannesburg and Beyond: Strategic Options to Advance the Conservation of Natural Forests. Forest Trends. 28 pp.

White, A. and Martin, A. 2002. Who owns the world´s forests?. Forest tenure and public forests in transition. Forest Trends. 30 pp.


1 Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Av. Progreso No. 5. Col. Del Carmen Coyoacán. 04100, México D.F. Tel. (55) 5628-0600, ext. 15571. E-mail: gsegura@conafor.gob.mx.

 

*Fotografías: Consuelo Pagaza para CCMSS / Imagen 2: Más de México

Navidad sustentable: ¿dónde comprar árboles naturales en México?











Sinopsis:

Árboles de navidad en la Reserva Forestal El ManantialAhora que llegó diciembre y con él la Navidad es tiempo de celebrar, y de hacerlo en forma sustentable, apoyando a los productores nacionales y conservando el medio ambiente. Una sola decisión hace un mundo de diferencia: comprar árboles navideños naturales y mexicanos, en lugar de árboles importados y de plástico.

Comprar un árbol natural es ecológicamente mucho mejor que comprar uno de plástico. La producción de un árbol real no sólo no contamina: limpia el aire. Durante los seis o siete años que tardó su crecimiento, ese árbol fue liberando oxígeno y capturando carbono. Sus raíces y su tronco contribuyeron a mantener los suelos y filtrar el agua. Los residuos que pudo haber generado se reintegrarán al suelo y ayudarán a otros árboles y plantas a crecer. (más…)

Estudio muestra que la silvicultura no daña la selva de Quintana Roo











Sinopsis:

foto-caobas“Se puede extraer madera de las selvas de Quintana Roo sin dañar el ecosistema, siempre y cuando se tenga un área con vegetación alrededor y se permita la regeneración en el área intervenida”, explicó la doctora Mirna Valdez Hernández, investigadora del Colegio de la Frontera Sur. Así lo muestra el estudio liderado por ella que se acaba de publicar en la revista Forest Ecology and Management.

El artículo, titulado “Recuperacíon y sucesión temprana después de disturbios experimentales en bosques tropicales con estacionalidad seca en México” (Recovery and early succession after experimental disturbance in a seasonally dry tropical forest in Mexico), recoge las conclusiones de un proyecto que consistió en intervenir seis parcelas de media hectárea, en la selva de Quintana Roo, de distintas maneras. En dos se imitó la tumba, roza y quema y quedaron varias plantas quemadas sobre el terreno. En otras dos se hizo un tratamiento mecanizado y con maquinaria se retiraron troncos, ramas y demás elementos orgánicos. En otras dos, por último, se imitó el efecto de un huracán, y con un hacha se derribaron todos los árboles de las parcelas y se dejaron en el lugar.

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