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Tribunal Colegiado deja sin efecto el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY)

-Falla tribunal a favor de derechos colectivos de pueblos indígenas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán -Sentencia del Tercer Tribunal Colegiado es definitiva y obliga a los tres gobiernos a realizar una de las consultas indígenas más grandes en la historia de México, al involucrar a los pueblos mayas de la Península -El fallo, emitido […]

AUTOR: Gerardo Suarez|16/07/2018

-Falla tribunal a favor de derechos colectivos de pueblos indígenas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán

-Sentencia del Tercer Tribunal Colegiado es definitiva y obliga a los tres gobiernos a realizar una de las consultas indígenas más grandes en la historia de México, al involucrar a los pueblos mayas de la Península

-El fallo, emitido el seis de junio pasado, emana de un amparo promovido en Quintana Roo por el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, en enero de 2017

CHETUMAL.- El Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún, emitió una sentencia inédita que declara insubsistente el Acuerdo General para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), suscrito por los gobiernos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán en 2016, la cual reconoce y reivindica los derechos colectivos de los pueblos indígenas mayas.

El ASPY se presentó en diciembre de ese año, en el marco de la COP-13 del Convenio de Diversidad Biológica, como una iniciativa para abordar los desafíos del Cambio Climático y mitigar sus efectos en la región.

Sin embargo, a consideración de comunidades indígenas, excluyó al pueblo maya en el proceso de elaboración e implementación de la iniciativa, además de que su contenido se redactó y difundió sólo en castellano, dejando de lado la lengua maya, vigente en la región en donde se implementaría el ASPY.

El Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar fue el promotor, en Quintana Roo, de uno de los dos amparos presentados en contra del ASPY, en enero de 2017, al considerar que además de excluir a las comunidades indígenas, el acuerdo “abre la puerta” al desarrollo de proyectos público-provados que ponen en riesgo el manejo de recursos naturales y culturales de la región y pretenden despojarles de sus tierras.

Acompañado por la organización EDUCE y asistidos jurídicamente por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Consejo Regional obtuvo del Tribunal Colegiado, una sentencia definitiva, el seis de junio pasado, que deja sin efecto el ASPY en las tres entidades federativas, en tanto no realicen una serie de acciones.

La primera, poner en marcha una indigena, que abarque al  pueblo maya de la Península de Yucatán, además de redactar y difundir el nuevo acuerdo en lengua maya, por ejemplo.

“El Tribunal declaró insubsistente el ASPY, lo que significa que no está vigente, que carece de validez hasta que se cumplan ciertas condiciones establecidas en la sentencia.

“El ASPY está debatiéndose entre la vida y la muerte. Está, digamos, que en coma y si los gobiernos desean que sobreviva tienen que atender varias condiciones establecidas por el Tribunal, entre ellas la ejecución de una consulta pública al pueblo maya, que sería la más grande en su tipo en México”, explicó el representante legal del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, Raymundo Espinoza.

El abogado, quien hoy ofreció una conferencia de prensa con integrantes del Consejo, en Chetumal, también condujo el amparo que presentaron miembros de la comunidad indígena en Mérida, Yucatán, a principios de enero, en contra del ASPY.

En ese caso, un juez de Distrito instruyó a los tres gobiernos peninsulares a elaborar e incluir dos capitulos adicionales al Acuerdo, para valorar la trascendencia del pueblo maya, reconociéndoles como sujetos de derechos y no como simples objeto de tutela y regulación, como dicta la iniciativa original.

Además, se debe realizar una consulta indígena a los pueblos mayas, cada vez que se promueva un proyecto vinculado con el ASPY.

Espinoza informó que los gobiernos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo impugnaron la resolución de primer instancia del Juzgado de Distrito, por lo que se espera el fallo del Tribunal y que éste sea acorde con la sentencia obtenida en el caso de Quintana Roo, que dejó sin efecto el Acuerdo.

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