La actividad minera ha crecido sustantivamente en los pasados 11 años. Sólo el valor de la producción minero-metalúrgica a precios constantes creció 527 %, pasando de 40 mil millones de pesos en 2004 a 213 mmdp para el año 2015. México se encuentra dentro de los 12 principales productores a nivel mundial de 17 minerales y, de acuerdo con la Secretaría de Economía, el sector minero-metalúrgico contribuye con el 4 % del PIB. Se trata de una actividad que ha crecido aceleradamente en años recientes, sin embargo, debe reconocerse que, a la par, ha generado múltiples conflictos entre empresas privadas tenedoras de concesiones mineras y comunidades locales, legítimas dueñas de los territorios.
El CCMSS revisó, con apoyo de Cartocrítica, las concesiones y asignaciones mineras vigentes a diciembre de 2015, en regiones forestales. Con este análisis, pudimos constatar la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y los territorios que habitan. Es alarmante encontrar que las concesiones mineras tocan al menos a 42 % de núcleos agrarios forestales y que hay estados en los que más del 50 % de los bosques de propiedad social están concesionados.
Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades y sus territorios en una posición de vulnerabilidad.
Si ya de por sí, la intervención gubernamental errática y contradictoria en las regiones forestales ha debilitado, a lo largo del tiempo, las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales; la minería como actividad preferente, desestima y complica las estrategias de vida que se han desarrollado en las regiones.
Ante este panorama y dada la importancia de los conflictos que han surgido en todo el país a consecuencia de la minería, nos pareció necesario dimensionar esta amenaza dando especial atención a las áreas forestales de propiedad social.
