5 abril, 2017, Por: Gerardo Suárez
A lo largo de la historia, los habitantes de los bosques han poseído de forma legal sus territorios y recursos naturales. Entre la mayoría de las comunidades forestales, su conservación es una tradición heredada por y para las generaciones, y su aprovechamiento un medio esencial para subsistir y generar bienestar social.
La salud de los bosques –de la cual miles de millones de personas en el mundo dependen para subsistir–, ha sido el resultado de un buen manejo del territorio, derivado de políticas públicas que enfatizan en los derechos a la tierra. La seguridad en la tenencia de la tierra es una herramienta ampliamente reconocida por sus efectos colaterales para combatir el cambio climático; sin embargo, su aportación no se resume al rubro medioambiental. La certeza jurídica también es indispensable para fortalecer las economías rurales, y contribuir al esfuerzo mundial para erradicar la pobreza.
Un estudio realizado por el Banco Mundial respalda con datos duros la anterior premisa: Asegurando los derechos de la tenencia forestal para el desarrollo rural: lecciones desde seis países de América Latina. En él se analiza el progreso de las reformas en América Latina en cuanto a tenencia de la tierra, así como los grandes beneficios que se han observado derivados de su buen empleo. En muchos lugares del planeta este derecho es constitucional, pero con frecuencia en la práctica se desconoce parcial o totalmente.
Latinoamérica es hoy un referente en materia de regulaciones forestales. Son cada vez más los pueblos que demandan su derecho al bosque. Sin embargo, son pocos los que han materializado lo reconocido en la ley. El caso de seis países de Latinoamérica –Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú– que han devuelto o reforzado recientemente el derecho de manejar sus bosques a indígenas y comunidades rurales forestales, ilustra cómo se han materializado con éxito dichas regulaciones. También se menciona como estos países han transferido los derechos de tierra a grupos indígenas, en casi la mitad de sus bosques.
En Argentina, por ejemplo, los derechos a la propiedad colectiva de la tierra fueron fortalecidos en 1994, y desde su promulgación en la década de los 80, mediante la Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. Colombia ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas en cerca del 50% de las tierras forestales del país, mientras que Perú lo ha hecho en un 46%. Muy diferente es el caso de El Salvador, cuya propiedad colectiva presenta enormes retos, ya que fue eliminada desde el siglo XIX, al reconocer como minorías a los pueblos indígenas. A pesar de ello, en todos los países mencionados, las comunidades tienen derechos de extracción de recursos forestales para consumo propio. Además, en cinco de los seis países mencionados en dicho documento (con excepción de El Salvador), las comunidades pueden realizar extracción comercial de madera, y acceder a mercados madereros locales o internacionales para vender sus productos.
A grandes rasgos, los resultados del mencionado estudio, concluyen que los marcos jurídicos y políticas que promueven la gobernanza, así como una participación social en las regulaciones y en la toma de decisiones de usos sobre la tierra, han ganado terreno con las metas esperadas. En contrapeso, México es un caso especial al respecto, puesto que más del 80% de sus bosques son de propiedad comunitaria. Sin embargo, la iniciativa de ley forestal que hoy se encuentra en boga no reconoce explícitamente esta ventaja ni la aprovecha, constituyendo así una lamentable regresividad en cuanto a derechos humanos.
Pero el derecho a la tierra no es un simple trámite, o un paso al que se deba avanzar sin más por más. Se trata de un recurso eficaz, si se emplean las medidas necesarias para apoyar a estos grupos rurales a vivir sustentablemente de sus bosques. De la mano de una legal tenencia comunitaria, los gobiernos deben idear estrategias para cumplir la meta. Desde efectivos planes de manejo integral de los territorios y estrategias REDD+, hasta ambiciosos proyectos para enfrentar los problemas que existen entre la minería y los bosques, o entre la tala ilegal, la vulnerabilidad de los pueblos y las regulaciones forestales.
Aún queda mucho por hacer, y regular a favor de estas comunidades es el primer paso.