Comisariado de bienes comunales de Tepoztlán cuestiona la función de la PROFEPA

¿Debe dedicarse esa procuraduría a perseguir a quienes cuidan su territorio comunal, o debe perseguir a los cazadores furtivos, fraccionadores, tala-manglares y otros delincuentes ambientales?

 

Raúl Benet CCMSS  /  16 Marzo 2016

Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, respaldados por efectivos militares y policías del Mando Único de Morelos, fuertemente armados, intentaron decomisar el pasado martes 15 de marzo a once venados cola blanca, entre ellos dos crías y dos hembras preñadas, de una UMA que los comuneros tepoztecos cuidan desde hace años en el paraje conocido como Los Venaditos, en las tierras comunales de Tepoztlán.
Las autoridades, mediante amenazas, amagaron y obligaron al personal del comisariado de bienes comunales que resguardaba el sitio, a abrir la cerca, para introducirse con armas y perseguir a los venados, disparando arteramente dardos somníferos, para proceder a arrastrar e introducir a los animales sedados en cajas de madera y subirlos a vehículos, mientras a comuneros los mantenían aislados y amenazados de llevárselos detenidos en caso de oposición.
Mediante el uso de campanas y cohetones, acompañados de watsap, se hizo un llamado a los pobladores, quienes en cuestión de minutos se trasladaron al bosque, rodearon a los soldados, policía y agentes de la Profepa, y lograron la recuperación de los venados.
Los comuneros decidieron hace once años fundar una UMA en ese paraje con el fin de proteger a la fauna y ofrecer a los niños de las escuelas y a los visitantes la oportunidad de conocer y convivir con los animales. A lo largo de los años los venados se han aclimatado, y la población actual ha dado a luz a varias crías que se encontraba en buen estado antes de la llegada de la fuerza pública.
En entrevista con el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Sr. Gobel Demesa, éste señaló que han acudido a la Profepa para actualizar sus trámites, y que no han recibido el respaldo requerido, por lo que es posible que alguno de los múltiples trámites que se requieren para mantener una UMA haya quedado incompleto, razón que esgrimieron los efectivos de Profepa para justificar su acción represiva.
El mismo comisariado de bienes comunales se preguntó cuál es la función de la procuraduría de protección al ambiente, que dedica sus esfuerzos a perseguir a quienes cuidan a la fauna en su territorio comunal, y no persiguen a los talamontes, cazadores furtivos, fraccionadores, constructores de autopistas en parques nacionales, y otros delincuentes ambientales. También señaló que ellos son amenazados continuamente de ir a la cárcel ‘hasta por diez años’ si cortan una vara, mientras que los comuneros combaten los incendios y las plagas forestales, cuidan al bosque y se encargan de mantenerlo sano. También reconoció que ellos pueden haber cometido alguna omisión en cuanto a los trámites, pero se mostró sorprendido y disgustado por el hecho de recibir al ejército y a la policía de manera prepotente y violenta, sin siquiera mediar una comunicación o un intento por parte de la Profepa para ayudar a los comuneros a solventar cualquier posible omisión en los trámites de la UMA.
Esta misma situación ocurre a lo largo y ancho del país, donde una absurda sobreregulación persigue a los ejidatarios y comuneros que pretenden hacer un buen manejo de su bosque, mientras que las mismas autoridades permiten y fomentan la destrucción de miles y miles de hectáreas de manglares, bosques y selvas para dar paso a fraccionamientos, minas, excavaciones de gas y petróleo, grandes represas y otros proyectos de ese tipo.
Es necesario revisar y corregir las normas y leyes para impedir que se siga criminalizando a los ejidatarios y comuneros por hacer uso de su territorio. Este caso es ejemplar en ese sentido


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