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En este Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas agrupadas en la coalición #CambiémoslaYa reiteramos el llamado al Estado mexicano a hacer reformas profundas a la Ley Minera, debido a que su contenido actual posibilita que las autoridades entreguen territorios comunitarios e incluso áreas protegidas que tienen gran importancia biológica a las empresas mineras.

Los informes muestran que  en el 2019, los ingresos que obtiene el Estado por la actividad económica de este sector de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.13% de la recaudación total del gobierno federal; en 2020, la minería aportó 0.32% y en 2021 aportó 0.97%.

La Ley Minera ha privilegiado a las empresas mineras, posibilitado las violaciones a derechos humanos y facilitado la destrucción de nuestros ecosistemas. Las modificaciones ahora propuestas son insuficientes para revertir esta situación.

“No queremos prebendas, queremos autonomía para decidir en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron las y los participantes.

A 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y a más de tres años de la llegada del gobierno de la 4T, sigue sin concretarse la reforma constitucional que garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Por ello, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)1 exige al Poder Ejecutivo y al Congreso cumplir este histórico Acuerdo.

Este 2 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, tendrá la oportunidad de reconocer que la Ley Minera vigente en México viola derechos fundamentales de los pueblos y comunidades del país.

Las comunidades de San José del Progreso, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe y Santa Catarina Minas participaron, los días 10 y 11 de diciembre, en dos ejercicios de consulta comunitaria en los poblados de Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, para expresar su rechazo a la operación del proyecto minero San José, de Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.

De las 585 presas de jales de la industria minera identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 65 (11%) se encuentran ubicadas dentro de 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP), 11 federales y 6 estatales.

El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye el carácter de interés público y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal.

México requiere una reforma profunda en el marco legal minero, que ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.