Hoy más que nunca, importan el medio ambiente y las instituciones ambientales

Día Mundial del Medio Ambiente

Uno de los sectores más golpeados de la actual administración, que está enfrentando un desmantelamiento de sus instituciones combinado con recortes presupuestales extremos, es el ambiental. Esto es muy preocupante porque desmantelar la institucionalidad ambiental representa, en los hechos, mayor degradación ambiental, mayores casos de despojo para las comunidades dueñas de los territorios y mayor oportunidad para la comisión de delitos ambientales.

Si bien es cierto que en las administraciones anteriores también se daba escasa importancia a los temas ambientales y esto se había traducido en continuos recortes presupuestales y en la sustitución de cuadros técnicos por personal con afinidades e intereses políticos determinados, esta situación se ha profundizado en esta administración. Hoy las instituciones disponen de recursos mínimos -humanos y económicos- para operar y, aunque estas decisiones parten de que la anterior arquitectura no funcionaba, tampoco se ha buscado impulsar un cambio que dé mayor certeza a la gestión sostenible de los recursos naturales.

Este panorama se agrava con las decisiones de recortes presupuestales amparada bajo el argumento de la emergencia sanitaria y la crisis económica que la acompaña.

Ejemplos de las consecuencias de la decisión de relegar la política ambiental hay varios. Pero en este momento vale la pena revisar lo que está pasando con los propios proyectos de la administración. Un ejemplo emblemático de esta situación es el proyecto de reordenamiento territorial de la Península de Yucatán conocido como Tren Maya, en el que hasta ahora han eludido responder los cuestionamientos sobre cómo garantizará la sostenibilidad ambiental de la región.

El Tren Maya va más allá de la construcción de un mero tren, pues pretende imponer un reordenamiento territorial, que incluye la creación de nuevos centros urbanos, turísticos y de infraestructura. Es momento, este 5 de junio de 2020, que diversos tramos del proyecto ya han sido asignados a diversos contratistas y, sin embargo, no se ha presentado el proyecto en su integralidad y tampoco existe una manifestación de impacto ambiental integral que dé cuenta de sus posibles impactos.

A eso se agregan los cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas de la península de Yucatán, académicas, académicos y otros actores, debido a las presiones por parte de Fonatur -líder del proyecto- sobre los pueblos mayas para que cedan su tierra a través de diversos mecanismos, debido a las consultas forzadas y sin suficiente información, debido a los impactos sobre el sistema hidrológico y los ecosistemas de la región, debido a la amenaza que representa para las formas de vida de los legítimos dueños de los territorios.

“Los proyectos, sean gubernamentales o sean privados, no pueden ser diseñados desde arriba, bajo el supuesto equivocado de que la población rural requiere incorporarse al desarrollo mediante el empleo asalariado;  las acciones en los territorios deben de partir del reconocimiento al  derecho a la libre determinación de la comunidades indígenas, a su sabiduría y conocimiento en el manejo de los territorios. Es necesario que se  cumpla la ley, que no por la prisa se pase por encima de la Constitución y los acuerdos internacionales de los que México es parte, explicó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Llamamos a frenar estas tendencias

Con este panorama llegamos al Día Mundial de Medio Ambiente y a propósito de tal fecha desde el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible hacemos un llamado a frenar el desmantelamiento económico y político de la institucionalidad ambiental del país.

Aunque hoy prevalezca una mirada que menosprecia los temas ambientales y que desconoce el hecho de que los recursos naturales se pueden utilizar pero se deben administrar y conservar para las futuras generaciones, es importante considerar seriamente que el uso sostenible de la biodiversidad, del agua, de los recursos del subsuelo contribuyen a combatir la lacerante desigualdad que caracteriza a nuestro país, contribuyen a la construcción de resiliencia en los territorios y comunidades rurales y urbanas ante los embates no solo del modelo de desarrollo vigente, sino también del cambio ambiental global y de emergencias sanitarias como la que hoy enfrentamos.

“Nuestro país requiere  una gobernanza ambiental sólida, transversal, que sea capaz de evitar los impactos de los megaproyectos sobre los territorios y sus habitantes, que sea capaz de atender los desafíos de la crisis ambiental que ya tenemos encima y que valore, honre y fortalezca a las comunidades dueñas de sus territorios para aprovechar sus recursos de manera sostenible”, explicó Sergio Madrid.

La protección de los ecosistemas no es “un gasto ”, es inversión  en el futuro, es invertir en tener aire, agua, alimentos de calidad. Invertir en combatir los incendios, custodiar las áreas donde se alberga la riqueza biológica, el buen manejo de cuencas, la creación de capacidades de las comunidades rurales es invertir en lo que tanto queremos: paz social, bienestar y poner por delante a las poblaciones más pobres y vulnerables de nuestro país.