El proyecto de presupuesto 2023 margina y mantiene en la precariedad al sector ambiental: CCMSS
La desatención y ausencia de las instituciones en los territorios rurales por falta de recursos financieros y humanos genera consecuencias graves.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, recientemente enviado por el Ejecutivo al Congreso, propone asignar al Ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales una bolsa de 75 mil 627 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 85% con respecto al Presupuesto aprobado en 2022; sin embargo, este incremento solo se refleja en el gasto asignado a la Comisión Nacional del Agua, que contará con 68 mil 485.4 millones de pesos; es decir que se lleva el 90.5% del total destinado al sector ambiental.
ALDEA llama al gobierno de Michoacán a no estigmatizar ni criminalizar a la guardia comunitaria de Santa María Ostula y a respetar sus sistemas normativos y estrategias de seguridad
ALDEA exhorta al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a respetar la libre determinación de los pueblos indígenas
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía ALDEA, compuesta por comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles de más de 14 estados de la República, hace un enérgico llamado para que se respete el derecho a la libre determinación de las comunidades autónomas del Estado de Michoacán.
Anteponer los derechos y el medio ambiente al lucro minero, demanda #CambiémoslaYa
on seis los puntos clave que se deben modificar con la finalidad de detener las violaciones a derechos humanos y los privilegios de las empresas mineras.
En este Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas agrupadas en la coalición #CambiémoslaYa reiteramos el llamado al Estado mexicano a hacer reformas profundas a la Ley Minera, debido a que su contenido actual posibilita que las autoridades entreguen territorios comunitarios e incluso áreas protegidas que tienen gran importancia biológica a las empresas mineras.
La contribución de la minería a las finanzas públicas del país y al desarrollo local es minúscula y no corresponde a los daños que causa y los derechos que viola: Colectiva Cambiémosla Ya
La minería de minerales metálicos y no metálicos contribuye de manera irrelevante a la recaudación neta del gobierno federal; así lo demuestran los informes sobre la Situación económica, las finanzas y la deuda pública emitidos por la Secretaría de Hacienda
Los informes muestran que en el 2019, los ingresos que obtiene el Estado por la actividad económica de este sector de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.13% de la recaudación total del gobierno federal; en 2020, la minería aportó 0.32% y en 2021 aportó 0.97%.
Llaman comunidades, organizaciones y academia a aprovechar iniciativa del Ejecutivo para hacer cambios profundos a la Ley Minera
Es fundamental eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia que la ley otorga a la minería
La Ley Minera ha privilegiado a las empresas mineras, posibilitado las violaciones a derechos humanos y facilitado la destrucción de nuestros ecosistemas. Las modificaciones ahora propuestas son insuficientes para revertir esta situación.
Reforma constitucional indígena ¡ya!, exigen pueblos y comunidades de ALDEA
Con la participación de más de 80 representantes de pueblos, comunidades y organizaciones, ALDEA llevó a cabo su Asamblea Nacional
“No queremos prebendas, queremos autonomía para decidir en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron las y los participantes.
A 26 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés y a más de 3 años de la Cuarta Transformación, sigue pendiente la reforma sobre Pueblos Indígenas
Exige ALDEA saldar esta deuda histórica y reconocer a pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público
A 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y a más de tres años de la llegada del gobierno de la 4T, sigue sin concretarse la reforma constitucional que garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Por ello, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)1 exige al Poder Ejecutivo y al Congreso cumplir este histórico Acuerdo.
Ministros y ministras de la Suprema Corte: hagan historia, reconozcan que la Ley Minera viola los derechos de pueblos y comunidades
Está ampliamente demostrado que la actividad minera, regulada por la Ley Minera, afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas al territorio y al medio ambiente sano y termina mermando su subsistencia como pueblos indígenas.
Este 2 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, tendrá la oportunidad de reconocer que la Ley Minera vigente en México viola derechos fundamentales de los pueblos y comunidades del país.
Misión de observación – CONSULTA COMUNITARIA DE VALLES CENTRALES EN TORNO A LA MINERA CUZCATLÁN
Los habitantes de las comunidades expresaron su rechazo a la mina y también insistieron en que la tierra les da trabajo y les provee los medios necesarios para la vida
Las comunidades de San José del Progreso, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe y Santa Catarina Minas participaron, los días 10 y 11 de diciembre, en dos ejercicios de consulta comunitaria en los poblados de Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, para expresar su rechazo a la operación del proyecto minero San José, de Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.
Hay 65 basureros de residuos mineros en Áreas Naturales Protegidas; urgen al Senado proteger las ANP de la minería
Llaman organizaciones al Senado a aprobar la reforma del art. 46 de la LGEEPA que prohíbe la minería en estas zonas, y que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
De las 585 presas de jales de la industria minera identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 65 (11%) se encuentran ubicadas dentro de 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP), 11 federales y 6 estatales.
