Los habitantes de las comunidades expresaron su rechazo a la mina y también insistieron en que la tierra les da trabajo y les provee los medios necesarios para la vida

Las comunidades de San José del Progreso, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe y Santa Catarina Minas participaron, los días 10 y 11 de diciembre, en dos ejercicios de consulta comunitaria en los poblados de Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, para expresar su rechazo a la operación del proyecto minero San José, de Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.

Llaman organizaciones al Senado a aprobar la reforma del art. 46 de la LGEEPA que prohíbe la minería en estas zonas, y que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

De las 585 presas de jales de la industria minera identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 65 (11%) se encuentran ubicadas dentro de 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP), 11 federales y 6 estatales.

El Acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar su “autorización provisional” para dar inicio a las obras necesarias

El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye el carácter de interés público y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal.

Legisladores tienen en sus manos la oportunidad de llevar a cabo esta reforma fundamental

México requiere una reforma profunda en el marco legal minero, que ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.

El derrame ha tenido afectaciones graves a la salud de las comunidades a lo largo de la cuenca, a su tejido social y al medio ambiente, con impactos diferenciados en las infancias, adolescentes, y las mujeres.

El derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi ocurrido el 6 de agosto de 2014, es el desastre ambiental minero más grande de la historia en México, y un caso de impunidad y de falta de reparación para las comunidades afectadas y organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora.

Presentan 6 puntos clave para modificar la Ley Minera, ya que su contenido ha posibilitado las violaciones a derechos humanos y los privilegios de las empresas mineras

Comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas se han agrupado en la coalición #CambiémoslaYa para demandar al Estado Mexicano reformas profundas a la Ley Minera, pues son sus disposiciones las que han posibilitado que los territorios sean entregados por las autoridades a las empresas mineras. La exigencia busca que la legislación ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.

Organizaciones civiles e instituciones académicas llaman a participar en el proyecto de Documentación Colectiva Así se ve la Minería en México 2021.

A 29 años de la aprobación de la Ley Minera que dio a corporaciones nacionales y extranjeras el acceso irrestricto a tierras, aguas y el subsuelo, es urgente cuestionar ¿Qué le ha dejado la minería a México? ¿Qué realidades y paisajes deja la actividad minera? ¿Qué sucede en las comunidades afectadas por los proyectos mineros?   

En 5222 núcleos agrarios (es decir, territorios pertenecientes a ejidos o comunidades) con cobertura forestal se han otorgado concesiones mineras en favor de empresas privadas.

Estos 5222 ejidos representan el 39% de los 13 422 ejidos y comunidades agrarias con más 200 hectáreas de bosque o selva del país. Son 12 616 las concesiones mineras otorgadas en estas tierras ejidales -sin consentimiento de sus titulares-, lo que representa el 48.2% de las concesiones mineras otorgadas en el país (26 142 en total).

Urge una política pública de manejo del fuego que considere las nuevas condiciones climáticas y la enorme riqueza biológica y cultural de México.

n lo que va del año, nuestro país enfrenta los peores incendios de la década, de acuerdo con el Reporte Semanal de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Durante el 2021 se han registrado 3,735incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 127,110hectáreas (ha.) de territorio. Las entidades federativas con mayor superficie afectada han sido: Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California.

Llaman OSC y Academia a blindar ANP de exploración y explotación minera y de hidrocarburos tras aval unánime en el Congreso.

La iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como el establecimiento de asentamientos humanos, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo, representa un gran avance para obtener una protección real y sustantiva de estos territorios. Sin embargo, urge que las senadoras y los senadores voten a favor de dicho proyecto en beneficio de los ecosistemas y del interés público, frente a los intereses privados de las grandes corporaciones mineras y petroleras, tanto nacionales como extranjeras.