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Llaman comunidades, organizaciones y academia a aprovechar iniciativa del Ejecutivo para hacer cambios profundos a la Ley Minera

Es fundamental eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia que la ley otorga a la minería
La Ley Minera ha privilegiado a las empresas mineras, posibilitado las violaciones a derechos humanos y facilitado la destrucción de nuestros ecosistemas. Las modificaciones ahora propuestas son insuficientes para revertir esta situación.

Reforma constitucional indígena ¡ya!, exigen pueblos y comunidades de ALDEA

Con la participación de más de 80 representantes de pueblos, comunidades y organizaciones, ALDEA llevó a cabo su Asamblea Nacional
“No queremos prebendas, queremos autonomía para decidir en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron las y los participantes.

A 26 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés y a más de 3 años de la Cuarta Transformación, sigue pendiente la reforma sobre Pueblos Indígenas

Exige ALDEA saldar esta deuda histórica y reconocer a pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público
A 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y a más de tres años de la llegada del gobierno de la 4T, sigue sin concretarse la reforma constitucional que garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Por ello, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)1 exige al Poder Ejecutivo y al Congreso cumplir este histórico Acuerdo.

Ministros y ministras de la Suprema Corte: hagan historia, reconozcan que la Ley Minera viola los derechos de pueblos y comunidades

Está ampliamente demostrado que la actividad minera, regulada por la Ley Minera, afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas al territorio y al medio ambiente sano y termina mermando su subsistencia como pueblos indígenas.
Este 2 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, tendrá la oportunidad de reconocer que la Ley Minera vigente en México viola derechos fundamentales de los pueblos y comunidades del país.

Misión de observación – CONSULTA COMUNITARIA DE VALLES CENTRALES EN TORNO A LA MINERA CUZCATLÁN

Los habitantes de las comunidades expresaron su rechazo a la mina y también insistieron en que la tierra les da trabajo y les provee los medios necesarios para la vida
Las comunidades de San José del Progreso, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe y Santa Catarina Minas participaron, los días 10 y 11 de diciembre, en dos ejercicios de consulta comunitaria en los poblados de Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, para expresar su rechazo a la operación del proyecto minero San José, de Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.

Hay 65 basureros de residuos mineros en Áreas Naturales Protegidas; urgen al Senado proteger las ANP de la minería

Llaman organizaciones al Senado a aprobar la reforma del art. 46 de la LGEEPA que prohíbe la minería en estas zonas, y que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
De las 585 presas de jales de la industria minera identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 65 (11%) se encuentran ubicadas dentro de 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP), 11 federales y 6 estatales.

Acuerdo presidencial viola derechos humanos al declarar de interés público y de seguridad nacional los proyectos prioritarios de la actual administración

El Acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar su “autorización provisional” para dar inicio a las obras necesarias
El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye el carácter de interés público y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal.

La impostergable reforma a la Ley Minera

Legisladores tienen en sus manos la oportunidad de llevar a cabo esta reforma fundamental
México requiere una reforma profunda en el marco legal minero, que ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.

Urge reparación integral y acceso a la justicia a 7 años de derrame de Grupo México en el Río Sonora

El derrame ha tenido afectaciones graves a la salud de las comunidades a lo largo de la cuenca, a su tejido social y al medio ambiente, con impactos diferenciados en las infancias, adolescentes, y las mujeres.
El derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi ocurrido el 6 de agosto de 2014, es el desastre ambiental minero más grande de la historia en México, y un caso de impunidad y de falta de reparación para las comunidades afectadas y organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora.

Organizaciones, comunidades y academia exigen reformas profundas a la Ley Minera, a través de la campaña #CambiémoslaYa!

Presentan 6 puntos clave para modificar la Ley Minera, ya que su contenido ha posibilitado las violaciones a derechos humanos y los privilegios de las empresas mineras
Comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas se han agrupado en la coalición #CambiémoslaYa para demandar al Estado Mexicano reformas profundas a la Ley Minera, pues son sus disposiciones las que han posibilitado que los territorios sean entregados por las autoridades a las empresas mineras. La exigencia busca que la legislación ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.