Hay 65 basureros de residuos mineros en Áreas Naturales Protegidas; urgen al Senado proteger las ANP de la minería

Llaman organizaciones al Senado a aprobar la reforma del art. 46 de la LGEEPA que prohíbe la minería en estas zonas, y que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
De las 585 presas de jales de la industria minera identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 65 (11%) se encuentran ubicadas dentro de 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP), 11 federales y 6 estatales.

Acuerdo presidencial viola derechos humanos al declarar de interés público y de seguridad nacional los proyectos prioritarios de la actual administración

El Acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar su “autorización provisional” para dar inicio a las obras necesarias
El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye el carácter de interés público y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal.

La impostergable reforma a la Ley Minera

Legisladores tienen en sus manos la oportunidad de llevar a cabo esta reforma fundamental
México requiere una reforma profunda en el marco legal minero, que ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.

Urge reparación integral y acceso a la justicia a 7 años de derrame de Grupo México en el Río Sonora

El derrame ha tenido afectaciones graves a la salud de las comunidades a lo largo de la cuenca, a su tejido social y al medio ambiente, con impactos diferenciados en las infancias, adolescentes, y las mujeres.
El derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi ocurrido el 6 de agosto de 2014, es el desastre ambiental minero más grande de la historia en México, y un caso de impunidad y de falta de reparación para las comunidades afectadas y organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora.

Organizaciones, comunidades y academia exigen reformas profundas a la Ley Minera, a través de la campaña #CambiémoslaYa!

Presentan 6 puntos clave para modificar la Ley Minera, ya que su contenido ha posibilitado las violaciones a derechos humanos y los privilegios de las empresas mineras
Comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas se han agrupado en la coalición #CambiémoslaYa para demandar al Estado Mexicano reformas profundas a la Ley Minera, pues son sus disposiciones las que han posibilitado que los territorios sean entregados por las autoridades a las empresas mineras. La exigencia busca que la legislación ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.

Invitan organizaciones y academia a documentar cómo se ve la minería en México

Organizaciones civiles e instituciones académicas llaman a participar en el proyecto de Documentación Colectiva Así se ve la Minería en México 2021.
A 29 años de la aprobación de la Ley Minera que dio a corporaciones nacionales y extranjeras el acceso irrestricto a tierras, aguas y el subsuelo, es urgente cuestionar ¿Qué le ha dejado la minería a México? ¿Qué realidades y paisajes deja la actividad minera? ¿Qué sucede en las comunidades afectadas por los proyectos mineros?   

En 39% de los ejidos forestales del país han sido otorgadas concesiones mineras sin su consentimiento: CCMSS

En 5222 núcleos agrarios (es decir, territorios pertenecientes a ejidos o comunidades) con cobertura forestal se han otorgado concesiones mineras en favor de empresas privadas.
Estos 5222 ejidos representan el 39% de los 13 422 ejidos y comunidades agrarias con más 200 hectáreas de bosque o selva del país. Son 12 616 las concesiones mineras otorgadas en estas tierras ejidales -sin consentimiento de sus titulares-, lo que representa el 48.2% de las concesiones mineras otorgadas en el país (26 142 en total).

México enfrenta los peores incendios en 10 años

Urge una política pública de manejo del fuego que considere las nuevas condiciones climáticas y la enorme riqueza biológica y cultural de México.
n lo que va del año, nuestro país enfrenta los peores incendios de la década, de acuerdo con el Reporte Semanal de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Durante el 2021 se han registrado 3,735incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 127,110hectáreas (ha.) de territorio. Las entidades federativas con mayor superficie afectada han sido: Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California.

Llaman academia y organizaciones civiles al Senado a aprobar el cese de actividades mineras en las Áreas Naturales Protegidas

Llaman OSC y Academia a blindar ANP de exploración y explotación minera y de hidrocarburos tras aval unánime en el Congreso.
La iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como el establecimiento de asentamientos humanos, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo, representa un gran avance para obtener una protección real y sustantiva de estos territorios. Sin embargo, urge que las senadoras y los senadores voten a favor de dicho proyecto en beneficio de los ecosistemas y del interés público, frente a los intereses privados de las grandes corporaciones mineras y petroleras, tanto nacionales como extranjeras.

Más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos privadas en años recientes en la Península de Yucatán: CCMSS

El documento 30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán analiza y ejemplifica los mecanismos que han permitido que miles de hectáreas de tierras ejidales hoy estén en manos privadas.
Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 660 parcelas, con una superficie de 192 600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Aunado a ese proceso, 355 304 ha de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial).