Deficiencias en la legislación favorecen crímenes forestales y persecución de comunidades indígenas: Cándido Mezúa

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El crimen ambiental es un negocio redondo y los países deben tomar medidas para evitarlo. Si no hacemos nada en nuestros territorios latinoamericanos, vamos a perder todas las grandes riquezas naturales con las que contamos, señala Cándido Mezúa, indígena panameño representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.

Las comunidades corren el riesgo de perder su hábitat, de que su sistema de vida sea gravemente afectado y, con ello, todos los recursos naturales de cada país, añade.

De visita de trabajo en México subraya que hoy día, las políticas y legislaciones de los gobiernos de los países latinoamericanos no ayudan a combatir la incidencia de los crímenes ambientales que se cometen en nuestros respectivos países; por el contrario, las autoridades muchas veces forman parte de esa criminalidad.

En entrevista con el Concejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), refiere que la afectación ambiental ocasionada por prácticas forestales ilegales es inmensa y, que a ello hay que sumar los daños perpetrados por actividades voraces de extracción de recursos ambientales que están contempladas en legislaciones hechas a modo para las grandes empresas transnacionales.

De acuerdo con datos del Informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en conjunto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que se titula: El auge de los crímenes ambientales, las ganancias globales producto de delitos ambientales representaron en 2015 alrededor de 265 mil millones de dólares.

En gran medida, indica el documento publicado el 4 de junio de 2016, la alta incidencia de crímenes ambientales, tales como el tráfico ilegal de vida silvestre, el crimen corporativo en el sector forestal, la explotación y venta de oro y otros minerales, la pesca ilegal, el contrabando de residuos peligrosos y el fraude en créditos de carbono; tiene que ver con la debilidad de las legislaciones y el ineficaz financiamiento de fuerzas de seguridad para combatirlos.

Este mismo documento refiere que las grandes corporaciones son un actor clave en los delitos ambientales forestales, puesto que sirven como agentes para el blanqueo de madera proveniente de aserraderos ilegales, de evasión de impuestos y generación de permisos falsos.

Los gobiernos deberían impulsar mecanismos para procurar compras de productos forestales de origen lícito y certificados, para sí mismos y para sus proveedores, asimismo, facilitar el aprovechamiento de los recursos forestales de forma sustentable en beneficio de las comunidades que habitan los territorios, exige Cándido Mezúa.

Para la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques es fundamental que se otorgue el pleno derecho de la propiedad de la tierra y de la gestión de los recursos naturales a las comunidades indígenas, “ya que está comprobado científicamente, con estudios de organizaciones internacionales que así lo respaldan, que los grupos sociales originarios son los que mejor gestionan la biodiversidad con sus propios sistemas de producción y convivencia.”

Nuestros sistemas de producción basados en usos y costumbres, explica, si bien es cierto que presentan un desarrollo más lento en comparación con sociedades occidentales industrializadas, son amigables con el medio ambiente, son sustentables y permiten el desarrollo comunitario en conjunto.

Añade que con el trabajo de la organización a la que pertenece, en conjunto con el esfuerzo de muchas otras otras de toda la región mesoamericana, se ha podido avanzar en el tema de legislación de derechos de pueblos indígenas y en legislaciones que permiten el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales por parte de las comunidades, sin embargo, no han sido suficientes, por lo que es necesario continuar con el desarrollo de acciones de incidencia en las leyes de cada país, así como en políticas regionales y globales.

Acuerdos y políticas que consideren a comunidades indígenas

Sobre la consecución de acuerdos globales, uno de los más importantes logros fue el que se registrara en el “Acuerdo de Paris” un apartado para el reconocimiento de las comunidades indígenas en el sentido de que, como indica el párrafo 5 del Artículo 7: “…la labor de adaptación (al cambio climático) debería llevarse a cabo mediante un enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las cuestiones de género y sea participativo y del todo transparente, tomando en consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha labor debería basarse e inspirarse en la mejor información científica disponible y, cuando corresponda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales, con miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes, cuando sea el caso.”

Este señalamiento, que fue resultado de los trabajos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21), que se llevó a cabo en 2015 en esa ciudad europea y que hace referencia a la necesidad de tomar en cuenta a las comunidades indígenas en las decisiones sobre las acciones de mitigación del cambio climático, abre la posibilidad de seguir avanzando hasta lograr el pleno reconocimiento y goce de los derechos de las comunidades sobre sus territorios para poder aprovecharlos de manera sustentable, explica el Secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación Mesoamericana de Pueblos y Bosques.

Dice que luego de la firma del acuerdo de Paris, el reto, ahora, es generar los mecanismos de implementación de esos acuerdos en cada uno de los países que han signado el documento de la COP21, en particular en América latina.

Para ello, precisa, estamos impulsando una ruta para propiciar las condiciones necesarias de instrumentación adecuada de los acuerdos que favorezcan el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, desde los territorios y comunidades que son propietarias de los bosques, para el aprovechamiento de sus recursos.

Destaca que los gobiernos tienen una perspectiva de implementación desde su práctica política latinoamericana de países democráticos, sin embargo, ‘para nosotros no se pueden tomar derechos o abrogarse derechos en la toma de decisiones concernientes a los pueblos indígenas. En eso estamos incidiendo’, señaló el dirigente indígena

Como parte de esta ruta de trabajo también destaca una intensa agenda de incidencia en la presencia de los temas indígenas y la consecución de acuerdos en la próxima COP de Biodiversidad (CBD), que se realizará en diciembre en Cancún, México.

Resalta Cándido que espera que los pueblos indígenas tengan un rol más protagónico en la toma de decisiones que se procuran los Estados que se reúnen. No obstante, a pesar de contar con un convenio de Biodiversidad durante muchos años, no se ve su desarrollo en la instrumentación de los acuerdos, porque en el caso de los temas de pueblos indígenas siempre que se convoca a este tipo de conferencias, se margina a los pueblos indígenas a discutir solamente uno de los artículos en que menciona a la población indígena.

Nos excluyen de todo el espectro que tiene este convenio y que para nosotros, los pueblos indígenas, tiene mucha relevancia, como el tema de políticas regionales, el de inversiones en los territorios, la conservación de especies y el de desarrollo económico sustentable. Debemos estar inmersos en todo, porque la afectación en los territorios es integral, concluye.


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