1 septiembre, 2022, Por: Salvador Anta
Las dificultades y obstáculos que enfrentan las empresas campesinas para cumplir con los requisitos fiscales son muy grandes debido a las condiciones que se viven en las áreas rurales del país como son la poca conectividad de internet, el limitado servicios de energía eléctrica, la dificultad que para los trabajadores de origen rural implica el obtener una Fiel y un registro federal de contribuyentes actualizado, entre otras.
Imponer un esquema fiscal diseñado para empresas privadas ubicadas en regiones urbanas a las empresas campesinas es injusto, las sitúa en graves desventajas y problemas, les eleva sus costos de producción y en muchos casos las hace quebrar. A esto, hay que agregar que las empresas forestales comunitarias y otros emprendimientos productivos comunitarios no tienen por objeto principal el lucro privado; su objetivo es generar ingresos para todos los miembros de la comunidad, aportar a los gastos generales de la comunidad y hacer un manejo integral de sus bienes naturales.
Por todo lo anterior, las comunidades organizadas en la Unión de Comunidades de la Sierra de Juárez (UCOSIJ) proponen que de inmediato se abran mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda y con el Sistema de Administración Tributaria, a fin de diseñar un esquema fiscal adecuado y justo y que además tome en cuenta las EFC no son empresas con objetivo de lucro que buscan incrementar el capital para el beneficio de intereses privados, sino por el contrario, los objetivos de las empresas comunitarias son generar empleos para las personas comuneras y para la ciudadanía de sus comunidades, y así evitar la migración de su población; y en segundo lugar, invertir parte de los ingresos obtenidos por la producción forestal y su transformación en el desarrollo de nuevas empresas comunitarias para el beneficio colectivo; en tercer lugar, reinvertir en la mejora y cuidado de sus áreas forestales; un cuarto objetivo es financiar obras en beneficio de la comunidad, financiar o apoyar fiestas patronales, eventos deportivos y culturales, entre otros, siempre con el interés de lograr el bienestar común de la colectividad.
Se estima que, de los ingresos obtenidos por las empresas forestales comunitarias, alrededor del 60% se reinvierte en las áreas forestales y el 40% restante en obras sociales, todo esto por acuerdo de la asamblea. Las inversiones que hacen las comunidades forestales en nuevas empresas comunitarias generan empleos adicionales y contribuyen a generar mayor flujo económico que circula entre las comunidades.
En contraste, las empresas privadas tienen como propósito central el de maximizar sus ganancias, incrementar de forma continua su capital. No obstante, esta enorme diferencia, las empresas comunitarias reciben el mismo trato fiscal que las privadas y los ingresos que se van al fisco no regresan a las comunidades y empresas forestales en la misma cantidad y proporción de lo que aportan.
Es por esto que los comisariados de bienes comunales y los representantes de las empresas comunales plantean que el esquema fiscal es injusto, pues cada año tienen que hacer pagos al fisco por más de un tercio de los ingresos obtenidos por la transformación de la madera y la elaboración de productos terminados, razón por la cual cada año disminuye la inversión que hacen las comunidades en el bosque, en la creación de nuevas empresas y en obras de beneficio social. Por esta situación, las comunidades agrupadas en la UCOSIJ han solicitado al SAT que en la próxima Ley del ISR de 2023 se considere un régimen fiscal especial para las empresas forestales comunitarias.
Es importante decir que esta situación se agrava por la falta de apoyos del sector forestal gubernamental. Los comisariados de la UCOSIJ coinciden en que, si el gobierno federal no asigna suficiente presupuesto para incentivar al sector forestal en las comunidades y ejidos, es fundamental que no se les quiten los recursos a través de los impuestos.
La UCOSIJ ha solicitado al SAT elaborar propuesta fiscal distinta, que implique un esquema más justo de pago de impuestos para la próxima miscelánea fiscal de 2023.
La lucha por lograr un régimen fiscal diferenciado para las empresas comunitarias no es nueva, ni es exclusiva de las empresas forestales comunitarias de la Sierra Juárez; es una demanda en favor de las EFC de Oaxaca y de todo el país. Esta lucha lleva más de 15 años y para ello han intentado todo tipo de acciones en este periodo: acuerdos con diversas legislaturas, reuniones con autoridades hacendarias, con gobernadores, reuniones con diputados y legisladores de diversos partidos políticos, recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia, sin obtener resultados.
En 2019, luego de una reunión de la UCOSIJ con el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y con la senadora Susana Harp, se logró que en la Ley de Reforma Fiscal de ese año las empresas forestales comunitarias que no excedieran en su ingreso la cantidad de 5 millones de pesos se les redujera el 30% del pago del ISR. Este logro fue importante para las EFC, pero insuficiente, ya que existen empresas forestales comunitarias que tienen ganancias por montos mayores, por lo que solo las empresas pequeñas resultaron beneficiadas.
En años recientes la UCOSIJ tuvo una reunión con el presidente López Obrador en la Sierra Juárez y le expuso la situación; el presidente se comprometió a atender esta solicitud y comisionó al director del INPI, Adelfo Regino, para dar atención a la problemática fiscal de las empresas comunitarias.
Los representantes de la UCOSIJ se han reunido en diversas ocasiones con el titular del INPI y su personal y han logrado elaborar una propuesta fiscal que se presentará próximamente a las autoridades. La visita reciente de Raquel Buenrostro, titular del SAT, a la Sierra de Juárez, podría agilizar esta oportunidad y se espera que en la próxima propuesta de la Ley del ISR para 2023 se materialicen los objetivos de la lucha fiscal de la UCOSIJ y de las comunidades forestales de México.
Para el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la elaboración de un esquema fiscal más justo y acorde con la realidad de las empresas forestales comunitarias y de los emprendimientos productivos comunitarios en general es fundamental para aliviar la enorme presión que enfrentan estas empresas comunitarias por una excesiva carga regulatoria, por la cada vez más débil operación del Estado en las regiones rurales, la falta de nuevos mercados y la falta de apoyos productivos.
Quienes ganan menos y además invierten sus ganancias en beneficios evidentes a nivel local no pueden estar sujetos al mismo régimen fiscal que las grandes empresas cuyas ganancias son únicamente para ellas. Este cambio en el régimen fiscal contribuiría también a avanzar hacia la justicia fiscal y distributiva que tanta falta hacen en nuestro país.