Empresas agroindustriales y ganaderas y desarrolladores turísticos, principales impulsores de la deforestación

En el marco del Seminario Universitario de Medio Ambiente e instituciones (SUSMAI), especialistas analizaron  las amenazas que enfrentan los territorios forestales del país e hicieron propuestas para que la política pública de la actual administración ponga en marcha acciones contundentes que permitan frenar los procesos de deforestación.

Los procesos que impulsan la deforestación en México son muy diversos y varían dependiendo la región del país que se analice; sin embargo es posible decir que la deforestación va en ascenso y que este fenómeno comparte una problemática común: políticas públicas que a lo largo de las distintas administraciones han fomentado el avance de la frontera tanto agrícola como ganadera en sustitución de bosques primarios y secundarios. A esos impulsores de la deforestación se suman otros como el desarrollo de infraestructura turística, el crecimiento urbano con poca o nula planeación, el avance de asentamientos irregulares y la mega industria agrícola con  cultivos como soya, sorgo, palma africana, caña de azúcar y aguacate, entre otros. 

La pérdida nacional de cobertura arbórea en México ha ido en constante aumento desde el 2001, cuando era de 150 mil ha por año, hasta el 2019, cuando esa pérdida fue de aproximadamente 327 mil ha por año, de acuerdo con Javier Warman, director de Bosques del World Institute Resources (WRI). Los estados que sobresalen por la pérdida de cobertura forestal en estos años son Campeche, con alrededor de 698 mil ha; Chiapas, con 644 mil ha; Quintana Roo, con 495 mil ha, y Yucatán con 460 mil ha, entre los años 2001 y 2019. 

Uno de los impulsores de la deforestación en la región centro del país son las empresas exportadoras de aguacate. Alfonso de la Vega, del SUSMAI, se refirió a los procesos de deforestación vinculados con el boom aguatero que comenzó hace un par de décadas. El cultivo de aguacate inició en Michoacán y se ha expandido a otros estados como Jalisco, Nayarit, Morelos y Estado de México. A mediados de los años 90 el aguacate se vendía a precios muy bajos; sin embargo, hoy se vende en más de 20 mil pesos la tonelada y el 80% de la producción se va a los Estados Unidos. Este auge ha venido acompañado de un cambio de uso de suelo exponencial que ha desatado distintas dinámicas de debilitamiento del tejido social en Michoacán y las entidades vecinas. No solo las parcelas de autoconsumo se transformaron para producir aguacate, sino que los campesinos pasaron de ser dueños de las tierras a ser jornaleros; incluso el crimen organizado participa en la producción, comercialización y coerción de los dueños de las tierras, muchas de ellas forestales. Los pocos bosques manejados y protegidos de la región tienen una gran presión encima. 

La mayor parte de la producción de aguacate se produce a mediana y gran escala, no proviene de pequeños productores, por lo que las ganancias que genera la venta de este producto no llegan a las comunidades. Aunque la producción del aguacate comenzó en terrenos privados, posteriormente llegó también a los terrenos comunales, por lo que ha debilitado fuertemente el tejido social. 

Otra región con una dinámica particular es la Península de Yucatán, que en décadas recientes ha perdido miles de hectáreas por la confluencia de negocios de diversa índole en la región. De acuerdo con el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, el estado de Quintana Roo pierde 5,900 hectáreas anuales por el avance de la agroindustria -cultivos de caña, sorgo, soya, entre otros-; pierde 4,900 hectáreas al año por el avance de la ganadería y pierde 1,800  hectáreas al año por el avance de la industria turística. 

Despojar a las comunidades de sus tierras tiene  impactos directos en el avance de la deforestación. Los especialistas señalan que las comunidades están siendo presionadas para que vendan o renten sus tierras, vendan sus derechos agrarios y no existen mecanismos efectivos para detener esta pérdida del control del territorio. Las empresas que despojan a las comunidades de sus tierra destruyen la cubierta vegetal para dar paso a la instalación de granjas, la cría de ganado, la instalación de parques solares o eólicos o bien el desarrollo de infraestructura urbana o turística.

Las políticas públicas

Las dinámicas que viven los bosques están profundamente vinculadas a las políticas públicas. La mayoría de las veces los procesos de deforestación cuentan con apoyos gubernamentales, estatales y federales, que incentivan la sustitución de bosques primarios y secundarios por cultivos o ganadería.

México cuenta con los instrumentos y mecanismos para controlar y detener los procesos de deforestación, sin embargo no están siendo implementados En las regiones donde hay control territorial comunitario, principalmente a través del manejo forestal, de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación o de los corredores biológicos, la deforestación se reduce considerablemente. A pesar de estas experiencias de buenas prácticas en el manejo del territorio y el control de la deforestación, los programas que destinan recursos para ello han tenido fuertes recortes presupuestales que les impiden tener impactos de escala.. Es importante poner en marcha un conjunto de acciones por parte de las instituciones gubernamentales para incrementar la superficie forestal bajo manejo comunitario, coincidieron los participantes en el foro. 

También, es importante subrayar que el país cuenta con una estructura legal y programática que responde a varias décadas de trabajo por parte de distintos actores. Comunidades, organizaciones y autoridades han invertido tiempo y esfuerzo en crear un andamiaje robusto que permitiría frenar la deforestación.  Algunos de los componentes mas importantes de ese andamiaje son:

  1. Los compromisos internacionales referentes a la reducir la deforestación en el marco del Acuerdo de París.
  2.  La Ley de Cambio Climático, que incluye la meta de transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas originales.
  3.   La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (recientemente reformada), establece  disposiciones para negar subsidios  que propicien deforestación:
  4. La Estrategia Nacional para detener la deforestación que incluye el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (Samof), nivel de referencia, la iniciativa de reducción de emisiones (IRE), así como el impulso a la gobernanza local.
  5. Las instituciones y programas con presencia en los territorios, como las delegaciones estatales de Semarnat, Conafor, Conanp y Profepa, entre otras.

Los especialistas coincidieron en que en años recientes han ido disminuyendo el apoyo y compromiso gubernamental con la conservación, protección y manejo sustentable de los bosques. En general se ha dado una pérdida de espacios de participación y de recursos destinados para los temas ambientales y específicamente para los forestales. La reducción del presupuesto para el sector forestal se ha mantenido y de hecho se ha ahondado en la actual administración. Se está desatendiendo un sector que tiene un fuerte potencial social, ambiental y económico. 

Narrativas

Durante el Seminario también se subrayó que en algunos espacios se  culpa a las comunidades por la pérdida de bosques, que se ha creado una narrativa constante que dice que los métodos de roza, tumba y quema son los que generan la deforestación. Sin embargo, “la deforestación no es el resultado de esas prácticas.

La verdadera deforestación, la que nos lleva a perder 350 mil hectáreas de bosques al año, tiene que ver con las acciones irresponsables  de las grandes empresas, que voltean a ver a las comunidades y sus territorios como nuevos espacios en los cuales pueden expandir sus negocios. Es por esta sed de nuevos territorios que hay un proceso acelerado de despojo y  compra de derechos ejidales. La privatización de las tierras ejidales genera fuertes impactos como la pérdida del control del territorio, pérdida de biodiversidad, contaminación por agroquímicos, introducción de especies invasoras. 

Sembrando Vida 

El programa Sembrando Vida no es un programa vinculado al sector forestal, se trata de un programa que opera la Secretaría del Bienestar, enfocado a promover prácticas agroforestales en parcelas campesinas. Salvador Anta, integrante del CCMSS, explicó que es importante generar reglas de operación para que este programa no compita ni afecte a las zonas ricas en biodiversidad.

“Si se convirtiera en un programa de blindaje de las zonas forestales frente a las agrícolas, formando cinturones y corredores biológicos entre las zonas abiertas agrícolas y las zonas forestales, podría ser un instrumento valioso para garantizar la permanencia de la base de los recursos. Una adición relevante, por ejemplo, sería incluir a los acahuales en el programa ya que no están contemplados”, comentó y agregó que en las zonas muy degradadas el programa ha dejado buenos resultados tanto por el apoyo que reciben las familias como por el impulso para restaurar esas zonas a través de milpas intercaladas con árboles frutales.

Anta comentó que el gran problema para el país es que cada seis años se redefine la política rural, se reinventan programas, se abandona lo que sí funciona. “Sería importante valorar y mantener los programas que han funcionado, entre ellos los programas de impulso al manejo forestal comunitario, esquema reconocido en todo el mundo”, agregó.

Sembrando Vida  se ha manejado como si fuera un instrumento de la política forestal , como un programa de reforestación o hasta de restauración pero en realidad es un programa agroforestal, explicó Sergio Madrid. Es un programa que está en la Secretaría de Bienestar y que no persigue objetivos relacionados con el manejo y conservación de los bosques. Sería importante que al tiempo que se impulsa ese programa, también se fortalezcan los mecanismos y programas que México ya tiene para avanzar en el manejo de los bosques por parte de las comunidades. Los avances logrados en el tema de manejo comunitario son muy importantes y requirieron un fuerte esfuerzo por parte de organizaciones comunitarias; las políticas gubernamentales debieran aprovechar el camino andado, apoyar el manejo forestal comunitarios y enfrentar así las amenazas que se ciernen sobre las regiones forestales.

Otros temas abordados durante la sesión fueron la urgencia de aumentar el presupuesto destinado a las instituciones de gobernanza ambiental, el acceso a la información pública que ya tiene el sector forestal y la necesidad de abordar el papel del crimen organizado y su presión sobre el cambio de uso de suelo, la extracción ilegal de recursos forestales y la fuerte presión sobre sobre los campesinos que no se ha atendido. 


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