En la discusión del #PND2019 Economía convoca mayoritariamente a la industria minera y no a los pueblos afectados: CCMSS

A lo largo del mes de marzo, las dependencias del gobierno federal han organizado mesas de trabajo con diversos actores, con el propósito de recoger insumos para el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) ha participado hasta ahora en tres de esas mesas, de las que compartimos nuestras propuestas y algunos temas relevantes.

  1. Mesa convocada por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), realizada el 6 de marzo.

El objetivo fue proponer algunos criterios para el eje transversal del PND de Territorio y desarrollo sostenible. El CCMSS propuso diversos criterios, entre ellos:

  • Participación ciudadana efectiva, democrática y vinculante previa a actos de autoridad con potenciales afectaciones sociales y ambientales graves.
  • Participación ciudadana sobre políticas públicas y actos de autoridad con potenciales afectaciones sociales y ambientales graves a partir de una escala regional. Ejemplos: por cuenca hidrográfica, territorio de pueblo originario, municipio y núcleo agrario, entre otros.
  • Consentimiento previo, libre e informado para la aprobación de actos de autoridad con potencial afectación a derechos de pueblos originarios o comunidades equiparables.
  • Contemplar afectaciones acumulativas y sinérgicas para los proyectos sometidos a evaluaciones de impacto social o evaluaciones de impacto ambiental.
  • Para actividades asociadas a graves afectaciones sociales y ambientales establecer criterios territoriales restrictivos con respecto a en qué lugares no se deben permitir. Ejemplo: minería en áreas naturales protegidas y otros sitios de conservación.
  • Establecer criterios de impacto que permitan establecer qué tipo de proyectos de inversión deben ser prohibidos (ejemplo: fracking o minería submarina).
  • Fortalecimiento de las asambleas y autoridades de los núcleos agrarios.
  • Impulso al desarrollo local con base en los términos establecidos participativamente por los propios habitantes del territorio.
  • Establecer emisiones de carbono como una variable restrictiva hacia la promoción de proyectos de inversión.
  • Identificación y valoración de servicios ambientales antes de implementar políticas públicas.
  • Establecer el enfoque de cuenca como referente para la formulación de política pública.
  • Internalización de las externalidades negativas para los proyectos de inversión.
  • Homologar marcos legales a partir de visión territorial y de desarrollo sostenible.

En las mesas temáticas de esta misma reunión participamos en el rubro agropecuario, forestal y pesquero, en el que destacamos la importancia de la promoción del manejo forestal comunitario desde la política pública. Subrayamos que el programa Sembrando Vida no representa un sustituto de la política forestal. Por tanto, se debe retomar la política pública enfocada a este sector. Destacamos los recortes presupuestales que sufrió el sector forestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Asimismo, señalamos que existe un potencial para aumentar la superficie forestal bajo manejo comunitario sostenible de 7.5 a 15 millones de hectáreas. Esta meta podría contribuir a la generación de ingresos y organización-económica productiva para comunidades forestales actualmente en condiciones de marginalidad; mencionamos los posibles beneficios para la conservación de ecosistemas forestales, absorción de gases de efecto invernadero y provisión de múltiples servicios ambientales. Subrayamos que la promoción del manejo forestal comunitario se encuentra alineada con el objetivo transversal del PND Territorio y desarrollo sostenible

En nuestra participación en el tema Infraestructura, minería y energía, retomamos puntos ya mencionados antes: criterios territoriales: dónde sí y dónde no debe haber grandes proyectos extractivos o de infraestructura; criterios de impacto: ¿Qué técnicas debes ser prohibidas?; mecanismos de sanción para infractores de regulación ambiental fortalecidos (como disuasión efectiva de la comisión de crímenes ambientales) y homologación de marcos normativos con el eje transversal territorio y desarrollo sostenible.

  1. Mesa convocada por Secretaría de Economía, realizada el 13 de marzo.

Enmarcado en el eje rector 3. Desarrollo Económico, Economía llevó a cabo una sesión de trabajo en la que hubo 2 mesas de trabajo: minería responsable y marco legal de la actividad minera.

Un aspecto bastante grave sobre el proceso de participación deliberativa y democrática sobre el PND es que Economía convocó casi exclusivamente a actores del sector Minero-Metalúrgico. En un auditorio con presencia de entre 140 y 160 personas, casi la totalidad de los participantes eran de este sector. En todo el auditorio solo estuvieron presentes 3 personas de núcleos agrarios afectados por actividad minera, 4 personas de organizaciones de sociedad civil, ningún académico ni representante de otros sectores afectados por actividades mineras.

En los comentarios vertidos por un auditorio dominado por el sector minero, se recogieron insumos para determinar el carácter de la política minera, en el que prevalecieron tres demandas:

  • Apoyos a los pequeños mineros a partir del Fideicomiso de Fomento Minero.
  • Menos regulación.
  • Regulación en la Ley Minera de la Consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de los pueblos originarios y comunidades equiparables.

Es sorprendente y preocupante el golpe de timón en el sector minero con respecto al último punto. Antes negaban completamente la importancia de la consulta. Ahora, son sus principales promotores. Esto se debe a que, como se encuentra actualmente establecida la consulta en el marco normativo internacional de México, no es vinculante para la autoridad o los promotores de proyectos mineros. Es por esto que la industria minera prefiere un trámite sencillo y expedito que les permita superar en lo inmediato la molestia que les generan las comunidades indígenas para sus operaciones. Entre ellos, existe consenso sobre el hecho de que la consulta debe ser un trámite que se lleve a cabo después de la entrega de la concesión –esto trastoca el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo—. Por todo lo anterior, se corre el riesgo, por tanto, que la consulta convalide las aspiraciones del sector extractivo.

Por nuestra parte, a pesar de enfrentar un auditorio completamente adverso a nuestros argumentos y propuestas, presentamos los 15 puntos que consideramos urgente sean reformados en el marco normativo minero, que fueron rechazados por el auditorio. Nuestro documento La normatividad minera en México: normativa y propuestas de solución[1] fue entregado directamente al Subsecretario de Minería, la Directora General de Regulación Minera, la Directora General de Desarrollo Minero y otros cuatro funcionarios de esta subsecretaría.

  1. Mesa convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizada el 6 de marzo.

En esta mesa se trataron cinco temas centrales en materia de política exterior: sociedades incluyentes; ODS y cambio climático; perspectiva de género; derechos humanos y paz sostenible. Adicionalmente, se trabajó sobre el eje transversal c) Territorio y desarrollo sostenible.

Las OSC externaron preocupaciones con relación a convenios internacionales como Acuerdo de París, Convenio sobre Diversidad Biológica y el Acuerdo de Escazú. Sobre este último, la subsecretaria de asuntos multilaterales y derechos humanos, Martha Delgado, mencionó que será presentado al Senado en próximos días.

El CCMSS mencionó que México debería aprovechar su liderazgo internacional sustentado en el hecho de ser pionero y referente en materia de manejo forestal sustentable para impulsar mecanismos como el de REDD+ y para fortalecer los mecanismos que garanticen la protección y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y defensores ambientales.

Las organizaciones propusieron avanzar en la generación de acuerdos y lineamientos que garanticen que se lleven a cabo consultas a los pueblos originarios con carácter vinculante frente a actos de autoridad. Ante todo, se busca salvaguardar los derechos sobre el territorio de los pueblos originarios y comunidades equiparables.

Al término de las mesas de trabajo y participación, las dependencias tendrán hasta el 2 de abril para entregar sus insumos para el PND a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que entregará el 30 de abril de 2019 una propuesta de PND a la Cámara de Diputados para su aprobación.

[1] Los 15 puntos se pueden consultar aquí: https://www.ccmss.org.mx/acervo/la-normatividad-minera-en-mexico-problemas-y-propuestas-de-modificacion/


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