La 4T y los bosques: una política forestal desdibujada

A pesar de que en grandes extensiones de territorio nacional el uso forestal del suelo ha sido cambiado para destinar esas tierras a la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano, nuestro país aún destaca por la importante superficie forestal que conserva. Así, junto con Canadá, Brasil, Estados Unidos, Rusia y algunos otros países, México está en la lista de los 12 países con mayor extensión forestal. Esos territorios en nuestro país albergan más de 200,000 especies de flora y fauna y están cubiertos por 56 diferentes tipos de vegetación identificados por el Inegi, cubriendo más de la mitad del territorio nacional.

A diferencia de lo que sucede en otros países, donde la tierra forestal es propiedad de gobiernos y corporaciones privadas, en México esa tierra mayoritariamente pertenece a comunidades campesinas e indígenas. Estas comunidades y ejidos se han organizado y hoy en día más de 1,700 de ellas cuentan con autorización de manejo y aprovechamiento de sus selvas y los bosques. Esta situación ha convertido a México en un referente global de forestería comunitaria, inspirando a decenas de países a transitar a una política socio-ambiental basada en el manejo de los bosques.

Por la importancia de los recursos forestales, los gobiernos históricamente han desarrollado diferentes políticas forestales desde el inicio del siglo pasado y pronto se cumplirán ya 100 años de haberse promulgado la primera ley forestal. Esas políticas gubernamentales impulsaron muy variadas estrategias para el manejo de los bosques; entre ellas están las vedas, los parques nacionales, las unidades de explotación forestal, las concesiones forestales a empresas paraestatales y privadas, y para finales del siglo pasado el desarrollo de acciones favorables al manejo forestal comunitario. 

Durante el nuevo siglo se fortalecieron las instituciones vinculadas con el tema de los bosques, entre ellas la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad  (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), las cuales pusieron en marcha una diversidad de programas para el estudio, la protección, conservación y manejo de los territorios forestales.

La presencia de estas instituciones ha sido importante, aunque no suficiente para frenar los procesos de deforestación y cambio de uso de los territorios forestales. Una de las causas de esto ha sido la segmentación cuando no la franca contradicción en las políticas territoriales. Mientras unas dependencias impulsaban acciones de conservación o uso sustentable del bosque, las políticas agrícolas iban en un sentido totalmente distinto, impulsando el avance de las fronteras agrícolas y ganaderas. Y lo mismo sucedía con las políticas relacionadas con urbanización y el otorgamiento de concesiones mineras, entre otros ejemplos.

En la administración gubernamental de Enrique Peña Nieto la política hacia las regiones forestales fue particularmente ineficaz para atender los crecientes problemas de la deforestación, la degradación de los ecosistemas y el debilitamiento de iniciativas forestales comunitarias. En consecuencia, el país sigue perdiendo su capital natural con el avance de los cultivos agroindustriales y el avance de la industria turística e inmobiliaria: de acuerdo con las cifras más recientes, el país pierde aproximadamente 190,000 hectáreas anuales de bosques y selvas[1].

Frente a lo anterior, el relevo gubernamental del 2018 generó enormes expectativas dado que se renovó el equipo directivo de la Comisión Nacional Forestal poniendo al frente a personas con una trayectoria importante en el sector y con un compromiso con el manejo comunitario y sustentable de los bosques.

A partir de ese relevo y con ánimos renovados, decenas de organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, académicas y académicos desarrollaron diversos análisis de la situación forestal y presentaron públicamente documentos bien estructurados, con propuestas viables para hacer frente a la problemática de las regiones campesinas forestales. Destacan, entre otras, las propuestas publicadas por el SUSMAI-UNAM y por el grupo “Bosques para todos”[2]

Sin embargo, han pasado ya 18 meses de ese relevo gubernamental, y la nueva administración deja ver un reducido interés por el sector forestal, por la protección de los bosques y por su buen manejo. Los análisis y propuestas ofrecidas por la academia y las organizaciones comunitarias han quedado archivadas. En un contexto de incremento de incendios, de tala ilegal y de deforestación y una necesidad apremiante de contar con respaldo institucional, la Profepa y la Conafor han quedado reducidas a su mínima expresión, esta ultima con un presupuesto mermado en más del 64%, con sus gerencias estatales sin gerentes con un personal diezmado y sin la capacidad de atender las necesidades concretas de las regiones forestales, mucho menos de poner en marcha las acciones propuestas.

Han quedado en el olvido las propuestas de fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas al manejo y conservación del bosques para que éstas puedan en verdad contribuir a frenar los acelerados proceso de degradación que sufren los ecosistemas forestales. Ha quedado archivada la propuesta de fortalecer a la Conafor para que vaya mas allá de ser una ventanilla de gestión de subsidios y se transforme en una entidad que se aboque a resolver problemas de primera importancia en las regiones forestales, tales como el avance de proyectos agroindustriales sobre terrenos forestales y la compleja tramitología para el manejo del bosque .

El gobierno actual, omiso a la responsabilidad que le mandata la ley de impulsar el desarrollo forestal, enfoca ahora sus acciones hacia las regiones forestales a través de la Secretaría de Bienestar con el programa Sembrando Vida.

El programa Sembrando Vida contempla una serie de subvenciones individualizadas para que los campesinos participantes cultiven 2.5 hectáreas bajo sistemas agroforestales. Si bien este programa pretende impactar un millón de hectáreas con la siembra de árboles intercalados con frutales y cultivos agrícolas, dista años luz de ser un programa forestal.  Este programa no atiende la problemática de los 94.5 millones de hectáreas de bosques, selvas, manglares, matorrales xerófilos y otras asociaciones vegetales que componen el territorio forestal del país.

Mientras a Sembrando Vida se le asignan 26,000 millones de pesos anuales para establecer sistemas agroforestales en un millón de hectáreas, la Conafor recibe solamente 2,500 millones de pesos anuales con la responsabilidad de cumplir con acciones estratégicas y fundamentales que le mandatan tanto la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible como la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Algunas de esas responsabilidades, de entre muchas más, están:

– Poner en marcha estrategias para transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas (es decir en 94.5 millones de hectáreas)

– Impulsar el manejo forestal comunitario que realizan mas de dos mil ejidos y comunidades en 8 millones de bosques y selvas.

– Autorizar el funcionamiento de nuevos aserraderos y garantizar la legal procedencia de la madera de dichos aserraderos.

– Prevenir y combatir los incendios forestales en todo el país.

– Llevar a cabo acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales y contribuir a reducir el avance de las plagas forestales.

– Desarrollar el inventario nacional forestal.

Resulta evidente que las responsabilidades y funciones de la Conafor son mucho más amplias y vinculan a muchos más millones de hectáreas y de personas que el programa Sembrando Vida.  Sin dejar de reconocer el valor que pudiera tener el Programa Sembrando Vida para impulsar la producción campesina si es necesario dejar claro que se con ese programa no se estará cumpliendo con la responsabilidad que la ley le mandata al ejecutivo para con el tema de los territorios forestales.

En el ámbito de eso territorios, hoy día se requiere una intervención gubernamental contundente, que de manera coordinada y respetuosa con las comunidades y ejidos, permita avanzar a solucionar un compleja problemática que se enfrenta entre los que destacan los siguientes elementos:

  • La tala ilegal de madera y la extracción ilegal de especies de flora y fauna.
  • Ausencia de  desarrollo tecnológico para mejorar el aprovechamiento e industrialización de decenas de productos que provienen del bosque.
  • La degradación del arbolado debido al estrés hídrico generado por el cambio climático.
  • Debilitamiento de las estructuras comunitarias que administran los territorios colectivos forestales frente al avance del crimen organizado.
  • Dificultades de las empresas comunitarias forestales para competir en precio frente la importación de madera de plantaciones.
  • Presión para la venta de tierras y el cambio de uso de suelo ejercido por la agroindustria, la minería, el turismo de masas y la urbanización.
  • El aumento en la frecuencia de los incendios en las zonas forestales.

La enorme riqueza forestal de México es mayormente patrimonio de ejidos y comunidades; su conservación y aprovechamiento tiene un enorme potencial para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural.  Sin embargo, el gobierno actual se desentiende de cumplir con la responsabilidad que le impone la ley y se pone en grave riesgo el patrimonio natural de país.


[1] CONAFOR. Estado que Guarda el Sector Forestal en México 2019. Disponible en: www.gob.mx/conafor/documentos/estado-que-guarda-el-sector-forestal-en-mexico-2019.

[2] Estas propuestas se pueden conocer en estos vínculos: https://susmai.unam.mx/node/78 y www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/2018_03_BosquesConTodos_LOW.pdf.


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