Desde hace un poco más de dos décadas, la industria porcícola en el estado de Yucatán despoja a comunidades mayas de su territorio. Grandes empresas de este sector han establecido más de 220 mega granjas en las tierras de las comunidades y con el beneplácito y complicidad de los gobiernos, autoridades de múltiples dependencias y el poder judicial, operan contaminando el agua, el suelo y el aire de los pueblos, y rompiendo el tejido social comunitario.
Adicionalmente, el establecimiento de estas industrias se da en el marco de una violación sistemática al derecho a la libre determinación y autonomía que se le reconoce a los pueblos originarios, y también al derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan, en tanto las comunidades no han dado su consentimiento para el establecimiento y operación de estas mega granjas; ni se han realizado las consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas, establecidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1990.
El pueblo de Sitilpech busca justicia para garantizar el respeto a sus derechos humanos y a su territorio. Desde hace más de dos años, y con pruebas en mano de que el agua de los pozos de la comunidad había sido contaminada, la comunidad exigió legalmente el cierre de la mega granja propiedad de la empresa “Productos Pecuarios para Consumo”, aparcera de Kekén. La Conagua constató que la empresa incumplió con los permisos de carga y descarga de agua, y por esta razón, un Juez de Distrito otorgó la medida cautelar a la comunidad y ordenó el cierre de la mega granja. A lo cual la empresa presentó una queja, promoviendo el caso a un magistrado afamado por sus complacencias con el empresariado. Insólitamente, el magistrado desechó arbitrariamente el amparo de los habitantes de Sitilpech arguyendo “vencimiento de plazo” para haber presentado su demanda ante el Juzgado.
El pueblo de Sitilpech busca justicia para garantizar el respeto a sus derechos humanos y a su territorio. Ante la reapertura de la mega granja, el pueblo se movilizó, tomó la calle y realizó un plantón para impedir el ingreso de camiones con cerdos y alimento concentrado. Aún en su derecho a la libre manifestación, la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, el gobierno del estado de Yucatán dio la orden de reprimir la protesta pacífica de las y los habitantes de Sitilpech, y envió a la policía de Yucatán a arremeter contra la población, golpeando a su paso a mujeres y adultos mayores.
El pueblo de Sitilpech busca justicia para garantizar el respeto a sus derechos humanos y a su territorio. Frente a la violencia institucional y la brutalidad policial, el pueblo organizó una rueda de prensa en su comunidad para públicamente denunciar el abuso de poder del que ha sido víctima y sentar la declaratoria “Un Pueblo Libre de Mega Granjas Porcícolas”, un ejercicio de la comunidad para legalizar su determinación ante el arrebato y despojo de su territorio y bienes naturales por parte de las empresas porcícolas.
Esta declaratoria promulga que “las empresas no pueden, ni podrán seguir operando dentro de su territorio maya, y que es el pueblo de Sitilpech el que decide sobre todo lo relativo a su tierra, territorio y medio ambiente; en un marco de protección a los derechos humanos de los niños, niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres, y en general todo el pueblo de Sitilpech. Esta declaratoria la emite el pueblo de Sitilpech por el hartazgo ante la falta de escucha de las autoridades gubernamentales del municipio, del estado y de la federación”.
Al evento asistieron personas de distintas comunidades de los estados de Yucatán y Quintana Roo, también víctimas de la industria porcícola, para expresar su solidaridad con el pueblo de Sitilpech, admirar la fuerza de su proceso comunitario para la defensa de su territorio e intercambiar testimonios sobre los daños provocados por estas empresas en sus pueblos. Los vítores aclamaron “Fuera Kekén”, “Sitilpech libre”, “Sitilpech escucha, esta es nuestra lucha”.
Seguido del cierre de esta jornada arribaron a la comunidad numerosas camionetas con personal de la fiscalía a “investigar”, dado que, según manifestaron a las y los pobladores de Sitilpech, existe una denuncia interpuesta en contra de la comunidad que estima perpetración de daños. Con palabras artificiosas, drones y abuso del poder, el gobierno de Yucatán amedrenta a las y los habitantes de Sitilpech y a su proceso colectivo de defensa y cuidado de la vida y el territorio.
La historia de Sitilpech evidencia la diligencia y complicidad que tiene el estado de Yucatán en velar por los intereses del empresariado porcícola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias, violaciones a la libre determinación y autonomía de los pueblos, contaminación del agua y los cenotes, e incluso la vida de las personas. La gestión del gobernador Mauricio Vila Dosal y sus discursos de sustentabilidad están vacíos de acciones que promuevan el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho legítimos en los territorios en Yucatán y el mantenimiento de los sistemas ambientales del estado.
Chapab, Homún, Kinchil, Maxcanú, Samajil, Seyé y Sitilpech son algunos de los pueblos que resisten a la intromisión de las mega granjas, y que cuestionan la invasión de estas empresas a sus territorios, enunciando “esta es mi casa, mi tierra, la de mi ancestros y mis hijos; somos mayas y hemos vivido acá antes que cualquier empresa”.
