13 julio, 2020, Por: CCMSS
Comprender qué está sucediendo con las instituciones de gobernanza ambiental en México fue el objetivo del webinar ¿Hay un desmantelamiento de las instituciones de gobernanza ambiental?, convocado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (O-SUSMAI) de la UNAM, en el que participaron Diana Ponce, Lucía Madrid, Luis Fueyo y Benjamín Berlanga.
Los participantes mencionaron que el debilitamiento de las instituciones del sector ambiental desencadenaría una aceleración de la degradación de los recursos naturales lo que repercute directamente en perpetuar la pobreza y en el abandono de los territorios rurales.
“El recorte presupuestario en las instituciones que trabajan en los territorios se traduce en el abandono de trabajo con los bosques, con los manglares, con las comunidades. Esto puede ser catastrófico en esas regiones. Hay que evitar este desmantelamiento”, advirtió el consultor en temas ambientales Luis Fueyo.
En el webinar, Lucía Madrid, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, detalló que el presupuesto del sector ambiental se ha recortado en 56% de 2015 a la fecha. Ese presupuesto garantizaba el funcionamiento de las dependencias encargadas de la gestión, regulación y fomento ambiental. Dicha disminución ha propiciado un debilitamiento de su presencia y capacidad de acción en el territorio.
“No es posible continuar justificando la degradación ambiental en aras del desarrollo económico porque esa degradación significa la pérdida de recursos naturales que proveen la base del desarrollo de los medios de vida de toda la sociedad y especialmente de las comunidades más vulnerables. El discurso que opone la superación de la pobreza con la protección ambiental utiliza un falso dilema porque la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la contaminación del aire y del agua nos hace a todos más pobres, pero, principalmente, deja en un estado de vulnerabilidad a la población más marginada”, afirmó Lucía Madrid.
El debilitamiento de la institucionalidad ambiental no solo proviene de la reducción del presupuesto, también tiene que ver con el rezago en la aplicación y actualización de los instrumentos legales. Dos ejemplos de esto son el retraso en la publicación del reglamento de la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable -dos años- y el retraso en la actualización de las normas oficiales en materia ambiental.
Otros factores de debilitamiento de la institucionalidad ambiental son: el debilitamiento de la presencia y capacidad de actuación en el territorio a través de delegaciones, gerencias y oficinas estatales; la desarticulación de los sistemas de gestión para la emisión de actos de autoridad indispensables para la gestión para la protección ambiental; y el abandono a esquemas institucionales alternativos como el que existe en la Conabio para generar información y conocimiento para la toma de decisiones.
Por último, se subrayó que“el apoyo decidido a los proyectos de la 4T no puede ser el primer lineamiento de la política ambiental. La autoridad ambiental tiene como responsabilidad principal vigilar y reducir los impactos ambientales de cualquier proyecto, sin importar quién sea el promovente”.
La debilidad institucional ha estado dejando más vulnerables los territorios comunitarios y los recursos naturales frente a las amenazas provenientes de los megaproyectos, los sistemas productivos depredadores y el crimen organizado.
Por su parte, Benjamín Berlanga, jefe de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, explicó que al llegar la nueva administración “nos encontramos con un sector ambiental debilitado con reducción presupuestaria y con dificultades”, por lo tanto, se ha buscado transformarlo, pero no se está desmantelando.
Berlanga reconoce los recortes presupuestales que han sufrido las instituciones relacionadas con la política ambiental y detalla que la Semarnat trabaja en la creación de una reingeniería del sector ambiental en ese escenario de recortes: “Estamos trabajando para retomar las decisiones de rectoría ambiental, se está trabajando para actualizar las normas, y reglamentaciones, rearticulación en territorio, queremos tener un planteamiento estratégico que sea rector en este sexenio, y con visión de futuro, de largo plazo”.
Consideró, también, que “debemos acercarnos para platicar y reconsiderar las políticas del Estado sobre la importancia que tiene lo ambiental en nuestras vidas” y afirmó que celebra la propuesta de organizaciones ciudadanas, que promueven, demandan y exigen el mantenimiento de las instituciones del medio ambiente.
Para que la protección del medio ambiente deje de ser visto como un obstáculo para el desarrollo, Lucía Madrid propone transversalizar el componente ambiental en diversos programas del sector agropecuario, turístico y de desarrollo social y económico, cambiando el enfoque de las políticas de desarrollo.
Además, subraya, “tenemos que rescatar y fortalecer la legalidad ambiental. Es necesario desarrollar una política integral de emisión de actos de autoridad para que la Semarnat pueda ser una autoridad ambiental que evalúa y regula el desarrollo de actividades económicas a partir de estándares claros y transparentes de dictaminación. Esta política deberá brindar instrumentos concretos que contribuyan a dejar atrás la discrecionalidad con la que operan las instituciones del sector por ejemplo en la dictaminación de los planes de manejo y aprovechamiento forestal, manifestaciones de impacto ambiental y diversos permisos y autorizaciones”
Asimismo, es indispensable contar con herramientas e instrumentos de política basados en leyes, normas y reglamentos publicados, que vayan más allá de la buena fe. Los nuevos paradigmas deben quedar plasmados en instrumentos y no en ideas o intenciones de los funcionarios. Es la única manera en la que puede fortalecerse la institucionalidad y generar políticas transformadoras. Añade que se requiere también fortalecer la inspección, vigilancia y sanción a cargo de la Profepa, para que la autoridad ambiental tenga manera de asegurar el cumplimiento de las leyes.
Adicionalmente, es importante reorientar muchos de los instrumentos de promoción y fomento de la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, como el Procodes, operado por la Conanp, y los subsidios de la Conafor. A ambos se les puede dar un enfoque de manejo integrado del territorio, de fortalecimiento de las capacidades locales y de manejo de los recursos naturales por parte de ejidos y comunidades. También requieren ser adaptados a las nuevas realidades del país ya que éstos fueron diseñados hace décadas y no han sido actualizados.
Madrid Ramírez plantea que “ojalá logremos, como sector ambiental, tener la capacidad de escucharnos, que dejemos de descalificarnos, y reconozcamos el valor de lo que dicen quienes piensan distinto a nosotros. Hay que dejar la polarización porque no beneficia a nadie”.
Los panelistas Diana Ponce y Luis Fueyo destacaron en sus exposiciones cómo ha tomado años el diseño y la consolidación de la gobernanza ambiental. Algunas de as instituciones han sido respuesta al reconocimiento de la comunidad internacional de la necesidad de enfrentar la grave crisis ambiental ocasionada por el modelo de desarrollo.
“En México ha habido 5 grandes etapas de la gestión ambiental y de las leyes ambientales. Con el paso de los años el país comenzó a adoptar los convenios internacionales y una visión ecosistémica, para la gestión de los recursos. A pesar de eso, hoy el agotamiento de nuestros recursos naturales equivale al 13% del PIB. ¿Estamos dispuestos a subsidiar el crecimiento económico y el desarrollo a costa de la degradación de los ecosistemas? Esa tendencia todavía puede agravarse”, comentó la consultora Diana Ponce.