La matanza de abejas en Quintana Roo. Reponerse nueve meses después

El verano del 2018 representó para decenas de familias de comunidades del municipio de José María Morelos, el momento más amargo del que se tenga memoria en la apicultura de Quintana Roo.

Un empresario originario de Yucatán, ordenó actividades de fumigación en su terreno, un chilar cercano a los apiarios de la zona, con Fipronil, un químico mortal para las abejas, que provocó la muerte de millones de polinizadores, la pérdida de colmenas y el impacto económico para varios hogares que viven de la producción de miel.

En la primera fumigación se perdieron 357 colmenas en 18 apiarios localizados en el Ejido Candelaria I. Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel, se calcularon en dos millones 300 mil pesos.

En la segunda fumigación, se afectaron por lo menos 500 colmenas, pero hay quienes calculan que la cifra fue mayor, llegando a las 700.

Los apicultores se tuvieron que enfrentar, además, a la deficiente procuración de justicia, pues al intentar denunciar lo ocurrido, en la agencia del ministerio público se resistieron a intervenir. Ni siquiera quisieron levantarles la denuncia, alegando erróneamente que matar abejas no es un delito y que ellos no tenían competencia en delitos ambientales.

En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tampoco fueron escuchados, bajo la excusa de que se trataba de un delito patrimonial, no ambiental.

El caso trascendió, no sólo rebasando las fronteras de la localidad de José María Morelos y el estado de Quintana Roo, sino los límites del propio país. Medios Internacionales dieron cuenta de lo ocurrido y, al calor de la presión mediática, la Fiscalía General del estado tuvo que tomar la denuncia, mientras que autoridades locales intervinieron también.

Sin embargo, aprovechándose de la urgencia de los apicultores para recuperarse de las pérdidas y asegurar la próxima cosecha, el empresario Pablo Erosa, dueño del chilar, logró que los afectados aceptaran una negociación que minimizaba los daños y no garantizaba que el hecho no se repitiera.

En un hotel, a puerta cerrada y respaldado por autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo (Sedarpe) y de la Fiscalía del estado, Erosa Manrique hizo firmar a los apicultores mayas, un acuerdo de conciliación en español, que lo comprometía a pagar una cantidad menor a los daños causados, cubriendo sólo la pérdida de 250 colmenas y no de las 357 que afectó.

El pago fue en dos partes, bajo palabra de no volver a fumigar, acuerdo que el empresario no respetó. A cambio, los apicultores aceptaron desistirse de la denuncia en contra de Erosa Manrique.

Tan sólo días después, una segunda fumigación en el chilar, afectó más de 228 colmenas en los Ejidos de San Felipe I, Nuevo Reforma y Kankabchen. Faltando a su palabra, Erosa Manrique recomendó a los aplicultores que cerraran sus “Piqueras” para evitar daños.

Para octubre, el empresario había saldado el adeudo al que se comprometió mediante el convenio firmado, pero debido a las denuncias en su contra, condicionó el retiro de éstas, al cierre del chilar, en noviembre.

A nueve meses de la tragedia, Wilson Avilés González, apicultor del Ejido Candelaria, narra que Erosa cumplió y cerró su plantío. Nadie lo trabaja ya. Sin embargo, para él y los otros apicultores afectados, reponerse ha sido complicado y no han logrado recuperarse.

El apicultor señala que, como parte del convenio, el empresario aportó 907 pesos por colmena, con cámara doble, mientras que la Sedarpe entregó otro lote de colmenas, provenientes del programa Peso por Peso. En total se entregaron 120 colmenas.

“El problema es que las colmenas no eran de buena calidad. Hay que decirlo. De 12, se me fueron cuatro; traían poca población, sin reservas, ni crías”, expresó.

Tampoco hubo una solución de fondo que evite que la matanza de abejas se repita, porque en México, ni el anterior gobierno, ni el actual, se atreven a regular el uso de agroquímicos.

Avilés González estuvo en la reunión de diciembre en la Ciudad de México, en que varios apicultores y organizaciones civiles demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prohibir el uso de algunos agroquímicos y regular otros.

“Hasta ahora no se ha hecho nada. Todo sigue igual; no hay ningún control, ni cambios”, comenta.

Muchos apicultores también se resisten a dejar de usar insecticidas, plaguicidas y otros químicos.

Los agroquímicos son como una droga; no deben usare, pero la gente ve cómo hace, va y los consigue. Es cierto que urge que el gobierno regule, pero también es importante que nosotros entendamos que no debemos usarlos”, afirma.

Él, se dedica a la agricultura y apicultura orgánica y busca así poner el ejemplo. Entiende el valor y la importancia de las abejas, no sólo en términos económicos, sino como base de la polinización de las plantas y por tanto de la producción natural de alimento. “Sin ellas, sin las abejas, no hay frutos, no hay nada”.


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