13 marzo, 2019, Por: CCMSS
La transición política de 2018 que condujo a Andrés Manuel López Obrador al poder, establece un escenario difícil para el sector forestal. La presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 y su aprobación por parte de la Cámara de Diputados dieron pie a recortes profundos en los recursos disponibles para ser erogados en políticas públicas orientadas a este sector. Estos recortes profundizan una tendencia a la baja presentada desde el año 2016 con los ajustes presupuestales denominados amigablemente como Presupuesto Base Cero por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, los programas orientados al sector forestal compiten en atención y recursos con uno de los programas de desarrollo estrella del gobierno recién inaugurado: Sembrando Vida. Independientemente de los méritos o problemas inherentes a este programa, sus objetivos no sustituyen ni cubren los objetivos de conservación, producción y desarrollo establecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
En este contexto, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emite un documento con las Reglas de Operación que regirán el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable para el año 2019. En términos generales, estas Reglas de Operación presentan continuidad con respecto a los componentes presentados en sexenios previos. En este documento hacemos un análisis minucioso de los cambios presentados por la Semarnat y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con el propósito de informar al lector sobre posibles reorientaciones en la política forestal.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible preparó el documento Análisis de las Reglas de Operación del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019, en el que revisa los objetivos y componentes del Programa de Apoyos al Desarrollo Forestal Sustentable.
Estas son algunas de las conclusiones más importantes de nuestro análisis.
Consulta el Documento de Análisis
La política forestal enfrenta una seria escasez de recursos, inferior incluso a los montos asignados bajo el gobierno de Vicente Fox Quesada. En este panorama, la exigencia fácil parecería ser demandar una restitución de los recursos asignados al sector forestal hasta niveles equivalentes a los presentados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa o de los primeros años de Enrique Peña Nieto.
No obstante, si no se presenta una reconfiguración profunda sobre cómo se utilizan estos recursos públicos, esta demanda podría traducirse en continuar echando paladas de dinero a un agujero sin fondo sin que se presenten resultados contundentes en materia de a) reducción de la degradación o desaparición de la cobertura forestal; b) conservación y fortalecimiento de ecosistemas forestales; c) aseguramiento de provisión de servicios ambientales en ecosistemas forestales; d) preservación de la biodiversidad; e) aumento de volúmenes nacionales de absorción de gases de efecto invernadero; g) aumento de la producción forestal nacional y fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales; h) aumento de la superficie forestal nacional bajo manejo comunitario sostenible; g) desarrollo a partir de actividades productivas forestales de comunidades en situación de marginalidad o vulnerabilidad; h) fortalecimiento económico y político de comunidades bajo esquemas de manejo forestal comunitario; e h) inclusión de mujeres, jóvenes y avecindados en tareas productivas en comunidades y ejidos; entre otros beneficios. Por tanto, es más pertinente resolver la pregunta de ¿cómo gastamos? antes de plantear ¿cuánto gastamos?
Desde el CCMSS reiteramos nuestra apuesta por el modelo de manejo forestal comunitario. La apuesta por fortalecer este modelo tiende a generar beneficios importantes a lo largo de todos los objetivos generales establecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: se beneficia la conservación de los ecosistemas forestales nacionales, se fortalece la producción y se resuelve el problema de desarrollo de algunas de las comunidades en la situación más grave de marginalidad y vulnerabilidad. De acuerdo con la Estrategia de manejo forestal sustentable para el incremento de la producción y productividad (ENAIPROS), los 7.5 millones de hectáreas actualmente bajo permisos de aprovechamiento comunitario, existe un potencial de expandir esta superficie y superar los 15 millones de hectáreas.
De esta manera creemos que la política forestal y la intervención de la Conafor en las regiones forestales debiera orientarse prioritariamente a generar las condiciones que permitan a los ejidos y las comunidades avanzar en el manejo de sus territorios forestales. Que les permita aumentar sus capacidades para apropiarse de los procesos de planeación, producción y comercialización. Creemos que la mejor forma que tenemos como país de lograr la conservación del patrimonio natural es a través de fortalecer las capacidades de las comunidades locales para proteger y manejar de forma sustentable sus bosques y selvas. El quehacer de la Conafor debiera dirigirse a identificar los obstáculos en el ámbito técnico, administrativo y comercial y desarrollar acciones que permitan reducir esas barreras de tal manera que se pueda logar en mediano plazo un aumento significativo en el número de ejidos que manejan sus bosques, así como la superficie bajo manejo forestal.