Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán

El documento 30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán analiza y ejemplifica los mecanismos que han permitido que miles de hectáreas de tierras ejidales hoy estén en manos privadas.

– Un enfoque de la seguridad jurídica que privilegia al sector empresarial, aunado al uso fraudulento de la Ley Agraria por parte de una “mafia agraria” integrada por funcionarios y empresarios ha permitido la apropiación de tierras de uso común, parcelas ejidales y terrenos nacionales en detrimento de la población maya y campesina de la región.

Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 660 parcelas, con una superficie de 192 600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Aunado a ese proceso, 355 304 ha de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial), revela el informe Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, elaborado para el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible por Gabriela Torres-Mazuera, con la colaboración de Sergio Madrid y Raúl Benet.

“La incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales que tendrán como destino el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial ha sido promovido por una “mafia agraria” con capacidad económica suficiente para sortear restricciones legales, entre las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables,”, afirmó Gabriela Torres-Mazuera.

La conversión a dominio pleno (propiedad privada individual) tanto de parcelas ejidales certificadas como de los terrenos nacionales, así como el parcelamiento de tierras de uso común, son procesos de privatización y mercantilización, y en muchos casos, de despojo de las tierras de propiedad social y pública, promovidos de manera muy activa por diversos actores, entre los que destacan aquellos pertenecientes al sector empresarial que son parte de una “mafia agraria” que actúa coordinadamente para apropiarse de dichas tierras a fin de apoderarse de tierras de gran valor comercial.

El documento Tres décadas de privatización y despojo… describe las estrategias de apropiación y acumulación de las tierras ejidales en la Península de Yucatán, a partir de un conjunto de casos ampliamente documentados.

Entre los procesos de privatización ejidal que analiza el documento están:

 a) el programa Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares), que abrió al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelar sus tierras -incluidas aquellas que tenían cubierta forestal-, debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”;

 b) un creciente proceso de parcelamiento de tierras de uso común en los ejidos;

c) la operación de una “mafia agraria”, integrada por funcionarios de la Procuraduría Agraria, los gobiernos estales y empresarios, que lograron un inusual aumento de cambios de destino de tierra y procesos de parcelamiento a través de asambleas ejidales amañadas que fueron rápidamente inscritas en el RAN, gracias a lo cual ejidos de enorme valor comercial se privatizaron: Isla Holbox, Península Holbox, Tulum, Playa del Carmen, entre muchos otros;

d) la creación de nuevos asentamientos humanos para evadir las restricciones de la Ley Agraria y el dictamen de Semarnat;

e) la división de ejidos para crear nuevos núcleos agrarios como simulación legal de la venta de tierras de uso común;

f) los contratos de usufructo por hasta 60 años para proyectos privados de generación de energía, firmados sin asesoría legal para los ejidos, sin las formalidades especiales establecidas por ley, y de manera desventajosa e incluso sin consulta de por medio; en estos contratos, las empresas eólicas y solares recurren a intermediarios, que son quienes hacen los contratos y elaboran las manifestaciones de impacto ambiental;

 g) la creación de Sociedades de Producción Rural, con las que los grandes productores de cerdos y aves acceden a las tierras ejidales, y

h) la expropiación de tierras, mecanismo utilizado por los gobiernos para impulsar el desarrollo de megaproyectos.

El documento analiza también el impacto de estos procesos de privatización en las comunidades. Si bien, algunos ejidatarios han participado y avalado estos procesos, el control empresarial abusivo ejercido por la mafia agraria entre 2012 y 2018 comenzó a generar molestia, por lo que a partir del año 2016 comenzaron a surgir resistencias y conflictos al interior de los ejidos frente a la venta desmedida de tierras. La resistencia viene no solo de parte de los propios ejidatarios, sino también de los habitantes de los núcleos agrarios sin derechos agrarios, quienes pierden sus medios de vida con la continua privatización de las tierras.

“La privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país. Por un lado, los ejidatarios y sus familias pierden su patrimonio más preciado a cambio de un dinero que se gasta rapidamente; por otro lado, están las personas avecindadas y residentes decir, jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este sector de la población ha sido marginado de la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales, cuya venta les deja casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afecta sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”, afirmó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Ante este problemática, se requiere una respuesta contundente, bien articulada en una nueva política nacional agraria por parte del gobierno actual. Esta política debe ponerle un alto total a la “mafia agraria”, revertir procesos ilegales de privatizaciones de las tierras de uso común ejidal y fortalecer a los núcleos agrarios y su gobernanza interna.


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