México concesionó gran parte de sus áreas naturales protegidas a las empresas mineras, con el riesgo que ello implica para la biodiversidad que esas zonas debían salvaguardar. Un estudio recién publicado por la revista académica Environmental Science and Policy muestra que 75 por ciento de las áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biosfera, 47 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento de los santuarios y 15 de los parques nacionales tienen una concesión minera dentro de sus límites. En total, hay 1609 concesiones mineras en áreas naturales protegidas de México.
El artículo, liderado por Elisa Jeanneht Armendáriz Villegas, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, explica también que esto supone una flagrante violación de la ley. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que en las áreas de protección de los recursos naturales, en las reservas de la biosfera y en las áreas de protección de flora y fauna puede haber zonas en las que se haga minería, pero éstas zonas “deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles”. Como explican Armendáriz Villegas y sus coautores, “la minería, sobre todo a gran escala, definitivamente no es una actividad de bajo impacto”.
En los datos que presenta el artículo puede verse que hay áreas naturales protegidas cuyo territorio fue concesionado a una minera en su totalidad o casi en su totalidad. Es el caso del área natural protegida de Rayón, en Michoacán, que está concesionada en un cien por ciento, o de la de Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí, concesionada en un 86 por ciento. En total, casi el diez por ciento de la superficie protegida del país ha sido concesionada a la minería. Entre las áreas protegidas más pequeñas, y por tanto más vulnerables a la minería, la situación es aún peor: una tercera parte de su superficie ha sido concesionada.
Los autores concluyen con un diagnóstico que se presta poco para el optimismo, y un llamado a la acción: “En estos momentos en México el decreto de un área natural protegida no representa un obstáculo para los megaproyectos de minería. Por ello, sus impactos ambientales reales son subestimados. Debería ser prioridad dar base legal a la cancelación de las concesiones mineras ya otorgadas dentro de áreas naturales protegidas y no otorgar nuevas concesiones en el futuro”.