¿Nueva SEMARNAT? Un programa sectorial con metas recortadas e insuficientes

El desarrollo y publicación de los programas sectoriales – derivados del Programa Nacional de Desarrollo (PND)- es una obligación que mandata la Constitución y se reglamenta a través de la Ley de Planeación. La publicación del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) no es un mero trámite; se trata del documento que va a regir la visión y políticas que se lleven a cabo en la administración en turno y establece metas obligatorias para sus dependencias. La ley mandata (Artículo 30 de la Ley de Planeación) que los programas sectoriales se deben publicar dentro de los seis meses posteriores a la publicación del PND, sin embargo, este Programa fue presentado un año después.

La expectativa por el PROMARNAT no era menor, el discurso oficial ha enfatizado desde hace tiempo que la transformación de las instituciones y el sector ambiental es fundamental para lograr los objetivos de justicia y equidad social que enlista el PND.

Para poder conocer y monitorear el cambio de paradigma que propone este gobierno, realizamos un comparativo de los Objetivos Prioritarios que se establecieron en el PROMARNAT 2013-2018 con los del PROMARNAT 2020-2024, así como de sus metas e indicadores.  Encontramos un nuevo PROMARNAT muy débil, al grado que, en siete de los 15 indicadores de resultados para dar seguimiento a los objetivos no se establecieron metas. Además, en los otros ocho indicadores, las metas fueron muy conservadoras e insuficientes.

A continuación, presentamos un breve resumen de los principales hallazgos de este análisis:

  • El PROMARNAT 2020-2024 establece cinco objetivos prioritarios contra seis de la administración pasada, ya que ahora se fusionó el objetivo de crecimiento bajo en carbono con el de incremento de la resiliencia frente al cambio climático. Los objetivos son todos muy similares a los de la administración anterior, solamente varían en que le fueron añadidos algunos adjetivos y conceptos como se verá en los siguientes puntos.
  • El objetivo 1 es “promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas”. Este objetivo equivale al objetivo 4 del sexenio anterior, sin embargo, incorpora un enfoque de derechos humanos y agrega el concepto de las regiones bioculturales, aunque sin definirlas y sin aclarar si se trata de algunas regiones o de todas las regiones rurales del país. La principal meta de este objetivo es que entre 2018 y 2024 “solamente” habrá una deforestación de 219,801 hectáreas anuales. Ahí se señala que eso significa una disminución del 30% sobre las tasas de deforestación bruta que hubo en los años anteriores. Sin embargo, eso querría decir que actualmente nos encontramos ante una deforestación de 300,000 hectáreas anuales aproximadamente, lo cual contradice el último informe de CONAFOR que señala una deforestación de 192,000 hectáreas anuales. Asimismo, la siguiente meta de dicho indicador es la restauración de una superficie 275,000 hectáreas, contra la meta del sexenio anterior de 1.1 millones de hectáreas. Por lo tanto, con esos planes, al final del sexenio habremos perdido 5 veces más superficie forestal de la que restauramos.
  • El objetivo 2 que fusiona la mitigación y la adaptación al cambio climático, reconoce en su redacción el conocimiento tradicional, aunque éste no se retoma en las estrategias, acciones o metas del objetivo. Por otro lado, las metas establecidas quedan cortas respecto a la ambición que abarca el objetivo. El sexenio pasado la meta fue la reducción de 30% en la intensidad de carbono de la economía (tC02e/millones de pesos de PIB) pero este sexenio tenemos la meta de reducirla solamente en un 20%.  En cuanto a adaptación, una meta es incrementar las capacidades adaptativas de los municipios más vulnerables ante el cambio climático y para ello, propone el incremento del uso de instrumentos como: atlas de riesgo municipal, programas de protección civil y unidades de protección civil. Esto puede ser positivo para fortalecer la articulación de acuerdos, planes y ordenamientos entre los niveles federal y local.
  • El objetivo 3 plantea “promover al agua como pilar de bienestar”, lo cual es una obviedad más que un objetivo. Propone también transparentar las instituciones que gestionan el agua. Una de las metas de este objetivo es innovadora ya que deja de hablar de cobertura, como en sexenios pasados, y habla de porcentaje de población con acceso a agua y saneamiento, sin embargo, aunque sí nos brindan una línea base (37.6% de la población en las 14 entidades más rezagadas en 2018) no establecen una meta para 2024, dejando solo un “NA” en su lugar.
  • El objetivo 4 en su redacción -a diferencia del sexenio pasado- no busca detener ni revertir la contaminación, solo “promover un entorno libre de contaminantes del agua, el aire y el suelo”. Las metas proponen remediar solo el 3% de sitios contaminados, una cifra tan limitada frente al avance de la contaminación. Por otro lado, el indicador sobre el agua residual también es innovador ya que deja de hablar de cobertura y habla ahora de agua recolectada que es tratada, sin embargo, aunque sí tienen una línea base (63.8%), no establecen meta alguna para ese indicador. En este objetivo también se agrega un nuevo indicador: “reducción de emisiones contaminantes al aire”, sin embargo, tampoco ofrecen una meta para ese “buen deseo”. Finalmente, desaparecen los indicadores y metas para gestión de residuos, tema sustantivo en una iniciativa que busque promover un entorno libre de contaminantes.
  •  El objetivo 5 plantea fortalecer la gobernanza ambiental, pero -a diferencia del sexenio pasado que era a través de instrumentos de política, información, etc. – ahora se propone a través de la participación ciudadana, lo cual ha sido una de las insignias del secretario Toledo. Sin embargo, el indicador de índice de participación ciudadana en el sector ambiental aparece nuevamente sin meta alguna que permita darle seguimiento. A diferencia del PROMARNAT anterior que establecía claramente una meta para incrementar ese índice en un 28%.

En conclusión, no hay nuevos objetivos ambientales; se mantuvieron los del sexenio anterior aderezándolos con los adjetivos que ilustran el ideario de la nueva administración. Además, se redujo de forma importante la ambición de las metas sexenales y se optó por omitir las metas en casi la mitad de los indicadores de resultados.

Es difícil saber si la razón de estas omisiones reside en una intencionalidad de debilitar las exigencias ambientales a las actividades económicas del país o si radica en la falta de capacidades y presupuesto de la nueva SEMARNAT.

Lo que preocupa es que estemos partiendo de un programa que a todas luces deja abierta la puerta a la depredación que ha venido avanzando en el territorio por parte de las industrias contaminantes, el crimen organizado ligado a la extracción de flora y fauna silvestre, la agroindustria, la minería, el turismo de masas y los megaproyectos.


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