Salvaguardar los derechos de las personas que defienden su territorio y sus bosques.

21 de marzo, Día Internacional de los Bosques

Solo en los pasados 4 años, en México han perdido la vida más de 64 personas por defender los bosques y los recursos naturales de sus comunidades, convirtiendose así en uno de los países más peligros para las defensoras y defensores de los bosques y el medio ambiente.

A pesar de ser un país eminentemente forestal (70 por ciento del territorio, es decir, 137 millones de hectáreas, corresponde a selvas, bosques, matorrales y otros ecosistemas forestales), México no cuenta con una política pública robusta y respaldada con los recursos necesarios para garantizar el manejo y conservación de sus bosques en el largo plazo.

El 45 por ciento de los territorios forestales de nuestro país son propiedad de ejidos, comunidades y pueblos indígenas. Los bosques y las selvas que cubren esos territrios son un componente fundamental en el mantenimiento y reproducción de las formas de vida campesina.

Ejidos y comunidades indígenas en todo el país están siendo presionados por corporativos y empresas privadas y grupos criminales para ceder el control y propiedad de sus territorios y sus recursos naturales para el desarrollo de proyectos agroindustriales, madereros, urbanos, mineros y de infraestructura. Frente a esa presión, los legítimos dueños de estos territorios han tenido que salir a defenderlos aun a costa de sus vidas y la de sus familias; esto debido a que no existen, en muchos lugares, los mecanismos adecuados y oportunos para garantizar el respeto de sus derechos sociales, culturales, ambientales y al territorio.

En el marco del Día Internacional de los Bosques, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible hace un llamado a las instituciones gubernamentales para cumplir con su obligación de garantizar los derechos y la seguridad de las comunidades indígenas y campesinas que son dueñas y habitan la mayor parte de los territorios forestales del país.

En el marco del Acuerdo de Escazú, del cual México es signatario, nuestro país se ha comprometido a “garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso.” Esto a través del “acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento: a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.”

Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, las partes deberán contar con órganos estatales competentes con conocimientos en materia ambiental y con procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos.

El Acuerdo signado por México también obliga a la “legitimación activa y amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional; y la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente; medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba; mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y  contar con mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.”

Gráfica 1. Personas defensoras de los bosques y los territorios asesinadas en México de 2017 a 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Witness y Red TDT.

Arriesgar la vida por el territorio

Recientemente, comunidades indígenas de Zitácuaro, Michoacán, fueron amenazadas por grupos delictivos que pretenden saquear sus bosques, pero por falta de garantías de las autoridades para salvaguardar su seguridad y territorio decidieron organizarse para hacer frente a los criminales poniendo en riesgo sus vidas con tal de defender sus comunidades y medios de vida.

Cabe recordar que en esta región occidente del estado de Michoacán en enero de 2020 fueron asesinados Homero Gómez y Raúl Hernández Romero, defensores de los bosques que albergan el Santuario de la mariposa Monarca.

Estos bosques, además de ser una de las principales fuentes de ingresos para las familias de las comunidades, forman parte de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca y dotan de una parte importante del agua que abastece al Sistema Cutzamala, que a su vez, aporta el 30 por ciento del agua que consume la Ciudad de México.

Otro caso emblemático de la defensa comunitaria de los bosques es el de la comunidad indígena de Cherán, también en Michoacán, que tuvo que organizarse para hacer frente a los grupos criminales que arrasaron con sus bosques ante la falta de garantías de las instituciones para salvaguardar su derechos y territorio.

El movimiento de autodefensa de Cherán logró expulsar a los grupos criminales de su territorio a pesar de la criminalización de su lucha. Aunque fue un proceso muy doloroso que arrebató la vida de decenas de personas de la comunidad en 2011, hoy están trabajando en la recuperación de sus bosques y la reactivación de su industria comunal de procesamiento de resina de pino.

Habitantes de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán.

La falta de garantías de parte del Estado Mexicano también puede verse claramente en el aumento en la presencia del crimen organizado en los territorios rurales, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los emprendimientos comunitarios de manejo y aprovechamiento forestal en distintas regiones del país, como Chihuahua, Durango, Michoacán, Jalisco y Guerrero. Estos grupos propician la extracción de la madera del bosque fuera del plan de manejo y fuera del control comunitario, generando además procesos de cambio de uso de suelo para el establecimiento de sembradíos de cultivos legales e ilegales.

De acuerdo con datos del a FAO, México pierde 260 mil hectáreas brutas anuales de bosques. Las principales causas de la pérdida de cobertura forestal son los cambios de uso de suelo ilegales para el establecimiento de proyectos de ganadería y la siembra de monocultivos como la soya, aguacate, palma africana, caña de azúcar, entre otros; así como por el avance de la urbanización, las obras de infraestructura y proyectos turísticos.

Las capacidades de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), responsable de vigilar el cumplimiento normativo en materia ambiental para evitar la tala y saqueo de flora y fauna ilegales, han sido fuertemente reducidas; tiene un presupuesto y personal recortado que limita al máximo su capacidad de acción abriendo la puerta al clandestinaje y tráfico ilegal de madera, flora y fauna. De 2015 a 2020 el presupuesto de esta dependencia se redujo en un 30 por ciento, al pasar de 1107 millones de pesos a 793 millones de pesos.

Grafica 2. Presupuesto de la Profepa de 2010 a 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT.

En las regiones forestales de nuestro país es necesario garantizar el respeto pleno de los derechos sociales, culturales, al territorio y ambientales de las comunidades campesinas para garantizar la conservación de los recursos naturales. Les corresponde a las instituciones gubernamentales garantizar a la población el pleno respeto de sus derechos y permitir así a las comunidades trabajar libremente y avanzar en el manejo y conservación de sus territorios forestales y generar con ello beneficios ambientales para toda la sociedad, tales como la captura de carbono, la recarga de los mantos acuíferos, la retención del suelo, la provisión de alimentos, plantas y otras primas.


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