Superando los retos de la reforma regulatoria
(Publicación de Rights and Resources Initiative Abril 2016)
La trayectoria del sector forestal en muchas partes del mundo es decepcionante. La extracción no sostenible, la explotación ilegal de madera y del comercio de productos forestales, la corrupción y la consecución de intereses creados, son solamente algunos de los males que desafían los esfuerzos regulatorios y que aun hoy dan origen a la deforestación y a la degradación forestal con demasiada frecuencia. Si bien muchos sostienen que “una mayor aplicación” y “más regulaciones” son las respuestas más adecuadas, este documento —que es el resultado de francos debates que se llevaron a cabo durante una serie de talleres titulados “Repensando las regulaciones forestales”—, señalan la necesidad de contar con “regulaciones más participativas e inteligentes”
La débil aplicabilidad de estructuras complejas, preceptivas y impuestas desde arriba origina consecuencias con efectos perversos e involuntarios, entre los que se incluyen los siguientes:
Un menor grado de respeto hacia las leyes, los sistemas judiciales y las instituciones del sector forestal;
El hecho de favorecer intereses económicos y políticos arraigados, los cuales pueden evadir o ignorar impunemente las regulaciones forestales;
Obstáculos infranqueables para que los pueblos locales busquen sus medios de vida sostenibles, legales y basados en los bosques;
Niveles inaceptables de degradación ambiental debido a la practica común de evadir e ignorar reglas engorrosas e inaplicables;
Y en algunos casos, los pagos y los cargos forestales que imponen las agencias forestales publicas para costear la falta de fondos para su mandato, lo cual origina mayores costos para todos los sectores (publico, privado, comunal), deteriorando aun más la posible competitividad de la gestión forestal sostenible.
Además, las regulaciones tienden a fracasar más cuando:
Su verdadero propósito es aumentar los ingresos públicos y/o ejercer control del gobierno y/o de los intereses creados en las zonas boscosas;
Existen fuertes contradicciones e inconsistencias entre las políticas, las regulaciones y las leyes sectoriales (por ejemplo, entre la industria minera, la agricultura, la silvicultura y las áreas protegidas), que repercuten negativamente en los bosques;
Tales regulaciones son incongruentes con los derechos de propiedad o con las practicas consuetudinarias;
Existe una falta de capacidad institucional o de voluntad política para monitorear y hacer cumplir las regulaciones;
El enfoque utilizado es preceptivo y se centra en la aplicación y los procesos, en vez de los resultados deseados, tales como un mejor hábitat para la fauna, el aumento en la calidad del agua o la reducción del riesgo de incendios catastróficos;
Las reglas se adaptan de forma inadecuada al lugar y a las condiciones existentes. Con frecuencia, esto es una consecuencia de “importar” ideas de otras partes sin ajustarlas según sea necesario;
Y es claro que existe la falta de voluntad política para aplicar las leyes y/o para eliminar la corrupción, el favoritismo, la concentración de la riqueza, etc. El status quo propicia todo esto.
Ver el documento completo en: rightsandresources.org