Urge una regulación eficaz para eliminar el uso de plaguicidas altamente tóxicos en México

México es uno de los países con mayor índice de consumo de plaguicidas a nivel mundial[1], de acuerdo con datos publicados del Banco Mundial.  Estas sustancias son altamente tóxicas y representan una amenaza para la salud humana, la flora y la fauna. Aunque se han emprendido algunas medidas para regular su uso y prohibir los de mayor peligrosidad, la legislación es laxa y no existe una política decidida para retirarlos del mercado e impedir su uso.

El país ha apostado por el uso de estos productos para mejorar su producción agrícola, sin embargo, “los plaguicidas no han resuelto el problema de la disponibilidad de alimentos, porque no se trata de un problema de escasez sino de distribución”, resalta Omar Arellano, doctor en ciencias biológicas por la UNAM e integrante del Observatorio Académico del SUSMAI.

Arellano agrega que “somos un país altamente dependiente de insumos químicos, tanto de plaguicidas como de fertilizantes, y esto se debe a que hemos venido haciendo una mala planeación de la producción y distribución de los alimentos. Luego tuvimos una gran dependencia de abastecimiento con Estados Unidos de productos agrícolas que nos han orillado a ese sistema de producción industrial.”

En el marco del seminario sobre Riesgos y consecuencias del uso de plaguicidas altamente tóxicos en México, coordinado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), refiere que el uso de plaguicidas de alta peligrosidad representa un grave problema de salud pública y de contaminación de los ecosistemas. La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación al ejecutivo para regular el uso de estos componentes que dañan la salud y derechos de las personas.

Bejarano subraya que aunque México cuenta con una regulación sobre el uso de estas sustancias, la calidad de estas regulaciones es muy mala y está fragmentada. “Hacen estas leyes, normas y reglamentos muy laxos, con muchos vacíos; y el Estado pasa a ser un facilitador de estos procesos más que una verdadera autoridad que vele por el interés común de la sociedad.”

Indica que existe la información, hay diagnósticos muy completos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y de muchas otras instituciones nacionales e internacionales sobre los efectos dañinos de los plaguicidas, sin embargo se siguen utilizando decenas de productos altamente peligrosos.

Bejarano comenta que se ha documentado en campo la presencia 183 ingredientes activos que pueden causar la muerte a corto plazo, deteriorar la salud y afectar el ambiente.

Manglar contaminado con residuos de fertilizantes y plaguicidas. Río Candelaria, Campeche.

Omar Arellano acusa que “la presencia de los residuos de plaguicidas en cuerpos de agua superficiales ha afectado a variedades de peces endémicos del país.” Asimismo, refiere que grupos académicos comenzaron a mostrar los efectos negativos en la salud de los productores, mujeres y niños, con daños directos en la reproducción y falta de desarrollo neuromotor.

Aunque la CNDH hizo una recomendación para atender esta situación, no se ha visto con claridad que el sector salud tome la bandera para poder hacer los cambios que se requieren.

Fernando Bejarano plantea que “uno de los problemas que tenemos, es que no hay un catálogo actualizado de los plaguicidas autorizados en México. Tampoco hay mecanismos de consulta institucionales para generar resolutivos vinculantes sobre el uso y prohibición de plaguicidas o compromisos de reducción de uso.”

Presión de la industria

Producción de monocuiltivos con altas cantidades de agroquímicos. Campeche.

Los industriales del sector agrícola en México tienen una visión arcaica que cree que la producción de monocultivos, con paquetes tecnológicos con altas cantidades de agroquímicos es la única forma de ser competitivos en la producción de alimentos. Esto ha generado severos problemas al ambiente como el deterioro de la biodiversidad, y la contaminación de cuerpos de agua y suelos.

Viridiana Lázaro, especialista de agricultura y cambio climático de Greenpeace, señala que la principal justificación de la agroindustria es que no hay otra forma de producir alimentos con altos rendimientos más que con el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos; sin embargo, se equivocan, sí que hay otros modelos de producción probados, con técnicas agroecológicas, con manejo integrado y sistémico de plagas.

“Los seres humanos tenemos una obsesión por simplificar las cosas, y la agricultura industrial es la máxima expresión de simplificar los ecosistemas para hacerlos meramente productivos, eliminando todo aquello que estorbe.” Sin embargo, explica que no necesitamos eliminar a todos estos otros factores como las hierbas, insectos, animales, para hacer productivo un cultivo.

Las comunidades campesinas cuentan con conocimientos y técnicas de manejo de plagas de forma orgánica y estos saberes deben acompañarse de soluciones científicas que no afecten el ambiente ni la salud.

Viridiana apunta que “la valoración de la vida rural y campesina es fundamental para poder transformar la visión sobre el campo. Debemos reconocer a las personas que viven en el campo y que son productores de alimentos y de muchos otros insumos, no solo como una fábrica de cultivos como lo es la agroindustria.”

Además es necesario que la producción de alimentos esté bien planificada, priorizando la seguridad alimentaria y no responder a la demanda de los mercados internacionales de commodities.

Hacia la prohibición del glifosato

Residuos de agroquímicos en un campo de producción de soya. Campeche.

El glifosato es uno de los herbicidas de mayor uso en el mundo, a pesar de los efectos dañinos que causa al ambiente y a la salud de las personas. En México se han documentado afectaciones renales y genéticas por la exposición prolongada a este componente y se han encontrado residuos en cuerpos de agua, esta evidencia se recoge en la recomendación de la CNDH 82/2018 sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general.[2]

El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece la eliminación gradual de esta sustancia activa para 2024 y de la prohibición de importaciones y siembra de maíz transgénico. Aunque es un avance en el fortalecimiento de la regulación sobre el uso de este agroquímico, hay señalamientos de especialistas como Fernando Bejarano, de que el periodo de transición debería ser más corto y que debió incluir otros agroquímicos igual de dañinos.

Omar Arellano señala que la prohibición de transgénico maíz y glifosato es una gran oportunidad para desarrollar otros sistemas productivos. México se está anticipando a escenarios futuros de transformación de los sistemas de producción agroalimentaria, porque los transgénicos y el glifosato no han resuelto el problema de producción alimenticia. “El problema es de reparto y de acceso a los alimentos no de cantidades. Tenemos que pensar en abastecernos como país hasta lograr la soberanía y seguridad alimentaria; contamos con muchas oportunidades dada la enorme agrobiodiversidad que tiene México, que han sido desaprovechadas por la imposición a adoptar el sistema de producción industrial de monocultivos.”

Fernando Bejarano refiere que “la resistencia a prohibir el glifosato y otros agrotóxicos se ha presentado en todos los países en los que los gobiernos anteponen los intereses de empresarios al interés común.”

Explica que la alianza de las empresas transnacionales y los grupos empresariales con los gobiernos se ha dado durante muchos años y es difícil combatirlos.

De hecho, las empresas agroindustriales están presionando a través de diversos mecanismos para evitar las prohibiciones. El propio Consejo Nacional Agropecuario (CNA) hizo pública su intención de generar una campaña legal y de comunicación para revertir la prohibición del uso de glifosato y maíz transgénico.

La agroindustria controla el 65 por ciento del mercado de semillas; mientras que el 70 por ciento del mercado de plaguicidas y fertilizantes está controlado por tres empresas transnacionales. Bejarano resalta que el decreto sobre prohibición de glifosato es un avance, pero no es suficiente. “Hace falta una coordinación fuerte entre instituciones y los distintos programas de apoyo al campo como Sembrando Vida, el Programa de Autosuficiencia Alimentaria y el de Producción para el Bienestar.”


[1] Banco Mundial, Consumo de fertilizantes (% de producción de fertilizantes). Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/AG.CON.FERT.PT.ZS?end=2018&name_desc=false&start=2018&type=shaded&view=map

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recomendación 82/2018. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_082.pdf


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